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SINTESIS DE PRENSA
JUEVES 31 DE MAYO DE 2007
LEY DE RADIO Y TV
Condena la Permanente la campaña televisiva contra Corral y Bartlett
Demanda a los medios electrónicos respetar el derecho de réplica de los ex senadores
A propuesta del coordinador panista, Héctor Larios, no se menciona a TvAzteca por su nombre
ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS
LA JORNADA
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso condenó la campaña de desprestigio e intimidación que llevan a cabo las grandes cadenas televisoras del país en contra de Javier Corral y Manuel Bartlett -principales impugnadores de la llamada ley Televisa-, y demandó a los medios electrónicos respetar el derecho de réplica de los ex legisladores.
Durante el debate, el coordinador panista, Santiago Creel Miranda, advirtió que los medios electrónicos son parte en la acción de inconstitucionalidad que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y deben, por ello, actuar ‘’con moderación, con objetividad y, sobre todo, con equilibrio'’.
El perredista Carlos Navarrete resaltó que se trata de un mensaje del Congreso ‘’responsable, pero suficientemente firme'’.
Originalmente, la propuesta señalaba de manera directa ‘’las transmisiones de TvAzteca'’ que intentan ‘’calumniar, denigrar y ridiculizar a Corral Jurado, pero al final el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, presentó otro texto donde sólo se alude a ‘’transmisiones televisivas'’ y fue aprobado por todas las fuerzas políticas.
Logra el PAN que la Permanente envíe una enérgica protesta a Chávez
El caso RCTV ‘’atenta contra la libertad de expresión'’; PRI y PRD se abstuvieron
Critica Rodríguez Prats el que un dirigente del sol azteca haya asistido a festejos en la embajada de Venezuela
Camilo Valenzuela no es el partido, le replica Raymundo Cárdenas
ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS
LA JORNADA
Con el solo voto panista, ya que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envió una ‘’enérgica protesta'’ al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por ‘’cancelar'’ la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), ya que ‘’atenta contra los derechos universales de libertad de expresión'’.
Hubo un fuerte debate entre legisladores panistas y perredistas, ya que los primeros acusaron al sol azteca de estar del lado de Chávez, por la presencia de un dirigente del PRD (Camilo Valenzuela) en los festejos realizados en la embajada venezolana en México, luego del cierre de la televisora, y los segundos pidieron congruencia a los blanquiazules, ya que quien presentó la propuesta, el senador Federico Döring, y quien argumentó en su favor, el diputado Juan José Rodríguez Prats, aprobaron e impulsaron decididamente la llamada ley Televisa.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática Raymundo Cárdenas advirtió que no están de acuerdo con que el Estado concentre medios de comunicación, pero tampoco avalan que sectores privados acumulen televisoras, como ocurre aquí.
Está claro, dijo, que tanto Televisa como TvAzteca ‘’dan vuelo a lo que pasa en Venezuela para decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si deciden en un cierto sentido van a parecerse a Hugo Chávez. Y eso en el fondo es lo que está detrás de la propuesta de Acción Nacional'’.
GOBIERNO
Calderón: en México manda el Estado, no los poderes de facto
La droga que sale por las fronteras se intercambia por armas, advierte Carstens
Dice el Presidente que su gobierno busca dejar “huella”
CLAUDIA HERRERA, ANTONIO CASTELLANOS
LA JORNADA
En México manda la fuerza del Estado, representada por el gobierno, y no los poderes de facto, afirmó categórico el presidente Felipe Calderón, y señaló que su administración quiere dejar “huella” y tomará decisiones benéficas en el largo plazo, aunque impliquen costos inmediatos.
Durante una mesa redonda organizada por The Economist, expresó que la estabilidad económica está asegurada y se puede afirmar que México tiene rumbo. “Hemos empleado masivamente la fuerza del Estado para garantizar el orden, la legalidad y los derechos de los ciudadanos”, subrayó.
Ana Szterenfeld, editora para Latinoamérica de la Unidad de Inteligencia Económica, expresó su respaldo a la política del gobierno federal para frenar el narcotráfico y exigió el avance en la aprobación de reformas estructurales, para que México no pierda terreno ante otros destinos de inversión extranjera.
Ante inversionistas nacionales y extranjeros reunidos en la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo fijó una posición optimista y expuso que el país no va a ser uno de los mejores, sino el mejor destino para la inversión en el mundo.
En víspera de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, expuso su listado de metas para 2030 y advirtió que su gobierno está decidido a “trascender” tomando decisiones que beneficien a largo plazo. En cuanto a los resultados de la economía, explicó que al primer cuatrimestre del año México registró un superávit de 138 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.5 por ciento real en los ingresos de la administración federal con respecto a igual periodo de 2006.
A pesar de la baja en la producción petrolera, refirió que los ingresos no tributarios se incrementaron 10.6 por ciento en términos reales, lo que permitió reducir la deuda interna neta en casi un punto porcentual del producto interno bruto (PIB). Esto representó 64 mil millones de pesos.
Calderón defiende uso masivo de la fuerza
En México manda el Estado, no poderes de facto, afirma el Presidente
Sergio Javier Jiménez
El Universal
El presidente Felipe Calderón Hinojosa justificó el uso masivo de la fuerza del Estado contra la delincuencia organizada con el fin de recuperar el orden, la legalidad y los derechos de los ciudadanos, pues dijo que en México “manda el Estado, la fuerza del Estado representada en el gobierno y no en otros poderes de facto”.
En su participación en el foro organizado por The Economist Conferences, el titular del Ejecutivo defendió el ejercicio de la fuerza pública durante su administración para recuperar el orden en el país y dijo que esa era la razón de los operativos conjuntos.
Acompañado por el secretario de Economía, Eduardo Sojo, el mandatario agregó: “Hemos recuperado algo que estaba en disputa, que era el control territorial del Estado, de la autoridad del Estado sobre varias regiones del país”.
Recordó que con la extradición de líderes del narcotráfico se fracturó el control de muchas organizaciones y se comenzó una depuración policiaca. Incluso, recordó que ya envío una serie de reformas en materia de procuración de justicia a los legisladores que, admitió, son “polémicas”, pero también “audaces y necesarias
PAN
“Espino ya está aplacado”, dicen tras el encuentro con Mouriño en Bucareli
Que siempre sí el líder panista acompañará al Presidente en su viaje a Europa
Por orden de Calderón, Ramírez Acuña se reúne con ambos
FABIOLA MARTINEZ
LA JORNADA
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, recibió la noche del martes en su oficina al dirigente nacional de PAN, Manuel Espino, y al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño. El propósito del encuentro fue intentar resolver las diferencias entre el gobierno federal y la cúpula panista, en cumplimiento a la orden que, en ese sentido, dio el presidente Felipe Calderón.
Anoche el funcionario se reunió nuevamente con Espino y, de acuerdo con fuentes consultadas, el dirigente partidista “cedió en diversos aspectos” y se habría comprometido a dejar atrás rencillas con Mouriño y el resto del primer grupo calderonista, así como emitir un mensaje de unidad en la Asamblea Nacional del PAN, a realizarse el próximo sábado en León, Guanajuato. “Espino está aplacado”, resumió una fuente informada sobre el contenido de los encuentros realizados en Gobernación.
En la segunda reunión Espino acudió a Bucareli a informar que acompañará al presidente Calderón en su gira por Europa, aun cuando hasta ayer por la mañana mantenía sus reservas respecto a ese viaje, con el argumento de que tenía mucho que hacer en México.
