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SINTESIS DE PRENSA

MARTES 29 DE MAYO DE 2007

SALUD PUBLICA

Justifica el no haber consultado la acción contra la despenalización
Aborto: el Consejo “no es a modo”, dice Soberanes
El presidente de la CNDH afirmó que con su determinación liberó a los consejeros de tener que enfrentar a grupos antagónicos.
MILENIO

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, afirmó que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene un Consejo Consultivo “a modo… para hacer mis unanimidades� y como los consejeros “tienen opiniones divergentes�, decidió asumir la responsabilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de inconstitucionalidad de la legislación que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas en el Distrito Federal.

Al reconocer no haber consultado a su Consejo porque, afirmó, “no son de los casos que la ley y el reglamento me obligue a hacerlo”, el titular de la CNDH agregó que a los consejeros los liberó de tener que enfrentar a grupos antagónicos, en estos momentos en que la sociedad está dividida, e insistió en asumir la responsabilidad.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula, afirmó estar contra la despenalización del aborto y no sólo por sus convicciones personales y por ser católico, sino por ser el presidente de la CNDH y detectar que esa legislación tiene inconsistencias jurídicas.

SEGURIDAD PUBLICA

Sonora es “puerta de oro” para tráfico ilegal
No se descarta involucramiento de IP con la delincuencia, dice el gobernador
Francisco Gómez
El Universal

SAN LUIS RÃ?O COLORADO, Son.- Los narcotraficantes, contrabandistas de armas y traficantes de indocumentados la conocen como la “puerta de oro”, pero en realidad se trata de los 588 kilómetros de la línea fronteriza del estado de Sonora.

Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) registran la presencia del crimen organizado en la zona desde hace cuatro décadas, en especial del narcotráfico.

En este lapso el tráfico de drogas se extendió por los 72 municipios del estado. Aquí operan el cártel de Sinaloa y sus contrincantes, Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo.

En 150 días la violencia asociada al narcotráfico cobró 92 vidas, entre ellas las de 23 policías.

La corrupción oficial domina principalmente en las corporaciones policiacas y, según cifras de la PGR, el narcomenudeo coloca al estado en el tercer lugar en esa ilícita actividad y en el primero en el uso de narcotúneles.

Autoridades federales reportan además la presencia de jefes del narcotráfico debido a las características geográficas de la entidad que facilitan operaciones de recepción, transporte, almacenamiento y distribución de drogas, principalmente en los mil 207 kilómetros de litoral.

La Conago respalda operativos del Ejército
Determina solidarizarse con la política en materia de seguridad del presidente Felipe Calderón
La Conago respalda operativos del EjércitoLa Conago respalda operativos del Ejército
Lilia Saúl y Ulises Zamarroni
El Universal

PUERTO VALLARTA, Jal.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) determinó solidarizarse con la política en materia de seguridad del presidente Felipe Calderón y apoyar la presencia del Ejército en el combate al crimen organizado.

Los gobernadores que integran la Conferencia aceptaron realizar un acto este martes de entrega de reconocimientos a las Fuerzas Armadas de México por su lucha contra el narco y hacer un pronunciamiento de respaldo a Calderón Hinojosa.

PRI

Propone el tricolor acotar la facultad del Ejecutivo de nombrar ministros de la Corte
Necesaria, autonomía del Consejo de la Judicatura, señala proyecto de reforma del Estado
ELIZABETH VELASCO C.
LA JORNADA

En su proyecto de reforma del Estado, la dirigencia nacional del PRI se pronuncia por “acotar” la facultad del Ejecutivo federal en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento, entregado al Senado, se enfatiza la necesidad de garantizar “un ejercicio democrático” que “enriquezca con visiones distintas” la integración del máximo tribunal de justicia del país.

Además se pronuncia por la creación de un órgano colegiado -un tribunal- que permita resolver “a nivel de legalidad” las controversias constitucionales.

Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor argumenta que es indispensable dejar a la Corte “en su auténtica función primaria de la interpretación constitucional en asuntos concretos”; de lo contrario, dice, se “puede poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos, esencia de la República”.

El Revolucionario Institucional destaca que no se puede negar que dotar a la Corte de “posibilidad decisoria como regla general y no excepcional en la resolución de asuntos de constitucionalidad y de legalidad distrae su importante función y desdibuja la esencia de su labor”.

Para acotar el poder del Ejecutivo federal en el nombramiento de los ministros, el CEN del PRI sugiere que sólo puedan enviarse propuestas que emanen con número de candidatos ya predeterminados en la ley por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la Colegiación de Universidades e Institutos de Educación Superior en el Campo del Derecho.

PAN

Espino lanza anuncio de apoyo a Calderón
Hace una semana acusó a Los Pinos de operar contra el PAN en Yucatán
En las imágenes no aparecen nunca juntos el dirigente y el jefe del Ejecutivo. “¡Por nuestros hijos!”, piden respaldo de todos los panistas al gobierno federal.
MILENIO

Las dirigencias locales del PAN cerraron filas con el líder nacional de su partido, Manuel Espino, al presentar un spot en el que sonorense afirma que el panismo respalda al gobierno de Felipe Calderón y convoca a que todos apoyen su labor por la seguridad de los mexicanos.

En el anuncio se muestran imágenes intercaladas de reuniones de Espino y de Calderón con alcaldes, legisladores y militantes, pero en ninguna aparecen juntos.

El spot de 20 segundos se produce una semana después de que el dirigente panista recibió severas críticas de sus correligionarios, tras acusar al jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, de quererse apoderar del PAN y de haber operado contra ese partido en la elección de Yucatán.

Ayer, tras una reunión de trabajo privada con la dirigencia, a nombre de los presidentes estatales, la lideresa en Coahuila, Esther Quintana Salinas, presentó el spot, tras señalar que están seguros de que el próximo fin de semana el PAN tendrá una asamblea nacional participativa y ordenad

POLITICA EXTERIOR

Calderón, comprometido con la libertad de expresión, dice SRE
Postura ante el retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión
La canciller Patricia Espinosa advirtió que el gobierno mexicano está comprometido con la libertad de expresión como un elemento inherente a toda democracia.
MILENIO

La canciller Patricia Espinosa advirtió que el gobierno mexicano está comprometido con la libertad de expresión como un elemento inherente a toda democracia, así lo expresó al ser cuestionada respecto al retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión por parte del gobierno venezolano.

Bajo esta libertad de expresión, señaló, es que el ex presidente Vicente Fox ha realizado diversas declaraciones respecto a Venezuela, aunque éstas no representan la postura del gobierno.

El gobierno federal tiene una política exterior cuya conducción corresponde al presidente de la República. “No hay que confundir lo que es la política exterior del gobierno con las declaraciones que puedan formular algunos altos funcionarios o ex funcionarios mexicanos o líderes partidistas�.

El compromiso con la democracia se aprecia en la participación de México en diversos instrumentos internacionales, dijo Espinosa.

Justifica el PRD acción de Chávez
Apoyan la decisión de sacar del aire a RCTV. Dicen que hay razones para cancelar concesión a televisora crítica de Presidente venezolano
Claudia Guerrero, Daniel Pensamiento y Víctor Hugo Michel
REFORMA

Para el PRD, el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) por el gobierno de Hugo Chávez es una decisión correcta.

Guadalupe Acosta Naranjo, Pablo Gómez y Carlos Sotelo respaldaron la decisión del Presidente venezolano de no renovar la concesión de la televisora más antigua de ese país, la cual dejó de transmitir la noche del domingo, luego de 53 años de actividad.

El régimen chavista la acusó de favorecer el golpe de Estado en abril de 2002, cuando el Presidente fue depuesto por algunas horas.

“El día que una televisora pueda convocar al derrocamiento militar de un Gobierno y participar en la estrategia de un golpe de Estado, y a pesar de eso pedir que le renueven la concesión en aras de la libertad de expresión, no sé si eso sea válido”, indicó desde Cuba Acosta Naranjo, secretario general del PRD, entrevistado vía telefónica.

Pablo Gómez, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, afirmó que había motivos para quitarle la concesión, porque se convirtieron en uno de los instrumentos del golpe de Estado

PANORAMA INTERNACIONAL

Concluye sin acuerdos primer diálogo sobre la guerra en Irak; prevén más encuentros
Histórica reunión EU-Irán tras 27 años de enfriamiento diplomático
Washington sostiene que Teherán financia y entrena a milicias iraquíes sunitas y chiítas
Representante de la república islámica guarda silencio ante las acusaciones estadunidenses
REUTERS, AFP, DPA

Bagdad, 28 de mayo. Estados Unidos e Irán rompieron este lunes un enfriamiento diplomático de 27 años con una reunión histórica de cuatro horas en la que sus respectivos embajadores en Bagdad hablaron únicamente sobre la guerra en Irak, y la necesidad de que Teherán deje de apoyar a las milicias iraquíes.

Los embajadores de Estados Unidos, Ryan Crocker, y de Irán, Hassan Kazemi Qomi, que se reunieron en la residencia del primer ministro iraquí, Nuri Maliki, dentro de la zona verde de Bagdad, discutieron una estrategia para frenar el caos y la inseguridad en Irak, aunque la reunión no aportó avances importantes.

