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SINTESIS DE PRENSA

LUNES 14 DE MAYO DE 2007-05-11

LEY DEL ISSSTE

La Ley del ISSSTE, diseñada para que “no se cobren las pensiones”
Son muchas las afectaciones de la norma, advierte estudio
EMIR OLIVARES ALONSO
LA JORNADA

La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está diseñada para que los burócratas “se mueran y no cobren su pensión”, además de que viola el artículo 14 constitucional referente a la retroactividad de las leyes, debido a que afecta a los actuales trabajadores cotizantes a ese instituto, pues pierden derechos adquiridos durante años, establece un informe elaborado por la agrupación Unidad de Estudios sobre Seguridad Social (UESS).

En el documento, la organización analiza varios artículos que afectan de manera directa a los trabajadores del Estado, entre los que encontró que el concepto de jubilación “ha desaparecido” de la redacción, y ahora se traslada a una pensión que será administrada por una aseguradora privada.

Otro punto es que el artículo 42 establece que las aportaciones de los trabajadores para su fondo de pensión serán de 13.525 por ciento de su salario base, mientras que el gobierno aportará 13.9 por ciento, pero del salario mínimo vigente en 1997 en el Distrito Federal, lo que representa 3.67 pesos.

El estudio agrega que el argumento de que las pensiones y jubilaciones anteriores eran costosas para el erario “son falsas”, pues de los 627 mil 802 pensionados hasta 2006, el año pasado (con el antiguo régimen de 1983) se gastó 42 mil millones de pesos, que dividido entre la cantidad total de beneficiarios se otorgó una cantidad por ex trabajador de 66 mil 990 pesos, mientras que por la pensión de los últimos cinco ex presidentes de la República se gasta 65 millones por cada uno al año.

Paro de sindicatos universitarios en apoyo
Emir Olivares Alonso
LA JORNADA

El próximo 21 de mayo trabajadores de diversas universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizarán un paro de labores de 12 horas en rechazo a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU).

En conferencia de prensa, Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, informó que el consejo general de la FNSU decidió aprobar por unanimidad” la suspensión general de actividades, por lo que a partir de las siete de la mañana de ese día 25 gremios de 18 casas de estudios superiores del país no permitirán las actividades en esas escuelas, con el propósito de “que sea una acción contundente, con el único fin de derogar la norma”.

Demandará el STUNAM a Miguel Ã?ngel Yunes
Mariana Otero-Briz
EL FINANCIERO

Los sindicatos universitarios interpondrán una demanda por conducta inapropiada contra Miguel Ingel Yunes, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido a las advertencias que hizo con relación a los amparos promovidos por los trabajadores contra las modificaciones a la Ley del organismo.

La semana pasada, Yunes dijo que los amparos “por machote” promovidos por el PRD, impedirían la prestación de los servicios hasta que no se diera una resolución de los procesos, por lo que los trabajadores estarían actuando en contra de sus intereses al nulificar, mediante un juicio de este tipo, las acciones que el Instituto puede realizar a través de la nueva Ley.

Sin embargo, Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), calificó las afirmaciones de Yunes como burdas y torpes, tras las cuales ha quedado al descubierto la ignorancia del funcionario, pues los trabajadores tienen garantizado el servicio, ya que entregan puntualmente las cuotas para su funcionamiento.

Los señalamientos de Yunes sirvieron para refrescar la promoción del movimiento que las organizaciones sindicales independientes han venido desarrollando, donde demandas y advertencias siguen siendo las mismas desde hace tres meses.

Trabajadores del ISSSTE recibirán mejor pensión
* Superarán a derechohabientes del IMSS.
* La nueva ley afecta a los empleados actuales, admite Aon Consulting.
* El gobierno aportará $3.25 por cada peso que ahorren voluntariamente.
Yalín Cacho López
EL FINANCIERO

Los cambios a la Ley del ISSSTE afectan a los trabajadores de esta institución, pues la edad de jubilación aumentará paulatinamente y el monto de su pensión no está garantizado.

Sin embargo, al final de su vida laboral los más de dos millones de trabajadores del ISSSTE gozarán de una mejor pensión respecto a la que obtendrán -en las actuales condiciones- quienes cotizan en el IMSS, que han abierto más de 37 millones de cuentas en las Afore.

Estos últimos tienen derecho a una pensión mínima garantizada (PMG) de un salario mínimo (SM) y su tasa de reemplazo (TR) -es decir, el monto de jubilación que recibirán como porcentaje de su salario- será de 40 por ciento en promedio.

Mientras que con los últimos cambios legales, la PMG para quienes laboran en el ISSSTE es de dos SM y su tasa de reemplazo será de 70 por ciento en promedio.

“Desde el punto de vista matemático es muy difícil que los trabajadores del ISSSTE obtengan una mejor pensión que con el esquema anterior -que les garantizaba una TR de 100 por ciento; pero la TR de 70 por ciento no sólo es mayor a la de los cotizantes del IMSS, sino a la que tienen los trabajadores de empresas privadas que recibirán una pensión complementaria por el fondo de ahorro de esas empresas.”

SNTE

Aumento salarial de 4.8% a profesores de primaria
SEP y sindicato acuerdan incrementar prestaciones
En el gremio afirman que la negociación no ha terminado
KARINA AVILES
LA JORNADA

Los casi 850 mil docentes de educación básica recibirán un incremento directo al salario de 4.8 por ciento a partir de este miércoles, además de 1.5 por ciento en prestaciones y 0.7 por ciento para el fortalecimiento al sueldo. Con este acuerdo, el gobierno de Felipe Calderón retoma la tradición de anunciar el aumento a los maestros en la víspera del 15 de mayo, la cual fue rota por su antecesor.

En tanto, los 550 mil trabajadores de apoyo recibirán un aumento salarial de 3.8 por ciento más uno por ciento para fortalecer el sueldo tabular, mientras que los llamados homologados -pertenecientes a enseñanza media y superior- obtendrán 3.8 por ciento de aumento directo al salario y 1.4 por ciento a las prestaciones genéricas.

Anoche, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron en un comunicado conjunto los principales incrementos acordados, producto de una negociación que hasta la semana pasada, el SNTE calificaba de ríspida y sin ningún avance.

Sin embargo, integrantes del sindicato informaron que la negociación no está cerrada; esto, pese a que en el despacho informativo se afirma que concluyó la negociación.

Con este aumento, los maestros de educación básica recibirán en conjunto un aumento de 7 por ciento, mientras que a los burócratas se les dio en días recientes un incremento de 4.6 por ciento y 0.5 en reconocimiento al esfuerzo y productividad.

CNC

Grave reducción de la superficie de cultivo, dice CNC
MATILDE PEREZ U.
LA JORNADA

En dos décadas se han perdido 4 millones de hectáreas para el cultivo; es decir, la superficie destinada a la producción de alimentos se ha reducido en 0.7 por ciento anual, mientras el precio de los cereales, entre ellos del maíz, disminuyó 10 por ciento, destaca la Confederación Nacional Campesina (CNC) en su documento Política de Estado para el sector rural; revolución productiva y social.

Destaca que la pérdida de superficie agrícola es en la mayoría de los cultivos. En el caso de las oleaginosas, la reducción anual fue de 5.2 por ciento, pasando de un millón 151 mil hectáreas sembradas a 357 mil durante el mismo periodo; lo mismo ha sucedido con las áreas destinadas a la siembra y cultivo de arroz, sorgo, maíz, frijol, soya y algodón, por lo que la economía campesina se ha vuelto más vulnerable.

Por ello el déficit en la balanza nacional agropecuaria ha estado en los pasados dos años entre 3 mil 800 y casi 5 mil millones de dólares, y el esfuerzo de los agricultores no se ve reflejado en el producto interno bruto agropecuario.

