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SINTESIS DE PRENSA
MARTES 15 DE MAYO DE 2007
BANCO MUNDIAL
Controlan sindicatos sectores monopólicos
Ayudan gremios a perpetuar ineficiencias en actividades sin competencia. Empleados de Pemex superan en ingresos a otros asalariados hasta en 71 por ciento
Dayna Meré y Jonathan Ruiz
REFORMA
Los sindicatos más poderosos del País se adueñaron de las industrias y sectores donde hay menos competencia, señala un estudio de Banco Mundial (BM).
En consecuencia, perpetuan ineficiencias que derivan en el encarecimiento de los costos de servicios públicos de telefonía y energía, y en la salud de sus empresas.
“Para estándares internacionales, Pemex tiene muchos empleados”, señala la investigación.
Los trabajadores de sus refinerías producen en promedio menos de la mitad que sus trabajadores de Deer Park, Texas, en donde la paraestatal se asoció con la europea Shell.
El estudio del Banco Mundial también destaca el peso de los sindicatos Único de los Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y, principalmente, del Mexicano de Electricistas (SME) en las finanzas de la CFE y Luz y Fuerza de Centro (LFC), respectivamente.
El agravio ha sido tal, que aun vendiendo LFC no habría dinero suficiente para pagar los compromisos laborales de la empresa, agrega.
En el sector de telecomunicaciones, dominado por Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, hay evidencia de una debilidad en el órgano regulador, la Comisión Federal de Competencia (Cofetel), advierte el BM.
BM: para crecer México debe eliminar monopolios poderosos
Atribuye distorsiones en políticas públicas a excesiva influencia de grupos de interés
La concentración del mercado y de la riqueza se traduce en influencia política, que debilita la gobernabilidad
Destaca como el ejemplo más notable la privatización de telecomunicaciones
EMIR OLIVARES ALONSO
LA JORNADA
Si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y lograr un crecimiento sostenido, ‘’deberá deshacerse de los grupos de interés y monopolios poderosos'’, sostiene el informe Gobernabilidad democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social, elaborado por el Banco Mundial.
Yasuhiko Matsuda, quien encabezó el estudio, señaló que el ejemplo más notable ‘’es la privatización del sector de las telecomunicaciones, que únicamente sustituyó un monopolio público con uno privado'’.
De acuerdo con el reporte, las ‘’distorsiones'’ en las políticas públicas se deben a la excesiva influencia de grupos de interés de sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación, y élites económicas como los líderes de las telecomunicaciones, sobre todo de la telefonía, ‘’quienes capturan la relación entre liderazgo político y los ciudadanos'’.
Matsuda agregó que la concentración del mercado y de la riqueza en pocos sectores ocasionan que ‘’el terreno de juego en la política mexicana esté lejos de ser nivelado. (Pues) el poder económico se traduce en influencia política, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político'’.
Señaló que la influencia de dichos grupos de poder se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de políticas públicas, en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingresos claves para el Estado, o a la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera.
Refiere que para que México comience su ‘’segunda transición hacia la gobernabilidad democrática efectiva'’, requiere reducir la ‘’creciente polarización social y superar los obstáculos sociopolíticos'’ que generan los grupos de poder en el país.
Necesario limitar el poder de sindicatos y monopolios
* Mejoraría México la gobernabilidad, dice el Banco Mundial.
* Algunos ramos están muy “protegidos”: Yasuhiko Matsuda.
* Transparentar sectores público y privado, dice.
Eduardo Ortega
EL FINANCIERO
Si México desea mejorar la gobernabilidad, impulsar la democracia y conseguir un crecimiento sostenido, deberá limitar la influencia que poderosos grupos de interés, como sindicatos y monopolios -tanto públicos como privados-, ejercen en el diseño de políticas públicas, advierte un estudio del Banco Mundial.
De acuerdo con el análisis Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social, en el ámbito económico hay ciertos sectores que son “protegidos” por razones históricas, lo cual está frenando el potencial del crecimiento de la economía.
Al dar a conocer el estudio en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Yasuhiko Matsuda, especialista senior del sector público del Banco Mundial, puso como los ejemplos más representativos -aunque sin decir nombres- al monopolio de Carlos Slim, en el ramo de las telecomunicaciones, y al magisterio encabezado por Elba Esther Gordillo Morales.
“Los costos de las tarifas telefónicas en relación con otros países latinoamericanos son altos, lo cual ha afectado a los consumidores y a los negocios que dependen de los servicios de telecomunicaciones. Otro ejemplo son los sindicatos.”
Además, con respecto al aumento salarial -del siete por ciento- que recibieron los maestros, Matsuda opinó que a cambio, el magisterio debería brindar una educación de mayor calidad en beneficio de los ciudadanos.
Señaló que por nivel de ingreso, esos grupos de interés están clasificados de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos (Pemex), el sector energía (Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro), telecomunicaciones (Telmex, Televisa y TV Azteca) y los maestros (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).
UNT
Se sumará la UNT al paro de sindicatos universitarios
Patricia Muñoz Ríos
LA JORNADA
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se sumará al paro que realizarán el próximo 21 de mayo los sindicatos universitarios contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, esta semana esa central obrera presentará ante el Congreso de la Unión proyectos de iniciativas para las reformas laboral, hacendaria y del Estado, con el propósito de evitar que haya otro madruguete legislativo. Los líderes de esta organización sostuvieron ayer una reunión, en la cual acordaron que apoyarán la suspensión de actividades -por 12 horas- que realizarán diversos sindicatos la semana próxima. Inclusive, ayer, los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México llevaron a cabo una votación para definir si se van a huelga el próximo día 21, y 79 por ciento de sindicalizados votó en favor. A su vez, el también dirigente de dicha unión y líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, planteó que esa organización solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “la anulación de la nueva Ley del ISSTE”.
Reitera UNT respaldo a paro universitario
* Entregarán líderes propuestas a legisladores del FAP.
* Festejarán Día del Maestro con marchas.
* Preparan la huelga nacional para agosto.
Mariana Otero-Briz
EL FINANCIERO
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunció ayer que se unirá al paro de los sindicatos universitarios programado para el 21 del presente, el cual tendrá una duración de 12 horas.
Francisco Hernández Juárez, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dijo que esta agrupación se sumará a esa suspensión de labores y a todas las acciones de protesta contra las modificaciones a la Ley del ISSSTE.
En conferencia de prensa, Hernández Juárez y sus homólogos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, y de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, informaron que el jueves entregarán a senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) las propuestas de las agrupaciones independientes sobre las reformas del Estado, la hacendaria y la laboral, para que “no se repita el atropello que se cometió con la Ley del ISSSTE”.
El líder de los telefonistas comentó: “Queremos dejar en claro que no sólo somos capaces de realizar protestas, sino también de generar propuestas.”
Los tres dirigentes afirmaron que respaldarán todas las medidas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y mencionaron que ya definen las acciones que emprenderán en la huelga nacional del 31 de agosto.
Por su parte, la CNTE realizó un mitin afuera de las instalaciones del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde advirtieron que seguirán luchando por la abrogación de la Ley del ISSSTE y que interpondrán más amparos para su suspensión, pues a la fecha las solicitudes presentadas suman 500 mil.
El jueves las enviarán a legisladores del PRD y PRI
La UNT entregará sus propuestas para las reformas estructurales
Aclaró que la protesta no sólo será por el rechazo a la Ley del ISSSTE, sino también para armar una propuesta alternativa e impulsar los amparos.
MILENIO
La Unión Nacional de Trabajadores entregará este jueves a los legisladores del PRD y PRI sus propuestas de reformas de Estado, hacendaria y laboral, para evitar otro madruguete como la Ley del ISSSTE, informó su presidente colegiado, Francisco Hernández Juárez.
Se trata de propuestas elaboradas por sindicatos independientes y organizaciones campesinas y sociales que desean frenar la política neoliberal y avasalladora de los derechos laborales del gobierno de Felipe Calderón.
Hernández Juárez también anunció que esta central sindical se unirá a las acciones que llevarán a cabo los sindicatos universitarios, encabezados por el STUNAM, el próximo 21 de mayo, cuando se prevé una movilización y paro de 12 horas a escala nacional, en repudio a la Ley del ISSSTE.
El dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez, advirtió que este tipo de movilizaciones y protestas son una advertencia al gobierno federal de que los trabajadores no están dispuestos a continuar tolerando violaciones a sus derechos laborales y constitucionales.
LEY DEL ISSSTE
Ya fueron concedidas más de 4 mil suspensiones provisionales, asegura juez
Judicatura: tramitados, más de 120 mil amparos contra nueva Ley del ISSSTE
GABRIEL LEON ZARAGOZA , ENRIQUE MENDEZ
LA JORNADA
El Consejo de la Judicatura Federal informó que hasta las 23 horas de ayer el juez habilitado para revisar los recursos legales tramitados por los burócratas contra la nueva Ley del ISSSTE había admitido más de 120 mil, de los cuales ha concedido 4 mil suspensiones provisionales acumuladas en 40 expedientes. Puntualizó que el término para interponer esos recursos vencerá el próximo jueves, no ayer, como se había difundido.
En una semana el juez auxiliar José Manuel Villela ha concedido 4 mil suspensiones provisionales a igual número de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a quienes no se aplicarán las reformas recién aprobadas en tanto no se expidan en definitiva. Estos y sus familias, cabe señalar, mantienen sus derechos.
El Poder Judicial explicó que el plazo para gestionar los recursos legales quedará a criterio del juez auxiliar -de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo-, quien a más tardar el viernes dará a conocer su resolución.
Cifras del Consejo Nacional de Huelga, uno de los frentes político-sociales que está integrado por sindicatos y organizaciones sociales que se agruparon en contra de la Ley del ISSSTE, revelan que hasta ayer, en todo el país, ya se había rebasado el medio millón de solicitudes de amparo.
Sólo en la sede del Palacio de Justicia Federal, donde se encuentra el juzgado auxiliar, habían sido interpuestas más de 200 mil solicitudes, según cifras preliminares. Las secciones magisteriales nueve, 10, 11 y 34 habían tramitado 48 mil; en los estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Colima, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango y Morelos aproximadamente 156 mil, y los sindicatos de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear alrededor de unos 16 mil.
Otros 70 mil están en proceso y hay 2 mil suspensiones provisionales
Obtienen 500 mil burócratas amparo contra la Ley del ISSSTE
Solicitarán la ampliación de fecha para que ingresen más demandas. El Palacio de Justicia Federal, saturado ante la cantidad de solicitudes.
MILENIO
La Unión de Juristas de México, el Movimiento Obradorista de México y representantes legales informaron que hasta ayer lograron ampararse contra la nueva Ley del ISSSTE más de 500 mil personas, además de que ya iniciaron 70 mil el proceso de juicio y se otorgaron 2 mil suspensiones provisionales contra las reformas efectuadas al régimen de jubilaciones y pensiones.
El abogado Román Díaz explicó que solicitarán la ampliación de fecha para que ingresen más amparos en los próximos días, además de que el juzgado especial tiene de ocho a 15 días hábiles para efectuar la admisión de los amparos.
“Nosotros estaremos pendientes para que tramitemos los recursos de revisión o bien efectuemos las prevenciones, perfeccionamientos o las quejas que sean necesarias una vez que conozcamos la resoluciónâ€?, dijo.
Crece activismo legislativo contra la Ley del ISSSTE
* Impulsa el FAP rectificación de reformas.
* Expresan respaldo a las movilizaciones de protesta.
* Llevarán al Pleno las declaraciones de Yunes.
Salvador Rico
EL FINANCIERO
Simultáneo a la presentación de cientos de miles de amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el activismo adverso a esa legislación se intensificará en el ámbito parlamentario.
Legisladores contrarios a la nueva legislación se proponen impulsar una rectificación en las reformas recién aprobadas por las bancadas del PAN, PRI y PVEM.
En principio, los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) -compuesto por diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia- continuarán expresando en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su respaldo a las movilizaciones de protesta que realizan esencialmente contingentes magisteriales.
Asimismo, parlamentarios del FAP han ofrecido asesoría jurídica a parte de los inconformes que han interpuesto solicitudes de amparo contra la controvertida legislación.
En el caso del Senado de la República, los coordinadores del FAP -Carlos Navarrete Ruiz, del PRD; Alejandro González Yáñez, del PT, y Dante Delgado Rannauro, de Convergencia- definirán no sólo las acciones de solidaridad con los manifestantes, sino que intercambiarán puntos de vista sobre las iniciativas que presentarían en busca de dar marcha atrás a la polémica nueva Ley.
Hoy comienza nueva jornada de movilizaciones contra la Ley del ISSSTE, confirman
Burla, el aumento salarial de 4.8 por ciento a profesores, señala la CNTE
KARINA AVILES
LA JORNADA
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el incremento salarial de 4.8 por ciento a los docentes al calificarlo de “burla” y de acción que pretende distraer las acciones en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuales, advirtió, el gobierno no podrá frenar porque hoy se inicia otra jornada de movilizaciones con una marcha magisterial del Zócalo a Los Pinos.
Además, este jueves realizarán el “segundo paro cívico”, por lo que bloquearán carreteras, casetas y se paralizarán las clases en escuelas de educación básica.
El secretario de la sección 18 democrática del magisterio de Michoacán, Artemio Ortiz Hurtado, indicó que el aumento otorgado por el gobierno de Felipe Calderón a los docentes apenas representa ocho pesos al día, lo que no alcanza ni para un kilo de tortillas.
Por ello, insistió en que endurecerán sus acciones, no sólo con el fin de buscar mejores condiciones de vida para los trabajadores de la educación, sino para que se derogue la reforma a la Ley del ISSSTE.
Llaman a trabajadores a interponer más recursos
Alma E. Muñoz
LA JORNADA
Organizaciones que rechazan la nueva Ley del ISSSTE se dieron cita en el Hemiciclo a Juárez para invitar a los derechohabientes a que interpongan más recursos de amparo contra ésta. Román Díaz Vázquez, de la Plataforma Constitucionalista Mexicana e integrante del Movimiento Ciudadano Lopezobradorista, indicó que pese a las amenazas del director del instituto, Miguel Angel Yunes, de que quienes opten por ese vía perderán sus derechos laborales, se espera que un millón de personas tramiten amparos. Por lo pronto, afirmó, “nosotros hemos apoyado a 100 o 150 mil personas, y hemos decidido ampliar nuestra lucha recabando firmas, una vez que concluya el plazo (17 de mayo), para presentar las demandas ante el Tribunal Superior de Justicia”. Aseveró que su movilización permanecerá en el Hemiciclo a Juárez todos los días, de 12 a 19 horas, hasta que se consiga echar abajo la reforma, la cual, afirmó, daña a cientos de trabajadores y es anticonstitucional.
