Lun 25 Jun 2007
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SINESIS DE PRENSA
LUNES 25 DE JUNO DE 2007
REFORMA FISCAL
Sí se discutirá la reforma fiscal en el Congreso: PRD
Hay consenso para que se convoque a periodo extra
ALMA E. MUÑOZ
LA JORNADA
Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron discutir la propuesta de reforma fiscal -que presentó el jefe del Ejecutivo- con sus homólogos en el Congreso de la Unión, como parte del análisis que realizarán junto con la dirigencia del instituto político antes de asumir una posición al respecto.
Pese al rechazo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a la iniciativa, en el partido se mantiene la idea de estudiarla a fondo.
Para ello se convocó a una segunda reunión para mañana, a la cual fueron invitados López Obrador, legisladores, integrantes del “gobierno legítimo” y miembros del Comité Ejecutivo Nacional perredista.
El diputado Juan Guerra Ochoa manifestó que “en la esfera legislativa el acuerdo que tenemos es discutir y valorar en todos sus términos (la reforma fiscal), y en función de ello actuar”.
Convergencia y PRD, abiertos a la reforma fiscal
Los vicecoordinadores económicos Guerra y Del Río matizan la orden de AMLO
Los vicecoordinadores José Manuel del Río y Juan Guerra afirmaron que sus partidos definirán su posición hasta después de analizar el proyecto federal; “recomendaremos lo que más convenga a México”.
MILENIO
Diputados del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia descartaron rechazar a rajatabla el proyecto de reforma hacendaria, como se los instruyó Andrés Manuel López Obrador, y puntualizaron que los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) definirán su posición hasta después de analizar la propuesta de Felipe Calderón.
Subrayaron, no obstante, que los argumentos de López Obrador formarán parte de los elementos a discusión dentro de sus respectivos partidos políticos.
—Andrés Manuel López Obrador los llamó a darle un no a rajatabla a la reforma hacendaria; ¿ésa será entonces la posición final del PRD? —se le consultó a Juan Guerra, vicecoordinador perredista en la Cámara de Diputados.
PRD: iniciativa de Carstens ´ahoga´ a clases media y baja
Francisco Reséndiz
El Universal
E l PRD en la Cámara de Diputados advirtió que la iniciativa de Reforma Hacendaria que propone el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, recarga las obligaciones y carga tributaria en las clases media y baja del país.
Además advirtió que a pesar de que la propuesta presidencial no incluye el tema del IVA en alimentos y medicinas, tendrá un efecto inflacionario en productos básicos por el nuevo impuesto estatal a las gasolinas.
Los perredistas alertaron un supuesto acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el PRI a fin de acelerar la aprobación de dicha reforma a finales del mes de agosto.
Afirmaron que se intentará aprobar con el voto incondicional del PAN al presidente Felipe Calderón y cambios “cosméticos” que propondrán los priístas como bandera electoral.
El coordinador del Ã?rea Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, César Flores Maldonado, afirmó que la propuesta fiscal presidencial deja intactos los privilegios de los grandes grupos empresariales del país.
AMLO critica exclusión de las propuestas del Frente
José Gutiérrez-Niño
El Universal
L uego de aclarar que la iniciativa de reforma fiscal presentada por Felipe Calderón no incluye ninguna propuesta del Frente Amplio Progresista, Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de PRD, PT y Convergencia que “por ningún motivo” la aprueben.
Indicó que para su discusión se deberá incorporar la reducción en la manutención de la alta burocracia, la eliminación de las pensiones de los ex presidentes, el combate a la corrupción y la erradicación de los privilegios fiscales de los grandes empresarios y de las operaciones bursátiles.
“El gobierno panista no está incluyendo absolutamente nada de lo que nosotros propusimos en campaña y que quede bien claro: no queremos que se cobren más impuestos”, precisó en su gira de trabajo de cuatro días por el estado de Veracruz.
El tabasqueño sugirió que en vez de “bolsear” y de “sangrar” a la población, Calderón debe “reducir el costo del gobierno a la sociedad y dejar de obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional, que son contrarios a los intereses de la nación”.
Al subrayar que la reforma fiscal de Los Pinos carece de propuestas para afrontar el problema migratorio, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal alertó que “paulatinamente irán desapareciendo las remesas” que se envían desde Estados Unidos, puesto que en la actualidad “se vive un espejismo” en esos ingresos.
Paredes: el priísmo no hará concertacesiones
Saúl Maldonado
LA JORNADA
Durango, Dgo., 24 de junio. El PRI no hará concertacesiones “en lo electoral ni en otras instancias” durante la gestión de la actual presidenta nacional del tricolor, aseguró la propia Beatriz Paredes Rangel. En gira de trabajo por la entidad, para asistir al cierre de campaña de su candidato a alcalde, Jorge Herrera Caldera, la priísta sostuvo que no habrá concertacesiones sobre la propuesta de reforma fiscal ni sobre la postulación de Jorge Hank Rohn
Perfectible, el paquete fiscal, admite Hacienda
* Primer paso para la transformación hacendaria, dice el vocero.
* Corregirá la CETU la erosión provocada por la evasión del ISR.
* Sugiere a la población aceptar sólo depósitos bancarios de 5 mil pesos.
EL FINANCIERO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el paquete de iniciativas en materia fiscal enviado al Congreso no es una “acción única y definitiva”, sino sólo el primer paso de la transformación hacendaria, por lo que no descarta presentar en el sexenio más reformas.
Ante las críticas hechas por distintos sectores, debido al poco alcance de la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo, la dependencia salió al paso para responder a los cuestionamientos sobre la importancia del paquete hacendario.
De acuerdo con el informe semanal del vocero de la SHCP, es una propuesta “óptima y realista”, pues de lo que se trata es de “construir los cimientos de una nueva Hacienda Pública, no del final del proceso, sino del principio del mismo”.
Para la dependencia, la propuesta enviada al Congreso tiene méritos propios en materia tributaria, debido a que la base del ISR para personas morales está gravemente “erosionada” por los tratos y regímenes especiales, sobre los cuales las grandes empresas hacen planeaciones agresivas para pagar menos.
Eso es injusto para las compañías que sí cumplen con sus obligaciones y para los asalariados de cierto rango que deben tributar a la tasa de 28 por ciento prácticamente sin deducciones, asegura la SHCP.
Con esta reforma las autoridades buscan corregir la erosión en la base gravable del ISR, por lo que defienden la iniciativa, al afirmar que “no es un ajuste menor, sino una propuesta integral de reforma”.
A diferencia de lo que opinan especialistas fiscales independientes, sobre las desventajas de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), en su informe semanal la SHCP explica que permitirá ampliar la base gravable, sin distorsionar las decisiones de inversión, al ser un impuesto neutro, de control y mínimo para el ISR.
Inician pláticas en el Congreso
(Martín Román Ortiz)
EL FINANCIERO
Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciarán esta semana las tareas para la revisión y análisis de la reforma fiscal, que comprende siete iniciativas, en sendas reuniones donde se podría elaborar una agenda conjunta de trabajo.
La Comisión de Presupuesto se reunirá mañana para determinar la metodología para la discusión de la reforma, en particular a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a diversas disposiciones de la Constitución, relativas a los plazos para la entrega, presentación y análisis de la Cuenta Pública y en materia de gasto.
Los diputados tienen copia de la propuesta del Ejecutivo y se espera que mañana analicen el procedimiento para la aprobación del dictamen que, de manera conjunta, elaborarán con las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales.
La CETU beneficiaría a Telmex y América Móvil
Reduciría su carga fiscal: especialistas de Santander
En las cadenas de autoservicio el impacto será “neutro”
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
LA JORNADA
La propuesta del nuevo impuesto denominado Contribución Empresarial a Tasa Unica (CETU), con una aplicación inicial de 16 por ciento a partir de 2008, no afectará a América Móvil (la empresa más importante de la Bolsa Mexicana de Valores) ni a Teléfonos de México, porque la carga fiscal de ambas compañías actualmente excede la tasa de aplicación de ese gravamen, refiere un análisis del área de Inversiones para América Latina del banco español Santander.
Elaborados por los especialistas Joaquín Ley, Vivian Salomon, Martín Lara y Valder Nogueira, los primeros análisis sobre los impactos probables de la propuesta de reforma fiscal planteada por el gobierno al Congreso de la Unión señalan que las empresas con intensa inversión en capital no se verían afectadas por el nuevo impuesto; en el caso de las grandes cadenas de tiendas autoservicio que operan en el país, el impacto será “neutro”.
Desde nuestro punto de vista, acotan los especialistas de Santander, los cambios fiscales más importantes que afectarían a las empresas de telecomunicaciones que operan en México, y a las de entretenimiento, son los siguientes: el nuevo CETU, en sustitución del impuesto al 2 por ciento de los activos actualmente en vigencia; la introducción de una nueva tasa especial de 10 por ciento para juegos y sorteos, que se incrementaría a 15 por ciento en 2009 y a 20 en los siguientes años, y la imposibilidad de las compañías controladoras para consolidar pérdidas de sus subsidiarias en el pago de impuestos.
´Ahorca´ a la maquila, plan de reforma fiscal, dicen
Rechazan empresas nuevo gravamen CETU del 19%
Manuel Lombera
El Universal
La industria maquiladora de exportación en México difícilmente podría pagar la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) incluida en la iniciativa de reforma fiscal del Ejecutivo federal, informaron la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) y la consultora de impuestos Ernst & Young.
Actualmente las maquilas mexicanas de exportación pagan un impuesto de 6.9% por prestación de servicios (ensamble), pero la actual propuesta de reforma fiscal eleva el gravamen a 19%. “Ninguna empresa posiblemente estaría en condiciones de permanecer en el país con ese impuesto”, declaró en entrevista con El UNIVERSAL José de Jesús Calleros, presidente del CNIME.
El nuevo impuesto, conocido como CETU, sustituiría al impuesto al activo (IMPA). Bajo el esquema actual, las empresas maquiladoras pagan uno de dos gravámenes, según el que sea más alto.
Es común que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) resulte mayor que el IMPA. El ISR equivale al 6.9% de los ingresos de las empresas, mientras que el IMPA se calcula según los activos fijos de las compañías.
