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SINTESIS DE PRENSA

VIERNES 11 DE MAYO DE 2007

STPS

Lozano se lleva la STPS a Las Lomas
Renta una casa para mudar su oficina, pese al decreto presidencial de austeridad
La dependencia cuenta con varios inmuebles propios en la Ciudad de México.
MILENIO

El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, contraviene el Decreto de austeridad de Felipe Calderón, al rentar por un millón 115 mil 442 pesos anuales oficinas en una de las zonas más costosas de la capital del país, las Lomas de Chapultepec, a pesar de que la dependencia cuenta con varias instalaciones en el Distrito Federal.

El 4 de diciembre de 2006, unos días después de asumir el poder, Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de austeridad, en el que se estipula la reducción sustancial de gastos del gobierno federal en rubros no estratégicos.

El artículo 19 del decreto señala: “Las dependencias y entidades paraestatales no efectuarán adquisiciones o nuevos arrendamientos de inmuebles para oficinas públicas, salvo en los casos estrictamente indispensables”.

En el caso de la Secretaría del Trabajo, el motivo “estrictamente indispensable” por el que la dependencia rentó nuevas oficinas en una zona de alto valor catastral fue para tener una oficina cerca de Los Pinos y poder asistir a las reuniones sin perder tiempo en el tránsito.

El inmueble en Monte Everest 615 es de dos plantas, con un par de estacionamientos habilitados (los vigilantes “apartan” un par de lugares extras en la calle). Fue remodelado en 1998 para conexiones de redes de computación.

“El gasto, para optimizar tiempos”
La dependencia justifica los casi $140 mil mensuales para el arrendamiento de una casa
Asegura que los recursos para alquiler lejos de aumentar han disminuido.
MILENIO

La Secretaría del Trabajo justificó en una tarjeta informativa entregada a MILENIO que el arrendamiento de un inmueble ubicado en Las Lomas —cuyo gasto asciende a 139 mil 185 pesos mensuales, entre renta, servicios y vigilancia— permite al titular de la dependencia optimizar tiempos para el desempeño de sus actividades.

El inmueble, expone el documento, está ocupado como oficina permanente de la Coordinación Administrativa, además del staff del secretario Javier Lozano (un total de 20 funcionarios) y la oficina alterna de éste.

La dependencia añade que “como resultado de la revisión física en los inmuebles que ocupaba la STPS en enero de 2007, tanto de los arrendados como de los propios, se encontraron áreas subutilizadas en estos últimos, de esta forma fue posible desocupar el almacén y la oficina (rentados) en Norte 35 y en Carretera Picacho-Ajusco 535, respectivamente”.

La renta de estos almacenes concluyó en marzo, con lo que “se optimizó el uso de los espacios, reubicando los bienes en inmuebles propios, sin que se tengan que realizar adecuaciones mayores o incrementar los servicios para su funcionamiento”.

SNTE

Reanuda SNTE negociaciones “bajo protesta”
El líder del sindicato se queja de actitud “intimidatoria y desigual”
Aseguran que en la Secretaría de Educación Pública “hay mucha irresponsabilidad y falta de oficio político” de la titular, Josefina Vázquez Mota, para resolver conflictos del sector.
MILENIO

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó ayer “bajo protestaâ€? las negociaciones de aumento salarial —para más de un millón 500 mil trabajadores— con autoridades de la Secretaría de Educación Pública,

El oficial mayor de la SEP, Julio Castellanos, envió una carta al líder del SNTE, Rafael Ochoa, en la que lo exhortaba a reanudar las negociaciones, ya que la dependencia federal tiene la voluntad para construir los escenarios económicos planteados por el magisterio.

El líder del SNTE aceptó volver al diálogo, roto desde la semana pasada, pero “bajo protestaâ€?, ya que “hay mucha irresponsabilidad y falta de oficio político de la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, para resolver conflictos magisterialesâ€?, de acuerdo con el director de comunicación social del sindicato, Roberto Bolaños.

LEY DEL ISSSTE

PRD: Yunes acude a chantaje y amenazas
Afirma que es ilegal el juzgado especial que tramita amparos
Es un “ardid” para borrar las pruebas del atraco cometido por Elba Esther.
MILENIO

El PRD en la Cámara de Diputados consideró una “estupidezâ€? las declaraciones del director del ISSSTE, Miguel Ã?ngel Yunes, de que quienes se amparen contra la nueva Ley del ISSSTE podrían perder los servicios médicos, los préstamos e incluso la pensión.

Además, la diputada Rosario Ortiz Magallón dijo que el funcionario federal utiliza el chantaje y las amenazas para tratar de evitar que los trabajadores presenten amparos contra esa legislación, lo que constituye una agresión “injustificable y desesperadaâ€?.

La legisladora anunció que su partido impugnará al juzgado especial conformado para atender los miles de amparos promovidos por los burócratas contra la Ley del ISSSTE.

Javier González Garza, coordinador de la bancada en San Lázaro, afirmó que ese juzgado es un ardid para borrar todas las pruebas del atraco perpetrado por la colusión del propio Yunes, Elba Esther Gordillo y Joel Ayala.

Abogados y legisladores acusan de “terrorismo laboral” al titular del ISSSTE
“Aberrante”, la advertencia de Yunes de suspender derechos a inconformes
LA JORNADA

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constitucionalistas, abogados laborales y legisladores calificaron de acto de “intimidación” y “aberración” las declaraciones del director general de ese organismo, Miguel Angel Yunes Linares, quien advirtió que quienes se amparen contra la nueva ley que rige al instituto y obtengan una suspensión de un juez federal podrían perder temporalmente sus derechos a los servicios y prestaciones que ofrece esa dependencia a los empleados gubernamentales.

Expertos en derecho constitucional aseguraron que se trata de una estrategia de “terrorismo laboral” que sólo busca “inhibir” la participación ciudadana en la defensa de sus garantías, pues aseguraron que no está “sujeta a la voluntad de ningún funcionario” la vigencia de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud, y “en caso de ser amparados, a los trabajadores se les aplicará la ley que estaba vigente, con todos sus beneficios”.

Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que de incurrir en la suspensión del servicio o en el disfrute de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, se podría imputar a Yunes responsabilidad penal, porque ni la salud ni los beneficios que otorga la ley son una “concesión otorgada por algún funcionario”.

Las amenazas de Yunes no acabarán con las protestas sociales: CNTE
Seguirán las movilizaciones contra la Ley del ISSSTE, aseguran maestros
Se reorganiza el magisterio oaxaqueño; acordará nuevo plan de acción este sábado
LA JORNADA

Las amenazas del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Angel Yunes Linares, sobre la suspensión de derechos y prestaciones a burócratas que promuevan amparos contra la reforma a la ley de la institución no amedrentarán a los afectados, que pese al clima de intimidación se inconformarán ante los tribunales.

Así lo afirmaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz, quienes dijeron que suspender garantías sería inconstitucional.

Los dichos de Yunes son meras especulaciones para intimidar a la clase trabajadora, plantearon representantes del magisterio. Incluso a la par de los juicios de amparo, los burócratas mantendrán las movilizaciones y la resistencia civil.

El maestro Miguel Angel Mora Triana recordó que los mentores veracruzanos presentarán al menos 15 mil amparos contra las reformas a la citada ley.

José Francisco Román Gutiérrez, secretario general de Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), informó que alrededor de 500 profesores han acudido de manera individual al Poder Judicial de la Federación para interponer un juicio de amparo contra la ley del ISSSTE. Puntualizó que los docentes están echando mano de las herramientas que les otorga la Constitución. El sindicato que encabeza continuará realizando movilizaciones sociales y jurídicas hasta el 14 de mayo, fecha límite para entregar los recursos.

Jalones, gritos y bloqueo en la sede del ISSSTE
El director rehúsa dialogar
El edificio del organismo amaneció blindado por la Policía Federal Preventiva.
MILENIO

Un momento de gran tensión se vivió ayer por la mañana a las afueras de las oficinas centrales del ISSSTE, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con el director general, Miguel Ã?ngel Yunes, y con personal de la institución que trataba de ingresar a la dependencia a pesar del bloqueo instalado desde el miércoles.

Los trabajadores tenían la consigna de no faltar a sus puestos porque hacerlo provocaría sanciones administrativas, así como el descuento del día vía nómina.

Por ello, los trabajadores no dudaron en hacerse de palabras y en empujar con todas sus fuerzas a todos aquellos que obstruían su paso y les impedían checar a tiempo. “No me detengasâ€?, exigían los trabajadores; “pues de aquí no pasasâ€?, le contestaban los profesores. Algunos lograron su objetivo de burlar el bloqueo, pero otros, de plano, se quedaron varados.

El edificio amaneció blindado por elementos de la Policía Federal Preventiva, que se apostaron en los accesos principales del ISSSTE y en otros lugares estratégicos ya que, según trabajadores, “se detectó el saqueo de una computadora y de daños, por lo que ya se levantó el acta correspondienteâ€?.

CONFLICTO MINERO

Exigen a la STPS intervenir
Mineros denuncian venganza de Napo
Reyes Carvajal dijo que el grupo napista busca vengarse de quienes se mantuvieron al margen de la disputa por la dirigencia o se aliaron con Elías Morales.
MILENIO

Un grupo de mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, arribaron a la Secretaría del Trabajo y a denunciar que, con la devolución de la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia, regresaron viejas prácticas de represión, amenazas de muerte y despido de parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Los inconformes, encabezados por César Reyes Carvajal, aseguraron que desde que la dependencia federal devolvió la representación legal a Gómez Urrutia, han sido víctimas de todo tipo de agravios porque —según ellos— “no jalamosâ€? con su representación.

Los mineros michoacanos exigen a la Secretaría del Trabajo instalar una mesa de diálogo, en la que puedan exponer esta situación, tras señalar que las puertas del sindicato están cerradas a opositores de Gómez Urrutia.

Nueva huida de Salazar Sáenz
Georgina Saldierna
LA JORNADA

Como lo ha hecho desde que se conoció la utilización de firmas falsas en la documentación que permitió remover a Napoleón Gómez Urrutia de la dirigencia del sindicato de los mineros, Francisco Javier Salazar Sáenz, ex secretario del Trabajo, ayer volvió a eludir el tema.

En una conferencia de prensa convocada para dar a conocer la realización de la segunda asamblea nacional de los alcaldes panistas, el actual secretario de acción de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) fue cuestionado sobre el conflicto minero y la actuación que tuvo como titular de la Secretaría del Trabajo.

-No es el tema -respondió una y otra vez a las preguntas de los medios de comunicación sobre la problemática.

-Usted habló de ética a lo largo de su intervención, ¿considera que actuó con ética cuando estuvo en la Secretaría del Trabajo? -se le insistió.

-Sobre ese tema no quisiera hablar -repitió nervioso el ex funcionario, quien al término de la rueda de prensa salió apresuradamente por la puerta de atrás del salón donde se efectuó el encuentro con los representantes de los medios.