El martes Ramírez Acuña habría echado en cara a Espino sus “declaraciones ligeras” respecto a la presunta operación de Mouriño en el pasado proceso electoral de Yucatán.
Ambas reuniones se prolongaron por más de dos horas, un par de sesiones para intentar limar asperezas entre ambos bloques (partido y funcionarios).
Se reúne con Mouriño
Espino sí va a la gira de Calderón
Distendió la relación el encuentro de Abascal con el campechano: AN.
MILENIO
Finalmente, el presidente del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, sí acompañará al presidente Felipe Calderón a su gira por Europa.
En un comunicado dado a conocer ayer por la tarde, el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul informó que el líder panista viajará el próximo domingo hacia el continente europeo para integrarse, a partir del lunes, a la gira de trabajo que del 2 al 10 de junio realizará Calderón por Italia, Bélgica, Francia, Alemania y Dinamarca.
El anuncio de lo anterior se da luego de días en los que se especuló que el alejamiento entre la dirigencia nacional del PAN y Los Pinos quedaría consumada por la negativa de Espino a la invitación de Los Pinos.
El líder blanquiazul había alegado que el Consejo Nacional panista requería su presencia, lo que hacía imposible acompañar a Calderón.
CORRUPCION
60 mil mdp pagó la IP en sobornos a burócratas
Inversión para la rápida apertura de negocios en 2006: CEESP
Los pagos van a autoridades municipales, estatales y federales.
MILENIO
El Centro de Estudios del Sector Privado calcula que los empresarios pagan hasta 60 mil millones de pesos en sobornos a funcionarios, principalmente para incidir en el contenido de las leyes y ser favorecidos en sus negocios.
En la encuesta sobre el costo de la regulación para las empresas en México, el CEESP reveló que tratar de influir en las decisiones de legisladores es una práctica con mayor recurrencia en la zona metropolitana de la Ciudad de México, seguida por Guadalajara y Monterrey.
Mario Rodarte, director del centro, detalló que también entre empresas se da esta práctica, sobre todo de pagos extraoficiales entre compañías para obtener contratos, ventas u otro tipo de favores.
El estudio fue realizado entre 400 empresas de México, Guadalajara y Monterrey y detalla que los sobornos más costosos son los relacionados con los trámites ante autoridades municipales, seguidos por los estatales y federales.
“Los sobornos a funcionarios del poder ejecutivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México también tienen una incidencia más grave en comparación con las otras dos ciudades. Su finalidad es obtener favores, acceso a servicios, contratos, o dádivas de todo tipo. En menor medida, en el Poder Judicial también se trata de influir en las decisiones, según la percepción de los encuestados.
IP: frenan crimen y corrupción a negocios
Falta capacidad para hacer valer el estado de derecho, señalan
Fernando Pedrero
El Universal
El crimen y la corrupción, junto con la piratería y la informalidad, son los principales obstáculos que enfrenta la iniciativa privada del país para generar negocios, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En la encuesta El Costo de la Regulación 2007, realizada entre 400 empresas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, se mencionaron además los impuestos y las prácticas monopólicas como barreras que impiden un sano desarrollo del mercado.
La proporción de empresas a las cuales se les solicitó en 2006 un soborno o “gratificación” fue de 13% contra 9% registrado en 2005. El monto erogado por cada transacción ilegal también aumentó al pasar de mil 330 pesos en 2005 a 2 mil 207 pesos el año pasado.
La investigación realizada por el CEESP, en la que participó la embajada británica, establece que los sobornos se dieron en los tres poderes de la Unión y fueron considerados “graves”.
POLITICA FISCAL
La reforma fiscal no incluirá el IVA en medicinas y alimentos, señala Gobernación
No hay que insistir en lo que políticamente tiene poca posibilidad de éxito: Salinas Torre
Rechaza Paredes que el PRI haya negociado elecciones a cambio de aprobar cambios estructurales
FABIOLA MARTINEZ
LA JORNADA
El gobierno federal no incluirá en su propuesta de reforma fiscal la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, reveló ayer Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
“El gobierno ya dejó lo del IVA por la paz (…) y aunque lo presentara, no lo aceptaríamos”, indicó el legislador priísta.
La versión anterior fue ratificada por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, quien se sumó a las voces de partidos políticos y legisladores para que la Secretaría de Hacienda presente su iniciativa a la brevedad, con el propósito de alcanzar un consenso a más tardar en agosto próximo.
El funcionario comentó que la propuesta parte de los impuestos existentes, “buscando mejorar la eficiencia y la recaudación. El Ejecutivo no está pensando en los consumos como parte prioritaria de la reforma fiscal ni como un punto inicial en las pláticas en la Cámara de Diputados”, aclaró.
“Debemos aprender de experiencias pasadas y no insistir en muchas cosas que políticamente tienen pocas posibilidades de éxito”, indicó.
PAMORAMA INTERNACIONAL
Chávez llama a rendir cuentas a Globovisión
“Nos presentaremos, declararemos y aportaremos las pruebas para demostrar que en ningún momento hicimos nada más que difundir imágenes de RCYV sobre su historia y las coberturas que habían realizado a lo largo de 53 años”, explicó Ravell al ser consultado por EL UNIVERSAL
José Vales
El Universal
CARACAS.- Nuevas y numerosas manifestaciones estudiantiles tuvieron lugar ayer en varios puntos del país, para seguir protestando en favor de la libertad de expresión y exigir la liberación de jóvenes detenidos en las últimas cuatro jornadas de protestas, mientras que el líder opositor Manuel Rosales desafió al presidente Hugo Chávez para que convoque a un plebiscito en donde se pregunte “al pueblo si quiere el fin de RCTV”.
Si bien ayer no hubo represión ni escenas violentas, la Fiscalía convocó al director de Globovisión, Alberto Federico Ravell y al presentador Leopoldo Castillo para declarar el miércoles y jueves próximos, sobre la presunta “instigación al magnicidio”, de que fueron acusados por el gobierno. Así lo informó el Ministerio Público, en el marco de la denuncia presentada el lunes por el ministro de Comunicaciones, William Lara.
“Nos presentaremos, declararemos y aportaremos las pruebas para demostrar que en ningún momento hicimos nada más que difundir imágenes de RCYV sobre su historia y las coberturas que habían realizado a lo largo de 53 años”, explicó Ravell al ser consultado por EL UNIVERSAL.
El de ayer fue el cuarto día de protestas en general y el tercero exclusivo de los estudiantes. Pero a diferencia de los otros días, ayer no hubo represión policial aunque sí algunos enfrentamientos entre universitarios o adolescentes alumnos del liceo contra militantes chavistas. Pero también fue, la de aquí en Caracas, la más multitudinaria y poblada de todas las manifestaciones de estos días y salió desde Chacaíto hacia la sede de la Defensoría del Pueblo.
OPINION
Octavio Rodríguez Araujo
¿Ombuds… qué?
LA JORNADA
o estoy seguro de que el mundo esté al revés, pero México sí. Algo que ya debe ser motivo de risa en otros países, especialmente en Suecia, donde se creó la figura del ombudsman, es el papel del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el supuesto defensor del pueblo mexicano. Cualquier jurista (salvo Soberanes) pensará, con lo que ha ocurrido, que en nuestro país existen dos abogados de la nación: el procurador general de la República y el presidente de la CNDH. En esto, hay que reconocerlo, somos muy originales. ¿Estoy exagerando?
