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SINTESIS DE PRENSA

MARTES 20 DE FEBRERO DE 2007

PASTA DE CONCHOS

Complicidad abierta entre Salazar y Grupo México, dice Gómez Urrutia
Tenían inclusive nexos de tipo económico, sostiene el depuesto dirigente minero
El ex secretario del Trabajo es proveedor del consorcio y lo protegió para que no enfrentara su responsabilidad en Pasta de Conchos
El hijo del ex funcionario también está involucrado, señala
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA

Hubo ‘’complicidad abierta'’ y nexos hasta de tipo económico entre el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz y el Grupo México, para proteger al consorcio y que no enfrentara su responsabilidad en el accidente de la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 trabajadores en febrero de 2006.

Salazar Sáenz es proveedor de Grupo México por conducto de dos empresas, por lo que cobijó a este consorcio en la tragedia en lugar de atender a los deudos, señaló en entrevista vía telefónica desde el extranjero el depuesto líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien sobre su situación jurídica comentó: ‘’Es mentira que se haya solicitado mi extradición a Canadá. Pero que lo hagan, lo único que va a pasar es que el gobierno se va a exhibir una vez más, porque no va a poder sostener sus acusaciones'’.

Descarta indagatoria estatal consignar al ex titular de STPS
Se fincarían responsabilidades a funcionarios menores
ALFREDO MENDEZ
LA JORNADA

Los resultados de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), relativas al accidente en la mina Pasta de Conchos, se encaminan a fincar responsabilidades penales en contra de funcionarios de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad, así como de empleados de bajo perfil de Grupo México, mientras que ya se descarta por completo una consignación en contra de Francisco Javier Salazar Sáenz, ex titular de la dependencia federal, revelaron fuentes jurídicas cercanas a la indagatoria, que ayer cumplió un año en trámite.

Comisión legislativa buscará citar a Fox por las declaraciones de Moreira
Salazar Sáenz omitió o mutiló pruebas en el caso Pasta de Conchos: diputados del PRD
Denuncia en Saltillo por falsificación de documentos realizada por un legislador panista
ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA

La comisión especial que da seguimiento a las investigaciones del accidente en Pasta de Conchos buscará citar a comparecer al ex presidente Vicente Fox, luego de que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que fue presionado por el entonces jefe del Ejecutivo para involucrar a inocentes en la muerte de 65 mineros. A su vez, la diputación perredista afirmó que el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz omitió o mutiló pruebas ‘’para favorecer a Industrial Minera México (IMMSA)'’.

Pide Beltrones ahondar en la denuncia contra Fox
Navarrete felicita a Moreira ‘’por su valentía'’
VICTOR BALLINAS , ELIZABETH VELASCO , ANGELICA ENCISO
LA JORNADA

El presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones, aseveró ayer que la declaración del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el sentido de que el ex presidente Vicente Fox ‘’le ordenó encarcelar inocentes, es grave pronunciada en voz del mandatario estatal'’. De ser cierta esa versión, dijo, ‘’amerita que esto no termine con una simple denuncia extemporánea'’, sino que ‘’valdría la pena y sería inevitable proceder penalmente contra ellos'’.

Por su lado, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, felicitó al gobernador Moreira ‘’por su valentía para hablar con claridad'’ y por poner ‘’al descubierto otra más del señor Vicente Fox'’. Ahora, dijo, ‘’se conoce cómo armó una ofensiva a modo contra el dirigente del sindicato minero (Napoleón Gómez Urrutia), sin tener los elementos legales suficientes'’, e inclusive ‘’trató de involucrar al gobernador de Coahuila'’.

Paran labores 24 horas casi todas las secciones del sindicato minero
Demandan esclarecer el caso Pasta de Conchos y respaldan a Napoleón Gómez Urrutia
Jornada de brazos caídos en Durango, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y otras entidades en recuerdo de las 65 víctimas
PATRICIA MUÑOZ , CORRESPONSALES
LA JORNADA

Al cumplirse un año de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, al menos 90 por ciento de las secciones del sindicato minero realizaron un paro de 24 horas en todo el país en demanda del esclarecimiento del accidente y en reconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como dirigente nacional del gremio.

Secciones de los estados de Durango, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros, cumplieron la jornada de brazos caídos y realizaron diversos actos para recordar a las 65 víctimas del colapso en la mina.

Moreira, dispuesto a recordar a Fox su propuesta para encarcelar a líder minero
El ex presidente se negó a viajar a Pasta de Conchos porque estaba de campamento, dice
DE LA REDACCION
LA JORNADA

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que está dispuesto a sostener en la cara de Vicente Fox que ante la tragedia en la mina carbonera Pasta de Conchos el ex mandatario federal le propuso procesar y enviar a prisión al depuesto líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, con el objetivo de “distraer la atención”.

Durante una entrevista radiofónica con el periodista Jacobo Zabludovsky, el mandatario estatal afirmó que Fox le sugirió esa propuesta en una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia de los entonces secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz.

“Estaban ahí el secretario de Gobernación y el del Trabajo, obviamente colaboradores de él, pero yo se lo puedo decir a él en su cara”, indicó Moreira a Zabludovsky.

EJERCITO

Asegura Calderón que cumplió con la tropa, al aumentarle 46% el salario
Anuncia a las fuerzas armadas que habrá un programa de créditos para vivienda
CLAUDIA HERRERA , JESUS ARANDA ENVIADOS
LA JORNADA

Huehuetoca, Méx, 19 de febrero. El presidente Felipe Calderón hizo efectiva la promesa que realizó hace dos meses y medio a las fuerzas armadas, y anunció un aumento de 46 por ciento en las percepciones para la tropa y marinería, que será retroactivo al 1º de enero.

Sin embargo, el incremento anunciado por el mandatario no sería de 46 por ciento, incluyendo sobrehaberes y la compensación mensual de mil pesos, sino de alrededor de 35 por ciento, según información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la celebración del Día del Ejército, en el campo militar 37-C de San Miguel de los Jagüeyes, el jefe del Ejecutivo federal hizo un “reconocimiento especial” al Ejército Mexicano, y anunció nuevas medidas. A partir de ahora, ningún soldado percibirá un sobrehaber menor a 90 por ciento, y adicionalmente recibirá un reconocimiento de mil pesos mensuales.

SCJN

Una comisión de la Corte investigará los abusos en San Salvador Atenco
Buscan los magistrados contrarrestar incertidumbre en la comunidad atenquense
JESUS ARANDA
LA JORNADA

La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigará los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo pasado, deberá establecer “¿por qué se dieron esas violaciones (a las garantías individuales)?, ¿quién las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?

Lo anterior, quedó establecido en el engrose aprobado ayer en sesión privada por el pleno de ministros, en el que se precisaron los alcances de la indagatoria que iniciarán este miércoles los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé.

En el documento aprobado por la Corte -en el que se precisó la sentencia emitida el pasado 6 de febrero- se señala que la comisión de magistrados no se centrará en determinar si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales, “pues ya se tienen por demostradas”, aunque en todo caso, podrán complementar las mismas.