Analistas: subsidio al empleo ni creará más plazas, ni mejor salario
Para el doctor en Derecho Laboral Hugo Italo Morales, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) todos aquellos aspectos laborales o fiscales que se utilicen para incentivar la inversión y la creación de empleos mejor remunerados deberán considerar una deducibilidad de impuestos en cada una de las erogaciones realizadas por los patrones
Fernando Pedrero
El Universal
Desde la perspectiva de expertos laborales, la aplicación del impuesto de Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) y la sustitución del crédito al salario por un subsidio al empleo, contemplada en la propuesta gubernamental de reforma fiscal, no fomentará el empleo ni mejorará el salario ni las condiciones de los trabajadores si éstos no contemplan la deducibilidad.
Para el doctor en Derecho Laboral Hugo Italo Morales, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) todos aquellos aspectos laborales o fiscales que se utilicen para incentivar la inversión y la creación de empleos mejor remunerados deberán considerar una deducibilidad de impuestos en cada una de las erogaciones realizadas por los patrones. “Se puede aplicar cualquier crédito o subsidio al salario o al empleo siempre que se ordene por la legislación que será deducible, lo cual sí fomentaría el empleo y mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores”.
Sin embargo, destacó que los planteamientos hechos por el secretario de Hacienda y Crédito, Agustín Carstens, respecto a la sustitución del crédito al salario por el crédito al empleo y la aplicación del CEU deberá analizarse en la práctica para realmente calcular el efecto que traerán estas nuevas medidas sobre la administración de las nóminas de los trabajadores y en la operación misma de la empresa.
Profesionistas que cobran por honorarios, los más afectados
Pegarán cambios de ISR a los que ganan de $15 mil a $20 mil
Fiscalistas del ITAM y Mancera & Young también prevén alzas en colegiaturas y comisiones bancarias, si se aprueba la iniciativa de reforma enviada por Hacienda.
MILENIO
La simplificación propuesta en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la reforma fiscal para el cálculo del gravamen, perjudicará a los asalariados con percepciones de entre 15 y 20 mil pesos mensuales, aseguraron fiscalistas del ITAM y Ernst, Mancera & Young.
Además, con la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) las escuelas podrían subir las colegiaturas y el impuesto contra la informalidad repercutirá en mayores comisiones bancarias, advirtieron.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicó que no se está pidiendo ningún cambio en materia del ISR en el proyecto de reforma que se envió la semana pasada al Congreso.
Más bien, expuso en una de las entrevistas radiofónicas que ofreció durante el road show que realizó para explicar la reforma, es simplificar el cálculo del impuesto.
La reforma, enfocada a 40% de contribuyentes cautivos
* Asalariados de ingresos medios, los perjudicados: expertos.
Jeanette Leyva Reus
EL FINANCIERO
Los asalariados con ingresos superiores a diez mil pesos y las empresas serán los que tendrán que pagar más impuestos de aprobarse la aplicación del nuevo gravamen de Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU).
La propuesta de reforma fiscal está enfocada principalmente a gravar a 40 por ciento de los contribuyentes cautivos que ya pagan tributos y sacar de ellos los tres puntos adicionales de recaudación que tiene como meta el gobierno federal.
Esto lo hará mediante la aplicación, principalmente, de dos nuevos gravámenes directos: la CETU y el Impuesto contra la Informalidad, afirmó Carlos Cárdenas, presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública.
POLITICA EXTERIIOR
La política migratoria, posible moneda de cambio, advierte
México podría integrarse al perímetro de seguridad de EU
JOSE ANTONIO ROMAN
LA JORNADA
Ante la fallida reforma migratoria, el ‘’gobierno de facto'’ de Felipe Calderón podría ‘’elevar su oferta'’ de cooperación y aceptar que el territorio nacional forme parte del ‘’perímetro de seguridad'’ de Estados Unidos, petición que ya ha sido planteada a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) por el gobierno del presidente George W. Bush, y que seguramente será abordada el próximo agosto durante la reunión de líderes de la región, advirtió el embajador Gustavo Iruegas.
En amplia entrevista con La Jornada, el diplomático de carrera, retirado después de 38 años de servicio, califica a la actual política exterior de ‘’inmóvil y sin sustancia'’, donde la ausencia de escándalos y exabruptos ‘’tanto del presidente de facto'’ como de la canciller en turno (Patricia Espinosa) son presentados como su principal logro. Además, su presunta cercanía e interés hacia América Latina es ‘’solamente una imagen'’, pues su ocupación principal es ‘’agradar'’ a Washington e insistir en una integración a la que ya nos respondieron con el nuevo muro fronterizo.
El secretario de relaciones internacionales del ‘’gobierno legítimo'’, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, consideró que ‘’sería deseable'’ mejorar las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, pero dado que se trata de gobiernos diametralmente opuestos al mexicano, ‘’no es nada fácil'’, además de que en las dos rupturas ‘’hay cosas de fondo'’ y no solamente frivolidades o descortesías cometidas en el pasado.
En el caso cubano, la afrenta a la ‘’dignidad revolucionaria'’ viene desde hace varios años, cuando en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU México votó varias veces en contra de Cuba y puso en duda su actuación en esta materia, precisamente en un foro ‘’donde todos sabíamos que el tema no era la defensa de estas garantías, sino las diferencias entre los gobiernos de La Habana y Washington'’.
Conviene a EU el arribo de indocumentados: catedrática
Los costos de producción de ese país disminuyen, afirma
LA JORNADA
México se incorpora al circuito de la globalización por medio de la devastación del campo y el despoblamiento de diversas comunidades, cuyos integrantes no tienen más opción que salir del país, aseguró Ana María Aragonés, profesora de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La especialista explicó que Estados Unidos busca incrementar la productividad y competitividad en el exterior, y que naciones como su vecino del sur puedan expulsar su fuerza de trabajo mediante mecanismos como la pérdida de habitantes, generada por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Al participar en un coloquio sobre migración, Aragonés refirió que actualmente existen 20 millones de migrantes indocumentados en territorio estadunidense, de los cuales la mitad son mexicanos, flujo de suma importancia en el mercado laboral de aquella sociedad.
SCJN
Poco probable que se declare reponsable a Mario Marín en el caso Lydia Cacho
Sólo tres ministros apoyan la actuación contra el gobernador, afirman fuentes judiciales
JESUS ARANDA
LA JORNADA
En el caso de la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro existen “muy pocas posibilidades” de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoye el proyecto del ministro Juan Silva Meza, que sostiene que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de haber violentado los derechos de la periodista.
Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron lo anterior, en vísperas de que el pleno analice el caso, en el que la propuesta del ministro instructor es que Marín Torres es responsable políticamente de la confabulación de servidores públicos poblanos para detener e iniciar acciones legales en contra de la autora del libro Los demonios del edén.
De acuerdo con los informantes, hasta el momento el número de ministros que apoya el criterio de Silva Meza no es suficiente para que la SCJN determine la responsabilidad del gobernador poblano, lo cual es sumamente delicado, ya que sería la primera vez que el máximo tribunal ejerce su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional y al momento de emitir una decisión no se apruebe el dictamen correspondiente.
En manos de la Corte, poner “fin al poder de la pederastia”
Que pida licencia el góber precioso: abogado de la periodista
ALFREDO MENDEZ
LA JORNADA
A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis y discusión del caso de Lydia Cacho Ribeiro, que implica la posibilidad de que se exhorte al Congreso de la Unión a iniciar juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el penalista Xavier Olea Peláez afirma: “el asunto de fondo no es si una periodista fue o no agredida en sus derechos humanos; el punto esencial va más allá, y tiene que ver con el respeto y la vigilancia de las garantías constitucionales que protegen a la niñez mexicana, que representa el futuro de nuestro país”.
Artífice de la defensa legal que permitió a Cacho Ribeiro obtener su libertad absoluta en enero pasado, después de un año de litigios en los que se hizo frente a la acusación penal del empresario Kamel Nacif Borge en contra de la comunicadora, Olea Peláez asegura que la SCJN tiene en sus manos la posibilidad de declarar “el principio del fin del poder de la pederastia que opera en México con un sinnúmero de complicidades”.
MICHOACAN
Acuerdan posponer resultados de la elección del PRD en Michoacán
Leonel Godoy se declara ganador y dice que su partido saldrá unido y fortalecido
El CEN, el Servicio Estatal Electoral y las encuestadoras aceptaron dar las cifras el miércoles
La afluencia de votantes superó las expectativas; denuncias de acarreo y reparto de despensas
ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA
Gustavo Aguado / La Jornada Michoacán
Morelia, Mich., 24 de junio. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Servicio Estatal Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron declarar ganador a alguno de los seis aspirantes a la candidatura a gobernador para los comicios del 11 de noviembre -cuando se renovarán gubernatura, ayuntamientos y Congreso de Michoacán- debido a lo cerrado de la elección interna celebrada este domingo.
La decisión fue avalada por las empresas Covarrubias y Asociados y Parametría, que realizaron un conteo rápido en 120 de las 931 casillas instaladas, de 932 programadas.
Encabeza Godoy elección perredista
Acuerdan CEN y Cárdenas cerrar filas. Cuestionan resultado 3 de los 6 precandidatos en interna para postular candidato en Michoacán
Adán García y Daniel Pensamiento
REFORMA
MORELIA.- Leonel Godoy punteaba anoche la contienda interna del PRD por la candidatura a Gobernador de Michoacán con más de 9 mil votos, seguido de Enrique Bautista, con el 52.9 por ciento de casillas computadas.
Sin embargo, tres de los seis aspirantes -Bautista, Serafín Ríos y Silvano Aureoles- se negaron a reconocer el resultado preliminar.
De acuerdo con cifras del Servicio Electoral del PRD, Godoy sumaba 43 mil 245 votos, seguido Bautista con 33 mil 667 sufragios.
El computo perredista discrepó con datos de Parametría y Covarrubias, firmas que aplicaron encuestas de salida y cuya metodología no podía asegurar la ventaja de Godoy sobre Bautista.
Ambas empresas justificaron que el tipo de muestreo y diferencia entre uno y otro no superaba el margen de error de más menos 3 puntos.
Ante esto, el líder nacional del PRD, Leonel Cota, se reunió con los seis aspirantes en un hotel de la ciudad para tratar de amarrar el reconocimiento de las cifras que favorecían a Godoy.
