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SEGURIDAD PUBLICA

México, en la lista negra de Osama bin Laden
Amenaza por internet incluye como objetivos de ataques a Canadá y Venezuela
La Voz del Jihad, filial del grupo terrorista Al Qaeda en Arabia Saudita, advierte que atacará instalaciones petroleras del país por suministrar el producto a Estados Unidos.
MILENIO

Las instalaciones petroleras de Canadá, México, Venezuela y otros suministradores de petróleo a Estados Unidos fueron declaradas como blancos legítimos del grupo terrorista Al Qaeda, con el fin de llevar la guerra contra Washington a otro terreno y atacar a la economía estadunidense con base en su dependencia del crudo foráneo.

La cruzada contra el primero, segundo y cuarto abastecedores de petróleo crudo al mercado estadunidense fue lanzada por la publicación en línea Sawt al-Jihad (La Voz del Jihad o Guerra Santa), de la filial de la organización Al Qaeda en Arabia Saudita, la llamada “Organización de Al Qaeda en la Península Arábiga�, que reapareció luego de casi 22 meses de silencio.

Duda la Segob de amenaza terrorista
Difunden que México, Canadá y Venezuela son objetivos de Bin Laden por proveer petróleo a EU
La dependencia informó que se mantendrá alerta ante la situación.
Francisco Ramírez, titular de la Segob, se reúne hoy con Michael Chertoff, secretario de Seguridad MILENIO

La Secretaría de Gobernación aseguró que el gobierno federal no tiene “evidencia de la veracidad� de la información difundida por distintas agencias internacionales de noticias sobre una amenaza del grupo terrorista Al Qaeda contra México por ser distribuidor de petróleo de Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia informó que se mantendrá alerta y reiteró que la industria petrolera del país se encuentra protegida permanentemente por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública las 24 horas, los 365 días del año.

IFE

La Corte da entrada a queja de consejeros
Dirimirá el grado de autonomía del IFE
Abre plazo de 30 días para que Legislativo y Ejecutivo respondan a la controversia.
El tribunal definió que el organismo es originario del Estado y por tanto con derecho a inconformarse
MILENIO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por el Instituto Federal Electoral (IFE) contra la Cámara de Diputados, por la supuesta invasión de ésta a la autonomía del organismo, al decidir cómo disponer de su presupuesto.

El ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, consideró que aun cuando el artículo 105, fracción I, de la Constitución no prevé como sujeto legitimado para acudir a la controversia al IFE, puntualizó que en el 41 se señala que un organismo constitucional autónomo encargado de la función electoral goza también del carácter de órgano originario del Estado.

Rechaza la Corte controversia de la CNDH, pese a que admitió la del IFE
Argumenta que la comisión, como organismo autónomo, no puede interponer esa demanda
El recurso había sido aceptado en primera instancia, pero la Presidencia se inconformó
JESUS ARANDA
LA JORNADA

Ayer el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del recorte aplicado a su presupuesto de egresos 2007, por considerar que un organismo constitucional autónomo puede interponer ese tipo de demandas; sin embargo, ayer mismo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el argumento de que dichos organismos no están facultados para demandar por este vía.

Al resolver el recurso de reclamación 20/2007-PL, derivado de la controversia constitucional 150/2006, promovida por el Poder Ejecutivo federal -a través del consejero jurídico de la Presidencia- en contra del auto de admisión de un recurso con el que la CNDH reclamaba unos inmuebles al Presidente de la República, los ministros tomaron su decisión por tres votos contra dos, en este caso con la oposición de Genaro David Góngora Pimentel y Margarita Beatriz Luna Ramos.

Restablecer confianza en el IFE, pide Woldenberg
Un tercio de ciudadanos no cree en el instituto
Plantea el ex consejero presidente reformas para dar certidumbre a las impugnaciones.
MILENIO

El ex presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg aseguró que aun cuando la actuación de los consejeros en los comicios del 2 de de julio pasado fue correcta y apegada a la ley, se debe trabajar para restablecer y fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia ese organismo público.

“No comparto la acusación de la falta de credibilidad del instituto. Hay una franja de ciudadanos, según las encuestas, de alrededor de una tercera parte que no cree en el IFE, pero hay una franja de dos terceras partes que sí cree�, dijo el antecesor de Luis Carlos Ugalde.

Sin embargo, reconoció que “una falla o la percepción de una falla� es suficiente para que haya un “retroceso en esa confianza fundamental en la vida política�.

PRD

Cárdenas niega conflicto con su “amigo” AMLO
Rehúsa comentar sobre la presidencia legítima y la gestión de Calderón
El ex candidato presidencial dice que ve “tranquila” la política nacional. Cardenismo, fuente original del PRD: Encinas; “no existe”, según el ingeniero.
MILENIO

Cuauhtémoc Cárdenas dejó en claro este miércoles aquí en Morelia que no existe controversia con Andrés Manuel López Obrador, a quien además calificó de su amigo.

Entrevistado previo al quinto Informe de Gobierno de su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, rehusó opinar sobre la gestión de Felipe Calderón: “sobre eso no les voy dar ninguna información�.

El PRD exige a Cofeco indagar si televisora busca adquirir cableras
Mediante un punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, pedirá hoy a Pérez-Motta investigar e informar a los diputados sobre esta posible negociación, o de ser el caso, de la adquisición de nuevas empresas que dan servicio de cable a las televisiones en México
Andrea Merlos
El Universal

El diputado del PRD, Raymundo Cárdenas, solicitará hoy al director de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez-Motta, investigue las supuestas negociaciones que mantiene Televisa para comprar algunas empresas cableras.

Mediante un punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, pedirá hoy a Pérez-Motta investigar e informar a los diputados sobre esta posible negociación, o de ser el caso, de la adquisición de nuevas empresas que dan servicio de cable a las televisiones en México.

PRI

Paredes guiña al PRD; Jackson: “rumor”, la intromisión salinista
Intensifican campañas los principales aspirantes priístas
HUGO MARTOCCIA , CARLOS CAMACHO , CIRO PEREZ CORRESPONSALES , REPORTERO
LA JORNADA

Mientras Beatriz Paredes hizo un guiño al PRD y planteó la posibilidad de que el PRI busque alianzas electorales con ese partido si ella alcanza la dirigencia del tricolor, su contendiente Enrique Jackson consideró que la supuesta “mano negra” de Elba Esther Gordillo y Carlos Salinas de Gortari en el proceso interno es “sólo un rumor” que han atendido los medios de comunicación.

Jackson criticó el hecho de que la tlaxcalteca haya aparecido del brazo de Rubén Figueroa, quien gobernó el estado de Guerrero de 1993 a 1996 y fue destituido luego de la masacre de Aguas Blancas (ocurrida el 28 de junio de 1995), y de Jorge Hank, candidato del PRI al gobierno de Baja California. “Hay personajes que ya cumplieron su ciclo en el partido. Me parece peligroso que los quieran revivir; es un error”, expresó.

Paredes se deslinda de Salinas e integra a Sauri al proselitismo
Quieren minimizar mi trayectoria, dice la tlaxcalteca
Sauri Riancho reapareció formalmente dentro del PRI, luego de semanas de coqueteos con el PRD.
MILENIO

Beatriz Paredes Rangel se deslindó categóricamente de los señalamientos que la vinculan con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari dentro del proceso por la dirigencia nacional del PRI y los tachó de “comentarios distractivos (sic) que lo que quieren es hacer conflictos entre personajes”. Paredes indicó que con esto se pretende restarle intenciones de voto entre los consejeros en los estados.

Al comenzar su gira de trabajo por Yucatán, Beatriz Paredes Rangel presentó como “refuerzo” a la ex presidenta nacional del PRI Dulce María Sauri, quien se sumó a la labor proselitista interna, pues calificó a la ex gobernadora de Tlaxcala como la mejor opción para rescatar al partido. “Beatriz es la mejor fórmula”, reiteró.

“Salinas ya no tiene voz ni voto”: Palacios
Pleito interno a tres días de la elección
En los pasillos de la sede nacional tricolor, la voz que más se escucha es que a tres días de la elección interna, los priistas permanecen desunidos.
MILENIO

El presidente del PRI, Mariano Palacios Alcocer, salió a la defensa de su partido y aseguró que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari no intervendrá en el proceso interno, ya que “sólo votarán los consejeros y el señor Salinas ni siquiera lo es”.

En los pasillos de la sede nacional tricolor, la voz que más se escucha es que a tres días de la elección interna, los priistas permanecen desunidos, dispersos y sin los acuerdos que les permitan acercamientos mínimos para lograr la unidad.

YUCATAN

Convergencia y PT oficializan candidatura de Ana Rosa
Elección en Yucatán
Apenas el sábado, el presidente nacional del PRD, Leonel Cota, propuso desechar la candidatura de la ex panista.
MILENO

Los partidos del Trabajo y Convergencia concretaron el convenio para impulsar de manera conjunta la candidatura de la ex panista Ana Rosa Payán a la gubernatura de Yucatán, a pesar de que el PRD, con el que integran el Frente Amplio Progresista, desechó esta candidatura.

CAMARA DE SENADORES

Goicoechea operó con la IP contra AMLO, sostiene PRD
Por culpa de Fox, aplazan ratificar su embajada
El perredista denunció que Calderón pretende utilizar la embajada en Canadá para pagar favores y actuaciones ilegales.
MILENIO

El nombramiento de Emilio Goicoechea como embajador en Canadá quedó en suspenso porque las comisiones dictaminadoras del Senado decidieron posponer la discusión hasta superar la coyuntura que contaminó la posible ratificación.

Y es que ensuciaron el proceso las declaraciones de Vicente Fox de que se desquitó de Andrés Manuel López Obrador cuando Felipe Calderón llegó a Los Pinos.

El ex secretario particular de Fox compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores, cuya discusión se centró en el supuesto fraude del 2 de julio. El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, calificó a Goicoechea de instrumento de Fox para evitar, “ilegalmente�, que López Obrador llegara a Los Pinos.

El perredista denunció que Calderón pretende utilizar la embajada en Canadá para pagar favores y actuaciones ilegales.