En el caso de Zongolica, José Luis Soberanes y su segunda visitadora general de apellido Pedroza de la Llave usurparon la función del Ministerio Público al dictaminar sobre la muerte de Ernestina Ascensión. En el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el mismo Soberanes presentó una controversia constitucional sobre lo aprobado por los legisladores locales, argumentando que no era un cuestionamiento moral, sino de técnica y consistencias jurídicas. En paralelo, la Procuraduría General de la República hizo lo mismo, con semejantes argumentos, sólo semejantes.
El ombudsman mexicano, como en otros países donde no se confunde Estado con gobierno, debería de ser un funcionario del Estado, no del gobierno. El procurador general es funcionario de gobierno y su papel es investigar ilícitos, dictaminar si hay causa que perseguir y presentarlos al Poder Judicial en sus diversos niveles. Sin embargo, en México los dos son funcionarios del gobierno que, para colmo, es de dudosa legitimidad, en realidad impuesto. José Luis Soberanes, doctor en derecho, debería renunciar a su cargo, aunque sea por dos razones principales: porque se ha puesto al servicio de Calderón Hinojosa y porque ha usurpado funciones que no le corresponden.
¿Qué ha dicho Soberanes, defensor del pueblo y ahora de la constitucionalidad, sobre los retenes militares y policiacos que violan el artículo 16 constitucional? Nada, como si no existieran o como si aceptara, puesto que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que estamos en guerra y que por lo tanto han quedado suspendidas las garantías individuales. Pero el presidente de la CNDH y ministerio público (con minúsculas en este caso) no es el único irresponsable. ¿Qué ha dicho el Congreso de la Unión sobre esos retenes violatorios de la Constitución? Nada. ¿Y el Estado de derecho? ¿Cuál?
Vamos de mal en peor. El comandante general de las fuerzas armadas ha lanzado a éstas en contra de los narcotraficantes. ¿Cuántos han sido detenidos y cuántos policías han muerto sin tener vela en el entierro? ¿Cuántos otros ciudadanos han muerto y morirán en esta guerra absurda contra un enemigo que todos los días hace alarde de su fuerza sin ver realmente menguadas sus filas clandestinas y criminales? ¿Quién ganará, y a qué costo? ¿Y qué ha dicho al respecto nuestro flamante ombudsman? Bueno sería que nos explicara cuáles son nuestros derechos en esta escalada militar de pronósticos imprevisibles y que ya está vulnerando a la Constitución y pervirtiendo el papel del Ejército, por lo menos ante la opinión pública.
El Partido Acción Nacional, o más bien los panistas, son un verdadero peligro para México. Han logrado desprestigiar al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre todo con Mariano Azuela Güitrón), ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y buscándole, encontraríamos a más instituciones. Y así las instituciones servirán de poca cosa y si éstas no sirven, ¿qué diremos de quienes se ostentan como gobierno? Ya el humor popular dice que el Melate ha llegado a más de 400 millones porque el ganador necesita 500 millones y que debe ser pariente de Calderón o de su esposa. Algunos dicen que Hildebrando los necesita para resarcirse de los quebrantos que sufrió el año pasado. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos quitan la esperanza en el Melate o en la Lotería Nacional? Un país sin instituciones creíbles y ejemplares es un país sin gobierno o una dictadura. Y, aunque espurio, todos queremos tener gobierno (de preferencia democrático y realmente representativo), que las instituciones sirvan a la sociedad, que haya a quién recurrir cuando nuestros derechos sean vulnerados y que las leyes se respeten. Para todo esto se creó la figura del ombudsman, para que represente los intereses de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades gubernamentales, para hacer valer las instituciones y para que éstas sirvan al pueblo.
Entre las facultades de la CNDH está la de conocer y seguir de oficio las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. No lo hace, ¿y los y las vocales de la Comisión, algunos muy queridos y respetados amigos, qué dicen, o no tienen la función de decir algo al respecto?
Adolfo Sánchez Rebolledo
Controversia contra el Estado laico
LA JORNADA
Incapaces de sumar un solo voto a la minoría legislativa que se opuso a la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, el PAN acudió a a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de los Derechos Humanos para que éstas presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya ha logrado. Detrás de esta acción se encuentra la estela de organismos oficiosos que hablan por los altos prelados de las Iglesias, la católica a la cabeza, lanzados a una nueva aventura de su ya histórica carrera contra el laicismo. No de otra forma se puede entender que se pretenda, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, hacer obligatoria una determinada moral que, ella sí, niega los derechos de los demás a pensar y vivir conforme a otros valores.
La despenalización, recordemos, no obliga a ninguna mujer a la interrupción del embarazo. En cambio establece las condiciones bajo las cuales esa riesgosa práctica puede evitar males mayores, dando a la mujer el derecho a decidir bajo circunstancias definidas por la ley.
Argüir, como ha hecho el procurador, y reitera sin convicción el ombudsman, que se trata de un asunto eminentemente jurídico, al margen de otras controversias, es un verdadero insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Resulta transparente que detrás del fiscal está la decisión del Presidente de revertir un indiscutible avance del pluralismo real, confirmando al menos dos cosas muy importantes para el presente y el futuro del Estado mexicano: 1) la disposición presidencial a escuchar el llamado confesional en una materia donde debía ser especialmente cuidadoso, más allá de sus personales creencias, y 2) la indisposición a respetar en sus términos el resultado de un largo y complejo legislativo que permitió escuchar las voces de todos los interesados.
En este caso la apelación a las disposiciones federales, supuestamente contrariadas por la despenalización, no es más que un argumento legalista, destinado a ocultar el fondo de la cuestión: se trata de amarrarle las manos al órgano legislativo capitalino para que éste quede objetivamente subordinado al poder federal. En el fondo, como es notorio, sobre la crisis de valores de la derecha se sobrepone la crisis política que hace del gobierno rehén de sus propias debilidades de origen.
La Suprema Corte de Justicia tiene ahora el delicado encargo de mantener en pie el edificio constitucional del laicismo mexicano. Eso es lo que, en última instancia, se va a decidir en cuanto se entre al fondo del asunto. Justamente, la erosión del Estado laico de origen liberal es la piedra angular del nuevo milenarismo católico encabezado por el Papa, la apuesta del alto clero para teñir con el velo de lo sagrado hasta el último intersticio de la vida cotidiana. Roma teme a la secularización y por ello nos propone una vuelta al Estado confesional, así sea mediante fórmulas “modernas” que asimilan la promoción de la”libertad religiosa” a los derechos humanos, concebidos siempre como derechos prexistentes, al margen de toda legalidad de carácter histórico. El “derecho a la vida” se convierte así en una entelequia, en simple recurso para justificar la moral única, mientras en la realidad se observa con fatalismo y resignación los peores crímenes contra la humanidad.
En ese camino coinciden con otros grupos no católicos, como los evangelistas neoconservadores que en Estados Unidos ejercen gran influencia sobre el poder. También allí la “defensa de la vida” equivale al combate, a veces violento, contra las clínicas que realizan abortos, pero también contra otros derechos sexuales cuyo ejercicio pleno sigue vedado por los tabúes religiosos. Y todo, por supuesto, en nombre de la libertad.