OAXACA
Denuncian APPO y la otra campaña plan represor del gobierno de Oaxaca
Agresiones, detenciones y amenazas principalmente en San Miguel Aloápam
Alerta de movimientos sociales ante el conflicto en esa parte de la sierra norte
HERMANN BELLINGHAUSEN
LA JORNADA
El conflicto en el municipio San Miguel Aloápam, en la Sierra Norte de Oaxaca, forma parte de la estrategia del gobierno del estado contra los movimientos sociales independientes, denunciaron tanto las organizaciones pertenecientes a la otra campaña en la entidad como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). No se trata de un caso aislado. En días recientes, en diversas formas, también se han suscitado agresiones, detenciones y amenazas en Xanica, Totolapa y la zona metropilitana de Oaxaca.
Ante la exigencia al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por las autoridades priístas de San Miguel Aloápam, así como de grupos paramilitares, talamontes y empresas explotadoras de los bosques, para que “solicite la entrada del Ejército” a San Isidro Aloápam, “con la mentira hecha pretexto de que los vecinos de San Isidro están armados y que el Ejército debe entrar a ‘desarmarlos’”, tanto la APPO como la otra campaña están en alerta.
Las autoridades de San Miguel Aloápam “han actuado con el total apoyo del gobierno del estado, incluyendo la facilitación de la policía preventiva del estado para agredir a las mujeres de San Isidro”, denunció el colectivo Todos Somos Presos. “Las autoridades de San Miguel mienten ante los hechos del 18 de junio. Dicen que fueron emboscados por pobladores de San Isidro y que les mataron a sus gentes. Ellos fueron armados, ellos invadieron el bosque para seguir talando el bosque, ellos golpearon y torturaron a los detenidos y detenidas”.
CONGRESO DE LA UNION
Comienzan hoy en Guadalajara las consultas para la reforma del Estado
Se llevarán a cabo foros en Querétaro, Nuevo León, Guerrero y Veracruz
VICTOR BALLINAS, ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA
Guadalajara, Jal., 24 de junio. El primero de los cinco foros para la reforma del Estado se realizará este lunes en esta capital con el tema Federalismo. Entre otras propuestas, se busca posibilitar la relección inmediata de alcaldes, regidores y síndicos; precisar el régimen de concurrencias, competencias y colaboración entre Federación, estados y municipios, y continuar con la reforma política del Distrito Federal para que los capitalinos gocen de derechos políticos plenos.
Entre las propuestas presentadas por PRI, PRD y Alternativa resalta la concerniente a la revisión de la coordinación fiscal. Perredistas y Convergencia plantean un nuevo pacto fiscal. El partido del sol azteca sugiere además ampliar las bases de reparto entre Federación y estados en materia de impuestos especiales sobre producción y servicios, a productos derivados del petróleo, electricidad, tabaco, alcohol y cerveza. De igual forma, plantea el cobro de derechos municipales por alumbrado público y liberalizar la hacienda pública local en materia de predial y/o impuestos sobre traslado de dominio.
El perredismo, junto con Convergencia y Nueva Alianza, propone garantizar a los capitalinos el ejercicio pleno de sus derechos políticos. El Partido Nueva Alianza crear una ley de coordinación metropolitana, y el PRI realizar una descentralización hacia gobiernos estatales y municipales. Ese planteamiento también lo hicieron Convergencia, PT, Partido Verde y Nueva Alianza.
IFE
Ugalde: IFE actuará si no hay reforma electoral
El instituto debe estar preparado para los comicios de 2009, afirma
Francisco Reséndiz
El Universal
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que si el Congreso de la Unión no concreta una reforma electoral de fondo, el órgano ciudadano tomará las medidas a su alcance, en materia normativa, “para poder colmar algunas lagunas y hacer frente a la elección de 2009″.
Dijo que el instituto empezará a planear cuál es el tipo de modificaciones normativas a su alcance para enfrentar algunos de los fenómenos que se observaron durante la elección federal de 2006.
“Si el Congreso actúa y establece más claridad en las reglas de la contienda electoral, eso será un paso importante para el perfeccionamiento de la democracia.
“Si el Congreso no hiciese eso, el IFE tomará las medidas a su alcance, en materia normativa, para poder colmar algunas lagunas para poder hacer frente a la elección de 2009″, indicó.
CONFLICTO POSTELECTORAL
Organizaciones sociales instalan un campamento frente al IFE
Hoy, bloqueo en demanda de que renuncie Ugalde
ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA
Organizaciones sociales y ciudadanos instalaron anoche un campamento a las afueras del Instituto Federal Electoral (IFE), que permitió constituir la base para el bloqueo que este lunes se realizará a las oficinas del organismo para exigir la destitución de Luis Carlos Ugalde y de los consejeros electorales “que perpetraron el fraude de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador”.
Ese acto de resistencia civil pacífica, explicó Martha Elena Esteva García, de la organización Flor y Canto, busca impedir el acceso de empleados y consejeros electorales en protesta por su permanencia en los cargos y en demanda de su remplazo por ciudadanos que garanticen la limpieza de las elecciones intermedias de 2009.
Desde las cuatro de la tarde de este domingo un grupo de personas instaló una carpa en la entrada principal del IFE, en Viaducto Tlalpan y Periférico, y de manera simultánea granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se apostaron en las rejas para resguardar el inmueble.
Esteva García explicó que el bloqueo será pacífico y no tiene como objetivo tomar las instalaciones. “Es un acto de resistencia civil que no busca confrontar a la policía. Somos ciudadanos y nos acompañarán jóvenes, adultos y ancianos. No pretendemos poner en peligro su seguridad”, aseguró.
OPINION
León Bendesky
Impuestos: ¿lo necesario o lo posible?
LA JORNADA
A nadie le gusta pagar impuestos. Por eso se llaman así. Son una imposición del Estado a las personas, ya sea que se constituyan como empresas, o bien, que tengan alguna actividad económica subordinada o independiente, que inviertan o, como ocurre con la mayoría de la gente, que sean consumidores.
En verdad se pueden poner impuestos sobre cualquier cosa, como el número de ventanas que haya en una casa, siempre y cuando quienes tienen que pagarlos lo acepten y los que deben cobrarlos lo hagan efectivamente. Por esa condición inherente de conflicto que entrañan los impuestos es que éstos se evaden o se eluden, y es que hay un entorno de corrupción alrededor del sistema impositivo.
Los impuestos pueden ser una carga directa sobre los ingresos, sean ganancias, salarios, honorarios, o como el IVA, que se paga de manera indirecta cada vez que se compra algo en el mercado. Los impuestos reducen la disponibilidad de dinero y la capacidad de compra de quienes los pagan. Son una transferencia de la sociedad al gobierno, que debería usarlos para crear bienes públicos y ofrecer productos y servicios de buena calidad y a buen precio. La efectividad de esa contraprestación es lo que hace legítima en última instancia la transferencia que significa pagar impuestos. Va, entonces, de por medio la legitimidad política del gobierno y del Estado.
La manera en que se estructuran, se cobran y se administran los impuestos entraña en principio una gran desigualdad en la carga que representan para los distintos grupos de la población. Dicha condición se origina en la muy desigual distribución del ingreso que caracteriza claramente a esta sociedad.
El gobierno mandó al Congreso su propuesta de reforma fiscal, que se centra en el ISR o el ingreso. Esta propuesta expresa una de las convicciones del secretario Carstens, que sostenía de modo pragmático durante su reciente gestión como subdirector gerente del FMI: se refería a que en el campo fiscal debe apuntarse a la reforma que es posible.
Así que debemos suponer que en este caso habrá seguido esa pauta y que la iniciativa que preparó corresponde a lo que es hoy posible en las condiciones políticas del país. Ahora bien, lo que es posible no es obligadamente lo necesario y tampoco lo suficiente; puede ser una restricción.
La reforma tiene un claro objetivo recaudatorio, busca ampliar la base tributaria, tal como lo exige la condición de penuria financiera de las cuentas públicas, que existe incluso en una situación de ausencia de déficit fiscal, tal como se planteó en el presupuesto 2007. Se pretende hacer que paguen impuestos quienes hoy no pagan o no pagan lo que deberían por distintas razones asociadas con el desorden del sistema fiscal (como son los regímenes especiales y los recovecos que se han dejado a propósito y que se aprovechan en la ingeniería financiera de las empresas más grandes).
Con una mayor recaudación se quiere elevar en 2.8 puntos porcentuales su proporción del PIB en el periodo hasta 2012, correspondiendo al gobierno federal 1.9 puntos y a los estados 0.9 puntos. Ese incremento llevaría la recaudación de impuestos a un nivel de 12 puntos del PIB, cifra todavía muy baja con respecto al nivel de desarrollo de esta economía.
La reforma tiene, pues, un aspecto agregado que se asocia con el conjunto de la economía, pero su funcionamiento tiene que ver directamente con las actividades de las empresas y las personas. Para ello se propone incorporar un impuesto denominado Contribución Empresarial de Tasa Unica (CETU), inicialmente al 16 por ciento, que crecería hasta 19. Esta no sustituye al actual ISR de 28 por ciento, sino que se pagaría el que resultase mayor de acuerdo con sus respectivos métodos de cálculo.
La CETU resuelve algunos problemas con un acercamiento lateral, como es el caso el de los regímenes especiales (¿por qué no se eliminan de plano en vez de crear nuevos mecanismos de recaudación?). Pero se abren otros frentes que tienen que ver con el efecto sobre las empresas pequeñas que conforman la mayor parte. Esto proviene de que la CETU apunta a los flujos de liquidez que son esenciales para la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuya existencia, por otro lado, se trata de favorecer. Y está el asunto de la siempre complicada oferta de una mayor simplificación contable, pues ahora habrá que hacer dos contabilidades y administrar un nuevo tipo de subsidio al salario.
No se advierte en la iniciativa de Hacienda si habrá un efecto inflacionario derivado del nuevo impuesto; tampoco es explícita con respecto a la dismunición de la dependencia de los impuestos que paga Pemex, ni si la nueva recaudación hará frente a la carga contingente del financiamiento de los sistemas de pensiones.
El Congreso deberá considerar si lo que Hacienda cree posible en la situación política actual del país y las dificultades de legitimación social del gobierno es lo que se necesita para crear las condiciones sostenibles de un mayor crecimiento, el empleo y la productividad. Estas son, al final de cuentas, las fuentes básicas para una mayor recaudación, una mejor asignación del gasto, una tendencia a reducir las desigualdades sociales y regionales y un verdadero saneamiento de las finanzas públicas. Sin eso las medidas tributarias y administrativas sólo seguirán dando, en el mejor de los casos, resultados parciales e insuficientes.
