Jue 17 May 2007
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SINTESIS DE PRENSA
JUEVES 17 DE MAYO DE 2007
LEY DE RADIO Y TV
Piden que contribuyan con argumentos al debate
Llaman senadores a emisoras a dar fin al linchamiento mediático
GEORGINA SALDIERNA , VICTOR BALLINAS , ELIZABETH VELASCO , JOSE GALAN
LA JORNADA
Senadores de PRD y PAN exhortaron ayer a las televisoras a que cesen la campaña de descalificación y linchamiento puesta en marcha en medio del debate sobre la llamada ley Televisa, porque no contribuye a dar elementos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que decidan sobre el caso.
Las televisoras -dijo el senador perredista Carlos Sotelo- deben contribuir a una discusión de ideas y argumentos, y dejar de lado campañas de linchamiento -como la que se ha observado recientemente en las pantallas- contra quienes acuden a la Corte a pedir que se revise la legislación. Eso no contribuye a un debate democrático, técnico y jurÃdico útil al paÃs y que se corresponda con el ejercicio de reflexión al que convocó el máximo tribunal, subrayó.
En la sede nacional del PAN, el secretario general de ese partido, José Espina, aseguró que no habrá oposición hacia los senadores y diputados de su partido que se manifiestan contra la ley Televisa.
Pide panista otorgar más poder a Cofetel
Presenta Döring iniciativa en la Permanente. Propone panista ampliar facultades de órgano regulador de telecomunicaciones
Claudia Guerrero
REFORMA
El senador panista Federico Döring, uno de los principales defensores de la denominada Ley Televisa, propuso ayer una reforma para otorgar más poder a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En medio del debate por las reformas impugnadas ante la Corte, y luego de que un juez federal puso en duda la integración de dicha comisión -a través de un amparo-, el legislador federal presentó una iniciativa para que el órgano desconcentrado sea la autoridad responsable en distintos temas.
Döring propuso que la Cofetel sea la responsable del acceso al mercado de nuevos participantes, mediante el otorgamiento de permisos y concesiones, y que tenga facultad coercitiva para imponer sanciones cuando la regulación establecida no sea cumplida por los proveedores de servicios.
El legislador planteó reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de establecer de precisar las atribuciones del órgano regulador.
“Se incorpora un artÃculo 9-F, a través del cual se pretende fortalecer aún más la transparencia de los procedimientos administrativos de la comisión, señalando los principios en que éstos se deben sustentar, tales como: el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en México, la sana competencia, mejores precios, diversidad y calidad de servicios, fomento a la convergencia, cobertura social, entre otros”, señala la iniciativa.
En la propuesta se adiciona también un artÃculo para establecer mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
PND
Presenta versión preliminar del PND, en la que reitera muchas propuestas de campaña
Con desalentador diagnóstico, plantea Calderón los cinco ejes de su gobierno
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
LA JORNADA
El gobierno del presidente Felipe Calderón busca atraer inversión “complementaria” a la del Estado en el sector energético, ampliar las opciones de contratación laboral -debido a que las actuales son “rÃgidas y sumamente costosas”-, incrementar la inversión privada en infraestructura y hacer un cambio hacendario “en todos los órdenes”.
Asà lo explica el documento preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), que entregó ayer a los presidentes y coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PASC, Nueva Alianza, PVEM y Convergencia, con los que se reunió en privado en la residencia oficial de Los Pinos. Ningún representante de PRD ni PT acudió.
El texto de 52 páginas reitera muchas de las propuestas de campaña de Calderón y parte de un desalentador diagnóstico sobre la situación del paÃs en cinco ejes: estado de derecho y seguridad, economÃa competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia.
A la encerrona asistieron los dirigentes del PRI, Beatriz Paredes; del PAN, Manuel Espino; del PVEM, Jorge Emilio González; de Nueva Alianza, Tomás Ruiz, y del PASC, Alberto Begné; el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, asà como los lÃderes legislativos panistas Santiago Creel y Héctor Larios.
Por el Frente Amplio Progresista sólo acudió el secretario general adjunto de Convergencia, Manuel Carbonell. Por el gobierno federal: el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño; el secretario de Hacienda, AgustÃn Carstens, y el de Gobernación, Francisco RamÃrez Acuña.
González Torres, el senador priÃsta Carlos Aceves del Olmo y la diputada del PASC Marina Arvizu señalaron que seguramente cada partido hará ajustes según su agenda parlamentaria.
Las polÃticas públicas incluyen propuestas de reforma para favorecer la formación de mayorÃas y coaliciones partidarias, incrementar el producto interno bruto (PIB) más de lo registrado en dos décadas, asà como fomentar la inversión en el sector de telecomunicaciones, eliminando barreras a la competencia y promoviendo la convergencia tecnológica.
CONFLICTO POSTELECTORAL
Ignora el IFE quiénes financiaron 200 mil espots a partidos polÃticos
No fueron reportados o justificados, señala la Comisión de Fiscalización del instituto
Se abrirán procesos oficiosos de investigación para el esclarecimiento de esa irregularidad
ALONSO URRUTIA
LA JORNADA
Al cierre del proceso de análisis de los informes de campaña de partidos, la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) estimó en más de 200 mil los promocionales que finalmente no fueron reportados o justificados, por lo que no hay evidencia de quiénes los financiaron. Ante ello, anoche prácticamente era un hecho la apertura de procesos oficiosos de investigación a todos los organismos polÃticos para el esclarecimiento de esta problemática.
En este contexto, durante una larga jornada de reuniones privadas de la citada comisión, se avanzaba en la aprobación de los dictámenes de los cinco partidos y coaliciones contendientes, estimándose en más de 500 las irregularidades cometidas en conjunto; algunas ameritarán que el IFE dé vista a la ProcuradurÃa General de la República (PGR) y a la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la posible comisión de delitos de orden penal y fiscal.
Aunque la Comisión de Fiscalización operó con gran hermetismo en cuanto al contenido de los dictámenes, trascendió que la Alianza por México, integrada por PRI y PVEM, fue la que mayores irregularidades cometió y, por ende, la que se habrÃa hecho acreedora a una mayor multa por sus manejos financieros durante la campaña.
Sin embargo, proporcionalmente al gasto erogado, el Partido Nueva Alianza fue el que mayor impacto tuvo en cuanto al monto de la sanción. No obstante, se prevé que las multas no serán onerosas, pero eso iba a ser discutido en la madrugada, aunque se consideraba que en ningún caso rebasarÃa los cien millones de pesos.
Entre algunos consejeros la preocupación central al analizar el conjunto de los dictámenes fue
el papel de los medios electrónicos en las inconsistencias de los informes de campaña. La interrogante de quiénes pagaron más de 200 mil espots, no justificados pero corroborada su transmisión por el monitoreo de Ibope, obligó a abrir nuevos espacios de investigación para detectar posibles financiamientos irregulares, bonificaciones de medios electrónicos -transgrediendo la prohibición- o responsabilidad de los partidos.
SEGURIDAD PUBLICA
Narcoviolencia deja 22 muertos en Sonora
El mayor choque reportado en la lucha con crimen organizado
Marcelo Beylis
El Universal
HERMOSILLO, Son.- El mayor enfrentamiento reportado en el combate contra el crimen organizado dejó en Sonora un saldo de 22 personas muertas (15 sicarios, cinco policÃas y dos civiles).
Los delincuentes murieron al enfrentar a policÃas estatales, luego de que la madrugada de ayer miércoles integraron un comando de unos 50 miembros para irrumpir en el municipio de Cananea y secuestrar a siete policÃas y seis civiles.
De ellos, asesinaron a cinco oficiales y a dos personas que no pertenecen a corporación alguna; dejaron en libertad a dos policÃas y a cuatro civiles.