CAMARA DE DIPUTADOS

Gamboa da voto priista a reforma política
El martes diputados del tricolor descalificaron la ley aprobada en el Senado y a su promotor, Beltrones
Gamboa señaló que la iniciativa aprobada en el Senado llegará hoy a San Lázaro y ha recibido la aceptación de muchos integrantes de su fracción.
MILENIO

Los diputados priistas apoyarán la reforma del Estado presentada por el líder de los senadores, Manlio Fabio Beltrones, manifestó Emilio Gamboa, pese a que el martes algunos de ellos, como César Camacho, Alfredo Ríos y Luis Enrique Benítez, la criticaron y adelantaron que votarán en contra.

Gamboa señaló que la iniciativa aprobada en el Senado llegará hoy a San Lázaro y ha recibido la aceptación de muchos integrantes de su fracción.

Aunque el líder tricolor precisó que hay algunas inquietudes que se analizarán, pero que los priistas están en favor de esta ley que se convertirá “en la gran reforma del Estado”, de la que tanto se ha hablado, sin que se concrete.

Una farsa, la estrategia contra la crisis de la tortilla: legisladores
* Va en contrasentido del libre mercado, advierten.
* Hay bases para consignar a acaparadores, dicen.
* “El problema no está siendo atacado de raíz”.
Lourdes Edith Rudiño
EL FINANCIERO

Legisladores de PRI, PRD y PT coincidieron en que la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis de la tortilla es una farsa, además es antipopular y resulta un contrasentido al libre mercado, pues desde el Ejecutivo se han oficializado precios a un nivel 40 por ciento superior a los registrados hace tres meses.

En comparecencia ante diputados, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Antonio Morales de la Peña, señaló que luego de la denuncia penal que presentó el 17 de enero “en contra de quienes resulten responsables por conductas de acaparamiento, ocultamiento o injustificada negativa de venta” vinculada con el precio de la tortilla, queda esperar que el Ministerio Público de la Federación determine si hay elementos para consignar la averiguación previa.

Reconoció que el aseguramiento precautorio de 118 mil 730 toneladas de maíz en bodegas de Jalisco que hizo la PGR -que es parte del proceso de la denuncia penal- representa un monto ínfimo y no pesa en el mercado, si se considera que el ciclo productivo de maíz que acaba de concluir generó 15 millones de toneladas en el país.

GOBIERNO

Anunciará de nuevo Calderón el aumento a tropa y marinería
El incremento de 35% será oficializado el día 19
JESUS ARANDA
LA JORNADA

El presidente Felipe Calderón anunciará el próximo 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, el incremento de 35 por ciento a la tropa y marinería, después de haber prometido el aumento desde el primero de diciembre pasado. Fuentes castrenses informaron que el incremento para los elementos que no son oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y que perciben menores ingresos, será retroactivo al primero de enero.

Los funcionarios militares reconocieron que si bien los sueldos de soldados y marinos es muy bajo -ganan menos que los elementos de la Policía Federal Preventiva y de otras corporaciones policiacas-, el anuncio que hará Calderón es ‘’extraordinario'’, porque ya era tiempo de que el alto mando de las fuerzas armadas y su comandante supremo voltearan la cara hacia la tropa.

DF

Expropian narcovecindad
Aplica el GDF por primera vez la medida en el barrio de Tepito. Señalan autoridades que el inmueble era un reducto de la delincuencia
Ariadna Bermeo
REFORMA

El Gobierno del Distrito Federal expropió ayer una unidad habitacional con 155 viviendas en el barrio de Tepito, debido a que en su interior se cometían de manera constante diversos delitos relacionados con el narcotráfico, el robo y la piratería.

La madrugada del miércoles, 565 policías tomaron bajo su resguardo el predio, que tiene dos accesos: Jesús Carranza 33 y Tenochtitlán 40, y se les anunció a sus habitantes que tendrían que dejar sus departamentos.

En tanto, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó en su edición de ayer el decreto de expropiación de los predios, que dice que se construirán instalaciones para dar servicios de educación, salud y una guardería.

“Este inmueble (…) presenta un grado de deterioro tal, un estado de abandono grave, que ha producido que se realicen de manera cotidiana diversas actividades delictivas.

PANORAMA INTERNACIONAL

Chávez amenaza con nacionalizar supermercados
El presidente de Venezuela denuncia supuesto complot económico de EU
El Nacional/GDA
El Universal

CARACAS.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, advirtió que estatizará mataderos, frigoríficos, supermercados y abastos en caso que incumplan la regulación establecida en los precios de la carne y otros productos de consumo masivo.

“Estoy haciendo un esfuerzo de paciencia pero si siguen empeñados en violar los intereses del pueblo y la Constitución se los voy a quitar y los voy a nacionalizar”, expresó Chávez dirgiéndose ayer a los propietarios de estos negocios durante un acto con pensionados.

Adelantó que podría transferir la propiedad, de las empresas que violen la ley, a los consejos comunales para que se manejen “esos negocios entre el gobierno y el pueblo”. Llamó a estar atentos a todos los dueños de supermercados, pero especialmente “a los más grandotes” y los retó a que le den excusas para tomar la decisión. Exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier especulación de precios.

OPINION

José María Pérez Gay
Documenten, señores, no inventen
LA JORNADA

Ayer por la mañana, el señor Carlos Tello Díaz afirmó, en una entrevista televisiva, que el mismo 2 de julio -título de su libro- Andrés Manuel López Obrador había admitido en el círculo de sus colaboradores más cercanos, a los que señala: Federico Arreola, César Yáñez y José María Pérez Gay, su derrota electoral. Desde hace varias semanas Tello Díaz me buscó -cuatro o cinco veces- para hacerme una entrevista sobre la noche del 2 de julio. “Busqué también a José María Pérez Gay, a quien le mandé un cuestionario por correo electrónico, una de cuyas preguntas hacía referencia a la reacción de AMLO frente a las elecciones en el hotel Marquís.

‘Si respondo a tus preguntas me deja-rías sin la crónica histórica que con el título Explico algunas cosas publicaré en unos dos meses’, me contestó Pérez Gay. Yo ignoro si los tres estuvieron presentes en el episodio que describo, pero sé que uno de ellos sí escuchó la confesión de Andrés Manuel y que la comentó en los primeros días de julio con al menos tres personas, a través de las cuales tuve conocimiento del episodio. Mis fuentes para recrear esta escena, que es clave, son entonces todas indirectas, pero confiables.'’

No quise darle la entrevista a Tello Díaz por dos razones: en primer lugar, porque escribo una crónica no de la noche del 2 de julio, sino de los años con Andrés Manuel López Obrador. En segundo, porque no creo en su trabajo. Si el método de investigación de su libro La rebelión de las cañadas le funcionó sólo a medias, y mucha gente advirtió en él la crónica de una delación, aquí en su libro sobre el 2 de julio fracasa cuando intenta ‘’una crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea'’, porque en realidad reduce el proceso electoral sólo a los dimes y diretes, a los rumores de fuentes anónimas y no fidedignas, a ‘’la crónica de sociales'’ de los grupos cercanos, y al repaso de las cifras que todos conocemos y en las que demasiados no creemos.

Su método es el de la no-inexactitud de sus afirmaciones, y si en lógica la doble negación es un hecho, en el espacio de la moral es lamentable. En su momento más melodramático, Tello Díaz es cuando menos grotesco. Andrés Manuel López Obrador nunca dijo esa noche, y lo recuerdo con toda precisión, nada parecido a la admisión de una derrota, más bien lo contrario. Tello Díaz, infatigable explorador de Amazonas, debería regresar con los yanomami, porque lo que el Amazonas non da, periodismo non presta.

Tello Díaz insiste en no revelar sus fuentes, con lo cual tratándose de un asunto tan importante declara que esas fuentes no existen, y que yo sepa su palabra como la de cualquier periodista vale por lo que documenta, no por lo que inventa. Si Tello Díaz quiere ser fabulador ahí está el espacio de la novela, si quiere ser periodista ha empezado muy mal: con la calumnia y la mentira.

Al ver cómo Tello Díaz hace de
la mentira su Archivo General de la Nación, repito que es un calumniador, y yo sí puedo revelar mis fuentes: los testimonios de Federico Arreola, César Yáñez y yo mismo, y no la ridiculez de ampararse en lo que le dijeron que dijera sin decir quién se lo dijo.

Octavio Rodríguez Araujo
Fox, Calderón y las izquierdas
LA JORNADA

Ante un auditorio medio vacío (o medio lleno, como quiera el lector) hablaron Fox y su señora esposa. La cita fue en Washington. En esa conferencia a mitad de precio, el ex presidente dijo, orondo, que con motivo de El Encino (y el desafuero) perdió, pero “18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato”, Felipe Calderón.

Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Si había alguna duda (que, por lo sabido, ignoraron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), la confesión de Fox la echa por tierra: quiso sacar de la jugada a López Obrador, a como diera lugar, y lo logró con trampas sin fin en el siguiente año y medio, en un desquite (”vengar una ofensa”, dice el diccionario) en el que, en calidad de cómplices, participaron otros muchos actores que por ley tenían que haberse quedado al margen del proceso electoral o actuar con imparcialidad.

No está por demás recordar, como complemento de la confesión de Fox y de su venganza ahora admitida, que él, “su candidato” (que sólo lo fue porque no le quedó más remedio), las repudiadas autoridades del IFE y demás comparsas, reconocieron implícitamente el gran fraude de 2006 por el solo hecho de negarse a que los votos fueran contados en su totalidad.

Para mí, mientras no se pruebe lo contrario, triunfó López Obrador. Que durante el proceso electoral y después cometiera errores, no demerita su triunfo. (¿Quién no comete errores?) Sin embargo, en el presente no faltan los perredistas que, con base en esos errores, quisieran restarle liderazgo en su partido, a pesar de que muchos de ellos fueron beneficiarios de lo que se llamó “el efecto López Obrador”. ¿Cuántos, de los ahora senadores y diputados, le deben su silla y honorarios al liderazgo de López Obrador que antes del 2 de julio no sólo no cuestionaban, sino que hasta usaban su foto como parte de su propaganda?

Que Fox y “su candidato”, además de seudo izquierdistas que les hicieron el juego en 2006 con el único propósito de llamar la atención (no ser olvidados), continúen atacando al ex candidato perredista no es sorpresa para nadie, pero que lo hagan sus correligionarios es una verdadera insensatez, sinónimo de antropofagia.