Washington acusa a Irán de armar, financiar y entrenar a las milicias chiítas que generan la espiral de violencia en Irak, alegato que Teherán niega.

Tras la reunión Crocker señaló, en una conferencia de prensa, que no hubo resultados positivos inmediatos, aunque consideró esperanzador que su país e Irán tengan visiones muy similares sobre el futuro de Irak. Los iraníes, dijo, “pudieron haber llegado a la conferencia con una actitud negativa, pero en vez de ello llegaron con una positiva declaración de políticas” sobre la importancia de la estabilidad iraquí.

Intelectuales argentinos, contra la “desmesurada” campaña antichavista
Peligrosa escalada de desinformación internacional sobre el caso de RCTV, alertan
Medios privados han logrado una degradación cultural sin precedente en AL: cineasta
STELLA CALLONI
LA JORNADA

Buenos Aires, 28 de mayo. Intelectuales argentinos iniciaron una campaña hoy para respaldar al gobierno de Venezuela ante la “desmesurada” acción de la prensa internacional que intentó “convencer al mundo” del presunto “cierre” de la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, cuando se trató del derecho a decidir “si se continuaba o no con la concesión de un espacio radioeléctrico, recurso inalienable para usar en favor de los pueblos”.

El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el cineasta Fernando Pino Solanas, los sociólogos Atilio Borón y Alcira Argumedo, entre otras personalidades, manifestaron sus posiciones a este periódico y condenaron esta campaña “como una peligrosa escalada de desinformación”, que puede servir de plataforma a otros planes de Washington.

Asimismo apoyaron la carta enviada por un grupo de importantes intelectuales y artistas británicos al presidente Chávez publicada por el periódico londinense The Guardian, donde afirman que es legítima la decisión del “gobierno venezolano de no renovar la licencia emisora del canal RCTV, que expiró el 27 de mayo.

Rajoy ofrece pacto a Zapatero
España. El partido más votado en ciudad o región gobernaría, pide líder opositor
El PP y el PSOE se preparan para acuerdos tras las elecciones.
MILENIO

Un día después de las elecciones municipales y autonómicas en España, el Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy analizaron ayer al detalle los resultados del domingo y las posibilidades de pacto para mantener o ganar nuevos territorios.

Rajoy, cuyo partido superó al PSOE en 0.7 puntos porcentuales en número de sufragios recibidos, si bien los socialistas consiguieron más concejales que los populares en toda España, ofreció al partido de Zapatero su apoyo para gobernar donde su lista haya sido la más votada, a cambio de que los socialistas hagan lo mismo, tanto a nivel municipal como autonómico.

Pero los socialistas rechazaron pactar con el PP, así como con la izquierda independentista radical vasca, porque sus posiciones son “muy antagónicas�, según dijo el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. El resto de las opciones quedan abiertas. A través de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que durante la campaña electoral acosó y hostigó a los candidatos de los partidos democráticos en el País Vasco, la izquierda proetarra consiguió 17 alcaldías con mayoría absoluta y fue la más votada en otras 14 localidades, en las que podría gobernar con pactos. ANV es un partido independentista que se mantuvo inactivo durante 30 años pero que anunció su participación en los comicios del domingo después de que la Justicia española frustrase el intento de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, por crear una nueva marca electoral para presentarse a las elecciones. La mitad de las más de 200 candidaturas de ANV fueron anuladas por considerar la Justicia que tras ella estaba Batasuna. Esta formación ilegalizada pidió el voto para las restantes de ANV.

POLITICA FISCA

Pide Elizondo quitar tributos que impiden crear empleos
* Sugiere desaparecer el impuesto sobre nómina.
* La reforma fiscal debe excluir elementos que encarecen mano de obra.
* Propone a estados buscar opciones para aumentar la recaudación.
Jeanette Leyva Reus
EL FINANCIERO

El sistema tributario mexicano tiene que mejorarse, pues contiene diversos elementos que encarecen el empleo y la mano de obra. De preferencia, estos factores deben ser eliminados en la próxima reforma fiscal.

En un país que sufre de un desempleo grave y crónico, se debe tratar de reducir y desaparecer todo aquello que dificulte y distorsione la creación de fuentes laborales.

Uno de ellos es el gravamen de 2 por ciento sobre nómina que cobra la mayoría de los estados a las empresas, que debería ser eliminado por completo. Se trata de “un mal impuesto”, afirmó el subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo.

En el país, las entidades federativas deben buscar más opciones para incrementar su recaudación propia, al existir una gran variedad de impuestos que podrían aplicar para dejar de depender de la Federación.

Dijo que “el impuesto sobre nómina que aplican los estados me parece particularmente problemático, casi no hay estado que no tenga un impuesto sobre la nómina, de manera que el costo para el empleo, de ocupar una persona, está distorsionado por este gravamen.

“El gravamen se recauda con mucha facilidad, desde luego, y es uno de los ingresos más importantes para muchas de las entidades federativas, pero es una distorsión, casi no hay manera de detenerlo; es un mal impuesto y los estados deberían buscar otras formas de recaudar.”

OPINION

Miguel Ã?ngel Granados Chapa
Aborto: reforma en riesgo
REFORMA

Imposible desligar la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la nueva definición de aborto en el Distrito Federal de la preocupación de su presidente por su imagen ante la opinión pública, medida y difundida con recursos dignos de fines apropiados
La demanda de acción de inconstitucionalidad presentada el jueves 24 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la reforma que modificó el tipo penal del aborto en el Distrito Federal es formalmente posible merced a una adición reciente a la Constitución federal, aparecida en el Diario Oficial apenas el 14 de septiembre pasado. Ese medio de control constitucional, establecido en 1994, fue concebido para atender esencialmente a las minorías parlamentarias. Como excepciones a esa regla se faculta al procurador general de la República a hacerlo de oficio respecto de cualquier tema, a los partidos políticos contra leyes electorales, y desde hace ocho meses a las comisiones nacional y estatales respecto de leyes “que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución”.

Inmediatamente después de aprobada la reforma penal ahora impugnada, el Partido Acción Nacional hizo saber su decisión de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pos de invalidar la decisión legislativa en que sus diputados fueron minoría. A diferencia de lo ocurrido en 2000, cuando la bancada panista (más la verde) en la Asamblea Legislativa contaba con el 33 por ciento de las curules en el órgano capitalino y pudo por sí misma iniciar esa acción contra una reforma también referida al aborto, conocida como “ley Robles”, ahora el grupo parlamentario del PAN es insuficiente para ese propósito, y sus integrantes no pudieron atraer una sola firma adicional para emprender la demanda respectiva. Ese partido anunció desde ese momento su propósito de hacer que la PGR y las comisiones de derechos humanos, nacional y del Distrito Federal, ejercieran su facultad. El presidente de la comisión local, Emilio Ã?lvarez Icaza, planteó el tema a su consejo consultivo, que por unanimidad resolvió que no se interpusiera esa acción, lo cual fue comunicado a la fracción blanquiazul y al comité de ese partido en el Distrito Federal.

En cambio, sin considerar a su propio órgano de consulta, a cuyos miembros se limitó a informar de su decisión, el presidente de la CNDH utilizó su recién adquirida facultad para entrar en un terreno polémico, ya que aun aceptando que las nuevas normas capitalinas atenten contra derechos humanos, también lo es que fueron dictadas precisamente para atender los derechos humanos de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas del mismo, lo que deja a la oficina del ombudsman nacional en la peculiar tesitura de ser un promotor de los derechos humanos que los combate.

Por su parte, la PGR sorprendió -a mí, al menos- al hacer saber, para paliar la imagen de que lo hace por su pertenencia a un gobierno panista, que inició esta acción de inconstitucionalidad, que su titular lo ha hecho en 139 ocasiones, sólo en esta administración, para enfrentar un número mayor de normas que estima contrarias a la Constitución. Eso quiere decir que ha presentado una demanda por cada día hábil, cifra preocupante porque revela una intensa y riesgosa desaprensión legislativa, una ignorancia o desdén a los límites constitucionales que no ha trascendido desde otras fuentes ni la propia Corte ha declarado. Sin embargo, el procurador Eduardo Medina Mora no consideró que hubiera elementos de inconstitucionalidad para iniciar la acción respectiva respecto de la Ley del ISSSTE, como le había sido demando hacer.

Aunque es claro que cuenta con facultades ex profeso, interpreto la entrada de la CNDH en este conflicto como una operación de relaciones públicas, destinada más a la apariencia que a la sustancia. A esa comisión nacional le preocupa cómo la percibe la sociedad, de modo que encargó a la firma Alducin y Asociados un estudio de opinión pública sobre sí misma, cuyos resultados fueron dados a conocer profusamente mediante inserciones pagadas en la prensa.

Por turno, al atareado ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que en estos días expone en el pleno su proyecto de sentencia sobre otra acción de inconstitucionalidad, la relativa a la radio, la televisión y las telecomunicaciones, corresponde decidir -y lo hará en las próximas horas- si se admiten o desechan las demandas del ombudsman Soberanes y del procurador Medina Mora. Es seguro que las acepte y los casos se acumulen para ser abordados conjuntamente. Tal abordamiento no será inmediato, si se toma en cuenta la gran cantidad de iniciativas de esta naturaleza presentadas por la PGR, muchas de las cuales, según puede presumirse por el momento en que se tramita el caso de la Ley Televisa, datan de este año (por demanda de 4 de mayo del año pasado, mucho antes de las 139 de Medina Mora). Deberá en consecuencia transcurrir un prolongado lapso en que la reforma publicada en la Gaceta Oficial del gobierno capitalino el 26 de abril pasado seguirá vigente, pues la acción de inconstitucionalidad no suspende sus efectos durante su trámite.