En Chihuahua, Baja California y Guerrero, miles de docentes tramitan amparos
Marchan cientos de maestros contra las reformas a la Ley del ISSSTE
Viajan decenas hacia la ciudad de México para sumarse a las movilizaciones de hoy
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Verónica González y La Jornada Guerrero)
LA JORNADA
Cientos de profesores realizaron ayer movilizaciones en Chihuahua, Baja California y Guerrero, en protesta por las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros tantos acudieron a juzgados para interponer amparos contra esa legislación.
Alrededor de 600 mentores se manifestaron durante una hora frente a la sede del gobierno de Chihuahua y luego marcharon hacia las oficinas de la delegación del ISSSTE, donde exigieron entrevistarse con el titular de la dependencia.
Representantes de los quejosos fueron recibidos por el delegado Pedro González Russek, quien aclaró que no se cancelarán servicios ni derechos de los profesores que hayan interpuesto amparos.
En Ciudad Juárez, alrededor de 3 mil profesores de la sección ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentaron recursos legales contra dicha norma, con lo que asciende a más de 5 mil el número que han sido interpuestos.
SNTE
La maestra, “una de las personas que más ha dañado al país”, señalan
Abucheos a Elba Esther Gordillo en fiesta encabezada por su yerno
“Gracias a ella ustedes viven mejor”, les responde el subsecretario de Educación Básica
KARINA AVILES
LA JORNADA
El yerno de la maestra, como es conocido Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica, afirmó sentirse unido “a su gran familia” en la fiesta para los mentores de la que fue anfitrión. Pero por mucho que les declaró su “admiración”, su “respeto” y demás, los maestros abrieron la pista de baile con pancartas por mejores salarios y contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, directamente, la profesora jubilada Alma Benítez Ochoa lo encaró: “Elba Esther es una de las personas que más ha dañado al país en los últimos tiempos”.
Las cosas no quedaron ahí. La maestra Benítez Ochoa se lo volvió encontrar; esta vez sin cámaras ni reporteros que escucharan. Entonces el funcionario le dijo:
-No debe decir eso porque gracias a ella (Elba Esther) ustedes viven mejor.
-No, señor, gracias a mi trabajo. Y yo no vivo como ustedes…Vea como vivo yo y vea la riqueza de Elba Esther.
-Esa es su opinión.
-Y la suya es así porque tiene que defender a su suegra -reviró la veterana profesora.
-Por supuesto -admitió el subsecretario.
Al principio todo iba viento en popa para el yerno. Noventa mesas para 900 comensales, conjunto musical con quebraditas y otras melodías y un ambiente como para boda o fiesta de 15 años, con desayuno consistente en un plato de frutas, huevo con tres quesos y enchiladas de mole.
A la misma hora, las nueve de la mañana, los subsecretarios de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, y Media Superior, Miguel Székely, así como el coordinador de Planeación, Jorge Santibáñez, y representantes de la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal, encabezaban otros almuerzos en honor a los maestros con más años de servicio. A los de 40 años se les dio la medalla Ignacio Manuel Altamirano y a los de 25 a 35 años, la Rafael Ramírez.
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Piden agregar acuerdo agropecuario al TLCAN
* Pacto garantizaría soberanía agroalimentaria.
* Sacar frijol y maíz del convenio, la propuesta.
* Prórroga en calendario de desgravación: CCC.
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO
La Central Campesina Cardenista (CCC) le propuso al gobierno federal la firma de un acuerdo complementario en materia agropecuaria y la creación de un Fondo Trilateral Compensatorio entre México, EU y Canadá, a fin de solventar daños y perjuicios causados a los productores mexicanos por el TLCAN.
El secretario general de la CCC, Max Agustín Correa Hernández, señaló que el objetivo es salvaguardar la soberanía agroalimentaria y nutricional de México, así como proteger a nuestro país por ser el más débil de los tres socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La renegociación y firma de un acuerdo complementario deberá incluir la exclusión de maíz y frijol del TLCAN, además de anunciar la decisión del gobierno mexicano de prorrogar el calendario de desgravación programada para 2008, hasta que sea signado el documento que se propone.
En la propuesta que entregó ayer la CCC para que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, además de hacer críticas a la política agropecuaria en los últimos tres sexenios, plantea opciones para mitigar la dolorosa realidad de empobrecimiento, agotamiento de recursos hidrológicos y forestales, emigración masiva, invasión de actividades delictivas como producción y tráfico de enervantes, además de la pérdida de identidad y cultura de los pueblos indígenas.
También exigió participación de los campesinos, con voz y voto, en todos los encuentros, foros, procesos de negociación internacional que México celebra con otros países, a los que sólo acuden “funcionarios y un puñado de grandes empresarios nacionales”, lo que contraviene el proyecto de desarrollo nacional democrático con justicia y equidad.
Correa Hernández demandó organizar de manera urgente un programa que garantice ingresos y empleos dignos a los pobladores de alta y muy alta marginación, pues el número de desplazados económicos a Estados Unidos, que era de 28 mil personas anuales, aumentó a 350 mil en el periodo 1995-2000 y a cerca de 600 mil cada año de 2000 a la fecha, como efecto negativo del TLCAN.
SME
El servicio se ha encarecido hasta 285%, mientras que para los empresarios sólo 30%
“Un robo”, el cobro de luz para los usuarios domésticos, denuncia el SME
PATRICIA MUÑOZ RIOS
LA JORNADA
La estructura tarifaria de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es un “robo” para los usuarios domésticos, ya que mientras para los grandes consumidores y empresas las cuotas se han incrementado en 30 por ciento en promedio, para la mayoría el servicio se ha encarecido hasta 285 por ciento.
El secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua, denunció ayer que desde hace cuatro años, como herencia del gobierno de Vicente Fox, el costo de la luz ha sufrido un “brutal” aumento, ya que se eliminaron subsidios para los consumidores de tarifa doméstica, al grado que se paga dos veces más caro el servicio que en Estados Unidos.
Denunció además que de los 13 mil millones de pesos de deuda acumulada que tiene la paraestatal, 6 mil millones son de cuentas por cobrar al gobierno federal, estados y municipios, sobre todo organismos operadores de agua, ya que incluso a LFC le debe el gobierno del Distrito Federal y algunas secretarías de Estado, “y Los Pinos si paga o no paga su cuenta, de todas formas es ‘incortable’”, porque no se le puede suspender el suministro.
Al presentar todo un estudio sobre el comportamiento de las tarifas de energía eléctrica en nuestro país, hizo ver que el esquema que impuso el gobierno federal desde 2002 al anunciar su “ajuste de subsidios” ha resultado una aberración y es tan injusto que los que menos consumen pagan mucho más.
STPS
Tiene permiso para operar como oficina: la delegación
En orden, el inmueble de Las Lomas usado por STPS
Vecinos se quejan de que la casa no tiene muchos cajones de estacionamiento. MILENIO
María Elena Mata Rosales, directora general de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo, dio a conocer que el inmueble arrendado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la calle Monte Everest, en Las Lomas de Chapultepec, opera legalmente, ya que cuenta con derechos adquiridos para operar como “comercio u oficinaâ€?.
Luego de que se diera a conocer que la dependencia federal invertirá 1.2 millones de pesos anuales en la renta de una casa habitación adaptada como oficina, la funcionaria delegacional detalló que los propietarios del inmueble, marcado con el número 615, pueden arrendar el inmueble para destinarlo a oficinas.
OPINION
Un 15 de mayo sin rumbo
Agustín Rodríguez Fuentes
EL UNIVERSAL
La imagen que tenemos de nuestros maestros(as) desde la escuela primaria hasta la facultad es la del personaje que nos indicaba el camino, con el único objetivo de forjar hombres y mujeres de bien y de valor para nuestra patria.
Para los que tuvimos el privilegio de estudiar, educarnos y ser testigos del titánico esfuerzo de los maestros a todos los niveles, no comprendemos a dónde fue a parar, dónde se perdió el camino, dónde se quedó sin rumbo la educación.
Hoy, cuando estábamos seguros que habíamos tocado fondo como país, entre los mexicanos cunde el desaliento, la frustración y la irritación. El gobierno, con gran insensibilidad, se obstina en mantener su política económica, que sólo hace estragos en la planta productiva, el empleo y el salario, tanto en el campo como en la ciudad.
En el horizonte ya se empieza a avizorar la acción desesperada de grupos sociales, asimismo, desafortunadamente, la preparación de los instrumentos represivos del Estado.
Los trabajadores no hemos sido ni somos responsables de la crisis en que se encuentra el país, pero sí somos los que la estamos pagando. Nosotros no estamos poniendo en juego la soberanía del país, pero sí tenemos la posibilidad de defenderla.
Estamos convencidos de que la educación es la única palanca válida que nos sacará del subdesarrollo y el conocimiento científico y técnico para alcanzar niveles superiores de bienestar. Para eso el gobierno tiene que considerar a la educación, desde el jardín de niños hasta la superior, como una inversión y no como gasto.
En los últimos años comprobamos que el Presupuesto federal que es enviado a la Cámara de Diputados es menor que el año anterior, alejándose la propuesta hecha por el Congreso de la Unión de alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para la educación.
El sistema educativo nacional debe mantenerse público, gratuito y laico, ser el eje rector del desarrollo económico y social del país, lo que significa en consecuencia que en la educación el gobierno federal debiera cambiar el esquema que incorpora la educación a la economía de mercado, y así fortalecer el papel social que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Llamamos a los trabajadores a rechazar las provocaciones que pretenden dividir desde dentro y fuera al sindicalismo en la lucha por la defensa de los derechos ya adquiridos, manteniendo la más firme unidad entre nuestras filas.
Para alcanzar los ideales de nuestros maestros, los actuales tenemos que luchar por la democracia, por la educación laica, pública, gratuita y de calidad.
Secretario General del STUNAM
Luis Hernández Navarro
Los amparos contra la nueva Ley del ISSSTE
LA JORNADA
Es un hecho histórico, inusitado. No hay un solo antecedente similar en los anales del derecho mexicano. Los amparos contra la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) son una cascada que no se detiene.
Existen aproximadamente 2 millones 430 mil derechohabientes en el Instituto. Cerca de 750 mil de ellos ganan menos de dos salarios mínimos al mes. La cifra definitiva de los amparos presentados se conocerá hasta el 14 de mayo. No obstante, se sabe que hay, al menos, 100 mil de ellos. Una cantidad, impresionante.
La columna vertebral de la protesta son los maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, la demanda se ha ido desparramando a otros sectores. Prestigiados académicos de El Colegio de México se han amparado. Lo han hecho también magistrados y numerosos empleados de confianza. También trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Los amparos provienen de servidores públicos de todo el país y prácticamente de todas las dependencias del gobierno federal.
Las demandas interpuestas impugnan casi todos los capítulos de la nueva ley. Cuestionan su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferente a la que existe ahora para efectos de jubilación, la confiscación de las pensiones en favor de intereses privados o la afectación de los servicios médicos.
Esta catarata de amparos se concentra en la expedición de la ley. Las demandas presentadas son cada vez más finas, más precisas en sus impugnaciones. Pero se trata de, apenas, la primera etapa. A partir de ahora se abrirá un nuevo plazo de 15 días para ampararse contra los efectos en la aplicación de la ley. Se espera una nueva avalancha.
Los amparos contra la nueva Ley de ISSSTE han sido presentados por todos los estratos de funcionarios públicos de la Federación y organismos descentralizados, prácticamente en toda la República y en contra de casi todos los capítulos que la integran. Quienes los interpusieron consideran que la reforma contradice el espíritu enunciado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el sistema de jubilación: “que no haya pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión”.
La iniciativa ha sido promovido por organismos sindicales, corrientes gremiales democráticas, bufetes de abogados y por integrantes del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. En distintos lugares del país se han instalado módulos de recepción de documentos y de asesoría legal. Un sinnúmero de blogs tienen formatos para ser rellenados por quienes han sido afectados.
Simultáneamente a los amparos, miles de maestros han suspendido labores, han organizado paros cívicos, han marchado y tomado oficinas públicas, incluida la del ISSSTE en la ciudad de México, para expresar su descontento con la nueva legislación. Ellos la han bautizado como ley Gordillo, por el papel que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -el SNTE- desempeñó en su elaboración y aprobación.
El Partido de la Revolución Democrática no consiguió el número de firmas de legisladores suficientes para interponer un juicio de controversia constitucional. Los amparos no derogarán la ley, pero podrían logar que los afectados por ella no tuvieran que sujetarse a algunos de sus artículos específicos.
Para enfrentar la avalancha de demandas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la creación de un juzgado de distrito auxiliar que se encargará de conocer los amparos contra las reformas. El juzgado, con residencia en la ciudad de México pero con competencia para toda le República, está a cargo de José Manuel Villela Ayala.
El CJF también determinó que serán los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito los que se encargarán de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones y resoluciones que dicte el juzgado. El hecho es grave toda vez que se trata de un asunto eminentemente laboral y debería ser tratado por tribunales laborales.
Estos tribunales, junto con el juez del distrito, son los responsables de limpiar de causas de improcedencia y sobreseimiento de las peticiones presentadas. Pueden, pues, determinar que los quejosos no tienen interés jurídico e impedir que el asunto pase a la Corte.
En el gobierno federal hay mucha preocupación con los amparos. Los fanfarrones y mañosos desplantes autoritarios de Miguel Angel Yunes, director del ISSSTE, así lo evidencian. Sin argumento legal alguno a su favor, el funcionario amenazó a quienes se habían amparado contra la ley y obtuvieran una suspensión de un juez federal con perder temporalmente sus derechos a las prestaciones y servicios que ofrece esa dependencia. Sin embargo, más tarde que temprano, fue desmentido por el mismo Poder Judicial. Al otorgar las primeras 2 mil suspensiones provisionales el juez Villela determinó que quienes las promueven mantienen su derecho a los servicios de salud y seguridad social.
El movimiento ha rebasado a los líderes de los sindicatos charros, a quienes no calienta ni el sol. Por todo el país, los empleados de Elba Esther Gordillo tratan de apagar infructuosamente el fuego de la inconformidad asegurando que los amparos “son un trámite riesgoso donde la gente puede perder” y atemorizando a sus agremiados.
Los amparos contra la ley Gordillo fueron la vía que muchísimos servidores públicos, que no fueron consultados para su aprobación, encontraron para canalizar su descontento. Su número ha hecho evidente el profundo rechazo que hay hacia la reforma entre quienes debían ser sus beneficiarios. Son un referendo de facto que hace evidente el repudio que existe abajo a los acuerdos legislativos pactados arriba. Más valdría suspender esta legislación y plantearse seriamente la elaboración de una nueva.