Luego de que el comando se internó en la sierra de Arizpe, fue detectado aproximadamente a las 15:00 horas un helicóptero del gobierno estatal.
En un intento por detener el avance de los pistoleros se tendió una barricada, pero fue superada por dos vehÃculos blindados que utilizaron los delincuentes.
En ese momento comenzó el enfrentamiento. Muchos de los sicarios abandonaron sus vehÃculos y huyeron a pie. Los elementos policiacos tendieron un cerco para rodearlos. La balacera se prolongó por más de dos horas.
COMERCIO EXTERIOR
Inoperable, el proyecto demostrativo
Ley de transporte de EU viola el TLC: Sojo
En conferencia de prensa telefónica desde ParÃs, Francia, el funcionario reiteró que “pensamos que es una ley que no debe pasar y vamos a hacer lo que nos corresponde con el Senado y con la administración del presidente George W. Bushâ€?.
MILENIO
El secretario de EconomÃa, Eduardo Sojo Garza Aldape, dijo que es violatoria del TLCAN la iniciativa de ley que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el sentido de ampliar de uno a tres años el proyecto demostrativo de apertura de transporte transfronterizo con México.
Mencionó que el gobierno de México, principalmente a través de la SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Luis Téllez, y de la propia SecretarÃa de EconomÃa, cabildeará con los senadores de Estados Unidos para “sensibilizarlosâ€? respecto a la importancia de no aprobar dicha ley.
En conferencia de prensa telefónica desde ParÃs, Francia, el funcionario reiteró que “pensamos que es una ley que no debe pasar y vamos a hacer lo que nos corresponde con el Senado y con la administración del presidente George W. Bushâ€?.
OPINION
Orlando Delgado Selley
Un campo de juego muy desnivelado
LA JORNADA
Desde hace tiempo el Banco Mundial (BM) ha insistido en que una de las razones por las que no se han logrado las metas económicas ofrecidas por los promotores de las reformas de mercado es la concentración del ingreso y del poder. En 2005 en el Informe sobre el desarrollo mundial el tema central fue equidad y crecimiento y su inverso inequidad y mediocridad del crecimiento. A finales de 2006 publicó La trampa de la desigualdad y su vÃnculo con el bajo crecimiento en México; en febrero dio a conocer un extenso análisis sobre la desigualdad en América Latina y hace unos dÃas entregó el estudio Gobernabilidad democrática en México, más allá de la captura del Estado y la polarización social.
Esta insistencia pudiera resultar extraña para algunos, ya que la enorme desigualdad está relacionada con las polÃticas que el BM ha venido preconizando. Sin embargo, si se piensa en América Latina la preocupación es explicable. En la región las izquierdas gobiernan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela y su gestión parece más exitosa que la de sus vecinos. México pudiera convertirse en un valladar invaluable en la defensa del modelo neoliberal si, y sólo si, su economÃa funciona de manera adecuada, mejorando sensiblemente el nivel de vida de la población.
El asunto es estratégico para el BM. Pero para que el gobierno mexicano instrumente sus recomendaciones hace falta que, primero, se convenza de su pertinencia, luego decida hacerlo y, en seguida, sea capaz de llevar a cabo una serie de acciones que combatan la desigualdad. Se tratarÃa de construir un programa polÃtico de lucha contra la desigualdad. Esto, sin embargo, no resulta apremiante para el gobierno de Calderón. Para ellos, el terrible desnivel de los campos de juego económico y polÃtico no es inadecuado. Al contrario, todo indica que entre sus prioridades está conseguir mayores desniveles.
La ley Televisa fue aprobada por todos los partidos con representación en la Cámara de Diputados. La concentración en telefonÃa, con sus impactos en los costos generales, tampoco parece preocuparles. Un sistema financiero con costos por sus servicios muy por encima de los existentes en otros paÃses, que acapara el ahorro en cuatro empresas y que, además, no lo usa para financiar actividades productivas. Junto a esa concentración monopólica está la sindical. El SNTE y otros sindicatos antes priÃstas, y ahora lo que resulte polÃticamente conveniente, son factores que generan inequidad económica y, sobre todo, han minado la democracia.
De modo que al gobierno no le interesa combatir los “grupos de interés ni los monopolios”, ya que son parte de la alianza que le apoyó para mantenerse en el control del aparato administrativo. Los impactos económicos y polÃticos de su permanencia están entre los costos descontados por el aparato. La falta de competitividad de la economÃa no ha impedido que esos grupos monopólicos empresariales y sindicales incrementen su patrimonio. Los listados de Forbes son elocuentes no sólo por lo que ha crecido la fortuna de Slim, sino por la de los otros grandes ricos que, precisamente, controlan las industrias cementera, cervecera, farmaceútica y el sector financiero.
Justamente por ello el BM ha decidido hacer campaña. Convencer a la opinión pública de que debe nivelarse el campo de juego. De otra manera se complicará la gobernabilidad, la democracia languidecerá y el crecimiento será pÃrrico, aunque contemos con estÃmulos tan relevantes como el precio del crudo y las remesas de los migrantes mexicanos. El impacto de sus análisis y recomendaciones crecerá si se genera un movimiento ciudadano que obligue al gobierno a actuar.
Entender la motivación del BM es importante, porque ayuda a la formación de un frente antimonopolios que pudiera generar acciones que establezcan las coordenadas de una democratización profunda, del retorno a una posición competitiva y que dé inicio a una verdadera lucha contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la laxitud de sus propuestas poco ayuda. La relección de los legisladores, el que rindan cuentas, olvida que son el producto de un sistema polÃtico que está también concentrado. El oligopolio polÃtico escoge a sus candidatos no por su capacidad y convicciones, sino por su pertenencia a los grupos de interés empresariales, sindicales y polÃticos. Asà que para combatir verdaderamente la concentración hace falta algo más que recomendaciones.
DÃa con dÃa
Héctor Aguilar CamÃn
La mejorÃa del mundo
MILENIO
The Improving State of the World, que traduzco libremente como La mejorÃa del mundo, es el nombre del libro que Indur M. Goklany ha dedicado a desmentir con cifras nuestra melancólica certidumbre de que el mundo va de mal en peor. Va de mejor a mejor, dice Goklany y se remite a las cifras que documentan, sin fisura de duda, su optimismo.
El libro, de cuya reseña tengo noticia por la infatigable capacidad de mi amigo Luis Rubio para leer y compartir sus lecturas de prensa internacional de muchos hechos y pocas opiniones, registra los indicadores de bienestar fundamentales del mundo actual y su evolución histórica
La esperanza promedio de vida en el mundo ha pasado de 30 años en 1900, a 45 en 1940, a 69 en el año 2000.
En el mundo hay casi tantos pobres hoy (1,300 millones) como habÃa hace dos siglos, a principios del siglo XIX (1,500 millones). Pero los pobres de hoy representan sólo el 22 por ciento de la población mundial mientras que los de 1800 representaban el 85 por ciento.
La tasa de desnutrición en los paÃses en desarrollo cayó del 37 por ciento en 1970 al 17 por ciento en 2001, a pesar de que la población en esos paÃses aumentó en un 83 por ciento.
La tasa de analfabetismo cayó también, de 46 por ciento en 1970 a 18 por ciento en los primeros años del siglo XXI.
Entre 1975 y 2002, el consumo de calorÃas mundial por cabeza subió de 2,540 a 2,863. La tasa de mortalidad infantil cayó de 44 a 17 por cada mil nacimientos. El porcentaje de inscritos en educación superior pasó de 9.4 a 22.8 por ciento.
El alegato esperanzador de Goklany se centra en combatir el pesimismo ecológico y demostrar que la mayor fuerza conservacionista, restauradora de la naturaleza, es el desarrollo, no la inmovilización de las fuerzas productivas.