Las iniciativas hacendarias, ¿cubren las expectativas? / I
Héctor Vázquez Tercero
EL FINANCIERO
Después del fracaso de la reforma fiscal promovida por Vicente Fox hace casi seis años, se esperaba con mucho interés la que prometió el actual gobierno. ¿Se cumplieron las expectativas?
Aunque no se hicieron explícitas, las expectativas de la reforma hacendaria prometida eran y siguen siendo las siguientes: 1) Aumentar en forma suficiente la recaudación fiscal (con todo, ¿qué es suficiente?); 2) No gravar con IVA a alimentos y medicinas, dada la oposición política existente; 3) Acabar o disminuir los privilegios fiscales; 4) Combatir la evasión y elusión fiscal; 5) Incorporar en lo posible a la economía subterránea a la economía formal; 6) Simplificar el cálculo y pago de impuestos; 7) Dar seguridad jurídica al contribuyente;
Fortalecer el federalismo; 9) Mejorar el ejercicio del gasto público, y 10) Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos.
El asunto es de vital importancia por varias razones que aunque son de sobra conocidas, conviene recordar: 1) México tiene una de las más bajas recaudaciones fiscales en el mundo, inclusive en comparación con países que están en las escalas más bajas de desarrollo económico; 2) Esa situación se ha compensado con los ingresos petroleros, lo que crea una dependencia insostenible; 3) Por lo mismo, es imperativo aumentar la recaudación fiscal como medio sine qua non para contar con recursos suficientes para promover el desarrollo económico y social que el país requiere.
Para muchos, la credibilidad del presidente Felipe Calderón -que asumió el poder en condiciones de una legitimidad cuestionada- depende mucho del éxito de la reforma fiscal tan prometida y anunciada en este gobierno. Sin una reforma fiscal suficientemente importante y aceptada por la sociedad mexicana, la presente administración no podría transitar por el camino de la gobernabilidad. El fracaso del gobierno del cambio y de la alternancia de Vicente Fox en materia de la reforma fiscal y en todos los temas de la vida nacional fue tan grave, que México ya no podría sumar otros seis años de nadar como muertito, como se dice en forma popular.
Después del buen entendimiento que hubo entre el Ejecutivo y el Congreso con la nueva Ley del ISSSTE en abril, el siguiente paso que todos esperan de este gobierno es lograr una reforma fiscal exitosa. El proceso de esa reforma empezó con el paquete de iniciativas de la Reforma Integral de la Hacienda Pública entregado por la Secretaría de Hacienda al Senado de la República el pasado miércoles.
El éxito de la reforma fiscal depende de dos factores: primero, que las iniciativas contengan una reforma fiscal importante y satisfactoria al interés nacional, y segundo, que el Congreso las perfeccione y apruebe. Sin embargo, si no hay bocado, no hay comida.
Con las iniciativas ya entregadas al Congreso, ¿cumplió el gobierno de Felipe Calderón con las expectativas a que se ha hecho mención? Si bien es muy temprano para dar una respuesta al respecto, sí se pueden adelantar algunos juicios, y a eso me voy a dedicar con mis limitaciones naturales en esta y la próxima entrega, procurando cubrir en su orden las expectativas enunciadas al principio de mi entrega.
Lo primero que me llama la atención es que los cambios impositivos propuestos representan un aumento de la recaudación muy limitado, de menos de tres puntos porcentuales del PIB para 2012, lo que llevaría el coeficiente fiscal total del país a alrededor del 12.0 o 13.0 por ciento del PIB, todavía así uno de los más bajos del mundo.
En la presentación de las iniciativas, el Ejecutivo establece que los siguientes gobiernos sexenales deben aumentar la recaudación en la misma proporción (3.0 por ciento del PIB) para acercarnos en el futuro a los modelos mundiales. Es decir, se lava las manos y deja a los próximos gobiernos el cumplimiento cabal del problema.
Para mí fue una sorpresa que la “Reforma Integral de la Hacienda Pública” tuviera un impacto recaudatorio tan limitado. El gobierno de Felipe Calderón está obrando con suma cautela para no arriesgar su negociación con las cámaras legislativas y partidos políticos. No quiere enfrentamientos, como los que tuvo en su momento Vicente Fox y que paralizaron al país. Quiere salir avante con una reforma fiscal, aunque sea light.
Continuando con las expectativas planteadas, hay que decir que no se tocó el IVA en alimentos y medicinas. En cuanto a privilegios fiscales, tampoco se tocaron, pero para combatirlos y evitar los abusos de elusión fiscal de los grandes contribuyentes el gobierno se sacó de la manga (nadie lo esperaba, se conservó como un secreto) una polémica Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), complementaria del ISR, que sin duda es la parte más llamativa, importante y controvertida de la reforma.
La reforma Carstens
Ricardo Raphael
EL UNIVERSAL
Hay ocasiones en que da gusto equivocarse. La semana pasada escribí en estas páginas que la iniciativa de reforma fiscal que presentaría el secretario Agustín Carstens difícilmente iba a ser consonante con los retos a los que actualmente está enfrentada la hacienda pública mexicana.
Cargado de pesimismo supuse que, en la propuesta de la SHCP, no se tocarían los intereses de los empresarios, los financieros o los inversionistas, y que por tanto, las reglas del juego que en nuestro país toleran y promueven la elusión y la evasión fiscales permanecerían intactas.
Felizmente cometí un error: entre otras cosas, la iniciativa Carstens se concentró precisamente en esta coordenada. Tanto la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), como la Ley del Impuesto Contra la Informalidad (LICI), son dos herramientas que podrían modificar dramáticamente las condiciones de la fiscalidad mexicana.
Mientras el CETU busca combatir la elusión, la LICI se avoca a luchar contra la evasión impositiva.
En el presente, un buen número de grandes contribuyentes tienen experiencia en esquivar el pago de sus impuestos gracias a que utilizan las grietas y rendijas de la legislación hacendaria. Fundamentalmente, a través del sistema de consolidación fiscal minimizan una gran parte de sus responsabilidades.
Por otra parte, muchos son los actores económicos que han logrado mantenerse fuera del radar del sistema tributario mexicano gracias a que se ocultan tras la informalidad. Se trata de incontables magos que saben hacerse invisibles para que sus ganancias queden exentas de toda contribución.
Comenzando por el primer tema es necesario advertir que un tramo importante de la elusión fiscal pasa por el régimen de consolidación. Éste consiste en lo siguiente: los empresarios importantes suelen poseer una gran sociedad que, a su vez, es propietaria de varias otras compañías. Por poner un ejemplo conocido, Carlos Slim Helú es dueño de Grupo Carso que, a su vez, es la titular de las acciones de otras empresas tales como Telmex, Nortel o América Móvil (Telcel).
En el sistema tributario mexicano hoy se permite que, a la hora de pagar impuestos, la compañía principal consolide las pérdidas y las ganancias de todas las empresas secundarias. Tal situación hace que las ganancias obtenidas por unas compañías se reduzcan, gracias a las pérdidas generadas por las otras.
Es así como las grandes sociedades suelen disminuir de manera importante los impuestos que pagan: cancelan las ganancias de las empresas que mayores ingresos les producen, con las pérdidas de otras compañías diseñadas para mantener muy altos los gastos.
Lo más grave es que con el régimen de consolidación, la SHCP no cuenta con herramientas suficientes para conocer el verdadero estado de cada una de las empresas que -en lo individual- están incorporadas en la contabilidad de la sociedad matriz.
Lo que el CETU haría, en caso de ser aprobado, es ofrecerle a la autoridad hacendaria información clara y precisa sobre la aportación que cada sociedad hace individualmente al proceso de producción. Y todavía más, en caso de que los empresarios utilicen el régimen de consolidación para eludir el impuesto sobre la renta (ISR), la SHCP se dotaría de un mecanismo eficaz para cobrarles una contribución suplementaria, con el objeto de compensar las deficiencias provocadas por el sistema de consolidación.
Es necesario aclarar aquí que, el CETU, ayudaría a lograr que se pague correctamente el ISR de las grandes empresas, y por tanto, no puede verse como una carga impositiva suplementaria para las compañías. En los hechos, no afectaría a la inversión, ni tampoco a la generación de empleos. Se trata de un mecanismo para reducir la elusión de un impuesto que, según la legislación vigente, ya debería estarse pagando -y que los grandes empresarios suelen evitar por medio de sus artimañas contables.
El otro gran tema abordado por esta reforma es el del impuesto a la informalidad. ¿Cuántos son los constructores, arquitectos, médicos o comerciantes que acostumbran pagar o cobrar sus productos y servicios en efectivo para evadir el pago de sus impuestos? Sin duda representan una amplia mayoría, y todos ellos viven al amparo de la invisibilidad tributaria.
La LICI incorpora una serie de medidas para gravar a los informales que ingresan más de 20 mil pesos mensuales y que utilizan el sistema financiero mexicano. (Todos aquellos que viven de la economía informal, y que tienen un ingreso mensual menor a este monto, por lo pronto se salvaron de ser incluidos en este paquete).
Esta iniciativa de ley busca gravar a las personas que obtienen grandes volúmenes de dinero en efectivo gracias a su actividad y que luego les depositan en sus cuentas de banco sin tener que rendirle cuentas a nadie. Se trata, entre tantos otros ejemplos, de los distribuidores de perecederos, de los mayoristas en la venta de materiales, o de los transportistas.
Esta iniciativa está bien diseñada porque, de ser autorizada, terminará convenciendo a tales sujetos de que se vuelvan visibles ante Hacienda. Con tal de no tener que pagar el 2 por ciento por todos los depósitos bancarios que hagan (cuya suma rebase los 20 mil pesos) preferirán materializarse ante el Registro Federal de Contribuyentes.
Cabe destacar que tales depósitos no siempre tienen que ver con las ganancias, sino con la operación completa de los negocios. Esto quiere decir que el impuesto a pagar por permanecer en la informalidad se volvería insufriblemente elevado.
El remedio también es bueno porque estos evasores no pueden vivir fuera del sistema financiero regulado por las autoridades: dejarían de contar con chequeras, tarjetas de débito, créditos, compra-venta diferida de facturas, transacciones en línea y todo un largo etcétera de servicios que son fundamentales para el desarrollo de sus negocios.
Como se puede observar, la magnitud de estas dos medidas propuestas (CETU y LICI) es de enormes proporciones. De aceptarse por los legisladores, ayudarán seriamente a transformar la estructura impositiva del Estado mexicano.