PRD

Reprochan a perredistas aprobación de la Ley para la Reforma del Estado
Legisladores del sol azteca legitiman a gobierno de facto, señalan miembros del CEN
Cuestionan a Nueva Izquierda por hablar de posibles errores de AMLO en su campaña
ELIZABETH VELASCO C.
LA JORNADA

Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reprocharon a los legisladores de ese instituto político la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado sin haber consultado a su dirigencia y permitir la incorporación del Poder Ejecutivo en ese proceso.

Dolores Padierna, secretaria de Planeación del CEN del PRD, manifestó: “legitiman a Felipe Calderón quienes plantean un diálogo con un gobierno de facto, con un gobierno que no ganó (las elecciones del 2 de julio pasado) y con alguien que violentó el orden constitucional”.

A su vez, Agustín Guerrero, vicecoordinador de ese partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), que encabeza Padierna, pidió a Carlos Navarrete, líder de la fracción perredista en el Senado, tener “mayor comunicación” con el CEN del sol azteca.

MAIZ

Es México tercer lugar en compra de maíz
Verónica Martínez
REFORMA

El País ocupa el tercer lugar mundial como importador de maíz, y para 2010 tendrá la segunda posición, según pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

México es superado por Japón y Corea del Sur, naciones que tienen insuficiencia alimentaria por razones políticas y territoriales.

El último reporte de “Previsión del abasto y demanda de la agricultura mundial”, elaborado por el Gobierno estadounidense, detalla que Japón es la nación que lidera las importaciones con 16.5 millones de toneladas métricas, seguido de Corea del Sur, con 8.8 millones.

Biocombustibles: ¿Cuál es la prioridad del Estado sobre el maíz?
Alejandro Villamar
ALAI AMLATINA

¿Llenar millones de autos con etanol, o llenar millones de estómagos, incluyendo de desnutridos, y conservar economías y culturas que no se compran en ninguna gasolinera, ni planta industrial del mundo? A raíz de un aumento del precio del maíz amarillo en los Estados Unidos, debido, se dice, al aumento de la demanda para derivarlo a las plantas productoras de etanol, algunos funcionarios mexicanos, sin reparar en la responsabilidad que tienen para definir una política de Estado que beneficie a la mayoría de nuestro país, responden automáticamente a la propuesta de algunos poderosos sectores agrícolas que sueñan con sacar jugosas ganancias de esa nueva situación del mercado de EE.UU.[1]

Sin embargo, la pregunta obligada es si acaso en México vivimos situación similar a la de EE.UU. para responder con parecida política, o la política del Estado mexicano debe responder a las particularidades
propias para que verdaderamente alcancemos resultados exitosos, de los que están ayunos la mayoría de los productores rurales, de campesinos e indígenas.

La situación productiva, social y mercantil del maíz y otros granos en Estados Unidos es diametralmente opuesta a la de México. En EE.UU. la administración ha adoptado una nueva estrategia multinanual de
producción masiva de biocombustibles, sobre todo de etanol, a partir de maíz en su primera etapa, como parte de una política de objetivos múltiples. Los objetivos más publicitados han sido encaminarse a disminuir su dependencia de abasto externo de combustibles y substituir unos combustibles por otros más sustentables, supuestamente menos contaminantes y más saludables.

Sin embargo, este país principal productor mundial de granos apoyados por enormes subsidios gubernamentales, también se enfrenta al reto de colocar sus grandes excedentes subsidiados en el mercado mundial, provocando un comercio desleal que viola reglas internacionales, destrucción de productores en otros países y obstáculos a la creación de un marco internacional de comercio multilateral.

Canalizar o re-dirigir sus excedentes al mercado interno resulta una distensión de una parte del conflicto internacional y una oportunidad de darle alternativa a sus sectores beneficiados por el gran agro-negocio
industrial, e incluso levantar esperanzas de satisfacer demandas de otros productores familiares o pequeños y regiones que exigen atención.

No obstante, el desarrollo de esa estrategia estadounidense, como de otras naciones como Brasil o la Unión Europea, requiere superar múltiples obstáculos y objeciones tanto políticas, como ambientales y
sobre todo de naturaleza socio-económica, que también México debe tener en cuenta.

Existe un sobre dimensionamiento o exageración sobre la contribución que el etanol hace en materia de independencia energética y ambiental y reducción de costos. Los cálculos académicos estadounidenses indican que aún dedicando toda la producción de granos, tan sólo se cubriría el 12 % de la demanda energética total; mientras no cambie la política y el modelo de derroche energético (matriz energética de producción-consumo) seguirá la dependencia y fuente principal de la producción de gases de invernadero, principal responsable del cambio climático y los daños globales.

La producción de etanol y su uso está lejos de caracterizarse como proceso no-contaminante. Recientemente, el 7 de febrero, el Premio Nobel Mario Molina afirmó en la Cámara de Diputados que la producción de etanol es contaminante, contribuye con más CO2, y es insignificante lo que se gana en energía neta. Además su producción requiere un gran consumo de agua (en proporción, dpara cada unidad de etanol se requieren 6 de agua); actualmente la producción de etanol no es realmente rentable
y por ello se canalizarán enormes subsidios gubernamentales, objetivo evidente de las grandes monopolios de producción, comercialización y biotecnología. Finalmente, cada día crece el cuestionamiento social
sobre la naturaleza irracional de usar granos alimenticios para alimentar motores, y se apunta a la necesidad de intensificar la investigación para usar celulosa de hierbas o desechos para obtención de
biocombustibles.

A diferencia de Estados Unidos, México tiene una frágil suficiencia en maíz blanco y un creciente déficit en granos forrajeros y oleaginosos. Y si en EE.UU. el uso industrial de maíz y otros granos es una forma de
manejo de la gran oferta y sus excedentes, el reto en México es lo contrario: incrementar la oferta nacional para satisfacer la demanda doméstica alimentaria, forrajera y agroalimentaria manufacturera.

A México le urge tener una oferta alimentaria estable y accesible para disminuir los altos grados de desnutrición, sobre todo infantil, de muy numerosas y socialmente sensibles comunidades indígenas y no indígenas, creación de empleos dignos y mejoramiento del bienestar comunitario en el espacio rural y también retomar una estrategia de política estatal para disminuir el grado de dependencia alimentaria que ha alcanzado niveles políticos y de presión internacional muy sensibles y peligrosos.

El círculo vicioso que se integra entre la pobreza y la desnutrición, como entre desempleo y exclusión social, es muy clara en amplias regiones del país y no sólo es un problema de justicia social y gobernabilidad, también es parte de las debilidades estructurales para fortalecer un mercado interno, mejoramiento de salud y protección de cultura y biodiversidad, y compromisos internacionales asumidos oficialmente.

En términos económicos, actualmente en México una política de subsidios a la producción de etanol significaría actualmente desviar los escasos recursos gubernamentales a proyectos no prioritarios ni estratégicos.