Entregará hoy la CNC su propuesta agrícola
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO

El agro de México es estratégico para la soberanía y seguridad nacional, por lo que debe ser revalorado por el presidente Felipe Calderón, sostiene el documento “Política de Estado del Sector Rural; Revolución Productiva y Social”, propuesta de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que será entregada hoy al gobierno de la República, a fin de que sea integrado al Plan Nacional de Desarrollo.

Dice el documento que es indispensable que el Estado se reactive y que se tenga muy clara la gran deuda que el gobierno y la sociedad tienen con los campesinos del país, y sobre todo que se reconozca su gran potencial para que se pacte e implante una política de Estado para el agro.

Maíz transgénico, la opción más viable para elevar la producción
Isabel Becerril
EL FINANCIERO

México no sólo debe idear una estrategia que impulse el cultivo de maíz transgénico para elaborar etanol, sino también para lograr un repunte de la producción total del grano, expone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Dado que la producción petrolera del país no ha crecido significativamente en los últimos años, y que a las reservas probadas les queda poco tiempo de vida, se ha intensificado la búsqueda de combustibles alternativos.

Para que el país pueda hacer uso del etanol y abastecer la creciente demanda de ese producto proveniente de Estados Unidos, se requiere aumentar uno de los insumos principales con el que se produce, que es el maíz, de tal forma que una parte de la producción sea destinada a la elaboración de biocombustibles.

EMPLEO

OIT: surgen nuevas formas de discriminación laboral
Preferencia sexual, salud, edad y sobrepeso, obstáculos para tener empleo
Presenta informe La igualdad en el trabajo; afrontar los desafíos que se plantean
CAROLINA GOMEZ MENA
LA JORNADA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió su segundo informe sobre discriminación en el ámbito laboral, y en él destaca que a escala global existe una mezcla de fracasos y progresos en el abatimiento de esta modalidad de desigualdad. Según el organismo, el principal avance en el rubro es que 162 estados miembros de la OIT han ratificado los dos convenios existentes en la materia, y de ello se ha derivado en la promulgación de diversas leyes protectoras, mientras que la otra cara de la moneda evidencia que han surgido nuevas e incipientes formas de segregación laboral.

Algunas de las formas “recién conocidas” son las basadas en la edad de los trabajadores, especialmente cuando son demasiado jóvenes o viejos; la discriminación basada en la orientación sexual; en la discapacidad y “en el hecho o en la apariencia de estar infectados con VIH/sida”.

Entre estas formas de marginación están la basada en factores genéticos y la fundada en el estilo de vida, sobre todo en contra de quienes presentan sobrepeso o adicción al tabaco.

En el análisis denominado La igualdad en el trabajo; afrontar los desafíos que se plantean, la OIT sostiene que ahora es más “urgente” que hace cuatro años (en 2003 publicó su primer informe sobre el tema) combatir estas prácticas, porque “la existencia de desigualdades en los ingresos, los capitales y las oportunidades diluyen la eficacia del combate a la discriminación y pueden provocar que se frene el crecimiento económico”.

OPINION

ISSSTE: ilegal y discriminatoria
Araceli Damián*
EL FINANCIERO

La nueva Ley del ISSSTE, además de no contar todavía con reglamento, contiene una serie de vacíos legales y conceptuales que imposibilitan evaluar plenamente el alcance de la afectación a los derechos sociales de los trabajadores adscritos al Instituto.

Esta Ley crea más desigualdad y discriminación al clasificar a los derechohabientes en cinco estratos con distintos derechos sociales. El de quinta categoría corresponde a las personas que reciben actualmente una pensión cuyo monto es menor al mínimo garantizado por la nueva Ley (tres mil 34 pesos con 20 centavos), pero que no se verán beneficiados con un aumento de sus ingresos para alcanzar ese mínimo.

Los trabajadores de “cuarta” serán los de reciente incorporación, ya que están obligados a inscribirse al nuevo sistema y no pueden optar por el antiguo régimen (recortado) de pensiones. Éstos compartirán la incertidumbre de no saber a cuánto ascenderá el monto de sus pensiones con los trabajadores de “tercera”, cuyo grupo estará constituido por los que (ya inscritos en el Instituto antes de la entrada en vigor de la nueva Ley: 1 de mayo) opten por cuentas individuales bajo el supuesto de que tendrán un mayor beneficio que si se quedan en el régimen (recortado) de pensiones.

Los trabajadores de “segunda” serán aquellos que elijan el régimen recortado, ya que garantiza el monto de las pensiones futuras (que dependerán del salario percibido en el último trabajo y de los años cotizados). No obstante, quienes elijan esta opción y no cumplan los requisitos de jubilación vigentes en la ley abrogada antes del 31 de diciembre de 2009, deberán aceptar nuevas condiciones de edad y años de cotización para jubilarse.

El grupo de trabajadores y pensionados de “primera” no ha sido creado por la nueva Ley, y a ellos no se les aplica. Por el contrario, gozan de privilegios exclusivos otorgados a la alta burocracia (expresidentes, magistrados, funcionarios de la banca pública, Pemex, etcétera).

Tanto los que están a favor como en contra de la nueva Ley reconocen la necesidad de modificar las reglas de operación del sistema. Sin embargo, discrepan en el camino elegido por el gobierno federal para supuestamente subsanar las deficiencias.

Sabemos que la creación de cuentas individuales no garantiza la sustentabilidad financiera del Instituto, ni posibilita la obtención de pensiones dignas a futuro. El sistema de cuentas individuales está inscrito en la política privatizadora que ha caracterizado a los gobiernos tecnócratas y tiene como principales beneficiarios a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y las aseguradoras.

El sistema de cuentas individuales hace incierto el monto de las pensiones a futuro, ya que éste dependerá del número de años cotizados (que a su vez depende de la permanencia en el empleo); la carrera salarial (aumentos o decrementos del ingreso a lo largo de la vida laboral); de la tasa de interés real (que es ahora de alrededor de 3 por ciento); de la esperanza de vida (años por vivir una vez pensionado); de las comisiones cobradas por las Afore y por las aseguradoras que los trabajadores tienen que contratar para recibir (con base en lo ahorrado) su pensión y la posibilidad de que ésta pase a los deudos (seguro de sobrevivencia).

El cobro de comisiones es anticonstitucional, ya que el artículo 123 de la Constitución (fracción 28) establece que el patrimonio de la familia no podrá sujetarse a gravamen alguno y, por tanto, ninguna institución pública o privada puede gravar los fondos de ahorro destinados a las pensiones que evidentemente forman parte de ese patrimonio. Cálculos actuariales muestran, además, que dado el monto de las comisiones cobradas sobre los saldos de las cuentas individuales, llegará un momento en que las Afore obtengan un beneficio absoluto mayor que los trabajadores.

Ante la avalancha de amparos, el Poder Judicial y el gobierno federal han hecho lo imposible por desmoralizar y desanimar a quienes tengan la intención de o hayan recurrido a tal recurso. La semana pasada, Miguel Ã?ngel Yunes, director general del ISSSTE, sostuvo de mala fe y sin ningún fundamento legal, que los amparados dejarán de recibir los servicios que presta el Instituto, “si así lo determina un juez”. Pero de acuerdo con los abogados constitucionalistas, ningún juez puede determinar tal cosa, dado que los amparos no anulan derechos adquiridos.

Por otra parte, el establecimiento por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal del Juzgado Auxiliar de Distrito como único receptor de solicitudes de amparos contra la nueva Ley, viola el artículo primero (al no hacer posible el cumplimiento de los artículos 13 y 14) de nuestra Constitución.

El artículo 13 establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales y el 14 señala que todo juicio debe ser “seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. La Ley entró en vigor el 1 de mayo y el juzgado se creó el 7 del mismo mes. Al haber establecido como domicilio del Juzgado el DF, se dificulta la presentación de amparos de quienes viven fuera de esta demarcación, además de facilitar en bloque (un solo juez decide) el rechazo de los amparos. Seguramente el conflicto llegará a la Suprema Corte.