No obstante lo anterior -de vuelta al pesimismo de la semana pasada- cabe preguntarse: a partir de la iniciativa de la SHCP ¿los partidos y sus representantes serán lo suficientemente hábiles para esquivar las presiones que los empresarios organizados emprenderán cuando la iniciativa Carstens se discuta en el Congreso mexicano?
Propuesta sin márgenes de maniobra
Manuel Camacho Solís
EL UNIVERSAL
La reforma fiscal en curso es para financiar las necesidades adicionales de recursos que se tendrán en los próximos años. No es para dinamizar el crecimiento de la economía, ni para modificar la situación de los mexicanos pobres. Es una reforma que no dará márgenes adicionales de acción al Estado mexicano.
Las presiones de gasto que trae el gobierno, aún si se mantuvieran altos los precios de petróleo en 2008, son muy altas. Se calcula que, tan sólo el pago de la cuenta del ISSSTE y de los pidiregas que se empezarán a vencer el próximo año, absorberá la casi totalidad de lo que hoy se dedica a la inversión pública. Por su parte, la inercia del crecimiento del gasto corriente no ha sido detenida. De ahí que los ingresos adicionales estén ya en buena medida comprometidos.
Por otra parte, el entorno en el que se está moviendo la economía mexicana no es favorable. La economía de los Estados Unidos se ha desacelerado y tendrá un crecimiento mediocre. Las remesas que envían los mexicanos a nuestro país empiezan a mostrar un cambio claro de tendencia, pues se han estancado, cuando venían creciendo vertiginosamente. Las exportaciones de petróleo, aún con los altísimos precios actuales, no generarán tantos ingresos, por la caída franca en la producción. México no se ha podido beneficiar del rápido crecimiento de muchas materias primas en el mercado mundial, por problemas de producción. El consumo interno se está debilitando. Los bancos han aumentado sus carteras vencidas, con lo que moderarán sus políticas crediticias.
Aún sin considerar escenarios muy diferentes al actual, y ante la ausencia de una reforma del gasto que metiera orden en la administración pública, el gobierno va a necesitar más ingresos. Ha diseñado una reforma fiscal que, sin colocarlo en un la crisis política que habría provocado la introducción del IVA a alimentos y medicinas, le permita incrementar sus ingresos, reducir la evasión y hacer a los gobiernos estatales más corresponsables de sus responsabilidades fiscales.
La reforma fiscal no le dará márgenes adicionales a la economía ni al propio gobierno. Le da para continuar con el crecimiento mediocre y con la estabilidad. No le da siquiera para fortalecer la moneda, al grado de otros países, como Brasil. El gobierno ha preferido este camino, porque el otro, de quitar los privilegios de la burocracia, o entrar en conflicto con los gobernadores, le es muy costoso dados sus estrechos márgenes políticos.
El gobierno ha preferido un mal trago con el sector empresarial que un conflicto inmediato con la izquierda, o la burocracia. Para lograr la aprobación de la reforma, en un ambiente de tensiones con el PRI, es probable que tenga que hacerle concesiones importantes. Con lo cual, la reforma también resultara insuficiente desde el punto de vista de los recursos, en forma semejante a como ocurrió con la reforma a las pensiones del ISSSTE.
Aunque es seguro que habrá mucho rejuego de los grupos de interés en las próximas semanas, para intentar corregir las decisiones que les son adversas, es probable que no se unifique el sector empresarial, pues su situación también es difícil. No están en su mejor momento político y tampoco les conviene presionar de más a un gobierno de derecha. Algunos, sin embargo, se sentirán traicionados. Pues ni se está haciendo lo que querían ni tienen a la vista un horizonte promisorio.
La reforma fiscal que presenta el Ejecutivo es un paquete ecléctico para mantener el statu quo de la burocracia. No es la reforma con la que han soñado los neoliberales, ni la palanca para reorientar la estrategia de crecimiento económico y mejorar la distribución a la que aspiran las fuerzas progresistas. Si se complica, el problema será mayor. Si se aprueba, dará aire al gobierno y a los gobernadores de todos los partidos, pero en un cuarto que ya es muy estrecho, y donde ya hay muchos enojos que van desde la ley Televisa, a Oaxaca y a otros desencuentros con el PRI. La coalición gobernante no está en su mejor momento.
Barómetro Financiero
Rodolfo Navarrete
* Entendiendo la reforma fiscal.
EL FINANCIERO
La iniciativa fiscal enviada la semana pasada por la Secretaría de Hacienda a la Comisión Permanente del Congreso fue recibida fríamente por los mercados financieros mexicanos, que no observaron mayor movimiento que el exigido por las condiciones vigentes.
En este sentido, contrastó con las exageradas expectativas formadas en éstos en los últimos meses, cuando empezó a especularse que la reforma sería de carácter integral, que el Congreso convocaría inmediatamente a una sesión extraordinaria para analizarla y aprobarla, y que una vez alcanzado ello, las calificadoras internacionales de riesgos no tendrían mayor objeción para elevar (up grade) la clasificación de la deuda soberana mexicana.
Si bien la propuesta de la reforma tributaria de esta administración no resultó como se esperaba, tampoco constituye una gran decepción. A mi modo de ver, representa el primer paso que ha dado el gobierno para activar una reforma fiscal integral.
Las autoridades gubernamentales han decidido abordar el problema fiscal mexicano de manera gradual. Empezarán a resolverlo, en caso de aprobarse la reforma, por el lado de los ingresos públicos y, en éstos, por el de los impuestos que pagan las compañías, sean personas morales o físicas con actividades empresariales.
Al respecto, los múltiples diagnósticos que se han elaborado sobre la problemática fiscal mexicana coinciden en que, en lo relativo a los ingresos tributarios, existen dos problemas básicos: uno, el relacionado con el pago de los impuestos de las empresas y, el otro, con el pago del IVA.
Respecto al primero, el problema son las innumerables exenciones o regímenes especiales que permiten a las empresas eludir sus contribuciones de manera legal, así como la ausencia de pagos por parte del sector informal.
En cuanto al pago del IVA, el dilema es la variedad de regímenes tributarios que además de exentar de este compromiso a algunos sectores también permite eludirlos.
Para anular el sistema de exenciones en los pagos de los impuestos de las empresas se puede proceder de dos formas: una, deshaciéndolas una tras otra y, la segunda, eliminarlas de un solo tajo mediante una tasa de control.
Esta última opción es por la que se ha inclinado el gobierno, al crear la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), que obligaría a tributar a las empresas 16 por ciento de una base imponible compuesta por las utilidades brutas más los salarios pagados.
Su ventaja más importante es justamente que elimina las exenciones, de modo que todas las empresas tendrán que pagar este nuevo impuesto o el ISR aplicado a la utilidad fiscal. El que resulte mayor.
Todas las empresas pagarán lo mismo o más de lo que hasta ahora han cubierto de impuestos, pero en ninguno de los casos menos. Las más afectadas serán las que gozaban de muchas exenciones y las que mediante la ingeniería contable y fiscal lograban reducir sus utilidades con el objetivo de pagar un bajo ISR.
Una de las objeciones a este nuevo proyecto es que complica la administración del sistema tributario, al obligar a llevar una doble contabilidad por parte de las empresas: la del pago de impuestos mediante el ISR y la que podría hacerse vía la CETU, pero esto no es diferente a lo que hoy se hace con el cálculo del pago por medio del IMPAC.
En todo caso podría aceptarse que el nuevo sistema es igual de complicado que el actual. Pero esto no es lo esencial del nuevo paquete tributario, lo importante es que la aplicación de la CETU permite eliminar las fuentes de la ineficiencia que son justamente las exenciones.
La idea es cambiar de un sistema que contiene el pago del ISR sujeto a un conjunto de exenciones, acompañado de una tasa de control que es el IMPAC, a otro que prevé el pago del ISR sin exenciones y con una tasa de control que es la CETU.
En el esquema de gradualidad de la aplicación de la reforma fiscal integral, es de esperarse que el siguiente paso sea incrementar la tasa del impuesto único y reducirse el ISR hasta desaparecerlo.
Finalmente, el diagnóstico implícito en la nueva disposición fiscal es que gran parte de la evasión en el pago de impuestos viene por lo inflado de los costos laborales.
Si bien es relativamente complicado realizar esta práctica en las empresas grandes, podría pensarse que el sujeto fiscal de la nueva propuesta es el universo de las medianas y pequeñas empresas, en las que por su carácter familiar es práctica relativamente común observar grandes sueldos a los parientes o dueños de la empresa.
Esta percepción parece corroborarse si se toma en cuenta que una centena de empresas listadas en la BMV pagó el año pasado prácticamente 50 por ciento de lo recaudado por concepto del ISR, mientras que las 700 mil restantes aportaron el otro 50 por ciento.
Jesús Silva-Herzog Márquez
Lo que viene siendo inaceptable
REFORMA
Hace unos días un grupo importante de presidentes municipales del estado de Puebla dirigió un mensaje a la opinión pública. Daban fe de la honorabilidad del gobernador poblano, reconocían el trabajo que “viene haciendo” y el desarrollo armónico que el estado “viene consiguiendo” bajo su liderazgo. Según declaraban los alcaldes, el estado necesitaba seguir trabajando con su gobernador “como lo viene haciendo” a favor de las clases más necesitadas. Cientoveintitantas firmas exigían que le gente de fuera se mantuviera distante a lo que sucedía en Puebla. La entidad necesitaba seguir viviendo en paz como hasta ahora “viene sucediendo”. El documento publicado en distintos diarios no es solamente un admirable catálogo de perífrasis con gerundio, es también el retorno del instinto localista que se resiste a la mirada crítica de los intereses extraños. Queremos seguir trabajando a lado de nuestro amigo el licenciado gobernador. Déjennos en paz.
Esplendores del reflejo localista. Reflejos antiguos que cuentan con el respaldo de la cultura matriótica. La “matria”, el terruño amenazado por las invasiones del centro. Como se entiende, la historia es vieja pero cuenta con intensos capítulos recientes. Gobernadores en rebelión contra el Presidente; elecciones locales anuladas por instancias judiciales federales; estados que coquetean con símbolos de la autonomía y secesión; tribunales que exhiben las trapacerías ocultas de las instancias regionales. Además del impulso identitario que rechaza cualquier intervención del centro como si fuera un acto imperial, la resistencia local a la intervención ha contado con reglas favorables. El federalismo adoptado por México le ha confeccionado una trinchera casi impenetrable a la arbitrariedad local. La Constitución describe incorrectamente a los estados como entidades “libres y soberanas” y le cierra la puerta a la necesaria intervención federal. La conformación de subregímenes autoritarios en el país encuentra una estructura constitucional más que condescendiente. En ausencia de contrapoderes locales institucionalizados, las fuerzas estatales tienen prácticamente salvoconducto de impunidad.