Exigen en Zacatecas más seguridad en yacimientos
Levantan plantón 48 mineros opositores a Gómez Urrutia
MATILDE PEREZ U. , GERARDO FLORES
LA JORNADA

Las secretarías del Trabajo y de Gobernación y el gobierno de Michoacán aceptaron la instalación de una mesa de negociación con los 48 despedidos de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, para atender su exigencia de reinstalación y que cesen las amenazas en su contra vertidas por los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia.

Ayer, luego de acordar la instalación de dicha mesa el próximo día 14 en la ciudad de Morelia, los 48 trabajadores levantaron el plantón que instalaron el pasado miércoles y, por medio de César Reyes, dijeron que confiarán, una vez más, en las autoridades. “Pedimos voluntad, no solo paliativos, si no hay respuesta regresaremos a instalarnos aquí con nuestras familias y permaneceremos por tiempo indefinido”, agregó Reyes.

En las mantas con las que rodearon uno de los accesos a la Secretaría del Trabajo resaltaban las llamadas de atención al presidente Felipe Calderón y a los “sindicatos democráticos” por respaldar a Napoleón Gómez Urrutia.

PENSIONES

Recomienda la OCDE revisar sistemas de pensiones
* Alerta sobre eventual bancarrota y aumento en expectativas de vida.
Ivette Saldaña
EL FINANCIERO

Por ello, sugiere considerar en los planes de retiro el incremento de las expectativas de vida y a las autoridades hacendarias les aconseja ajustar la cuota de aportación obligatoria del gobierno, para que haya reservas suficientes en caso de una baja en el valor de los activos.

El secretario general de ese organismo con sede en París, el mexicano José Ã?ngel Gurría, afirmó que “la gente está viviendo más y necesita estar segura de que sus pensiones estarán a salvo”.

Ante esto, es importante que los países tomen en cuenta las consideraciones que han funcionado en otras naciones.

Como resultado de la revisión que hace la OCDE a los lineamientos para los esquemas de pensiones, se definieron nuevas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores al momento de su retiro, basándose en esquemas que han probado éxito en Canadá, Alemania, Japón, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Propuestas

Entre las propuestas de la OCDE está incrementar los rangos de los fondos de pensiones para estar preparados en caso de la bancarrota de un corporativo; hacer revisiones periódicas de los planes para el retiro, a fin de asegurar su viabilidad en el corto, mediano y largo plazos, así como realizar todo ajuste necesario que vaya en beneficio de los trabajadores que se jubilarán.

Pidió a los países asegurarse de que los fondos de pensiones serán suficientes para atender a la población que se pensiona, considerando que se incrementaron las expectativas de vida en todo el mundo, así como prever los ajustes necesarios por el aumento del costo de vida.

Por ello, indicó que es necesario determinar el monto de las aportaciones que tendrán que darse, a fin de garantizar que los pensionados no perderán su estilo de vida, y que sus ahorros para el retiro son suficientes para pagar los gastos de administración de sus fondos, así como para solventar sus gastos de jubilación.

SINDICATO PETROLERO

Calla el sindicato petrolero sobre destino de 46 millones de dólares
Eran parte del supuesto desvío para campaña presidencial de Labastida; el sindicato se rehusó a informar ayer sobre el destino y la propiedad de los dólares, a más de un año de dictada la orden del juez de Texas
Jorge Ramos
El Universal

Un juez de la Corte de Distrito en Texas ordenó el 17 de abril de 2006 la repatriación a México de 46 millones 894 mil dólares a una cuenta del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); los recursos estaban en litigio y formaban parte del supuesto desvió a la campaña electoral del PRI en 2000.

El sindicato se rehusó a informar ayer sobre el destino y la propiedad de los dólares, a más de un año de dictada la orden del juez de Texas.

Este diario solicitó información a Pemex, a través de la gerencia de Comunicación Social, donde se informó que revisarían el asunto para ofrecer una respuesta oficial este viernes.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco posee información sobre el destino y propiedad de los 46 millones de dólares.

La historia de este asunto data de 1984: en las Bahamas, la empresa Arriba Limited fue creada ex profeso para firmar un convenio con el sindicato petrolero, cuyo líder era Joaquín Hernández Galicia La Quina.

El sindicato se comprometió a vender a la empresa miles de barriles de petróleo residual de la refinería de Minatitlán.

SECTOR AEREO

MARCAPASOS
REFORMA

Aires de desconfianza circulan en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ésta alberga a la comisión revisora que analiza si procede o no el conflicto colectivo de naturaleza económica que interpuso Mexicana de Aviación con el fin de salir ‘airosa’ en el pleito laboral que trae con el sindicato de sobrecargos.

A decir del gremio hay un personaje incómodo que no garantiza parcialidad en el dictamen final.

Se trata de Rogelio Gasca Neri, quien funge como perito en el caso, fue ex director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ex director de Cintra y de Aeroméxico.

Y el asunto viene a colación porque a decir de los involucrados en las ya prolongadas negociaciones, Javier Lozano, el Secretario del Trabajo, había garantizado absoluta imparcialidad en el manejo de las mismas, donde no participaría nadie con pasado aéreo.

¿Y luego?

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Instalarán mesa de diálogo para atender los problemas del campo
* PND, acuerdo nacional y TLCAN, temas centrales.
* Habrá una evaluación mensual: Max Correa.
* El CAP presentará propuestas a Sagarpa.
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO

El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, anunció el establecimiento formal de una mesa de diálogo permanente con el gobierno federal, para atender, a través de las secretarías del Trabajo, de Economía y de Agricultura, las demandas de las organizaciones rurales, los sindicatos y la sociedad civil.

Señaló que con el reconocimiento expreso de esas dependencias para conversar con los diversos actores productivos del país, se atenderán temas prioritarios como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La mesa general de diálogo permanente quedará instalada el próximo miércoles a las cinco de la tarde en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para comenzar a dar seguimiento a una agenda definida, comentó el dirigente.

Se prevén juntas mensuales para evaluar resultados, y los temas específicos se tratarán por separado con cada dependencia federal, a fin de avanzar en lo general y en lo particular, y concretar una agenda clara antes de reunirse con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Calificó como un logro importante el reconocimiento a las organizaciones campesinas, sindicales y de la sociedad civil como interlocutores válidos, tomando en cuenta que el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, no aceptaba que estos encuentro fueran un espacio de diálogo, “pero ya lo aceptó, lo ratificó y aceptó los temas que le propusimos”.

OPINION

La no sustentabilidad de la nueva Ley del ISSSTE
Dr. Roberto Escalante Semerena
EL FINANCIERO

Una de las primeras acciones importantes en materia de reformas realizadas por el gobierno de Calderón, ha sido la aprobación del nuevo sistema de pensiones del ISSSTE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dicho que la reforma al régimen de pensiones del ISSSTE permitirá consolidar un sistema nacional de seguridad social con muchos beneficios, tanto para los trabajadores como para México.

Se afirma que “permitirá que el gobierno preste un mejor servicio para sus trabajadores y la solvencia de largo plazo de México hará que el riesgo-país disminuya y que, en consecuencia, existan mejores condiciones al crédito para los trabajadores y para los mexicanos en general”.

Con el nuevo sistema, las pensiones se administran mediante cuentas individuales a través de una Afore pública y se incorporan componentes privados, tales como cuentas de ahorro.

En este contexto, la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE ha sido justificada bajo el argumento de que no sólo salva de la quiebra a la institución, sino que también garantiza su viabilidad financiera hacia el futuro. El diagnóstico que ofrece el gobierno lleva a la conclusión de que es necesario migrar a un sistema de cuentas individuales, que procure correspondencia entre aportaciones personales y beneficios, en el que la pensión sea igual a las contribuciones que cada trabajador realice durante toda su vida laboral más los intereses generados en ese lapso.

La experiencia internacional no muestra evidencia favorable para este tipo de régimen de pensiones. En las últimas décadas, algunos países de América Latina han efectuado reformas a sus planes nacionales de jubilación que implican trasladar la base de sustentación del sistema desde la responsabilidad social a la individual.

Estas naciones redujeron el componente público de régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes e incorporaron componentes privados, tales como cuentas de ahorro obligatorio privadas e individuales y planes voluntarios de pensiones privadas, con lo cual crearon un sistema de pensiones de múltiples pilares.

Chile fue precursor de estas reformas cuando en los ochenta introdujo cuentas de jubilación individual, ejemplo que siguió Perú a principios de los noventa y posteriormente Argentina y más tarde Colombia. Si bien cada país aplicó el sistema con una serie de adaptaciones a sus propias circunstancias, estas reformas estructurales tenían en común algunos objetivos centrales y estrategias comunes, tales como la sustentabilidad financiera al sistema nacional de pensiones, que el pago de las pensiones públicas fuera más equitativo, la diversificación de las fuentes de ingresos para jubilación y una correcta administración de las cuentas individuales.

De esta manera, con las reformas en la política de pensiones de esos países, se esperaba que los cambios resultaran en otros beneficios, como la profundización de los mercados de capitales internos, que a su vez ayudaría a desarrollar el sector financiero de cada país. Sin embargo, los resultados no han sido del todo alentadores.

En efecto, los costos de transición que implicaba cambiarse al nuevo sistema fueron más altos de lo esperado. Esto complicó gravemente las finanzas gubernamentales en los países que no se habían preparado adecuadamente para enfrentar estos costos.

En el caso chileno, las consecuencias para el fisco de sustituir un sistema de reparto por uno de capitalización individual, según información de las Estadísticas sobre las Finanzas Públicas, reportan que el costo ha representado para el país 3.5 puntos del PIB, durante los primeros 19 años de su puesta en operación.

Asimismo se observa ahí que el déficit transicional total alcanzó a 5.5 puntos del PIB en 1999, y en lo que va de la reforma al sistema de pensiones chileno, los aportes estatales directos fueron 3.2 por ciento del PIB en la década de los ochenta y 3.8 en los noventa, observándose un aumento del costo directo para pagar las pensiones en curso.

Otra deficiencia fundamental en el sistema chileno, que el presente gobierno pretende modificar, es que el cálculo hecho para conocer la capacidad de las cuentas individualizadas para pagar las necesidades fundamentales de los pensionados, arroja que éstas, las pensiones, en promedio podrán cubrirlas por espacio de diez o 15 años, en los mejores casos.

Por qué rechazar la nueva ley
Artemio Ortiz
EL UNIVERSAL

La reforma al ISSSTE ultraja los derechos civiles y políticos de más de 10 millones de mexicanos afiliados al ISSSTE, a quienes los diputados y senadores nunca consultaron. De esta manera, los legisladores se convirtieron en verdaderos delincuentes al violentar el principio de representación.

Basta con decir que la “nueva” ley aumenta los años de trabajo. En la anterior normatividad las mujeres se jubilaban con 27 años, seis meses y un día laborados, y los hombres 29 años, seis meses y un día laborados, sin importar la edad. Con la modificación, los tiempos de trabajo se alargan entre cinco y 15 años.