Ojalá y no lleguemos (por la vía del formalismo jurídico) al absurdo de cuestionar dogmáticamente la teoría de la evolución, a la disociación ezquizofrénica entre la necesidad de impulsar el pensamiento racional, científico (como pide, por cierto, nuestra Constitución) y la difusión de creencias propias de la Edad Media. Pero en ésas estamos.
Soledad Loaeza
Espino vs. Calderón
LA JORNADA
El próximo fin de semana tendrá lugar en León, Guanajuato, la Asamblea Nacional ordinaria del PAN en la que se resolverá la integración del nuevo Consejo Nacional. En el programa original se había anunciado la discusión de una reforma a los estatutos que ha sido pospuesta para consideración de una asamblea extraordinaria cuyas fechas no han sido fijadas. No es un secreto que el tema de fondo que habrá de ventilarse en la reunión que inicia el próximo sábado es la pugna entre el presidente del partido, Manuel Espino, y el Presidente de la República, Felipe Calderón. Esta disputa ha estructurado la elección de los futuros integrantes del Consejo Nacional, y es muy probable que esté detrás de la decisión de postergar los debates a propósito de las reformas estatutarias que propone el espinismo.
La portada del número más reciente de La Nación, el órgano oficial de Acción Nacional, anuncia en grandes letras: “Es obligación del PAN abrirse a la sociedad”, que es seguramente la línea de Espino, quien desde hace semanas se ha empeñado en recurrir a la movilización de recursos extrapartidistas para fortalecerse, pues bien sabe que la militancia no está con él. Por esa misma razón fue el primero en llamar la atención de los medios acerca de sus diferencias con el Presidente de la República. Al hacerlo convirtió a la opinión pública, si no en parte del conflicto, al menos en testigo del pleito. Ahora los panistas querrían que olvidáramos este nuevo capítulo de la declaración de guerra de Espino a este gobierno, cuyas primicias fueron la afirmación que hizo a principios de este año ante la prensa, de que Felipe Calderón tenía que entender que él no era el líder del partido.
Los panistas no quieren que recordemos la historia ya larga de una relación de mutua antipatía y hostilidad. Habría entonces que olvidar que Espino llegó a la presidencia del partido gracias al apoyo de Los Pinos en contra de la mejor opinión de la mayoría de los panistas que, en cambio, se inclinaban por Carlos Medina Plascencia; o que Santiago Creel era el candidato presidencial de los Fox y de Espino. Haremos un esfuerzo por olvidar.
La pregunta es si acaso los directamente involucrados en esta disputa ya superaron sus diferencias, o si simplemente estamos presenciando la crisis de un conflicto que se inició en la negociación de 1991 entre Carlos Salinas de Gortari, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos en la que los resultados de la elección para la gubernatura de Guanajuato fueron ignorados, el priísta Ramón Aguirre renunció a su victoria -que los panistas consideraban fraudulenta- y los dirigentes panistas de entonces propusieron a Medina Plascencia como un gobernador de compromiso, y sacrificaron sin muchos remordimientos los reclamos del candidato del PAN, Vicente Fox. Por algo sería. O sea que ellos de veras no olvidan.
La estrategia de Espino de procurarse apoyos externos al partido -inclusive acogerse a Vicente Fox, a pesar de que éste no cobija porque es un hombre que no proyecta sombra- habla de debilidad más que de fuerza. Si el presidente del PAN las tuviera todas consigo, seguramente estaría silenciando a los demás y girando instrucciones a Los Pinos. Si acaso se adoptara la reforma que propone Espino en relación con las candidaturas a los cargos de elección popular, el partido estaría abriendo la puerta también a la formación de una corriente de integrantes que le deberían todo al actual presidente de Acción Nacional, y que en un descuido hasta se vuelve una tribu. No es gratuito que la Asamblea se celebre precisamente en la ciudad de León, que en el pasado sexenio recorrió un cortísimo trecho para dejar de ser Sinarcópolis y convertirse en Foxilandia.
Los partidos políticos deben hacer reformas estatutarias periódicamente para adaptarse a cambios en el contexto, resultados electorales insatisfactorios o transformaciones de largo plazo en la organización. No obstante, es muy peligroso llevar a los documentos del partido los equilibrios de poder que son por definición coyunturales, a menos de que se congelen en los estatutos. Si Acción Nacional quiere democratizar su organización tendría que modificar las atribuciones del presidente del partido, que son muchas y muy grandes (una herencia de aquellos años en los que Acción Nacional tenía un “jefe” nacional), y que le permiten modificar acuerdos de consejos estatales, sin mayor explicación, o tomar decisiones sin consultar al Consejo Nacional. El PAN es una organización vertical, rígidamente jerarquizada. La clave para impulsar el crecimiento del partido está en cambios en este terreno antes que en una apertura indiscriminada que puede además tener efectos desestabilizadores, como los que ha tenido que superar, y no siempre con éxito, el PRD.
En la pugna entre Espino y Calderón, el primero tiene mucho más que perder que el segundo; primero, porque es un personaje más bien denso, y, segundo, porque, como bien le demostró el presidente Cárdenas al general Calles en 1937: ningún jefe de partido se le impone al jefe del Estado.
De qué están hechas las televisoras
Por: Raúl Trejo Delarbre | Opinión
LA CRONICA
Aun antes de que los ministros de la Suprema Corte comiencen a discutir los puntos más relevantes de la ley Televisa, los defensores de esa contrarreforma ya experimentaron sus primeras derrotas. No me refiero a las decisiones iniciales que la Corte asumió en días pasados, cuando se ocupó de asuntos como el veto a quienes ya formaron parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para seguir siendo considerados en el proceso de integración de ese organismo, o los discriminados medios permisionados que tienen derechos inferiores a los que disfrutan las radiodifusoras y televisoras de índole comercial. Cuando digo que los defensores de la ley Televisa han sufrido los primeros tropiezos en este proceso de discusión y rectificación legales quiero recordar la manera como las dos televisoras comerciales se han exhibido a sí mismas, al desplegar un comportamiento abusivo, calumnioso y cínico en contra de algunos de los impugnadores más notorios de esa contrarreforma.
En un esfuerzo bastante patético para confundir acerca de esa discusión las dos televisoras, proponiéndose lo contrario, han enaltecido la imagen pública del ex senador Javier Corral Jurado.
Al hoy presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Televisión Azteca le recrimina estar sosteniendo posiciones contrarias a las que, según esa televisora, Corral manifestaba hace pocos años. La semana pasada, en todos sus noticieros, Azteca difundió una pieza que por respeto a los periodistas tenemos que negarnos a considerar como noticiosa. Allí se dice que cuando era legislador, Corral promovió una iniciativa de ley de telecomunicaciones en donde se proyectaba que los integrantes de la Comisión Federal de ese ramo fuesen ratificados por el Senado después de haber sido propuestos por el Ejecutivo Federal.