Además, la estrategia de producción de etanol de algunos grupos empresariales, no únicamente se orienta a recibir recursos gubernamentales, ni a exportarlo, sino, por una parte y bajo el muy dudoso y muy cuestionado argumento de aumento de la productividad mediante el uso de semillas transgénicas, se busca consolidar el control monopólico y tecnológico de los insumos básicos; se calcula que, después
que el gobierno de V. Fox terminó de destrozar la empresa estatal (PRONASE) comercializadora de semilla nacional, ahora cerca del 90 % de las semillas mejoradas de maíz son controladas por la trasnacional
Cargill y sus similares; y por la otra parte, ante el deseo de que se legisle conforme sus intereses privados y se vuelva obligatorio el uso de un determinado porcentaje de etanol en el transporte, esos productores en alianza estratégica con capital foráneo, aspiran también al control monopólico de producción e importación de biocombustibles y sentar las bases para desplazar a PEMEX.

Pero si en términos económicos no existen similitudes entre México y EE.UU. mucho menos los hay en términos de cultura, historia, identidad y comunidad alrededor de la creación, recreación y sobre-vivencia en
torno al maíz. Ya sabemos que esos valores, mientras no se les vea con “ojos de dólares” no valen nada para el libre mercado y los mercaderes y especuladores de siempre. Sin embargo, esos son los valores centrales a partir de los cuales hemos sido país y hemos construido una identidad y singularidad como país y como comunidad. Siete mil años de historia de maíz son raíces muy profundas que ninguna moda mercantilista, vestida con falsa tecnología y adornada con retórica ambientalista puede ignorar
y mucho menos borrar.

En síntesis, la copia dogmática de este modelo de biocombustibles para México es una equivocación política por su carácter disruptivo, inequitativo e insustentable.

La mayoría de sus propósitos son objetivos de política privada y de lucro que se desea presentar como objetivos de política pública, pero no desean asumir los costos sociales, ambientales y políticos que conlleva.

Por todas esas razones, llegó la hora de exigir una verdadera discusión pública y democrática sobre una verdadera y conveniente política de Estado sobre maíz y biocombustibles.

Nosotros, lo mismo que la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas de este país, exigimos que la política de Estado responda al legítimo interés de la Nación, no de intereses facciosos, antisociales y
anticulturales.

Reafirmamos nuestro respaldo y solidaridad al grito popular de que SIN MAÃ?Z NO HAY PAÃ?S.

Nos pronunciamos por un país con maíz porque el uso prioritario del maízsiga siendo alimentario, creado, recreado y apropiado por nuestr@s campesin@s.

- Nota:

[1] Esta pendiente de dictamen final en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley de Promoción de los Biocombustibles, promovida por un abanico de actores privados y legisladores y crecientemente cuestionada por otras organizaciones campesinas y sociales.

CAMPO

Posponen reestructuración de subsidios agrícolas
* Centrales campesinas desairan a Calderón.
* Sin anuncios, inicia Semana del campo.
* Pide el presidente detalles del PEC .
L. Rudiño / A. Hernández
EL FINANCIERO

Con nueve secretarios de Estado presentes, y con un vacío de representación de agricultores y campesinos, el presidente Felipe Calderón inició ayer la instituida Semana del campo.

Se tenía la expectativa de que habría anuncios de acciones específicas y de redefinición de los subsidios para el agro -a fin de hacerlos transparentes y equitativos-, pero el acto en Los Pinos sirvió sólo para que el primer mandatario instruyera a los titulares de las secretarías involucradas en el desarrollo rural, a “que presenten aún más detallado el Programa Especial Concurrente (PEC) del sector”, para que se aplique a lo largo del sexenio.

Calderón Hinojosa reiteró lo que desde diciembre decidió el Congreso: que el PEC este año cuenta con 176 mil millones de pesos, 14 por ciento nominal arriba de 2006, “y la mayor asignación en la historia”, y mencionó los cinco ejes bajo los cuales se operará el programa:

Contenido humano, para enfrentar la pobreza; mejorar la nutrición del pueblo; fomentar mayores exportaciones y más rentabilidad agrícola; respeto al medio ambiente, y apego a la ley.

Ordena FCH vigilar gasto agropecuario
Anuncia Ejecutivo inversión histórica. Convoca a gobiernos y sectores productivos a supervisar el destino de recursos públicos
Ernesto Núñez
REFORMA

Al anunciar una inversión histórica de más de 176 mil millones de pesos para apoyar al campo, el Presidente Felipe Calderón advirtió sobre la necesidad de vigilar que los recursos no se pierdan entre la ineficacia.

Calderón anunció la creación de una comisión en la que participan diez Secretarías de Estado, la cual vigilará el manejo de programas de apoyo a productores que se van a financiar, y los cuales serán anunciados durante esta semana.

Llamó a legisladores, alcaldes, gobiernos estatales y todos los sectores productivos, a revisar destino y eficacia de los recursos.

“Que tengamos la objetividad para saber valorar cuáles de estos programas resultan eficaces y cuáles no lo son; que tengamos la capacidad de mejorar cada día, para que este volumen tan cuantioso de recursos no se pierda en la ineficacia”, sugirió.

Prevé priista crisis del campo
Ernesto Núñez
REFORMA

Ante el Presidente Felipe Calderón y 10 secretarios de Estado, el diputado priista Héctor Padilla presentó ayer un crudo diagnóstico de la situación en el campo mexicano.

El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja aseguró que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ha significado un recrudecimiento de la crisis en la que viven la mayoría de los productores mexicanos.

Destacó que de 30 millones de mexicanos que viven en el campo, 24 viven en pobreza y 16.6 en extrema pobreza.

“La historia todos la sabemos, sólo quienes se tapan los ojos y los oídos no se dan cuenta de la realidad.

“A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en el campo, porque los supuestos que se esperaban para reactivarlo económica y productivamente no sucedieron”, señaló el legislador.

Definen esta semana el futuro de Procampo
(Lourdes Edith Rudiño)
EL FINANCIERO

El subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, afirmó que esta semana sí habrá anuncios para el campo.

Para el jueves se prevé que el presidente Felipe Calderón detalle el futuro del Procampo -programa con más de 16 mil millones de pesos de presupuesto, y cuya vigencia, iniciada en 2004, concluye en 2008.

Y el viernes, en el marco de la “Semana del campo” -que hoy se particularizará en el mar y la pesca-, la Presidencia hablará de ajustes en los subsidios agrícolas, y en línea con lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se prevé un análisis y posible reducción en los subsidios orientados a compensar el ingreso de los productores y una fuerte ampliación de los que van a inversión.

Otro anuncio será “un programa de fortalecimiento a los cuatro productos sensibles” (ante el TLCAN): frijol, maíz, leche y azúcar. “Se van a alinear y coordinar recursos (de diversas secretarías), y se trabajará desde fortalecer esquemas de productividad, desarrollo tecnológico, y de organización para adquirir insumos.”