Lo peor es que se reduce el monto de las pensiones. Hoy, la pensión promedio es de 5 mil 681 pesos y la pensión por jubilación de 7 mil 366 pesos. Ahora sería de 3 mil 034 pesos que pueden disminuir según el proceso inflacionario, ya que esta cantidad no está indexada al aumento del salario mínimo.

Con la nueva conceptualización de sueldo básico, las pensiones de algunos trabajadores en particular se van a reducir entre 30% y 50 % respecto de lo que hoy perciben, como es el caso de los de la UNAM.

Además, se quiere entregar los fondos de los trabajadores a delincuentes probados como los son Elba Esther Gordillo y Joel Ayala. La primera, como todos sabemos, carece de representación legal alguna, ya que fue impuesta por Salinas en 1989.

Con la reforma permite explícitamente la privatización o enajenación de toda la infraestructura del Instituto. Desde el 1 de abril pasado el organismo adquiere una nueva función: enajenar “los bienes e inmuebles necesarios para la realización de sus fines”.

Y en la mira están: 261 tiendas, 110 farmacias, 38 agencias Turissste, 239 estancias de bienestar y desarrollo infantil, las cuales atienden a un total de 32 mil 262 hijos de madres trabajadoras, siete centros deportivos y 74 centros culturales.

Los trabajadores van a tener que pagar a los bancos la administración de sus cuentas individuales e incrementar el monto de sus aportaciones.

De 3.5% del sueldo base que se cotiza hoy para el fondo de pensiones, en el 2011 se cotizará 6.125%, y de 8% total del sueldo base que se cotiza al ISSSTE hoy para tener acceso a todas las prestaciones que la ley contemplaba en la redacción de 1983, el nuevo régimen impondría una cotización mayor a 17% del sueldo básico en cinco años.

De esta manera, el Estado se desentiende de su obligación de garantizar la jubilación de sus trabajadores. Por cierto, el término “jubilación” desaparece en la nueva ley (artículo 248). Pero no sólo eso, elimina el carácter protector del Estado de los derechos laborales y debilita la unidad de clase y el papel de los sindicatos, en la medida que abandona los principios de solidaridad intergeneracional y de clase.

Todo lo anterior hace concluir que esta reforma es reaccionaria. Va a contracorriente de la capacidad productiva y de la evolución ética y normativa de la sociedad contemporánea que hoy está en condiciones de garantizar el acceso a la seguridad social como un derecho universal de todos los mexicanos.

Estamos cansados de que los tecnócratas, los banqueros y grandes capitalistas, además de toda clase de políticos corruptos, sigan robándose el patrimonio de los mexicanos. Pensión congelada, viuda a la calle y cero aguinaldo.

Estas son algunas de las razones por las que rechazamos la ilegal e ilegítima nueva ley del ISSSTE. Sería bueno que los legisladores y el señor Felipe Calderón debatieran con nosotros, frente a la nación, las bondades de su ley, que por cierto es tan benigna que no se aplica a los militares a quienes el Estado les cubre el costo total de la seguridad social, incluida la jubilación.

Secretario General de la Sección XVIII del SNTE en Michoacán

PODER JUDICIAL

Caso Ahumada
Anterior juez, removido por mal desempeño
El TSJDF defendió a Rubalcava sin entrar en detalle de las quejas por sus actuaciones judiciales.
MILENIO

El Tribunal Superior de Justicia del DF informó que el nombramiento del juez que en tres meses estudió el expediente y absolvió a Carlos Ahumada, se debió al mal desempeño de su antecesor.

Ante las críticas contra el ahora juez 12 penal, Alberto Rubalcava, tras la excarcelación del dueño de Grupo Quart, precisó que el cambio de adscripción se realizó por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del DF, aunque no mencionó su historial negativo.

Y es que originalmente, los expedientes por los presuntos fraudes en Gustavo A. Madero y Tláhuac eran analizados por Manuel Horacio Cavazos López, quien fue removido del juzgado 12 y enviado al 66.

Entre las causas que señala el tribunal, destacan el rezago en otros casos, mala actuación y relación con el personal a su cargo y la realización de hasta 63 movimientos de personal (altas y bajas).

GOBIERNO

Elementos de seguridad la depositaron en una banqueta
Golpea personal de Los Pinos a diputada del PRD
En la entrada de Los Pinos, el personal de resguardo obligó a los manifestantes, a punta de empujones, a que se retiraran.
MILENIO

La diputada Adriana Díaz fue severamente golpeada por unos 30 integrantes del equipo de seguridad que resguarda una de las entradas a Los Pinos.

La legisladora fue invitada a hacer presencia en la manifestación en que la señora Mavic Jaimes se encadenó a las vallas permanentes de la Calle de Chivatito como medida de presión para que las autoridades tomen cartas en torno a la sustracción de sus dos hijos desde hace cuatro años.

En la entrada de Los Pinos, el personal de resguardo obligó a los manifestantes, a punta de empujones, a que se retiraran.

En el lugar sólo hacían presencia Mavic Jaimes, Adriana Díaz y Juan Ã?ngel Flores, colaborador de la legisladora.

Cuando se supo que una de las tres personas en el lugar era diputada, los guardias se retiraron, pero unos pocos minutos después regresaron unas 30 personas, cortaron las cadenas con que Mavic Jaimes se sujetaba a la vallas y comenzaron los golpes contra los manifestantes.

SEGURIDAD PUBLICA

Negocia EU Plan México para combatir al narco
* Aumentaría recursos para mejorar telecomunicaciones y vigilancia del espacio aéreo.
* El programa también aportaría más ayuda a Centroamérica.
* Medina Mora niega que se copien las tácticas de Colombia.
(Agencias)
EL FINANCIERO

DALLAS, EU, 10 de mayo.- México y Estados Unidos negocian un plan para incrementar sustancialmente la ayuda estadounidense para combatir al narcotráfico en territorio mexicano, según funcionarios de ambos países citados por The Dallas Morning News.

De acuerdo con el diario texano, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que se busca aumentar en forma importante el apoyo estadounidense al país vecino, a fin de fortalecer sus telecomunicaciones y mejorar su capacidad de vigilancia del espacio aéreo.

Otro de los objetivos es reforzar los programas existentes para profesionalizar a las policías, mejorar la aplicación de la ley y proveer a las corporaciones de seguridad tecnología que les permita superar a los avanzados equipos de los narcotraficantes.

México creó un cuerpo de élite contra el crimen, el cual estará conformado por tres mil 500 elementos militares, quienes estarán bajo las órdenes del presidente Felipe Calderón.

El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos respaldará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.

The Dallas Morning News informó que algunos funcionarios se refirieron a este esfuerzo como Plan México, en una aparente referencia al multimillonario programa de ayuda estadounidense a Bogotá, el Plan Colombia.

Inconstitucional, nuevo cuerpo castrense de elite
* Legisladores reprueban creación de Fuerzas de Apoyo.
* Calderón insiste en “judicializar” protestas sociales.
* Recuerdan en San Lázaro origen militar de la PFP.
Martín Román Ortiz/Salvador Rico
EL FINANCIERO

La creación de un nuevo cuerpo de élite del Ejército y de la Fuerza Aérea, que estará bajo mando directo del presidente Felipe Calderón, es una acción inconstitucional y peligrosa, toda vez que refleja el espíritu autoritario con que se busca conducir al país con el pretexto de la guerra al crimen organizado.

Así coincidieron en señalar diputados federales del PRD y PRI, tras rechazar el inédito decreto que publicó el Ejecutivo Federal, toda vez que -criticaron- “pareciera a toda costa que el panista quiere jugar al general o comandante de un destacamento que estará bajo sus exclusivas órdenes”. En ese sentido, el coordinador de la bancada perredista en la Cámara baja, Javier González Garza, criticó al mandatario por tomar como pretexto el combate al crimen organizado.

“Con el Ejército no se puede jugar”, puntualizó tras precisar que “Calderón quiere un Ejército para él solo y eso nos parece una desmesura peligrosísima, es un asunto muy grave”. Dijo que el nuevo Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo invade facultades de la Policía Federal Preventiva (PFP), además de violentar la Constitución, “pues la conformación de esos grupos se ha venido resolviendo en el Congreso y no por decreto”.

Riesgo de que se use el cuerpo de elite para la represión: legisladores
Diputados y senadores demandan que se definan cabalmente sus facultades
Es inconstitucional y representa el abandono del Estado en materia de seguridad: ONG
ANDREA BECERRIL , ENRIQUE MENDEZ , VICTOR BALLINAS
LA JORNADA

Los coordinadores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Senadores consideraron importante la creación de un grupo de elite del Ejército para combatir el crimen organizado, de manera especial el narcotráfico, pero advirtieron que deben definirse bien sus facultades para que no se caiga en la tentación de usarlo para reprimir movimientos sociales, disidentes políticos o cometer excesos.

En la Cámara de Diputados, el PRD cuestionó el decreto por el que el Ejecutivo creó el nuevo cuerpo militar, y advirtió que constituye un peligro que el Ejército participe en tareas de carácter policiaco y preventivo. El coordinador del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Javier González Garza, resaltó que el nuevo cuerpo militar de elite “nos parece una desmesura peligrosísima, porque con el Ejército no se puede jugar”.

En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que exigirá que se revisen las funciones y atribuciones de ese organismo, ya que preocupa que pueda actuar en “situaciones críticas de perturbación de la paz social, tal como se expresa en el decreto por el que se crea ese grupo militar”.

SALUD PUBLICA DF

Habrá castigo en hospitales federales por abortos: Ssa
Solamente se autorizaron en clínicas del DF, dice dependencia
Alberto Morales
El Universal

El secretario de Salud, José Ã?ngel Córdova Villalobos, advirtió que el médico que practique un aborto (voluntario) en instituciones federales de Salud incurrirá en un delito, penalizado con la privación de la libertad, sanciones económicas y la suspensión de su ejercicio profesional.

Recordó que si una persona que acude a un hospital federal con el deseo interrumpir su embarazo antes de las primeras 12 semanas será conminada a que acuda a una de las instituciones del sistema de salud capitalino porque ahí si se despenalizó.

El pasado mes de abril el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal y la a Ley de Salud locales que despenalizan el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación.

“Para los médicos, el Código Penal Federal establece sanciones como de la privación de la libertad, sanciones económica e incluye la suspensión del ejercicio de la profesión que dependiendo de las circunstancias en que se realice puede ser de varios años”, explicó el funcionario luego de participar en la reinauguración del Hospital de la Mujer de esta capital.