Aquel proyecto era un documento de trabajo y nunca pudo fructificar como iniciativa debido a la oposición de muchos de los legisladores que, más tarde, aprobarían las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión —las cuales por economía verbal pero también para subrayar a la entidad que elaboró, promovió, defiende y gana más con tales modificaciones, han sido denominadas ley Televisa—. En aquella propuesta de Ley de Telecomunicaciones, Corral y otros senadores sugerían la creación de un organismo regulador verdaderamente autónomo, no sólo por el procedimiento para designarlo sino antes que nada por las capacidades que tendría. Esa convicción la mantuvieron cuando, el año pasado, cuestionaron la ley Televisa. Quienes hayan seguido las discusiones sobre ese tema, entre enero y marzo de 2006, recordarán el énfasis que esos legisladores hacían sobre la debilidad que tendría la Cofetel con el diseño que resultaba de tales reformas. Así que cuando le reprochan a Corral una supuesta inconsecuencia, los merolicos de Televisión Azteca (perdón por el adjetivo, pero no es posible considerar periodistas a quienes simplemente repiten un libelo que les han escrito) dicen mentiras al referirse de manera parcial a aquella propuesta de Ley de Telecomunicaciones.
En lo personal, me parece que la participación del Senado en la ratificación de los integrantes de la Cofetel es un aspecto reivindicable de la ley Televisa y no he estado de acuerdo con la impugnación que los ahora ex senadores hicieron de ese apartado. Pero antes que nada, lo que hace falta es una Comisión capaz de administrar las telecomunicaciones y la radiodifusión y que no sirva únicamente como oficialía de partes de las televisoras y la SCT que es como la plantearon las reformas del año pasado.
Corral no ha sido inconsecuente. Pero, de haberlo sido, ¿qué importancia tendría para la discusión de las leyes de medios? Todos los legisladores matizan, complementan o rectifican sus posiciones: esa es, cuando se encuentra sustentada en ideas, la esencia de la deliberación parlamentaria. Si ese ahora ex legislador hubiese cambiado de opinión nada habría de extraño al respecto. Pero no lo hizo y la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego se empeñó en inventarle una conducta en la que no incurrió.
Lo que ha querido Televisión Azteca es restarle legitimidad a la preocupación social alrededor de la ley de medios. En vista de que Corral es uno de los promotores más perspicaces y activos de la impugnación a esas reformas, la televisora quiso mostrar una aparente debilidad del ex senador. No había tal. Pero incluso cuando Corral exigió espacio para ejercer su derecho de réplica, Televisión Azteca se burló de él afirmando que de ninguna manera le facilitaría esa posibilidad.
La cantinela de la presunta inconsecuencia de Corral ha sido repetida en otros medios, tanto en la radio como en columnas en la prensa escrita. Incluso periodistas que a juzgar por sus apresurados textos no se han tomado la molestia de estudiar las reformas que están siendo discutidas —como varios interesados columnistas financieros y ayer, en Milenio, Carlos Marín— han repetido esas versiones. Desprovistos de argumentos para defender a la ley Televisa, quieren contribuir a la campaña de desconcierto sumándose al intento para descalificar a Corral. En realidad se califican a sí mismos.
También la semana pasada y concatenada con la campaña de Azteca, Televisa difundió perseverantemente, en sus noticieros, una decisión judicial acerca de un litigio que ha mantenido durante varios años con el mismo ex senador. Cuando Corral fue candidato al gobierno de Chihuahua su partido, Acción Nacional, contrató espacios para propaganda en los canales locales de dicha empresa. Al término de la campaña Televisa se negó a entregarle al partido las facturas por esa venta de spots y sin tales documentos el PAN no podía pagarlos. La actitud de la empresa era resultado de un capricho que además pretendía, como se ha visto ahora, convertirse en presión contra Corral. Televisa de Chihuahua les explicó a los dirigentes estatales del PAN que solamente aceptaría el pago si el dinero lo aportaba Corral personalmente. Ante esa pretensión inusitada e ilegal, el conflicto se fue a los tribunales.
Cuando Televisa ha informado, también en sus principales noticieros, acerca de la sentencia de un juez para que el pago se realice, ha omitido explicar las circunstancias de ese litigio. No es una información sino un amago lo que transmitió en esa nota. Las aclaraciones del PAN de Chihuahua insistiendo en que no desconoce la deuda y que se trata de un compromiso del partido y no de su ex candidato, no recibieron cobertura significativa. Tampoco la explicación de Corral que, además, ha recordado que ese proceso legal todavía no concluye.
La insistencia para estropear la imagen de un personaje público da cuenta de la debilidad de los argumentos, así como de la aprensión que las televisoras tienen respecto de Corral y quienes comparten sus puntos de vista. Tanto la campaña de calumnias de Azteca como la campaña desinformadora de Televisa han sido tan burdas que no calaron en el ánimo de la sociedad activa, interesada en estos asuntos, que es a la que las televisoras quisieran convencer. La respetabilidad del licenciado Corral no ha variado un ápice. Y sin quererlo las televisoras han demostrado, en vivo y en directo, por qué necesitamos un régimen de medios distinto al que padecemos ahora.
Esas campañas confirman el patrimonialismo convenenciero, el desprecio al debate y el autoritarismo mediático que campea en las dos empresas. Quienes han creído que Televisa ha cambiado porque de cuando en cuando muestra alguna apertura a puntos de vista diversos, podrán constatar de qué manera utiliza sus frecuencias no para informar sino para tratar de golpear a quienes considera sus adversarios. Quienes han querido suponer que en Televisión Azteca no todo es lo mismo, encontrarán en este caso la confirmación de un comportamiento faccioso que se difundió incluso en los noticieros del 40
—el canal que, como es imposible olvidar, está en manos de esa empresa como resultado de un proceso repleto de ilegalidades—.
Al margen de spots y libelos disfrazados de noticias, la discusión en la Corte sigue. Sabremos, como se nos ha anunciado, de qué están hechos los ministros. Por lo pronto hemos podido corroborar la inescrupulosidad profesional, la desvergüenza corporativa y la ineficaz pero injuriosa prepotencia de las que están hechas las dos televisoras comerciales.
Lorenzo Meyer
El ‘Gobierno en las Sombras’
Una posible interpretación de la política mexicana actual es de una lucha entre el gobierno formal y el “Gobierno en las Sombras”
REFORMA
Lo que está en juego
De las 461 concesiones de televisión que actualmente operan en México, Televisa y TV Azteca controlan el 95 por ciento (Reforma, 29 de mayo). Si éste no es un caso claro de monopolio, entonces el concepto ya perdió todo sentido en México.
Además de la lucha contra el narcotráfico, la atención del público está centrada en dos controversias legales. Por un lado, la querella sobre la constitucionalidad de la despenalización parcial del aborto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por el otro, un litigio similar en torno a la legislación aprobada el año pasado -sin discusión y en plena campaña electoral-, en materia de telecomunicaciones, radio y televisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el sitio donde formalmente se va a llegar a una decisión legal en torno a estos dos temas, de naturaleza muy distinta, pero igualmente importantes. Mientras la derecha ha elegido al aborto como la arena para hacer patente su intento de dominio ideológico sobre la sociedad mexicana, las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión son el campo donde se está decidiendo la relación presente y futura de la sociedad mexicana con los grandes difusores e intérpretes de la realidad, pero sobre todo, con los grandes monopolios del presente y el futuro.
La televisión y el viejo régimen
A falta de una clase propietaria empresarial y realmente capaz de encabezar un proyecto de desarrollo nacional, el Estado mexicano del siglo XIX -una vez que superó el fracaso de su etapa inicial- asumió el papel de actor central de ese proyecto. Ese relativo dominio del sector público sobre el privado se acentuó tras el formidable golpe que recibió la oligarquía terrateniente a raíz de la destrucción del sistema político porfirista entre 1911 y 1917. Como ocurre en cualquier revolución exitosa, la mexicana provocó una mayor concentración del poder en el Estado. Y como ese proceso se dio en un contexto autoritario, la institución presidencial resultó ser el espacio donde se tomaron todas las grandes decisiones, entre otras, las que llevaron a la construcción de un gran emporio y monopolio televisivo. Para Claudia Fernández y Andrew Paxman: “Tanto la fundación como el crecimiento inicial de esta industria [la de televisión] dependió en gran medida de la voluntad y los caprichos del gobierno, en particular del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952)” (El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, México: Grijalbo, 2001, p. 59).