Los tiempos que vivimos, y no sólo en México, sugieren la conveniencia de sumar fuerzas entre la amplia y heterogénea izquierda nacional y latinoamericana. Lo que estoy diciendo no tiene nada de original, lo he oído desde hace varias décadas; pero no por muy dicho deja de tener vigencia. La izquierda ha sido derrotada muchas veces por no entender un principio elemental, tan elemental que se ha vuelto lugar común: la unión hace la fuerza. Obviamente me estoy refiriendo a la unión de las izquierdas y no a la de éstas con las corrientes y personas de derecha y de ultraderecha, como han querido entender los partidos Convergencia y del Trabajo en Yucatán y el mismo PRD en otras elecciones pasadas.

La estrategia correcta, y si me equivoco sabré disculparme, es sumar a todas las fuerzas llamadas progresistas en el país, y no restar, como suelen hacer los sectarios y quienes creen poseer el único certificado de revolucionarismo en México para esconder su fracaso personal. Y esto quiere decir, para el PRD, fortalecerse en la unidad y en los principios que -me adelanto a decir- tienen que ser tan amplios como lo exija la heterogénea composición de sus militantes y simpatizantes.

Todo partido electoral competitivo, no me cansaré de decirlo, tiene que ser incluyente, dentro de ciertos límites, si quiere ganar votos: la sociedad mexicana, incluso la llamada progresista, es plural y diferenciada y, en muchos sentidos, conservadora o, por lo menos, temerosa de cambios bruscos y dirigidos a metas y objetivos insuficientemente asumidos por ignorancia, por el peso de la propaganda negativa o por enajenación a los valores de quienes debieran ser sus enemigos y no sus paradigmas de telenovela.

No es muy difícil entender, creo, que el gobierno impuesto de Calderón y sus aliados son los enemigos a vencer, por todo lo que están haciendo y por lo que quieren hacer (véase el excelente artículo de Carlos Fazio del lunes 12 en este diario). Y para lograrlo, o para al menos impedir que aquellos se salgan con la suya y terminen por vender al país, será necesario que las izquierdas, desde el PRD y desde las organizaciones sociales denominadas progresistas, se fundan en una misma lucha (no en una sola organización, aclaro enfáticamente). Cualquiera que lea periódicos sabe que Calderón está haciendo alianzas con todas las fuerzas conservadoras del país. ¿Las izquierdas divididas podrían, en estas circunstancias, contrarrestar esa estrategia del poder fáctico? Imposible.

No basta dejar que Calderón y sus colaboradores, principalmente el “duro” de Gobernación, sigan cometiendo errores para que terminen de desprestigiarse, hay que hacer algo para reconstruir a la izquierda partidaria, para ligarse con la izquierda social que es muy amplia pero también muy dispersa y para aprovechar el liderazgo que todavía tiene López Obrador y que creen haber vencido Fox y Calderón con el fraude electoral.

Si la izquierda mexicana comiera sólo para mantenerse activa y sana, no tendría que recurrir a la antropofagia como medio para saciar su enfermiza glotonería. Debería aprovechar lo que tiene y lo que ha ganado, no para conformarse y dormirse en sus laureles, sino para reconstruirse
y fortalecerse, y así enfrentar los difíciles retos que tiene enfrente.

Miguel Ã?ngel Granados Chapa
Reforma del Estado
REFORMA

La ley aprobada de modo unánime en el Senado -como se espera que ocurra en la Cámara- no asegura que haya consensos en torno a asuntos cruciales para la sociedad mexicana, pero establece un cauce, un método y un límite para la discusión, y quizá sea productiva
Sin oposición, el Senado aprobó anteayer la Ley de Reforma del Estado. Se espera que la próxima semana haga lo mismo, también de modo unánime, la Cámara de Diputados. Si el Ejecutivo la publica en la siguiente semana, la última de febrero, a mediados de marzo quedaría instalada la Comisión Ejecutiva materia de esa ley, que deberá actuar a toda prisa pues la norma tiene una vigencia de 12 meses.

La ley surgió de una iniciativa presentada por el líder de la bancada senatorial priista, Manlio Fabio Beltrones, el 14 de noviembre pasado. Fue dictaminada un mes después, el 19 de diciembre, y fue presentada en primera lectura el 8 de febrero. La ley crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos “como órgano rector de la conducción del proceso de Reforma del Estado”. Será una comisión muy poblada, compuesta por 26 personas: nueve diputados (el presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de cada una de las ocho fracciones representadas en San Lázaro), ocho senadores (el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado y los líderes de los seis grupos que allí tienen presencia), los ocho presidentes de los partidos nacionales, y un representante del Ejecutivo. Contará con un secretario técnico y dos subcomisiones, redactora y de consulta pública.

Se trata de que el Poder Legislativo se pronuncie “obligatoriamente” sobre seis temas, dos de los cuales, los últimos, no figuran en la iniciativa de Beltrones y fueron añadidos por la dictaminadora: régimen de Estado y de gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial; reforma hacendaria; y garantías sociales. No es una lista taxativa, sino indicativa, pero se dará prioridad a esos temas. El proceso de negociación y construcción de acuerdos constará de cinco etapas (no de seis como dice la ley): presentación de propuestas, consulta pública, negociación y construcción de acuerdos, redacción de los proyectos, y aprobación, firma y presentación de iniciativas. Comenzaría entonces el proceso legislativo correspondiente a cada caso, no regulado por esta ley sino por la Constitución.

La norma por nacer partió de un diagnóstico que, leído a contrario sensu, revela sus objetivos: Declara que “nuestro régimen político muestra signos de agotamiento” pues el presidencialismo “omnipresente y hegemónico” ha desaparecido y en su modalidad presente “cada vez encuentra mayores dificultades para construir mayorías estables o consensos útiles para el gobierno, y en nuestra sociedad ha emergido un pluralismo vigoroso que exige límites al ejercicio unilateral del poder, así como un mayor peso de la representación nacional en formación de las decisiones públicas”. Lamenta que en los tiempos que corren “prevalezcan las diferencias sobre las coincidencias”, fenómeno que además de sus causas de fondo es propiciado por “la carencia de mecanismos apropiados para dialogar y convenir” sin que pierdan identidad los grupos políticos.

Por supuesto, la ley no asegura que se consigan los acuerdos requeridos para las reformas que sí son las que el país necesita, y de las que pueden derivarse las que con ese eslogan se pretendió llevar adelante en el sexenio pasado. Es posible que al concluir en febrero o marzo de 2008 la vigencia de la ley nos encontremos como ahora, sin la posibilidad de emprender esos cambios. Pero la nueva norma por lo menos abre un cauce, traza una ruta de recorrido obligatorio, que puede ser productivo.

Con su conocida pertinencia, Carmen Aristegui convocó a su programa de entrevistas en CNN el martes mismo a Porfirio Muñoz Ledo, una suerte de encarnación y biógrafo del persistente intento de transformar las instituciones. Desde 1995, cuando encabezaba el PRD, propuso la reforma del Estado, que cinco años después se convirtió en su oferta al foxismo cuando dejó de ser perredista y abandonó su propia candidatura presidencial. Logró que el 21 de agosto de 2000, apenas tres semanas después de que fue declarado Presidente electo, Vicente Fox inaugurara la mesa de estudios sobre la reforma del Estado, que analizó 150 temas y llegó a proponer una fórmula para procesarlos, semejante a la que contiene la nueva ley: según reveló el domingo pasado Francisco Valdés Ugalde, se establecería una comisión bicamaral que en un lapso de 10 meses efectuara una revisión integral de la Constitución (El Universal, 11 de febrero).

Pero Fox había resuelto dar por concluido el tema. No emitió el decreto que se le propuso, ofreció a Muñoz Ledo el exilio dorado en que representaría a México ante la Unión Europea, y prorrogó la etapa de análisis de la reforma. La confió, inadecuadamente, al Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, del que designó director a Valdés Ugalde. La nueva etapa duró apenas unos meses, pues en octubre de 2001 el secretario de Gobernación devolvió al INEHRM su sentido original y reemplazó a Valdés Ugalde por Javier Garciadiego, ahora presidente de El Colegio de México.

Ya distanciado de Fox, de regreso a México, Muñoz Ledo le pidió inaugurar los trabajos de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, el 24 de enero de 2005. Fue un acto retórico, del que sólo vale recordar por su significado al día de hoy, la lista de los oradores. Además del presidente (que fingió un nuevo entusiasmo sobre el tema) y de Muñoz Ledo hablaron tres mujeres: la perredista Amalia García, la priista Beatriz Paredes y la panista Margarita Zavala.

En privado
Joaquín López Dóriga
¿Se atreverá Calderón?
MILENIO

El pasado domingo 4, en Durango, Manuel Espino hacía, vehemente que es, la gran defensa del ex presidente Fox y de su circuito de conferencias al revelarnos que “no estaba políticamente muerto� y que, además, contaba con el respaldo y acompañamiento de la Organización Demócrata Cristiana de América –que él preside– en su labor de “compartir con el mundo la experiencia de democratización en México�.

“Fíjense –dijo a alcaldes y legisladores panistas– que Fox no ha fallecido, ¿eh?, ni políticamente. Vicente Fox es un hombre al que aclaman en México y fuera de nuestras fronteras. Y son muchos los interesados fuera de México para que el Presidente de la República dé testimonio de su gobierno, como hay muchos que quieren que el ex presidente de México dé testimonio de lo que en su momento fue su experiencia exitosa de gobierno�.

“Vicente Fox –continuó– es un demócrata que lo buscan en todas partes del mundo para que vaya a compartir su experiencia, y por supuesto que lo vamos a respaldar en ese propósito y desde una organización internacional que ahora está bajo la responsabilidad del PAN. Vamos a acompañar al licenciado Vicente Fox en ese testimonio de compartir con el mundo la experiencia de democratización de nuestro país�.

A esta promoción de Espino siguió la intervención, el lunes, del mismo Fox en el Centro Kennedy de Washington, donde reivindicó la victoria electoral de Felipe Calderón como un desquite personal sobre López Obrador, en lo que, más que un dislate, es el reconocimiento de que lo que se le dijo y él negó sobre su intervención en las elecciones, tiene una parte de verdad.

Como cualquier ciudadano, Fox tiene un derecho absoluto a decir lo que quiera, también como ex presidente pero, al igual que todos, tiene la obligación de asumir la responsabilidad de lo que en uso de esa libertad dice.