Consejería
Aumentos inflacionarios: mala idea
Por: Pedro Alonso
EXCELSIOR
Hace algunas Consejerías hablaba de las presiones inflacionarias que podían provenir del exterior a través de tasas de interés, precios de materias primas al alza o energía, al igual que cuando el Banco de México decidió elevar la tasa de fondeo de 7% a 7.25%. Escribí que Banxico estaría viendo cosas que los demás no. Y puede que sí.
En cualquier caso, el viernes pasado señalé que me parecía evidente que los bancos centrales estaban endureciendo sus posturas, lo que sugería la presencia real de una presión inflacionaria, pues quiero pensar que tales instituciones no modifican su postura tan sólo para ver qué pasa.
Ayer amanecimos con una negociación salarial entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que, sumando sus diversos componentes, llegó a un aumento de 7%, retroactivo al 1 de febrero pasado. Y me parece muy preocupante por varios aspectos, además que en alguna medida quizá explica la decisión de Banxico de “apretarâ€? la política monetaria un mes atrás. Supongo que situaciones como la que ahora vemos en materia salarial es a lo que el comunicado que acompañó a la decisión de la Junta de Gobierno refiere como “medida preventivaâ€?, que ante los hechos consumados, no necesariamente es suficiente.
Un aumento salarial de 7% (4.8% directo al salario, 1.5% en prestaciones y 0.7% en algo que llamaron “fortalecimiento del sueldoâ€?, (que francamente ignoro qué significa) a tan importante sector, supone el doble del rango “medio-altoâ€? de la meta inflacionaria de Banxico, que es entre 3% y 4%. El aumento directo al salario es casi un punto porcentual más alto que el límite superior de la meta (4%) y todo sumado es una señal inflacionaria pues, como sabemos, el salario, el precio de la mano de obra es un precio clave en la economía.
¿Qué esperar de las demandas salariales futuras? Si estuviera en zapatos sindicales, presionaría para obtener el mismo nivel. Y presionaría con todos los medios a mi alcance.
Esto implica presiones de tipo social, con lo que la ciudadanía en general sufriría las consecuencias de los sectores involucrados en negociaciones salariales. O sea, todos.
Entonces, ¿Por qué esperar que la inflación esté dentro de la meta de Banxico o se parezca a la estimación del sector privado —3.65%; encuesta Banxico de abril?
La pregunta anterior me lleva a especular sobre una mayor restricción monetaria. Más tasa de interés, a fin que los actores económicos moderen su expectativa inflacionaria.
Lamentablemente esto incide negativamente en la actividad económica, ya de sí no muy brillante, como comenté ayer aquí.
Desde luego está la veta política del asunto. ¿Por qué es a los maestros a quienes se les da un aumento de esta magnitud? La especulación obvia es que durante la campaña, el candidato Calderón tomó el riesgo de negociar apoyo con la líder del magisterio nacional, pensando que era un riesgo necesario para ganar y que el costo lo podría negociar una vez instalado en la presidencia. Como quiera que haya sido —lo mío es una especulación, insisto— el caso es que el aumento a los maestros es el doble de la expectativa inflacionaria.
Me preocupa también que en los primeros seis meses de la era Calderón se hayan tomado dos decisiones importantes y muy publicitadas que van contra la lógica de tener una economía de mercado y una convicción de combatir a la inflación. La primera fue topar el precio de la tortilla y la segunda la del salario del magisterio. Explíquese como se quiera, los costos pueden ser altos, o más alto de lo deseable en el mediano plazo.
Finalmente, no existe contraparte explícita en términos de satisfacción de las necesidades de la sociedad. Muchos dirán que los maestros ganan muy poco y que eso justifica el aumento comentado. Lo que pienso es que como la calidad de la educación pública en México es mala (hay un montón de datos al respecto), a cualquier precio es cara.
Gente detrás del dinero
Mauricio Flores
La venganza de Napito Bin Laden
MILENIO
Uno creería que la llamada “cláusula de exclusiónâ€? en los sindicatos era una práctica extinta, como los sacrificios humanos con cuchillo de obsidiana. Pues no. Hace apenas unos días, César Reyes Carbajal encabezó diversos plantones de 50 personas en las antiguas oficinas de Javier Lozano, titular del Trabajo, denunciando que su sindicato, el Minero, exige a las empresas aplicar el artículo 128 del Contrato Colectivo de Trabajo para expulsarlos por ser catalogados contrarios a Napoleón Gómez Urrutia.
De hecho Mittal, de Lakshmi Mittal, accedió a las pretensiones del repuesto líder y rescindió el contrato a 150 mineros de Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Esta suerte de terrorismo sindical se extiende a otras empresas como AHMSA, que lleva Alonso Ancira, Deacero de Raúl Gutiérrez, Grupo México de Germán Larrea y Peñoles de Alberto Bailleres, a las que el Sindicato Minero reclama correr a “los disidentesâ€? so pena de paros locos, huelga y otras linduras.
¿Qué más?
Luis de la Calle
La brecha de la economía informal
EL UNIVERSAL
No se trata de eliminar la informalidad, sino de que el sistema de incentivos de la economía moderna haga más conveniente participar de la formalidad
En víspera de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), cabe preguntarse qué medida utilizar para juzgar el progreso económico al final del sexenio de Felipe Calderón.
El PND seguramente fijará una meta en términos de crecimiento del producto interno bruto, con y sin reformas estructurales.
Muchas otras medidas podrían ser propuestas: algunos escogerían mejoras en la distribución del ingreso o reducciones absolutas en la pobreza; otros optarían por crecimiento del ingreso per cápita, reducción del índice de la miseria (desempleo más inflación), incremento en la tasa de ahorro interno, formación de capital fijo bruto o flujos de inversión extranjera, entre otros.
Sin embargo, una medida más interesante en términos de modernización y tránsito a una economía de alto valor agregado, es la reducción de la brecha entre las economías formal e informal.
En México, un porcentaje considerable de la creación de valor sucede en el ámbito de la informalidad. El crecimiento de la economía informal responde sobre todo al alto costo relativo de la participación en la formal. Con frecuencia se alega que el reto consiste en la incorporación de la economía informal a la formal y que esta incorporación permitiría un incremento significativo en la productividad para apuntalar el crecimiento sostenido, ya que la productividad nunca puede ser plena en la informalidad.
Aunque el objetivo sea quizá loable, el diagnóstico es incorrecto. Si la formalidad fuese superior a la informalidad en términos de productividad, debiera esperarse que con el tiempo se diera una transición a la primera para capturar las economías de escala, el cambio tecnológico y la infraestructura que permiten una mayor productividad.
La evidencia empírica, sin embargo, no apunta en esta dirección. A veces es incluso al revés: es en la informalidad donde se encuentra una mayor productividad, un mayor retorno a la inversión, una mayor competencia y una más fina comprensión de los deseos del consumidor.
En los mercados informales se acepta sin chistar que la cadena de valor comienza con el consumidor -y no con los insumos básicos- y que no se crea a través de las cadenas productivas. La informalidad tampoco exige del gobierno una política industrial que la proteja de la competencia. Es interesante remarcar que muchos empresarios de la formalidad se quejan de la competencia desleal de lo informal y lo ilegal: síntoma de la competitividad relativa existente.
En los mercados informales se ofrece lo que se vende y no busca venderse lo que se produce. Es notable la oportunidad con que se proponen productos informal e ilegalmente: la más reciente película un día antes del estreno, cacahuates cuando el automovilista tiene hambre, paraguas cuando va a empezar a llover, pan de nata a partir de las seis de la tarde, agua fresca cuando hace calor.
El éxito informal no depende sólo de la elusión de las obligaciones a que están sujetos los participantes de la economía formal, sino de su competitividad.
Por eso varias empresas establecidas utilizan canales antes exclusivos de la informalidad para ofrecer productos y servicios como tarjetas de celular, periódicos, bebidas y botanas.
Visto de esta manera, queda claro que no se trata de eliminar la informalidad sino de que el sistema de incentivos de la economía moderna haga más conveniente participar de la formalidad. Es decir, no se tendrá éxito hasta que los agentes económicos en la informalidad estén dispuestos a pagar por participar en una economía moderna que les brinde beneficios.
Entre las medidas más importantes que se requiere tomar para impulsar la convergencia entre la formalidad y la informalidad se incluyen las siguientes:
1. Respeto a los derechos de propiedad: la informalidad es, sobre todo, una falta de respeto a los derechos de los otros. El franelero que se apropia de la calle, el ambulante de la acera y el edificio de oficinas en el periférico entre Reforma y Palmas reflejan, en igual medida, un menosprecio a los derechos de los demás. El cumplimiento de los derechos de propiedad depende fundamentalmente de la acción municipal y de la administración del uso de suelo. Es indispensable re-estatizar calles y banquetas y que los cambios de uso de suelo y el otorgamiento de permisos de construcción se den a través de una discusión pública en los cabildos para que las partes interesadas puedan expresarse.
2. Un régimen fiscal en que participen todos. El sistema impositivo actual es insuficiente en términos de recaudación y conlleva además un importante déficit democrático: el hecho de que no paguen impuestos no sólo los participantes de la economía informal sino siete de los 14 millones de trabajadores de la formalidad se traduce en una menor exigencia a la acción gubernamental y, por tanto, en menores derechos ciudadanos. La representación ciudadana requiere de que todos contribuyan a la recaudación en función de su nivel de ingresos. La exención del impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas sólo agrava el déficit democrático.
3. Un régimen fiscal con tasas competitivas. El Congreso debería optar por una reforma que promueva el cumplimiento competitivo y fijar una tasa máxima de 15% de impuesto sobre la renta y una reducción a la tasa de 15% en IVA para permitir una tasa modesta a productos hoy con tasa cero.
4. Profundización de la apertura comercial. Las principales fuentes de contrabando y fuertes contribuyentes a la informalidad son el exceso de trámites aduaneros para la importación y el régimen de excepción para los productos provenientes de China. Un régimen simplificado de importación y una solución inteligente -hoy ausente- a las cuotas compensatorias contra China resultaría en una significativa reducción de la informalidad y del crimen asociado con el contrabando.
PRI
Critica el fallo de los ministros sobre la Cofeco
La Corte incita el retorno del presidencialismo: PRI
NOTIMEX
LA JORNADA
El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, consideró que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer la facultad del Ejecutivo de nombrar a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), se regresa al régimen presidencialista. En entrevista, conminó a la Corte a analizar nuevamente el dictamen que elimina la atribución del Senado para ratificar o impugnar el nombramiento de los consejeros de la comisión. El legislador del PRI insistió en que la Corte debe analizar a fondo dictámenes de ese tipo, porque de lo contrario “regresaríamos a que el presidente decida todo”.
En tanto, el líder de los priístas en la Cámara de Diputados respaldó la reforma a la Ley de Radio y Televisión que analiza la Corte Suprema, y consideró que el trabajo que llevó a cabo el Congreso fue pulcro y por consenso. Gamboa Patrón agregó que lo único que el Congreso hizo fue quitar discrecionalidad al presidente de la República para dar concesiones, y “ahora quieren regresar al pasado. No entiendo al país”, finalizó.
SEGURIDAD PUBLICA
Primera ejecución en el DF de un alto funcionario de la PGR
Matan a balazos a José Nemesio Lugo Félix, coordinador de investigaciones del Cenapi
Fue asesinado en su camioneta, a 200 metros de su centro de trabajo en la delegación Coyoacán
ALFREDO MENDEZ , MIRNA SERVIN
Peritos de la PGR examinan el vehículo donde yace el funcionario federal
Lupa
Peritos de la PGR examinan el vehículo donde yace el funcionario federal Foto: Víctor Camacho
En lo que representa la primera ejecución en el Distrito Federal de un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), a cinco meses de iniciado el sexenio calderonista, José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), fue asesinado ayer a balazos a 200 metros de su centro de trabajo.
La delegación metropolitana de la PGR atrajo el caso de inmediato, ya que se trata del homicidio de un servidor público federal en funciones, por lo que fueron los peritos y agentes del Ministerio Público federales quienes realizaron los exámenes en la escena del crimen, levantaron el cadáver y tomaron la declaración a por lo menos tres testigos de los hechos.
Lugo Félix rastreaba a una poderosa organización de trata de extranjeras
Entrevistado por La Jornada, el viernes pasado, dijo que pronto sería desintegrada
La banda es identificada como Divas
Abastece a centros clandestinos de tabledance
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
LA JORNADA
José Nemesio Lugo Félix, quien fue asesinado la mañana de ayer lunes, fungía como secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Sancionar el Tráfico y Trata de Personas, y encabezaba las investigaciones que el gobierno federal realiza contra 47 bandas dedicadas a ese tipo de ilícitos, además de pornografía infantil y prostitución, entre ellas una que tiene conexiones en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia y Europa del este.
En entrevista realizada apenas el pasado viernes 11 de mayo, en las instalaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), afirmó que en México esos grupos delictivos han sido capaces de establecer formas de esclavitud, trata de personas con actividades desde prostitución -de menores y adultos-, hasta la servidumbre laboral mediante el chantaje.
El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien fue abatido a tiros a escasos metros de su oficina, advirtió el pasado viernes que la autoridad se encontraba muy cerca de golpear fuertemente a la organización que provee de mujeres extranjeras a 60 por ciento de los centros clandestinos de tabledance y prostitución. Esta banda ha sido identificada oficialmente como Divas.
Lamentan Garza y Chertoff el asesinato de Lugo Félix
Lo califican de incansable luchador contra el crimen
LA JORNADA
La embajada de Estados Unidos en México lamentó el asesinato del coordinador general de información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), José Nemesio Lugo Félix, a quien identificó como un hombre de principios e incansable luchador contra el crimen.
En declaraciones del embajador Antonio O. Garza -difundidas por la representación estadunidense- se expresan las condolencias a la familia del funcionario y el ferviente deseo de que los responsables sean castigados.
Por la naturaleza de su cargo, Lugo Félix tenía mucho contacto con funcionarios de Estados Unidos, además de que era secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Trata de Personas del Centro Nacional de Ayuda a Víctimas del Secuestro (Cenavi), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
‘’Es con gran pena que me entero del brutal asesinato esta mañana del señor José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de información del Cenapi.
PAN
La esposa de Calderón está entre los 15 aspirantes electos por el CEN blanquiazul
Versiones de que Espino tomó la delantera en el consejo panista
ANGELICA ENCISO L.
LA JORNADA
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, rechazó que esté en disputa la elección del consejo nacional que el próximo año habrá de elegir al futuro líder de este partido, luego de dar a conocer el listado de los 15 candidatos a consejeros que fueron electos ayer por el comité ejecutivo nacional (CEN) y en los que habría superado sólo con un espinista al grupo del presidente Felipe Calderón. Entre los personajes ligados al Presidente, están su esposa Margarita Zavala.