Oaxaca y Puebla representan los dos episodios más recientes de la arbitrariedad local que no encuentra moderación en su propio suelo. Dos estados donde el Ejecutivo ha logrado penetrar las instancias que en el papel deberían constituirse como fuente de exigencias, frenos y reparaciones. Asambleas representativas subordinadas; medios de comunicación comprados, tribunales sometidos. En ese escenario no hay fulcro en el que pueda fincarse el contrapeso. En tal escenario es imposible abrir foros eficaces para el cuestionamiento, ni pueden ponerse en marcha mecanismos para detener o castigar el exceso. La arbitrariedad se instala así como fatalidad; cultura y destino de la patria chica.
Ahora que las instancias judiciales resuelven examinar las posibles violaciones de los derechos fundamentales, valdría la pena recordar a José María Iglesias, el gran ministro de la Suprema Corte de Justicia que aún espera el reconocimiento que merece. Iglesias entendió la responsabilidad que tiene un tribunal supremo para asegurar la vigencia de la República. El último peldaño del orden constitucional no puede desentenderse de la quiebra del orden democrático. Sabía bien que los atropellos provincianos suelen escudarse en una doctrina jurídica. Iglesias cuestionó la política judicial del desdén, esa argumentada determinación de no hacer nada ante el atropello de los poderes locales. El argumento de la soberanía suele ser, en efecto, el gran pretexto. Bajo ese amparo, escribe en su Estudio sobre las facultades de la Corte, “se esconden un puñado de ambiciosos audaces que van buscando solamente su medra personal. No es entonces la soberanía del estado la que entra en lucha contra la federación: los verdaderos infractores de los preceptos constitucionales son los que a la vez los conculcan, quieren servirse como de vil instrumento del nombre de la soberanía popular”.
El alegato de Iglesias se dirigía particularmente a los abusos electorales. Cuestionaba la tesis de que los colegios locales eran la última instancia para evaluar los procesos democráticos. Vislumbraba desde entonces una justicia electoral imparcial que cuidara la autenticidad del voto. (Véase para eso el valioso estudio de Javier Moctezuma José María Iglesias y la justicia electoral, publicado por la UNAM en 1994). Sin embargo, la lógica de su argumento vale más allá del cuidado de los sufragios. Para la vigencia plena del orden republicano ha de intervenir la Suprema Corte de Justicia. De lo contrario, se volvería cómplice de una ilegalidad irremediable. En otras palabras, la inacción judicial sería promotora de una impunidad jactanciosa y soberbia. El garante de la legalidad como mentor de transgresiones. La Suprema Corte de Justicia no puede tolerar la cínica carcajada de la coartada localista. La “soberanía” local se convertiría en refugio del crimen perfecto. Decía Iglesias que los emperadores abusaban de su poder; los dictadores abusaban de su poder, los presidentes podían abusar del poder y también los gobernadores. Si los ejecutivos locales se excedían, atropellaban derechos, secuestraban los dispositivos del control, el vigía judicial habría de asumir la seriedad de su tarea como protector de la constitucionalidad.
No cabe duda de que la ruta que traza la Suprema Corte de Justicia para investigar lo sucedido en Oaxaca y en Puebla es riesgosa. La investigación puede desembocar en un fiasco. Mucho peor sería el portazo del desprecio. Mejor sería aprender de lo reciente y dar instrumentos eficaces a la actuación federal.
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
La tremenda Corte
EL UNIVERSAL
Basta de aplausos a la Suprema Corte de Justicia, que tiene que empezar a explicar sus arreglos en lo oscurito con los verdaderos poderes de la nación
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia están viviendo sus 15 minutos de fama. Están eufóricos y rebosantes. Iniciaron su rápida escalada a la cima de la popularidad nacional con una sonora derrota de la llamada ley Televisa, y no han dejado, desde hace tres semanas, de estar judicializando la política.
El asunto de fondo está en las razones ocultas por las cuales han emitido dos fallos paradigmáticos. El de la Ley de Radio y Televisión, en el que interpretaron la ley, y el rechazo de la controversia constitucional impuesta por el IFE contra los partidos políticos, donde el fallo, con criterio antagónico, fue formalista y letrista. La borrachera de felicidad de la Corte por la forma como reposicionaron su imagen esconde esqueletos en el clóset que, cuando terminen de exhibirse todos, la Corte probará de qué está realmente hecha.
La ley Televisa, el detonador de su alegría, tendría que ser en ese contexto el motivo de su vergüenza. Desconocido por muchos, los ministros de la Corte realizaron negociaciones y cometieron traiciones en los prolegómenos de la celebrada resolución. Varios de los ministros que votaron en forma unánime por la ley Televisa ya habían acordado su voto a favor con los cabilderos que enviaron las cadenas de televisión a la Suprema Corte. Uno de ellos se disculpó de votar, José Ramón Cosío, argumentando un conflicto de interés por haber ayudado al ex senador Javier Corral, uno de los principales impugnadores de la Ley, a construir su caso contra esa legislación. Pero no mencionó que Javier Tejedo, abogado de Televisa, que participó en la redacción de la iniciativa y uno de los cabilderos en la Corte, está muy relacionado con él desde que fue uno de sus alumnos distinguidos y cercanos en el ITAM.
Otro ministro, José de Jesús Gudiño, no acudió porque estaba literalmente muriéndose, pero con el resto, se dieron enjuagues que están muy distantes de la imparcialidad que se le adjudica hoy a la Corte.
El fallo iba a ser mayoritariamente a favor de la ley Televisa, pero el miedo les empezó a escalar en el cuerpo, por una reciente propuesta del senador priísta Manlio Fabio Beltrones para crear un tribunal constitucional por encima de la Suprema Corte de Justicia con el propósito de colocarles un contrapeso.
La iniciativa de Beltrones había generado apoyos de los partidos de oposición, que aún se sienten agraviados por el papel que jugó la Corte durante el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aliada al ex presidente Fox.
Un representante de la Corte se apersonó en Los Pinos para hablar con el presidente Felipe Calderón, de acuerdo con información que ha emanado de la Suprema Corte de Justicia, y expresarle el temor que tenían los ministros. Como respuesta recibió el compromiso presidencial de no apoyar la creación de un tribunal constitucional —si el PAN no respalda esa iniciativa en el Congreso, no alcanzará la mayoría necesaria para convertirse en ley— a cambio de, según la información procedente de la Corte, votar en contra de la ley Televisa. ¿Cuáles eran las motivaciones de Calderón? No se saben. Pero si sólo se analizara lo cosmético de la celebración de la opinión política por el fallo negativo, parecería claro: la celebración es por la derrota de los monopolios, que precisamente es la línea política estratégica del gobierno calderonista.
Es decir, el fallo de la Suprema Corte hizo lo que nadie se imaginaba: unir a todos los enemigos de Calderón en su proyecto de gobierno de largo plazo. Todos los acuerdos con los cabilderos de las cadenas de televisión fueron rotos y los ministros le hicieron el juego a Calderón.
En el fallo de la ley Televisa, los ministros interpretaron la ley. Ello les trajo elogios de todos lados, señalándolos como el gran pilar en la construcción de un nuevo México democrático e invocando a los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, a seguir sus pasos. Una semana después, al resolver una controversia constitucional interpuesta por el IFE para impedir que los recortes presupuestales que les impuso el Congreso dejara intacto el financiamiento de los partidos políticos, la Corte votó seis a cinco contra el IFE, argumentando que de acuerdo con el artículo 105, no tiene la facultad de interponer controversias constitucionales. O sea, de la interpretación de la ley en el fallo sobre radio y televisión, a la aplicación formalista y letrista de la ley. Todo en siete días.
La Suprema Corte no contribuyó con ese fallo al mejoramiento de la vida democrática de México. Por el contrario. Al fallar contra el IFE, lo que avaló fue la permanencia eterna del financiamiento de los partidos, de acuerdo a como están ahora, sin posibilidades de modificarse, puesto que los únicos que ahora podrían cambiar los términos del financiamiento son precisamente los partidos. El órgano democrático que tanto elogió la opinión política por la ley Televisa le dio un puntapié a la democracia al permitir nuevamente el uso casi discrecional de los partidos sobre el dinero de los contribuyentes, que ha probado no sólo ser un dispositivo de control al avance democrático, sino un barril financiero sin fondo a cuenta del bolsillo de los ciudadanos. El fallo contra el IFE no obtuvo mayor resonancia porque la opinión política se siente agraviada por el órgano electoral.
Pero ese fallo también tiene su historia oculta. El voto que modificó el rumbo de la Corte lo emitió la ministra Margarita Luna Ramos, quien había elaborado un dictamen de controversia constitucional que sirvió al IFE de argumentación para presentar la suya, y que había dicho a varios consejeros que no tenían ni qué hablar con ella porque su decisión estaba clara: votaría a favor del IFE. La votación se iba a dar hace exactamente dos lunes, pero se prolongó en una sesión extraordinaria al siguiente. Ella ya no pudo excusarse de votar, que es lo que iba a hacer, y al ser requerida en el pleno lo hizo exactamente en contra de aquel dictamen que escribió y de sus ofrecimientos. La presión que se hizo a ella y a varios ministros fue que después de lo que habían hecho con la ley Televisa, tenían que calmar los ánimos parlamentarios en su contra y, por tanto, entregarles el destino del IFE. Su costo en términos de opinión pública sería menor que el beneficio, en términos de los objetivos de la Corte en el largo plazo: mantenerse como el órgano judicial supremo. Pero el costo de la Suprema Corte como institución es muy alto.
De manera sistemática lo que hicieron los ministros en las tres últimas semanas fue judicializar la política, emitir fallos con criterios enfrentados, decidir políticamente sus posiciones y entregarse a los poderes a los que deberían servir como contrapeso. No hay nada que aplaudirles. Hay que cortar su borrachera y que en la cruda nos empiecen a explicar por qué están hechos los ministros de miedos y compromisos, de traiciones a su investidura y de engaños a los mexicanos. Eso es lo que hay que exigirles.