Y si no entiende, que es duro de entendederas, peor cuando otea el nombre de López Obrador; ya será cuestión del presidente de su partido y, más allá, del mismo presidente Calderón quien tiene que asumir el liderazgo que le reconocen los suyos, según me dijo en Davos:

“… el propio presidente del PAN, la membresía del partido (Acción Nacional), los grupos parlamentarios, han reconocido un liderazgo en el Poder Ejecutivo -en Calderón- por una sencilla razón: compartimos la responsabilidad de gobernar. El PAN ha entendido bien eso, que yo le agradezco a los panistas y les he pedido abiertamente su apoyo (…). Entre los dos, partido y gobierno, tenemos que sacar adelante al paísâ€?.

Yo no sé si la declaración de Fox la pueda leer él o alguien como un apoyo a su gobierno.

Si Calderón lo ve así, allá él y adelante con el circuito foxista y sus dislates, que éste será sólo el primero; y si no, que se lo reclame.

A ver.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Día con Día
Héctor Aguilar Camín
Reforma del estado
MILENIO

El nuevo camino hacia la reforma del Estado empezó con un rodeo. Legislarán primero cómo ponerse de acuerdo y después en qué se pondrán de acuerdo. Hay mucho que reformar para hacer funcional la democracia mexicana al mismo tiempo que efectivo al gobierno.

El hecho de fondo es que nuestra democracia creció quitando poderes al Ejecutivo, pensando, erróneamente, que era superpoderoso por naturaleza.

No lo era. En cuanto perdió el control hegemónico del Congreso, es decir, en cuanto el PRI dejó de ser un partido hegemónico bajo la batuta del Presidente, la Presidencia mexicana se reveló constitutivamente débil.

Es posible mejorar la gobernabilidad mexicana de dos maneras. Cambiar a un régimen parlamentario, que reconozca y represente mejor la pluralidad a que hemos llegado. O reforzar el presidencialismo que tenemos, llenando algunos de sus huecos constitutivos.

Como vivimos todavía en un México que cree que todo puede negociarse aunque todo salga contrahecho, ha ganado fuerza la idea intermedia, la idea de un régimen semiparlamentario, es decir, un régimen donde haya presidente pero con un “jefe de gabinete�, un jefe de gobierno, aprobado por una mayoría del Congreso.

Se supone que esa aprobación crearía los acuerdos legislativos que echamos de menos para tantas cosas y haría cogobernar al Congreso. Sería otra forma de reducir el poder presidencial, de por sí mermado, para fortalecer la gobernabilidad.

Podría darse un pasito más y establecer que el jefe de gabinete sea removido cuando pierda la mayoría que lo apoya en el Congreso, con lo cual el jefe de gobierno terminaría siendo aliado o empleado del Congreso, más que del presidente.

Si, por el contrario, es el presidente quien puede remover a su jefe de gabinete, independientemente de lo que diga el Congreso, conservará el mando sobre él pero sujeto siempre a una negociación política con el Congreso.

En cualquiera de las dos opciones, el Congreso gana poder. En cualquiera de las dos opciones un jefe de gabinete hábil terminará convirtiéndose en un competidor del presidente, más que en su secretario, como es ahora.

Una reforma del Estado en ese rumbo es la que parece andar en la cabeza del presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, estratega mayor de la nueva iniciativa, cuando habla de un “gobierno compartido�.

No sé qué Presidente en funciones esté dispuesto a ceder más facultades al Congreso, ni, sobre todo, a cambio de qué.

Lorenzo Meyer
Las movilizaciones del porvenir y viceversa
La historia política de México no se entiende sin sus movimientos sociales. Y quizá tampoco su futuro
REFORMA

Una hipótesis

Hay varias razones para suponer que las movilizaciones sociales -los Atenco y APPO para mencionar los ejemplos más conocidos de la actualidad- pueden ser una característica central del proceso político mexicano en el futuro inmediato. Las elecciones presidenciales del 2006 dieron lugar a una movilización social encabezada por la oposición y el aumento inesperado en los precios de la tortilla en el 2007 generó otra.

Definición

Muchas definiciones de los movimientos sociales tienen su origen en la protesta social europea en la lucha de clases del capitalismo clásico. Ahí se empezó a forjar la realidad y la teoría de las movilizaciones sociales modernas. Como tantos otros conceptos sociales, las posibles acepciones son muchas.

Una, tan útil como cualquiera para encauzar la discusión, es la de Rudolf Heberle en la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales: los movimientos sociales son “intentos colectivos por lograr un cambio en ciertas instituciones sociales o por crear un orden [social] enteramente nuevo”. Se trata de algo más que un mero estallido colectivo de inconformidad, pero también de algo diferente a una asociación o un partido políticos. Este tipo de movimientos pueden iniciarse y concluirse sin llegar a desarrollar una ideología, pero no pueden existir sin un conjunto de ideas que les sirvan de justificación y sentido de dirección. Como sea, la caracterización de Heberle le viene mejor a los movimientos de los trabajadores en Europa primero y luego en otras latitudes que al fenómeno histórico o actual mexicano, donde los trabajadores en cuanto tales han sido sólo uno entre varios protagonistas y no necesariamente los más importantes.

Lo que sí es propio de todo movimiento social es su confrontación con el orden establecido, el cuestionar la legitimidad de alguna de sus partes o del todo. Por tanto, toda movilización masiva tiende a ser vista como una amenaza por la estructura de poder. Y es que en el seno de toda movilización se encuentra el principio de un arreglo social alternativo.

El caso mexicano

Nuestra realidad histórica muestra que aquí los intentos colectivos por exteriorizar la inconformidad y modificar la realidad han sido muchos, aunque la mayoría locales y las más de las veces no los ha recogido la historia. Son contados los que se han originado como una acción que busca explícitamente dar forma a un orden social nuevo. Más bien, esos movimientos han tendido a surgir como una reacción de protesta a un cambio que les afecta y, por tanto, lo que los mueve es lograr que tal mudanza no altere en su contra una situación o equilibrio de intereses ya existente.

Nuestra historia muestra que aquellas inconformidades que se han transformado en movimientos sociales que dejaron huella, rara vez arrancaron con un ánimo revolucionario y con un proyecto alternativo de futuro. Generalmente se iniciaron teniendo como acicate un agravio, una sensación de injusticia y abuso y buscaron ser un “yo acuso” a los que rompieron un acuerdo explícito o tácito preexistente. Ahora bien, en varias ocasiones y una vez iniciada la protesta, el movimiento experimentó cambios y a medida que se fue desarrollando empezó a perder su carácter meramente defensivo y conservador para mostrar sus facetas propositivas e innovadoras y hasta revolucionarias.

Un buen ejemplo lo tenemos sintetizado en la famosa frase con que John Womack abre su estudio sobre el movimiento zapatista de fines del Porfiriato: “Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que para ello hicieron una revolución”. Quizá Womack simplificó en exceso su tesis, pero el punto está bien tomado. La gran rebelión de mediados del siglo XIX de los indios mayas de Yucatán también tuvo como uno de sus elementos detonadores una reacción a la negativa a darles acceso a tierras y al abastecimiento de agua. La rebelión Chamula de 1867 estalló como reacción a un intento de aplastar su independencia religiosa. En 1891 los criollos tomochitecos de Chihuahua no pretendían rebelarse contra el gobierno, pero terminaron haciéndolo ante la hostilidad y ataque a su autonomía por parte de las autoridades políticas y religiosas locales. En fin, la lista es larga, pero domina el carácter, reactivo, defensivo de las movilizaciones.

Los movimientos sociales más sonados en los años recientes no difieren mucho, en su esencia, de los pasados. Los habitantes de San Salvador Atenco se organizaron y se movilizaron en julio del 2002 para echar por tierra la decisión de los gobiernos federal y del estado de México de expropiar 5 mil 376 hectáreas a 13 ejidos para construir un gran aeropuerto. Para los atenquenses, esa expropiación, sobre la que nunca fueron consultados, hubiera significado la pérdida del 84 por ciento de sus tierras y el fin de su forma comunitaria de vida. Al final, lo que se suponía debería ser la obra pública más importante del sexenio de Vicente Fox se vino abajo como resultado de ese movimiento, aunque en el 2006 la comunidad sufrió, como tantas otras que en el pasado recurrieron al mismo expediente, la venganza de quien tiene “el monopolio legítimo de la violencia”: el gobierno.

En Oaxaca, la APPO surgió en 2006 como respuesta a un intento fallido del gobernador por acabar, por medio de la fuerza, con un plantón de maestros en demanda de mejoras salariales que ya se había convertido en una institución. Las organizaciones de pueblos y vecinos que se unieron entonces a los maestros, y que por meses paralizaron Oaxaca, lo hicieron como protesta a la suspensión de recursos oficiales a los que suponían tener derecho.

El nuevo entorno

Formalmente, en tanto democracia liberal, en México siempre debería haber habido espacio para los movimientos sociales no violentos. Sin embargo, en tanto sistema autoritario -la verdadera naturaleza del Estado mexicano desde que se consolidó al final del siglo XIX-, ese tipo de movilizaciones no tenían cabida, incluso si no violaban ninguna de las normas establecidas y respetaban los bandos de “policía y buen gobierno”.

Y es que por definición, ningún gobierno autoritario puede tolerar actores y acciones políticas independientes, no aceptadas previamente por quienes están al frente del régimen. Por ello, aunque el movimiento estudiantil del 68 no hizo otra cosa que marchar con gritos o en silencio por las calles, no podía ser tolerado por la Presidencia porque con su sola presencia ponía en entredicho uno de los principios fundamentales del autoritarismo: sólo aquellos actores colectivos generados o aceptados por el centro único de autoridad -el Presidente- podían hacer acto de presencia en la arena política, sin importar lo que dijera la Constitución al respecto.

Como el viejo régimen ya se acabó, y aunque el nuevo está lejos de ser una democracia bona fide, los movimientos sociales ya no pueden ser reprimidos con la misma facilidad y efectividad que en el pasado. Algunos de los nuevos, como el plantón postelectoral en la Ciudad de México, concluyeron sin haber sido objeto de violencia. En Atenco o Oaxaca la represión finalmente llegó, pero no antes de que los movimientos se consolidaran.