La riqueza acaba conservando más de lo que destruye en el mundo natural, dice Goklany y lo prueba con sus cifras. Un mundo sin alta productividad es el peor escenario para la conservación y la restauración de la naturaleza.
Sobre La mejorÃa del mundo ha dicho el premio Nóbel de economÃa Robert Fogel: “Esta percepción positiva del impacto del crecimiento económico y del cambio tecnológico sobre el bienestar humano es un antÃdoto contra las profecÃas de una inminente era de penumbras y perdiciónâ€?.
¿Ejército vs. el narco?
Jorge Chabat
EL UNIVERSAL
Desde mediados de los años 90, cuando el gobierno del presidente Zedillo decidió utilizar al Ejército en el combate directo al narcotráfico, se ha desarrollado una discusión en México sobre la conveniencia de esta medida. El argumento principal para criticar este uso de las Fuerzas Armadas ha sido que con ello se expone al Ejército a la corrupción.
Y ciertamente sobran los ejemplos de que esto ocurre. Basta, por ejemplo, recordar el escándalo del arresto del comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, el general Gutiérrez Rebollo, por sus nexos con el narco. Esta discusión se ha revivido a últimas fechas a raÃz de los operativos policiaco-militares contra el narcotráfico desarrollados por el presidente Calderón en varios estados de la República desde el inicio de su sexenio. Dado que estos operativos no han reducido los niveles de violencia vinculada al narco, las crÃticas contra los mismos y contra el uso del Ejército han aumentado.
La lista de los crÃticos más recientes abarca a los lÃderes de las fracciones del PRI y del PRD en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, asà como al representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos e incluso a quien fuera el candidato presidencial del PRD en 2006, Andrés Manuel López Obrador. El argumento principal para oponerse a la participación del Ejército en esta lucha es que éste no está preparado para desempeñar funciones policiacas, aunque seguramente en estas crÃticas habrán influido también los ataques que el crimen organizado ha hecho recientemente contra efectivos militares asà como las acusaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros del Ejército en Veracruz y Michoacán.
Ciertamente, resulta difÃcil negar que muchas de estas crÃticas son ciertas. En efecto, el combate al narco ha expuesto a los militares a la corrupción. También los expone a ataques violentos del narco y aumenta las posibilidades de violaciones a los derechos humanos. Además, es cierto, la función original del Ejército no es la seguridad pública. Lo ideal serÃa que el combate al narco lo desempeñaran los cuerpos policiacos. Es cierto. Sin embargo, el problema de fondo es que las otras opciones parecen peores. El uso de los cuerpos policiacos ha probado durante años ser totalmente inútil para controlar al narcotráfico y ha contribuido al crecimiento de este fenómeno. Esto es, si bien se puede argumentar que el Ejército no está preparado para el combate al narco, lo cierto es que los cuerpos policiacos tampoco. La narcocorrupción ha carcomido durante años a las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales. Asà de simple.
Por ello el gobierno mexicano decidió usar al Ejército, y la verdad es que su utilización ha derivado en una mayor eficiencia en la captura de capos del narcotráfico. El uso del Ejército también ha permitido tener una mayor presencia del Estado mexicano en zonas dominadas por el narco, aunque ciertamente no ha logrado que disminuyan los niveles de violencia. En otras palabras, la utilización del Ejército en el combate al narcotráfico no ha disminuido hasta ahora ni la violencia ni el tráfico de drogas, pero todo indica que la opción de usar sólo a los cuerpos policiacos servirÃa para potenciar la corrupción que genera el narco y fomentar un crecimiento de este negocio.
En este sentido, llama la atención que quienes critican el uso de las Fuerzas Armadas no hayan propuesto alternativas a corto plazo. El senador Beltrones propuso que el Ejército regrese “a sus labores habituales” en un “periodo muy conveniente de tiempo”. Ello suena desde luego muy razonable, pero, ¿cuál es ese periodo de tiempo? Probablemente varios años; lo que tome para tener policÃas eficientes y honestas.
López Obrador, por su parte, también planteó soluciones de largo plazo. El ex candidato perredista dijo hace un par de dÃas que el narco debÃa combatirse “con la generación de fuentes de empleo, con garantizar el acceso a la educación de los jóvenes asà como con el uso de la inteligencia contra la violencia y la inseguridad en lugar de la fuerza bruta”.
Como se puede apreciar, a pesar de que muchas de las crÃticas que se hacen a la utilización del Ejército en la lucha contra el narcotráfico suenan razonables, no parece que existan opciones viables en el corto plazo. Obviamente, cuando se está fuera del poder es muy sencillo y conveniente criticar el uso de este recurso. Sin embargo, cuando hay que enfrentar de manera cotidiana este fenómeno no hay mucho margen de maniobra. Y si no, pregúntele al candidato del PRD a la Presidencia, quien ante la perspectiva de ganar las elecciones propuso, el 29 de enero de 2006, que las Fuerzas Armadas tuvieran más participación en la lucha contra el narco, pues “al incrementarse sus facultades en el combate al crimen organizado se lograrÃan mejores resultados”. Según López Obrador, la “lealtad y el espÃritu de servicio” del Ejército eran una garantÃa para que no hubiera una asociación con los delincuentes. Como se ve, lo que uno dice depende de dónde uno se sienta.
Militarización y desigualdad
Enrique del Val Blanco
EL UNIVERSAL
Las imágenes cotidianas de los periódicos y programas informativos con las noticias de sangre en la lucha emprendida por este gobierno contra los narcotraficantes son abrumadoras. Está claro que el mensaje que se está enviando a la población es de miedo y terror en cualquier parte del paÃs, y las autoridades, en lugar de tranquilizar explicando la situación, la agravan al mandar mensajes contradictorios, según sea la fuente que los pronuncia.
Pero lo más peligroso de esta lucha contra el narcotráfico es la participación del Ejército mexicano en amplias partes de la República y tomando el control de poblaciones enteras, como si estuviéramos bajo un estado de sitio. Esta militarización descarada no puede traer ningún beneficio ni a la lucha contra el narcotráfico ni a la democracia mexicana.
Hasta ahora en ninguna parte del mundo el ejército le ha ganado la batalla a los narcotraficantes; en cambio, ha corrompido a las fuerzas armadas, cayendo en las garras de la corrupción a través del dinero inmenso que tienen estas mafias. Tradicionalmente, el Ejército mexicano, con unas cuantas excepciones, se habÃa distinguido por estar al margen de las prácticas corruptas. Ahora que este gobierno decididamente lo ha sacado de los cuarteles al pavimento, será responsable de lo que se vea no sólo en materia de sangre, sino de corrupción. No es nada halagüeño ver tantos uniformes verdes en las calles. Como decÃa un viejo lÃder sindical, luego ya no se van a querer regresar a los cuarteles.
DÃa a dÃa se empiezan a conocer más y más denuncias en contra de los diferentes cuerpos policiacos, incluyendo a los militares, por diversas violaciones a las garantÃas que todos los mexicanos tenemos. Es urgente y necesario investigar las denuncias que los ciudadanos han interpuesto sobre hechos irregulares, y en aquellas que sean comprobadas, proceder de inmediato.
Paralelamente a esta militarización y virtual estado de sitio, el gobierno ha emprendido una serie de reformas y ha anunciado otras que también han generado desasosiego en parte de la sociedad mexicana. Empezando por la nueva Ley del ISSSTE, que dÃa a dÃa gana adeptos en contra por la vÃa de los amparos y las manifestaciones de todo tipo. La mayorÃa de los derechohabientes de este instituto no saben hasta la fecha cuáles son las supuestas ventajas; en cambio, sà ven que muchos de sus lÃderes están contra ellas. A nadie del gobierno se le ha ocurrido hacer un esfuerzo claro y sencillo de información sobre la nueva ley, a menos que también estén de acuerdo en que no benefician mayormente a los derechohabientes.