La acción de inconstitucionalidad del PAN en 2000 estuvo a punto de lograr la invalidez de la reforma que introdujo una nueva excusa de responsabilidad en el delito de aborto. Siete ministros votaron por declararla contraria a la Constitución, pero el número fue insuficiente para restarle eficacia, porque se requieren ocho votos. De enero de 2002 en que se resolvió ese caso a la fecha cuatro ministros dejaron de pertenecer al tribunal, por muerte o por concluir el periodo para el que fueron elegidos. Otros tantos los han sustituido y no se conoce, por ende, su parecer en un caso como éste. Pero podrían invalidar la reforma.

Luis Hernández Navarro
José Luis Sumisiones
LA JORNADA

José Hernández, el cartonista de La Jornada, dibuja a José Luis Soberanes como un can, en cuatro patas, vestido con mandil, mientras Felipe Calderón cabalga en sus lomos y le indica el rumbo que debe seguir. Al fondo, una sombra le comenta a otra: “Pobre Soberanes… Debería quejarse ante la CNDH por cómo pisotean su dignidad”. El cartón se llama: “José Luis Sumisiones”.

Un día antes, El Fisgón presenta al ombudsman dando gritos de júbilo, ataviado con una playera con la consigna “Sí a la vida”, frente al sepulcro de Ernestina Ascensión. Su trabajo lleva por nombre: “Defensor de la derecha”.

Ese mismo sábado 26 de mayo, Antonio Helguera lo muestra sosteniendo en mano una carpeta que dice: “Recurso de incostitucionalidad contra el aborto” mientras desde su tumba Ernestina Ascensión pregunta: “¿Alguien duda ahora que fui violada por soldados?” La caricatura se titula: “El de los trabajos sucios”.

Este lunes, en El Universal, Naranjo dibuja a un obispo que porta un cartel en el que se lee: “Contra la despenalización del aborto”. Debajo de sus faldas pueden verse los pies de la CNDH y la PGR. El título de la viñeta es: “Tres en uno”.

Uno tras otro, distintos cartones aparecidos en la prensa nacional presentan al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo mismo como tapete del poder que en actitud canina hacia el Presidente de la República. Los dibujos dan cuenta del descrédito y desprestigio que han alcanzado el ombudsdman, la comisión que preside y sus últimas iniciativas. Reflejan el estado de ánimo que existe entre un sector de la opinión pública al que le preocupa la justicia.

Efectivamente, está muy extendida la percepción de que en lugar de defender a los ciudadanos de los abusos del poder, José Luis Soberanes ha emprendido una desaforada carrera por agradar a Felipe Calderón y servir de tapadera de los agravios cometidos.

Apenas la semana pasada, Amnistía Internacional -una de las instituciones más reconocidas y respetadas en el terreno de los derechos humanos- advirtió en un detallado y serio informe la gravedad de la situación mexicana. Sin embargo, ni tardo ni perezoso, el ombudsman quiso descalificarlo. “Creo que es una opinión muy exagerada. En nuestro país sí tenemos problemas en materia de derechos humanos, pero no como para que se le califique de país indolente.”

Decenas de muertos, desaparecidos, mujeres violadas, detenidos injustamente no son, para el doctor Soberanes, un hecho grave. Los más de 500 presos políticos no son, para él, muestra de indolencia. ¿Cuántas atrocidades más necesitan ser perpetradas por las fuerzas del orden para que se califique de indolente al país?

Infausta paradoja: en el momento en el que México atraviesa por la más grave crisis en materia de derechos humanos en años, la comisión que debe hacerle frente no sólo es inoperante, sino claramente facciosa. Cuando más necesario es que exista un órgano con autoridad moral para frenar -o al menos documentar- la impunidad de los de arriba, ese órgano está más desprestigiado que nunca.

La lista de los “errores”, omisiones y complicidades de la CNDH con la violación de derechos humanos crece día con día. Atenco, Oaxaca, la violación y muerte de Ernestina Ascensión y, para rematar la faena, la demanda de controversia constitucional contra el acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar el aborto.

Este último hecho es la gota que derrama el vaso. El 25 de mayo, José Luis Soberanes utilizó a la CNDH como un partido confesional. A pesar de que asegura que “el debate no puede centrarse en razones religiosas- Estado laico”, en los hechos le hizo el trabajo sucio a quienes han convertido esas razones en el centro de su rechazo a una medida de salud pública. Las reformas recientemente aprobadas no obligan ni invitan a nadie a abortar.

Hace menos de un mes, una parte importante de la opinión pública vio entre sorprendida e indignada cómo Soberanes asumía funciones que no le corresponden para absolver a los militares que violaron y provocaron la muerte de Ernestina Ascensión en la Sierra de Zongolica.

Javier Pérez Pascual, alcalde del municipio de Soledad Atzompa, de donde es originaria la hoy occisa, señala que la CNDH es una “tapadera del poder”. El edil asegura: “Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH (…) La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses (…) el pueblo ha sufrido una gran violación a sus derechos”.

La misma indignación provocaron entre las víctimas el tardío e insuficiente informe final y la recomendación que emitió la CNDH sobre el conflicto político-social en Oaxaca. De entrada porque no señala los nombres de los responsables y exculpa a Felipe Calderón de hechos en los que el gobierno federal tuvo abierta responsabilidad. Carmen López, vocera de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), afirma que éste es “insuficiente, contradictorio, incompleto y presuntamente peca de ingenuo (…) es una caricatura y simulación”.

Ricardo Lueve, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), aseguró que en el caso de Atenco la CNDH incumplió la tarea para la que fue creada y con su recomendación sobre los hechos de violencia que sucedieron allí sólo está tratando de legitimarse.

Convertido en José Luis Sumisiones, la permanencia de José Luis Soberanes al frente de la CNDH está en entredicho. Si de verdad conserva todavía algún pudor, si mantiene algún compromiso con la causa de los derechos humanos, lo mejor que podría hacer es presentar su renuncia.

Espectro / RCTV, Chávez y el PRD
Javier Tejado Dondé
REFORMA

Llamó la atención los desplegados públicos firmados por distinguidos perredistas y la presencia de otros de sus militantes en los festejos con los que la embajada venezolana celebraba el retiro de las transmisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), por parte del gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela.

A todas luces la medida realizada por el gobierno venezolano es regresiva. Esto pues no se justificó debidamente, además de que estaba centrada en lacerar la poca libertad de expresión que queda en el país sudamericano. Lo anterior quedó de manifiesto cuando no sólo el gobierno venezolano se quedó con las frecuencias utilizadas por RCTV, sino también con sus antenas transmisoras. Lo que es inexplicable, pues las antenas nunca fueron propiedad del Estado venezolano y ni siquiera se les expropió. Ahora, a través de estas antenas y la frecuencia que tenía RCTV, opera la nueva señal oficialista de Televisora Venezolana Social.

Los atentados contra la libertad de expresión en Venezuela han sido lamentables y se han dirigido contra medios impresos, cadenas televisoras o periodistas en lo individual. Por ejemplo, como olvidar cuando en mayo de 2004 se allanó y, sorpresivamente, el ejército venezolano “encontró” un lote de armas escondido en una finca propiedad de Gustavo Cisneros, dueño de otra de las principales cadenas de televisión: Venevisión. Así, luego de encontrar las armas se le acusó de golpista y se le pretendió quitar incluso la nacionalidad venezolana, con lo que hubiera perdido todas sus concesiones televisivas. Ahora, después de tales amenazas es posible ver una cobertura de Venevisión bastante moderada, e incluso ha defendido el retiro de la concesión de RCTV. Los ataques contra la libertad de expresión también han sido contra medios extranjeros. Como ejemplo de lo anterior, el día de ayer el Ministerio de Comunicaciones ha anunciado que llevará a juicio a la cadena estadounidense CNN, al acusarla de transmitir información “subliminal”.

Y es que en Venezuela el actuar contra los medios de comunicación es sencillo pues no hay equilibrio alguno entre Poderes. El chavismo primero desintegró el Congreso bicameral para hacer una Asamblea unicameral, controlada por el Ejecutivo -misma que incluso le dio facultades para gobernar por Decreto. Luego aprobó una Ley de Medios -la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llamada la “Ley Resorte”- que le permitió no solamente el control discrecional de los medios electrónicos a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. También le permitió otorgar cientos de estaciones de radio y televisión a las que denominó “medios comunitarios habilitados”. Con el control del Legislativo y el apoyo de cientos de estaciones afines -tanto comunitarias como oficiales- pasó a encargarse del Poder Judicial. En relación al último Poder independiente en Venezuela aprobó una nueva Ley del Tribunal Superior de Justicia incrementando el número de los Magistrados en la Suprema Corte, para tener una cómoda mayoría; nombró provisionales al 80 por ciento de los jueces venezolanos; y, finalmente, desintegro al tribunal encargado de resolver las disputas con el gobierno, la Primera Corte para Disputas Administrativas. Este poder “independiente” fue el que negó a RCTV su último recurso jurídico.