Corporativo
* Pemex prepara negociación para revisar contrato colectivo.
Rogelio Varela
EL FINANCIERO

En momentos en que el gobierno federal aún no define el aumento al magisterio, está por iniciar la negociación para revisar el contrato colectivo de Pemex.

Será en la tercera semana de este mes cuando el equipo de Jesús Reyes Heroles González Garza se siente con la plana mayor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que encabeza Carlos Romero Deschamps para analizar una revisión salarial, pero sobre todo para buscar espacios y ajustar varias cláusulas del contrato colectivo de los trabajadores de la mayor paraestatal del país.

Se trata de una negociación de la mayor importancia no sólo para Pemex sino para el gobierno en su conjunto, de ahí que se adelante la gestión de Javier Lozano Alarcón desde la Secretaría del Trabajo e incluso la de Agustín Carstens Carstens, de Hacienda.

Debido a la complejidad del asunto, se espera que a más tardar en julio se tengan resultados, y le puedo adelantar que existen tres temas torales:

1) Fijar un incremento a los salarios acorde a la realidad económica que vive el país, concretamente a la situación de las finanzas públicas, y que esté en línea con otras revisiones importantes, como son las de burócratas y maestros.

2) Encontrar una flexibilidad laboral en los 140 mil empleados de la paraestatal acorde a la situación que encara Pemex, y donde en estos años muchas de sus unidades productivas han dejado de funcionar y hace conveniente incluso la reubicación de trabajadores, lo que sólo se puede realizar teniendo el visto bueno del sindicato.

3) Analizar una posible reforma a las pensiones de los trabajadores de Pemex con la intención de hacer menos costoso su pasivo laboral, y en el entendido de que a la fecha esa empresa tiene 70 mil pensionados que no podrán ver afectados sus derechos.

Como imaginará, la negociación no debe ser ajena a lo que se consiguió en semanas anteriores con los trabajadores del ISSSTE, que vaya ruido que han metido en estos días en el Congreso, y en delante no seria extraño que entraran en negociaciones similares los trabajadores de la banca de desarrollo, universidades e incluso varios estados.

Definitivamente, el mandato de Reyes Heroles González Garza es poder elevar la productividad de los trabajadores petroleros, ya que al mismo tiempo la situación financiera y operativa de la empresa no es precisamente la más holgada.

Existen por lo menos cuatro temas que deben tener sintonía con la revisión de salarios y prestaciones de los trabajadores que le comento.

En primer término está la parte presupuestal, donde queda claro que pese a tener un ligero ajuste en la tributación que realiza Pemex al fisco, resulta insuficiente para cubrir los requerimientos crecientes de inversión, servicio de la deuda y pasivo laboral.

Anote además que sigue siendo muy pesada la carga fiscal de la paraestatal, donde cerca del 90 por ciento de los beneficios que en el papel tiene la empresa se destinan al pago de impuestos.

Un tercer elemento es precisamente encontrar espacios para hacer frente al pasivo laboral de Pemex, el cual ha crecido 16.2 por ciento en los últimos años, y donde se tiene cuantificado al menos en medio billón de pesos ese endeudamiento, y para ser claros, buena parte de los problemas se derivan del actual esquema de jubilaciones que ya es insostenible.

Un cuarto tema, no menos complejo, es el endeudamiento financiero de Pemex. Concretamente al cierre del año pasado alcanzaba la friolera de 52 mil millones de dólares, lo que implicó un incremento de 1.7 por ciento con respecto a 2005.

En ese último rubro el capítulo de los Pidiregas es el más relevante, ya que ha sido la alternativa a la mano para poder realizar inversiones, pero ya está llegando a su límite.

Y bueno, en lo operativo el foco de alerta más importante es la declinación que ha iniciado Cantarell, con mucho el activo más importante de la empresa, y que aporta el 53 por ciento de la producción de petróleo crudo de México, lo que hace urgente encontrar nuevos yacimientos, los cuales definitivamente serán más costosos.

En fin, no se ve fácil la negociación con el STPRM, y para colmo los resultados reportados por la empresa al primer trimestre de 2007, influidos por eventos extraordinarios, pero también como reflejo de una realidad lacerante, indican que hasta marzo Pemex registró número rojos por más de diez mil millones de pesos, que no precisamente resultan una buena señal con todo y que siguen históricamente altos los precios del petróleo.

Mesa de Negocios
* Afore: al menos 10 en la cuerda floja por la ley.
Herminio Rebollo Pinal
EL FINANCIERO

Las recientes modificaciones a la Ley del SAR han sumido a la industria de fondos para el retiro en una zona de conflicto e incertidumbre que urge superar.

Lo difícil es que la problemática se ha tornado tan diversa que requiere de una solución integral que, hasta ahora, no se ve por ningún lado.

Éstas son sólo algunas de las aristas en dificultades:

a) Urge la publicación del reglamento para que las Afore lleven a cabo los ajustes que les permitirán competir a partir de 2008 en que entran en vigor los cambios recién aprobados por el Congreso.

La variación en las reglas del juego ha sido traumática para las administradoras de fondos. De las 20 Afore que existen hoy, al menos la mitad tendrá problemas serios para su subsistencia. Lo que pasa es que muchas de ellas fueron animadas a nacer por la política de cobro de comisiones sobre flujo y saldo, de alentar el traspaso de Afore prácticamente ilimitado y gran apertura en los niveles de rendimiento.

Todo esto, soporte para al menos diez de las 20 Afore, cambió radicalmente.

Por lo que se sabe, ya han comenzado las presiones de los accionistas de las Afore a las que les cambió el panorama de la noche a la mañana. Los especialistas mencionan que los cambios producen un impacto directo sobre administradoras como Actinver, De la Gente, Afirme-Bajío, Santander Mexicano, Argos, Inbursa, Scotia, Azteca y Principal.

No únicamente están afectadas las más pequeñas o las más recientes, sino las de menor rendimiento.

Una de las últimas opciones para mejorar su panorama es el reglamento que deberá publicar la Consar, de Moisés Schwartz, a la brevedad posible para que, con tiempo suficiente, se realicen los ajustes que hagan falta en las administradoras y las Siefore.

Como en todo, un aspecto fundamental para la buena marcha de cualquier sector es la comunicación y la confianza. El serio problema es que se asegura que para los últimos cambios en la ley las administradoras no fueron tomadas en cuenta por la autoridad. Y lo peor es que en 2005 también hubo un cambio en las reglas del juego que sacó de balance a todos y que, entonces, a quienes golpeó fue a las otras diez Afore, tanto las más grandes como las de más tiempo.

Es este ir y venir lo que los tiene hoy en gran desconfianza de lo que pueda suceder.

b) Otra afectación es para la agrupación representativa de las administradoras: la Amafore, que preside Francisco González de Afore Bancomer. Como los cambios en la ley repercuten negativamente sólo en la mitad de las afiliadas y a la otra mitad las deja muy cómodas, el dilema para la organización es cuál de las dos posiciones adoptar.

Aunque uno es el consenso general: no permitir que este sector tan importante de la economía se regule con lo más parecido a una ley del péndulo, en el que una vez se le pega a un modelo de empresa y la otra a la contraparte.

Sin duda que vivir cualquier problema con una representatividad minada es el peor de los mundos.

c) La dificultad para resolver qué es lo que sucederá con el enorme aparato de ventas que implica un costo anual de 500 millones de pesos y mantiene 50 mil agentes en la calle para alentar los traspasos, en adelante limitados a una vez cada 12 meses.

Sin duda los últimos cambios a la ley son positivos; sin embargo, la mecánica para aplicarlos es lo que hoy tiene en jaque a la industria, que sabía que este tipo de transformaciones vendría, pero que, seguramente con gran comodidad, las esperaban para dentro de tres o más años.

Por lo que se ve, la forma, también en el terreno económico, es fondo.