Lo que está claro es que, sin duda, el ISSSTE está quebrado y que para poder dar los servicios a los cuales está obligado era necesario hacer cirugÃa mayor. Pero también está claro que las carreteras concesionadas y los ingenios azucareros también estaban quebrados, pero ahà el gobierno puso el dinero y los rescató. En el caso del ISSSTE, por lo visto, se trata de que sean los derechohabientes los que paguen el desastre del instituto, producto de los malos manejos de años y años.
Además, según varios analistas, tampoco con esta nueva ley están asegurados la sustentabilidad y servicios del instituto. Los ejemplos de paÃses hermanos de América Latina, como Chile, Perú y Argentina, que hicieron algo parecido individualizando las cuentas, les está saliendo mucho más caro de lo que pensaban y aquà ocurrirá lo mismo, sobre todo con la estructura demográfica que tenemos.
Aunado a esta cuestionada Ley del ISSSTE, que todavÃa nadie puede asegurar en qué acabará, ahora el gobierno pretende hacer una reforma fiscal para obtener mayores recursos y, según las noticias que han aparecido en los medios, también en este caso están actuando mal.
Según la información que se tiene, sólo 8% de la población es la que carga con la mayor parte de los impuestos y, como lo decÃa el editorial de nuestro periódico el sábado pasado, en nuestro paÃs los extremos se recargan ya que mientras los más ricos y sus empresas encuentran los huecos y las lagunas legales para deducir su pago de impuestos, los informales, que son más de 10 millones, no pagan nada y sà gozan de servicios públicos. Y ante esto la propuesta gubernamental es cargarle la mano a los causantes cautivos.
Se ha mencionado que las autoridades hacendarias pretenden eliminar el subsidio que gozan los asalariados de más bajos ingresos, siendo esta medida una de las pocas que estarÃan dentro de un esquema de redistribución del ingreso.
El mes pasado, el auditor superior de la Federación mencionó en su informe el caso de grandes contribuyentes que no pagan ni mil pesos anuales de impuestos, debido a las ventajas que les da el fisco, lo cual es una verdadera vergüenza y un atraco a la nación. Hasta hoy ningún funcionario gubernamental ha dicho ni media palabra para desmentir lo dicho por el auditor, lo cual confirma el hecho.
Es por ello que la SHCP, antes de iniciar su cabildeo con los miembros del Congreso para su reforma hacendaria, debe dar muestras de que en verdad busca no sólo mayores ingresos tributarios, sino también reducir la desigualdad creciente en nuestro paÃs; para ello, deberÃa empezar por cobrar más impuestos a los que más tienen y no al revés, como parece ser la propuesta.
Si les está costando mucho implantar la ley del ISSSTE, más les costará pasar ante el H Congreso una reforma fiscal regresiva y antipopular.
Los problemas del paÃs de ninguna manera se resuelven con la militarización creciente de la nación, la cuasisuspensión de garantÃas ni, aunado a ello, con propuestas regresivas en materia económica y social que tienden a incrementar la ya de por sà escandalosa desigualdad que existe. El gobierno debe dejar de apostar a que los mexicanos aguantan mucho, porque a lo mejor revientan la liga antes de lo que piensan.
Es imposible ganar la batalla contra el narcotráfico profundizando la desigualdad en el paÃs.
La República de arena
Porfirio Muñoz Ledo
EL UNIVERSAL
Asistimos estos dÃas al espectáculo de la demolición plástica del Estado, que de modo cotidiano nos golpea mediante la brutal eliminación de quienes lo encarnan. Todos los análisis sobre la preeminencia de los poderes fácticos sobre las instituciones públicas, como fruto podrido de la era neoliberal, se están cumpliendo en México con la fatalidad de las profecÃas. Lo más grave es la pérdida de la esperanza, aun entre los optimistas.
El pundonoroso comentarista René Delgado ha escrito que tres poderosas fuerzas ocupan hoy los espacios polÃticos: los medios electrónicos de comunicación, las Fuerzas Armadas y el gremio magisterial. En el peligroso juego que promueven no aparecen los partidos, el Congreso ni el gobierno. Concluye que asistimos a un torneo de poderes reales “donde la República no es sino la arena”. Me permitirÃa matizar: el campo de batalla es el paÃs y la República se disolvió en arena.
No alude a la ilegitimidad de origen del gobierno en funciones ni a la pesada carga de las deudas electorales que incrementan dramáticamente su vulnerabilidad. Describe un Ejecutivo paralizado ante una responsabilidad que lo rebasa, altos funcionarios carentes de personalidad y la polÃtica desaparecida en el gobierno; nulo interés por otros campos de la administración que no sean la seguridad y un panorama de contradicciones en el que no asoma “la organización, la inteligencia ni el proyecto”.
Comenzaré por la última de esas patologÃas: el secuestro del sistema electoral y de la educación nacional por una gavilla de forajidos escudados en el gremialismo. Se trata de un fenómeno paradigmático, porque en ambas esferas actúan con ostensible ilegalidad y absoluta impunidad. Su capacidad para infiltrar peones en la organización de los procesos comiciales y luego de corromperlos les es retribuida con parcelas sustanciosas de poder público, que a su vez retroalimentan tan vulgar mercenariato.
Una de las mayores corruptelas de estos tiempos es la ocupación de los espacios de mando precisamente por aquellos que debieran ser sujetos de su regulación. Ese es el objetivo que persiguen quienes influyen torcidamente en la elección de autoridades, llámense crimen organizado, interés económico u organización corporativa. El problema es mayor en tanto más relevante es la función de Estado que se pervierte. En el caso de la educación, he dicho que constituye una genuina tragedia nacional.
No es extraño que esta alerta haya llegado a las puertas de la proyectada reforma del Estado. Quienes aprestan en este momento sus propuestas están en la búsqueda de fórmulas legales capaces de blindar a las instituciones contra semejantes degradaciones. Coinciden en que es indispensable atajar la influencia del dinero en la formación del poder, cuando menos a través de la prohibición del uso comercial de la radio y la televisión con propósitos electorales, la eliminación de las aportaciones privadas y el saneamiento de los procesos comiciales y contenciosos.
HabrÃa que extirpar además los tumores cancerÃgenos ya incrustados en la administración. Por ejemplo: ¿cómo contrarrestar la influencia perniciosa de los gremios sobre el quehacer educativo y el éxtasis del favoritismo con que se apropian de los recursos públicos? CabrÃa pensar en disposiciones legales más estrictas, inclusive de jerarquÃa constitucional. Pero serÃa en todo caso indispensable que se acatara la norma, ejerciendo las capacidades investigadoras del Congreso, procediendo por la vÃa judicial, movilizando a la opinión pública y despertando las potencialidades de los padres de familia.
Por lo que hace a la guerra civil entablada entre las Fuerzas Armadas y los agentes del narcotráfico, habrÃa de aclarar que el Ejército es en este caso el actor emergente, que bruscamente vio trocado su papel de última ratio de la soberanÃa en primera trinchera de la contención. El verdadero poder paralelo es la organización multidimensional del crimen, cuyas cabezas, circuitos transnacionales de acción y mecanismos operativos básicos permanecen intactos. La lección de esta aventura es que el Estado deja de serlo cuando pierde el monopolio de la violencia.
No hemos medido todavÃa las consecuencias presumibles del curso de acción adoptado por el gobierno. No podrÃa afirmarse que sus decisiones se hayan beneficiado del “bono democrático”, porque éste nunca existió; más bien se vieron favorecidas por el vacÃo polÃtico. Los partidos y los sectores crÃticos fueron tomados por sorpresa y actuaron con retraso y tibieza, tal vez por temor a la reacción mediática o por falta de respuestas proporcionadas a la complejidad del problema.