Ayer por la noche se efectuó la reunión mensual del CEN, en la cual se realizó la votación para elegir 40 consejeros de entre 90 candidatos (definidos por el propio CEN), de los cuales 15 son candidatos directos y serán ratificados en la asamblea nacional del 2 de junio, mientras que los otros 25 son indirectos y deberán pasar todavía un proceso de selección, entre estos últimos está el secretario particular del jefe del Ejecutivo, César Nava. Al final, junto con los candidatos electos en asambleas estatales, quedarán 300 consejeroS.
Espino descarta rivalidad con el Presidente
Lilia Saúl
El Universal
Manuel Espino Barrientos, dirigente nacional del PAN, rechazó que sostenga una rivalidad con el presidente Felipe Calderón para la elección del Consejo Nacional del PAN.
Además, descartó que la integración del Consejo se esté llevando a cabo a través de grupos que buscan ganar posiciones en el mismo, para definir la elección del presidente nacional de este instituto político, en marzo de 2008.
“Yo puedo hablar totalmente por mí mismo, que no estoy en competencia para que el Consejo quede integrado de determinada forma; me parece que sería muy lamentable pretender que el Consejo Nacional quede integrado, pues, a modo de un proyecto particular, al gusto de algún dirigente o de algún liderazgo del partido. Eso sería ir en contra de lo que siempre ha sido el proceso de elección del Consejo Nacional”, dijo el dirigente panista.
En conferencia de prensa, el panista dio a conocer una lista de 40 consejeros nacionales que tienen derecho a elegir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN que él preside.
De éstos, la mayoría son cercanos a Espino -como Carlos Abascal, José Espina, Arturo García Portillo y Juan José Rodríguez-, excepto algunos que son cercanos a Calderón, como su esposa, Margarita Zavala, así como César Nava, secretario particular de la Presidencia.
SECTOR PRIVADO
Temen presión inflacionaria por el aumento a maestros
* Será base de futuras negociaciones contractuales: analistas.
* Para Scotiabank y Vector contamina la meta de Banxico.
* Académico de la UP confía en que se cumplan objetivos.
Isabel Mayoral Jiménez
EL FINANCIERO
El aumento directo de 4.8 por ciento al salario de los maestros podría ser tomado como base para otras negociaciones salariales de sindicatos, tanto del Estado como del sector privado, y convertirse en un elemento de alerta para las expectativas inflacionarias.
En un momento en que la inflación atraviesa por una coyuntura delicada, el incremento que otorgó la SEP al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que sumado a las prestaciones y el fortalecimiento al salario implican un alza de 7 por ciento total, no ayudaría al proceso de baja en los precios.
Por factores de estacionalidad y presiones en los precios agropecuarios, se espera que la inflación nuevamente se ubique por arriba de 4.0 por ciento a partir de mayo y cualquier efecto negativo podría alejar al banco central de su trayectoria de inflación prevista, lo que lo llevaría a restringir otra vez su política monetaria.
Mario Correa y Rodolfo Navarrete, subdirector de Análisis Económico de Scotiabank y director de Análisis de Vector, respectivamente, coinciden que el aumento al salario de los maestros, de 4.8 por ciento, es el más elevado que se haya registrado en este año.
Alarmante caída de México en competitividad: CEESP
* Inmovilismo político profundiza la crisis.
* Urgen incentivos para atraer mayor inversión.
* Los grandes cambios no son necesarios, dice.
Isabel Becerril
EL FINANCIERO
El inmovilismo político y la divergencia partidista lo único que están haciendo es poner en riesgo la prosperidad nacional, mientras que el país sigue por el camino de la pérdida de competitividad, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Cita como ejemplo que la falta de competitividad ha ocasionado que México haya dejado de ser líder en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y que ahora lo superen países como Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago.
Esto no es más que el resultado lógico del alarmante y sistemático desplome del posicionamiento de México en el mundo en esa materia.
“La indolencia nacional ante esta realidad no es sana, mucho menos tolerable.”
El CEESP, que preside Claudio X. González Laporte, recuerda que en el último reporte del International Institute for Management Development, presentado la semana pasada, México cayó dos posiciones con respecto a 2006.
Dice que en todos los sectores de la economía hay conciencia de que para revertir la baja competitividad no es necesario impulsar grandes transformaciones, sino simplemente avanzar con paso firme en los elementos detonadores del progreso económico: flexibilidad, competencia y eficiencia gubernamenta
YUCATAN
Segob: No habrá elección de Estado
* Calderón no intervendrá en Yucatán, asegura Ramírez Acuña.
* Son tiempos de normalidad democrática, señala.
* Suspenderá el gobierno los programas sociales.
Víctor Chávez
EL FINANCERO
Ante el recrudecimiento de la guerra entre el PRI y el PAN, la Secretaría de Gobernación aseguró que el presidente Felipe Calderón no ha intervenido ni intervendrá en el proceso electoral de Yucatán, por lo que no habrá “ni elección de Estado ni negociación del voto”.
En un mensaje dirigido a los medios de comunicación, el titular de la Segob, Francisco Ramírez Acuña, expuso que de esta manera el titular del Ejecutivo federal “dará muestra de su alta responsabilidad política y social, que ayudará a que el pueblo de Yucatán, en libertad y armonía, lleve a cabo esta cita con la democracia”, el día 20.
En una inusual aparición ante la prensa nacional, en el inmueble de Bucareli, el funcionario anunció también que para evitar más críticas y señalamientos de una elección sin equidad, el gobierno de la República suspenderá los programas sociales.
“El gobierno de la República, con responsabilidad democrática, ha suspendido momentáneamente las aplicaciones de programas sociales, como el de Atención a los Adultos Mayores, así como la entrega de apoyos a diversos programas del campo, como se acordó con el Partido Revolucionario Institucional, y se reanudarán después de la jornada electoral del día 20 para evitar cualquier mala interpretación.”
En medio de una creciente ola de denuncias y descalificaciones de la dirigencia nacional del PRI en contra del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada y los delegados federales en la entidad -por su apoyo otorgado al candidato del PAN con recursos públicos-, Ramírez Acuña expresó:
Advierte PRI que no vendió su voto de la reforma fiscal
* Ganaremos el domingo, pese a la elección de Estado: Gamboa.
* “El partido siempre tiene que mirar hacia adelante”.
* Larios: contarán sufragios y no los acuerdos cupulares.
Martín Ortiz
EL FINANCIERO
El PRI “no vendió” su aprobación de la propuesta de reforma hacendaria del presidente Felipe Calderón a cambio de la gubernatura de Yucatán. Aun cuando se enfrenta a una elección de Estado comandada por los gobiernos federal y estatal, ganará los comicios locales del 20 de mayo.
Así lo dijo el coordinador priista en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, tras manifestase “convencido de que el partido tiene que mirar para adelante. Y en Yucatán vamos a dar una contienda muy cerrada, y será una contienda en la que, estoy seguro, el PRI puede volver a ganarla”, agregó.
En cuanto a las declaraciones del Roberto Madrazo, de que hay gobernadores que han actuado contra el PRI, dijo que desconoce los motivos de esas afirmaciones, y señaló: “No sé por qué lo hizo y con base en qué; hay que preguntarle a él por qué las hizo”.
Por separado, el coordinador panista en la Cámara baja, Héctor Larios, refirió que será el número de votos en los comicios del 20 de mayo y no un acuerdo nacional cupular lo que definirá al próximo gobernador de Yucatán.
Yucatán, “moneda de cambio” para las iniciativas: PRD
(Salvador Rico)
EL FINANCIERO
Para el gobierno de Felipe Calderón, el PAN y el PRI, las elecciones de Yucatán del 20 de mayo serán una “moneda de cambio”, aseguró el vicecoordinador de los senadores del PRD, Ricardo Monreal Ã?vila.
Dijo no tener ninguna duda de que la administración calderonista y el PAN cederán Yucatán al PRI, a cambio de recibir el apoyo tricolor para las reformas fiscal y laboral.
Se tratará, definió, de un “cambalache” o una “moderna concertacesión”.
Además, dijo, Calderón y Acción Nacional agradecerán de esa manera el respaldo que hasta ahora les ha ofrecido el PRI para sacar adelante reformas impopulares, como las que dieron origen a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Comentó que, por otra parte, ya es bastante conocida la costumbre entre priistas y panistas de hacer “pactos de alto nivel”, como los que denuncia el exlíder y excandidato presidencial tricolor Roberto Madrazo Pintado en su libro La traición.
Ni Calderón ni el PAN vacilarán, reafirmó el también exgobernador de Zacatecas, en entregar al PRI la entidad actualmente gobernada por el blanquiazul.
OPINION
La historia en breve
Ciro Gòmez Leyva
Mujeres violadas por soldados del Ejército en Michoacán
MILENIO
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y la segunda visitadora, Susana Pedroza, darán a conocer hoy un reporte sobre los excesos del Ejército y las policías federales en la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo harán con esta premura porque han registrado casos de especial gravedad: mujeres violadas por soldados en Michoacán.
El reporte de la CNDH, hasta donde se sabe, se centrará en los acontecimientos de los últimos días en Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, y podría marcar el paso de las acusaciones en abstracto a las pruebas firmes, individualizadas.
La CNDH deberá ser precisa para, así, poder servirles en bandeja al presidente Calderón y al secretario de la Defensa Nacional una inmejorable oportunidad para corregir lo que se tenga que corregir y extirpar el cáncer del abuso de poder. Porque la guerra contra el hampa se tiene que librar y ganar, pero un solo muerto inocente, una sola vejación, una violación, valen más que la cabeza de todos los capos juntos. La razón de Estado no puede amparar la brutalidad.
Ya hay 28 quejas de ciudadanos ante la CNDH: por allanamientos, cateos ilegales, confusiones, detenciones arbitrarias, malos tratos; y ahora por violación. El Ejército y las policías federales tienen que pelear con disciplina y escrúpulo.
El momento, repito, es inmejorable para cortar de cuajo los excesos. Lo contrario sería institucionalizar el botín de guerra y darle vía libre a esquemas siniestros, como los de “tierras arrasadasâ€?, “desapariciones forzadasâ€?, “cárceles secretasâ€?, “exterminiosâ€?.
Pobre de México si esto último llegara a ocurrir. Lo pagaríamos por generaciones.
Día con día
Héctor Aguilar Camín
Un buen perdedor
MILENIO
La democracia es, entre otras cosas, un juego de buenos perdedores. Su esencia, dice el ex presidente español Felipe González, es la aceptabilidad de la derrota. La derrota es aceptable porque la contienda se da en condiciones de equidad razonables, no arbitrarias. Pero requiere el don democrático por excelencia que es poder aceptar la victoria de los otros.
Roberto Madrazo fue un mal candidato del PRI en las elecciones presidenciales del 2006, pero resultó un buen perdedor. Su aceptación de la derrota evitó un mal mayor a la democracia mexicana.
Empieza a circular el libro donde Madrazo cuenta su experiencia del 2006. Se llama La traición, porque su idea central es que su derrota se debió a la traición de los gobernadores del PRI.
En una entrevista sobre el libro, Madrazo ha dicho que el presidente Calderón no ha valorado su decisión de aceptar los resultados (Reforma 14/5/07). No sé Calderón, pero es claro que la opinión pública no ha reconocido en lo que vale la decisión de Madrazo.
Madrazo fue el buen perdedor que ayudó a sobrevivir a la democracia mexicana en el 2006. Digo esto como un elogio a Madrazo, no con el retintín de sugerir que fue un ingenuo. No quiero imaginar lo que hubiera sido la postelección del 2006 con Madrazo y López Obrador gritando juntos fraude.
“¡Era una tentación!â€?, dice Madrazo en su libro-entrevista: “Se abría la posibilidad de anular la elección y pelear de nuevo, bajo nuevas condiciones… Pero se hubiera incendiado el paísâ€?.
No sé si tanto, pero algo parecido. La elección habría tenido que anularse en medio de una protesta incontenible, el escándalo internacional habría cubierto a México, la desaceleración económica habría sido inevitable, así como el ascenso de un gobierno interino para rehacer sobre las rodillas las instituciones electorales negadas de raíz.
La incertidumbre hubiera sido el signo de los tiempos, y con ella el río revuelto, las calles tomadas, las instituciones suspendidas, la verdadera ingobernabilidad. La joven democracia mexicana habría muerto ahí su primera vida para reiniciar su camino hacia la segunda, pues la democracia, una vez probada, tiene más vidas que un gato.
Creo que si Roberto Madrazo hubiera tenido una votación cercana a la de López Obrador habría impugnado la elección. Creo que fue su derrota aplastante la que lo persuadió de no atentar contra todo el proceso. Sus razones quizá no fueron buenas, pero el resultado de sus actos sí, y hay que reconocerlo por eso.
A puerta cerrada
Marcela Gómez Zalce
Hablando de gobernadores y traiciones
Madrazo y su granito de arena…
• Entre tiraderos te veas
MILENIO
La valentía, mi estimado, nunca pasa de moda. Mientras el país se sigue pintando de rojo por el incremento en el número de ejecutados, que ya rebasa la cifra de mil en este breve sexenio donde permanece ausente una estrategia integral contra el crimen organizado, de las profundas aguas donde se da la real politik, emerge la figura del simpático tabasqueño Roberto Madrazo, para salir a explicar su (in)explicable derrota en los comicios del pasado 2 de julio.
El ex candidato presidencial, my friend, le regala al sorprendido respetable su visión de las traiciones tricolores que lo arrojaron al precipicio electoral y, como siempre hay que encontrar no quién la hizo sino quién la pague, Ernesto Zedillo Ponce de León es el blanco del ocurrente priista. Lástima que Roberto se tardó en salir a contarnos algunas de sus divertidas memorias de las cañerías electorales donde, hasta lo ahora publicado, pasa por alto (¿un lapsus estupiduz?) algunos de los entretenidos asuntos que contaminaron la controvertida elección presidencial… y donde también, claro, aportó junto a la crápula ahumada y demás original fauna política-empresarial, su granito de arena para darle flit a su paisano Andrés Manuel López Obrador.
No deja de ser de carcajadas histéricas que sea precisamente Madrazo Pintado quien hable de la palabra traición… término que podría ser su Santa Biblia, pues. Porque para tener ese descaro hablando de gobernadores y traiciones, querido lector, el buen juez por su casa empieza. Para qué hablar de aquellos tiempos cuando fue mandatario estatal y su interminable pleito con un presidente como Zedillo –que debería ser llamado a cuentas por colosales travesuras, amén del arreglón en Pemex donde danzaron millones de dólares— que previo a la elección de 2000 ya daba señales clarísimas de estar pavimentando el camino para la llegada del PAN con Vicente Fox a Los Pinos. Nada nuevo en ese atractivo horizonte en el cual ya operaba el travieso de Liébano Sáenz & links.