PANORAMA INTERNACIONAL

Blair dejará el gobierno con una sola convicción: “hice lo correcto”
El primer ministro británico anuncia que el 27 de junio saldrá de Downing Street
El gobernante se despide en la ciudad de Trimdon, donde inició su carrera política en 1983
Admite que los efectos de las guerras en Irak y Afganistán “han sido fieros” y costosos
THE INDEPENDENT , AFP , DPA , REUTERS

Trimdon, 10 de mayo. En un discurso centrado en explicar la decisión de acompañar a Estados Unidos en la ocupación de Irak -causa de la pérdida de popularidad-, el primer ministro británico, Anthony Charles Lynton (Tony) Blair, anunció hoy que el 27 de junio próximo dejará su cargo y saldrá definitivamente del legendario edificio de la calle Downing, con la convicción de que siempre “hice lo que pensé que era lo correcto para el país”.

“Tomar decisiones es difícil. Todos dicen siempre: escucha al pueblo. Pero el problema es que no siempre está de acuerdo. Y, en el momento, te das cuenta de que poner al país en primer lugar no siempre significa que eso sea lo correcto para la sabiduría convencional o el consenso prevaleciente. Significa lo que genuinamente crees que está bien. La responsabilidad es actuar acorde con tus convicciones”, dijo Blair en un breve discurso que leyó en la localidad de Trimdon, ubicada en el distrito electoral de Sedgefield, donde el laborista inició su carrera política como diputado, en mayo de 1983, a la edad de 30 años.

Durante la lectura del discurso, Blair se mostró emocionado y casi al llegar al final, sus ojos se humedecieron tras justificar su decisión de apoyar las acciones bélicas emprendidas por el presidente George W. Bush en Afganistán, en 2001, y en Irak, en 2003.

OPINION

Horizonte político
Los varios complots de Ahumada
Por: José Antonio Crespo
EXCELSIIOR

El empresario Carlos Ahumada fue eje de varias conjuras, reales o presuntas; la del gobierno federal contra el capitalino, en su primera fase (pues luego continuó por otros medios); la del gobierno cubano contra México (al menos en la versión oficial de Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación), y la de todos contra el propio Ahumada, a quien el tiro le salió por la culata. Financiar políticos para después recibir beneficios y privilegios es una práctica común (véanse los Amigos de Fox o el patrocinio financiero de Kamel Nacif a gobernadores y legisladores, a cambio de favores políticos). No es un delito electoral en sí mismo (debería serlo), pero sí una perversión del juego democrático. La ciega justicia mexicana determinó finalmente que Ahumada era inocente de los delitos que se le imputaban, por lo cual muchos le conceden, desde hace tiempo, la categoría de preso político del gobierno capitalino. Desde luego, fue víctima de injusticias, maltratos y violaciones a sus derechos humanos, lo cual no sorprende, pues Cuasimodo es un Adonis frente al engendro que llamamos Estado de Derecho. En cambio, Ahumada no fue acusado de un delito perfectamente comprobable, pues él mismo aportó las pruebas. El artículo 211-bis del Código Penal Federal castiga con seis a doce años de cárcel a quien: “Revele, divulgue o utilice indebidamente en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención o comunicación privada”. Rara vez se descubre a quien comete ese tipo de delitos (muy frecuentes) y cuando aparece uno inequívocamente responsable, queda impune. Desde esa óptica, su cautiverio de tres años le salió barato.

El caso es que Ahumada utilizó dichos videos para protegerse de Andrés López Obrador y vengarse por su “no colaboración”, a cambio de dinero y protección jurídica por parte del gobierno federal. Pero las cosas se salieron de control. Aunque, como consuelo, dice que al menos ayudó a impedir que López Obrador llegara a la Presidencia. La historia mexicana tendrá que reconocerle esa pequeña contribución a la salvación del país. El 18 de marzo de 2006 se divulgó un nuevo video en el que Ahumada afirmaba que, a través de el abogado Juan Collado, conoció a la mancuerna Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, amigos y aliados de siempre, quienes a su vez le informaron haber contactado al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al secretario de Gobernación, Santiago Creel. Entre todos se encargaron de montar una “maquinación” o “complot” (así lo dice Ahumada) para exhibir los videos en Televisa. Agregó que no sabía a ciencia cierta si Fox estaba enterado de todo eso, pero que le parecía sumamente difícil que no fuera así, dada la magnitud del operativo político contra el principal adversario del Presidente (ya se encargará Fox de confesárnoslo).

Pero, ¿por qué fue Ahumada a dar Cuba en busca de un seguro exilio, donde había un gobierno enemistado con el de Fox y con el cual México tenía tratado de extradición? Un destino muy poco racional para esconderse, pues, como ocurrió, Fidel Castro podría muy bien aprovechar ese apetitoso manjar que se le entregaba en charola de plata para fastidiar en alguna medida a Fox, como lo hizo. ¿Por qué no Brasil? Se puede suponer que por la amistad de Salinas con el dictador cubano, que lo hizo pensar que su protegido estaría seguro en la isla. Pero salió mal ese cálculo, dado el conocido pragmatismo y colmillo político de Castro, que prefirió dar un golpe a Fox que honrar su amistad con Salinas.

Fue entonces cuando estalló el conflicto diplomático con Cuba, que hasta la fecha no se resuelve por completo. El gobierno mexicano ordenó el retiro de embajadores, presuntamente por atentar contra la seguridad nacional del país (y por lo cual la información al respecto sigue en calidad de confidencial por varios años más), cuando el verdadero motivo de ello era el temor de lo que Ahumada hubiera dicho a Castro, y la forma en que éste podría utilizar dicha información contra Fox. Cuba decidió favorecer políticamente al gobierno capitalino y, en lugar de conceder la extradición (lo que hubiera dejado a Ahumada en manos federales), lo deportó, lo que implicaba dejar al empresario bajo custodia capitalina, para desesperación y enojo del gobierno de Fox. Y es que, al parecer, en los videos no divulgados de Ahumada desfilan personajes de alto nivel, de un lado y otro, por lo cual se maneja la versión, nada descabellada, de que la élite política decidió pactar para no divulgar esos videos, pues ambos bandos políticos saldrían perdiendo (una especie de “equilibrio del terror”, como el que caracterizó la Guerra Fría).

Muchos creen (y otros desean) que este lamentable capítulo se cerrará con la liberación de Ahumada. Es probable que incluso su liberación haya sido pactada entre gobiernos (el federal y el capitalino) para no arrastrar un pleito protagonizado por sus respectivos antecesores, a cambio de que Ahumada guarde silencio. Otros especulan (y desean) que, ya en libertad, Ahumada contribuya a la reconstrucción del episodio, pues información no conocida debe tener mucha, e incentivos para golpear a quienes lo encarcelaron tres años (injustamente desde su óptica) y a quienes, habiéndole ofrecido dinero y protección, le fallaron por completo. Me parece, sin embargo, que el silencio y la discreción serán los consejeros de Ahumada en adelante, después de lo zarandeado y desprestigiado que quedó tras su incursión en la intriga política de altos vuelos. Su conocida temeridad probablemente le fue cercenada durante estos años de desgracia.

Día con día
Héctor Aguilar Camín
Respuestas
MILENIO

He hecho muchas preguntas respecto del Ejército y el narco en estos días. Ya que a estas alturas todos los opinantes somos generales, digo lo que creo que hay que hacer.

Creo que el Estado tiene que librar una guerra permanente contra el narco, no una campaña, con todos los recursos que tiene a la mano, entre ellos la movilización decidida de sus fuerzas armadas.

Es una guerra sui generis, no de posiciones, aunque incluya combates, ni de ocupación, aunque suponga la intervención en territorios sustraídos a la autoridad.

Es una guerra de servicios de inteligencia y rediseño institucional sobre la marcha, en particular de las policías locales que deben ejercer el control territorial una vez que el Ejército ha hecho su tarea. Mucho de lo que hay que limpiar son precisamente las policías locales y hay sitios donde el Ejército habrá de ser una presencia permanente por un tiempo indefinible por ahora.

Un aspecto fundamental de la guerra no tiene que ver con aspectos policiacos ni militares, sino financieros. Obstruir el flujo del dinero ilícito y su lavado es tan importante como desplegar al Ejército y rehacer las policías. Pero no se ve en ese flanco una intensidad guerrera tan visible como en el otro.

Es una guerra que no hay que medir en muertos y, en todo caso, medirla bien. No hay que confundir los que vienen de la violencia entre las tribus del narco con los que provoca la guerra del Estado contra ellos.

Es una guerra que necesita pedagogía pública del más alto registro, una estrategia de explicación de las calamidades que deben remediarse y las soluciones que se han puesto en marcha. Se requiere una declaración solemne de guerra y una continua, incluso diaria, rendición de cuentas de lo hecho y de lo que se espera conseguir.

Parte fundamental de esa pedagogía es explicar lo que se busca y establecer objetivos precisos que permitan medir si se avanza o se retrocede. Nadie ha ganado su guerra contra el narco. Es una guerra de desgaste, donde se trata de perder menos que el adversario, no de infligirle derrotas terminales.

La estrategia actual de involucrar al Ejército puede estar equivocada. La anterior de no involucrarlo, fue simplemente un fracaso histórico: el país perdió a manos del narco más de lo que el narco perdió a manos de los encargados de combatirlo. No hay un buen lugar al cual volver. Hay que buscar un camino nuevo.

El gobierno de Calderón lo está buscando. Creo que hay que darle crédito por ello, y tiempo.

Política cero
jairo Calixto Albarrán
Ahumada, Ponce y la corrupción de mayores
MILENIO

Todo el mundo habla de la escandalosa salida de Carlos Ahumada del tambo en algo que se puede titular como Los soliloquios del escroto, justo el mismo día en que Chayito Robles estaba de debut y despedida en Los monólogos de la vagina. Sobre todo porque no se acaba de dilucidar si estamos hablando de un preso político (¡libertad!) o de un miserable, un canalla y mal mexicano (no necesariamente en ese orden). Ahí sí, lo único que está claro es que se trata de un nada ingenuo charlatán que fue del amor político ave de paso, pero que ejerció de mariposa de mil flores allá en el PRD grande, allá donde vivía.

O sea que el centro de atención es “el empresario de origen argentinoâ€? que con su encanto se ha convertido en la víctima triunfante del momento. Bueno, incluso el resto de la pandilla, constituida por personajes que parecían condenados al olvido, como Carlos Ã?maz, Bejarano, Octavio Flores, Ramón Sosamontes y Francisco Martínez Rojo, gozan de renovados minutos de fama y celebridad gracias a su participación en las pasiones voyeuristas de Ahumada Kurtz en su propia versión del Big Brother.

El único del que se habla poco y mal es de Gustavo Ponce, el tristemente célebre ex secretario de Finanzas del Gobierno del DF, cuyas pasiones ludopáticas en Las Vegas lo llevaron, por ser un gallo muy jugado, a la cárcel de Cananea que está situada en una mesa, no por causa de su pobreza. ¿Pues qué mal les hizo para que me lo tengan ahí abandonado cual tiliche en la buhardilla de las conciencias descompuestas?