Muchos hemos transitado del estupor a la reflexión y no pocos a la indignación. Se suceden las denuncias, pero también las grandes preguntas: ¿por qué durante los últimos 20 años multiplicamos y diversificamos nuestra producción de estupefacientes, adquirimos centralidad en el tránsito de mercancÃas y en el lavado de dinero e incrementamos exponencialmente nuestro consumo? ¿Qué influencia tuvo en ello la corrupción de los altos niveles del poder, particularmente en tiempo de Salinas? ¿Qué relación guardan estos fenómenos con la apertura internacional del comercio y nuestra gradual supeditación a los intereses de Washington en la materia?
Pero también las interrogantes del futuro. Los temas cruciales a debate van de la viabilidad y conveniencia de la legalización de las drogas, hasta los requerimientos de una estrategia sofisticada que abarque las cuestiones financieras, la reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad pública y el combate sin cuartel a la desigualdad. El reconocimiento de una sociedad dual y de un enfrentamiento estructural, donde la iniciativa y el poder creciente están de la otra parte y el temor y desconcierto cimbran a las instituciones residuales.
En la disputa por la hegemonÃa de los medios, el parteaguas parecerÃa estar colocado en la inminente determinación de la Suprema Corte, la que en el mejor de los casos apenas significarÃa un repunte de la decencia. Si el proyecto del ministro Aguirre Anguiano se aprobase, quedarÃa limitado el incremento de los privilegios, tanto por lo que hace a una tramposa convergencia tecnológica, como al carácter abusivo de las subastas y a la concesión casi automática de servicios adicionales de comunicaciones en favor de los actuales grupos monopólicos. Nada se avanza sin embargo en la recuperación de las potestades públicas sobre las concesiones a perpetuidad.
No se extraen para nada las conclusiones lógicas de la rectorÃa del Estado que se invoca. Seguimos entrampados en una legislación que desde sus orÃgenes, en 1960, careció de fundamento constitucional. Se necesita una operación de cirugÃa mayor que propicie la democratización de los medios, auspicie la radio y la televisión públicas, establezca una autoridad reguladora autónoma, promueva la pluralidad cultural, defienda el interés ciudadano y haga corresponder los contenidos de las emisiones con los valores y principios de la República.
Ese es el tamaño de las reformas prometidas. Esa es la responsabilidad que se deduce del protagonismo asumido por el Congreso y, tal vez, la tabla de salvación que conjure la desesperanza.
UNT-LEY DEL ISSSTE
La próxima reforma fiscal no ‘’cargará la mano'’ a los trabajadores: Lozano
Sugiere al sector laboral esperar a conocerla y no descalificarla a priori
El secretario del Trabajo llama a negociar a los inconformes con la nueva Ley del ISSSTE SerÃa más productivo sentarse a dialogar que realizar paros y bloqueos, sostiene
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA
El gobierno federal no aplicará más impuestos a los salarios de los trabajadores, aseveró ayer el titular de la SecretarÃa del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, y dijo que no hay la pretensión de ‘’cargarle la mano'’ a este sector con la reforma fiscal, y mucho menos se tiene previsto gravar a quienes perciben hasta cuatro salarios mÃnimos.
El funcionario federal exhortó a los trabajadores a no descalificar de antemano la reforma fiscal, ya que -según dijo- la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no está planeando incrementar la carga impositiva del sector laboral.
Instalación de comisiones de trabajo
Por la noche, el secretario Lozano Alarcón, junto con representantes de las secretarÃas de EconomÃa, de Agricultura y de Desarrollo Social, sostuvieron una reunión con organizaciones sindicales y campesinas, en la que acordaron mantener una ‘’mesa plenaria de diálogo'’ e instalar tres comisiones de trabajo temáticas, asà como revisar los asuntos relacionados con la reciente modificación a la Ley del ISSSTE, además de lo relativo a los procesos de reforma polÃtico-electoral y salvaguarda de los derechos humanos.
Según el acuerdo, la primera mesa abordará la problemática del agro e integrará una comisión revisora que participará en la elaboración de un agregado al Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y generará acuerdos para fortalecer a los productores rurales y campesinos ante la apertura comercial total, a partir del primero de enero de 2008, entre otros asuntos a discutir.
Se buscará mejorar ingreso y productividad
La segunda mesa será de temas laborales, y ahà se verán cuestiones para mejorar el ingreso y productividad de los trabajadores, asà como la polÃtica de empleo y seguridad social. La tercera tratará una agenda de organizaciones civiles que analizará la construcción de la equidad social, el respeto y garantÃa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y la participación ciudadana.
El acuerdo fue firmado por los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, la Coalición Democrática, el Frente Sindical Mexicano, la Coalición Ciudadana Nacional, el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, además del gobierno federal.
Usó el recurso la cuarta parte de trabajadores del Estado
Se ampararon más de 500 mil contra Ley del ISSSTE
El plazo para solicitarlo vence a la medianoche de hoy
CAROLINA GOMEZ MENA
LA JORNADA
A un dÃa de que venza el plazo para interponer amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Unión de Juristas de México (UJM), el Movimiento Ciudadano Obradorista y la Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE coincidieron en que se rebasó ampliamente el medio millón de recursos contra dicha normatividad, por lo que se “superaron todas las expectativas”.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, precisó a este diario que el rechazo que provocó la citada ley entre los trabajadores fue tal que “una cifra conservadora ya apunta a que la cuarta parte de los empleados al servicio del Estado optó por el amparo para hacer valer sus derechos”.
Dijo que a unas horas de que se termine el plazo para ejecutar esta acción siguen llegando amparos, tanto a los juzgados de los estados como al instalado por la Judicatura Federal, y conminó a los inconformes a que prosigan interponiendo estos recursos, incluso después del tiempo establecido, en señal de “descontento” con la referida ley.
El jurista explicó que el plazo se “amplió” hasta la medianoche de hoy, pues en el cálculo inicial no estaban contemplados los dÃas de Semana Santa como jornadas inhábiles, pues en la Ley Federal del Trabajo no están considerados como festivos.
La CNTE va a paro sin apoyo de la UNT
Segundo intento de la disidencia magisterial de protestar contra la Ley del ISSSTE a escala nacional; el primero fracasó
Sólo 4 sindicatos independientes se suman. “Con eso no se come”: STUNAM.
MILENIO
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea hoy realizar un segundo “paro nacional” con bloqueos en avenidas, toma de casetas de peaje y puentes fronterizos, además del cierre de las instalaciones de la SecretarÃa de Educación Pública y del ISSSTE.
Ya el 7 de mayo fracasó el primer intento de la CNTE de paralizar escuelas a escala nacional, y sólo en Michoacán suspendieron clases unos 11 mil planteles. Incluso la movilización llega debilitada por el escaso apoyo de los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores.
Artemio Ortiz Hurtado, lÃder de la sección 18 de Michoacán, refirió que hoy se espera que 100 mil escuelas paralicen actividades, algunas de las cuales, en el Distrito Federal, podrÃan estallar “huelga indefinidaâ€? hasta lograr que se abrogue la nueva Ley del ISSSTE.
La disidencia magisterial prevé que habrá al menos 20 movilizaciones en la capital y otras ciudades. Espera que la que tendrá lugar en el Zócalo, a las 16 horas, será la más concurrida.
Tendrán la certeza de un ingreso seguro al término de su vida laboral, destaca
Rechazar el bono de pensión, la mejor defensa ante Ley del ISSSTE: experta
ANGELES CRUZ MARTINEZ
LA JORNADA
Ante la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la mejor defensa que tienen los empleados es elegir el régimen de jubilación previsto en el artÃculo décimo transitorio y rechazar el bono de pensión, con lo que al menos tendrÃan la certeza de que al término de su vida laboral accederán a un ingreso económico mensual seguro.