Con estas medidas y el apoyo de las fuerzas armadas es que se instaló un régimen totalitario en Venezuela.

Ahora, las manifestaciones que han hecho evidente los vínculos entre el régimen de Chávez y el PRD, en México, no son nuevas. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de los perredistas habían preferido que su simpatía por el régimen chavista fuera de un perfil bajo.

Pero los vínculos entre algunos actores del PRD y el gobierno chavista encuentran un primer acercamiento en el 2004. En esas fechas México se encontraba discutiendo en el Senado su propia Ley de Radio y Televisión; y, sorprendentemente, esta ley impulsada por el PRD en el Senado (y algunos otros actores), tenía incluso una redacción similar con la Ley Resorte Venezolana.

Asimismo, por esas fechas, documentos oficiales dieron cuenta que varias presidencias municipales, en control del PRD, establecieron estaciones ilegales de radiodifusión a las que autodenominaron “comunitarias”. Como lo que ocurría en Venezuela. Además que otras estaciones que también mal utilizaron la denominación de comunitarias empezaron a realizar transmisiones en apoyo a las causas del perredismo.

De tal suerte que coordinadamente o no, la estrategia en materia de medios de comunicación entre el PRD y el régimen chavista era similar. Lo que ahora queda corroborado con los desplegados públicos que distinguidos perredistas -que no todos- hacen a favor de las acciones del Presidente Chávez.

Así las cosas es probable que, como cada año, surjan en el Congreso de la Unión iniciativas para modificar las leyes existentes de radio y televisión. De hecho, la alianza del PRD con otros partidos así lo ha adelantado. Siendo tema central el del organismo regulador de la radiodifusión. En este tema, y luego de que la Suprema Corte, en México, se haya inclinado por convalidar la facultad del Congreso para que la Cofetel regule a la radio y la televisión, pero con nombramientos hechos exclusivamente por el Ejecutivo Federal (sin la intervención del Senado), el tema central de las iniciativas que se habrán de presentar versará sobre la creación de una entidad constitucionalmente autónoma para regular a la radio y la televisión. El famoso IFE de las Comunicaciones.

Es incierto el resultado que esta iniciativa tendrá. Sin embargo, es probable que al Ejecutivo Federal y a su partido no le interese ceder espacio alguno sobre la regulación a los medios de comunicación. Así, el debate sobre la regulación de la radiodifusión habrá de iniciar de nueva cuenta en un entorno polarizado e incluso con intereses extranjeros de por medio.

Javier Tejado es fundador y consejero del IDET y Director de Información de Televisa. Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión de las instituciones. E-mail: jtejado@yahoo.com

Federico Reyes Heroles
Desde el sótano
REFORMA

Hace 30 años dio inicio formal la apertura política de México. Desde el propio Estado -la Secretaría de Gobernación- se anunció la apertura hacia las minorías. Dos hechos pesaban sobre la conciencia del grupo gobernante: el 68 y la carrera en solitario por la Presidencia del candidato del PRI. Se acababa una era. Ganar no bastaba. Había que obtener legitimidad. La lucha fundamental se libró al interior del sistema: “para qué cambiar la cartelera si la plaza está llena”, vociferaba un ruidoso gobernador norteño. Las centrales obreras, campesinas y de las incipientes clases medias querían seguir siendo dueñas de todos los boletos de entrada al Legislativo. Aquello no fue una graciosa concesión sino el reconocimiento propio de una grave crisis de legitimidad que comenzaba en casa, en el PRI, en el Ejecutivo.

Esa reforma madre conduciría a una serie de cambios sucesivos sobre todo alrededor del órgano encargado de las elecciones federales. Resultado: la ley electoral hoy es muy superior -mucho más elaborada- que la que tuvo su primera prueba en las elecciones intermedias del 79. Los pesos y contrapesos vigentes son mucho más variados y extendidos. Los mecanismos de verificación cruzada van desde la elaboración del padrón electoral hasta el conteo distrital pasando por las casillas. La competencia real hoy toca a más del 80 por ciento del territorio. Los avances son evidentes. Y sin embargo, nos seguimos refiriendo a esa apertura como la Reforma Política, así con mayúsculas. Mucho de añoranza merodea. ¿Por qué? ¿Qué tuvo aquella reforma que no ha estado presente en las otras?

Lo primero fue el carácter autocrítico; lo segundo una visión de Estado, que iba más allá de lo electoral. Apertura a las minorías, amnistía para los presos políticos y los no políticos, incipiente acceso a la información plasmado desde entonces en el artículo sexto constitucional. Pero los mejores argumentos no se sostienen en lo técnico. La independencia del órgano electoral, que llegó dos décadas después, fue un paso tan importante como la apertura inicial o los diputados proporcionales. ¿Cuál es entonces la diferencia? Las unidades, los intereses partidarios y personales se subsumieron a un valor superior. La nación como punto de coincidencia dejó de ser un fantasma, un intangible. Se campeaba en los encuentros. Eso sí conmueve y convence. Allí la diferencia, no técnica, ética, humana.

Fue ese contenido ético que animó las acciones lo que generó un respeto profundo. Se comenzó por casa admitiendo la crisis de legitimidad. Las urnas seguían llenas para el PRI, pero no bastaba. Además del pragmatismo -darle larga vida al PRI-, que también merodeaba, hubo un compromiso personal de los actores que supieron encontrar un territorio más allá de las elecciones y los reacomodos. De nuevo: la nación como algo concreto. La calidad de la política utilizada entonces era diferente. Predominaron las ideas y los principios antes que los cálculos. De los dos lados, tanto del gobierno como de los opositores marginados, en particular de la izquierda, hubo un tejido de autenticidad, de nobleza. Eso se extraña.

Tenemos frente a nosotros una larga agenda de reforma política. Los temas a tratar son múltiples y algunos verdaderamente relevantes. Pero no hay emoción, se desconfía y con razón de los intereses ocultos. ¿Por qué? Es muy claro. Los partidos políticos, la Cámara de Diputados y la de senadores vienen en los tres últimos peldaños de credibilidad institucional. Están en el sótano. Casi el 70 por ciento de los mexicanos desconfía de los partidos políticos y un 60 por ciento, de sus legisladores federales. Pero resulta que en la reforma que pomposamente nos quieren vender como de Estado se están dejando fuera las dos principales medidas concretas que de verdad incidirían en una mejoría en la representación para los ciudadanos: la reelección de presidentes municipales, diputados y senadores y las candidaturas independientes. No son congruentes.

La primera medida les quitaría a las dirigencias partidarias el perverso poder de elaborar cada tres años la lista de candidatos de los que inevitablemente serán en su gran mayoría aprendices de brujo durante los próximos tres o seis años. Los desacreditados legisladores que hoy tenemos son resultado de ese oscuro arreglo, no de la voluntad popular. La segunda medida, los candidatos independientes, abrirían una auténtica válvula de escape para los electores que no encuentran por quién votar. Con su anuencia o sin ella los candidatos independientes son un reclamo y una realidad, allí está la alcaldía de Yobaín en Yucatán. Pero no, los señores legisladores y sus dirigentes hablan en su “gran reforma” sólo de los otros pero no de ellos mismos.

Por ejemplo, las propuestas de reformas del PRD hablan de asuntos tan inoperantes como elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación o al agua, pero no dicen cómo, de dónde saldrán los recursos. Eso sí, no se les olvida modificar a los otros poderes, por eso proponen crear un Tribunal Constitucional o la figura de jefe de Gobierno. Por supuesto también quieren desaparecer al IFE que tiene el doble de credibilidad que ellos. De los onerosos presupuestos a los partidos nada se dice. ¿De qué se trata?

Mientras los legisladores y las dirigencias partidarias no admitan que son ellos los que están en problemas mayores, en el sótano del descrédito, que son la mayor vergüenza institucional, muy distantes del Ejecutivo, del Judicial, del IFE, 30 puntos por debajo de los medios, mientras no se miren al espejo, no habrán entendido nada. Somos sus prisioneros. Comiencen por casa. ¡Qué prepotencia dar lecciones desde el sótano!

Juegos de poder
No deben censurarse las campañas negativas
Por: Leo Zuckermann
EXCELSIOR

A continuación presento la segunda parte de la entrevista que le hice a John Geer, autor de un libro académico y políticamente incorrecto (In defense of negativity: attack ads in presidential campaigns) en el cual argumenta que las campañas negativas son mejores que las positivas.

LZ: En México tenemos un debate si las campañas negativas deben censurarse o no. Usted, ¿qué opina al respecto?