Del engaño y la simulación de algunos gobernadores priistas que compraron boleto en la rifa de la pareja Elba Esther-Felipe se han escrito ríos de tinta de lo que fueron las alianzas y el cochinero electoral, así que las excusas, pretextos, justificaciones y alegatos tricolores no salvarán sus almas de haber, eso sí, traicionado a su partido… del que era dueño el tabasqueño y al que muy pocos enfrentaron. El timing del cañonazo con un Madrazo Pintado llega justo en accidentados tiempos no sólo electorales, pero…
No mi estimado, Roberto debería publicar sus memorias (en diversos capítulos) sobre las travesuras que, junto a un seductor equipo que hoy opera 24/7, llevó a cabo desde que “fascinóâ€? a Elba Esther Gordillo para que juntos reconquistaran el poder. Las derivaciones de este peligroso rompimiento dentro del PRI —que desde el 2000 ya daba alarmantes señales– llevaron al país justo donde está: cayendo lentamente por el abismal despeñadero pese a los discursos oficiales.
Roberto, por su inaudita ambición y las ganas de romperle la madre a Elba, (Baja California pavimenta el camino tabasqueño para la venganza) desencadenó una cascada de delicados acontecimientos… que aún no tocan fondo: una aventurada ruptura dentro del PRI. Una peligrosa ruptura dentro de los grupos de poder. Una comprometida ruptura al interior de la delincuencia organizada… que rápidamente se reorganizó en el sexenio de Vicente Fox.
Para qué se hace tantas bolas Felipe Calderón y su ilustrísimo equipo de colaboradores dando palos de ciego en su mal llamada guerra contra el narcotráfico. Si el objetivo directo es controlar o erradicar la ola de violencia diaria con sus ajustes de cuentas, my friend, los mecanismos de control tienen nombres y apellidos. Lo que hace falta es ¿cómo era que decía?… Mano firme. Ajá.
Una vez más, deben limpiar la casa… de arriba hacia abajo. Para eso no se necesita de espectaculares operativos de nuestras fuerzas armadas en las calles limpiando el tiradero civil y dejando el propio. Y como ya anunciaron hasta el cansancio que no habrá marcha atrás, al mal paso, my friend, darle prisa before it´s… late.
Federico Reyes Heroles
En guerra
REFORMA
Los muertos se cuentan por cientos. Policías municipales, estatales, federales, miembros del Ejército mexicano, de la Marina, escoltas y por supuesto civiles. Ejecuciones sumarias, decapitados y amenazas a las instituciones son asuntos cotidianos. Es una guerra, afirmó Calderón desde el inicio. No hay sorpresa. Algunos no aceptan el término, otros solicitan como consecuencia un parte de guerra. Es posible ganar, se preguntan. Definiciones aparte, lo evidente avasalla. Se trata de una rebelión generalizada contra las instituciones de seguridad. Quizá nunca se gane en definitiva pero la posibilidad de perder es evidente. México iba perdiendo.
La guerra no está en nuestra cultura. La gran mayoría de los mexicanos del siglo XXI -50 por ciento por debajo de los 25 años- no vivieron ni la Revolución ni la Primera Guerra Mundial. Muy pocos, sólo los mayores de 70 años, quizá un 7 por ciento, pueden tener algún recuerdo de la Segunda Guerra. La gran mayoría ha crecido en el discurso de un México pacifista, que rehúye a esa atrocidad. Pero resulta que hay guerras que uno no busca, que nos toca vivir a pesar de la voluntad, son obligadas. Están en juego valores superiores a la paz como convicción. La libertad, el imperio de la ley, la justicia, el Estado mismo. Ése es el caso. Si perdemos al Estado perdemos al garante de nuestras libertades, así de sencillo y dramático.
Hay guerras que no pueden ser postergadas indefinidamente. Por venerar a la paz Chamberlain cedió mil veces y dejó que el monstruo de Hitler se fortaleciera, que las atrocidades avanzaran. Igual terminó Londres bombardeado por los B1 y B2. Por rehuir la guerra en Europa, los Estados Unidos sólo entraron después de Pearl Harbor en un escenario de devastación. Atrás había ya millones de muertos. Faltaría otro tanto para lograr la destrucción del Tercer Reich. ¿Exagero en las comparaciones? Por supuesto. Se trata de asuntos de diferente dimensión. Sin embargo en la forma de asumir el reto no hay diferencia. Dejar pasar es dejar crecer.
Calderón llega a los 200 días en el mando. Reclamó a codazos su puesto, su derecho y su obligación. De inmediato cerró filas con las Fuerzas Armadas y en días comenzó la refriega. El objetivo es uno y muy claro: la recuperación del control del territorio nacional; el restablecimiento del monopolio en el uso de la fuerza por parte del Estado. El Estado mexicano es el andamiaje que permite la conducción del buque en que navegamos más de 106 millones de seres humanos. La tripulación no puede vivir amenazada y fingir demencia. Falso que dé lo mismo hacer o no hacer. Falso que el asunto sólo incumbe a algunos. Cada día que pasó sin declarar la guerra, sin encarar el abierto desafío, el Estado mexicano se debilitó. Esa debilidad cancela a México un mejor futuro.
La primera misión del Estado, su razón de ser, es la seguridad. Un Estado arrinconado no da garantías a sus ciudadanos, tampoco a los inversionistas. Un Estado sangrante no proyecta futuro. Al ser la seguridad un asunto de Estado es también una cuestión de justicia. Que millones de mexicanos salgan de la miseria depende, en buena medida, de que el Estado mexicano recupere su fortaleza y dé garantías mínimas de seguridad. Regresar a la tranquilidad ficticia es una tentación que merodea. Decir aquí no pasa nada sería una forma de evasión, de populismo, de cobardía.
Los mexicanos han reaccionado a la altura. Según un estudio reciente de El Universal (Ipsos-Bimsa) un 73 por ciento percibe que la violencia vinculada al narcotráfico ha aumentado. De allí un 60 por ciento afirma que esa violencia se debe a que los narcotraficantes están defendiendo su territorio frente al Ejército o a pleitos entre ellos. Un 36 por ciento cree que los narcotraficantes están ganando la guerra a las autoridades. En 90 días la aprobación de Calderón creció 10 puntos porcentuales, llegó a 68 por ciento, es alta. Curiosamente el crecimiento más significativo se dio entre perredistas (22 por ciento) y priistas (16 por ciento). Las resistencias no están en la opinión pública. Un tercio tiene dudas sobre la victoria y razones no le faltan.
Quiere entonces decir que una gran porción de los mexicanos reclamaban y hoy aprueban el uso de la fuerza pública para el restablecimiento del orden mínimo. Sólo en cinco entidades no se ha tenido que recurrir a los operativos o acciones de apoyo. La descomposición era (¿es?) generalizada, afectaba la vida cotidiana de muchos y el futuro de decenas de millones. Vivimos días de tormenta. Por fortuna no estamos acostumbrados ni debemos acostumbrarnos a que la sangre corra a diario. México es hoy un país con una guerra declarada, como las tienen otros: Estados Unidos o España contra terrorismo de distinto semblante. El respeto a los derechos humanos deberá ser estrechamente vigilado. No sabemos cuánto durará. Pedir resultados inmediatos es demagogia, también lo es pretender que el estado previo era mejor.
Lo que no debe suceder es que esta guerra inevitable se use para fines partidarios. Es un asunto de Estado. Está en entredicho ese Estado que todos dicen defender. Los partidos políticos, que son parte del Estado, todos, deberían de respaldar expresamente al titular del Ejecutivo. Están en el mismo barco. En esto no puede haber fisuras. En seis años habrá otro Presidente que podría o no pertenecer a los partidos que hoy están en la oposición. El acoso del narcotráfico seguirá, eso no va a cesar. Calderón no habrá ganado la guerra pero sí podría entregar una vida institucional recuperada. Eso, en sí mismo, sería un gran mérito histórico, en sí mismo, procuraría más prosperidad.
Archivos del poder
Madrazo
Por: Martín Moreno
EXCELSIOR
Puede tener cierta razón Roberto Madrazo cuando acusa de traición a gobernadores del PRI por haber apoyado a Felipe Calderón al día siguiente de la pasada elección presidencial, con tal de cuidar sus intereses políticos. Sin embargo, el tabasqueño olvida algo fundamental: su derrota en las urnas era un hecho irrebatible e indudable la misma noche del 2 de julio. ¿Para qué, entonces, traicionar algo que era una causa perdida? ¿Para qué traicionar a Madrazo si ya había, inclusive, reconocido su derrota?
Madrazo asegura —en su libro La traición, que consta de cuatro capítulos y tiene el sello de editorial Planeta— que los gobernadores de Nuevo León y del Estado de México negociaron con el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, difundir un desplegado a favor del candidato presidencial panista. “Les urgía levantarle la mano a Felipe. Pero el tema era complejo, muy delicado, porque el proceso electoral no había concluido”, alega el ex gobernador de Tabasco.
En esto también hay cierta dosis de razón, ya que, efectivamente, el proceso no había concluido ni mucho menos. Aún más: al paso de las semanas se convertiría en la elección más cuestionada de la historia contemporánea, junto con la de 1988. La pasada se convirtió en la jornada electoral más ensuciada y manipulada, debido, principalmente, a la abierta intervención tanto de Vicente Fox como de Elba Esther Gordillo en pro de Calderón. El apresuramiento de algunos priistas fue tan evidente como fuera de lugar. Pero lo hicieron.
¿Que traicionaron a Madrazo algunos priistas poderosos? Cierto. Uno de ellos, Natividad González Parás, decía en privado: “Roberto nunca contará conmigo”. Fue el gobernador nuevoleonés quien impulsó realmente al llamado Tucom (Todos unidos contra Madrazo), con el fin de desplazarlo de la candidatura presidencial.
¿Por qué te metes en esto, Nati?, le preguntaron a González Parás. “Es que quiero democratizar al partido”, respondía cuando, en el fondo, su obediencia era para Gordillo, con quien integró un eje antimadracista. Natividad fue uno de los traidores de Madrazo.
¿Que Madrazo cometió errores en su obsesión por ser Presidente de México? También es cierto. Primero: no dejar a tiempo la presidencia nacional del PRI. Debió haberlo hecho el 4 de marzo de 2005, para abrir el juego interno, a sabiendas de que él era el priista con mayores posibilidades de ganar la candidatura. Pero se aferró al cargo porque abandonarlo le abría el camino a Elba Esther para brincar, de la secretaría general, a la presidencia partidista. Era un riesgo que Madrazo no podía correr porque ello implicaba la posibilidad de no obtener la candidatura y entonces se retrató como un político que se negaba a abrir el juego democrático junto con otros aspirantes.
Por eso llegaron las reclamaciones públicas. Ese mismo 4 de marzo, en un discurso, el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, le reclamó a Madrazo: “No se vale que la presidencia del partido se cuelgue todas las medallas de los triunfos del PRI. Somos los gobernadores quienes estamos impulsando esas victorias”.
En lo interno, Madrazo representaba una antidemocracia contraria a lo que el lema partidista presentaba a la sociedad. “El nuevo PRI”. Ni nuevo, y sí con los espacios cerrados para otras candidaturas. Entonces se decidió formar e impulsar al Tucom, como contrapeso para Madrazo, sin éxito finalmente.
Segundo error: era la gran y única oportunidad del madracismo para eliminar políticamente a Gordillo, quien tenía severos problemas de salud y se encontraba internada en San Diego. Madrazo la tuvo en la mira y no jaló del gatillo. “¿Por qué no acabas a Elba Esther de una vez”, le sugerían a Madrazo. “No… todo se va a arreglar… no pasa nada”, respondía, titubeante. Y esos titubeos le costaron muy caro.
Madrazo permaneció tiempo de más en la presidencia del PRI y eso lo presentó como un priista que se servía del partido para fines personales. El tabasqueño se rodeó de incondicionales y, ya como candidato presidencial, convirtió a la presidencia del partido en una secretaría privada que manejaba a su antojo y con Mariano Palacios Alcocer al servicio del patrón y no del priismo. Y eso se los cobraron en las urnas.
Ya en campaña, Madrazo siempre apareció en la mayoría de las encuestas como el candidato con la imagen más negativa entre el electorado, aunque también era el priista que el partido veía como el que mayores posibilidades tenía de llegar a Los Pinos.
Finalmente, Madrazo perdió. Hoy dice que lo traicionaron. No obstante, esa traición en muy poco contribuyó para su derrota electoral ya que en ningún momento estuvo por encima ni de Calderón ni de López Obrador. Perdió y punto.
Y si Madrazo acusa a Ernesto Zedillo de haber entregado la Presidencia al PAN, la respuesta es muy sencilla: el ciclo histórico del PRI, en Los Pinos, había llegado a su fin.
Archivo Confidencial… De esta manera apareceremos también todos los martes y jueves en las páginas de Excélsior, además de los domingos.
LEY DE RADIO Y TV
Arranca el cabildeo en la Corte por la controversia de la llamada ley Televisa
Dueños de medios se reúnen con ministros; piden que la norma quede como está
ALFREDO MENDEZ , VICTOR BALLINAS
LA JORNADA
Este lunes comenzó la etapa de cabildeos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de entrada concesionarios de medios de comunicación y expertos en telecomunicaciones intentaron convencer a los ministros sobre la supuesta constitucionalidad de la llamada ley Televisa.
Los encuentros con los ministros entre las partes involucradas en esta controversia se darán en el transcurso de esta semana, para que el próximo 21 de mayo inicien las sesiones públicas sobre el tema en el salón de plenos del máximo tribunal.
En tanto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que preside el ex senador Javier Corral Jurado, informó que hoy a las 11 de la mañana el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, recibirá en audiencia a los promotores de la acción de inconstitucionalidad de la denominada ley Televisa.
La Amedi destacó que no obstante que la ponencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano “da la razón a los ex senadores que impugnaron esa ley, aún hay importantes omisiones, y la reunión es para que los ministros sepan quiénes estamos en favor de los intereses de la nación”.
Abre la Corte el debate
“De punta”, la reforma de televisión y radio: CIRT
Los ministros recibieron a expertos que están a favor de la ley Televisa.
MILENIO
Miembros de distintos sectores empresariales que se encuentran a favor de las reformas hechas a las leyes de Telecomunicación y de Radio y Televisión ofrecieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia una presentación técnica de las bondades que representan dichas modificaciones hechas por el Senado de la República.
Durante más de dos horas, los ministros escucharon argumentos en favor de la vigencia de esas dos leyes, en un formato previamente establecido con intervenciones de aproximadamente 10 minutos por representación.
La explicación técnica de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión presentada este lunes estuvo a cargo de Enrique Peredo y José Leonardo Ramos Mateos, presidente y consejero de dicho organismo.