Un análisis de la legislación que entró en vigor el pasado primero de abril, elaborado por Norahenid Amezcua Ornelas, especialista en temas de seguridad social, advierte que con el bono, además de tener que acreditar mayor edad para el retiro, los servidores públicos contarán con una pensión suficiente sólo si tienen los ahorros que les permitan contratar los servicios de una institución de seguros.
Con los cambios hechos a la normatividad del instituto se cancela la posibilidad de que los trabajadores activos preserven en sus términos el derecho a la jubilación conforme a la ley anterior, como sà ocurrió con los trabajadores del Apartado A que, si lo desean, pueden acceder al retiro con base en la legislación de 1973.
La especialista señala que el único recurso que aún tienen a la mano los trabajadores que se rigen por la Ley del ISSSTE es interponer un amparo indirecto por la inconstitucionalidad del ordenamiento.
En su libro Nueva Ley del ISSSTE, que será presentado este viernes, Amezcua Ornelas, quien ha publicado más de 30 textos sobre asuntos laborales y de seguridad social, detalla que todavÃa es posible echar mano del recurso de amparo.
DESPLEGADO
UNA VEZ MAS EL ACTUAL GOBIERNO VIOLA LA CONSTITUCION
Las recientes declaraciones del director del ISSSTE son una muestra más de las formas autoritarias de gobernar ya que constituyen una nueva agresión a los trabajadores, en la que se recurre a las amenazas y al chantaje de quienes violentan el Estado de Derecho y se sitúan al margen de la constitución polÃtica. Pretenden intimidar a los ciudadanos que optan por seguir el camino legal e institucional, como el amparo, entre otras acciones, para la defensa de sus genuinos derechos y en defensa de la seguridad social. El interponer juicios de amparo es un ejercicio constitucional legÃtimo de los trabajadores.
Toda vez que los juicios de amparo son actos legales y polÃticos en legÃtima defensa de los trabajadores afectados por actos de gobierno. A través de los juicios de garantÃas se busca evitar que se les apliquen normas contrarias a sus garantÃas constitucionales como ciudadanos, en el presente y en un futuro inmediato, ya que las consecuencias que de hecho y de derecho derivadas por la aplicación de la ley del ISSSTE, todavÃa no constituyen eventos acontecidos pero que en cualquier momento podrán ser objeto de ejecución por parte del ISSSTE y del PENSIONISSSTE.
Las violaciones constitucionales más flagrantes residen en los artÃculos transitorios; en cuanto a la afectación del sistema de pensiones y jubilaciones porque deroga la jubilación, se aumentan los años de servicios y las cuotas a cargo de los trabajadores para pensiones y servicios de salud, de igual forma se aplican nuevas reglas lesivas a los trabajadores en activo, que lesionan las garantÃas de igualdad ante la ley, de no retroactividad en la aplicación de dicha ley, además de la seguridad jurÃdica de los trabajadores.
El PENSIONISSSTE es violatorio de las garantÃas sociales establecidas en el artÃculo 123 constitucional, apartado B en su fracción XI, ya que conculca las garantÃas individuales y permite la aplicación retroactiva de la legislación. Asimismo violenta los artÃculos 14 y 16 de nuestra Constitución referidos a la certeza y la seguridad jurÃdica. De igual manera quebranta el artÃculo 22 constitucional el cual impide actos confiscatorios, ya que al privatizarse el sistema de los fondos para el retiro, se afectan derechos patrimoniales adquiridos por los trabajadores en activo y sobre la propiedad de dicho fondo que habÃa sido constituido en favor de los trabajadores.
Es asà como el gobierno federal a través Miguel Ã?ngel Yunes y ahora del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se aferra por mantener la polÃtica del miedo, la violación y despojo de los derechos y las garantÃas constitucionales de los trabajadores.
Con el Acuerdo General 18/2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 4 de mayo en curso, se creó un Juzgado de Distrito Auxiliar, que conocerá de los juicios de amparo, y en el decreto se expresa que tendrá; competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal, que conocerá, entre otros, (no señala qué otros) de los juicios de amparo indirecto relacionados con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007. El juzgado inició funciones el lunes 7 de mayo de 2007.
Este decreto es inconstitucional ya que es violatorio, entre otras disposiciones, de las previstas por los artÃculos 1°, 13 y 14 constitucionales toda vez que dicho juzgado de distrito auxiliar es creado después de la entrada en vigor de la nueva ley del ISSSTE, y además excluye todos los juzgados de distrito legalmente competentes por residencia y materia laboral existentes en nuestro paÃs; asimismo, busca excluir a todos los juicios de amparo promovidos en toda la república mexicana, contra dicha ley y aún de los juicios iniciados con anterioridad al establecimiento de este juzgado, que por el tiempo de su creación y las facultades jurisdiccionales especiales conferidas sin fundamento constitucional por el CJF, puede equipararse a un tribunal especial establecido con posterioridad para decidir sobre demandas anteriores planteadas sobre hechos también anteriores.
De esta forma, se violan también los principios de sujeción a la ley, de independencia y de imparcialidad, de los tribunales federales en materia de amparo, establecidos en el artÃculo 17 constitucional al dictarse por el CJF, a los juzgados de distrito que estén conociendo de amparos en contra de la ley del ISSSTE, reglas de procedimiento contrarias a las contenidas en la Ley de Amparo obligándoles a declinar su competencia por domicilio legalmente establecida para cada uno de ellos en los artÃculos 36 y demás relativos de este ordenamiento, a favor del nuevo Juzgado Auxiliar.
Se contravienen también, las reglas en materia de acumulación de juicios de amparo de los artÃculos 57 al 63 de esta ley al decretarse ésta para el exclusivo conocimiento de este nuevo juzgado.
El Consejo de la Judicatura de igual forma viola el artÃculo 94 constitucional y, entre otras disposiciones, los artÃculos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al soslayar en su inconstitucionalidad, la regla de que la República está dividida en circuitos de amparo, al atribuir competencia en toda la República al nuevo juzgado de Distrito. La única autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación con competencia legal en todo el paÃs en materia de amparo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En tales condiciones, con su acuerdo, el CJF invadió la esfera constitucional de los Poderes de la Unión al arrogarse facultades exclusivas del Congreso de la Unión, porque derogó técnicamente normas de la ley de amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante las reglas substitutivas que dictó en su acuerdo a los jueces de distrito, en clara violación a los artÃculos 49 (división de poderes de la Unión) y 73 (facultades legislativas del Congreso de la Unión) incumpliendo con los mandatos de los artÃculos 94 y 100 de la propia Carta Magna que le obligan.
Esta es una de las facetas de una Reforma de Estado que acota la rectorÃa y la responsabilidad social del Estado a la subordinación de los mercados, en la cual la seguridad social se diluye en una lógica mercantil y especulativa, donde los derechos sociales son erosionados y despojados.
Por lo tanto, reiteramos que la verdadera reforma en materia de salud y seguridad social que requiere nuestro paÃs, precisa de amplios acuerdos para construir un nuevo sistema nacional de seguridad social bajo los principios de justicia social de carácter público, universal, solidario y redistributivo.
POR LO QUE PLANTEAMOS:
➢   Construir una polÃtica de Estado que garantice los derechos sociales con responsabilidad polÃtica, social, de carácter público, a través de la cual se garanticen los derechos a la salud y a una jubilación digna.
➢   Las pensiones y jubilaciones de los trabajadores son derechos de carácter colectivo irrenunciables que se basan en el sistema de reparto y beneficios definidos de solidaridad intergeneracional con justicia redistributiva.