Por otra parte, el costo político de la represión es hoy más alto que antes. Las comisiones de derechos humanos y las ONG nacionales y extranjeras que vigilan la acción de los aparatos represores del Estado, no estaban presentes en el 68, el 71 o a lo largo de la “guerra sucia” de la época. Por ello, hoy es menos difícil que el ciudadano de a pie, y no sólo las minorías radicales, vea en los movimientos sociales una forma viable de participación política.

La crisis de representación

Si los partidos políticos fueran lo que se supone debían ser -organizaciones que recogen las demandas sociales y las transforman en políticas- los movimientos sociales no tendrían razón de ser. Sin embargo, como en el México de hoy los partidos a duras penas se representan a sí mismos, hay un campo enorme para nuevos movimientos sociales como una forma más directa de representación. Y si a la ausencia de canales efectivos para presentar demandas se le une una economía incapaz de proveer empleo y movilidad social, pues entonces más fértil aún es el campo para continuar con esa tradición mexicana que son los movimientos sociales.

Conclusión

Históricamente, las movilizaciones de protesta han sido uno de los instrumentos importantes del cambio político, social, económico y cultural de México. Nada hace suponer que en el futuro inmediato no vayan a seguir jugando ese papel. Es más, en principio, tal forma de hacer política tiene más posibilidades de acción y desarrollo en la actualidad que en el pasado.

En el Dinero / ¿Y la inflación?
Joel Martínez
REFORMA

El 2007 abrió con unos mercados financieros locales en franca descomposición, sin embargo, la euforia parece que nuevamente se ha apoderado de ellos, llevándolos a una situación que, en algunos casos, parece estar fuera de cualquier principio de realidad.

Por ejemplo, la bolsa cayó 563 puntos del cierre de 2006 al 9 de enero, que equivalen a un ajuste de 2.1 por ciento.

Sin embargo, del 9 de enero a la fecha, con algunos altibajos, el índice del mercado accionario ha subido nada más y nada menos que 2 mil 480 puntos, que significan 9.6 por ciento en poco más de un mes.

Para darnos una idea de lo lucrativo que ha significado estar en la bolsa, en lo que va del año, el rendimiento acumulado de una inversión en esta modalidad, medido con la variación del IPC, ha sido de 6.9 por ciento. En pocas palabras, la bolsa ha dado en un mes y medio lo que da un Cete de 28 días en un año.

El mercado de bonos de largo plazo ha tenido un comportamiento similar.

El bono de 20 años (el que vence en diciembre de 2024) abrió el 2007 con una tasa de 7.52 por ciento, para subir hasta 8.12 el 29 de enero, sólo que ayer ya se cotizaba en 7.71.

Ambos mercados tienen una explicación fundamental que justifica sus movimientos: la entrada de flujos de dinero de los extranjeros.

Los números más a la mano, que sirven de evidencia para esta afirmación, nos los da el Banco de México: después de que en diciembre los extranjeros vendieron bonos M locales con tasas en pesos por mil millones de pesos, en enero compraron casi 16 mil millones de pesos y en los primero dos días de febrero (última información oficial) adquirieron 6 mil 200 millones de pesos.

Al parecer, los discursos de la Fed han reforzado la idea de que la liquidez mundial no se reducirá en el corto plazo, lo que ha hecho que los grandes capitales fluyan hacia los mercados emergentes.

Lo único que hay que tener presente es el riesgo de que, cualquier noticia acerca del crecimiento económico, y la inflación que despierte la idea de que puede haber apretones monetarios un poco rudos en las economías como la de Europa, Japón o Estados Unidos, puede abrir la puerta a un sell off.

El mercado debe tener memoria, en abril y mayo de 2006, la idea de un ciclo monetario restrictivo violento en Japón y Europa desató un sell off que subió de manera brusca las tasas de los bonos M y tiró la bolsa. Cierto, el problema se resolvió, pero el susto quedó ahí.

Sin embargo, “el pelo en la sopa” es lo que vemos en el mercado de Cetes.

Los Cetes de un año abrieron el 2007 con una tasa de 7.26 por ciento, vino la crisis inflacionaria y subió a un máximo reciente de 7.56 por ciento el 29 de enero.

Ahora, el mercado ha regresado el nivel de esta tasa a 7.33 por ciento el día de ayer.

Un proceso similar se ha observado en los Cetes de seis y tres meses.

El lío es que aquí no se debe a flujos externos, y aún más grave es que las tasas de los Cetes deben ser el reflejo de lo que pasa con la inflación y, por tanto, con la expectativa del rumbo de la política monetaria.

¿Acaso ya desaparecieron las presiones inflacionarias que nos hagan pensar que Banxico no pueda, en el mejor de los mundos, endurecer aún más su discurso monetario?

Todo parece indicar que no; que apenas vamos a entrar a la parte fuerte de la crisis inflacionaria, al menos eso arrojan los resultados de la encuesta de expectativa inflacionaria de SIF ICAP, según la cual, el techo de la burbuja lo alcanzaríamos en junio de 2007 con una inflación anual de 4.65 por ciento.

Aún más, de acuerdo con Banxico, en los próximos meses alcanzaremos inflaciones subyacentes anuales por encima de 4 por ciento.

Y peor, las cotizaciones internacionales de los commodities de varios granos como el trigo, ya no sólo el maíz, y de otros cárnicos siguen subiendo, esto tarde o temprano será inflación al consumidor.

El error de aplanar la curva de Cetes, bajando los plazos de 91, 182 y 364 días ya lo vimos recientemente.

La tasa del Cete de un año que prevalecía el 2 de enero de 2007 de 7.26 por ciento, equivalía a una inversión a un día (por simple fórmula de interés compuesto) de 6.99 por ciento, es decir había una curva muy plana.

Cuando menos en ese entonces, se pensaba que Banxico podía bajar su tasa de referencia de 7 a 6.75 durante febrero o marzo de 2007. Hoy, esta idea está descartada, sin embargo “el mercado” sigue bajando los Cetes de 6 y 12 meses, a ver dónde paramos.

Lo único que validaría lo que pasa con los Cetes es que en las siguientes semanas desapareciera el riesgo inflacionario, lo cual parece poco probable.

MAIZ

CFC y Profeco reconocen que centran su quehacer sólo en el control de tortillerías
Pérez Motta y Antonio Morales reciben severas críticas al comparecer en San Lázaro
ENRIQUE MENDEZ , ROBERTO GARDUÑO
LA JORNADA

Empeñados en convencer a los diputados de que el gobierno federal ha emprendido acciones para sancionar a “infractores” al precio tope de la tortilla, el presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), Eduardo Pérez Motta, y el titular de Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales (Profeco), terminaron por reconocer que las medidas se han centrado en el último eslabón de la cadena: las tortillerías.

Esa postura generó el rechazo de los legisladores, excepto los de Acción Nacional, entre quienes se encuentran empresarios, que vieron en el acuerdo para fijar los precios de la tortilla en 8.50 pesos el kilo una respuesta “contundente y eficaz” del gobierno de Felipe Calderón.

Los diputados cuestionaron que ambas instancias se nieguen a ver las pruebas de que el encarecimiento de ese alimento fue provocado por las grandes empresas, que acaparan el maíz, pero los dos funcionarios no modificaron su discurso e inclusive el presidente de la Cofeco aceptó que no ha podido determinar que existan prácticas monopólicas en el mercado del maíz, porque es imposible revisar todas las tortillerías del país.

Peligroso, alentar la siembra de maíz transgénico en México
* Advierte Greenpeace riesgos en proyecto de Elvira Quesada.
* El funcionario no está bien informado, asegura Ampugnani.
* La Semarnat debe evitar el cultivo y la importación del grano, recomienda.
Rosalía Servín Magaña
EL FINANCIERO

Activistas de Greenpeace protestaron frente
a embajada japonesa en nuestro país contra
la mata
Son peligrosas, quizá porque “no está bien informado”, las declaraciones hechas a EL FINANCIERO por Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de medio ambiente, en torno a la posible siembra experimental de maíz transgénico, advirtió ayer Greenpeace.

En entrevista, Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de transgénicos de Greenpeace, indicó que con sus afirmaciones, el secretario da señales a las corporaciones biotecnológicas interesadas en sembrar maíz transgénico, como Monsanto, de que esto va a ser posible en los próximos meses.

“Por eso el peligro, porque tales organismos sólo quieren obtener un beneficio, y así no se hace política ambiental en el país”, indicó el experto al recordar que el secretario está a cargo del ambiente y ya ha sido comprobado que el maíz transgénico contamina a las variedades nativas.

Busca EU producir etanol sin maíz
Utilizar el grano amarillo eleva el costo, argumenta
Manuel Lombera Martínez
El Universal

Estados Unidos ya no quiere usar maíz amarillo para producir etanol, sustituto de la gasolina, dijo Hosein Shapouri, economista del Departamento de Agricultura de ese país.

Shapouri explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que el uso del maíz amarillo para producir etanol eleva los precios del grano, lo que ya genera molestia en agricultores norteamericanos.

“Los productores se quejan del alto precio del maíz en Estados Unidos”, dijo.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) proyecta que Estados Unidos producirá 267.60 millones de toneladas de maíz amarillo para el periodo 2006-2007, de las que 20.4% podrían usarse para etanol.

CTM

Descarta la CTM pedir alza salarial de emergencia
Promete Calderón respetar derechos de los trabajadores
MATILDE PEREZ U.
LA JORNADA

El presidente Felipe Calderón, en compañía del secretario de Salud, José Angel Córdova, y del gobernador de Nayarit, Ney González, dio ayer inicio en ese estado al Programa Nacional de Detección Oportuna de Alteraciones Auditivas
El presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, individuales y colectivos, de los trabajadores. Señaló la importancia del diálogo para dar cauce a las legítimas preocupaciones de la clase obrera, entre ellas la de mantener su poder adquisitivo.

Ayer por la tarde el mandatario se reunió con la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ante la cual resaltó que mediante la estabilidad y la paz laboral el país se consolidará como una nación atractiva para las inversiones.

En tanto, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional cetemista, encabezados por su secretario general, Joaquín Gamboa Pascoe, plantearon al mandatario la necesidad de contar con un programa permanente que evite la especulación y los aumentos de precios de los productos básicos.