Lo anterior forma parte de una serie de audiencias que abrió el alto tribunal a representantes de diversos organismos interesados en plantear sus puntos de vista en torno a la acción de inconstitucionalidad 26/2006, a través de la cual senadores de la pasada Legislatura impugnan artículos de las citadas leyes.
Buscarán que se destine a campañas de los partidos
PRI y PRD están en favor de que el Estado recupere tiempo en radio y tv
VICTOR BALLINAS
LA JORNADA
En el Senado, PRI y PRD manifestaron su apoyo el proyecto panista de legislar para que el Estado recupere el 12.5 por ciento de tiempos oficiales que pagaban la radio y la televisión al gobierno antes de que el presidente Vicente Fox, a través del “decretazo” del 7 de octubre de 2002, cambiara las reglas y les regresara ese tiempo a los concesionarios a cambio de sólo 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio para las campañas de gobierno.
El senador priísta Francisco Arroyo, cuestionado sobre la propuesta del PAN para revertir el “decretazo” de Fox, respondió: “no habrá reforma electoral completa si no se reforma a los medios, y eso está previsto en la reforma del Estado; es clarísimo, y creo que los propios medios de comunicación, fundamentalmente aquellos que utilizan el espectro radioeléctrico, están conscientes y de acuerdo en que habrá un consenso para que las cámaras legislemos una reforma estrictamente necesaria para matizar aquellos puntos que la controvertida ley ha causado”.
Indicó que el Senado, como institución, está interesada en lo que decida la Corte sobre la controversia contra la denominada ley Televisa. “Vamos a estar atentos, pero deseamos que decida con ponderación, y me encantaría que permearan los consensos necesarios para reformar la ley en aquellos puntos donde la sociedad y la Corte puedan sentir que hay agravio”, comentó.
Un juez ordena colocar en el cargo a Gonzalo Martínez y a Rafael del Villar
Amparan a candidatos de Fox a la Cofetel
En el aire, el destino de los comisionados Eduardo Vega y Gerardo González Abarca. MILENIO
Un juez federal en materia administrativa concedió un amparo a Gonzalo Martínez Pous y a Rafael del Villar Aldrich, quienes fueron propuestos en 2006 por el ex presidente Vicente Fox para formar parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y que no obtuvieron el cargo debido a que el Senado de la República objetó su nombramiento.
Con la resolución otorgada por el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa se obliga al Congreso a colocar en los cargos que habían sido nombrados a Martínez Pous y a Villar Aldrich, pese a que en dichos puestos se encuentran Eduardo Vega y Gerardo González, actuales comisionados de la Cofetel, que pudieran quedar fuera del cargo.
Apelarán el fallo en caso Cofetel
Verónica Gascón
REFORMA
Los comisionados de la Cofetel, Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega, apelarán el fallo de un juez federal que concedió amparos a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ocupar cargos en esa dependencia.
Según los funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el caso se irá a una segunda instancia, debido a que solicitarán un recurso de revisión del fallo.
“Vamos a tener una reunión con los abogados para ver cómo se interpreta el fallo. Tenemos que seguir el proceso, obviamente no nos vamos a quedar así, pediríamos un recurso de revisión.
“Prácticamente (el Juez) está diciendo que si hay un proceso no se puede pronunciar”, dijo el comisionado de la Cofetel, Gerardo González, en referencia al recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Radio y Televisión, que se encuentra en la Suprema Corte.
Rafael del Villar Aldrich se desempeña como subsecretario de Comunicaciones y Gonzalo Martínez Pous es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT.
Ambos funcionarios litigaron durante casi un año para impugnar una objeción que el Senado presentó en contra de sus nombramientos como comisionados de la Cofetel.
GCARSO
En telecomunicaciones
Carlos Slim busca invertir 400 mdd en Argentina
Telmex participa en el mercado de telefonía fija y acceso a internet.
MILENIO
El empresario Carlos Slim anunció que planea invertir 400 millones de dólares para desarrollar sus operaciones en el área de telecomunicaciones en Argentina.
Slim, considerado el segundo hombre más rico del mundo, fue recibido en Buenos Aires por el ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido.
La inversión se hará en servicios de internet por banda ancha y modernización de las redes de telefonía móvil, indicaron fuentes de ese ministerio.
Los portavoces no precisaron los plazos de la inversión anunciada por Slim y sólo añadieron que el empresario mexicano, principal accionista de Teléfonos de México, elogió la evolución de la economía argentina.
Telmex presta en el país servicios de telefonía fija y acceso a internet y, a través de su controlada CTI, da servicios de telefonía móvil a unos 10 millones de usuarios.
CONVERGENCIA
Critica Telmex reglas de interconexión de Cofetel
Desalientan la inversión, asegura la firma
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Telmex aseguró que las reglas de interconexión propuestas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) desincentivan las inversiones en infraestructura, no favorecen la competencia equitativa y tampoco fomentan el incremento de la cobertura y la densidad de los servicios de telecomunicaciones en el país.
En un documento enviado a la Cofetel dentro del proceso de consulta pública que realizó el órgano regulador del anteproyecto del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, Telmex afirmó que esta propuesta no es el “instrumento jurídico idóneo para establecer nuevas obligaciones a cargo de los concesionarios”.
Estas disposiciones emitidas por Cofetel tienen el objetivo de instrumentar reglas de interconexión por servicios, de cara a la convergencia tecnológica, señaló.
Destacó no estar de acuerdo en que con estas reglas se le obligue a la desagregación de la red y de la infraestructura (con el fin de que sus competidores puedan tener acceso a los elementos esenciales de ésta) en las condiciones que determine discrecionalmente la Cofetel.
Telmex dijo que con estas reglas se le obliga a “ofrecer en condiciones desventajosas elementos con los que las redes compiten y que las estimulan a invertir para conseguir mayor cantidad de clientes. Cuando estas condiciones se imponen, las inversiones se reducen”.
Rechaza Telmex otras reglas
Entregan comentarios sobre el nuevo Plan de Interconexión e Interoperabilidad. Destaca la firma de telefonía que el modelo actual ha funcionado 10 años
Verónica Gascón
REFORMA
Teléfonos de México se opone a las nuevas reglas de interconexión emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) al considerar que desincentiva las inversiones y amplía el número de tarifas reguladas por la autoridad.
En sus comentarios enviados sobre el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad a la Comisión, la compañía aseguró que se le imponen arbitrariamente obligaciones y se aumenta innecesariamente la regulación en la materia.
En este sentido, defendió el actual esquema de interconexión entre concesionarios de telefonía.
“El modelo actual de interconexión entre redes ha funcionado en los últimos 10 años, ya que si no fuera así la competencia no se habría consolidado en esta materia y lejos de ello ha crecido”, destacó Telmex.
La telefónica consideró que estas reglas de interconexión no son el instrumento jurídico idóneo para establecer nuevas obligaciones a los concesionarios.
La Cofetel lleva a cabo una consulta entre las empresas para elaborar un reglamento sobre el servicio de interconexión entre compañías de telefonía y TV por cable, en el marco del Acuerdo de Convergencia.
Telmex asegura que en este plan se amplía la lista de los servicios de interconexión contenidos en las reglas de Servicio Local.
OPINION
Clara Luz Ã?lvarez
Ley Federal de Radio y Televisión
REFORMA
Concesiones de radio y televisión a perpetuidad para sus actuales titulares sería una de las consecuencias de que no se alcancen al menos 8 votos de 11 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Radio y Televisión, llamada “Ley Televisa”.
Esta ley perfecciona la imposibilidad de que se otorguen permisos a los medios de comunicación sin fines de lucro para que éstos puedan expresar la pluralidad de nuestro país, favorecer el debate y contribuir a la consolidación de la democracia.
La radio y televisión utilizan como medios de transmisión frecuencias del espectro radioeléctrico que son bienes de dominio público de la nación. Las bandas de frecuencias son un recurso escaso y el Estado debe ejercer su rectoría para otorgar el uso de las mismas, de tal manera que garantice la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información.
La Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 (LFRTV) estableció que, para prestar servicios de radio y televisión abierta, se requería de concesión o permiso, dependiendo respectivamente de si se perseguían fines de lucro o no. El otorgamiento de concesiones y permisos era totalmente discrecional.
Por razones técnicas, se otorgaban para un canal de televisión 6 MHz, que era lo que requería para prestar el servicio sin causar interferencia a otros canales. En 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el Acuerdo de Política de Televisión Digital, concediendo a los concesionarios y permisionarios de televisión abierta un canal adicional o “espejo” de 6 MHz para la transición a la televisión digital y que debiera devolverse al finalizar ésta.
La televisión digital estándar requiere de 1.5 MHz, por lo que el resto del espectro podría ocuparse para nuevos prestadores de televisión abierta. Con el otorgamiento de los canales espejo se redujo significativamente la disponibilidad de frecuencias para nuevos medios de comunicación, además de que los actuales concesionarios de televisión refrendaron (renovaron) sus concesiones hasta el año 2021.
Como lo refiere el proyecto de resolución de la SCJN, “es un hecho notorio que los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y televisión abiertas”, y con la “Ley Televisa” además aseguran, con el artículo 16 de la misma, que tendrán sus concesiones a perpetuidad.
Esta ley estableció un procedimiento de licitación para otorgar nuevas concesiones, pero al final nunca eliminó la discrecionalidad de la autoridad, quien después de la licitación realizará una valoración final (artículo 17-G LFRTV). Además señala que se podrán refrendar (renovar) las concesiones teniendo preferencia sobre terceros y sin que se requiera pasar por licitación.
El momento de refrendo de una concesión es tan importante como el de su otorgamiento, toda vez que en ambos se están definiendo quién y por cuánto tiempo se podrá utilizar un recurso público. La “antigüedad” de un concesionario no debe ser el criterio prevaleciente, ni tampoco la causa de eliminar la posibilidad de pluralidad en los medios.
La exención de licitación hace que se pierda la rectoría del Estado sobre un recurso público al impedir que éste decida si licita las frecuencias de la concesión para buscar diversidad de los medios de comunicación. El Estado podría decidir licitar las frecuencias y, en caso de empate entre el concesionario original y un nuevo entrante, entonces sí podría aplicar que el concesionario original tuviera preferencia sobre terceros. Sin embargo, esto no será posible con la “Ley Televisa”, toda vez que expresamente excluye la posibilidad de licitación en este supuesto.
En cuanto a los potenciales interesados en prestar radio y televisión al público y sin fines de lucro, la “Ley Televisa” estableció un esquema de total incertidumbre, lo que puede convertirse en un ejemplo de arbitrariedad con el aval de la ley. Ello es contrario a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso (a la radio y televisión)”.
No es únicamente un tema de frecuencias y medios de comunicación: la resolución de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la “Ley Televisa” marcará el futuro del país.
La autora es académica del ITAM y ex consejera de Cofetel.
Telmex y Televisa: más negocios
Por Gabriel Sosa Plata
El Universal
La semana pasada fue de noticias intensas y polémicas en el sector. Mientras continuaba la discusión y análisis sobre la ley Televisa y lo que ésta implica en cuanto a las prácticas monopólicas, Telmex y Televisa, los gigantes oligopólicos de las telecomunicaciones y de los medios, daban a conocer-qué paradoja- detalles de sus nuevos proyectos de crecimiento y expansión.
Cablevisión, de Televisa, recibió hace unos días la concesión para dar servicios de telefonía fija. De esta manera, a partir del tercer trimestre de este año, la empresa se convertirá en un operador triple play (televisión de paga, Internet y telefonía) en el Distrito Federal. Tan seguros están del éxito de su nuevo servicio, que los directivos de la compañía prevén que al término de 2007 tendrán unos 10 mil clientes telefónicos (EL UNIVERSAL, Finanzas, 10 de mayo).
Mientras la noticia anterior circulaba en las secciones financieras, se anticipaba, también la semana pasada, que la Comisión Federal de Competencia (CFC) aprobará a Cablevisión la compra de 50% de Televisión Integral (TVI), del grupo regiomontano Multimedios Estrellas de Oro, y de 99.99% de Alvafig, la tenedora de 49% de Cablemás, considerado el segundo operador de televisión por cable más importante del país por su número de clientes, luego de Cablevisión.
Nadie detiene a Televisa. Las en apariencia duras condiciones que el órgano antimonopolio le impuso al consorcio televisivo para aprobar la adquisición de ambas empresas, fueron al parecer superadas sin grandes sacrificios. Es así como Televisa está por convertirse, pese a la CFC y a la oposición de otros operadores de telecomunicaciones, en el consorcio dominante no sólo en la televisión abierta y de la televisión por satélite (con Sky), sino también de la televisión por cable.
Como lo advirtió EL UNIVERSAL, con la suma de los clientes de Cablevisión, de TVI y de Cablemás, Televisa será el primer operador de la televisión por cable en el país. Más de 1.3 millones de clientes ubicados en las principales ciudades del país y, dadas las condiciones económicas de estas plazas, con buenas expectativas para el desarrollo de los servicios de triple play.
A esa otra posición dominante llegará ante la vista de los demás empresarios de la televisión por cable y de su organismo representativo, la Canitec, dispuestos a encabezar una lucha feroz en contra de que Telmex se incorpore al negocio de la televisión de paga, pero extrañamente condescendientes frente a la consolidación de Televisa en este sector de las telecomunicaciones.
IPTV de Slim
A su vez, Telmex dio a conocer que tiene todo listo para ofrecer a sus clientes el servicio de televisión de paga a partir del primer trimestre de 2008. Lo empaquetará con sus servicios de telefonía fija e internet, lo que abaratará los costos y por lo tanto los precios al público. Aunque el nuevo servicio (IPTV o televisión mediante protocolo de Internet, sobre el cual abundaremos en próximas colaboraciones) estará disponible sólo para los clientes que hayan contratado una conexión de Internet de alta velocidad, Telmex considera que será un buen negocio.
La empresa de Carlos Slim tiene la plena confianza que, con base en el Acuerdo de Convergencia, le sea retirado el candado establecido en su título de concesión para ofrecer televisión de paga, aunque hasta ahora ninguna autoridad se atreve a dar la última palabra sobre la aplicación del pago o no pago por esa importante modificación. Algunas de las condiciones impuestas a la telefónica en el acuerdo, como la interconexión de su red con otros operadores y la implementación de la portabilidad de número, podrán ser cumplidas por la empresa.
Por si fuera poco, la suspensión del referido acuerdo de convergencia, como consecuencia del amparo promovido por un concesionario de televisión por cable, fue revocada por la autoridad judicial, por lo que el espíritu que le dio origen (quitarle a Telmex el candado para que se incorpore al negocio de la televisión de paga) y algunas reglas, como la portabilidad, seguirán adelante.