JG: Es un tema difícil. ¿Cómo definir cuándo se cruza el límite? ¿Cuándo se considera que algo es inaceptable? Primero que nada, cuando los hechos están equivocados, se genera un problema. Digamos que un candidato acusa a otro de haber matado a alguien sin que sea verdad. Pues los medios se encargarán de desmentirlo. Además, los candidatos difamados pueden defenderse y exponer las mentiras de sus adversarios. Pero lo más importante de esta dinámica es que los anuncios negativos son verificables en los hechos que presentan; suelen, por tanto, ser revisados una y otra vez antes de trasmitirlos. De ahí que los anuncios negativos sean más verídicos que los positivos. Un famoso consultor político decía que “la mayoría de las mentiras se dicen en los anuncios positivos”. Otro consultor más afirmaba que “la diferencia entre los anuncios positivos y los negativos es que los segundos sí están basados en los hechos”.

LZ: Es que en los anuncios positivos un candidato puede prometer lo que sea: generar millones de empleos o hacer rica a la gente.

JG: Efectivamente, un candidato puede decir lo que sea en los positivos. Igual y es verdad, pero no hay manera de verificarlo. En los negativos, en cambio, uno no puede decir López Obrador quiere destruir la economía del país sin presentar la evidencia que lo compruebe. Por ejemplo, ciertas declaraciones que haya hecho.

LZ: Pero en un spot de treinta segundos las declaraciones pueden sacarse de contexto.

JG: Y López Obrador podría contestar. Ahí está la belleza del asunto: los negativos disparan un diálogo entre los candidatos. Regresemos al ejemplo de un candidato que dice el otro mató a una persona. Si no contesta, ¿qué concluye la gente? Pues que sí lo hizo. En cambio, si responde y comprueba que el adversario es un mentiroso y tramposo el efecto se puede revertir en contra del que originalmente atacó. Así son los diálogos. De eso se tratan las campañas. Traen a la superficie las diferencias. Por eso hay que contestar los anuncios negativos.

LZ: Esto implica que los candidatos tengan las condiciones para responder: el dinero y el acceso a los medios.

JG: Correcto; de lo contrario sería injusto.

LZ: Aquí en México hay gente que quiere censurar los anuncios negativos. De hecho, en la última elección, el Tribunal Electoral le ordenó al IFE que lo hiciera. ¿Qué piensa usted al respecto?

JG: Me pone muy nervioso porque, en primer lugar, quién eligió a estos magistrados que tomaron esta decisión. Segundo, es meterse en una pendiente resbaladiza. Muchos de los asuntos que critica un candidato a otro tienen que ver con interpretaciones. ¿Quién y cómo define lo que es correcto?

LZ: ¿Ha habido alguna censura en EU?

JG: Nunca. Las cortes no se atreven a contravenir la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución. Los jueces dejan que sea la protesta de la gente la que genere que se retiren spots del aire.

LZ: En conclusión, ¿vale la pena regular las campañas negativas?

JG: No, si uno cree en la libertad de expresión y en el diálogo democrático.

LEY DEL ISSSTE

Llevarán queja contra la Ley del ISSSTE a la OIT
Cancela derechos a la seguridad social, argumentan
Abogados perfilan un recurso adicional ante la CIDH
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
LA JORNADA

Trabajadores al servicio del Estado y maestros agrupados en diversos sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), interpondrán un recurso de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impugnar la aprobación de la Ley del ISSSTE, pues “vulnera los derechos a la salud y garantías laborales de los empleados públicos”, informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.

El litigante, quien representa a decenas de burócratas que solicitaron el amparo de la justicia federal contra la norma, aseguró que el pasado fin de semana se determinó acudir ante instancias internacionales para denunciar a las autoridades mexicanas, luego de que el jueves 24 de mayo el juez auxiliar encargado de resolver las demandas, José Manuel Villeda Ayala, se negó a recibirlos e impidió el acceso a los expedientes del juicio.

“Este sábado nos reunimos con representantes de varias secciones de la CNTE, principalmente del estado de México”, informó Miranda Esquivel. “En la reunión los trabajadores acordaron no caer en las trampas que está tendiendo la dirección del ISSSTE”.

La CNTE erigirá un campamento frente al instituto
KARINA AVILES, EMIR OLIVARES, PATRICIA MUÑOZ
LA JORNADA

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que hoy empezará la construcción de casas de lámina, madera y bloc sobre Avenida de la República, donde se ubica la sede nacional del ISSSTE, para que el gobierno de Felipe Calderón entienda que si no oye a los maestros que piden la abrogación de la ley del instituto, ellos se harán escuchar.

Artemio Ortiz Hurtado, secretario de la sección 18 de Michoacán, realizó el anuncio, y dijo que los maestros están decididos a cambiar su “residencia” y reubicarse en la avenida citada.

Por lo pronto, ayer llegaron al Monumento a la Revolución (donde la CNTE mantiene un plantón) caravanas de profesores de Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, Michoacán y Morelos.

Otra acción que anunció el magisterio disidente es la consulta nacional para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la Ley del ISSSTE, con la “usurpación” de Felipe Calderón y con las reformas estructurales, principalemte la laboral y la energética.

En la bienvenida a más de 2 mil profesores del país, la CNTE ratificó la realización del tercer paro cívico, que se llevará a cabo el próximo viernes, en el que se prevén cierres de puentes internacionales, de vías de acceso en las fronteras norte y sur, y bloqueos carreteros. Asimismo, advirtió que ese día “sitiarán” las cámaras de Diputados y Senadores.

La CNTE se alista a sitiar el Senado y San Lázaro
Llegan refuerzos para el paro del 1 de junio
Para la protesta prevén toma de carreteras, bloqueo de bancos, cierre de escuelas y sitios a la Cámara de Diputados y el Senado.
MILENIO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recibió ayer a profesores de Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas que participarán el viernes 1 de junio en el “paro cívico nacional� contra la Ley del ISSSTE.

Para la protesta prevén toma de carreteras, bloqueo de bancos, cierre de escuelas y sitios a la Cámara de Diputados y el Senado.

“Las acciones incluyen sitiar las cámaras de Diputados y Senadores en el inicio del periodo de sesiones, para hacer sentir a los legisladores su error y su traición�, dijo Artemio Ortiz, líder magisterial.

Ayer la CNTE exigió al gobierno la destitución del director del ISSSTE, Miguel �ngel Yunes, al que acusa de impulsar una reforma que perjudica a la burocracia.

Resalta que cuenta con el respaldo de la Conago; inaugura clínicas a distancia
Lanza Calderón su propia campaña de apoyo a la nueva Ley del ISSSTE
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
LA JORNADA

Toluca, Méx., 28 de mayo. El presidente Felipe Calderón emprendió su propia campaña en defensa de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), inaugurando personalmente y por medio de teleconferencias unidades hospitalarias construidas por el gobierno anterior. Todo, según dijo, para demostrar a la brevedad y “con hechos que se tomó la decisión correcta”.

Apremiado por los miles de amparos y las movilizaciones contra la citada reforma, acudió al estado de México para hablar del “nuevo ISSSTE”.

Cortó así en Toluca el listón de la clínica de medicina familiar Nueva Oxtotitlán -concluida desde octubre pasado- y atestiguó vía satélite la apertura de otra unidad en Río Verde, San Luis Potosí, y ampliaciones de una más en Tlaxcala.

Frente a decenas de empleados, el mandatario argumentó que esas obras ya se habían concluido, pero, como sucede con muchos hospitales actualmente, no podían funcionar por falta de equipo, que finalmente fue proporcionado con recursos de esta administración.

Reforma al ISSSTE evitó una crisis: Calderón
* Sale en defensa de la ley ante la creciente inconformidad de trabajadores.
* “No hacer nada hubiera sido lo más fácil”, dice.
* Destinarán 8 mil mdp a servicios de salud.
Angelle Hernández Cháirez
EL FINANCIERO

TOLUCA, Méx., 28 de mayo.- En respuesta a la creciente inconformidad y protestas masivas de sindicatos de trabajadores, el presidente Felipe Calderón salió en defensa de la Ley del ISSSTE, al asegurar que “no hacer nada hubiera sido lo más fácil”, pero en el Instituto habría provocado una “crisis financiera de dimensiones insuperables”.

Pese a los más de 500 mil amparos que se han presentado en contra de la Ley, el mandatario afirmó que con este nuevo diseño se permite “acelerar el paso” en el gasto dirigido a servicios médicos, atención de calidad, cobertura hospitalaria y medicinas para los beneficiarios.

Sostuvo que gracias a esa legislación, en los próximos meses el gobierno federal destinará ocho mil millones de pesos para fortalecer los servicios de salud.

A más de dos meses de que se aprobó esta reforma, el michoacano admitió que se pudo haber optado “por no hacer cambios”, pero ello hubiera “arrastrado” también a las finanzas del país y la seguridad social de los mexicanos.

“La reforma tuvo que enfrentar obstáculos y dudas. Tenía razón en eso Alfonso Reyes, cuando señalaba que la historia que acaba de pasar es la menos preciada”, justificó.