OIT
Tira México dinero en OIT
Cumple con cuotas, incumple con convenios. Es el número uno en AL y el 10 en el mundo en contribuciones a este organismo
Arturo Rivero
REFORMA
A pesar de que México paga anualmente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una cuota equivalente a 55 millones de pesos, el País no cumple con los convenios que se ratifican a través del organismo.
De acuerdo con la OIT, este año se erogarán 5 millones de dólares, lo que convierte a México en el miembro que más contribuye de América Latina, y el décimo del mundo, de 180 naciones afiliadas. Las aportaciones anuales a la OIT equivalen al sueldo de todos los Secretarios de Estado.
Sin embargo, esa membresía a la organización resulta onerosa, pues finalmente no se traduce en políticas laborales de estándar internacional.
De hecho, el Gobierno mexicano ha ratificado 78 convenios internacionales -de los 188 con los que cuenta la OIT-, entre los que destacan la defensa de la libertad sindical y los que prohíben la discriminación laboral, pero que no se cumplen.
Un ejemplo es el convenio 111 que habla de la no discriminación en materia de empleo y ocupación.
Según el abogado laboral Arturo Alcalde, esta reglamentación se viola porque, al momento de buscar un empleo, la discriminación se da por edad, condición económica, sexo, apariencia física y hasta por religión del aspirante.
Exige OIT denunciar violación a convenios
Afirma el organismo que los acuerdos son para cumplirse. Puede cualquier país interponer un reclamo, se investiga y en su caso, se sancionan las faltas
REFORMA
Si un sindicato, asociación empresarial o el propio Gobierno percibe que hay una violación a los derechos consignados en algún convenio ratificado por el Estado, debe interponer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró, Miguel del Cid, director general del organismo para México y Cuba.
“Puede interponer una reclamación o queja ante la OIT y efectivamente la OIT a través de sus órganos especializados, inicia un proceso de investigación sobre la denuncia correspondiente.
“La OIT cuenta con mecanismos de control aprobados por todos los Estados miembros (180 países) por medio de los cuales se sanciona a quienes incumplen los convenios ratificados”, explicó.
Del Cid dijo que es indispensable el acatamiento de los convenios para evitar la competencia desleal de aquellos países que producen mercancías o brindan servicios a menores costos por no respetar la legislación laboral en desmedro de la calidad de vida y de trabajo de los trabajadores.
SNTE
Sale SNTE ‘ganón’ durante el foxismo
Gozan de aumentos sin vincularlos a la calidad
Sonia del Valle
REFORMA
Sin comprometerse a metas de calidad y a evaluaciones sobre su trabajo, el sindicato magisterial fue de los consentidos en el sexenio de Vicente Fox en aumentos y prestaciones.
Un recuento de los pliegos petitorios del SNTE revela que, de 2000 a 2006, logró aumentos salariales por 35.85 por ciento, 9 por ciento en prestaciones y un incremento de 79.6 por ciento a la Compensación Provisional Compactable, también conocida como rezonificación, la cual sirve para homologar los salarios en las diferentes regiones del País.
Como broche de oro, un mes antes de terminar su gestión, Fox firmó un acuerdo de rezonificación transexenal. Según dijo entonces la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, ese convenio garantiza la entrega de 41 mil 670 millones de pesos en la administración de Felipe Calderón.
Especialistas consultados por REFORMA cuestionaron que los aumentos no estén vinculados a objetivos y compromisos con la calidad y la evaluación educativas.
Eduardo Andere, especialista en política educativa del ITAM, señaló que el sindicato magisterial es el único gremio que tiene tres pisos de negociación salarial al año, sin que el aumento esté medido o anclado a la productividad de su trabajo.
Noé Rivera la denunció ante el IFE
Llama Gordillo “mercenario” a su ex colaborador
El ex operador político dice que cometió irregularidades para el registro del Panal. MILENIO
La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo acusó de “mercenarioâ€?, “pequeñitoâ€? y “mediocreâ€? a su ex operador político Noé Rivera, quien la denunció ante el Instituto Federal Electoral de supuestas “irregularidadesâ€? para conseguir el registro del Partido Nueva Alianza.
“El señor Noé Rivera, a quien no tengo mucho interés de contestarle, porque no me merece la menor atención, obedece a intereses muy claros, es un mercenario, que estuvo trabajando con nosotrosâ€?.
Para Gordillo las descalificaciones efectuadas por quien se encargara del área electoral del SNTE y fuera su brazo derecho durante seis años, resultan a todas luces absurdas, por lo que esperará a que concluyan las investigaciones para se aplique la ley a quien resulte responsable.
“Hoy dice que yo lo amenazo…creo que no es motivo de discusión, es tan pequeñito, tan mediocre… tan miserable, que no tiene caso hablar de él.
“Que se hagan las investigaciones (que las autoridades) juzguen convenientes y que a quien resulte responsable se le aplique la leyâ€?, precisó en su última conferencia de prensa.
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Culpan productores agropecuarios al gobierno por alzas en la canasta básica
Conoc y UNORCA temen que el calderonismo profundice las políticas neoliberales
Acusan a la administración federal de subsidiar a industriales lecheros foráneos
MATILDE PEREZ U.
LA JORNADA
Los productores no son los responsables del incremento de los precios de algunos artículos de la canasta básica; el gobierno es el que no se ha puesto a trabajar para controlar la especulación de las grandes corporaciones, sostuvieron dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), Confederación de Porcicultores Mexicanos y de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).
Mientras el gobierno apuntó que por los aumentos de 400 por ciento en el maíz -a los agricultores se les pagó a 2 mil 300 la tonelada y los intermediarios lo vendieron a los industriales de molinos y tortillerías a 3 mil 200 pesos- y del litro de leche -dependiendo de la zona geográfica, de uno a cinco pesos- no bajará el índice inflacionario este año, los líderes de los productores puntualizaron que las prácticas monopólicas, el intermediarismo y la omisión gubernamental en actuar para detener el alza de los insumos para la agricultura son las causas de las alzas de precios en los anaqueles.
En el caso de la leche, la decisión de la empresa paraestatal Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) de no estar obligada a comprar la producción nacional de leche y tampoco pagar un precio real pone en riesgo de quiebra a 200 mil productores, en tanto paga hasta 30 por ciento más por el lácteo en polvo que importa de Nueva Zelanda, asentó el dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar.
Utilizó a Liconsa, dice
Calderón monopolizó el precio de la leche: CNC
Cruz López Aguilar, presidente de la CNC, dijo que el alza de casi 400 por ciento al precio del maíz amarillo repercute en la industria lechera.
MILENIO
La Confederación Nacional Campesina acusó al gobierno de Felipe Calderón de realizar prácticas monopólicas en la fijación del precio de la leche a través de su empresa Liconsa y lo responsabilizó de la quiebra de más de 200 mil productores.
La CNC, organización que manifestó su apoyo a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, así como a Jorge Hank Rhon, cuya candidatura al gobierno de Baja California fue revocada por un tribunal, aseguró que la administración panista discrimina a la producción nacional al pagar hasta 30 por ciento más por el lácteo en polvo que importa de Nueva Zelanda.
Cruz López Aguilar, presidente de la CNC, dijo que el alza de casi 400 por ciento al precio del maíz amarillo repercute en la industria lechera y en una “cascadaâ€? de aumentos en productos de primera necesidad, lo que en breve se reflejará en los derivados del lácteo, como quesos, cremas y yogures.
Al reunirse con productores lecheros cenecistas encabezados por José Antonio Rico, el líder de la central, sostuvo además que la secretaría de Agricultura se ha ensañado en contra de los productores del país con su negativa a emitir las Reglas de Operación del Plan Emergente de Competitividad para la Producción de leche que debieron publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero.
CNC: al borde de la quiebra, 200 mil productores de leche
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO
La Confederación Nacional Campesina (CNC) acusó al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa de incurrir en prácticas monopólicas en la fijación del precio de la leche por medio de Liconsa, lo que tiene al borde de la quiebra a más de 200 mil productores del país.
Luego de una reunión con productores del lácteo, el presidente de la CNC, Cruz López Aguilar, criticó que la administración federal pague hasta 30 por ciento más por el alimento proveniente de Nueve Zelanda que por el nacional.
El alza de casi 400 por ciento en el precio del maíz amarillo, que repercute en la industria lechera, causará una “cascada” de aumentos en productos de primera necesidad.
La negativa de la Secretaría de Agricultura a emitir las Reglas de Operación del Plan Emergente de Competitividad para la Producción de Leche, que debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero, refleja que la dependencia se ha ensañado contra los productores del país.
LEY DEL ISSSTE
En el plantón frente al ISSSTE, hoy empieza la “escuela popular”: CNTE
Se impartirán materias obligatorias y talleres sobre lucha social y sindical
EMIR OLIVARES ALONSO
LA JORNADA
En una nueva jornada de lucha por la abrogación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pondrá en marcha hoy la llamada “escuela popular”, en el plantón que los profesores mantienen frente a las instalaciones de esa institución.
Tras una larga asamblea de la coordinadora, Daniel Avila, integrante de la sección 18 del SNTE de Michoacán y miembro de la directiva de la CNTE, informó que el objetivo de esas jornadas educativas será promover entre niños, jóvenes y adultos cursos y talleres de formación académica y de lucha social y sindical.
EMPLEO
Desvalorización del trabajo, uno de los graves problemas en el país: experta
De cada siete empleos seis se generan en el ámbito informal, señala
Mano de obra barata, falta de prestaciones y mala actuación de sindicatos, otras constantes
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA
Se empiezan a agotar las principales válvulas de escape que tenía el sector laboral para sobrevivir, como en el caso de la maquila, el cual se ha fatigado por la abrupta salida de cientos de empresas al continente asiático y a Centroamérica; mientras, la economía informal se ha saturado al grado que seis de cada siete empleos generados son del ámbito informal y subterráneo.
Aunada a esto ocurre una grave pérdida de valor del trabajo en México, impulsada por los empresarios y el gobierno, la cual está provocando una verdadera situación de “violencia económica” en contra del sector.
El informe titulado La desvalorización del trabajo y crisis del sindicalismo, elaborado por la especialista Laura Juárez Sánchez, coordinadora del área de investigación de la Universidad Obrera de México (UOM), plantea que además de que los obreros mexicanos están siendo excluidos de los servicios de salud, seguridad social y educación, también han visto deteriorarse gravemente su salario y se están siendo orillados a emplearse en formas indignas de trabajo.