BANCA DE DESARROLLO

Elevar la atención de 500 a 7 mil empresas, meta de Laborín en 2007
Jeanette Leyva Reus
EL FINANCIERO

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se concentra en su tarea de llevar más y mejores productos a las pequeñas y medianas empresas mexicanas que participan en el sector exportador.

La meta, indicó Mario Laborín, director general de Nacional Financiera (Nafinsa) y Bancomext, es que en un año este banco pase de atender 500 empresas a siete mil, todas ellas Pymes exportadoras, porque existe un amplio potencial en ese segmento. Sin embargo, aclaró, ésa no es la única tarea que ha emprendido desde que asumió el cargo de director de ambas instituciones, pues lo importante es hacer más eficientes las operaciones de Nafinsa y Bancomext.

“En el caso del comercio exterior, la primera tarea que se ha emprendido es consolidar un solo órgano encargado de coordinar la promoción de las exportaciones del país, en lugar de que esta función esté repartida en varias entidades, como ocurre hasta el momento.”

La promoción del sector exportador ha estado presente en los principales consulados de México en el mundo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía.

“Una vez concluido (el proceso), Bancomext podrá retomar plenamente su orientación a la pequeña y mediana empresa vinculada a la cadena exportadora, ofreciéndole servicios financieros competitivos”, explicó Laborín.

Piden rescatar a Bancomext de la insolvencia
* Preocupa a la ASF la virtual “quiebra técnica”.
(Martín Román Ortiz)
EL FINANCIERO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recomponer estructuralmente la situación financiera del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), ante la severa situación de insolvencia que acerca a esta institución en forma preocupante a la “quiebra técnica”.

A recomendación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el órgano superior de fiscalización advirtió que ante el deterioro de los principales indicadores financieros, resulta urgente la intervención de la dependencia federal, así como que revise la viabilidad de extender esa acción a los demás bancos de desarrollo.

En ese sentido, señaló que la SHCP tiene que fortalecer las tareas de supervisión sobre la operación de las entidades del sistema financiero de fomento, así como redimensionar las áreas administrativas de las instituciones del sistema financiero de fomento, para evitar duplicidad de erogaciones y reducir el costo de operación.

Asimismo, también tendrá que examinar la pertinencia de fusionar y eliminar, en su caso, algunas de estas instituciones.

De manera adicional, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados citará a comparecer al titular del organismo, Mario Laborín Gómez, para que explique y fundamente la “informal” fusión de Bancomext con Nacional Financiera que realizó el gobierno federal.

SECTOR PRIVADO

Cautela de inversionistas ante la desaceleración económica
* Vislumbra el CMHN un segundo trimestre complicado.
* Excesiva burocracia, freno al desarrollo.
* Reclama IP aprobación de reformas estructurales.
Isabel Becerril
EL FINANCIERO

Para lo que resta del año, los dueños del dinero serán prudente en las inversiones que realicen en México, porque la desaceleración económica de Estados Unidos será “un poco mayor” a la esperada para el presente ejercicio, adelantó Gastón Azcárraga Andrade.

Sin embargo, el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) todavía apuesta a que el Producto Interno Bruto (PIB) del país cerrará 2007 con un crecimiento superior a 3.5 por ciento.

En entrevista con EL FINANCIERO, el dirigente del llamado club de los ricos sostiene que la desaceleración económica estadounidense es “menor”, que no es cuestión de preocuparse.

Y aunque “la disminución en el ritmo de crecimiento del vecino del norte será menor a la que pronostican algunos analistas, sí impactará a la economía mexicana, y eso no nos gusta”.

A poco menos de dos meses de que se dé el relevo en la dirigencia del CMHN, Gastón Azcárraga dice que a pesar de que la Secretaría de Hacienda modificó a la baja las expectativas de avance económico, los hombres de negocios continúan invirtiendo en el país, “pero con un poco más de prudencia, porque la demanda de nuestros productos se ha reducido paulatinamente”.

PAN

Calderón y Espino se dividen Consejo Nacional del PAN
Analistas advierten que ninguno cederá, pero prevén gane el bando del Presidente
Lilia Saúl, Juan Arvizu y Francisco Reséndiz
El Universal

Felipe Calderón, presidente de México, y Manuel Espino, líder nacional del PAN, mantienen un combate equilibrado en la batalla de estrategias para ganar la mayoría de los consejeros que les permita el control del partido.

Cada uno tiene prácticamente amarrado 50% de los 300 consejeros nacionales que asumirán en la Asamblea Nacional del blanquiazul, de acuerdo con los resultados de las elecciones recientes en los estados y a proyecciones de integrantes de la dirigencia del blanquiazul.

De los 300, 150 consejeros fueron elegidos en asambleas estatales y los otros 150 serán designados en la Asamblea Nacional, el próximo 2 de junio.

Ese día se definirá el grupo que predominará en el Consejo Nacional, integrado por 371 consejeros, que elegirá al próximo presidente nacional del PAN, en marzo de 2008.

Tanto Calderón como Espino han hecho trabajo político entre los 150 aspirantes que serán seleccionados. Dirigentes panistas afines a cada grupo indicaron que tienen asegurado 50% cada uno para sus respectivas fracciones. Aunque señalaron que 20% del porcentaje que el líder del PAN tiene asegurado podría migrar hacia el lado del Presidente, con lo que alcanzaría el triunfo la estrategia de Calderón, y frenaría una reelección de Espino.

Ven especialistas más viable triunfo de Felipe Calderón
Alfonso Zárate: ´El Yunque´ tendrá que agazaparse; Loaeza: ninguno cederá
Juan Arvizu y Francisco Reséndiz
El Universal

El grupo del presidente Felipe Calderón tiene la posibilidad de lograr el control del Consejo Nacional del PAN y, a través de ello, del Comité Ejecutivo Nacional, del proceso de elección del líder del partido y del candidato presidencial de 2012, señaló el analista Alfonso Zárate.

La eventual consolidación del grupo de Calderón le daría la posibilidad de aplicar cambios en las coordinaciones del Congreso, intervenir en las candidaturas para la Cámara de Diputados en 2009, y realizar remociones en el gabinete, expuso.

Para Soledad Loaeza, especialista en Ciencia Política, la confrontación al interior del blanquiazul es evidente, pero es una lucha en la que ninguna de las dos fracciones cederá el poder.

Loaeza explicó que la confrontación ya se veía venir y no fue sorpresa para los dos grupos que se disputan el control del partido: Los panistas tradicionales, representados por Calderón, y los sectores más conservadores identificados con el actual líder nacional, Manuel Espino Barrientos.

Alfonso Zárate consideró que el grupo del jefe del Ejecutivo ha operado para salir victorioso en la próxima Asamblea Nacional Ordinaria, del 2 y 3 de junio, en la que se renovarán consejeros panistas.

“Aunque es taimado y actúa en secrecía, es poco probable que Espino logre conservar una mayoría afín en el Consejo Nacional”, aseguró.

Barajan panistas al sucesor de Espino
Lilia Saúl
El Universal

Entre los militantes del PAN se ya habla de los posibles candidatos a relevar a Manuel Espino Barrientos, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional panista.

Mientras que los simpatizantes del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, apoyarían a Germán Martínez Cázares, actual secretario de la Función Pública, o a César Nava, secretario particular de la Presidencia, por el lado de Manuel Espino Barrientos se impulsaría la reelección o, en su defecto, a Carlos Abascal Carranza, actual secretario general adjunto del CEN panista.

El factor decisivo serán las fuerzas que predominen dentro del Consejo Nacional del PAN.

Michoacano igual que el jefe del Ejecutivo, el secretario de la Función Pública también buscó la dirigencia panista hace tres años, pero declinó para apoyar a Carlos Medina Plascencia, quien finalmente no ganó la dirigencia nacional y fue derrotado por Manuel Espino.

Niega CEN del PAN pugna entre Espino y Calderón
* No existen grupos, dice Navarro.
* Hay equilibrios y una combinación inteligente.
* Hoy termina elección al consejo nacional.
Angelle Hernández Cháirez
EL FINANCIERO

Con las propuestas que creará y presentará hoy el Comité Ejecutivo Nacional, estará concluida la etapa de elección de candidatos para el Consejo Nacional del PAN.