DECLARACION CONJUNTA
CONTINUAMOS CONSTRUYENDO LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

Desde nuestra condición de mayoría, los trabajadores del campo y la ciudad, le decimos al gobierno, a los poderes legislativo y judicial, a los dueños de las corporaciones empresariales, a sus medios de comunicación y a los partidos políticos, que no estamos de acuerdo con el actual modelo neoliberal de economía fundado en la explotación, en el despilfarro de la propiedad pública y en la destrucción de la soberanía alimentaria y económica. No estamos de acuerdo con un régimen político de democracia simulada que basa su “estabilidad� en el desacato a la legalidad constitucional, en el desaseo electoral, en la corrupción, la mentira y la violación de los derechos humanos más elementales. No compartimos un proyecto de país donde la mayoría de los mexicanos estamos excluidos de la toma de decisiones sobre los grandes temas de la soberanía nacional, la seguridad, los recursos energéticos, los salarios, las viviendas, la educación, la salud, las pensiones y un futuro viable para los hijos. Sabemos que el fruto del trabajo de hombres y mujeres, que hoy se acapara en pocas manos, es suficiente para garantizar los derechos de ciudadanía enunciados en la constitución, aumentado, incluso, la inversión productiva y con ella el crecimiento. No nos pueden mentir: el neoliberalismo no es desarrollo ni democracia y menos justicia social.
El gobierno se encamina hacia mayores polarizaciones y desequilibrios, fortaleciendo y refuncionalizando el sistema corporativo sindical de Estado; llegó al poder promoviendo esa polarización y nació de una legalidad debatida y de una legitimidad incierta. En esa línea Calderón y sus funcionarios han anunciado la culminación de todas las reformas estructurales. De inicio, procedieron a la imposición de un nueva Ley del ISSSTE que constituye un paso más en el proceso de desmantelamiento del sistema de seguridad social mexicano, ya que, además de afectar los derechos de los trabajadores afiliados al ISSSTE en materia de jubilaciones y pensiones, abre paso, por medio de la subrogación de servicios, a la privatización de diversas prestaciones en beneficio de los sistemas hospitalarios y proveedores del sector privado. De igual manera, rompe con el carácter solidario de los fondos de pensiones.
La Ley del ISSSTE se ha convertido en la punta de lanza que abre paso a la imposición del IVA en alimentos, medicinas y prestaciones, a una reforma laboral que suprime de tajo la estabilidad en el empleo y los derechos amparados en el artículo 123 de la Constitución, por no hablar de la total privatización del sector energético, del agua, educación y salud.
En lugar de reparar y restañar su escasa credibilidad, han convertido su guerra contra el narcotráfico y el terrorismo en una escalada contra los derechos civiles y humanos, aprobando una reforma del Código Penal, que en los hechos, cancela el derecho de expresión de los ciudadanos y las organizaciones sociales criminalizando la protesta social.
Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales se niegan a responder positivamente a las propuestas contenidas en la Declaración del Zócalo y a las demandas inmediatas de organizaciones como el SUTIN y ASSA, el Sindicato del IFE, el Sindicato Nacional del Banco de Comercio Exterior, el Sindicato Independiente Nacional del Sector Salud, los sindicatos que estamos bajo el régimen de la ley ISSSTE, en particular la CNTE, por no mencionar la actitud negligente y aun criminal frente a los reclamos de la APPO y Atenco.
Hay que cambiar de rumbo. Los trabajadores mexicanos no podemos permanecer impasibles ante el deterioro progresivo de la vida política y social de la nación. Las consecuencias están a la vista. La crisis de legalidad y legitimidad del ejecutivo avanza y amenaza al sistema de partidos, al poder legislativo y judicial, sin faltar las policías y el ejército. Lo cual podría contribuir a la ingobernabilidad. Además, todo indica que las iniciativas del gobierno están dirigidas a preparar el terreno para imponer una salida autoritaria a la crisis.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestamos nuestro propósito de luchar juntos para impedir que continúe el deterioro de las condiciones sociales y económicas de nuestra población.
Pretendemos contribuir a un movimiento capaz de generar una agenda social que incida en la construcción de una democracia plena, incluyente, plural, participativa. Queremos, a partir de nuestra autonomía y de las coincidencias, unir nuestras fuerzas para combatir la impunidad, la política que pretende seguir avasallando a los ciudadanos.
La UNT y la CNTE entienden que para construir la agenda social de los trabajadores se requiere de la unidad programática de nuestros movimientos y dejar constancia que nuestra acción estará enfocada en abrir espacios de participación de la sociedad para cambiar el rumbo del país.
Por lo que las organizaciones sociales de los trabajadores convocamos a una segunda etapa de movilizaciones que iniciará con una gran jornada de lucha nacional este primero de junio y que se prolongará bajo diferentes medios y formas hasta el 31 de agosto de 2007.
Es importante señalar que esta nueva etapa de la Jornada Nacional de Lucha debe servir como preparación para las acciones que la UNT y la CNTE realizarán de conformidad con los siguientes ejes y objetivos:
•    Abrogar la Ley del ISSSTE y del IMSS.
•    Detener el aumento de precios de los productos básicos.
•    Aumentar de manera emergente el monto de los salarios mínimos y contractuales.
•    Poner en marcha una política de Estado para la creación de empleos.
•    Defender la seguridad social para hacerla universal.
•    Rechazar la reforma mercantil del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS.
•    Defender la autonomía, la libertad y la democracia sindical. Repudiar los contratos de protección y defender la contratación colectiva.
•    Constituir el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos.
•    Instrumentar una política de Estado para el campo que apoye la producción de granos básicos.
•    Renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
•    Elevar a nivel de Ley los Acuerdos de San Andrés.
•    Liberar a los presos políticos.
•    Restituir la legalidad constitucional.
•    Reconocimiento pleno de los derechos laborales como parte sustantiva de los Derechos Humanos.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN –CNTE  Y
ORGANIZACIONES DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES –UNT :
STRM, STUNAM, ASPA, ASSA, STTyM, CIOAC, FAT, STAUDG, ATM, SINTCB, Sindicato Independencia, CCC, STAUAG, SIMP, FAAPAUAM, FETUT, UNTA, SUNTNAFIN, Sindicato METLIFE, Asociación de Jubilados de BANCOMEXT, Sindicato BANCOMEXT, SUNTINEGI, SITIAVW, SINTESAT, Asociación de Jubilados de BANOBRAS, STCAT,  SDTPA, SUTIN, Sindicato del Monte de Piedad, CDT, SUTNOTIMEX, Sindicato de la Policía Bancaria e Industrial, SNTA Chema Martínez, Sindicato de Bomberos, Sindicato de Trabajadores del IFE

ASPA

Negocian Aeroméxico y ASPA reducir costos
Patricia Muñoz Ríos
LA JORNADA

La Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) realiza negociaciones con Aeroméxico para llegar a acuerdos sobre la reducción de costos y la redistribución de las jornadas de trabajo, ya que esta organización reconoce que o se incrementa la competitividad de la aerolínea o la misma “corre el riesgo de ser una cifra más en las estadísticas de empresas que desaparecen”. Indicó ASPA que se tiene que “reinventar” la empresa, ya que Aeromérico necesita urgentemente adecuar su estructura de costos para sobrevivir.

UNIVERSIDADES PUBLICAS

Demandan universidades públicas nuevo modelo de financiamiento
Afirman rectores que es indispensable convertir en obligatorio el bachillerato
Será necesario modificar la Constitución y acabar con los centros educativos patito, opinan
KARINA AVILES
LA JORNADA

Directivos de instituciones de educación superior propusieron realizar reformas al artículo tercero constitucional para hacer efectiva la meta de lograr una cobertura de 30 por ciento en este nivel y hacer obligatorio el bachillerato, así como establecer un nuevo modelo de financiamiento “multianual” y evitar la proliferación de universidades patito, mediante el fortalecimiento de los mecanismos regulatorios.

Durante la inauguración del foro en el que las universidades afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentaron dichas propuestas para ser incluidas en el Programa Nacional de Educación (PNE), el subsecretario de este nivel de estudios, Rodolfo Tuirán, expresó que los cambios a la Constitución dependerán de la “profundidad” con la que los diversos actores quieran realizar dichas reformas, pero también de la disposición del Poder Legislativo.

Al expresar que para mejorar los retos de cobertura, calidad, equidad y pertinencia de la educación superior son necesarias profundas reformas institucionales, adelantó que el PNE para este sexenio será presentado en agosto.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Demandan al gobierno federal apoyo para lograr productividad y rentabilidad
Definen organizaciones campesinas ejes agropecuarios indispensables en el PND
MATILDE PEREZ U.
LA JORNADA

Productividad, rentabilidad, competitividad y apoyo del Estado para no poner en riesgo la soberanía alimentaria son los ejes de política agropecuaria propuestos por organizaciones campesinas al gobierno federal para que sean integrados al Plan Nacional de Desarrollo. “Sabemos que en ese documento se establecen los objetivos generales, metas y estrategias. Esperamos que el remedio y el trapito aparezcan en el programa sectorial”, señalaron integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp).

Al afirmar que los planteamientos fueron discutidos con directivos de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), en el marco de la Comisión de Políticas Públicas, y que el documento fue entregado el pasado fin de semana a la Presidencia de la República, José Jacobo Femat, Federico Ovalle Vaquera y Max Correa apuntaron que no se puede continuar con una política agropecuaria que “implica la entrega de la soberanía nacional. Nosotros no podemos dar un cheque en blanco a la autoridad, ya demostramos que tenemos capacidad de movilización y de protesta, pero también para proponer”.