TRABAJO MIGRATORIO
Eligen destino turístico para incrementar el impacto de la protesta
Miles toman Hollywood por reforma migratoria
En la manifestación participaron más de 200 organizaciones, además de turistas. MILENIO
Con la asistencia de miles de personas, ayer se realizó en el corazón de Hollywood, California, una protesta de decenas de organizaciones para demandar una amplia reforma migratoria.
La turística intersección del bulevar Hollywood y Highland fue cerrada al tráfico, en la protesta se mezclaron cientos de turistas con manifestantes con pancartas y consignas, bajo un incesante calor.
“Esta protesta es clave, ya que se considera que esta semana el Senado definirá el rumbo para concretar la reformaâ€?, declaró el director ejecutivo de Confederación de Federaciones Mexicanas (Cofem), Arturo Carmona.
En tanto, Raúl Murillo, director de Hermandad Mexicana Nacional en Los Ã?ngeles, indicó que el mensaje más importante de este día va dirigido al Senado, a la Cámara de Representantes y a la Casa Blanca.
“Les pedimos que no hagan caso de grupos extremistas que piden detener el debate y les exponemos que 83 por ciento de los inmigrantes en este país están dispuestos a apoyar una reforma migratoriaâ€?, indicó.
SAR 92
Falta rastrear ahorro del 92
Deben trabajadores recuperar recursos del SAR. Reconocen Consar y Afores dificultad para unificar cuentas; brindan poca ayuda
Gabriela Cabrera
REFORMA
Los trabajadores que laboraron en el sector público o privado entre 1992 y 1997, deben recuperar sus recursos del SAR 92, sin embargo, esto es casi imposible, reconocieron la Consar y las Afores.
El documento fundamental con el que debe contar el trabajador para recuperar su ahorro registrado antes de que el nuevo sistema de Afores entrara en vigor, es el recibo o recibos del banco donde su empleador le depositó los recursos de su pensión entre 1992 y 1997.
Según la Consar, los recursos del SAR 92 en poder del ISSSTE suman 139 mil 596.81 millones de pesos a abril de 2007; y los correspondientes al IMSS se desconocen.
No obstante, el anterior Gobierno de Vicente Fox dispuso de 20 mil millones de pesos del SAR 92 del IMSS para amortizar deuda pública.
De acuerdo con promotores de las Afores Invercap y Banorte, si el afiliado no cuenta con esos comprobantes (tipo baucher) del banco donde se realizaron los depósitos, los recursos del SAR 92 se quedarán en el IMSS, sin generar rendimiento alguno, y se integrarán a la pensión al momento en que el trabajador se jubile.
Los recursos del SAR 92 se pagarán en un sola exhibición al trabajador cuando se jubile, los cuales complementarán los recursos de su cuenta individual, actualmente operados por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), dijeron.
SNTSS
Disidencia de SNTSS busca crear sindicato
Denunciará ante la OIT ´represión´ de la dirigencia del gremio
Julián Sánchez
El Universal
Varios de los inconformes que rompieron en octubre pasado con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el marco del proceso electoral interno, buscan crear una nueva organización gremial que servirá, aseguran, como una opción democrática para los empleados del instituto, y de contrapeso a lo que ellos consideran son acciones de intolerancia y represión desde el liderazgo sindical.
Sin embargo, el secretario general del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, rechazó las acusaciones. “Si hacer cumplir el estatuto a quienes lo han violado es actuar con intolerancia y represión, que revisen bien esos estatutos”.
En entrevista sostuvo: “Debemos tener un orden, porque si no al rato habrá una anarquía y harán lo que se les pegue la gana. Eso no lo voy a tolerar, por lo que actuaré con mano firme acatando el estatuto y haciéndolo respetar”.
Cabe recordar que previo a la elección del secretario general y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, realizada en octubre pasado, un grupo del comité entonces encabezado por Roberto Vega Galina, rompió con éste al no estar conforme con la candidatura de Gutiérrez.
PROGRAMA DEL PRIMER EMPLEO
Afecta el lento crecimiento de la economía
Poco impulso al programa de primer empleo: Canacintra
Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el programa del primer empleo ha tenido poco impulso por parte del gobierno federal.
MILENIO
Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el programa del primer empleo ha tenido poco impulso por parte del gobierno federal.
El presidente de la Canacintra, Miguel Marón, dijo que a pesar de tratarse de una buena medida para la creación de empleos, si la economía no avanza a buen ritmo difícilmente las empresas podrán contratar a más gente.
“Con crecimientos económicos de 3 por ciento, difícilmente vamos a contratar a toda la fuerza de trabajo que año con año ingresa a la Población Económicamente Activa. Debemos tener crecimientos de 5 o 6 por ciento para contratar másâ€?, dijo.
Aclaró que el programa de primer empleo no es condición para contratar a un trabajador, pues si una empresa está mal en sus números, es sinónimo de que el país no crece de forma suficiente.
TELEFONIA
Telefónicas piden se les exima de presuscripción
Llaman a Cofemer fallar en favor del anteproyecto de la Cofetel; tres de cada mil usuarios cambian de operador
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Solamente tres de cada mil usuarios cambian de concesionario de larga distancia mediante el proceso de presuscripción, mecanismo por el cual los clientes pueden elegir a un operador de este servicio distinto al que les provee de llamadas locales.
Esta situación se debe a que sólo Telmex ofrece el servicio de presuscripción, y eso en algunas plazas.
Por eso es que las telefónicas pidieron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que emita un dictamen en favor del anteproyecto de la Cofetel que libera a los operadores de telefonía local y móvil de la obligación de ofrecer este esquema a sus usuarios.
Los operadores de telefonía local nunca han ofrecido esta alternativa.
En una carta enviada a la Cofemer, Alestra, Axtel, Maxcom, Megacable, Protel, Marcatel, G Tel Comunicación, Unión Telefónica Regional y Corporación de Telecomunicaciones Regionales sostienen que si se les obliga a ofrecer el esquema de presuscripción se incurrirá en mayores costos que beneficios.
Esto debido a que tendrá que asumir más gastos que les impedirá ofrecer mayores reducciones en sus tarifas a los usuarios.
La Chequera
* Definición en Cofetel: fin de agosto el estimado.
Alicia Salgado
EL FINANCIERO
El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el viernes el amparo en revisión número 196/2007.
Lo adivinó: la revisión corresponde a la sentencia que el 14 de mayo emitió el juez Miguel Alvarado Esquivel, del Duodécimo Distrito en Materia Administrativa, dando la razón a Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Aldrich, en el juicio de amparo que interpusieron contra actos del Congreso de la Unión cuando fueron “objetados” por la tercera comisión de la Comisión Permanente al puesto de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Debo decirle que por acuerdo, el 22 de junio se admitieron los recursos de los quejosos, los terceros involucrados que son los actuales comisionados Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega, las autoridades responsables (Congreso de la Unión) y el Ministerio Público en representación del Ejecutivo Federal, obviamente.
La revisión colegiada se torna muy importante en estos momentos de la relación Ejecutivo-Legislativo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, concluyó ya el análisis de la controversia constitucional del caso y en ella quedó bien asentado que el último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que sustenta la objeción legislativa, es inconstitucional por tratarse de una facultad del Ejecutivo designar a los servidores públicos que pertenecen a la administración pública centralizada, en este caso la Cofetel.
Por ello, se estima que la sentencia del juez de distrito se confirme por el Colegiado en tres o cuatro semanas (una semana después de las vacaciones del Poder Judicial), lo que nos llevaría a agosto.
Le cuento un dato interesante que puede confirmarse en el Consejo de la Judicatura y entre abogados litigantes: en todos los recursos presentados por las partes en este juicio, el Colegiado siempre ha confirmado el criterio de Alvarado Esquivel, ya que se trata de un juez muy sólido y perfeccionista en sus resoluciones, y si se acuerda en su sentencia él sí determina consecuencias:
“En 24 horas, a partir del momento en que la sentencia cause ejecutoria, el presidente de la República (Felipe Calderón) deberá dejar insubsistentes el comunicado del 21 de junio de 2006 y los nombramientos de los comisionados Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca, hoy terceros perjudicados, y en su lugar designar a los hoy quejosos, en los términos en los que fueron señalados en el comunicado del 9 de mayo de 2006 al Senado, emitido por la Presidencia de la República. Del Villar para un periodo de cinco años y Martínez Pous para uno de seis.”
Esto por cuanto corresponde a la sentencia y la revisión que le comento, pero en relación con todos los integrantes de la Cofetel, no nos hagamos bolas.
La Consejería Jurídica de la Presidencia que encabeza Daniel Cabeza de Baca y el procurador de Justicia, Óscar Medina Mora, lo tienen muy claro: los nombramientos de los comisionados (de los cinco) realizados con un mecanismo inconstitucional (artículo 9-C de la LFT) son también inconstitucionales, ya que son consecuencia directa de actos violatorios a la Constitución, por lo que no deben seguir surtiendo efecto.
Este razonamiento, expresado y sustentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, es el mismo que expresó el juez Alvarado en su sentencia: los ministros entendieron (me encantaría que revisaran los discursos del ministro Góngora Pimentel y Mariano Azuela) que no existe retroactividad en la invalidez de los nombramientos en virtud de que el cargo se va ejercitando de manera sucesiva; esto es, a lo largo del tiempo, por lo que no puede considerarse como un acto consumado. (Sesión de la SCJN del 6 de junio de 2007).
Tal vez eso es lo que explique el cambio discursivo y de actitud observado en la Cofetel que preside Héctor Osuna. Por un lado, Ernesto Gil Elorduy busca “puente” para decirle al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, que él no tiene problema alguno y puede ser “su tercero” en la balanza.
Por el otro, se reactiva el programa de licitación de frecuencias después de un año de retraso, así como la instalación del Comité de Portabilidad y, finalmente, se reactivan las críticas contra Rafael del Villar, por su ausencia mediática, aunque no hay tema que en la Cofetel emitan que él en lo personal no haya dado el visto bueno y un poco más, le guste o no, a los subordinados de la segunda ventanilla.
Le puedo confirmar que para agosto es probable también que el Colegiado coincida con el engrose de la SCJN, tiempo suficiente para que el presidente Calderón decida quiénes integrarán a la Cofetel en calidad de comisionados, y por lo que escucho descarto refrendos.
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