POLITICA FISCAL

Problemas técnicos obstruyen plan de elevar la recaudación
* Demoraría un año la Solución Integral del SAT.
* Proveedores no terminan software.
* Reforma fiscal, salida verdadera.
Felipe Gazcón
EL FINANCIERO

La postergación de la puesta en marcha de la Solución Integral para la Administración Tributaria, originalmente prevista por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por seis meses, podría alargarse todo el año, lo que afectará los planes de incrementar la recaudación.

Carlos Cárdenas, presidente del Comité de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), confirmó que ha habido muchos problemas técnicos para implantar el software de la plataforma tecnológica del SAT.

El hecho de que se encuentre estancada, equivale a tener “un gran camión que no ha podido salir a carretera”, dijo el también socio director de la Práctica de Consultoría en Impuestos de Ernst & Young.

“El escenario que se tiene es que la plataforma no quedará lista antes de seis meses; sin embargo, no quiero ser pesimista, a pesar de que su puesta en marcha se demorará durante todo el año”, advirtió.

Merman impuestos el poder de compra de trabajadores
* Destinan a pagos fiscales hasta 30% de sus ingresos.
(Guadalupe Cadena)
EL FINANCIERO

El fortalecimiento del poder de compra de la población no se logra únicamente a través del ingreso, sino también por una justa asignación de obligaciones tributarias.

De ahí que es necesario reglamentar los derechos del contribuyente, al igual que los derechos laborales o los derechos humanos, asegura Daniel Beltrán Meza, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la actualidad, 18.3 millones de personas se encuentran registradas ante las autoridades hacendarias; sin embargo, no cuentan con instrumentos suficientes para defenderse, pues en caso de duda generalmente se favorece al recaudador.

Así que “una posible reforma fiscal deberá incluir un artículo expreso en la Constitución Política que regule las garantías individuales en materia tributaria”, sugiere el académico.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Insuficiente, la apertura comercial: OMC-OIT
(Ivette Saldaña)
EL FINANCIERO

El proceso de apertura comercial en México incrementó la desigualdad, sobre todo porque se marcaron más las diferencias salariales entre los trabajadores calificados y los que sólo ofrecían mano de obra barata.

La liberación comercial por sí misma no genera ni crecimiento económico ni empleos, sino que requiere de políticas complementarias ajustadas a las necesidades de cada país, establece el estudio Comercio y Empleo, elaborado por Marion Jansen, de la División de Desarrollo y Estudios Económicos de la OMC, y Eddy Lee, del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT. Explica que la apertura mercantil en nuestro país atrajo grandes cantidades de Inversión Extranjera Directa (IED), pero ésta estuvo ligada a proyectos manufactureros intensivos de mano de obra poco calificada.

Tal situación, y el hecho de que se incrementó el número de personas extranjeras contratadas para cuidar las inversiones, originó diferencias salariales, apuntan las organizaciones Mundial del Comercio (OMC) e Internacional del Trabajo (OIT).

PANORAMA INTERNACIONAL

Rusia lanza amenaza contra plan de EU
Polonia y la República Checa, dos países que fueron miembros del ahora desaparecido Pacto de Varsovia, anunciaron ayer que están dispuestos a ofrecer sus respectivos territorios para que militares de Estados Unidos instalen un polémico sistema de defensa antimisiles
Enrique F. Molinero
El Universal

BERLÃ?N.- En un crucial giro de la historia reciente de Europa, el comandante de las Fuerzas Nucleares Estratégicas de Rusia (FNE), general Nikolai Solovtsov, dijo ayer a la prensa que los cohetes balísticos rusos podrán apuntar contra la República Checa y Polonia si en esos países se emplaza el escudo contra misiles estadounidenses.

Polonia y la República Checa, dos países que fueron miembros del ahora desaparecido Pacto de Varsovia, anunciaron ayer que están dispuestos a ofrecer sus respectivos territorios para que militares de Estados Unidos instalen un polémico sistema de defensa antimisiles, que ha sido criticado por el gobierno ruso como el comienzo de una nueva guerra fría en el continente.

Los primeros ministros de Polonia, Jaroslaw Kaczynski y de la República Checa, Mirek Topolonak, declararon en Varsovia que la base del escudo antimisiles proyectada por Estados Unidos en sus territorios responde a los intereses vitales de ambos países.

Sin avance, cumbre de Rice, Abbas y Olmert
Rice salió de Jerusalén con las manos casi vacías, pero afirmando que Olmert y Abbas habían acordado volver a reunirse y que ella misma retornaría pronto a la región para ayudar a las partes a impulsar los contactos
Jana Beris
El Universal

JERUSALÉN.- Las expectativas de la cumbre llevada a cabo ayer en Jerusalén eran bajas y su resultado confirmó lo esperado. La reunión entre la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el presidente palestino Mahmud Abbas (Abu Mazen) y el primer ministro israelí Ehud Olmert finalizó sin resultado concreto alguno, aunque todos los participantes destacaron la importancia de mantener vivo el diálogo entre las partes.

Rice salió de Jerusalén con las manos casi vacías, pero afirmando que Olmert y Abbas habían acordado volver a reunirse y que ella misma retornaría pronto a la región para ayudar a las partes a impulsar los contactos.

“El presidente y el premier discutieron sus ideas sobre el horizonte diplomático y político, y sobre cómo puede desarrollarse para concretar la visión de dos estados promovida por el presidente George W. Bush”, declaró Rice en un comunicado que dio a conocer sola, y no en una rueda conjunta con sus dos interlocutores.

Revelan un plan de Washington contra Irán
Se ejecutará si desarrolla armas nucleares: BBC
El Universal

TEHERÃ?N, (Agencias).- La cadena británica de televisión BBC reportó ayer que el Ejército de EU cuenta con un plan para atacar plantas nucleares iraníes, así como infraestructura militar.

La ofensiva estadounidense se daría en caso de que se confirmara que “Irán está desarrollando armas nucleares” y no sólo se incluirían como objetivos a las plantas atómicas, también estarían en la mira “bases aéreas, navales, instalaciones de misiles y centros de control y comando”, comunicó la televisora.

Sindicatos, obstáculo para GM
Financial Times
El Universal

DaimlerChrysler enfrenta muchos obstáculos para la posible enajenación de su unidad estadounidense Chrysler, pero ninguno es mencionado con más frecuencia que la sindicalizada fuerza laboral del fabricante automotriz con sede en Detroit.

Buzz Hargrove, presidente del sindicato de Trabajadores Automotrices Canadienses (CAW, por sus siglas en inglés), confesó ayer que “existe un cierto nerviosismo” ante la posibilidad de que Chrysler cambie de dueño. “No estamos preparados para renunciar a ningún salario o prestación”, indicó.

Al referirse a los reportes de una posible toma de control por parte de General Motors, Guy Barger, presidente de la filial del sindicato estadounidense Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés) en la planta de Chrysler en Kokomo, Indiana, dijo que “definitivamente en la UAW tendríamos mucho qué decir”. Destacó que GM y Chrysler tienen numerosos modelos en competencia, lo que potencialmente provocaría la combinación o eliminación de algunas líneas de ensamblaje.