De hecho, también la semana pasada, la Cofetel envió a la Comisión Federal de Mejora Reguladora (Cofemer) la última versión del documento sobre portabilidad, el cual recoge las opiniones que al respecto presentaron algunas empresas e instituciones. Se prevé que a más tardar la próxima semana sea publicado el documento en el Diario Oficial de la Federación. Si todo se desarrolla conforme a lo planeado, la portabilidad arrancará el primer bimestre de 2008 y deberá ser acatada por todos los operadores al mismo tiempo (EL UNIVERSAL, Finanzas, 10 de mayo).
CIRT y sus pruebas
Y mientras Televisa y Telmex se preparan para la diversificación de sus negocios, el duopolio de la televisión, tal como anticipamos aquí, arremete en contra de aquellos que cuestionan la ley Televisa y la manera en cómo fue aprobada. Contra la costumbre, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dominada por Televisa, emite un comunicado de prensa en el que demanda al coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, presentar pruebas de sus acusaciones, en el sentido de que el Congreso aprobó la reforma de medios por imposición y no por negociación.
Televisa y Televisión Azteca hacen lo suyo y cuestionan a la Corte, luego de que ésta resolviera que el Senado no puede objetar los nombramientos de los comisionados de la Cofeco. Que el Ejecutivo, dicen sus conductores y analistas, trata de imponerse sobre los demás poderes. Es una vuelta al pasado, dijo Joaquín López Dóriga. El duopolio proporciona así una probadita de la política informativa que seguramente desarrollará en torno de la discusión y sentencia de los ministros a la ley Televisa.
Por lo pronto le adelantamos que una de esas televisoras prepara algunos reportajes (ya se imaginará el tono) sobre la trayectoria de Santiago Creel. ¿Qué otros actores políticos o empresariales que se oponen a la ley Televisa estarán en la mira del duopolio?
Secuestro mental
Javier Corral Jurado
EL UNIVERSAL
La grieta que ha dejado la Ley Televisa es más honda de lo que parece, y mantiene enredados en complicidades y silencios a no pocos actores relevantes de nuestra vida pública. Es penoso ver a los más seguir luchando contra ellos mismos a un año de la promulgación de esas reformas.
De esa batalla interna se ha librado Santiago Creel, de entre los muy pocos. Sin ser responsable de ese episodio -otros son sus yerros y culpas-, ha tenido la claridad para reconocer lo que se hizo mal, y el valor de rectificar una visión sobre el saldo real de tantas cesiones y privilegios a un poder que al final se vuelve contra el Estado y es un peligro para la democracia. Se le critica ser el último en enterarse; la ocasión debe ponderarle ser el primero en expresarlo.
Creel fue entrevistado por Carmen Aristegui; tobogán de preguntas en una memoria sin concesiones para el lenguaje esquivo, la periodista le arrancó la frase que desgarró las vestiduras de la clase política: “Fue una imposición, no una negociación”. Vinieron desmentidos, y mucho silencio de muchos.
El proceso de aprobación de la Ley Televisa fue tan ominoso en términos ético, jurídico y político, que resultará muy difícil para varios de los responsables, operadores y para quienes votaron a favor reconocer que fue una imposición, que se doblegaron ante la presión mediática del poderoso consorcio televisivo. Y quizá ese secuestro mental sea uno de los mayores perjuicios ocasionados a la República, porque muchos de esos actores continúan teniendo responsabilidades públicas, y son conciencias atrapadas en la peor de las complicidades: el silencio.
No será fácil admitir para varios de los legisladores que fueron contra sus convicciones que, frente al frío cálculo de poder y dinero sin límites con los que Televisa llevó a la legislación de radio y tv su plan para expandir sus negocios a las telecomunicaciones, respondieron con igual o peor pragmatismo, porque decidieron guardar sus principios y valores mientras pasaban las campañas, se desentendieron del interés público que decían defender y perdieron el derecho de llamarse ante la historia representantes populares. Dejaron pasar una de las dos o tres oportunidades que la vida nos ofrece para decir quiénes somos y qué no somos.
Será muy complejo para quienes tuvieron que subir a la tribuna concurrir a los medios de comunicación a defender lo indefendible, aceptar que lo hicieron en un obsoleto concepto de disciplina partidaria que los llevó a actuar por encima de la razón y por debajo de la dignidad, mientras sabían que se entregaban bienes del dominio de la nación a cambio de no ser castigados con la enemistad de los barones de la tv.
Casi imposible será que haya quienes reconozcan que también usaron ese proceso para negociar el siguiente paso de su carrera política, el tránsito entre el escaño senatorial y la curul de diputado o viceversa. Que vieron para sí la ocasión de sacar tajada personal, subir el precio de su vendimia o conseguir buen trato informativo en la pantalla de tv y tarifas mínimas para su promoción electoral. Los que se acomodan siempre.
Será cuesta arriba admitir para otros que se pusieron en juego envidias y fobias personales al marcar su posición a favor, y quienes pretendiendo ser alguien en la vida no supieron cómo serlo y terminaron arrimados a la sombra protectora del sello monopólico para asumirse -en protagonismo efímero- como amigos de Televisa. Sería un milagro que reconocieran que, como dice Oscar Wilde, el vicio mayor del comportamiento humano es la superficialidad, la debilidad del espíritu. Porque en la aprobación de la Ley Televisa concurrieron varias de esas rupturas personales que configuran toda etapa de demolición ética y política de una nación.
Sin una pizca de idealismo ni sentido de rectificación, sobresalió la simulación como respuesta a lo dicho por Ceel. En el cinismo que encarnó como su método de trabajo, Enrique Jackson dice que la aprobación fue a conciencia y de nada tiene que avergonzarse. Deben ser más sus deudas de precampaña que sus rubores en la vida. Emilio Gamboa nunca vio nada raro sino la transparencia hecha ley. Héctor Larios no recuerda presiones y Manlio Fabio Beltrones es testigo de que fue un proceso pulcro donde la democracia se impuso. Ese lenguaje es demoledor para la política, porque la corrupción del lenguaje es la mayor corrupción, decía Octavio Paz. El que prostituye la palabra lo prostituye enseguida todo.
Frente a la desmemoria, la ridiculez, la demencia y el cinismo con que diversos actores políticos pretenden negar las amenazas, el chantaje y la imposición de Televisa en ese proceso que doblegó a dos poderes constitucionales del Estado, no debemos abdicar de denunciar con claridad la presión que se ejerció. Sólo reconociendo esa realidad se iniciará una verdadera ruta de rectificación. Sólo la verdad podrá liberar a la política del secuestro mediático en que se encuentra.
Espectros
Ramón Cota Meza
EL UNIVERSAL
Gran expectación ha despertado la opinión de un juez de la Corte sobre la “acción de inconstitucionalidad” de 47 senadores contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es un legajo de 546 descomedidas páginas, las cuales hay que sobrellevar por la información valiosa que contienen en un mar de reiteraciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) delimita su autonomía y hace importantes consideraciones técnicas.
La acción de inconstitucionalidad contiene 21 impugnaciones, desde el procedimiento de aprobación de las reformas, hasta la rectoría del Estado en la materia, el estatus administrativo y facultades de la Cofetel, permisos, concesiones, licitaciones, quién las otorga, quién las cobra, competencia, aspectos técnicos, radios y televisoras de interés público y comunitarias, relaciones de la radio y la tv con las fuerzas políticas e instituciones, en fin.
Son demasiadas cosas, cada una vinculada a otros campos y leyes, más los cruzamientos resultantes. Esperar una “reforma integral” de las audiencias y la sabiduría de la Corte no es muy recomendable, ni necesario a fin de cuentas. Ante la velocidad del cambio en telecomunicaciones, es bueno conservar un margen de ambigüedad legal. Nada se pierde con una actitud expectante ante tendencias que terminarán imponiendo su propia regulación técnica.
Tomar este asunto como batalla definitiva por la soberanía nacional y la sociedad de la información y la democracia carece de contexto. Los grandes medios de comunicación no están conspirando contra el país; al contrario, son cada vez más receptivos a las necesidades de información pública, las cuales cumplen según su criterio, apegados a la agenda institucional, con animación vivaz e informada, reportajes, foros, entrevistas y programas novedosos.
Nadie razonablemente cuerdo diría que la teleaudiencia mexicana sufre oscurantismo en comparación con otros países. En cuanto a regulación, no hay un modelo. Gobiernos e instituciones globales no aciertan a encuadrar el desarrollo telemático en las leyes nacionales. La tecnología se ha desbordado, pero no hay que hacer aspavientos soberanos al respecto. Los mismos actores telemáticos necesitan protección estatal porque ellos también sufren incertidumbre.
Las leyes vigentes son adecuadas para dejar que el fenómeno fluya e ir haciendo ajustes sobre la marcha. La acción senatorial tiene el mérito de llamar la atención sobre temas de interés general, pero no urge tomar posición por ellos, salvo la relación de los partidos y campañas electorales con la televisión. Este problema se puede resolver con una ley que limite la propaganda partidista a un presupuesto determinado, autorizado por el órgano correspondiente.
Cada uno de los 21 asuntos de la acción senatorial requiere examen autónomo. Tomar posición por ellos en bloque podría resultar en una legislación rígida o inadecuada. Por otro lado, el alegato no aborda el video por internet, básico para balancear un poco el poder de los grandes medios. Pero hay que separar los asuntos para unirlos sin precipitación en lo que se pueda. No se puede tener una “reforma integral” para algo que está en revolución recurrente.
Piénsese también que la interconexión en México avanza. Por más rezagada que se le juzgue, su capacidad actual es un salto enorme en unos 15 años. Si la tv actual deja a otros en desventaja, la propia tecnología irá emparejando el terreno. Hoy una persona con medios mínimos puede comunicarse y organizarse por la red. El video por internet se perfila como herramienta eficaz y accesible a muchas personas y comunidades. Su beneficio para la educación, la cultura y la política será grande.
Si la acción de los senadores precisara que el futuro no está en juego en esta materia, sería un avance. Dado el amplio alcance de la Constitución, cualquier desviación sería corregida. No hay un poder espectral acechando nuestras debilidades. Lo que hay es una simbiosis de las telecomunicaciones y el Estado en equilibrio inestable. El temor de que esta simbiosis engendrará algo malo proviene de la imaginería novelesca del siglo XIX, que no corresponde a la sociedad actual, donde hay cada vez más gente informada capaz de actuar.
Itinerario Político
Ricardo Alemán
Santiago Creel: ¿arrepentido?
Es un asunto de responsabilidad política lo que lo obliga -igual que a AMLO y a Madrazo- a corregir el sometimiento
EL UNIVERSAL
Resulta difícil, si no es que imposible, creer que quien durante cinco años ocupó la Secretaría de Gobernación, quien acariciaba como suya la postulación presidencial por el PAN, y que por esas razones promovió una perversa alianza con Televisa -que derivó en la cuestionable y cuestionada ley Televisa-, ahora se presente como un arrepentido y hasta pretenda descubrir el hilo negro y el agua tibia.
Ex candidato a jefe de Gobierno del DF, ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial por el PAN, el hoy senador Santiago Creel dijo el pasado 4 de mayo que durante el cabildeo y aprobación de la llamada ley Televisa lo que en realidad ocurrió fue “más bien una imposición que una negociación”. Es decir, que toda la clase política mexicana, los poderes Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos, sus jefes y sus respectivos candidatos presidenciales fueron sometidos por un poder superior, el poder fáctico de las televisoras.
¡Brillante y sorprendente revelación!
Pero con meses de retraso. En el Itinerario Político del domingo 11 de diciembre de 2005, dijimos aquí, a propósito de que la Cámara de Diputados aprobó la ley Televisa, con el concurso del PRI, PAN y PRD: “A los siempre rijosos perredistas les vendieron la idea de que López Obrador requería de todo el apoyo de la televisión, que sin ese apoyo no lograría ser presidente, que sus adversarios le podían ganar en los medios. A los panistas les vendieron la idea de que para detener a AMLO se requería del poder de la televisión, en tanto que convencieron a los priístas de que el regreso del PRI al poder pasaba, sin condiciones, por el favor de las televisoras. Y todos se lo creyeron, se tragaron el engaño y todos aprobaron, sin chistas, la vergonzosa reforma”.
En la misma entrega revelamos la traición de Televisa a Santiago Creel: “Empresarios de la radio y la televisión convencieron al secretario de Gobernación, Santiago Creel, para que les escriturara casas de apuesta a cambio de apoyo en mensajes televisivos para su precampaña presidencial. Creel se tragó el anzuelo, y una vez que tenían los permisos en las manos desde las propias televisoras se filtró la negociación para derribar a Santiago Creel, a quien de esa forma quitaron del camino” de la sucesión presidencial.
La presión fue similar, semanas después, en el Senado de la República. El PAN y su candidato, Felipe Calderón, y el PRI, con Roberto Madrazo, dieron el sí a la ley Televisa, mientras que los senadores del PRD rechazaron la propuesta. Pero ya no hacía falta el voto de los senadores amarillos, pues la votación más difícil, la de origen, en la Cámara de Diputados, sí fue otorgada por el PRD a favor de Televisa. Y es que luego del escandaloso sometimiento de los diputados del PRD a Televisa, sobre todo de Pablo Gómez a través de la entonces diputada Dolores Gutiérrez, los senadores intentaron lavar la cara a su partido. Jugar con la doble careta, pues.
¿Cuánto sabía Santiago Creel de los coqueteos del gobierno de Fox con Televisa -hasta mayo de 2005, cuando renunció para lanzarse como precandidato presidencial-; en cuántas de esas negociaciones participó y de cuántas de ellas era el principal beneficiado? ¿Cuándo descubrieron los señores Creel y Fox la traición de Televisa?
No, el senador Santiago Creel no puede salir ahora con el cuento de que su conciencia lo hizo rectificar en torno a la ley Televisa. No, no es un asunto sólo de conciencia, sino de responsabilidad política y republicana, que obliga al señor Creel -pero también a los señores Calderón, López Obrador y Madrazo, a los dirigentes de sus respectivos partidos, a sus líderes parlamentarios de las pasadas legislaturas en las cámaras de Diputados y Senadores- a revelar y corregir la “imposición” que padecieron y el “sometimiento” vergonzoso que convinieron.
La inconstitucional aprobación de la ley Televisa, que por ambiciones desmedidas y personalísimas sometió a casi toda la clase política mexicana, requiere de la rectificación de todos los implicados, que todos los precandidatos, candidatos y actuales gobernantes hagan su parte y que no dejen sólo al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, que vive presiones descomunales para cerrar los ojos ante uno de los más groseros sometimientos de los poderes del Estado a los designios e intereses del poder fáctico de las televisoras.
Y también todos los partidos, sus respectivos líderes parlamentarios, tienen una oportunidad de oro para regular la participación de las televisoras en los procesos electorales y para impedir que el poder mediático se coloque por encima del poder del Estado. Y ese espacio es la reforma del Estado. Sólo falta saber quien será el valiente. Al tiempo.