➢   Los derechos de la salud y la seguridad social deben preservarse y garantizarse por el Estado, con presupuestos y redes institucionales ampliadas como parte de las responsabilidades constitucionales irrenunciables.
➢   Los recursos de los trabajadores y el gobierno para las jubilaciones y pensiones deberán ser administrados con una reglamentación clara, transparente. Un primer paso en este sentido serÃa practicar una auditoria al Fondo de Pensiones del ISSSTE y con rendición de cuentas periódicas, a través de un organismo de representación equilibrada y plural de los trabajadores, que garantice que los recursos sean canalizados a la inversión productiva y el desarrollo del paÃs.
➢   Reivindicamos una polÃtica de Estado en materia de salud y de seguridad social universal, con una visión integral como eje de la Reforma del Estado, donde el desarrollo económico y social se fundamente en la solidaridad, la igualdad y la justicia social, a partir de la exigibilidad y justicialidad de los derechos a la salud, pensiones, vivienda, centros de desarrollo infantil y demás servicios y prestaciones, que tengan como objetivo común garantizar el desarrollo y el bienestar.
➢   Asimismo demandamos el respeto irrestricto a los contratos colectivos de trabajo y la solución a las demandas del SUTIN, ASSA, AVON, BANCO AZTECA, SINDICATO DE TRABAJADORES DEL IFE, SINDICATO DEL CUERPO DE BOMBEROS, y a la FEDERACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS.
ABROGACIÓN DE LA LEY DEL ISSSTE Y DEL IMSSS
PARO NACIONALÂ EL 21 DE MAYO
MANIFESTACIÓN DEL �NGEL DE LA INDEPENDENCIA AL ZÓCALO 16.00HRS.
UNT
STRM, SNTSS, STUNAM, ASSA, ASPA, STyM, CIOAC, STIMAHCS, STAUdeG, ATM, SINTCB, CCC, STAUAG, FETUT, SUTN, SUNTNAFIN, STMETLIFE, AJBANOBRAS, SUTBANCOMEXT, SINTESAT, SCA, SUTIN, SNTMP, CDT, SINDICATO DE BOMBEROS, SUTNOTIMEX, SITIAWV
CONORP
CIOAC, CCC, BARZON POPULAR, CODUC, UGOCM, STINCA, UFIC, FEPUR, UPAX, APNDRU, CNPA-MN
FENSU
STAUS, STEUJED, STEUABJO, SUEUM, STEUAQ, STIUJAT, SUNTUAS, STAUG, STAUAdeG, SUNTUAS, STEIEMSSET, SPAUABCS, STUANL, STAISUAG, SUTAUABCS, SUTU de G, SNTCB, SETSUV, STEUS, STUNAM.
CONFLICTO MINERO
Continúa pugna interna del sindicato minero
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA
El sindicato minero señaló ayer que los ex trabajadores que protestaron ante la SecretarÃa del Trabajo y Previsión Social (STPS) para demandar su reinstalación fueron expulsados por haber “saboteado la función sindical”, ya que fueron quienes condujeron por las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas (Sicartsa) a los elementos de las policÃas estatal y federal cuándo éstos entraron a romper la huelga y asà los elementos pudieron sorprender a los obreros, reprimirlos y matarlos.
Ahora los ex trabajadores denuncian amenazas, pero son responsables de traición a sus compañeros y corresponsables de la muerte de Mario Alberto Castillo y Héctor Alvarez Gómez y de más de 100 heridos de bala de la sección 271 de Lázaro Cárdenas, dijo en nombre del sindicato Juan Luis Zúñiga Velázquez, vocal del consejo general de vigilancia.
Explicó que los trabajadores son los únicos que pueden sancionar y expulsar a quienes cometen actos contra el sindicato y lo han denostado, según el artÃculo 22 de los estatutos, que establece que sólo los miembros de la organización pueden removerlos.
Según planteó, estos ex trabajadores sólo tratan de sorprender a las autoridades laborales e incluso sostuvo que “son financiados por los enemigos de la organización” y dio a entender que quien los está patrocinando es Germán Larrea, propietario de Grupo México.
También recordó que en Sicartsa los trabajadores mantuvieron una huelga de 141 dÃas en defensa de su autonomÃa sindical y por la mejorÃa de sus condiciones de vida, la cual quiso reventar el anterior secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, con el uso de la fuerza pública.
Comisión especial recomendará ejercer acción penal contra los responsables
Explosión en Pasta de Conchos, por negligencia y omisiones: diputados
Minera México, Grupo México y funcionarios de Trabajo y EconomÃa, los culpables, concluye
ENRIQUE MENDEZ , ROBERTO GARDUÑO
LA JORNADA
Al concluir que la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, se debió a un “suceso provocado, originado por negligencia y omisión” de Industrial Minera México (IMMSA) y Grupo México, de sus directivos, asà como de funcionarios de las secretarÃas del Trabajo y de EconomÃa, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el percance exigió cancelar a la empresa el tÃtulo de concesión y ejercer acción penal por homicidio culposo en contra de los responsables de la muerte de 65 mineros, ocurrida en febrero de 2006.
También se demanda al gobierno de Felipe Calderón sancionar al titular de EconomÃa, Eduardo Sojo, “por ocultar información sobre los resultados de las verificaciones practicadas” a la mina; inhabilitar por 20 años a los ex funcionarios del Trabajo vinculados con la explosión; realizar el pago de las indemnizaciones a los deudos, asà como sancionar a IMMSA y a General de Hulla por inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social con un salario menor al pagado.
EMPLEO
La tasa de desocupación alcanzó 5.34%, la más alta en quince meses
México, con 1.7 millones desempleados: INEGI
De enero a marzo de este año sólo se crearon 56 mil empleos formales, por el efecto del proceso iniciado en el último trimestre de 2002 de desaceleración de la economÃa mexicana.      MILENIO
Al cierre del primer trimestre del año la tasa de desempleo en México alcanzó 5.34 por ciento, la mayor en quince meses, lo que representa que 1.7 millones de trabajadores se encontraban en condiciones de desocupación.
El Instituto Nacional de EstadÃstica, GeografÃa e Informática, informó lo anterior y agregó que en el periodo enero-marzo 11.4 millones de personas laboraron en el sector informal de la economÃa, lo que significó una disminución de 131 mil personas respecto a igual lapso de 2006.
En tanto, los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en marzo llegaron a 18 millones 528 mil personas, de los cuales 2 millones 813 mil constituyeron registro de eventuales.
OPINION
Silvia Ribeiro*
El maÃz y la técnica de la infamia
LA JORNADA
Una forma de ocultar la realidad es repetir una mentira hasta el cansancio, esperando que finalmente algunos se la crean. El tema del maÃz en México tiene muchos ejemplos de esta técnica de la infamia.
Hace unos meses, el aumento del precio de la tortilla generó enorme malestar en el paÃs. Por la importancia del grano en México, su centro de origen, fue noticia en los mayores diarios del globo.
En la mayorÃa de los medios se manejó que el aumento obedeció al incremento del precio del maÃz en el mercado mundial, generado por la demanda del grano como agrocombustible. Sin embargo, el aumento en el precio de la tortilla excedió con mucho el porcentaje del incremento en el precio del grano, y la coyuntura fue aprovechada como jugoso negocio por los grandes comercializadores e industrializadores de maÃz. Algunos, como Cargill, incluso habÃan acaparado maÃz mexicano y lo vendieron a más del doble del precio al que lo habÃan comprado. El gobierno intervino, y en una reunión inverosÃmil, donde participaron, entre otros, las grandes trasnacionales de la distribución e industrialización, se decidió fijar un aumento de 40 por ciento en el precio de la tortilla. Esto se presentó mediáticamente como un freno al precio de la tortilla -a favor del público-, cuando en realidad fue una legalización del aumento desproporcionado que habÃan impuesto los grandes empresarios. El acuerdo, que iba a durar hasta el 30 de abril, fue renovado a agosto.