Es posible que fuese el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines quien impulsó la fusión de las primeras televisoras -cuyas concesiones fueron dadas a tres favoritos del Presidente- para crear en 1955 Telesistema Mexicano (TSM) con Emilio Azcárraga al frente (Fernández y Paxman, op. cit., p. 65). Y aunque esa consolidación violaba la letra y el espíritu de la Constitución por su carácter monopólico, el gobierno la aceptó y fomentó porque servía bien al interés del régimen. TSM, que se transformaría en Televisa, se convirtió en el corazón del sistema de legitimación y propaganda del autoritarismo priista. La decisión en 1993 de privatizar el Canal 13 y otorgárselo a Salinas Pliego consolidó al actual duopolio televisivo. Esa decisión se puede explicar por razones similares a las que lustros atrás dieron lugar al TSM, es decir, por “la voluntad y los caprichos del gobierno, en particular del presidente”, (Fernández y Paxman, op. cit., pp. 487-493).
El fortalecimiento de los poderes fácticos
Carlos Salinas escribió y cerró el último capítulo del “Estado Fuerte”. El cambio de régimen iniciado con las elecciones intermedias de 1997 y que tres años después desembocó en la derrota del PRI, no sólo abrió la puerta a la democracia política en México sino también a su antítesis: a un proceso de predominio de los grandes intereses económicos privados.
Una combinación de elementos internos y externos contribuyó a crear el actual y perverso “juego de suma cero”. En efecto, una parte del poder que perdió el Estado autoritario lo ganaron los ciudadanos pero otro trozo, quizá mayor, lo capturaron los grandes grupos empresariales. Entre los factores que explican esta transferencia de poder destaca el componente externo -la globalización y privatización del mercado-, pero también los elementos autóctonos: los efectos negativos del “error de diciembre” de 1994 en las finanzas y políticas públicas, la captura del sector financiero nacional quebrado por la banca internacional, la rápida e impresionante concentración de riqueza en un puñado de empresas nacionales monopólicas, la incapacidad del gobierno para lograr el crecimiento y el fortalecimiento del erario, la semiparalización de un gobierno dividido, la voluntad de Vicente Fox de presidir “un gobierno de empresarios para empresarios”, el crecimiento del poder del narco, etcétera.
La televisión como parte del ‘Gobierno en las Sombras’
La pérdida de poder presidencial, junto con la transformación de instituciones hasta entonces irrelevantes -el Congreso o la SCJN- en arenas donde se podía ejercer el poder, y no precisamente a la luz del día sino en las sombras, abrió un gran espacio al cabildeo y negociación entre las grandes concentraciones de riqueza y las directivas de los partidos, los gobernadores e incluso el Poder Judicial.
Tras la elección del 2000, e interfiriendo con la redistribución democrática del poder, empezó a conformarse en México un “Gobierno en las Sombras”, cuyos centros de decisión están en los grandes corporativos y las organizaciones populares. Este poder que a falta de la legitimidad del voto tiene la fuerza del dinero y del control de actividades económicas clave, actuó de manera decisiva en las elecciones del 2006. Pudo entonces explotar al máximo las debilidades de una clase política corrupta y dividida, donde cada partido necesitaba con urgencia recursos y apoyos para triunfar en la batalla de las urnas. En esas condiciones, nadie mejor situado que las televisoras -el medio imprescindible para transmitir masivamente el mensaje político- para influir en la formulación de las reglas que debían determinar tanto la naturaleza del marco formal del sector de las comunicaciones como el sentido mismo del voto en una elección cerrada que podía desembocar en un triunfo de la izquierda o en la consolidación del dominio de la derecha.
En plena campaña presidencial del 2006, donde el apoyo de las televisoras a un candidato y a un partido podía significar la diferencia entre ganar y perder, el duopolio televisivo privado se empleó a fondo para ejercer un gran acto de poder y gobierno: sus cabilderos lograron el apoyo absoluto de los diputados y mayoritario de los senadores, a una legislación sobre telecomunicaciones, radio y televisión confeccionada por las televisoras para favorecer no sólo la preservación del statu quo monopólico sino su reproducción en el futuro. En vísperas de la “gran fiesta democrática” del 2006, el interés general fue traicionado en el Congreso en función de los intereses partidistas y, quizá, particulares de los legisladores.
Pero aquí no hay gobierno perfecto, y un grupo minoritario, pero suficiente de senadores salientes, logró hacer que la SCJN no tuviera más remedio que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una legislación que, a juicio de los inconformes y del sentido común, atenta contra el interés general al impedir la competencia en un sector altamente redituable y central para la difusión y análisis de los datos que el ciudadano normal necesita para conocer sus opciones políticas como parte de la comunidad y, finalmente, para ejercer de manera racional su derecho al voto y a manifestar su apoyo o censura a las acciones de los poderes públicos y privados.
Lo que hoy está en juego
La esencia de lo que una SCJN, con menos ministros de lo normal, deberá decidir se puede resumir así: la legislación aprobada el año pasado en condiciones de debilidad política y oportunismo máximos del Poder Legislativo reafirma y prolonga el carácter monopólico de la televisión. Si el gobierno formal tiene aún sentido, esta situación debe de cambiar declarando inconstitucionales los artículos 16 y 28 de la ley actual. Si la SCJN rechaza ambos artículos, el incipiente “Gobierno en las Sombras” habrá perdido terreno y la sociedad lo habrá ganado, pero si ambos o uno sólo de esos artículos permanece, la situación será exactamente la contraria.
Itinerario Político
Ricardo Alemán
¿Será Michoacán para el PAN?
EL UNIVERSAL
Resulta real y convincente la posibilidad de que el PRD resulte derrotado en su bastión histórico
El 11 de noviembre próximo se renovará la gubernatura de Michoacán, durante dos décadas el bastión fundacional del PRD -y asiento de la fuerza de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas-, y que luego de cinco años en manos de ese partido enfrentará su más severa prueba, la de refrendar su hegemonía, ya que son muchas las posibilidades de que el PAN le arrebate el gobierno estatal.
Y es que más que una hipótesis descabellada -a partir de una cambiante realidad política-, resulta real y convincente la posibilidad de que el PRD resulte derrotado en su bastión histórico, en donde una feroz disputa interna debilitó al partido en el poder, mientras que de manera geométrica han crecido los bonos electorales del PAN, partido que también en Michoacán mantiene fuertes raíces político-electorales.
Pero además, por si hiciera falta, en Michoacán estará presente el “fenómeno Calderón”, ya que el actual Presidente de la República es un michoacano querido por sus paisanos, quienes lo conocen no sólo en sus mocedades políticas, sino como aspirante al gobierno estatal. Resulta que en la pasada elección federal de julio de 2006, el PAN le arrebató al PRD y al PRI una importante porción de votos, que lo colocó como la segunda fuerza, muy cercano a la primera, que es el PRD, cuyo gobierno está en manos de Lázaro Cárdenas Batel, tercera generación de la dinastía de los Cárdenas.