Como quiera que sea merecería algo más de crédito, sólo por su espíritu de sacrificio, pues mientras sus compinches tienen amparos, absoluciones y liberaciones, de él no se acuerdan ni los crupiers. De hecho, desde esta humilde Atalaya que se ha hecho adicta a las verduritas, yo le recomendaría a don Gustavo que, por las bajezas padecidas, podría poner su granito de arena para que Ahumada, quien fuera su Caronte por los laberintos del black jack, regrese al tambo, acusándolo de un delito que, desde mi punto de vista, no está suficientemente tipificado: la corrupción de mayores.

La capacidad de corromper no se ejerce de manera monopólica en los menores de edad; también los rucos son susceptibles de ser chamaqueados. Éste fue el caso de Ponce que, consumido por las tentaciones ahumadescas y dos creencias fundamentales (que la mejor manera de combatir las tentaciones era cayendo en ellas y que, como suele decirse, “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegasâ€?), se lo llevó patas de cabra.

Ahumada fue tu padre Maciel, hermano. Ahora tú sé su Benedicto XVI.

Juegos de poder
No a la objeción de conciencia en la Constitución
Por: Leo Zuckermann
EXCELSIOR

En México, la objeción de conciencia está prohibida. El periodista Fred Ã?lvarez me ha recordado el artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evitar las responsabilidades y obligaciones preescritas en las leyes”. Sin embargo, ahora el senador panista Alejandro Zapata propone una reforma “para elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a no acatar una ley por razones religiosas u objeción de conciencia”. Es una mala idea.

Zapata argumenta que: “Una ley que persigue objetivos legítimos del Estado plantea situaciones inatendibles desde un punto de vista ético, por entrar en colisión con normas morales que el individuo entiende como inviolables y superiores a cualquier otra norma. Surge así un dramático dilema en la conciencia del ciudadano, que pugna por hacer compatibles las dos lealtades que le son debidas: al Estado y a su propia conciencia”. Su propuesta es que la Constitución admita que “cuando alguien se vea imposibilitado para cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral sincero, grave o ineludible, tendrá derecho a ser eximido de esa obligación legal, en los términos establecidos por la ley, siempre que dicha exención no redunde en detrimento de los derechos fundamentales de otros o de un interés jurídico superior”. De esa forma, por ejemplo, los Testigos de Jehová podrían estar exentos de saludar a la bandera o recibir transfusiones de sangre, los judíos de trabajar el sábado y los médicos católicos de practicar abortos.

Suena razonable y políticamente correcto; sin embargo, el problema de esta propuesta está en los detalles: ¿cómo podría el Estado valorar que un individuo tiene un “imperativo moral sincero, grave o ineludible”?

Digamos que un nuevo profeta funda una religión que cree que pagar impuestos es un pecado. Dios mismo se lo ha comunicado en una aparición. La religión resulta popular; los creyentes, ejerciendo su derecho constitucional a la objeción de conciencia, dejan de pagar tributos al Estado. ¿Es esto sincero? ¿Quién lo juzga? ¿Pueden las autoridades negar la moralidad de esta nueva religión? ¿Bajo qué criterios?

Luego está la provisión de que las exenciones “no redunden en detrimento de los derechos fundamentales de otros o de un interés jurídico superior”. Lo primero es entendible. Un asesino no puede justificar un asesinato por el imperativo moral de su religión; estaría violando el derecho fundamental de vivir del asesinado. Lo segundo es una ridiculez: ¿qué es un interés jurídico superior? ¿Quién demonios lo define?

Al final, este derecho constitucional, con todas sus florituras, estaría sujeto a mil y un interpretaciones. Y entre que son peras o manzanas, el Estado abriría la rendija por la que individuos tratarían de evitar sus obligaciones ciudadanas. Mejor que sean provisiones en leyes secundarias las que atiendan las exenciones, como en el caso del aborto en el DF (lo cual, por ahora, contraviene la ley federal arriba citada). O que sean los jueces los que eximan a los religiosos de cumplir una ley, como ocurrió con los Testigos de Jehová quienes, gracias a un amparo, están exentos de participar en actos cívicos y de recibir transfusiones de sangre. Sin duda es mejor que el Estado trate la objeción de conciencia caso por caso que elevarlo a un peligroso derecho constitucional.

Miguel Ã?ngel Granados Chapa
Excomuniones
REFORMA

Tanto en el nivel local como en el Vaticano mismo, autoridades eclesiásticas juegan a amagar y desmentir sobre sanciones a políticos, para luego concluir, mediante aclaraciones que confunden, que en realidad los afectados se excluyen por sí mismos
La Iglesia Católica agita el fantasma de la excomunión con una frivolidad que no se condice con la gravedad de la pena. Ahora esgrime, entre confusiones, entre contradicciones que se aprecian como tales de la noche a la mañana, esa severa sanción canónica contra los legisladores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por aprobar y poner en vigor las reformas al Código Penal y a la ley de salud en materia de aborto. Pero antes lo han hecho en forma banal, pues carece de fundamento jurídico y de sentido práctico, contra los narcotraficantes. En el semanario Desde la fe, o en declaraciones de obispos, aparece de tanto en tanto la fulminación contra los vendedores de drogas, que es justa y necesaria desde la moralidad social pero que no puede convertirse en pena que deje fuera de la comunidad de los fieles a esos tratantes. El Código de Derecho Canónico, que sí incluye el aborto, el homicidio, el secuestro, las mutilaciones y lesiones, no prevé en su libro VI (De las sanciones en la Iglesia), ni en su parte general ni en la que establece las “penas para cada uno de los delitos” castigo alguno para los narcotraficantes. Acaso por ello el padre Gerardo Montaño pudo mantener durante largos años, en Tijuana, trato cercano con los hermanos Arellano Félix, de quienes parecía capellán privado.

Sin tener en cuenta la obviedad de que la excomunión es temible sólo para los fieles, la arquidiócesis capitalina la blandió contra quienes participaron en el proceso legislativo que redefinió el aborto a fin de despenalizar la interrupción del embarazo antes de la duodécima semana, y mitigó las penas para cuando el aborto se produce después de ese término. Pero luego ha negado que tal sanción ocurra, arguyendo que no es necesario declararla porque los sujetos punibles se castigan a sí mismos. Igualmente el Papa Benedicto XVI, que dirigió a los obispos mexicanos una comunicación en las vísperas de la aprobación de la reforma, condenando que se procediera de ese modo, pareció confirmar la pena pero luego su vocero aclaró lo dicho y al aclarar confundió.

Conforme a la comunicación oficial pontificia sobre el caso, el Papa habría dicho a los periodistas que viajaban con él de Roma a Brasilia el miércoles sobre la excomunión (a los políticos que aprobaron la reforma): “sí, esta excomunión está prevista por el código, pero no es arbitraria, está simplemente escrita en el derecho canónico”. En efecto, el canon 1398 establece que “quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión latae sententiae”. Pero como lo explican los comentaristas de ese código Pedro Lombardía y Juan Ignacio Arrieta, la sanción se aplica a quien practica “directamente” la acción censurada, de donde se infiere que no a quienes en acciones propias del ámbito estatal, no eclesiástico, legislan sobre el tema y menos aún cuando, como en este caso, no imponen el aborto sino sólo definen legalmente su alcance.

(La excomunión latae sententiae no requiere ser proclamada, surge ipso facto, es decir por el hecho mismo, a diferencia de la ferendae sententiae, que requiere ser declarada y en consecuencia supone un proceso que incluye el derecho de audiencia al presunto infractor)

El comunicado vaticano comienza diciendo que “Benedicto XVI no ha excomulgado a los políticos de México que han apoyado el aborto, ha aclarado el padre Federico Lombardi, director de la oficina de información de la Santa Sede”, quien precisó “que los obispos mexicanos no han declarado la excomunión a esos políticos, y tampoco lo ha hecho Benedicto XVI”.

“Dado que, según enseña la Iglesia, la promoción del aborto no es compatible con la recepción de la comunión eucarística, los periodistas preguntaron al portavoz: ‘Entonces, ¿están excomulgados?’.

“‘No -respondió-, se autoexcluyen de la comunión’”.

Como ocurre con muchas otras zonas de la vida cotidiana, la autoexclusión no se refleja en la conducta de los fieles. Las personas divorciadas civilmente, por ejemplo, que han contraído por esa vía nuevas nupcias, viven en adulterio, por lo que se autoexcluyen de la vida en comunidad y de la recepción de los sacramentos. Y sin embargo, personas tan notorias como el señor Vicente Fox y la señora Marta Sahagún favorecieron la difusión de su asistencia a los oficios eclesiásticos, que se les debería impedir según la ley canónica.

Amagar con la excomunión a políticos tiene un sentido político exclusivamente. Y ha llegado a tenerlo hasta específicamente electoral. En Italia, cuando la derrota del fascismo supuso la caída de la monarquía y la instauración de la república, se percibió que el gran duelo entre fuerzas políticas se entablaría entre la democracia cristiana y el comunismo. De allí que el Papa Pío XII, a través del Santo Oficio (que ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe) emitiera este célebre decreto el 1o. de julio de 1949, que prohibió, bajo pena de excomunión, a los católicos “inscribirse o favorecer” al partido comunista, así como “publicar, difundir, leer libros, periódicos, diarios u hojas volantes que patrocinen la doctrina o la acción de los comunistas. Los que tal hacen, consciente y libremente, quedan excluidos de los sacramentos. Y los que profesan la doctrina del comunismo materialista, la defienden y propagan, incurren ipso facto en excomunión reservada de un modo especial al Romano Pontífice”.

En el fondo algo así respecto del PRD quisieran hacer no pocos obispos. Pero no es políticamente correcto ser hoy tan explícitos.

La izquierda hoy
Víctor Flores Olea
EL UNIVERSAL

La derrota, profusamente anunciada, de la candidata del socialismo francés en las últimas elecciones presidenciales de su país, renueva inevitablemente la pregunta acerca de la fuerza histórica de la izquierda en estos tiempos de predominio de las grandes corporaciones, y además sobre su viabilidad práctica.

Claro que es imposible generalizar porque la situación de la izquierda varía grandemente de región a región y de país a país. Sin embargo, algunas reflexiones son posibles, con las precauciones del caso.

El pensamiento crítico de izquierda ha sido contundente al desnudar las contradicciones del sistema capitalista, y además su naturaleza profunda explotadora. Y más aún: su viciosa capacidad corruptora que se ha extendido a zonas relativamente inéditas (la crisis del Banco Mundial, que se expresa como farsa en los manejos desvergonzados de su presidente Paul Wolfowitz, principal constructor de la guerra de Irak con apoyo en patrañas que sólo servían a los intereses de ciertos círculos oligárquicos en Estados Unidos y en el mundo). Como nunca en la historia el capitalismo es hoy una fuerza corruptora material y espiritual que pone en crisis a la entera sociedad humana. Pero además, ¿puede prolongarse esta situación de abismales desigualdades que vivimos?