En sesión ordinaria, los integrantes de la cúpula partidista tendrán derecho a seleccionar a 15 miembros activos por inciso A; es decir, con pase automático para convertirse en consejeros, y por inciso B a 25 panistas que competirán el 2 de junio en León, Guanajuato, por un espacio en este órgano de decisión.

Cada miembro del CEN elige dos propuestas y posteriormente se realiza la votación de manera directa y secreta y quienes sean elegidos pueden ser parte de la propia dirigencia o estar fuera.

Según fuentes del partido, esta última batalla la ganará el líder albiazul Manuel Espino Barrientos, por tener clara mayoría en el comité que dirige.

Consultado sobre si la ventaja de los espinistas al tener el control del partido no hará “ruido” con el gobierno, el secretario de Fortalecimiento Interno del CEN, Enrique Navarro Flores, respondió:

“No hay grupos, todos somos panistas. Y no nos toca como institución o funcionario decir si habrá ´ruido´. El que quede y gane será y punto. La votación se desarrolla en el CEN. Ahí se hace un voto directo y secreto y de acuerdo con eso se realiza la selección. El paso siguiente es que las propuestas que queden, se respaldan y se aceptan.”

LEY DE RADIO Y TV

Entrevista a JAVIER CORRAL JURADO, EX SENADOR DE LA REPUBLICA
La democracia depende del fallo a la ley Televisa
La Corte puede dar una gran lección al Ejecutivo y al Legislativo
Revela que existe una grabación del exhorto de Manuel Espino a los parlamentarios panistas para que en 2006 votaran en favor de esa normativa, porque así convenía a Felipe Calderón
ANDREA BECERRIL
LA JORNADA

De la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la ley Televisa depende el futuro de la democracia en México. Los ministros pueden dar una gran lección a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que “terminaron doblegados ante la presión y el chantaje de las televisoras”, advirtió Javier Corral Jurado, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con La Jornada respondió al dirigente nacional de su partido, Manuel Espino, quien días antes le exigió probar que se hubiera presionado a los panistas para votar en sus términos la polémica legislación de medios electrónicos: “Qué mayor presión para un militante de Acción Nacional, que le digan que de la aprobación de una ley depende que su candidato presidencial triunfe, que sin Televisa no ganamos”.

Corral recordó a Espino la existencia de una grabación de ese debate de ocho horas, del 21 de marzo de 2006, en el que el dirigente, “en nombre del sistema nacional PAN”, pidió al grupo legislativo, encabezado entonces por Héctor Larios, el voto en favor de la ley Televisa, porque así convenía a Felipe Calderón.

A su juicio, Espino, Larios, la ahora secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y los otros actores políticos involucrados “en este proceso tan penoso”, deben seguir el ejemplo de Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y rectificar.

Aun si la Corte declarara sólo parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, como se propone en el proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, “será una avance fundamental, para hacer luego una corrección mayor, que quedará a cargo del Congreso”.

“Senado discutió la ley más de cuatro meses”: Jackson
El ex legislador afirma que se hizo un trabajo serio y responsable; “quienes señalan que hubo presiones del entorno político responden al oportunismo”
ARTURO ZÃ?RATE
El Universal

El Senado aprobó la reforma de medios “con una enorme responsabilidad y seriedad; no hay nada de qué avergonzarse ni se respondió a intereses particulares. Los senadores siempre supieron lo que se estaba discutiendo y la trascendencia que tenía”, sostiene Enrique Jackson Ramírez.

Hay una “brutal” diferencia entre lo que hizo el Senado y lo realizado por la Cámara de Diputados: “Los senadores discutieron el tema más de cuatro meses”, los diputados aprobaron las modificaciones a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión “en sólo siete minutos”, dice.

Por primera vez desde que se reabrió la discusión por el proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano -que advierte la existencia de por lo menos dos artículos anticonstitucionales en esa reforma que fue hecha en los meses finales de 2005 y en los primeros de 2006-, Jackson reivindica el trabajo del Senado.

“Las televisoras jalan los bigotes al Estado, éste va a reaccionar”: Corral
Para el panista, la Suprema Corte está sometida a la presión mediática, previa a su votación de la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Radio y TV
JUAN ARVIZU
El Universal

Las dos grandes televisoras “le están jalando los bigotes al Estado a cada rato, y el Estado va a reaccionar para ejercer soberanía”, dice el ex senador del PAN Javier Corral Jurado, y señala que los ministros de la Suprema Corte, como antes lo fueron los congresistas, están sometidos a la presión mediática, previa a su votación de la acción de inconstitucionalidad de la ley de medios.

En la clase política hay un malestar generalizado, apunta, “por la forma tan abusiva y prepotente en que el monopolio ha impuesto privilegios en la ley” ahora, y está en ruta de constituirse en el factor de poder que imponga candidatos a los partidos políticos. La batalla de un año contra la ley de medios está en la Suprema Corte, acota Javier Corral al inicio de una semana de visitas de trabajo diarias de ex senadores con ministros. “Se trata de colocar a la televisión -dice- en su papel estricto de intermediario, no de actor, y que no se constituya en poder fáctico sobre los poderes constitucionales”.

En entrevista con este diario, Corral emprende el último tramo en la pelea por la anulación de la ley de medios, abierta desde el 4 de mayo de 2006, en la que 47 ex senadores señalan artículos que violan la Constitución, y un conjunto de “aberraciones legales”.

OPINION

Rolando Cordera
¿Cuál es la prioridad?
LA JORNADA

¿Qué va primero? ¿Las instituciones necesarias, las reformas deducidas del libro de texto o el informe más reciente del Banco o el Fondo, o la política? Esta es una pregunta persistente en la economía del desarrollo, en particular en aquella que se propone ser economía política y abreva en la historia, la o las culturas nacionales a lo largo de la evolución capitalista (por lo menos) y en las configuraciones diversas del Estado y el poder a que ha dado lugar el despliegue de un “modo de producción” que sólo existe en cuanto tal en el universo siempre esquivo y equívoco de las simplificaciones.

No hay respuesta contundente y definitiva a preguntas como éstas, pero a medida que avanza el proceso de globalización y sus paradojas nos abruman es cada vez más claro que el gran desafío del desarrollo moderno en la globalización no admite respuestas únicas o universales, deducidas de principios de doctrina. Lo que más bien se requiere es de mucha imaginación sociológica y política y de grandes dosis de heterodoxia que abran el campo a iniciativas ideosincráticas congruentes con las peculiaridades nacionales o locales, según sea el caso.

Ser heterodoxos en cuanto a la doctrina y ortodoxos en cuanto a poner por delante el interés nacional, parece ser ya lección robusta de las experiencias exitosas de los últimos 20 años, en la difícil disciplina de “nacionalizar” la globalización en vez de caer de hinojos ante sus engañosas promesas. Lo que significa poner por delante y al mando a la política sin caer víctimas de las trampas de un pluralismo imaginado para evitar que desde el Estado se tomen decisiones impertinentes.

Precisamente a lo que renunciamos en México, desde que ante la crisis del Estado y de la economía los grupos gobernantes decidieron globalizarnos a paso veloz y reformar el Estado por la vía que se entendía como más expedita y que consistía en lo que Fernando Fajnzylver llamaba la jibarización del Estado, dejando al mercado lo demás. La ironía de esta historia es que fue en este tiempo cuando irrumpió el reclamo democrático y las masas afectadas por el cambio tomaron nota de su situación mayoritaria

En medio de una nueva quema acelerada de instituciones, que amenaza con dejarnos inermes tanto en la política como en la seguridad pública, no sobra reiterar estas enseñanzas, como todas provisionales, pero que pueden servir para reorientar una reflexión convertida en gran medida en tributaria de los bites y los jingles del globalismo y distanciada del diagnóstico cuidadoso y de la obligada referencia a la historia y los usos y abusos del Estado y del poder en que nos hemos debatido en los últimos lustros. Volver a empezar, si se quiere, pero ahora con las ventajas de una experiencia adquirida a golpe de pico, pala y demasiadas y agresivas crisis económicas, que deterioraron el empleo y dañaron de fondo nuestras capacidades productivas, en especial aquella que lleva a pensar en grande y para el largo plazo, es decir, imaginar el desarrollo y atreverse a “construir el futuro” según la frase feliz de José Antonio Ocampo.