Además de invitarlo a que encabece la ceremonia de inauguración del 129 Consejo Nacional Ordinario de la CTM, el próximo 24 de febrero, los líderes obreros también se refirieron a la importancia de apoyar al campo mexicano, porque “muchas de las causas” de la migración se deben a que en el agro no existen oportunidades de trabajo, comentó el líder cetemista, Joaquín Gamboa Pascoe.

Felipe, consciente de alza de precios
Tras aceptar la invitación al 129 Consejo Nacional de la Conferencia de Trabajadores de México (CTM), el presidente Felipe Calderón dijo estar consciente del problema ocasionado por el alza de precios en la canasta básica, según informó el secretario general del organismo, Joaquín Gamboa Pascoe.
Laura Vega / El Economista

Tras aceptar la invitación al 129 Consejo Nacional de la Conferencia de Trabajadores de México (CTM), el presidente Felipe Calderón dijo estar consciente del problema ocasionado por el alza de precios en la canasta básica, según informó el secretario general del organismo, Joaquín Gamboa Pascoe.

Por ello, los cetemistas le pidieron que realice un programa permanente para
evitar que se repita.

Además, de acuerdo con un comunicado de Presidencia, Calderón manifestó que atenderá las preocupaciones de la clase obrera, al privilegiar la preservación de fuentes de trabajo, capacitación y seguridad social.

Luego de una reunión privada, donde participó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, el cetemista también se pronunció por un aumento salarial directo entre las empresas y el trabajador, y no uno general, para que así se evite un incremento en los precios.

TRABAJO  MIGRANTE

México, incapaz de crear empleos para frenar la migración: Bancomer
Existe ausencia de controles en gran parte de la frontera sur, afirma el INM
Grupos criminales organizados operan con impunidad, sostiene Cecilia Romero
Rangel Domene insta a lograr mayores tasas de crecimiento para retener a connacionales
ROBERTO GONZALEZ A. , JOSE ANTONIO ROMAN
LA JORNADA

El gobierno mexicano reconoció ayer que existe una “ausencia de controles” en gran parte de la franja fronteriza del sur del país, región en la que grupos de delincuencia organizada operan en complicidad con funcionarios públicos.

En una conferencia sobre migración y desarrollo, Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo que forma parte de los cuerpos de seguridad del Estado, declaró:

“La enorme porosidad de la frontera sur ha generado condiciones de práctica ausencia de controles en gran parte de la franja fronteriza. Grupos criminales organizados operan en la zona con impunidad, y en ocasiones, hay que decirlo, con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.”

SINDICATO MINERO

Defiende Jefe Diego a Napo
Alberto Aguirre
REFORMA

El abogado panista Diego Fernández de Cevallos intercede ante el Gobierno federal por el ex dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.

El ex senador se entrevistó el pasado martes 13 con el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para realizar “labores de gestoría y cabildeo” a favor del ex dirigente, quien abandonó el País luego de que la PGR iniciara una averiguación en su contra por presunta defraudación.

Fernández de Cevallos llegó a la sede de Gobernación, al volante de un Jaguar S plateado, último modelo, y permaneció una hora en el despacho de Ramírez Acuña.

La CNDH descarta responsabilidad de Salazar Sáenz
Realizarán paro nacional en honor a los trabajadores caídos
CAROLINA GOMEZ MENA

Al cumplirse el próximo lunes un año de la explosión en Pasta de Conchos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana anunció que en homenaje a los 65 mineros muertos realizará un “paro nacional” ese día, y exigió una vez más que dicho “homicidio industrial perpetrado por Grupo México no quede impune”.

Sobre la posibilidad de que se llegue a identificar como uno de los responsables de la tragedia al ex titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, señaló que se descarta su responsabilidad.

-¿Cree que el ex secretario sea identificado como uno de los responsables?

-No creo que el ex secretario del Trabajo sea uno de los responsables.

El ombusman recordó que la CNDH ya emitió una recomendación sobre el caso y que en ella solicitó que se “abrieran procedimientos de responsabilidad tanto administrativa como penal, y la STPS se comprometió, y estamos en ello”.

Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores, sostuvo que la empresa “no está poniendo todo el esfuerzo que se requiere para esclarecer los hechos, y ha tratado de desanimar a familiares para que se conformen y que la mina se convierta en su tumba”.

SME

Critican cuotas de electricistas
Reciben al año SME y SUTERM 393 millones de pesos, indica estudio
Arturo Rivero
LA JORNADA

Los trabajadores electricistas mexicanos aportan cada año millones de pesos a sus organizaciones gremiales.

Las aportaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a sus respectivos sindicatos, por concepto de cuotas de afiliados, suman 393.6 millones de pesos al año, señala un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo.

El estudio “La reforma cautiva: inversión, trabajo y empresa en el sector eléctrico mexicano”, próximo a publicarse, indica que el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cobran a sus afiliados cuotas de 2 y 3 por ciento de su salario y se encuentran entre los gremios con más recursos.

FSTSE

Promueve Joel Ayala en la FSTSE su propuesta de ley del ISSSTE
Buscaría el respaldo de los consejeros durante el congreso del organismo gremial
El documento sigue dictados del Banco Mundial y cancela derechos laborales: Alonso Raya
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA

El viernes próximo, Joel Ayala, diputado del PRI y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), impulsará en el congreso de esa organización el respaldo de los consejeros a la propuesta de ley del ISSSTE que él presentó en el Senado de la República. Tal iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República. Mañana, también, se concretará la relección de Ayala, quien dirigirá durante tres años más el destino del organismo gremial.

La iniciativa de reforma que el entonces senador presentó el año pasado en Xicoténcatl contiene un vicio de inconstitucionalidad, porque corresponde a la Cámara de Diputados ser el órgano legislativo de origen, por tratarse de cambios al régimen de aportaciones. También carece del consenso y de la opinión de los trabajadores, los derechohabientes, los jubilados o representantes sindicales, refirió Miguel Alonso Raya, quien durante la 59 Legislatura en San Lázaro encabezó la Comisión de Seguridad Social.

OPINION

Arsenal
Por: Francisco Garfias
Mayo caliente
EXCELSIOR

Vamos a tener un mayo caliente. Será en ese primaveral mes cuando se empiece a sentir en otros productos el impacto del alza en los precios del maíz. El pronóstico es que suban también los de la carne de res, pollo, huevo, leche y todo lo que utilice maíz como insumo. Lo asegura a este espacio un conocedor de estos temas: el senador Francisco Labastida Ochoa, otrora secretario de Agricultura.

El también ex candidato presidencial del PRI calcula que los incrementos tendrán un impacto negativo de hasta 10% en los ingresos de 50% de la población económicamente activa (la que cobra hasta cinco salarios mínimos). “Tendremos repercusiones políticas y sociales”, anticipó el sinaloense.

El tema tiene que ver con la seguridad alimentaria en el país. Los senadores priistas preparan ya una iniciativa con el fin de proponer la creación de un instrumento que evite esos sobresaltos en el mercado. El sinaloense no quiso dar más detalles sobre la propuesta del tricolor.

Otro tema que fue motivo de la charla con Labastida es el de Pemex. “Vamos arriba de un avión que se va a estrellar”, alertó el político de Sinaloa, al ilustrar la precaria situación económica de la paraestatal. “La empresa está quebrada”, asegura el legislador. Hizo notar que, de los 103 mil millones de pesos que ingresó el año pasado, pagó por impuestos 79 mil millones de pesos. Eso ninguna empresa lo puede soportar. Urge modificar el régimen fiscal de Pemex, puntualizó.