La fuerza moral y la inteligencia crítica han estado del lado de la izquierda; sin embargo, sucumbe con increíble frecuencia (el “moderno” y “civilizado” socialismo europeo parece hacerle el juego, como su sombra, a la derecha aferrada al poder). La pregunta pertinente es: si la izquierda es portadora de inteligencia y solvencia moral, ¿por qué fracasa en la toma del poder? Responderé que frente a ese “peligro” la derecha se une tenazmente, mientras la izquierda cae frecuentemente en divisiones difícilmente justificables. Mencionaré al México de las últimas elecciones, en una región que de todos modos se ha distinguido en la última década por su avance democrático y hasta por los triunfos de una izquierda variopinta, es verdad, pero con una presencia gubernamental que no tiene paralelo en otras regiones.

Claro que si asumimos el tiempo de las calendas griegas, la izquierda tiene y tendrá siempre una indudable esperanza. Pero hoy, ¿qué ocurre? Por un lado tenemos a un capitalismo “globalizado” que ha abandonado su tarea civilizatoria de una época, y se ha convertido en un régimen oligárquico que encarna las lacras que ya le imputaba Aristóteles. La denuncia y la oposición resultan relativamente fáciles, en tanto que es más difícil proclamar con eficacia política en nombre de qué y con qué propósitos se opera esa denuncia. ¿Simplemente en nombre de una política con mayor honestidad y moral, con mayor verdad y transparencia? Sí, pero el postulado abstracto no parece suficiente para estimular el imaginario político de las mayorías y su militancia decidida para lograrlo.

¿Hablar del socialismo? Sí, pero el impacto parece limitado, porque fuera de Europa, en la que tiene una tradición respetable (y también graves traiciones y distorsiones), la palabra misma causa erisipela en muchos lugares y gentes. En esto, qué duda cabe, la catástrofe soviética carga con culpas imborrables. Porque a pesar de que se explique incansablemente que no se trata de lo mismo, inclusive que el nuevo fin es su opuesto, democrático y humanista, el desprestigio y fracaso histórico de aquel socialismo sigue pesando como fardo inescapable.

Y otro aspecto: la crueldad y la insolencia del capitalismo actual es de tal dimensión que, en la práctica, las izquierdas luchan, con frecuencia, por reivindicaciones que no son “socialistas” en el sentido propio del término, sino batallas cuya mira es defender, actualizar, hacer respetar los valores esenciales de la Ilustración, incluso aquellos de contenido progresista y humanista de la revolución burguesa de finales del siglo XVIII y parte del XIX: es decir, los valores originales y auténticos de la revolución democrático-burguesa.

Respeto a los derechos humanos, a los laborales, al estado de derecho, a las reglas de la democracia, a los derechos de reunión y expresión, a procesos judiciales imparciales, al reconocimiento de los derechos de grupos étnicos y minorías, a los de los migrantes, etcétera. Es decir, un conjunto de valores que han sido históricamente la esencia misma de la revolución democrática y que han sido negados, traicionados, tachados por el capitalismo del horizonte efectivo de la vida de grandes mayorías sociales. Y la batalla por defenderlos y restituirlos es inescapablemente la sustancia primordial de buena parte de las luchas políticas de la izquierda hoy. Para decirlo con claridad: son luchas que no se distinguen por su contenido socialista, pero que resultan absolutamente necesarias para impedir la degradación mayor del mundo en que vivimos. Y para hacer posible un día su real progreso, en beneficio de todos. Nuevamente la historia nos muestra que avanza en espiral y que la batalla por la democracia es permanente, inagotable.

Claro que también se libran otras batallas que tienen una sustancia más directamente socialista, y que se refieren al combate en contra de la desigualdad y del mercado como factótum de la vida social. Lo que ocurre es que hoy tales luchas pasan inevitablemente por la defensa de los valores centralmente democráticos. En todo caso, en ambas luchas hay un continuo y un lazo de unión inevitables.

Escritor y analista polític

Marco Provencio
De inflaciones negativas o deflación
MILENIO

Para algunos medios de comunicación, la noticia pasó casi desapercibida. Será que tratándose de números pequeños alguien dirá que nadie nota la diferencia. Sin embargo, no es del todo usual que el Banco de México anuncie que en el mes anterior el país experimentó una baja en el índice de precios al consumidor. Sí, una baja de los precios y no sólo un menor crecimiento de los mismos comparados con periodos previos.

Ciertamente, no parecería gran cosa que los precios cayeran 0.06% durante abril, menos de una décima de punto porcentual, cuando que la última ocasión en que ello había sucedido, mayo de 2006, los precios para ese mes habían disminuido en 0.45%. En cualquier caso, ya sea porque la Comisión Federal de Electricidad adelantó un mes el programa de subsidios que aplica durante el verano en algunas ciudades de Coahuila y de Nuevo León; o porque la Semana Santa fue a inicios de abril y ya para fines de ese mes los servicios turísticos habían bajado de precio a sus niveles normales; o porque en esta ocasión no fue el efecto “pico de galloâ€? (tomate, chile y cebolla) sino el efecto del mango, melón y la misma cebolla, el hecho relevante es que los precios cayeron.

No es para echar las campanas al vuelo. Es más, el gobernador del Banco Central advierte que no es la hora de las complacencias (en un banco central nunca lo es). “Hay vientos en contraâ€?, señala en una entrevista reciente, en la que deja entrever la perspectiva de que la inflación repunte en los próximos meses hasta llegar a un “picoâ€? de 4 a 4.5% para el tercer trimestre y a partir de ahí disminuir para terminar el año debajo de 4%.

Podrá ser. Pero para los miembros de la generación de la crisis, para quienes ingresaron al mercado de trabajo en los años de la primera gran devaluación del 76 y no apenas se habían repuesto de ella cuando hubo que sortear la bancarrota del 82 y luego la hiperinflación del 87 y luego la gran decepción del 94, para todos esos millones de mexicanos, el oír “los precios bajaron el mes anteriorâ€? es casi un milagro. No importa que los precios bajen como sucede con el final del arcoiris, el que siempre cae en otro lado menos en donde estamos. Con que alguien certifique que caigan muchos nos damos por satisfechos.

Porque es difícil olvidar que había una época en la que lo único que no subía de precio era la “asesoría gratuitaâ€?, y eso con sus asegures; lo que antes era el enganche de una casa se convirtió en una de las mensualidades; el gasto para el entretenimiento de los hijos una tarde era lo que anteriormente se dedicaba a los estudios universitarios de los padres; todos, hasta las agencias funerarias, aumentaban sus precios en nombre del “costo de la vidaâ€?; lo que antes costaba cien pesos como nuevo, costaba ahora el triple sólo para repararse. En fin, las acepciones del término “barataâ€? eran que se trataba simplemente de aquello que no costaba más que en el transcurso de la semana anterior, o de aquello que lograba uno llevar a casa, lo que fuera, puesto que para ese entonces ya costaba más en el mercado. Los jóvenes no se acuerdan, pero no faltó quien señalara pomposamente desde varias tribunas que si el problema de los precios era la famosa ley de la oferta y la demanda, qué esperaban entonces los legisladores para derogarla?

En 2005, la inflación terminó el año en un respetable 3.33%. Un año después había aumentado a 4.05%, lo cual puede analizarse como menos de tres cuartos de un punto porcentual por encima de la del año anterior, o como un incremento de casi una cuarta parte más que la inflación del año previo. Eso sí, los economistas somos más que hábiles para sacar estadísticas y después arreglar nuestras propias confusiones, estadísticas que, como los bikinis, lo que muestran es sugerente aunque oculten lo esencial.

Y lo esencial de la inflación parece ser el hecho de que el Banco de México sigue sin cumplir su meta de mantener sus niveles anuales alrededor de 3%. Aunque haya un punto más o menos de tolerancia sobre ese 3%, la tolerancia ha estado siempre del lado superior de la banda, rondando los 4% del párrafo anterior. Todo indica pues que el Banco “apretaráâ€? la política monetaria aún más a cambio de degollar de una vez por todas el monstruo inflacionario. No importa que algunos hayamos hecho fiesta por una caída mensual de la inflación que, si bien no hace verano como la golondrina despistada, sí genera cuando menos una sensación de calidez.

Lecciones francesas
César Cansino
EL UNIVERSAL

Las recién concluidas elecciones en Francia arrojan muchas lecciones para la democracia mexicana, cuyo sistema electoral vigente no sólo propicia el dispendio y el burocratismo, sino que arrastra vicios de origen que no aseguran ni siquiera la credibilidad y la transparencia de los comicios, tal y como quedó demostrado en las elecciones federales del año pasado. Ciertamente, las comparaciones son odiosas, pero mal haríamos en encerrarnos en una pretendida especificidad o particularidad de nuestro ser nacional y cancelar a priori la posibilidad de medirnos con otros modelos de organización política que han demostrado madurez y viabilidad en diversas democracias consolidadas. Proceder así es condenarnos a repetir al infinito nuestros errores y no poder avanzar hacia estadios democráticos más consistentes y prometedores, justo ahora que el Poder Legislativo ha iniciado los trabajos encaminados a concretar una reforma del Estado.

Muchas cosas llaman la atención de esas elecciones. En primer lugar, la duración tan corta de las campañas (escasas tres semanas), que no tiene parangón con las larguísimas, inútiles y onerosas campañas y precampañas en México. El principio que subyace en cada caso es diametralmente opuesto. Mientras que en Francia el sistema electoral concibe a los ciudadanos como maduros e informados para definir sus preferencias, en México se les considera menores de edad, por lo que requieren más tiempo para definirse políticamente.

En segundo lugar está el tema del financiamiento de los partidos y la contratación de medios para fines propagandísticos. Aquí también los contrastes son agobiantes. Mientras que en Francia el financiamiento de los partidos es completamente público y está prohibido el privado, en México la ley es muy ambigua al respecto, por lo que siendo los partidos instituciones de interés público no se ha podido impedir otras formas mediante las cuales éstos se hacen de recursos sistemáticamente, amén de que las sanciones a quienes incurren en violaciones electorales son francamente ridículas. Algo similar puede decirse del uso de los medios durante las campañas. Mientras que en Francia está prohibida la propaganda pagada en medios privados, y permanece confinada a los tiempos estatales previstos por la ley, en México hemos visto cómo los grandes monopolios de la comunicación acumulan fortunas inauditas gracias a la venta de espacios a los partidos para promover a sus candidatos. Algo inconcebible para un país con tantos rezagos e inequidades.

En tercer lugar, las elecciones en Francia son un ejemplo de civilidad y madurez. Así, por ejemplo, los debates presidenciales en la segunda vuelta son obligatorios y se dan en un formato amable y libre; no existe censura de ningún tipo para los candidatos y corresponde exclusivamente a la ciudadanía premiarlos o castigarlos por sus excesos o actitudes belicosas o pasivas; la propaganda sólo es permitida en las mamparas oficiales colocadas para tal efecto en todos los rincones del país; pese a no existir una burocracia electoral muy amplia y costosa, a ningún francés se le ocurriría poner en duda los resultados oficiales que el colegio electoral da a conocer expeditamente apenas concluida la jornada de votaciones. Todo esto redunda en unos comicios confiables, eficaces, transparentes, cortos y, sobre todo, poco onerosos para el Estado.