La pérdida de competitividad o el agotamiento de las reservas petroleras, el espectro de la inseguridad o la cercanía de la anomia, podría inducir a una detallada reconstrucción de los datos básicos del presente, que permitiera evitar que en la ronda de reformas del Estado que viene, cometiéramos los mismos errores. “Jamás probar. Jamás fracasar. Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”, dijo Beckett. Así transcurrió nuestra historia del desarrollo en el siglo XX, prueba, error, acierto, tumbo, hasta que se agotaron los mecanismos correctivos y adaptativos de la política y de la economía, el Estado cayó en un autismo progresivo y el corto plazo, que es propio del mercado y de los negociantes, se apoderó de la imaginación nacional y ahora de la política. Se pierde así el sentido de Estado y la mitomanía se vuelve varita mágica, hasta que el despertar del monstruo de la violencia criminal organizada nos pone frente a la posibilidad de la demolición.

Adoptar no es sinónimo de adaptar pero aquí, a fuerza de importaciones sin control, lo hemos convertido en un verbo unívoco: modernizar. Sabemos que se ha tratado en lo fundamental de un proceso epidérmico, cuyas estructuras políticas y productivas no pueden sostener los formidables cambios en las mentalidades y la cultura acaecidos en estas décadas. De aquí nuestra orfandad y pavor ante la posibilidad de entrar a un túnel sin luz a la salida.

Quizás, aún estemos a tiempo de hacer un giro que nos aleje del círculo hipnótico en que esta guerra tan mal declarada y peor elegida nos ha metido. Como en el desarrollo económico o la democracia, es urgente reconocer que en materia de seguridad no hay cartabones. Que el Estado de derecho no “se aplica”, sino se construye, que no es posible importar libremente el Plan Colombia, porque al hacerlo incurrimos en costos sociales y políticos enormes que amenazan nuestra balanza mental como sociedad democrática balbuceante, más importante que la fiscal o la de pagos.

Seguridad: ¿cuál estrategia?
Manuel Camacho Solís
EL UNIVERSAL

La violencia cambia todo. Una es la realidad antes y otra después. México ya pasó el umbral de violencia que pueden soportar las instituciones en condiciones de normalidad. Hay un peligro real para el Estado. Si las consecuencias no se miden desde ahora, se corre el riesgo de reducir la efectividad de lo que se hace y de generar desenlaces con costos finales inadmisibles. En este momento no hay una política de Estado frente a la violencia.

La falta de aceptación a la política en curso se debe a que las condiciones políticas imperantes hacen muy difícil un acuerdo decidido y explícito. Pero también a que no existe la convicción de que lo que se está haciendo sea el único ni el mejor camino posible. No está claro cuál es el plan. Ni nada asegura que la acción en marcha sea la más efectiva: dé los mejores resultados al menor costo.

No es un problema de lealtad institucional. En materia de seguridad, sin excepción, ha habido responsabilidad de parte de los gobiernos locales de la oposición. También, debe reconocerse, ha habido respaldo federal.

Antes de que sea demasiado tarde y se exponga a las Fuerzas Armadas a costos excesivamente altos, o a que las consecuencias de lo que se hace provoquen daños irreversibles para la democracia y la sociedad, convendría hacer un alto en el camino para reflexionar sobre la política en curso. La política de seguridad debe ser legal, social y la más efectiva posible. Son tres los puntos que definen sus contenidos:

Uno. La ley. Ya Diego Valadés abordó en estas páginas el tema; señaló que nada justifica, en un estado de derecho, en la democracia, salirse de la ley. Tiene razón: es preferible, incluso recurrir a instrumentos constitucionales que no han sido utilizados hasta ahora, a actuar abiertamente fuera del orden constitucional. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad, porque lo que está de por medio es algo mucho más importante que el rating del Presidente. En la medida en la cual el Presidente cuide que sus acciones en seguridad no sean vistas como políticamente interesadas, facilitará que el Congreso debata con rigor su papel, sobre todo en circunstancias que podrían ser aún más graves que las actuales.

Dos. Lo social. Nada es más contraproducente para unir al país -en torno a un propósito común- que mezclar el combate a la delincuencia organizada con la represión a la protesta social. Si se pierde la frontera entre la necesidad de usar la fuerza para combatir al crimen, con la represión política, se estará debilitando la lucha contra el crimen y se generará un mayor conflicto social. Es sorprendente que, en una situación tan delicada, no exista el menor equilibrio en el tratamiento de Oaxaca y de Atenco: severidad para unos, impunidad para otros.

Tres. La efectividad. Nada, y mucho menos actos de propaganda, justifican que no haya una evaluación permanente de la política de seguridad que se sigue y de sus resultados. ¿Qué hace falta en materia de coordinación e inteligencia? ¿Dónde, cuándo, cuánto, quiénes? ¿Cuál es el punto óptimo donde se recupera la tranquilidad básica, se protege a la sociedad, a las instituciones del Estado y son menores los costos para las propias Fuerzas Armadas y la Policía? El principio de todo el ejercicio debe ser la claridad de propósitos, la conciencia de los límites y la evaluación de los resultados. La clave no está en la fuerza; está en la estrategia, la coordinación y la inteligencia.

Nuestra historia reciente da muchas lecciones. El análisis comparado también: mirar a nuestros vecinos del norte debiera hacernos reflexionar antes de que sea demasiado tarde. Estados Unidos han pagado costos altísimos cuando la soberbia los ha hecho pensar que podían obtener resultados que eran inalcanzables, cuando carecieron de un plan político que acompañara la acción militar y cuando incurrieron en violaciones abiertas a las garantías individuales y al debido proceso legal. ¡Enfréntese con determinación la violencia criminal, pero no al costo del fracaso, la ilegalidad o de exacerbar el conflicto social!

Trova por Yucatán
Beatriz Paredes
EL UNIVERSAL

“Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía” , dice una de las múltiples canciones que en ese caudal infinito que es la capacidad poético-musical de los yucatecos, bosqueja el paisaje rural de la península. Pero Yucatán es mucho más que la mejor trova y los talentos musicales más notables de la canción romántica de los últimos tiempos. Es mucho más que una gastronomía de fábula donde el sabor autóctono con influencia hispánica produce una cocina de variedad excepcional. Yucatán es mucho más que esa tonalidad armoniosa en la pronunciación de un castellano, salpicado de centenares de voces mayas que originan “el español yucateco”. Allí, donde se abraza haciendo loch , se hacen pequeñas las cosas anteponiéndoles chichan y grandes poniéndoles nohoch . Pensemos en una sociedad que de 106 municipios sólo siete tienen nombres castellanos, entre ellos, la capital, Mérida.

Fueron los mayas de la península los que históricamente han escenificado rebeliones indígenas de enorme envergadura.

En 1847, las revueltas indígenas presentes desde 1843, alcanzan una gran proporción, insuficientemente consignada en la historia de México. Los rebeldes llegaron a controlar las cuatro quintas partes de la península. Se denominó “La guerra de castas”. En 1846, un año antes de la rebelión, Yucatán tenía 504 mil 000 habitantes, para 1857 había descendido a 256 mil.