La lógica política, la tradición perredista y un gobierno que muchos michoacanos califican como “aceptable”, indicarían que el “negroamarillo” no debía tener problemas para refrendar el gobierno estatal. Sin embargo, factores externos, como el predominio del narcotráfico en amplias regiones de la geografía michoacana, y el “fenómeno Calderón”, han tenido -y al parecer seguirán teniendo- una fuerte influencia en el comportamiento del electorado. A esos factores se deberá sumar la atomización y las desbocadas ambiciones de los grupos locales, que pelean las sucesión del “hijo del caudillo”.
Desde las elecciones presidenciales de 1988 -en las que Cuauhtémoc Cárdenas compitió como candidato presidencial por el FDN-, Michoacán se convirtió en el bastión fundamental del naciente PRD -partido que nació en 1989-, a pesar de lo cual el PRI se resistió a dejar el control político del estado, sino hasta 2002, cuando Lázaro Cárdenas Batel derrotó al último gobernador priísta, Víctor Manuel Tinoco. En los dos procesos electorales previos, el PRI se valió de todo tipo de trampas electorales -en las que intervinieron alquimistas como José Guadarrama, hoy senador del PRD y operador consentido del obradorismo-, hasta que en la actualidad el PRI cayó a la tercera posición.
Apenas en julio de 2006 el PRD alcanzó el mayor número de votos, con 41% de las preferencias, mientras que el PAN se acercó a la primera posición, con 34.5%, en tanto que el PRI se quedó muy lejos, con 19% de los sufragios. El PAN se colocó a siete puntos porcentuales del PRD en esa elección, pero en las encuestas más recientes las preferencias por partido -aún sin candidato al gobierno estatal- reportan que la diferencia entre el PRD y el PAN es apenas de cuatro puntos porcentuales. Es decir, muy cerca del empate.
El caso Michoacán, de vital importancia para el gobierno federal, es analizado con lupa en la casa presidencial de Los Pinos y en el CEN del PAN, ya que existen posibilidades reales de recuperar las posiciones perdidas en Yucatán, además de que asestaría un severo golpe a la izquierda partidista. Por eso, tienen previsto elegir a su candidato al gobierno local hasta el ultimo momento -en agosto-, por lo que se mide cada decisión para impulsar como candidato a una figura local o foránea. Entre los dos más avanzados precandidatos destacan, en el primer caso, el actual alcalde de la capital, Salvador López Orduña, y en la segunda posibilidad, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázarez. No se descarta, sin embargo, un “caballo negro”.
El mayor problema se localiza en el PRD, en donde las pugnas se han polarizado en dos grandes grupos: los que están con la dinastía Cárdenas -y que apoyan al ex secretario de gobierno de Cárdenas Batel, el señor Enrique Bautista- y los que se han alineado al grupo de Andrés Manuel López Obrador, que impulsan la candidatura del ex cardenista Leonel Godoy.
Entre el perredismo se ha desatado una verdadera “guerra civil” -de la que no es ajena la revuelta que se ha generado en la Universidad Nicolaíta-, al grado de que apenas en días pasados se debió realizar en Morelia una “cumbre” entre los jefes de las tribus en disputa para pactar un acuerdo de unidad. Es decir, terminar con la “guerra sucia” y el “fuego amigo”, para que la elección interna, a realizarse el domingo 26 de junio, se realice en paz, sin costo político, de lo contrario podrían perder el estado. Todos acordaron apoyar al ganador, que seguramente será Leonel Godoy. Pero no existe garantía de unidad y el PAN les puede arrebatar el gobierno. Al tiempo.
ASPA
Logran Aeroméxico y ASPA acuerdo laboral
La empresa conseguirá viabilidad financiera al ahorrarse 33 millones de dólares
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA
Tras varios meses de negociación, ayer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la compañía Aeroméxico llegaron a un acuerdo laboral que le permitirá a la empresa un ahorro de costos cercano a los 33 millones de dólares y le dará viabilidad financiera a la empresa.
El acuerdo logrado permitirá garantizar la solidez financiera de Aeroméxico, ya que los pilotos aceptaron que “sus revisiones salariales de 2007, 2008 y 2009 se operen automáticamente con un incremento salarial con base en la inflación anual, lo que da a la empresa estabilidad para planear a largo plazo y crecer de manera rentable”.
El vocero de esta Asociación, Jorge Sunderland, informó que los ahorros para la empresa provendrán en primer lugar de una reducción directa en costos que implicó la adecuación del contrato colectivo de trabajo, en lo que estuvieron de acuerdo los pilotos para contribuir a la mejoría financiera de la aerolínea.
También se acordó establecer metas para lograr un incremento sustancial en la productividad, en el que los trabajadores se comprometieron a optimizar los tiempos de servicio. A cambio, la empresa se obliga a administrar de manera eficiente los recursos.
Según indicó Sunderland: “Los pilotos de ASPA hemos hecho un gran esfuerzo por nuestra empresa, el propósito es coadyuvar a su reestructur, ya que somos un sindicato convencido de que sólo a través del diálogo y la negociación se pueden alcanzar objetivos en común que permitan enfrentar los retos del nuevo siglo”.
¿Gran negocio o gran robo?
Enrique del Val Blanco
EL UNIVERSAL
No sabemos si las palabras acerca de que son el negocio más rentable del mundo fueron textuales, pero la realidad muestra que lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) es, desgraciadamente, acertado y, sobre todo, muy preocupante, e indica lo que ahora puede pasar con la nueva Ley del ISSSTE.
Resulta que las utilidades de las afores están por arriba de, ni más ni menos, las del sector financiero o de la Bolsa de Valores. Ello ha sido posible gracias a la lenidad de las autoridades financieras del país durante los últimos 10 años y a la avaricia de los dueños de dichas afores, muchas de ellas subsidiarias de los bancos, la mayoría de ellos, recordemos, en manos extranjeras.
Cada vez que hacen sus reuniones anuales resaltan los datos de las grandes utilidades que les han representado las operaciones que realizan en nuestro país. Y ha tenido que ser la propia autoridad quien los ha desenmascarado en este despojo a los trabajadores de sus recursos, desarrollado a ciencia y paciencia, con la complacencia gubernamental.
Derivado de la reunión celebrada hace unos días en la Cámara de Diputados, se ha podido saber con claridad lo que muchos pensábamos: que ha sido un gran robo, pues las administradoras de los fondos de los trabajadores se han embolsado más de 25 mil millones de pesos, cobrando comisiones que en algunos casos llegan a 25%, con el total desconocimiento de los trabajadores, y que son sin duda fuera de toda proporción, como bien lo mencionó el presidente de la Consar.
Pero lo que es increíble es que ahora se pretenda echar la culpa a los trabajadores, que no se han preocupado por revisar sus estados de cuenta y ver cuánto les roban sus administradores forzosamente, ya que es obligatorio pertenecer a una afore. Como siempre ocurre en este país, quienes menos tienen la culpa resultan los responsables, lo cual además es una desfachatez.
Si todo continúa igual, más de 15 millones de trabajadores a la hora de su retiro tendrán que conformarse con menos del salario mínimo actual mensualmente, gracias a este sistema perverso diseñado por las autoridades, con el auxilio como siempre de los organismos internacionales, y que 10 años después se dan cuenta de las inmensas ganancias que han tenido unos cuantos que se fotografían en las páginas de sociales en sus trajes de noche y en trajes de golf o de baño en cualquier playa mexicana, donde pasan los fines de semana.