Dispuestos a continuar el diálogo con las autoridades para “alcanzar una política de Estado que beneficie a los productores, que reconozca la pluralidad en el sector rural y a sus organizaciones”, los dirigentes de las 15 agrupaciones del Conorp demandaron que se ofrezcan oportunidades en el ámbito rural a las nuevas generaciones, se fomente la cohesión social de las familias y comunidades afectadas por la migración, y se respalde el desarrollo integral de poblaciones agrarias y pesqueras.

OPINION

ISSSTE, tensión acumulada
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL

La reforma al régimen de pensiones de maestros y burócratas sigue sin entenderse a cabalidad, porque no se explican los beneficios no sólo sociales sino personales que presuntamente acarreará. Al tiempo que la protesta ante ella crece, la tensión se acumula y se organiza desde la desconfianza continuada frente a todo lo que provenga del gobierno por parte de grupos opositores.

Unos se amparan, otros cierran calles y toman oficinas, algunos mantienen un rechazo firme y la mayoría no conoce ni entiende las reformas, pero desconfía y teme que los ahorros de su vida puedan ser malversados.

El presidente Felipe Calderón habla triunfalmente de los cambios en el ISSSTE y se congratula de haber dado viabilidad financiera al país. Pero la desconfianza que subyace en el rechazo de los derechohabientes se basa en que no se les ha dado un trato individual, y pretende comunicarse en propaganda, en spots, lo que tendría que ser un mensaje personalizado del equivalente a la oficina de recursos humanos de cada dependencia para con sus empleados.

Si las cuentas se van a invidualizar, la información debería seguir la misma ruta. Hacer corridas financieras personales, responder a dudas comunes pero no por ello menos importantes, como la fecha de entrada en vigor, el tipo de inversión y por tanto de riesgo que corren los recursos, las nuevas edades de retiro y a quiénes y cuándo se aplican.

Es sano y comprensible el interés del personal del gobierno por su futuro laboral. Asegurarles que las cuotas descontadas de sus salarios van a llegar intactas al fondo de reserva para sus pensiones es el equivalente a servir a un cliente que comienza a ser más exigente con los servicios que recibe.

Las dudas inquietan en todos los escalafones, tanto a las afanadoras como a los investigadores científicos de primer nivel. Hay que bajar de la torre de cristal de los economistas y los actuarios, y tomarse el tiempo de hablar y explicar, porque del otro lado, del de los opositores a la reforma, lo están haciendo. Acuden a centros de trabajo a organizar el desconcierto y la desinformación y transformarla en acción política. Están en lo suyo, no hay que sorprenderse de que temas así se politicen.

No hay mejor vacuna que apostar a la inteligencia de la gente, tener disposición de defender y no de imponer los argumentos propios.

Alejémonos de una nueva apuesta a la polarización. Entendamos la lógica del temor de cualquier trabajador de llegar a ser despojado de sus derechos adquiridos.

No caigamos de nuevo en la trampa de confrontar a los trabajadores en general, y en particular a los de la educación, con su empleador, el Estado.

Hay antecedentes ominosos en el estado de Oaxaca en cuanto a dejar crecer un descontento alimentado o no de manera interesada, pero real, por falta de habilidad política.

La sensibilidad para tratar de desactivar la tensión mediante una buena y oportuna información permitirá a los trabajadores hacerse juicios propios sobre si a ellos los beneficia o no la reforma del ISSSTE, y si ayuda, como dice el Presidente, al país. Nadie irá en contra de sus propios intereses

Itinerario Político
Ricardo Alemán
Aborto y política
EL UNIVERSAL

El asunto fue utilizado por la extrema derecha del PAN que busca tomar el control del Consejo Nacional

Quienes se sorprenden de que la Procuraduría General de la República y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos promuevan una acción de inconstitucionalidad -ante la Suprema Corte de Justicia- contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal parecen olvidar que esa reforma significó un elevado costo político para la derecha y los extremistas de esa tendencia, y que por eso, por razones políticas y hasta de imagen, no quitarán el dedo del renglón.

Es decir, que por lo menos en el caso del gobierno panista de Felipe Calderón -no sabemos si también en el de la CNDH-, el recurso que pide a la Corte validar si la despenalización del aborto es o no constitucional no es más que una estratagema política, un “juego de espejos” detonado por los estrategas del Presidente, para calmar las “buenas conciencias” del panismo “duro” y de poderosos sectores de la jerarquía católica mexicana, que juntos cuestionaron la pasividad del gobierno de Calderón frente a la ley que considera como aborto la interrupción del embarazo luego de las primeras 12 semanas de gestación.

Por eso, antes de caer en el juego de la esquizofrenia declarativa, vale la pena recordar que desde el momento en que un sector del PRD del DF se montó en la reforma para despenalizar el aborto, el primer círculo del gobierno de Calderón evaluó el asunto, lo consideró como “una batalla perdida” y decidió mantenerse con un bajo perfil sobre el tema. Y no es que los huéspedes de la casa presidencial hayan apoyado la despenalización del aborto. No, lo cierto es que decidieron actuar con sentido político más que ideológico.

Entre los diputados del PAN a la Asamblea Legislativa ocurrió algo parecido. Salvo los legisladores locales pertenecientes al núcleo duro -los de extrema derecha-, el resto del grupo parlamentario aceptó un acuerdo político frente a una reforma que -ellos mismos reconocieron- “es el menor de los males frente al problema del aborto”.

En pocas palabras, que estuvieron de acuerdo en la reforma legislativa, pero sin exhibir públicamente su postura, porque para el panismo es “políticamente incorrecto” pronunciarse a favor de una ley de esa naturaleza.

Pero al interior del PAN, de la Iglesia católica y de los grupos de extrema derecha, siguió presente el problema ideológico y hasta doctrinario que significa para esos grupos el tema del aborto -y sobre todo el conflicto que le significa a un gobierno de derecha como el de Felipe Calderón-, por lo que mientras los “duros” pretenden cobrarle la factura al gobierno federal, en el primer círculo del poder se decidió por una respuesta política.

Todos saben que por distintos caminos el PAN del Distrito Federal, sus legisladores locales, el PAN nacional y sus representaciones federales intentaron sin suerte una controversia constitucional. Bueno, llegaron incluso a presionar a la Comisión de Derechos Humanos del DF, cuyo ombudsman local analizó el reclamo de inconstitucionalidad de la despenalización del aborto para decidir que no es procedente.

Entonces el asunto se convirtió en una herramienta política que empezaron a esgrimir -al interior del PAN- los grupos de extrema derecha que pretenden alcanzar el control en el Consejo Nacional de ese partido, y que se renovará el próximo fin de semana. Se echó a caminar la versión de que el de Felipe Calderón es un gobierno que aceptó la despenalización del aborto y que los “felipistas” lo “palomearon” en la Asamblea Legislativa. Es decir, que el “sambenito” del aborto fue utilizado como instrumento político en la peculiar guerra al interior de Acción Nacional.

La “grilla” escaló también entre sectores de la Iglesia católica –que para su causa pretendieron involucrar a la Santa Sede, no sólo en el escándalo de la excomunión-, quienes no aceptaron la supuesta o real pasividad del gobierno federal en ese tema. Para la derecha panista, y para la Iglesia católica, el gobierno de Calderón no hizo lo suficiente para impedir la reforma, lo que fue visto por muchos como una debilidad inaceptable de un gobierno de derecha, como el de Calderón.

No sabemos si se trató de carriles paralelos, lo cierto es que luego que la CNDH decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad, la PGR -como instancia del gobierno federal- también presentó el mismo recurso -y aquí cabe la posible casualidad del tiempo perentorio para presentar el recurso- pero con fines y objetivos distintos.

En el gobierno federal saben que es muy difícil que la Corte falle a favor de la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto. Pero lo importante para el primer círculo del poder presidencial es la reacción política y el impacto mediático.

Calderón podrá acudir al Consejo Nacional del PAN, el próximo fin de semana, con un conflicto desactivado, el del aborto, y de ahí viajará a Roma, en donde visitará a Benedicto XVI, en donde tampoco tendrá problemas con ese tema. Por cierto, sobre el asunto tampoco existe pugna con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Y es que se trata de política, y nada más.

Coordenadas / Finanzas y salud en nuestra vejez
Ahorrar más se convertirá en la única salida para hacerle frente al tema de los servicios médicos para la tercera edad
Enrique Quintana
REFORMA

Si usted cree que el único problema financiero que enfrentarán los sistemas de seguridad social en México tiene que ver con el pago de las pensiones está equivocado.

Uno de los problemas más críticos será el pago de los servicios médicos para los pensionados.

En la medida que las personas llegan a la tercera edad, los costos de sus servicios de salud crecen exponencialmente.

Una de las formas más claras de visualizar esta problemática es observando los costos de los seguros de gastos médicos mayores, según la edad.

De entrada, la mayor parte de las compañías de seguros ya no aseguran a quien tiene 65 años o más. En algunos casos, si el asegurado tiene suficiente antigüedad se renueva hasta los 69 años.

Y si ve usted el costo del seguro, podrá encontrar que a partir de los 60 años, equivale a un monto que es casi tres veces la suma que paga alguien que tiene 40 años.

En un negocio tan seguro como los seguros, la razón de esta triplicación del costo es estadística. Las posibilidades de que una persona mayor de 60 años tenga un padecimiento que implique altos desembolsos son muy superiores a las que existen en alguien de 40 años.