TLC y campo: ¿qué hacer?
Por: Otto Granados Roldán
LA CRONICA

Conforme se acerca la fecha de la liberalización total del comercio agrícola entre México y Estados Unidos, en enero del 2008, bajo las reglas del TLC, han aumentado también las presiones para que el gobierno federal difiera esa fecha, denuncie el capítulo respectivo, reabra el tratado o, de plano, impida su entrada en vigor. Previsiblemente esta tendencia se verá acentuada por la singular coincidencia de que el Congreso ha modificado el artículo 76 constitucional para ampliar las facultades del Senado en el “análisis� de aquellos tratados internacionales que el Ejecutivo decida suscribir así como “terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas…� por lo que nada impide que en los próximos meses la discusión agrícola encuentre un cauce institucional altamente politizado y diverso y, con ello, pueda volverse más compleja tanto la comprensión del problema como la adopción de políticas públicas adecuadas que concilien la realidad del campo mexicano con las reglas del mercado y la apertura.
Cuando se firmó el TLC se negociaron diversos acuerdos en materia de apoyos, subsidios, normas y reglas y se pactó que, en función de las asimetrías entre los dos países y la extrema sensibilidad de algunos productos mexicanos, se dispusieran cuatro fases de desgravación, que terminan en diciembre próximo, de suerte que, a la fecha, están libres de arancel el 95% de las exportaciones agropecuarias mexicanas a Estados Unidos y el 82% de las norteamericanas hacia México.
Para enfrentar dichas asimetrías en el contexto de una apertura largamente anunciada, los últimos tres gobiernos dispusieron una variedad de subsidios a la producción y de carácter social cuyo objetivo era, precisamente, tejer una red de protección a los agricultores con menores ventajas, en especial los de ciertos granos, mientras transitaban hacia otros cultivos de mayor rentabilidad o, incluso, hacia otras actividades fuera del sector primario. De manera combinada, se estima que esos subsidios al campo llegaron a representar, para el año 2000, 1.1% del PIB, y los demás, acumulados en el gasto social, entre algo más de 9 % también como proporción del PIB.
Algunos análisis comparativos han mostrado que la respuesta de una parte considerable del sector primario a ese esquema de transición fue más bien mediocre, entre otras causas, por los ajustes económicos derivados de la crisis de 1995 y sus impactos en la inflación y las tasas; los bajos precios de algunos productos agrícolas; la falta de profundización de algunas de las reformas, y, finalmente, por que era relativamente difícil —pero no imposible— en década y media, superar las limitaciones culturales y estructurales de los productores pobres para incorporarse al mercado.
Sin embargo, la otra cara de la moneda la representaron los sectores de la agricultura comercial y agroindustrial, que reaccionaron muy positivamente a la apertura. Las exportaciones agroalimentarias de México a EEUU aumentaron más de 110% en ese lapso. EEUU se convirtió en el mercado individual más grande para los productos agrícolas mexicanos, absorbiendo 80% de todas las exportaciones agrícolas de México, país que es hoy uno de los tres primeros proveedores de productos agropecuarios al mercado de EEUU.
Esta dualidad conduce a la pregunta de fondo: ¿qué hacer ahora?
Reabrir el TLC a propósito del capítulo agropecuario es destapar una verdadera caja de Pandora, entre otras cosas porque distintas áreas de interés para México e, incluso, de seguridad nacional, que no fueron negociadas cuando se firmó, podrían ser ahora incluidas. A nadie escapa que, en la coyuntura geopolítica de estos días existe un elemento subyacente que es el aseguramiento de la disponibilidad energética de los países industrializados, empezando, desde luego, por los Estados Unidos. Si a eso se añade el desastre venezolano y el hecho de que México es ya uno de los principales proveedores de petróleo al mercado norteamericano, hay razones fundadas para suponer, con toda lógica, que una reapertura del TLC en la parte agropecuaria podría traer aparejado el interés de incluir también el renglón petrolero en una nueva negociación, lo que, para algunos, suena a herejía.
El TLC prevé, en segundo lugar, la existencia de salvaguardas bilaterales con la finalidad de dar protección a sectores afectados por la entrada en vigor del tratado permitiendo a una parte (en este caso a México) suspender la desgravación arancelaria o incluso aumentar el arancel previo. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. El TLC señala claramente que dichas salvaguardas podrán aplicarse durante la transición al libre comercio, que ya concluyó; tendrán una duración máxima de tres años; podrán ser utilizadas sólo en una ocasión por producto, y obligan a un mecanismo compensatorio al país afectado (EEUU), consistente en dar concesiones comerciales a ese país, de valor equivalente al de la restricción emergente.
Es decir, si México impone hoy salvaguardas a importaciones norteamericanas, lo más probable es que EEUU haga lo propio para algunos de los productos mexicanos más competitivos —que representan 55% del total de las exportaciones agropecuarias a los EEUU. O bien, habrá que dar concesiones extraordinarias a algunos de los siete productos que más se importan desde aquel país que significan el 50% del total de las importaciones agrícolas
En el tercer caso, el de las medidas compensatorias, no está claro si hay argumentos suficientes y fundados como para que México recurra a la solución de controversias, también prevista por el TLC (cap. XIX). Este mecanismo opera básicamente cuando hay prácticas desleales (dumping, subsidios, cuotas) por parte de uno de los países y establece un procedimiento en siete etapas que van desde las consultas iniciales entre los gobiernos hasta la resolución final de un panel de arbitraje, todo lo cual no debe pasar de 250 días. No obstante, este recurso tiene dos problemas: uno es que debe reformarse la ley mexicana de Comercio Exterior y hacerse las investigaciones antidumping, y, por lo menos hasta ahora, no ha ocurrido ninguna de esas cosas.
El cuarto tema son los subsidios. Es verdad que hay una muy justificada oposición, por parte de todos los países en desarrollo, hacia ellos. Pero, para efectos del TLC, México debe probar técnicamente que los aplicados por EEUU constituyen una “práctica desleal�. Por un lado, México también da subsidios domésticos y, por otro, Estados Unidos argumenta que el TLC no contiene un compromiso en relación con subsidios nacionales; que se acordó que el mejor enfoque para disciplinar el apoyo a nivel nacional sería el enfoque multilateral bajo la OMC, y que la Ley Agrícola de los Estados Unidos es consistente con los compromisos que hicieron bajo la Ronda Uruguay. En cualquier caso, hasta ahora el gobierno federal no ha dado señal alguna de las posibilidades reales que México tiene de obtener una resolución favorable en caso de recurrir a este mecanismo.
La propuesta de dar subsidios adicionales y en mayor monto a los agricultores mexicanos tiene dos problemas adicionales. El primero es que no hay margen presupuestal sin afectar el déficit público controlado. El otro es que esos subsidios, para ser congruentes con el TLCAN, debieran estar de acuerdo con las normas de la OMC y los principios de las rondas Uruguay y Doha. Pero resulta que, en todo el mundo, hay un reclamo muy sólido y consistente para eliminar los subsidios que otorgan los países industrializados. De acuerdo con ello, México no podría establecer subsidios nuevos, ni sería coherente en función de la demanda de las naciones en desarrollo de que los países ricos disminuyan o eliminen dichas prácticas. En suma, aún con cualquiera de esas alternativas ¿lograrán los sectores agrícolas mexicanos más rezagados hacer en diez meses lo que no hicieron en quince años?
Así las cosas, no parece haber otra opción más sensata que una combinación de acciones y de políticas públicas apropiadas que permitan que el mercado haga su trabajo acelerando la transición del agro mexicano en las condiciones sociales, urbanas, ecológicas y económicas menos difíciles para esa población que aún declara vivir y trabajar en el campo. Lo único que no debe hacerse es volver al proteccionismo, la manipulación política y la demagogia que, éstas sí, llevaron al campo por mal camino.

CONVERGENCIA

Sugieren las autoridades igualdad en portabilidad
La CFC a favor de que ninguna firma tome ventaja del proceso y que todos los operadores inicien al mismo tiempo
Angelina Mejía Guerrero
El Universal

La Comisión Federal de Competencia (CFC) se pronunció en favor de que el proceso de portabilidad numérica -la facilidad de que un usuario cambie de proveedor y mantenga su mismo número telefónico- comience al mismo tiempo y con igual tecnología para todos los operadores de telefonía y de cable, pues de lo contrario se elevarían los costos del sistema y se dificultaría su aplicación en perjuicio de los competidores y usuarios.

Esto en respuesta a lo dispuesto por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que establece que Telmex debe instrumentar el proceso de portabilidad antes que sus competidores, con una solución técnica temporal y que más le convenga.

En una carta enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el marco de la consulta pública sobre las reglas de portabilidad, el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, dijo que esta disposición de Cofetel pasa por alto las opiniones del órgano antimonopolio sobre el tránsito a la convergencia en un ambiente favorable a la competencia.

COFETEL

Prepara Cofetel reestructura en campo de telecomunicaciones
* Licitaciones para Wi-Max e inversión en banda ancha, previstas.
* Buscará impulsar el desarrollo propio de tecnología.
* Disminuir la brecha de México con países avanzados, el objetivo.
José de Jesús Guadarrama H. / enviado
EL FINANCIERO

BARCELONA, España, 14 de febrero.- Este año se implantarán en México diversas acciones para “reestructurar la cancha del juego” de las telecomunicaciones.

Lo anterior incluye la licitación de espectro radioeléctrico para Wi-Max, promover inversiones en banda ancha y evitar que los competidores dependan de los insumos básicos provistos por Teléfonos de México (Telmex), advirtió José Luis Peralta, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

También se buscará, indicó, poner límites a la concentración de espectro y de accesos.

Esto obedece a que en México no hay una política de largo plazo que, por ejemplo, oriente a las empresas hacia compromisos de cobertura social.

Duda la Cofetel que pueda haber tercera cadena de tv
No se castigará a Telcel por falla que afectó a millones de usuarios: Ruiz Vega
ALMA E. MUÑOZ
LA JORNADA

Integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Eduardo Ruiz Vega dudó que exista en México algún empresario con la capacidad económica suficiente para echar a andar una tercera cadena nacional de televisión.

En entrevista, pidió a los reporteros que le citaran nombres de personas con el dinero necesario para “comprar de un jalón las estaciones que puedan cubrir el territorio nacional”. Hablar de una tercera cadena es “un poco engañoso, porque esa figura no existe formalmente en la ley”.

Luego de entrevistarse con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, estableció que la Cofetel no sancionará a Telcel por la caída de su servicio -la semana pasada-, que afectó a 15 millones de usuarios. “La información que tenemos nos indica que detrás de las causas “no hubo un acto de conducta humana, ya sea mala o de negligencia, y difícilmente pueden ser sancionadas”.

TELMEX

Gran ritmo de inversión
Telmex ha invertido 27.6 mil mdd en México
En los últimos 16 años, Teléfonos de México invirtió 27 mil 692 millones de dólares, lo cual generó “un efecto multiplicador en la economía� del país.
MILENIO

De acuerdo con un documento, la empresa ofrece servicios de telecomunicación en 22 mil 801 comunidades que concentran a 90.6% de la población nacional.

La compañía explica que su capacidad de generar recursos económicos le ha permitido “crecer en México y expandirse en el ámbito internacional�.

Asegura que su compromiso se manifiesta en su ritmo de inver-sión, el servicio a sus clientes y la búsqueda continua de eficiencias operativas.

“Durante 16 años Telmex ha propiciado la modernización tec-nológica, incrementando la cobertura nacional y la oferta, de cada vez mejores servicios de telecomunicaciones�.

La telefónica anunció la víspera inversiones para este año por mil 100 millones de dólares en México y cinco países de América Latina, que incluyen Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú.

GCARSO

Slim apunta a comprar en España Grupo Prisa, editor de El País
Telmex está buscando alianzas para acceder a contenidos y competir en triple play
A través de Inbursa es accionista de Televisa, asociada con los españoles en Radiópolis
VICTOR CARDOSO
LA JORNADA

La avidez del magnate mexicano Carlos Slim Helú por concretar nuevas adquisiciones dentro y fuera del país puso en la orden del día la posibilidad de que el tercer hombre más rico del mundo extienda sus negocios en España, mediante la adquisición de una parte importante del consorcio de medios Grupo Prisa, editor del periódico El País, la editorial Grupo Santillana y las cadenas radiofónicas Radio España y Radio Internacional.

La especie ha tomado fuerza, toda vez que Teléfonos de México (Telmex), una de las principales empresas del consorcio fundado por Slim Helú, se ha dado a la tarea de buscar alianzas para garantizar el acceso a contenidos que le permitan competir favorablemente en los servicios triple play (telefonía, Internet y video).

OPINION

José Luis Benavides
Desistimientos en la batalla SCT-Cofetel
El autor es abogado y miembro del Consejo Directivo del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.
MILENIO

La SCT sabe de antemano que su batalla en contra de la Cofetel está muy lejos de ser una cuestión estrictamente legal y proteccionista del Estado de Derecho, tan es así, que sus intenciones han sido plenamente detectadas por la industria de telecomunicaciones y han trascendido al Senado para su llamado al orden y respeto de las instituciones.