Se informa que la mitad de más de 37 millones de cuentas están inactivas, es decir, los trabajadores no les ponen recursos pero, a pesar de esto, las afores no dejan de cobrarles comisiones. ¿Cómo quieren que les inyecten recursos, si apenas les alcanza para vivir con los salarios de hambre que reciben? Es una inconsecuencia que se venía venir desde que inició este funesto sistema, mediante el cual el gobierno se lavó las manos en su responsabilidad de garantizar a los trabajadores mexicanos un mínimo decente de jubilación.
Dice el presidente de la Consar que él no culpa a las afores; que simplemente eran las reglas del juego y, ¡qué creen ustedes!, ellos lo jugaron. Así de simple lo ve la autoridad. La pregunta que surge es: ¿y por qué la autoridad no hizo nada en 10 años para resolverlo? Seguramente cuando la contesten las utilidades de las afores serán mucho más elevadas.
Hoy el IMSS está prácticamente quebrado, al igual que hace 10 años cuando, para resolverlo, crearon el Sistema de Ahorro para el Retiro. Ahora resulta que son el negocio más rentable del mundo, ¿no es esta la confirmación del error cometido?
Los dueños de las afores ahora incluso se quejan de que no se les consultó sobre los nuevos cambios mediante los cuales con seguridad sólo ganarán un poco menos, pero seguirán ganando, dada la poca capacidad de negociación que tienen los trabajadores frente a ellas y la indolencia gubernamental, que lo único que hace es reconocer que hay un problema pero no lo resuelve.
Por eso, y con razón, aparece la desconfianza de los trabajadores que están en el “apartado B” en las reformas a la Ley del ISSSTE, que pretende ponerlos a todos en situación similar a los que están en el IMSS. La propuesta es pasar de un sistema malo y que no da para más a uno más malo, pero con utilidades para los bancos dueños de las afores. Por ello es correcta la posición de los diputados que, aunque se eliminó la famosa comisión sobre flujo, piensan que se deben hacer otras reformas sobre la manera de cobro que tienen las afores.
El gobierno debe ser consciente de lo que se está jugando con todo el Sistema de Ahorro para el Retiro, ya que, como vemos, está demostrado que no se puede dejar en manos privadas el manejo de los recursos de los trabajadores, que ahora representan más de un billón 250 mil pesos acumulados, más de 10% del Producto Interno Bruto.
Sin duda es una grave responsabilidad del gobierno, pero también de los trabajadores, terminar con este robo y, sobre todo, para los nuevos incorporados, no dejar que ocurra lo mismo si la nueva Ley del ISSSTE va para adelante.
Basta ya de las grandes utilidades de los bancos y las afores en detrimento de los trabajadores que con su esfuerzo diario pretenden, y así se lo han hecho pensar en la publicidad, una jubilación digna, que con el actual sistema no van a poder alcanzar. Los sindicatos deben de verdad defender los derechos de sus trabajadores y no ser meramente comparsas, como hasta hoy lo han sido, de este sistema que lo único que ha provocado es que millones de mexicanos sean más pobres hacia el final de su vida y unos pocos cientos más ricos.
COFETEL
Aprueba Cofetel reglas de portabilidad numérica para operadores de telefonía
Los usuarios podrán cambiar de compañía sin perder el número con que cuentan
La medida será efectiva 165 días naturales después de la publicación en el Diario Oficial
EDUARDO MARTINEZ CANTERO
LA JORNADA
El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió las reglas que en materia de portabilidad numérica deberán cumplir los operadores de servicios de telefonía fija y móvil. Lo aprobado ayer permitirá a los usuarios cambiar de compañía telefónica sin perder su número.
En comunicado, la dependencia a cargo de Héctor Osuna Jaime -cuya integración se encuentra a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, informó que de acuerdo con el candelario, la implantación de esta medida podrá ser efectiva para los consumidores en 165 días naturales contados después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se prevé entre el viernes de esta semana o el lunes de la próxima.
Las reglas de portabilidad anunciadas establecen que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, las operadoras de servicios telefónicos están obligadas a cubrir los costos y a realizar las inversiones necesarias para lograr que los usuarios de sus servicios puedan mantener el mismo número si deciden cambiar de compañía.
El proveedor receptor será el único que podrá cobrar un cargo único por concepto de los costos administrativos que provoca este tipo de cambio, el cual deberá ser registrado ante la Cofetel.
GCARSO
Azcárraga, Salinas Pliego, Slim y Roberto Hernández, entre asociados del Centro Fox
El 3 de noviembre de 2006, Marta Sahagún pidió la formalización del acta constitutiva
El documento fue firmado días antes de que concluyera el mandato del guanajuatense
MARTIN DIEGO RODRIGUEZ
LA JORNADA
San Francisco del Rincón, Gto., 30 de mayo. El 3 de noviembre de 2006, Marta María Sahagún de Fox y María Magdalena Aguirre Navarro solicitaron al notario público 85, de la ciudad de León, Marcelo Gay Guerra, que formalizara el acta constitutiva de la asociación civil Centro Fox, con domicilio conocido en el rancho San Cristóbal, en esta localidad. La duración de la asociación será de 99 años, “con posibilidad de prórroga en caso de que así lo convengan las partes”.
En calidad de esposa del presidente de México, Marta Sahagún fungió como apoderada legal en los inicios del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada. Entre los asociados aparecen los presidentes de los grupos Carso; Carlos Slim Helú; Televisa, Emilio Azcárraga Jean; Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y Angeles, Olegario Vázquez Raña, así como el banquero Roberto Hernández.
Confía Slim que México alcance tasas de crecimiento de 5% los próximos años
Sólo con una economía vibrante se generarán empleos y se atacará pobreza, afirma
Descarta la filantropía al estilo Bill Gates y dice que la caridad no soluciona la miseria
NOTIMEX
Washington, 30 de mayo. El empresario Carlos Slim dijo confiar en que la economía de México mejorará en los próximos años y podría empezar a registrar tasas anuales de crecimiento de hasta 5 por ciento, superando el desempeño de los años recientes.
En una entrevista con el diario USA Today publicada este miércoles, Slim, el segundo hombre más rico del mundo, consideró que sólo a través de una economía vibrante, México generará más empleos y con ello atacará uno de sus retos más apremiantes: la pobreza.
Para Slim, generar más empleos constituye, quizás, la única forma efectiva para reducir la pobreza y atacar otros problemas asociados como la migración.
El empresario no comparte la posición de Bill Gates, el fundador de Microsoft y el más rico del mundo, quien en años recientes adoptó un rol más activo promoviendo causas sociales en favor de los pobres del mundo a través de su fundación.
“Gates tiene que estudiar cómo él puede (atacar la pobreza) del mismo modo que Microsoft, siendo exitoso en los negocios, porque la caridad no es solucionar el problema”, consideró.
Slim argumentó que sus apreciaciones tienen como base su convicción de que “la pobreza no se combate con donaciones, caridad o incluso gasto público, sino que hay que combatirla con riqueza, educación y empleos”.
Durante la entrevista de unas dos horas concedida al diario, el magnate mexicano recordó su formación en el mundo de los negocios desde su infancia, cuando compraba y vendía estampas de jugadores de béisbol.