OPINION

Sergio Sarmiento
La acusación
REFORMA

Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, ha venido señalando en varios foros que el ex presidente de la República Vicente Fox le pidió que “encarcelara a inocentes” como consecuencia del accidente de Pasta de Conchos que aconteció el 19 de febrero de 2006. La acusación, sin embargo, es demasiado seria como para dejarla nada más en una declaración que se pierda después en los dimes y diretes de la política nacional.

Ayer, en distintas entrevistas, fue quedando en claro quién era ese “inocente” del que hablaba el gobernador. Se trataba del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, quien dos días antes del accidente de Pasta de Conchos había sido desconocido por la Secretaría del Trabajo como secretario general del sindicato.

Al gobernador Moreira se le debe pedir que presente una denuncia penal o, cuando menos, que dé los detalles de esta supuesta petición. Habría que conocer en qué circunstancias le pidió esto el entonces presidente Fox. ¿Fue una petición personal o la hizo por vía telefónica? ¿Presentó o sugirió la existencia de alguna prueba o simplemente le dijo que metiera a la cárcel a Gómez Urrutia porque se le daba la gana? ¿Pidió que la PGR colaborara con la Procuraduría del estado para castigar algún tipo de ilícito? ¿Y qué relación había entre las supuestas faltas del líder minero y el accidente de Pasta de Conchos?

Por otra parte, el ex presidente Vicente Fox, tan parlanchín en temas diversos en foros nacionales y extranjeros, debe ofrecer también su versión de los hechos. ¿Realmente pidió al gobernador Moreira encarcelar a Gómez Urrutia? ¿Cuáles eran los cargos que a su juicio debían utilizarse para ello? ¿Bajo qué facultades hizo esa petición? ¿Había pruebas? ¿Tenía algo que ver esta petición con la tragedia de Pasta de Conchos?

Reitero que la acusación es demasiado seria como para dejarla en el aire. Si el presidente Fox pidió algo ilegal al gobernador de Coahuila, debe enfrentar la responsabilidad. Y si no pidió nada ilegal, entonces el asunto debe ser aclarado a la satisfacción de todos.

La muerte de los mineros de Pasta de Conchos se ha convertido, quizá inevitablemente, en una pelota política. Todo el mundo quiere sacar provecho de la tragedia. En la triste situación de nuestra actual vida política, parece que nadie está dispuesto a dejar pasar una ocasión tan jugosa como la muerte de 65 mineros sin buscar provecho político de ella.

Mientras las cosas se aclaran, ayer Gómez Urrutia dio nuevamente una prueba de su poder y control del Sindicato Minero. Según versiones de sus propios simpatizantes, el 90 por ciento de las actividades mineras y metalúrgicas del país se vieron paralizadas ayer por un paro nacional convocado por las fuerzas leales a este dirigente. El movimiento tenía un doble propósito, como suelen ser todas las cosas hoy en la disputa minera: por una parte se protestaba por la muerte de los 65 mineros hace un año, pero también se exigía al gobierno federal el darle nuevamente reconocimiento a Napoleón.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, había señalado desde hace semanas que este paro sería ilegal y que él no se dejaría intimidar por una presión de este tipo. Pero esto no impidió la decisión de Gómez Urrutia de ofrecer nuevamente su desplante de poder. Si alguien tiene control sobre las secciones del sindicato es el dirigente que heredó el control de los mineros de su propio padre, Napoleón Gómez Sada.

Lozano ha tratado de ofrecer una posición equilibrada entre los dos grupos que se disputan el control del sindicato. En diversas ocasiones ha expresado que, así como hubo irregularidades en la toma de nota original de Gómez Urrutia, cuando Carlos Abascal era secretario del Trabajo (habrá que recordar que en el sexenio de Ernesto Zedillo el entonces secretario Mariano Palacios Alcocer le negó esa misma toma de nota), las hubo también posteriormente cuando Javier Salazar le retiró esa toma de nota y se la dio a Elías Morales.

Lo ideal sería que los políticos dejaran de jugar con los muertos de Pasta de Conchos: que se entregara un peritaje neutral y objetivo de las causas del accidente. Sería también extraordinario que los líderes sindicales dejaran de lado sus diferencias y permitieran que los mineros, en una votación libre y secreta, decidieran quién debe ser su secretario general.

Pero nunca son así de fáciles las cosas en nuestro país. En el caso de la investigación sobre el accidente, hasta ahora hemos visto muchas declaraciones y pocas pruebas. En el tema de la elección del nuevo secretario general, los simpatizantes de Gómez Urrutia dicen que Morales no puede ser candidato, porque ni siquiera es miembro del sindicato (ellos lo expulsaron), mientras que los leales a Morales afirman que Gómez Urrutia no puede entrar a la contienda porque los estatutos prohíben la elección de una persona sujeta a proceso criminal. Y así, mientras los políticos y los líderes se pelean, los mineros siguen sin saber por qué murieron sus compañeros y la minería nacional vive en la zozobra.

Reconstruir el pacto
Alberto Aziz Nassif
EL UNIVERSAL

El proceso electoral de 2006 fracturó el pacto político que se había establecido en 1996 para dar paso a la transición democrática. La responsabilidad de esta ruptura recae fundamentalmente en el ex presidente Vicente Fox. Un personaje que en cada una de sus nuevas conferencias por Estados Unidos provoca burlas por su ignorancia, que sería lo de menos, pero también genera conflictos.

La prudencia no fue nunca una virtud de Fox, pero las afirmaciones de esta semana son prácticamente una confesión de parte, que implica el relevo de pruebas: con el desafuero (de López Obrador) “tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después, me desquité cuando ganó mi candidato (Calderón)” (EL UNIVERSAL, 13/II/2007).

El desafuero fue una maniobra política para sacar a AMLO de la carrera presidencial; muchos lo dijimos y lo condenamos en su momento. La obviedad del truco, que se revistió de un discurso político sobre el respeto a la ley, ha quedado desnuda en la voz de su autor. La intervención de Fox antes, durante y después de la campaña fue un factor altamente negativo que contribuyó a envenenar el clima político. Si el Tribunal Electoral consideró que Fox puso en riesgo la elección, ahora podríamos preguntarles a los magistrados su opinión sobre el “desquite” presidencial contra AMLO. Este desquite ya lo había dicho Fox después de la elección; en una entrevista el 5 de noviembre señaló: “Me tocó ganar dos veces, el 2 de julio de 2000 y el 2 de julio de 2006″.

Tal vez eso se deba, entre otras cosas, a la campaña de medios, que entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2006 montó la presidencia foxista cuyo gasto fue de mil 709 millones de pesos y se materializó en 462 mil spots de radio y televisión (datos del libro Presidente electo, de Salvador Camarena y Jorge Zepeda Patterson). A ello se puede sumar el discurso diario que repitió Fox obsesivamente contra AMLO durante toda la campaña. Según el Tribunal Electoral todas estas piezas fueron graves pero se “debilitaron”. Habría que preguntar a los magistrados qué otra cosa hubiera tenido que hacer Fox para que su participación no se hubiera “debilitado”.