Huelga decir que en México sucede todo lo contrario. Así, por ejemplo, los debates no son obligatorios y un candidato puede abstenerse a capricho a asistir a los mismos, amén de que el formato de estos encuentros es acartonado y muy rígido; el órgano electoral puede imponer sanciones a discreción a aquellos candidatos cuyo discurso puede ofender a sus adversarios, lo cual sólo puede calificarse como censura, en lugar de dejar que sean exclusivamente los ciudadanos los que premien o castiguen los excesos verbales de los candidatos; no existe ninguna regulación de la propaganda de los partidos en las calles; los órganos electorales, amén de ineficaces y costosos para el Estado, arrastran vicios de origen -como la nominación de los consejeros electorales por la vía de cuotas partidistas- que dan lugar a suspicacias y dudas sobre su imparcialidad.

Pero de todos los temas del que más podemos aprender en México es el relativo a la segunda vuelta. Sorpresivamente, varios analistas han puesto en duda la viabilidad de este mecanismo para nuestro sistema electoral. Entre otras cosas, argumentan que la segunda vuelta no garantiza que en una elección muy cerrada se despeguen automáticamente los candidatos más votados en la primera ronda, como para despejar mágicamente todas las dudas. Asimismo, señalan que la segunda vuelta aumentaría los costos de las elecciones y que existen complicaciones técnicas para implementarla en el país. En realidad, ninguno de estos argumentos en contra se sostiene. Es más, la segunda vuelta es una condición indispensable para hacer más confiable nuestro sistema electoral y ninguna reforma en la materia estaría completa si no se incluye. Pero de esto hablaré en mi próxima colaboración.

LEY DE RADIO Y TV

Divulgan proyecto de resolución de la ley de radio y televisión
La Corte lo puso en su página de internet
Expone que cuatro artículos de la ley son inconstitucionales.
MILENIO

Por primera vez la Suprema Corte de Justicia decidió publicar en su página de internet un proyecto de resolución que no ha sido discutido por el pleno de ministros se trata del proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, entorno a la acción de inconstitucionalidad vinculada con artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El proyecto colocado ayer en la página www.scjn.gob.mx consta de 546 cuartillas en las que se expone que cuatro artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión son inconstitucionales, entre ellos el artículo 28 como lo público MILENIO el pasado 3 de mayo.

Asimismo, el proyecto detalla que un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones debe declararse de igual forma inconstitucional, al tiempo que otros cinco artículos se propone validarlos.

Define tiempos la SCJN para ley Televisa
(Fernando Ramírez de Aguilar)
EL FINANCIERO

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, confirmó la “ruta crítica” que seguirán los ministros, a partir de la semana próxima, para conocer, discutir y resolver las impugnaciones a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

Al término del pleno ayer, convocó a los ministros a la audiencia pública del día 21 de este mes, cuando acudirán diversos expertos en telecomunicaciones para responder a un extenso cuestionario elaborado por los ministros y para despejar dudas sobre aspectos técnicos.

A partir de la semana próxima habrá dos audiencias para que quienes estén a favor y en contra de las reformas realizadas el año pasado para ambas leyes, expongan sus argumentos.

Por otra parte, “por ser de interés público”, la SCJN subió a su página de Internet el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en relación con los artículos impugnados de ambas leyes.

Defiende Senado opiniones de Creel
Suscribe acuerdo Junta de Coordinación Política. Tras reclamo de CIRT en torno a ley de medios, reivindican derechos de legislador panista
Claudia Guerrero
REFORMA

La Junta de Coordinación Política del Senado cerró filas en torno al panista Santiago Creel, luego de que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) lamentara las expresiones del legislador sobre la Ley Federal de Radio y Televisión.

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia suscribieron un pronunciamiento en el que recuerdan que ningún legislador puede ser reconvenido por sus opiniones.

“Ante el debate público generado por las opiniones vertidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, este órgano de Gobierno expresa su solidaridad con el derecho del senador Santiago Creel Miranda, coordinador del grupo parlamentario del PAN… a expresar sus opiniones y puntos de vista sobre éste y los temas de interés público que se debaten en la actual coyuntura política del País”, se establece en el acuerdo.

En los últimos días, el coordinador de Acción Nacional y la CIRT protagonizaron un debate público detonado por la denuncia del legislador, en el sentido de que la denominada “Ley Televisa” fue aprobada en medio de la presiones por las elecciones federales de 2006.

La CIRT lamentó públicamente las expresiones e incluso retó al panista a presentar pruebas sobre las supuestas presiones o la imposición de la reforma.

Ningún legislador puede ser reconvenido por sus opiniones: Beltrones y Navarrete
Senadores de PRI y PRD cierran filas en torno a Creel, ante presión de la CIRT
ANDREA BECERRIL
LA JORNADA

El Senado de la República cerró ayer filas en torno al panista Santiago Creel Miranda, ante la confrontación que mantiene con los empresarios de radio y televisión por las reformas a la ley que rige ese sector.

Luego de una reunión, los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, recordaron a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que ningún legislador puede ser reconvenido por expresar sus puntos de vista.

El debate sobre el marco jurídico para los medios de comunicación electrónicos debe darse, ya que es un tema que interesa a todos, recalcaron.

Antes, durante una reunión a la cual asistieron también los coordinadores de las fracciones del Partido del Trabajo (PT), de Convergencia y del Verde Ecologista de México, se acordó respaldar el dere- cho de Creel “de expresar sus opiniones y puntos de vista” en torno a las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión “y los temas de interés público que se debaten en la actual coyuntura política del país”.

Defiende Cofetel su facultad a opinar de la ley Televisa
(Redacción)
EL FINANCIERO

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) tiene derecho a hacer valer su opinión -en torno a la denominada Ley Televisa-, ya que es el organismo responsable de las licitaciones de radio y televisión, dijo el comisionado Eduardo Ruiz Vega.

De acuerdo con el funcionario, la Cofetel observa con atención y respeto los trabajos que está desarrollando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, por lo que reiteró su apoyo para enviarles información técnica sobre el tema.

“Estamos revisando con un gran cuidado el exitoso proyecto que elaboró el ministro Sergio Aguirre Anguiano y, de considerar que pudiera aportar algo de claridad para la decisión de los señores ministros, les haríamos llegar información de índole técnica, porque estamos hablando de un sector muy especializado, y sí, de lo que hemos visto hasta ahorita, hay varias cosas que nos preocupan”.

Preocupa, dijo, que la SCJN declare procedente eliminar la licitación -para que se otorgue una concesión de radio o TV-, porque se regresaría a la discrecionalidad y falta de transparencia.

En entrevista radiofónica, manifestó que “la licitación pública para nosotros es fundamental porque aquí los encargados, en un momento dado, de las concesiones somos nosotros… Tenemos derecho a hacer valer nuestra opinión, ya que de lo que resuelva la SCJN los que se quedan con el paquete somos nosotros”.

Congreso, sin facultad para objetar nombramientos en CFC
* Invalida la Suprema Corte ordenamientos reformados de la Ley de Competencia.
* Argumentan invasión en el ámbito de poderes.
* Aprueban con nueve votos proyecto de Olga Sánchez.
Fernando Ramírez de Aguilar L.
EL FINANCIERO

Por mayoría, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, por lo que el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no pueden intervenir en los nombramientos de sus funcionarios.

Tras una prolongada discusión de poco más de tres horas, con nueve votos a favor y uno en contra, los ministros aprobaron el proyecto de su compañera Olga Sánchez Cordero en el que se invalidó la facultad del Senado para objetar los nombramientos de los integrantes de la CFC.

Además se sentó precedente en el hecho de que en la administración centralizada no puede haber injerencia del Congreso de la Unión, en virtud de que ello representaría una invasión en las esferas de competencia de cada uno de los tres poderes de la Unión, y en este caso en concreto del Ejecutivo Federal.

Sólo puede intervenir el Congreso de la Unión, de acuerdo con el criterio sustentado por los ministros, cuando se trate de organismos descentralizados o autónomos, como lo establece cada una de las leyes orgánicas respectivas.

El lunes pasado, el ministro Sergio Valls Hernández, al plantear una resolución con respecto al nombramiento del director de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, propuso que el ejercicio de la facultad prevista en el Artículo 89, fracción II constitucional permite que el presidente de la República nombre y remueva libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Carta Magna o en las leyes respectivas.

CONVERGENCIA

Candados a la portabilidad numérica
* Pone Cofetel restricciones a quienes quieran cambiar de proveedor y conservar su número.
* Suscriptores con adeudo, imposibilitados.
* Sólo harán uso de ese derecho titulares de contratos.
(Redacción)
EL FINANCIERO

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) acotó el alcance de la portabilidad numérica que entraría en vigor en 2007: sólo podrán cambiarse de proveedor de telefonía y conservar su número los suscriptores titulares que hayan contratado el servicio con la empresa que hoy se los otorga y aquellos que no tengan adeudos con ésta.

Cofetel recogió ambos conceptos de las propuestas y comentarios que le hicieron diferentes empresas de telefonía y los incorporó al documento de las reglas de portabilidad que entregó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

“En la definición de suscriptor, Teléfonos de México considera que se debe añadir (el término) persona física o moral titular del contrato, para señalar con claridad quién está facultado para ejercer la portabilidad”, señaló la Cofetel.

Y agregó: “Con la finalidad de dar claridad a la resolución y atender el comentario de Telmex y de otros concesionarios, se modifica la definición en los siguientes términos: ‘Suscriptor: usuario que mantiene la titularidad de la relación contractual con el proveedor de servicios de telecomunicaciones’.”

Bajo esa nueva definición, estarían impedidos de cambiar de proveedor de telefonía y conservar su número quienes no sean los titulares del contrato con la empresa que les da el servicio actualmente. Por ejemplo, una persona que utiliza un celular o un teléfono fijo adquirido a un tercero, a un particular.

COFETEL

Checa Cofetel servicio celular
Verónica Gascón
REFORMA

En pruebas de calidad aplicadas al servicio telefónico móvil, la empresa Unefon resultó con la menor calificación en rubros como llamadas completadas y en número de mensajes de texto recibidos.

Mientras que Telcel tiene los mejores resultados en esas categorías, según la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

La autoridad regulatoria calificó varios indicadores sobre mediciones de voz y pruebas de mensajes de texto en un muestreo estadístico de mil llamadas telefónicas locales de móvil a móvil, con duración de 60 segundos y 100 mensajes de texto.

Este ejercicio se llevó a cabo dentro de la red del concesionario, entre el 28 de febrero al 2 de marzo de este año, en el Distrito Federal.