Hacia 1905, al imponerse la pacificación sobre los mayas, (nunca se rindieron), Yucatán vivía una época de auge con las haciendas henequeneras. Millones de pesos oro sobre el abuso de miles de indios acasillados, en condiciones casi de esclavitud. Las dolorosas secuelas de “La guerra de castas” dejaron una población inerme que no participó activamente en ninguna lucha, ni armada ni política, hasta los años 20, cuando en el Partido Socialista del Sureste estaban inscritos más de 260 mil afiliados, en su mayoría indígenas. Esta misma fuerza política apoya a Felipe Carrillo Puerto quien funda un gobierno socialista como una experiencia original, única en el sureste mexicano. Fomentó y capacitó liderazgos rurales, liderazgos indígenas con los que en lo sucesivo los grupos dominantes tuvieron que negociar, entrando así de lleno a la lucha política, aun después del asesinato de Carrillo Puerto, ocurrido el 3 de enero de 1924.

Muchas décadas han pasado desde entonces, y, afortunadamente para los yucatecos y para el país, el conflicto racial y las contradicciones sociales se encauzaron en un complejo proceso de integración y tensiones permanentes, que dibujaron un mapa político de enorme sofisticación. Así lo refleja, por ejemplo, el que en la etapa de absoluto dominio priísta en el país, en 1959, el PAN ganó una diputación federal, con el diputado José María Molina Castillo. La primera capital de un estado gobernada por un opositor al PRI fue Mérida, el panista Víctor Manuel Correa Racho, que ganó la elección en 1967.

Por parte del PRI, Yucatán fue uno de los primeros estados donde se postuló a un candidato de origen indígena, el doctor Francisco Luna Khan, y, sumado a otros destacados y destacadas políticas yucatecas, en la época contemporánea el PRI repuntó significativamente cuando Víctor Cervera Pacheco ejerció la gubernatura.

El próximo 20 de mayo, Yucatán tiene nuevamente una cita con la historia. Historia regional compleja, singular, originalísima, de la que todos tenemos mucho que aprender. En una elección de alta competitividad, en la que la figura de los años recientes del panismo yucateco, Ana Rosa Payán, fue desplazada y se tuvo que refugiar en otras fuerzas políticas; también está participando el PRD, con Héctor Herrera, y Alternativa, con Jorge Lizcano. Sin embargo, la competencia real se presenta en un escenario en el que los datos de encuestas y otros estudios proyectan a un candidato del PAN a la baja, Xavier Abreu, y a una candidata del PRI en ascenso, Ivonne Ortega.

Yucatán tiene la palabra. Puede ser gobernado por una mujer joven, con capacidad de innovación y actitud incluyente, con compromiso popular, que reconcilie a la sociedad yucateca y al mundo maya de la entidad, o bien, repetir un “retornelo” conservador, sin verdadera perspectiva de futuro.

CONVERGENCIA DIGITAL

Mantendrá SCT Acuerdo de Convergencia
* Es un instrumento adecuado para promover la competencia: Téllez.
* El funcionario descarta cambios.
* De estar en sus manos, lo habría hecho diferente.
Margarita Solis Peña
EL FINANCIERO

Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que se mantendrá el Acuerdo de Convergencia legado por la administración federal anterior y no está previsto hacerle cambios.

“El Acuerdo de Convergencia lo dejó la administración pasada para que se pudieran adherir a él distintas empresas y dieran los servicios que implica el triple play. Creo que probablemente (yo) no lo hubiera hecho, pero el Acuerdo de Convergencia ahí está y creo que hay que utilizarlo como un instrumento adecuado para promover la competencia y que efectivamente las empresas entren a participar en los distintos servicios que la tecnología permite dar en este momento”, explicó en entrevista con EL FINANCIERO.

El Acuerdo de Convergencia fue liberado en los últimos meses de la administración pasada, pero ese documento ha sido impugnado por las empresas de televisión por cable, las cuales han pedido su derogación, con el argumento de que su objetivo era quitarle a Teléfonos de México la restricción que tenía en su título de concesión para dar servicios de televisión al público.

Algunas empresas de televisión restringida ya ofrecen servicios de telefonía en el país.

Téllez visitó las instalaciones de este diario en compañía de Manuel Rodríguez Arregui y Rafael del Villar, subsecretarios de transporte y comunicaciones, respectivamente. También asistió Gonzalo Martínez Pous, jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la SCT, y Adriana Cuevas, directora de comunicación social de la dependencia.

En la reunión, Téllez agregó que con la apertura de los servicios de telecomunicaciones el sector donde habrá más competencia será el de televisión, y recordó que en el caso de Teléfonos de México podría ofrecer servicio de video a través de sus 20 millones de líneas.

Bajarán tarifas hasta 40% con el “triple play”
Contratar teléfono, internet y televisión de paga con una misma empresa es ya una realidad, lo cual genera ahorros importantes en tiempo, dinero y esfuerzo
FRANCISCO ROSAS
El Universal

La llegada del triple play a los hogares mexicanos traerá beneficios para las familias.

Alejandro Navarrete, director del Cen-tro de Investigación e Innovación en Tele-comunicaciones (Cinit), recalcó que este esquema permitirá ahorros de hasta 40% en las facturas de servicios como telefonía, internet y televisión de paga.

El organismo dependiente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) dio a conocer que en la actualidad operadores ofrecen el servicio de triple play en 10 ciudades del país y se espera que para este año se sumen 20 más.

Comentó que un freno para este mecanismo era que las cableras no podían dar por sí mismas el servicio de telefonía y se asociaban para ofrecerlo, pero por fortuna esto cambió.

Dijo que los cobros de los negocios que brindan servicio de triple play son entre 25% y 30% más baratos que uno normal, pero se espera que en el corto plazo estos ahorros sean mayores.

Ecuador, alerta ante expansión de Telmex
Indagará posibles secuelas para las firmas estatales
El Universal

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que estaba investigando las secuelas que traería para la operación del mercado y las firmas estatales la adquisición de una pequeña empresa de telefonía fija por Telmex, la mayor firma de telecomunicaciones de México.

Telmex -propiedad del magnate Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo- compró en marzo la totalidad de las acciones de Ecutel, que usa tecnología inalámbrica para brindar telefonía fija, lo que podría abrirle las puertas al gigante para desafiar el control ejercido por empresas estatales.

La incursión de Telmex ha puesto en alerta a Quito, por el impacto que provocaría en las cuentas de las telefónicas estatales Andinatel y Pacifictel, que mantiene el grueso del negocio. Correa aseguró que está investigando la adquisición de Ecutel, pero sin precisar mayores detalles.

La Chequera
* El cabildeo televisivo desatado: ¿van por tres votos?.
Alicia Salgado
EL FINANCIERO

Una foto exhibe más que mil palabras. Vea la página cuatro del periódico Reforma del sábado pasado y deje volar su inteligencia:

Hace poco más de un mes, el senador panista Federico Döring Casar, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, y el senador del Verde, Javier Orozco Gómez, a la sazón presidente de la misma Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, fueron a ver al juez de lo administrativo que analiza la solicitud de amparo del subsecretario de Telecomunicaciones, Rafael del Villar, y el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Gonzalo Martínez Pous, lo que para algunos fue interpretado como una “ingerencia” indebida para un legislador, toda vez que no eran ni siquiera terceros involucrados en el juicio.

Si lo recuerda bien, Orozco Gómez fue director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación de 1997-2001 y de entonces a la fecha, según reza su hoja de vida oficial, también actúa como consultor privado en materia de derecho corporativo, radiodifusión, telecomunicaciones y electoral, combinación que permite el análisis, en tercera dimensión si quiere, de la posibilidad de aplicación de la llamada Ley Diego, ¿no cree usted? La división de poderes es fundamental en un país que está represtigiando su democracia como es nuestro caso.

Volviendo a la dupla del albiazul y el verde, su trabajo de cabildeo conjunto frente y/o ante los miembros del Poder Judicial no quedó ahí. Ahora la foto que aludo los exhibe en pleno “cabildeo” judicial en la SCJN, acompañados de los representantes de Televisa, la empresa que preside Emilio Azcárraga.