¿De qué institucionalidad hablamos cuando hay actores que pueden violentar los principios básicos del respeto a la voluntad popular y la equidad electoral, principales ingredientes del pacto político de 1996, y quedar impunes? ¿Qué podemos entender por legalidad cuando se sabe que hubo un acuerdo que impulsó Felipe Calderón durante la campaña para que su partido aprobara en el Senado la Ley Televisa, bajo el pretexto de no ser congelado en los medios?

¿A qué tipo de reforma político-electoral podemos aspirar cuando estamos frente a una clase política que no quiere renunciar al millonario financiamiento público para estar en la televisión todo el tiempo? ¿Para qué queremos todo el costoso entramado institucional del IFE y el Tribunal Electoral si los poderes fácticos deciden cuándo violan flagrantemente la legalidad -artículo 48 del Cofipe-, como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial, que gastó millones de pesos en spots de emergencia durante junio de 2006 en apoyo a Calderón, y quedan completamente impunes? ¿Existen reglas y marcos institucionales que puedan modificar estas conductas de ilegalidad y de inequidad que terminaron por fracturar los acuerdos de la transición a la democracia en México?

Podemos estar de acuerdo con la conclusión a la que llega Andreas Schedler, cuando afirma que en última instancia son los actores y no las instituciones los que producen y conservan los bienes públicos de las elecciones institucionalizadas (Journal of democracy).

Un viejo dicho político señala que sin pacto no hay proyecto. En estos momentos hay un nuevo intento para reconstruir el pacto que se fracturó en 2006 y retomar el hilo de una transición democrática que ha sido interrumpida por los que se suponía que iban a consolidarla. La iniciativa de la reforma del Estado vuelve a colocar en la agenda pública la necesidad de cambiar las reglas, para lo cual se necesita reconstruir un pacto político. El país ha perdido seis valiosos años, un sexenio de retraso, por los cálculos inmediatistas, las omisiones gubernamentales y las torpezas que -entre 2001 y 2006- hizo una clase política incapaz e irresponsable. Unos para conservar el poder presidencial, otros para recuperarlo y los terceros para ganarlo por primera vez.

Ahora son los mismos actores, se trata de los mismos políticos, sólo se movieron de cámara legislativa y ahora han envejecido unos años. Lo que ha cambiado es la realidad política. Tenemos un gobierno escaso de legitimidad, completamente amarrado a intereses facciosos, tanto con los poderes fácticos como con el corporativismo sindical del magisterio. Los partidos políticos están en uno de sus grados más bajos de desprestigio frente a la ciudadanía. El Poder Legislativo también está fuertemente desprestigiado por su falta de transparencia, su incapacidad de lograr consensos y sus números rojos entre costos y resultados. Un sistema electoral costoso que ha regresado al país a la senda de la desconfianza. En suma, tenemos un sistema político atrofiado por las herencias del viejo régimen que siguen vigentes, como la corrupción, la concentración del poder y la baja calidad institucional, y los cambios que se han detenido e incluso han llegado a niveles de un retroceso democrático.

El reto será llegar a consensos para reconstruir el pacto político y desarrollar un amplio proyecto de cambios institucionales: ¿Vamos a un semiparlamentarismo?; ¿Podrá haber un nuevo esquema de financiamiento a partidos y otro modelo de acceso a medios masivos? ¿Habrá reforma fiscal? ¿Qué pasará con el del Poder Judicial? Nada garantiza que se pueda llegar a concretar esta reforma mínima del Estado; la confianza en los legisladores es baja, mientras no se demuestre lo contrario.

En las próximas semanas y meses vamos a ver de qué está hecha esta clase política que, hoy por hoy, se juega en este proyecto su último tramo de legitimidad y, lo que es más importante, se juegan los próximos años del país. Pronto sabremos si hay capacidad para reconstruir un pacto político que ponga un alto a la regresión democrática que vive hoy México.

Política ´spotera´
Javier Corral Jurado
EL UNIVERSAL

Se aprobó en el Senado la Ley para la reforma del Estado, un método para procesar la discusión y el acuerdo parlamentario en torno de posibles cambios constitucionales y legales que rediseñen el régimen político, y aterricen varias de las aspiraciones de nuestra prolongada etapa de transición democrática. Es de esperarse que en las siguientes semanas lo haga la colegisladora, para que tome inicio y vigencia el plazo de 12 meses que los propios legisladores se fijaron para tener resultados. Por supuesto que luchar contra el inmovilismo de los últimos 10 años y desatorar el tema es plausible y esperanzador.

Propongo colocar como uno de los asuntos fundamentales del fortalecimiento democrático y la garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos terminar con la política spotera, una de las causas de la desfiguración de la clase política, y por consecuencia, de otras distorsiones en el terreno del poder, la autoridad, ni más ni menos que uno de los elementos constitutivos del Estado.

Escribió Raúl Trejo Delarbre sobre las pasadas elecciones: “Escasas en ideas, desbordantes de irritación y singularizadas por el encono mutuo entre los principales candidatos, las campañas presidenciales de 2006 en México tuvieron en los medios de comunicación su principal e ineludible escenario. Los partidos políticos gastaron centenares de millones de pesos en la contratación de 251 horas de propaganda política en la televisión y la radio de todo el país. Los medios, a su vez, se ocuparon de esas campañas y de sus candidatos presidenciales en más de 6 mil 200 horas en sus noticieros y programas de discusión. Los ciudadanos se enteraron qué decían de sí mismos pero, sobre todo, de las acusaciones que propinaban a sus adversarios los candidatos principales”.

“El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos hubiera protagonistas durante las campañas de 2006. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas y no al revés”.

Cualquier modelo de reforma institucional que se plantee en serio la consolidación del sistema democrático pasa necesariamente por un cambio en las reglas de relación de la política electoral y los medios. En primer lugar, echar abajo la Ley Televisa, ya sea por vía de la Corte o de la obligada rectificación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, pues la mejor reforma electoral que se logre actuará sobre un terreno totalmente disparejo. No se debe eludir ese hecho, si somos honestos en el análisis.

Pero lo que es absolutamente básico es regular la publicidad electoral, para iniciar así una nueva lógica poder-medios. Es apremiante, ya que es un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales, es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política.

En materia de legislación electoral, atada a las normas de radiodifusión, debemos prohibir de una vez por todas la contratación comercial de publicidad electoral, y sólo poner a disposición de los procesos eleccionarios locales y federales la utilización de los tiempos oficiales en radio y tv, que aun y con la cesión que la administración anterior hizo de esta obligación fiscal, no es nada despreciable el tiempo que resta a favor del Estado: 48 minutos en tv y 65 minutos en radio, diariamente, en cada una de las mil 488 estaciones de radio (mil 150 concesiones y 338 permisos), y en los 584 canales de tv operando (461 concesiones y 123 permisos).