Las enfermedades que tienden a aparecer en la tercera edad tienen un costo de atención que es usualmente mucho mayor que las enfermedades de los más jóvenes.

Por citar sólo un ejemplo de muchos que pueden elegirse, los estudios médicos señalan que 65 por ciento de los hombres mayores de 70 años presentan evidencia microscópica de tener cáncer de próstata, con la peculiaridad de que en muchos casos el crecimiento del tumor es suficientemente lento como para que la gente acabe muriendo de otra causa.

El perfil de las enfermedades asociadas a la mayor edad, en términos generales, requiere de gastos médicos mucho más elevados.

Si a este hecho se agrega la proporción del crecimiento de las personas mayores de 65 años, entonces nos damos cuenta del tamaño del problema.

Entre 2005 y 2030, el número de personas con edades de entre 65 y 79 años se triplicará y alcanzará la cifra de 13 millones.

Mientras que la tasa de crecimiento de la población total estará en 1 por ciento aproximadamente, la de este segmento de la población será de 4.5 por ciento al año en promedio.

El más reciente Informe del IMSS a propósito de sus riesgos financieros indica que el valor presente del déficit del seguro de gastos médicos de pensionados puede llegar a ser de 27 por ciento del PIB, en una proyección a 50 años, lo que significa algo así como 200 mil millones de dólares, cuatro veces la deuda pública externa.

Pero como seguramente a usted le parecerá una cifra distante y que no le incumbe de manera directa, se lo planteo de otro modo.

Probablemente trabaje en alguna empresa que le ofrezca, además de la seguridad social institucional, un seguro de gastos médicos mayores. ¿Cómo le va a hacer usted si al llegar a los 65 años la empresa ya no le ofrece este seguro?

La posibilidad de tener una enfermedad que le implique desembolsos hasta de cientos de miles de pesos será creciente conforme aumente su edad y en contraste ya no tendrá la cobertura de un seguro privado.

Por lo tanto, es muy probable que aun si usted es de las personas de clase media que no utiliza el IMSS o el ISSSTE a pesar de ser derechohabiente, acabe haciéndolo cuando no tenga otra opción, lo que es muy probable que ocurra después de los 65 años.

Si la situación financiera de las instituciones de salud pública sigue como hasta ahora, también es muy probable que se encuentre frente a organismos que tienen una deficiencia mayúscula y que, por lo tanto, su calidad de vida al llegar a la tercera edad, se deteriore de modo sensible, independientemente de los ingresos que pudiera darle su pensión, por no contar con una buena cobertura de servicios médicos.

Desde el punto de vista social, algo que apenas se empezó a dar de modo sistemático hace algunos años, fue un esfuerzo mayor de prevención.

Si se logra que a través de cambios en los hábitos de alimentación, ejercicio, revisión médica preventiva, entre otros factores, se reduzca la incidencia de ciertas enfermedades de alto costo, se puede limitar cierta presión financiera sobre los gastos médicos de los retirados.

Lo que es un hecho es que a nivel personal y como sociedad, necesitamos visualizar la necesidad de incrementar nuestra tasa de ahorro, como la única vía para hacerle frente al cuadro que vamos a enfrentar en el futuro.

Tal vez nos tardemos pero no vamos a tener de otra: como sociedad y como individuos tendremos que consumir menos y ahorrar más si queremos enfrentar este futuro que le describí.

GCARSO

Con Satmex, Slim busca consolidar TV de paga
Participará en la subasta con un valor mínimo de 500 millones de dólares
Sugieren expertos que la Comisión Federal de Competencia vigile la subasta de la empresa satelital.
MILENIO

La posible compra de Satmex por parte de Teléfonos de México (Telmex) podría convertirse en un excelente catalizador para la incursión de la telefónica en el mercado de televisión restringida; no obstante, el proceso de venta debe llevarse con cuidado para evitar eventuales concentraciones en los mercados de telecomunicaciones.

Así consideraron expertos de la industria quienes añadieron que la batalla por Satélites Mexicanos (Satmex) estará muy competida y generará redefiniciones en varios mercados; por lo tanto sería adecuado contar desde el principio con la participación de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit afirmó que sería deseable que la Cofeco participara desde la elaboración de las bases del concurso para revisar especialmente el caso de Telmex, por toda la cobertura que ya tiene y la penetración de sus redes.

Advirtió que Telmex no podrá ser considerado un eventual operador dominante en el mercado satelital pues existen varios operadores del servicio, sin embargo, alertó de la posible acumulación de poder en otros mercados relevantes al tener una posición privilegiada en redes fijas.

OPINION

Radiodifusores de AM
Por GABRIEL SOSA PLATA
El Universal

Así como ocurrió con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), con el Grupo Fórmula y con otras empresas del sector, los 83 radiodifusores integrantes de la organización Radio Independiente y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) repentinamente cambiaron de opinión.

De calificar a la ley Televisa como una “infamia”, como un marco jurídico que favorecía al “poder fáctico”, como “una medida que deja en estado de indefensión a la industria de radiodifusión de AM”, como una reforma que “no podía evitar la indebida concentración de medios” (véase EL UNIVERSAL del 14 de diciembre de 2005, 8 de febrero y 29 de marzo de 2006), estos empresarios descubrieron más de un año después que la nueva legislación “resulta un avance importante” que “reconoce la convergencia tecnológica y de servicios”, y que promueve la “competitividad” y la “diversidad” (EL UNIVERSAL, 23 de mayo de 2007).

Y así, con un escueto pero contundente comunicado a la opinión pública, escrito con el mismo tono de las cartas de apoyo elaboradas por los “cabilderos” de Televisa, esta organización que opera 216 radiodifusoras, el 70% de las emisoras de AM, terminó con 15 meses de resistencia materializada en decenas de entrevistas, notas de prensa, participación en foros y mesas redondas, conferencias de prensa, muchos otros desplegados publicados en diversos diarios del país, campañas radiofónicas, estudios jurídicos y técnicos, en fin. Por si fuera poco, también dieron carpetazo a más de 180 amparos en contra de la reforma.

“Sólo con las combo (frecuencias de FM para operadores de AM) nos podrán corromper”, decían en corto algunos de estos radiodifusores.

Y, en efecto, su lucha más allá de la licitación de frecuencias, de la inversión extranjera en la radiodifusión, de la concentración en el sector, estaba encaminada única y exclusivamente a la obtención de canales de FM, al costo que fuera posible. Los senadores de la legislatura pasada que apoyaron la ley Televisa se los prometieron en un extraño transitorio que finalmente quedó congelado junto las llamadas “reformas paralelas” en la Cámara de Diputados, por lo que continuaron en la batalla.

Todavía hace unos días, cuando la Corte iniciaba el análisis del tema, el presidente de Radio Independiente, Roque Chávez, mantenía su al parecer indeclinable posición en contra de la ley. Pero algo sucedió la semana pasada. Una promesa o una amenaza. ¿De la Comisión Federal de Telecomunicaciones? ¿De la CIRT? ¿De Televisa? No lo sabemos. “Es un voto de confianza al presidente de la CIRT, quien se ha comprometido apoyarnos para obtener las combo”, dicen empresarios radiofónicos para justificar su aval a una reforma que antes detestaban.

“Hemos decidido cerrar filas y mantener la unidad en torno de nuestro líder”, dicen otros radiodifusores, pareciéndose mucho a las frases que se pronunciaban en la época del partido único. Se refieren a Enrique Pereda, presidente de la CIRT, uno de los dueños de Radiorama, el grupo con más emisoras entre propias y afiliadas del país (más de 220, es decir, casi la misma cantidad de las integrantes de Radio Independiente), y aliado de Televisa Radio en estrategias de comercialización y programación.

Sin hasta ahora nada tangible en sus manos, los socios de Radio Independiente, los hijos rebeldes que pidieron la salida de Televisa de la CIRT, los que amenazaron con salirse de ese cámara industrial porque ya no representaba los intereses de los pequeños radiodifusores, los que denunciaron el monopolio de la televisión y de las 14 familias que controlan a la radio, se reencuentran en casa en un momento histórico de definiciones para ellos, para la radiodifusión en general y para la democracia mexicana.

Como comentamos en esta columna (EL UNIVERSAL, 5 de julio de 2005), en los años 40 y 50, algunos de los padres o abuelos de quienes hoy forman parte de Radio Independiente llevaron a cabo una insurrección similar al interior de su sector. Exigían al gobierno que Radio Programas de México de Clemente Serna y la XEW de Emilio Azcárraga dejaran de instalar repetidoras, porque vulneraba la radio local y fortalecía a los grupos de la capital del país.

Hábilmente, la entonces Cámara de la Industria de la Radiodifusión (antecedente de la CIRT) los convenció de la necesidad de luchar por una ley específica para el sector porque con ello se solucionaría su demanda, pero debían hacerlo unidos. La Ley Federal de Radio y Televisión, escrita por los mismos empresarios dominantes de la industria, se expidió en 1960. Sin embargo, la instalación de las repetidoras y la tendencia concentradora impulsada desde el Distrito Federal continuó.

Promesas de antes, promesas de ahora. Ojalá los llamados pequeños radiodifusores tengan mejor suerte en los días que vienen.