El lenguaje corporal es tan interesante que piense y acertará. ¡No es de pronóstico!

De hecho, en la foto sale Bernardo Ledesma, el abogado de Martínez Pous atrasito y como el chinito, ¡nomás milando y, por qué no suponerlo, escuchando!

El cabildeo es cosa de real politik, pero la forma en México, no se olviden, es fondo. Por ello, se nota que “los pescaron feo”, y a ver si no después le pasan a alguien un video como el que un día le pasaron a Döring para exhibirlo con Brozo. Siempre las huellas dejan rastro, ¿verdad?

Lo peor del caso es que dicen con los que se entrevistan que llevan el mensaje del coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, hecho que dudamos porque él no necesita voceros (vejigas) de otros partidos para operar y, por el contrario, sabemos que ordenó al jurídico del Senado un análisis pormenorizado de las resoluciones que tomó la SCJN, que preside el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, para ratificar una realidad que esperaba, pues ante todo reconoce que en el fondo, las decisiones tienen que ver con una nueva realidad política que no acaba de definir su calendario de fondo en materia de reforma de Estado: si se pretendió dar legitimidad política a nombramientos de funcionarios que deben responder al Ejecutivo, ¿no implica esto el principio de una coalición, bueno para políticos, ¡no?

Por lo pronto, Teléfonos de México, de Carlos Slim, no se ha dormido en sus laureles. Eliminada la suspensión que le otorgó en el amparo promovido por José Ciprés Villaseñor, concesionario de cable en Tototlán, iniciarán en esta semana el proceso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Luis Téllez, para que puedan ofrecer video por medio de su red.

El subordinado jerárquico, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la SCT, es la Cofetel, que preside Héctor Osuna, por ser un órgano desconcentrado.

Como se definió esta semana el calendario, les podría decir que a partir de julio arranca un proceso que probablemente esté en vigor en abril o mayo del próximo año, con plena portabilidad y triple play.

Sin embargo, lo único que preocupa es que el cabilderismo senatorial que les menciono no considere para nada a sus representados ciudadanos, pero sí a sus representados empresariales. Triste: ¡no todo es lindo en la democracia!

¿Jaque mate a la ley de medios?
Ricardo Raphael
EL UNIVERSAL

Los diputados y senadores de la pasada Legislatura sí promovieron la concentración en los mercados de la radio y la televisión. Ellos sí reforzaron los privilegios de los actuales dueños de los medios, y también atentaron contra la rectoría económica del Estado. Además, en esta materia impusieron barreras irremontables contra las comunidades indígenas, perjudicando el desarrollo educativo y la integración cultural del país.

Estos no son, otra vez, los argumentos de Javier Corral. Tampoco los de Dulce María Sauri o Manuel Bartlett. No provienen una vez más de Raúl Trejo Delabre, Marco Levario Turcott, Lolita Beistegui o Aleida Calleja.

En esta ocasión se trata de las conclusiones de Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los primeros se les ha menospreciado, desprestigiado e incluso satanizado en los medios de comunicación. Su necedad ha sido mucha, pero bien dicen que la única diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. La ponencia que este ministro presentó en días pasados al pleno de la SCJN demuestra que su tenacidad valió la pena.

Esta semana se discutirá la inconstitucionalidad de la ley de medios ante los ojos de toda la nación. Nada indica todavía que los demás ministros de la Corte vayan a hacer suyos los argumentos del ministro ponente. Sin embargo, será muy difícil rebatirles. Han sido serena y sólidamente construidos. Evidencian conocimiento técnico sobre una materia muy nueva, y una lógica jurídica robusta basada en la Constitución.

A lo largo de las 546 fojas que integran el documento a discutir, Aguirre ofrece varias razones para explicar porqué las reformas a las leyes de Telecomunicaciones, Radio y Televisión -aprobadas durante la pasada Legislatura federal- vulneran varios principios fundamentales de la Carta Magna.

La primera tiene que ver con los privilegios que por tales reformas obtuvieron los pocos concesionarios que hoy dominan a ese sector económico. Según la argumentación de Aguirre, la pieza legislativa en disputa produce una hegemonía peligrosa en manos de unos cuantos particulares.

Reclama este ministro que no se haya tomado en cuenta el poder sustancial que poseen los actuales dueños de los medios. Y también que se haya extendido automáticamente su posición preponderante sobre los nuevos mercados que la tecnología digital ofrecerá con respecto a los servicios adicionales de telefonía celular e internet.

A juicio de este integrante de la SCJN, las piezas legislativas impugnadas, en lugar de abrir la competencia y la pluralidad cerraron el juego, robustecieron ventajas e impusieron inaceptables barreras económicas.

A partir de este razonamiento, Aguirre propone declarar inválido, en su integralidad, el nuevo artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión. Es decir, el precepto jurídico que graciosamente regaló a los actuales concesionarios el dominio sobre el futuro espacio radioeléctrico. Y tal cosa sin que los dueños de los medios quedaran obligados siquiera a licitar o a pagar una contraprestación monetaria por los servicios adicionales que se añadirán a su imperio.

Con ello además se privó al Estado de las facultades para regir y planear, eficiente y eficazmente, la administración de estos mercados. Es decir que se dejó en manos de los principales concesionarios el control de un bien escaso que debía ser concebido como un bien del dominio público.

El tema alcanza mayor relevancia si se considera que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información se encuentran estrechamente vinculados hoy en día con la regulación de las actividades de radiodifusión. Sólo si existe un mercado plural de medios masivos, y sólo si se cuenta con una amplia variedad de fuentes públicas, los ciudadanos pueden informarse y expresarse libremente. Por tanto, es necesario que el Estado evite la concentración de las concesiones radioeléctricas para que ambas libertades permanezcan a salvo.

En sentido inverso, los poderes fácticos sostendrían una espada de Damocles sobre estos valores tan preciados para cualquier sociedad que aspire a ser democrática.

En otro tema, Aguirre Anguiano reclamó a la Legislatura precedente haber dado la espalda al tema de la prestación del servicio de radiodifusión que, por mandato constitucional (artículo segundo), debe corresponder a los pueblos y comunidades indígenas. En concreto, era obligación del legislador ofrecer condiciones especiales y asequibles para que las radios comunitarias se desarrollen.

Al colocar como único mecanismo para la obtención de frecuencias radioeléctricas la licitación por subasta, el legislador violó las garantías de igualdad y no discriminación protegidas por las leyes mexicanas.

No resulta demasiado complicado saber qué sucedería en el momento en que una comunidad quisiera obtener una frecuencia radial, si para hacerlo se viese forzada a competir en tecnología y recursos monetarios contra alguna de las siete grandes cadenas radiofónicas del país.

De quedarse las cosas como están, evidentemente el mecanismo de la subasta les terminará eliminando del espacio público mexicano. Por ello Aguirre Anguiano propone al pleno de la SCJN que se exija al Congreso hacer de nuevo y bien, esta tarea encomendada por la Constitución.

Esta semana podrá observarse por el canal del Poder Judicial el debate que el resto de los ministros sostendrán a propósito de dicho acto de inconstitucionalidad. Será un formidable momento pedagógico sobre la forma en que procede la justicia mexicana con respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo pronto, el sólo documento del ponente encargado ha dejado en blanco y negro suficientes razones y argumentos para hacer ruborizar a quienes, de manera cínica e irresponsable, se dejaron presionar en su día por los poderes fácticos.

Aún falta el juicio jurídico final, pero no se necesitaría mucho más para emitir un juicio moral condenatorio frente a quienes traicionaron los intereses ciudadanos a cambio de unas cuantas migajas al servicio de sus campañas electorales.

No sobra decir que con esta resolución la Corte cuenta con una magnífica oportunidad para demostrar que no está ocupada únicamente de resolver conflictos y diferencias entre los poderes y los poderosos, sino que también se ocupa de velar por los asuntos de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad mexicana.

Analista político