En una estación de radio, en sólo 90 días, el Estado tiene 97.5 horas. Y en una estación de tv, 72 horas. Si continuara la política spotera: en una estación de radio representarían 292.5 sound bites de 20 segundos, duración en la que ya anda el spot; en un canal de televisión, 216. Suficientes para continuar la saturación, pero que le ahorraría cuantiosos recursos al Estado, y eliminaríamos ese vínculo de dependencia existencial del sistema de partidos con los medios.

Es por lo tanto necesario incorporar a la Ley Federal de Radio y Televisión -y las correspondientes adecuaciones en el Cofipe- un capítulo que regule los tiempos de Estado, y homologue a 60 minutos la obligación a concesionarios y permisionarios de radio y tv. Se le reducen cinco minutos a la radio y se le aumentan 12 minutos a la tv, de lo que hoy tienen. Se eliminaría el llamado tiempo fiscal, y todo se concentraría en la ley.

Atajar la política spotera es el reto, eliminar la matriz de la corrupción política que, según Manuel Castells, está en esa “infrafinanciación crónica que padecen los actores políticos”. y en “el aumento exponencial de la brecha entre los gastos necesarios y los ingresos legales”.

ISSSTE

Demanda Yunes a diputados reformar la ley del ISSSTE para evitar crisis financiera
Presentó a coordinadores parlamentarios diagnóstico sobre el sistema de pensiones
Coinciden líderes de bancada en la urgencia de llegar a consensos sobre dicho punto
ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Angel Yunes, exhortó a la Cámara de Diputados a llevar a cabo una reforma a la ley de esa institución, luego de presentar a los siete coordinadores parlamentarios un diagnóstico donde se revela la crisis financiera del instituto y se señalan los requerimientos para mantener el pago de pensiones, rubro que más presiona sus finanzas.

En ese sentido, Yunes refirió que mientras hace unas décadas el promedio en que un trabajador disfrutaba de su pensión al retirarse era de 2.6 años, hoy es de 26 años. Sin embargo, en la reunión los coordinadores del PRD y PT expresaron su rechazo a privatizar el sistema de pensiones del ISSSTE, y el diputado Joel Ayala aclaró que su iniciativa, presentada cuando fue senador -que serviría de base para la propuesta del PRI en San Lázaro- no pretende entregar el manejo de las pensiones a la iniciativa privada.

TRABAJO MIGRANTE

Acuerdo migratorio, “papa caliente” para los congresistas estadunidenses
Prematuro arranque de la lucha electoral obstaculiza el camino, dice la NALACC
La aprobación del muro fronterizo buscaba un impacto mediático: Oscar Chacón
JOSE ANTONIO ROMAN
LA JORNADA

El inicio, “increíblemente prematuro” de la lucha electoral por la presidencia de Estados Unidos “complica aún más” la posibilidad de alcanzar un acuerdo migratorio; nadie quiere tocar la “papa caliente” que representa ese tema que “divide y crea conflicto” entre los votantes, señaló Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC, por sus siglas en inglés).

Al analizar las posibilidades reales de que se concrete un acuerdo en esta materia, muestra su escepticismo. Explicó que aunque el Congreso estadunidense tiene hasta noviembre próximo para legislar en un clima aparentemente propicio, éste se ha complicado por la amplia gama de precandidatos que, sin precedente, han expresado ya su deseo de buscar las nominaciones presidenciales de los partidos Republicano y Demócrata.

COFETEL

Sin plazo, el fallo de los rechazados para Cofetel
Carlos Avilés
El Universal

El juicio de amparo promovido por Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous contra la designación de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), efectuada el año pasado después de un proceso que consideran fue inconstitucional, entró a la fase final de resolución.

Una vez que ayer fuera la audiencia constitucional que dio fin a la acción de las partes, el juicio entró a la etapa en que el juez federal Miguel de Jesús Alvarado Esquivel deberá emitir una sentencia.

Para que el juez decida si ampara a Rafael del Villar, actual subsecretario de Comunicaciones en el gobierno, y a Gonzalo Martínez Pous, director jurídico de la misma dependencia, no hay plazo definido.

TELEFONIA MOVIL

El poderío de América Móvil y Telefónica tiende al monopolio
Destaca Cepal debilidad de los reguladores en la región
VICTOR CARDOSO , AGENCIAS
LA JORNADA

El poderío de los dos más grandes operadores de telecomunicaciones en América Latina, la española Telefónica y la mexicana América Móvil (AMX), fortalecida por la expansión internacional de Teléfonos de México (Telmex), podría ‘’facilitar la distribución de mercados y la instalación de monopolios sobre todas las telecomunicaciones'’, advirtió la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

En el estudio Modelos de privatización y desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones de Centroamérica y México, se advierte también que la debilidad institucional de los reguladores de telecomunicaciones y de competencia en los países de la región, sumado a las barreras de entrada para nuevos operadores, hace factible la distribución de mercados entre Telefónica y América Móvil.

Firmado por el investigador Eugenio Rivera, el estudio de la Cepal hace referencia al proceso de liberalización de las telecomunicaciones. Transcurridos 11 años, en algunos casos ‘’las privatizaciones y la apertura de las telecomunicaciones fijas prometían un mundo de múltiples operadores, una elevación sustancial de la cobertura y la calidad de los servicios y mejores precios. No obstante haber aumentado la cobertura y la calidad de los servicios, el crecimiento de la cobertura ha sido más lento de lo esperado'’.

CONVERGENCIA

Avanza la portabilidad en la telefonía
La Cofemer da su visto bueno al anteproyecto emitido por Cofetel
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Martes 20 de febrero de 2007
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) validó prácticamente el anteproyecto de portabilidad numérica emitido por la Cofetel y por el cual los usuarios podrán mantener su mismo número si deciden cambiarse de operador telefónico.

Al emitir su dictamen preliminar sobre dicho anteproyecto, la Cofemer solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dé respuesta puntual a cada uno de los comentarios y sugerencias que hizo la Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre estas reglas.

Una vez que la Cofetel dé respuesta a las observaciones de la Cofemer, ésta instancia tiene un plazo de cinco días para emitir su dictamen total final. Y una vez concluido este proceso, la Cofetel decide la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

Puntualiza Cofemer cambios a telefonía
Verónica Gascón
REFORMA

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) avaló casi en su totalidad la resolución sobre portabilidad (proceso para que el cliente pueda conservar su número telefónico aunque cambie de compañía) que elaboró la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sin embargo, solicitó mayor información sobre la cantidad de administradores de bases de datos que participarían en la operación del servicio.

Al mismo tiempo, pidió que se tomen en cuenta todos los comentarios realizados por la Comisión Federal de Competencia (CFC), en la que sugiere que Telmex y los demás concesionarios inicien con el servicio al mismo tiempo.

“La Cofemer solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analizar y atender cada uno de los comentarios y sugerencias vertidos por el presidente de la Cofeco sobre el Anteproyecto, remitiendo a esta Cofemer su contestación como parte de la respuesta al presente dictamen total”, señala el dictamen preliminar publicado ayer en su página de internet.