El punto de acuerdo presentado ante la Cámara Alta por el senador Rogelio Rueda Sánchez (PRI) para que Rafael del Villar Alrich (subsecretario) y Gonzalo Martínez Pous (director jurídico), ambos de la SCT, decidan seguir o no, ocupando los cargos para los cuales fueron nombrados por el titular de la SCT y se desistan del amparo promovido por ellos, es una muestra clara del deseo de construcción de los acuerdos nacionales que requiere el país, sin embargo, aunque la intención es buena, la realidad jurídica es otra.

Evidentemente, el subsecretario es un hombre de ciencia y el director jurídico es un buen abogado con experiencia administrativa, pero es obvio que no son políticos y por tal razón se encuentran inmersos en un galimatías político del que difícilmente saldrán bien librados, desde el punto de vista que se analice.

Bajo este tenor, según se ha difundido en diversos medios, la SCT tiene muy bien calculado el apoyo incondicional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyo titular encabezó el sexenio pasado la Procuraduría General de la República (PGR), desde donde fueron promovidas, de manera, inexplicable, sendas controversias constitucionales en contra de leyes previamente sancionadas, promulgadas y publicadas por el Presidente de la República.

Por ello, realmente me extraña que en diversos medios se hayan sorprendido de tal situación, ya que ha sido manifiesto el abuso de la justificación legal para tal hecho, la cual se contiene en el apartado A del artículo 102 constitucional, en correlación con la fracción V del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que con independencia de que los mencionados amparos sean a título personal, también, es innegable el hecho de que en el fondo se encuentran inmersas varias dependencias de la administración pública federal (SCT y Cofetel) y, por ende, sus funcionarios.

Sin embargo, al parecer los comisionados de Cofetel, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca, no son de los favoritos del consejero jurídico de Los Pinos, Daniel Cabeza de Vaca, para recibir ese tipo de apoyos institucionales, pero a Ruiz Vega y González Abarca, no les hace ninguna falta, ya que son profesionistas ampliamente reconocidos por la industria con base en su trayectoria, cosa que no sucede con sus contrapartes —Del Villar y Martínez Pous— quienes al final y cualquiera que sea el desenlace de este patético episodio estarán en el peor de los escenarios posibles, sin reconocimiento de una industria a la que pretenden regular y con un escaso margen de maniobra para influir desde Xola en decisiones trascendentales para el país.

Por su parte, la defensa de los legítimos intereses de los comisionados de la Cofetel es encabezada por Ruiz Vega y, como él sabe, este asunto puede parar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llegado a este punto los escenarios posibles pueden ser varios:

Desistimiento por parte de Del Villar y Martínez Pous (quejosos), operando en estricto derecho el sobreseimiento del juicio de garantías.

Que la autoridad federal niegue el amparo a los quejosos por considerarlos improcedentes.

Todo esto en función de que los actos de los que se duelen hayan sido consentidos expresamente por ellos o, en su defecto, que dichos actos hayan sido consumados de un modo irreparable, tal y como se desprende del artículo 73 Fracciones IX y XI de la Ley de Amparo.

Que la autoridad competente considere que los conceptos de violación de los quejosos son procedentes, otorgándoles el amparo y protección de la justicia federal, generando con ello que el pleno de la Cofetel deje de tener quórum suficiente para sesionar y, con ello, atentar contra la legalidad de más de mil resoluciones administrativas expedidas por el pleno, además de soslayar el bien común, generar la peor crisis de legalidad en el sector de las telecomunicaciones de que se tenga memoria.

Esperemos que la autoridad federal que conoce de estos juicios de garantías, tenga la sensibilidad jurídica y sentido común suficiente para entender el tipo de crisis administrativa, legal y regulatoria que una decisión de este tipo puede acarrear a uno de los sectores industriales que más invierte en México y genera empleos para el desarrollo de nuestro país. Estaremos pendientes.

Por último, si no se vuelve a diferir su audiencia constitucional, la cuenta regresiva para desistirse expresamente de sus pretensiones por parte Del Villar y Martínez Pous se vence el próximo 19 de febrero a las 11:20 horas, en el 12º Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, después de eso, no habrá mañana y el futuro político de los funcionarios estará en el aire.

Las opiniones contenidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las Instituciones antes indicadas.

Ricos y poderosos
Héctor Osuna, un político pragmático
Por: Marco A. Mares
LA CRONICA

El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, es un político pragmático y actúa como tal al frente del órgano regulador de las telecomunicaciones en México.
Como militante panista forjado en la oposición, no se arredra ante el poder y como cabeza de la autónoma Cofetel tampoco se asusta frente a la cabeza del sector el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler.
En medio de la disputa legal que confronta a la SCT y Cofetel, ésta mantiene un ritmo de actividades prácticamente normal.
La Cofetel está dirimiendo temas tan relevantes como la revisión de la canasta básica de Teléfonos de México; la revisión de la solicitud del canal de televisión que solicita el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; la conclusión del reglamento interno del órgano regulador, la preparación de la licitación de emergencia de la órbita satelital 77 oeste, y el tema de la radio satelital.
La Cofetel, asegura Osuna, no está paralizada, por el contrario, sigue trabajando.
En el contexto, la Cofetel, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Senado de la República están enredados, desde el gobierno pasado, en una disputa legal que confronta a dos de los comisionados en funciones: Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca, y dos comisionados impugnados por la Cámara alta: Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, actualmente subsecretario de Comunicaciones y director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
Se trata, dicen propios y extraños, de una confrontación en la que subyacen la autonomía de la Cofetel y las decrecientes facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Cofetel busca preservar y fortalecer su autonomía. La SCT pretende rescatar de lo perdido lo que aparezca.
Y es que la SCT perdió prácticamente todos sus facultades en materia de Telecomunicaciones —salvo aquellas que tienen que ver con el sistema de telégrafos— al ser transferidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por eso es que le urge tener asideras.
De lo contrario, la tarea de Luis Téllez Kuenzler, en materia de telecomunicaciones, se reduce exclusivamente a la firma de las autorizaciones, concesiones y resoluciones que emita la Cofetel.
Por su parte, la Cofetel está buscando el ejercicio de su independencia y autonomía y evitar ser una oficina de trámite de la SCT.
Ésa es la pugna entre la Cofetel y la SCT o la SCT y la Cofetel.
Y la batalla visible es entre los comisionados en funciones y los comisionados impugnados.
Previamente se habían registrado acciones de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República por la “no objeción� en los nombramientos de Notimex y la Comisión Federal de Competencia.
En el caso de Cofetel, la PGR no impugnó.
Por otra parte, en el Senado de la República se están calentando los ánimos, por nombramientos de funcionarios en órganos transexenales que no pasan por su filtro.
Dicen, quienes están en contra de Del Villar y Martíonez Pous, que en caso de que los jueces les dieran la razón el Ejecutivo federal estaría facultado para hacer nombramientos, en el caso de Cofetel por 8 años. Es decir designaría comisionados hasta el 2015, tres años más allá de su sexenio.
Y en la CFC y el IFAI por 9 años en cada uno y en Notimex por 5 años.
Para ellos es inconstitucional que el jefe del Ejecutivo haga nombramientos transexenales sin la posibilidad de que los objete el Poder Legislativo.
En el fondo de la disputa se resolverá si sobreviven los órganos autónomos como el IFAI, IFE, Cofeco y Notimex.
Sobre el tema, Héctor Osuna, ha mantenido una posición neutral.
Es decir ha evitado cualquier iniciativa al respecto, pero apoya con firmeza a sus comisionados en funciones: Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.
Por su parte, Luiz Téllez Kuenzler, aunque en principio manifestó que la SCT y los comisionados impugnados estudiaban la posibilidad de desistirse del litigio, en los hechos lo han mantenido y lo sostienen con fiereza.
Por lo pronto, la cita para la Audiencia Constitucional es el próximo 19 de febrero a las 11:20 horas, en el 12º Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, si es que no se vuelve a diferir.
ANECDOTARIO. Le puedo anticipar que Cofetel dirá que la solicitud de Marcelo Ebrard para operar un canal de televisión en la ciudad de México no procede porque el canal que pide está ocupado por Cablevisión. También le informo que el estándar de radio digital que se utilizará en el país será Iboc, que ofrece la empresa Ibquity. La Cofetel ya obtuvo una carta de esa empresa en la que exenta a México del cobro de regalías, por su utilización. Adicionalmente Cofetel planteó a la Secretaría de Economía, que encabeza Eduardo Sojo, que se instaure una política industrial para que se produzca en México todo lo necesario para la plataforma de radio digital. Samsung y LG ya se apuntaron. Por cuanto a la licitación de la órbita satelital 77 Oeste —que México está a punto de perder—, se realizará en breve. El precio piso será inferior a los 13.5 millones de dólares. En agosto del año pasado se declaró desierta la licitación. SES Americom declinó su participación.

Personajes de Renombre
Más sobre SCT y la Cofetel
Por: David Páramo
EXCELSIOR

La semana pasada un legislador del PRI presentó un punto de acuerdo, turnado ya a comisiones, y hasta el momento no hay indicios de que se suba al pleno, en el que pide a Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar se desistan de su amparo contra del artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En opinión de los implicados, resulta inaceptable la petición puesto que precisamente se ampararon en contra de la Comisión Permanente. La grupo político del PRI fue el que objetó a estos dos hombres, quienes se ampararon cuando todavía no eran funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Preguntan por qué no pidió lo mismo a los 47 ex senadores de la pasada legislatura que se desistieran de su acción de inconstitucionalidad, que se ventila ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la PGR, por un procedimiento similar.

Entre los argumentos del legislador está el retraso en el reglamento interior de la SCT, lo que es un asunto que se remonta a la administración anterior ya que la ley se publicó en abril del año pasado y el reglamento debió estar listo en julio.

El tema sigue sin resolverse en las instancias adecuadas. La audiencia constitucional, clave para cerrar este proceso, sigue retrasándose por cualquier cantidad de problemas. Antes, el diferimiento tuvo que ver con el hecho de que el juez se encontraba de permiso. Hubo quienes trataron de señalar que el problema era la denuncia penal presentada en contra de los dos funcionarios de la SCT, pero no fue así.

Mientras no se resuelvan en tribunales las diferentes instancias, el llamado del Congreso, empresas y opinión pública no debe orientarse a que alguna de las partes cancele sus derechos constitucionales, sino que el proceso legal sea puesto en una cápsula y se pongan a trabajar de manera institucional.