En el porcentaje de llamadas completadas, las cuales son cuando el usuario logra establecer comunicación con su destinatario, Unefon tuvo el menor resultado con 94.61 por ciento, le sigue Iusacell con 96.35 por ciento, Telefónica con 98.2 por ciento y Telcel (con tecnología GSM), con 98.76 por ciento.

OPINION

Tiempo de Negocios / Fallo a Cofeco de SCJN y sientan precedente a favor de SCT en controversia con Cofetel
Ayer la Suprema Corte de Justicia empezó a perfilar el desenlace de la controversia entre la SCT y la Cofetel
Darío Celis Estrada
REFORMA

Y es que declaró inconstitucional la intervención del Senado en la designación de los miembros de la Comisión Federal de Competencia y ratificó al Ejecutivo como el único facultado para hacer los nombramientos.

Este sería un precedente a favor de la SCT, que encabeza Luis Téllez, en la pugna que mantiene con la Cofetel, de Héctor Osuna, por los vetos que el año pasado impuso el Senado a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous.

A juzgar por el fallo de la SCJN, el Presidente Felipe Calderón podría incorporar al pleno de la Cofetel al actual subsecretario de Comunicaciones y al coordinador de la Unidad Jurídica de esa misma Secretaría.

Con ello quedarían en entredicho los nombramientos de Eduardo Vega Ruiz y Gerardo González Abarca. La Cofetel, pues, está herida de muerte, igual que las reformas a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones.

La de ayer es una mala noticia para los órganos desconcentrados, toda vez que su real autonomía está en riesgo. Y es que el Ejecutivo podrá meter a funcionarios afines a sus intereses.

Será el caso de la Cofeco, que preside Eduardo Pérez Motta, que en lo sucesivo tendrá que poner sus barbas a remojar. La resolución de la Suprema Corte significó un doble revés para el organismo antimonopolios.

Lo que pasa es que, además, se echó abajo la pretensión de que jueces le obsequien autorizaciones para librar verificaciones y visitas en las empresas donde se tenga la sospecha de que se ejercen actividades monopólicas.

Al invalidarse esa posibilidad, contenida en las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, perderán fuerza las acciones coercitivas que se propone ejercer el equipo de Pérez Motta.

Con base en el razonamiento planteado por los magistrados, el caso de Banco de México tendría que ser distinto, pues se trata de un organismo que no depende ni jurídica ni económicamente de ninguna secretaría.

El Senado sí podría seguir teniendo derecho de veto, como acaba de suceder en la frustrada propuesta del Ejecutivo a favor de Carlos Hurtado. Es una gran rendija a favor de Guillermo Ortiz y que no tuvieron ni Pérez Motta ni Osuna.

Para este último el escenario se le presenta complicadísimo, aunque se sabe que no está solo. La industria de radio y televisión lo respalda y está preparada para lo que se anticipa un embate del Gobierno federal.

Templo mayor
Por fray Bartolomé
REFORMA

LOS CUESTIONADOS integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones corren el riesgo de ser desenchufados.

Y TODO gracias a la Suprema Corte de Justicia que en su proyecto de sentencia sobre la Ley Televisa deja entrever la posibilidad de que los comisionados puedan ser relevados.

NO HAY que olvidar que justamente tras haber aprobado esa polémica ley, los entonces senadores Ernesto Gil Elorduy y Héctor Osuna se ganaron una silla en la Cofetel.

PEEERO, la Corte acaba de ponerles la soga al cuello al determinar que el Senado no puede intervenir en el nombramiento de funcionarios de organismos desconcentrados, por lo que el proceso de designación debe reponerse.

Y COMO la Cofetel es un organismo desconcentrado y el Senado intervino en el nombramiento de los comisionados… A+B=C y hasta la vista, baby.

Ricos y poderosos
Derrotan CFC y Cofetel al Senado en la Corte
Por: Marco A. Mares | Opinión
LA CRONICA

El Ejecutivo federal derrotó en la Corte al Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la facultad del Senado de la República para objetar las designaciones presidenciales en el caso de los órganos desconcentrados.
Específicamente declaró inconstitucional esa facultad para el caso de la Comisión Federal de Competencia.
Implícitamente, el Ejecutivo federal obtiene un doble éxito porque seguramente la Corte votará exactamente en el mismo sentido para el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que también es un órgano desconcentrado.
La votación en el caso de la Comisión Antimonopolios fue 9 a uno. Es decir, 9 magistrados votaron a favor del Ejecutivo federal y sólo uno en contra.
El voto en contra fue de Olga Sánchez Cordero.
Pero la votación mayoritaria de la Corte a favor del Ejecutivo federal no implica cualquier triunfo.
Es un triunfo completo en la medida en que ordena que desaparezca tal facultad de la ley.
Es decir, el Senado de la República no podrá objetar las designaciones del Ejecutivo federal en el caso de los órganos desconcentrados.
Los expertos legales que siguen el tema consideran que el amparo de los comisionados impugnados: Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, tendrá exactamente el mismo destino.
En otras palabras, en contra de lo que decían sus rivales, Del Villar y Martínez Pous están a punto de obtener la victoria legal respecto al amparo que interpusieron en contra de la objeción de que fueron objeto por parte del Senado de la República, para ocupar los cargos de comisionados en la Comisión Federal de Telcomunicaciones, para los que fueron designados por el ex presidente Vicente Fox.
Como se lo anticipé en este espacio, había dos conceptos por los que los actuales funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrían obtener la victoria.
Por el concepto mismo de la inconstitucionalidad.
Y por el concepto jurídico que marca una diferencia clara entre los órganos desconcentrados y descentralizados.
Tanto la Comisión Federal de Competencia como la Comisión Federal de Telcomunicaciones son órganos desconcentrados.
Por eso anticipan quienes están a favor de la causa de Del Villar y Martínez Pous que su triunfo es prácticamente un hecho.
Ahora habrá que ver qué sigue en esta prolongada y larga lucha legal entre los comisionados impugnados y los comisionados en funciones.
Hay muchas preguntas.
¿Tendrán que dejar sus puestos los actuales comisionados: Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca?
¿Dejarán sus actuales puestos de subsecretario de Comunicaciones y director de Asuntos Jurídicos Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous?
¿Asumirán los cargos de comisionados en la Cofetel?
¿Perderán efecto las medidas que han resuelto los hasta ahora comisionados de la Cofetel?
¿Se puede esperar una reconstitución de la Cofetel?
En la victoria ¿los funcionarios ganadores serán humildes?
¿El presidente de la República, Felipe Calderón, designará a otros comisionados o ratificará a los actuales?
¿Se olvidarán las durísimas acusaciones que se hicieron a los comisionados en funciones?
Hay muchas preguntas.
Al tiempo.

Desde el piso de remates
Fortalece Suprema Corte a la CFC
Con aplastante mayoría de nueve votos a uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Ejecutivo al negarle al Senado la facultad de no objeción en los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia.
Maricarmen Cortés
EL ECONOMISTA

Con aplastante mayoría de nueve votos a uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Ejecutivo al negarle al Senado la facultad de no objeción en los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia.

La resolución de la SCJN será la misma en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) porque los ministros consideran que la división de poderes no debe llegar al grado de que un poder pueda arrogarse facultades que corresponden a otro. Lo que sorprendió es que este fallo es totalmente contrario al que emitieron el lunes pasado, en el que ocho Ministros votaron a favor del Senado y en contra del Ejecutivo en el caso de Notimex.

El argumento para esta diferencia en la votación, es que la CFC es una autoridad reguladora y un órgano desconcentrado, que aplicará también para la Cofetel.

Desde luego, además del Ejecutivo, los evidentes ganadores con esta resolución de la SCJN son, por un lado, Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, porque se fortalecieron sus facultades ya que la Suprema Corte en fallo inapelable tampoco obliga ya a la CFC a presentarle al Congreso su informe anual de actividades, aunque Pérez Motta seguirá difundiendo públicamente todas las resoluciones de la CFC a través de su página de Internet y no en forma anual, sino diariamente.

La CFC se fortalece también porque ya no necesitará tener una orden judicial para realizar visitas de verificación y para ordenar -sólo en casos de reincidencias en prácticas monopólicas- la separación de activos.

Entre los grandes perdedores con esta resolución están no sólo los legisladores, sino las grandes empresas encabezadas por Telmex, de Carlos Slim, que directamente cabildearon en la legislatura pasada y lograron acotar a la CFC con los artículos que hoy la SCJN invalidó por considerarlos
anticonstitucionales.

Cofetel vs SCT, se recrudece el pleito

Los otros dos ganadores son Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y evidentemente Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones y Gonzalo Martínez Pous, director Jurídico de la SCT, quienes esperan ahora sin lugar a dudas, ganar su amparo en contra del Senado, que objetó su nombramiento como comisionados de la Cofetel.

Del Villar y Martínez Pous han asegurado en múltiples ocasiones que no buscan ser restituidos, sino exclusivamente limpiar su nombre, pero siempre se ha dicho es que atrás de este amparo está el Ejecutivo, que sí busca realizar cambios en la Cofetel, con lo que serían destituidos Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca, los dos comisionados que fueron nombrados en lugar de Del Villar y de Martínez Pous.

Es un caso muy complejo, ya que todavía hay varias instancias legales y porque Ruiz Vega y González Abarca han presentado contrademandas civiles y penales en contra de Del Villar y de Martínez Pous.Desde luego la resolución de la SCJN preocupó en el sector porque se recrudecerán las pugnas entre la SCT y la Cofetel.

Gente detrás del dinero
Mauricio Flores
Cofetel: “tronándole el chicoteâ€? a celulares
MILENIO

No importa en cuantas empresas de telefonía celular usted haya estado suscrito y cambiado —perdiendo su número—, pero seguro recuerda más de una vez cómo ha sido literalmente tratado con la punta del pie en las oficinas de “atención al clienteâ€?. La cosa cambiaría por el Acuerdo de Portabilidad Numérica que los de Héctor Osuna en la Cofetel enviaron para consulta y aprobación a la Cofemer, que lleva Carlos García.

Este acuerdo empodera realmente a los más de 50 millones de usuarios de celular y 20 millones de telefonía fija. Telcel, que lleva Daniel Hajj, Iusacell-Unefon a cargo de Gustavo Guzmán, o Telefónica que lleva Francisco Gil, tendrán que esmerarse para retener a sus clientes, quienes de no estar conformes con lo que reciben por su dinero, podrán irse con otra compañía sin perder su número telefónico pagando una suma incluida en la tarifa del servicio. Lo mismo es para Telmex, dirigida por Héctor Slim o Axtel de Tomás Milmo.

Ojalá que este buen trabajo sea evaluado por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, en el que desahogarán la controversia del subsecretario de Comunicaciones Rafael del Villar y del jurídico Gonzalo Martínez, contra el Senado que los rechazó como comisionados de la Cofetel.