Pide Cofemer a SCT atender observaciones de la CFC en portabilidad
(José de Jesús Guadarrama H.)
EL FINANCIERO

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió su dictamen total en relación con el anteproyecto que establece las reglas de portabilidad numérica, en donde recomienda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que atienda todos los comentarios y sugerencias de la Comisión Federal de Competencia.

La Cofemer también pidió a la SCT que precise los cargos que deberán asumir los usuarios por mantener su número telefónico si determinan cambiar de proveedor de servicios. En cuanto a las recomendaciones del presidente de la CFC, que menciona el dictamen, se refieren a que en la resolución sobre portabilidad se debe incluir “una regla que prevenga clara y expresamente el otorgamiento de excepciones de cualquier tipo y por cualquier razón a la aplicación de la portabilidad”.

Asimismo, señala que proporcionar el acceso y la interconexión a las redes de telefonía local, a los concesionarios de televisión por cable y por microondas que lo requieran… es indispensable para sentar las bases que permitan el desarrollo de la competencia.

Nombres, Nombres y… Nombres / Gil Díaz mancuerna con Menchén, la versión de Hernández y enemigo visible dice Telmex
El miércoles con Carstens nueva Asociación Hipotecaria Mexicana; el viernes reunión Mexicana - ASSA; Televisa apuestas en deportes otro paso; por concretar Telmex en Perú
Alberto Aguilar
REFORMA

HACE UNOS DÃ?AS, Movistar deslizó la noticia del posible nombramiento de Francisco Gil Díaz como presidente de Telefónica Móviles México, lo que este viernes se confirmó en España.

De arranque, la reacción de la opinión pública no ha sido la mejor, máxime el escándalo previo que desató el nombramiento del ex secretario de SHCP como miembro del consejo del HSBC de Alexander Flockhart.

En esta ocasión, la encomienda de Gil Díaz sorprendió, porque hace unos meses, él mismo había comunicado su voluntad de retirarse de la vida pública para incorporarse como profesor a Stanford.

Su llegada a Movistar México es inminente, puesto que la reunión de consejo está prevista para esta semana o a más tardar la próxima.

Gil Díaz fue director de Avantel hasta el 2000 y va a reforzar la presencia del español Miguel Menchén, quien continuará como director ejecutivo en México y CA.

Gil Díaz no fue contratado como figura decorativa, sino como un elemento que por su influencia política, deberá abrir caminos a los españoles en su lucha con Telcel de Carlos Slim Helú.

Se hacen toda clase de conjeturas. Según esto, Roberto Hernández fue quien motivó el cambio de planes de Gil Díaz al establecer nuevos vínculos con los españoles. Ayer no fue posible corroborar o desmentir con la telefónica esa presunción que repiten sin empacho muchos expertos del sector.

Se habla de un reacomodo en el que Hernández ya figura vía operaciones en la bolsa como socio de Televisa.

Es público que Hernández y Slim, ex socios en el gremio bursátil, no se llevan bien.

En consecuencia, el nombramiento de Movistar disgustó en Telmex-Telcel. Arturo Elías Ayub fue enfático en mencionar que por lo menos ahora su enemigo ya es visible, lo que no sucedió cuando éste era el titular de Hacienda.

La última fricción de Gil Díaz con Telmex se dio en torno a exigencia de la SHCP para que Telmex pague por la modificación de su título de concesión antes de ofrecer video.

Telmex que dirige Héctor Slim Seade se ha defendido y tanto SCT, primero con Pedro Cerisola y ahora con Luis Téllez le han dado la razón. Cofetel a cargo de Héctor Osuna ya sentenció que el cobro no procede a menos que se requiriera espectro radioeléctrico. Aún se espera la resolución de la comisión gasto-financiamiento.

Según esto, Gil Díaz va a abonar a los pleitos que ya se dan en SCT-Cofetel, dada su estrecha relación con el subsecretario Rafael del Villar y el director jurídico Gonzalo Martínez Pous.

Movistar tiene 5 años en México y pese a que ha erogado 7 mil millones de dólares en frecuencias en el norte, la adquisición de Pegaso a Alejandro Burillo y la mejora de la infraestructura, apenas tiene el 14.3 por ciento de los usuarios y 9 por ciento de la facturación.

Está lejos de su rival que dirige Daniel Hajj que posee 76.9 por ciento de las líneas y el 72 por ciento de los ingresos.

El año pasado se cerró con 56 millones 147 mil líneas celulares lo que implicó un avance del 26 por ciento.

Así que Movistar con Gil Díaz van por más, en otro capítulo de lucha por el mercado con Telcel y por supuesto Iusacell y Unefon de Ricardo Salinas, telefónicas que ya unidas darán una mayor respuesta.

Desde el piso de remates
SCT vs Cofetel, batalla por reglamento interno
A la ya de por sí difícil relación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), hay que añadir la revisión del reglamento de la Cofetel que -con lupa en la mano- realiza Luis Téllez, titular de la SCT.
Maricarmen Cortés

A la ya de por sí difícil relación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), hay que añadir la revisión del reglamento de la Cofetel que -con lupa en la mano- realiza Luis Téllez, titular de la SCT.Téllez asegura que fue hasta el pasado 19 de diciembre cuando él recibió la propuesta de reglamento que envío la Cofetel y aunque todavía no termina de revisarlo, ya envió a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sus primeros comentarios y confía en terminar la revisión en las próximas semanas.

El problema del reglamento es la nueva y polémica ley de Telecomunicaciones, que no resolvió la doble ventanilla que existe entre la SCT y la Cofetel y desde su llegada a la SCT, Téllez ha dejado muy claro que se limitará a simplemente firmar las resoluciones que envíe la Cofetel.

Téllez asegura que es liberal y un firme convencido de que las comisiones reguladoras deben fortalecerse, pero subraya que en los reglamentos internos de la Cofetel y de la SCT deben definirse claramente cuáles son las funciones de la autoridad reguladora y cuáles las de la SCT, como representante del dueño del espectro radioeléctrico que es el gobierno Federal.

Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, se reunió ya con Daniel Cabeza de Vaca, el titular de la Consejería Jurídica, quien seguramente en la controversia entre la SCT y la Cofetel se inclinará del lado de la SCT porque no hay que olvidar que como Procurador de la República fue él quien el año pasado presentó a nombre del Ejecutivo la controversia constitucional ante la Suprema Corte de

Justicia en contra de la facultad de objeción que tiene el Senador en los nombramientos presidenciales en los casos de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Notimex y el Instituto de Protección al Ahorrador Bancario (IPAB).

Este es precisamente el mismo argumento de Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones y Gonzalo Martínez Pous, director jurídico de la SCT, en su amparo en contra del Senado porque no fueron aceptados como Comisionados para la Cofetel.

Lo que todo indica es que el pleito entre la SCT y la Cofetel, al igual que el nombramiento del nuevo director en Notimex, estará en stand by hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolución sobre esta controversia constitucional porque lo que está en juego no es sólo el futuro de dos comisionados en la Cofetel, sino la facultad del Congreso para actuar como
un contrapeso ante al Ejecutivo.