En esta ocasión, los grandes empresarios de distribución, procesamiento y uso industrial del maÃz como forraje exigieron, además de mantener alto el precio de la tortilla, pagar precios menores a los productores -porque ahora sà era hora de reconocer que el aumento anterior no era real. Es decir, exigieron ganar en todas las puntas. Nuevamente se firmó el “acuerdo”, como si fuera un acto dadivoso del gobierno para defender los intereses de la población, cuando lo que se hizo fue legalizar el despojo y favorecer a unas cuantas trasnacionales.
En paralelo a estas componendas, se activan otros frentes de guerra sobre el maÃz por parte de las empresas y gobierno contra los campesinos y la mayorÃa de la población.
Por un lado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que es parte del Consejo Coordinador Empresarial -al cual pertenecen los mismos que se beneficiaron con la crisis de la tortilla- publican “estudios” indicando que la salida de la crisis para México es la producción de maÃz para agrocombustibles, y que para ello es necesario que sea maÃz transgénico.
Entrecomillo “estudios” porque según su propia definición: “El CEESP (…) financia todas sus actividades de investigación gracias a los donativos de sus patrocinadores”. Es decir, son financiados por el lobo sobre lo que le conviene a Caperucita. De otro modo, no se entiende cómo este pretencioso “estudio” ignora el hecho de que la productividad del maÃz como agrocombustible es muy baja, y que si se agregan los costos de los insumos basados en petróleo (agrotóxicos, gasolina para maquinaria, etcétera) que requiere su producción, el aporte energético es negativo. Es decir, no es una solución para el cambio climático, que es la razón por la que teóricamente se promueve, sino lo contrario.
No obstante, para Estados Unidos sà es negocio, porque lo anterior no es un dato que le merezca interés. Basta que se publiquen estudios parciales que parezcan positivos -si no se miran de cerca- y le sirvan de coartada para subsidiar aún más a sus propios productores de maÃz, ahora con el pretexto de combatir el calentamiento global.
Como esto también es un negocio brillante para las empresas más fuertes del planeta -automotriz y petrolera- junto a las de comercio internacional de cereales, productores de transgénicos y agrotóxicos, todos se han unido para ir logrando leyes y marcos financieros que le faciliten el nuevo negocio.
En este caso, la meta es lograr que muchos paÃses compitan -con préstamos del Banco Mundial y otros bancos multilaterales que pasan a aumentar las deudas externas de esas naciones- para venderles la materia prima que demandan para agrocombustibles.
Esta proliferación llevará, cualquiera que sea el cultivo, a la baja del precio. México no serÃa una excepción en esta dura competencia, ni con caña de azúcar ni otros cultivos y mucho menos con maÃz. Peor aún, nuestro paÃs tiene mucho más para perder con la contaminación de su maÃz nativo con los transgénicos no comestibles que se pretende usar para agrocombustibles.
Complementariamente a la urdimbre de este fino estudio, las trasnacionales dueñas del comercio de semillas insisten en que México tiene que plantar maÃz transgénico. Ya lo han intentando tres veces, pero fueron rechazadas por no cumplir los trámites legales. Su pretensión ha sido rechazada por la vasta mayorÃa de la sociedad mexicana, incluyendo campesinos, indÃgenas, cientÃficos, consumidores, artistas, porque atenta contra la integridad del maÃz, uno de los patrimonios nacionales más importantes, creado y cuidado por millones de campesinos e indÃgenas durante milenios.
Todo indica que para el gobierno pesan más tres trasnacionales que miles de años de historia y la voluntad del pueblo mexicano, por lo que firmará un reglamento de la ley Monsanto (de Bioseguridad), que les permita contaminarnos -ahora legalmente- con maÃz transgénico. Lo que no lograrán, por más que repitan sus mentiras, es ocultar la infamia.
* Investigadora de Grupo ETC
OPINION
Caja fuerte
Luis Miguel Gonzà lez
Más allá de la tasa de desocupación abierta
MILENIO
Las estadÃsticas son como los bikinis: enseñan mucho pero tapan lo esencial. Decir que la tasa de desocupación abierta en marzo fue de 3.96 por ciento sólo significa que hay 1 millón 747 mil 929 personas que caben en la definición del INEGI de abiertamente desocupados.
Esta definición no basta. Es tan restrictiva que deja fuera la mayor parte de las personas que no trabajan. No considera, por ejemplo, a aquellos que están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades de conseguirlo. Estos desesperanzados suman 5 millones 58 mil 197 personas, equivalentes a 11.4 por ciento de la población económicamente activa.
La definición de desocupación abierta incluye a aquellos que buscaron trabajo en la última semana y no lo encontraron. Por eso excluye a los 2 millones 845 mil 953 personas que afirman tener interés para trabajar, pero se encuentran en un contexto que les impide hacerlo.
La tasa de desocupación abierta es el indicador del mercado laboral que recibe más difusión, a pesar de sus limitaciones. Por ello es fundamental revisar la serie fotográfica completa del INEGI. Son especialmente interesantes aquellos cuadros que describen la economÃa informal y el universo estadÃstico de las personas que trabajan, pero se emplean menos de lo que pueden y quieren: los subocupados.
Un poco más de 11 millones 862 mil personas trabajan en la economÃa informal. Este grupo equivale a 26.8 por ciento de la población económicamente activa. En los últimos años ha crecido en número total, pero ha mostrado una tendencia de reducción marginal como proporción del total, luego de que en 2003 alcanzó su máximo porcentual, 28.8 por ciento.
Los subocupados suman casi 8 millones de personas. Hay 2 millones 728 mil personas que trabajaron menos de 15 horas a la semana y 5 millones 63 mil 820 que laboraron menos de 35 horas, a pesar de tener capacidad y disponibilidad para estar más tiempo en tareas productivas.
Hay un dato de la encuesta de empleo del INEGI que para mà es inquietante: 2 millones 869 mil personas trabajan sin recibir remuneraciones. Son uno de cada 16 trabajadores y se habla poco de ellos. Son casi invisibles e indefinibles.
OPINION
Gente detrás del dinero
Mauricio Flores
Cofetel: ¿Semos o no semos, sr. juez?
MILENIO
Qué cosa más curiosa: precisamente la sentencia en primera instancia que lanzó el juez Miguel de Jesús Alvarado de que resulta inconstitucional que el Senado entre a la designación de los funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, bien podrÃa ser inconstitucional. Y es que el fallo que esta semana soltó como bomba el juez 12 de lo administrativo del DF, ordena a Felipe Calderón quitar los nombramientos de Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca como comisionados de la Cofetel, es decir, que ahora es el Poder Judicial, no el Senado, interviene en las decisiones del Ejecutivo en los nombramientos que realmente efectuó Vicente Fox.
Vaya, los quejosos contra el Senado, el subsecretario de la SCT Rafael del Villar y el jurÃdico Gonzalo MartÃnez Pous, no recibieron nombramiento formal al grado de que no ingresaron a la Cofetel. Pero esta no es la única contradicción detectada por abogados especialistas. Al ordenar la supresión de los nombramientos, Miguel de Jesús intenta salvar legalmente las decisiones tomadas por el pleno de la Cofetel, que preside Héctor Osuna y en las que votaron Ruiz Vega y González Abarca, como “el que llama paga nacional e internacionalâ€?, el acuerdo de portabilidad o las tarifas congeladas de Telmex.
Pero, ¿sà esas decisiones son legales pero no los funcionarios que las tomaron, entonces que es lo legal?
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