Ahora son los colegas de Azteca, Gamalier López y Gerardo Paredes, periodistas desaparecidos desde el pasado 10 de mayo. Deseamos que pronto estén de vuelta, sanos y salvos.
Coordenadas / SCT 1, Cofetel 0, y tarjetas rojas
La tormenta en el sector de las telecomunicaciones apenas comienza y todavía está por ocurrir lo más trascendente
Enrique Quintana
REFORMA
Más allá que el día de ayer, un juez diera la razón al subsecretario de SCT, Rafael del Villar, y al director jurídico de la misma dependencia, Gonzalo Martínez Pous, podríamos ver próximamente la desintegración de casi toda la Cofetel.
Pero, vamos por partes para entender la historia y la circunstancia.
Esta historia irrumpió el 1 de diciembre de 2005. Ese día, de modo sorpresivo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad -cosa increíble en un contexto preelectoral- un conjunto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que luego fueron conocidas genéricamente como “Ley Televisa”.
La iniciativa había sido presentada en la Comisión de Radio y Televisión apenas el 22 de noviembre anterior por parte del legislador Miguel Lucero Palma, en fast track pasó por la Comisión y luego llegó al pleno sin objeciones.
Los entretelones de esa historia se conocieron después. La clave de todo estaba en el hecho de que eran reformas que privilegiaban a las televisoras y los diputados de todo el espectro político consideraban que sí se daba satisfacción a Televisa y a TV Azteca, podrían obtener un mejor trato en las competidas campañas que venían.
Una de las reformas planteadas establecía la posibilidad de objeción del Senado a los nombramientos del Ejecutivo en la Cofetel.
Durante el mes de diciembre comenzó un intenso debate público respecto a las implicaciones de estas reformas y en el Senado hubo opiniones divididas al interior del PRI y del PAN, por lo que la discusión de las reformas se pospuso hasta el siguiente periodo ordinario.
Pese a la oposición que se generó, el 28 de marzo de 2006, las Comisiones de Estudios Legislativos y Comunicaciones en el Senado votaron a favor del dictamen de los diputados. La votación fue de 11 contra 9 y entre los que estuvieron en contra hubo 6 votos del PAN, 2 del PRD y 1 del PRI.
Un par de días después, el 30 de marzo, el dictamen fue aprobado en el Senado por 80 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.
La historia de aquel proceso fue referida por el ahora Senador Santiago Creel, quien develó las presiones de las televisoras en el marco de las campañas electorales.
Los senadores que votaron en contra, liderados por Javier Corral y Manuel Bart-tlet, organizaron a un grupo de 46 senadores que iniciaron una acción de inconstitucionalidad en contra de esas reformas y lo introdujeron a la Corte el 4 de mayo de 2006.
La discusión de esa demanda es la que tendrá lugar formalmente a partir del próximo lunes en la Suprema Corte.
El asunto de la aplicación de la ley, sin embargo, se complicó adicionalmente.
De acuerdo a las reformas propuestas, Fox tendría que nombrar a los cinco comisionados de Cofetel y según el reformado artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Senado estaría en capacidad de objetar las designaciones.
Los designados por Fox fueron Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous, Fernando Lerdo de Tejada, Julio di Bella y José Luis Peralta.
Lerdo de Tejada declinó el nombramiento y el Senado objetó las designaciones de Del Villar, Martínez Pous y Di Bella.
En sustitución de ellos, Fox nombró a Héctor Osuna, Eduardo Ruiz Vega, Ernesto Gil Elorduy y Gerardo González Abarca, además del propio José Luis Peralta, el único no objetado de los primeros nombramientos.
Las complicaciones adicionales comenzaron cuando Del Villar y Martínez Pous promovieron un amparo contra el Senado, argumentando la inconstitucionalidad del artículo 9-C al que nos referíamos.
Luego de muchos meses de este proceso, se han empezado a llegar a conclusiones.
La Suprema Corte confirmó el 10 de mayo pasado la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica (Cofeco) que establece el derecho de objeción del Senado a los nombramientos presidenciales de los Comisionados.
Como la Cofetel es una instancia análoga a la Cofeco, entonces prácticamente se estableció el precedente y sobre esa base el juez 12 de distrito en materia administrativa les dio ayer la razón a Del Villar y Martínez Pous, que estarían en el derecho de sustituir a Ruiz Vega y González Abarca.
El problema adicional que se configura es que, con la excepción del caso de José Luis Peralta, se podría objetar también el nombramiento de Gil Elorduy y del mismo presidente del organismo Héctor Osuna, quienes llegaron a sus posiciones en virtud del ejercicio de un artículo que hoy se está declarando inconstitucional.
Aunque hasta el momento no se conoce de algún amparo promovido en su contra, su legitimidad queda en duda y eso le daría una gran fragilidad al organismo regulador.
Como decían los clásicos, no se mueva de su butaca, porque apenas esto empieza a ponerse bueno.
Espectro / Nadie sabe para quién trabaja
Javier Tejado Dondé
REFORMA
Parece increíble, pero los resultados que están dejando los litigios en torno al sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones están teniendo resultados distintos a los que sus promoventes hubieran deseado o siquiera pensado.
Para empezar en la LIX Legislatura, la fracción del PRD en la Cámara de Senadores -con contados senadores priistas y panistas- fue el grueso de los firmantes para promover la acción de inconstitucionalidad que sobre las leyes de radio y televisión emitió el Congreso de la Unión. En particular llama la atención que los propios ex senadores inconformes hayan demandado restar facultades a su propia Cámara. Con ello me refiero a que denunciaron como inconstitucional que el Senado (o sea ellos) tuviera facultades para aprobar o no los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En este punto todo parece indicar que dados los vaivenes que ha dado la SCJN sobre las facultades del Senado (me refiero a la votación distinta entre las facultades ratificadas al Senado en el caso de Notimex, pero negadas en el caso de la Cofeco) se emitirá un fallo para que sólo el Presidente nombre a los reguladores de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Esto no es menor pues el Ejecutivo, contrario a tendencias internacionales, regresará a controlar de manera absoluta, sin contrapeso alguno, al regulador. Incluso anulando su independencia. Los ahora nombrados Comisionados escalonadamente irán dejando sus cargos, pero es probable que paulatinamente y a más tardar para el 2011 -unos meses antes de las elecciones presidenciales- la Presidencia controle directamente al regulador de la radio y la televisión.
Así el PRI y el PRD le habrán regresado al presidencialismo uno de sus instrumentos más socorridos para intentar influir el voto: los medios electrónicos. Las elecciones que están por acontecer en Yucatán es probable sean las primeras en que la SCT, como regulador de la radio y la televisión, no ha dado sugerencias de cobertura a efecto de inclinar la balanza a favor de partido o candidato. Práctica que en el priismo era muy socorrida y que incluso el Secretario Cerisola, con discreción, hizo en 2006.
Pero también los ex senadores quejosos, al criticar todos los artículos de las leyes aprobadas en un afán por ver “cual pega”, han logrado convencer al Ministro Salvador Aguirre que la licitación pública no es el mecanismo idóneo para entregar nuevas concesiones de radio y televisión. Con lo que además se pierden cuantiosos recursos que el Estado mexicano puede utilizar en atención a rezagos de índole social. Tan sólo en las últimas 18 licitaciones que de espectro ha hecho la Cofetel se han recabado más de 20 mil millones de pesos.
Si en este punto logran convencer a 7 Ministros más de la Suprema Corte, pueden pasar dos cosas. Primero, al no haber un mecanismo transparente y claro para la entrega de concesiones estarían asegurando que el regulador no entregase nuevas frecuencias. Con lo que se incrementarían los 14 años que, por no contar con reglas claras, hasta ahora la autoridad no da concesiones. Privilegiando el estatus quo en los medios electrónicos que tanto decían combatir los ex senadores. Segundo, en un extremo podrían darle al Presidente de nueva cuenta facultades discrecionales para, como se hacía en antaño, premiar, por servicios prestados, a medios de comunicación y amistades. Lo que no encuentra lógica en el México democrático del siglo 21. Así, los quejosos -la mayoría de oposición- están recreando un régimen presidencial absoluto o, en su defecto, su estrategia inhibirá la entrega de nuevas concesiones ante la imposibilidad de hacerlo de forma discrecional.
Por su parte, el Senador Santiago Creel también ha estado involucrado en el asunto, a través de su asesor Pedro Nava Malagón, ex director de controversias constitucionales de la SCJN. Así a pesar de que la política del Presidente Calderón es la de la “triple c” -competencia, cobertura y convergencia- el proyecto del Ministro Aguirre, de ser aprobado, mataría no sólo la competencia (al poner en duda las licitaciones de espectro), sino que también acabaría con la convergencia pues la SCJN estaría dictando que a cada concesión dada no se le podrían aumentar otros servicios adicionales. Precedente que aplicaría tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, concluyendo una práctica que desde 1995 había fomentado la Ley de Telecomunicaciones. Así las mejoras por eficiencia en todas las redes de telecomunicaciones quedarían detenidas. Con ello la convergencia sólo existiría para los operadores actuales, a los que dado que no hay retroactividad la decisión no afectaría. Pero todos los operadores futuros estarían negados a convergir por el fallo de la SCJN o porque éste será utilizado por operadores para litigar a nuevos competidores fuera de la convergencia.
Iniciando así años de batallas legales en tribunales las cuales ni siquiera amainarían con nuevas leyes de radiodifusión o telecomunicaciones, dado la sentencia de la Corte y los precedentes que genera. Además de que en los hechos la Corte parece que pretende legislar con desconocimiento del desarrollo de las telecomunicaciones.
Dado lo arriba mencionado pareciera que los verdaderos privilegios al sector de la radio, la televisión y las telecomunicaciones no vienen en las leyes aprobadas, sino en los efectos de la impugnación presentada. Así que se vuelve realidad el refrán de que “nadie sabe para quién trabaja”.
La Chequera
* Poder Judicial da la razón a Del Villar y Martínez Pous.
Alicia Salgado
EL FINANCIERO
La sentencia emitida por el juez duodécimo de distrito en materia administrativa, Miguel Alvarado Esquivel, que otorga el amparo y protege los derechos de Rafael del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous tendrá dos consecuencias.
Primera: ambos pueden ser restituidos como comisionados del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que preside Héctor Osuna, y, por ende, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca tendrán que buscar chamba. Estos últimos pueden recurrir a la sentencia en segunda instancia en los siguientes diez días hábiles, pero de no hacerlo, en 24 horas deberán hacer maletas.
Y para quienes les encanta el desgarre de vestiduras les comunico: tanto Del Villar como Martínez Pous estiman que “será decisión del presidente Felipe Calderón y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, el cargo en el que podrán servir mejor a México” (cito palabras textuales de ambos).
Retomemos el fondo de la sentencia y la ruta que puede seguir el caso. El juez Alvarado sustentó su argumento en el criterio expresado en la ponencia del ministro Sergio Aguirre Anguiano, en el caso de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), que será discutido y votado después del 21 de mayo.
Es probable entonces que Ruiz y González Abarca se esperen hasta el límite del 29 de mayo para decidir si hacen o no maletas, pero aquí entre nos, difícilmente un colegiado resolvería de forma distinta al criterio de la Corte, y más cuando lo que está sujeto a consulta pública no es el 9-C de la LFT, dada la claridad de la votación mayoritaria que expresó el pleno de la SCJN en el caso de la Comisión Federal de Competencia.
Segunda: lo más importante, para tranquilidad de la industria de las telecomunicaciones, es que las decisiones adoptas o votadas en el seno del pleno de la Cofetel por Ruiz y González Abarca no se invalidan.
El juez fue claro en una de las consideraciones finales, en donde aclara los alcances de su sentencia (que consta de 183 páginas y me las leí) y establece que al invalidar los dictámenes del 31 de mayo y 27 de junio de 2006, emitidos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se restituye el derecho a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous de ocupar los cargos de comisionados en el pleno de la Cofetel, y al causar ejecutoria esta sentencia, deja insubsistentes los nombramientos de Ruiz y González Abarca.
Sin embargo, esa restitución de derechos “no implica que las actuaciones realizadas (por los dos últimos) adolezcan de algún vicio de legalidad derivado de la calidad en que ejercieron sus funciones” (sic).
Si la neurona me funciona, esto implica que todas las decisiones que se han tomado en el pleno de la Cofetel, desde que asumieron el cargo sus actuales comisionados a la fecha, tienen plena validez jurídica, de manera que quédense tranquilos, no hay vuelta para atrás en ningún asunto, y ha sido en todo momento la SCT, que encabeza Luis Téllez, la que ha firmado las concesiones hasta ahora otorgadas a la industria.
Para quienes andan sugiriendo que el tema de la incompetencia de origen puede provocar la invalidez de los actos de la Cofetel, en el caso de que la SCJN, que preside el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, votara a favor de la inconstitucionalidad de la figura de Objeción Legislativa a los nombramientos del Ejecutivo, en el caso de este organismo desconcentrado más valdría que revisaran lo que en materia de jurisprudencia prevalece en el Estado mexicano desde 1874.
Para ello, les recomiendo leer el libro de la colección de artículos, que consta de 82 páginas y lo venden en la Corte, denominado El amparo de Morelos, escrito por Emilio Velasco, que relata el único caso en el que se controvierte la incompetencia de origen, derivado de la ilegitimidad de autoridades y que marcó un gran momento en la jurisprudencia mexicana desde el siglo XIX.
Este caso tuvo que ver con la fundación del estado de Morelos y, desde entonces, nunca ha prevalecido el criterio de la incompetencia de origen de autoridades para convalidar sus actos, obviamente, en pleno siglo XXI, es un criterio superado.
Aun cuando todos los comisionados de la Cofetel tuvieran que ser separados de su cargo y reponer el proceso para nombrar a otros, por razón de la evidente inconstitucionalidad de la Objeción Legislativa a los nombramientos del Ejecutivo, inscrita en el artículo 9-C de la LFT, ello no implica la invalidez de los acuerdos y actos que hubieran adoptado o realizado en el cumplimiento de sus funciones en razón de que, en tanto las ejercieron, lo hicieron de forma válida. Les digo: ¡la justicia no es ciega, es justa!
Por lo pronto, la sentencia, que resuelve el fondo del amparo 619/2006, determina que el Congreso de la Unión carece de competencia constitucional para que él, u otro órgano del Estado (Cámara de Senadores), intervenga directamente en el proceso de designación de nombramientos de los servidores públicos que pertenecen a la Administración Pública Federal Centralizada. No se trata de organismos autónomos, sino con autonomía técnica y administrativa.
Eso implica que aun cuando les diera a los defensores de la ley Televisa, empresarios o legisladores, por pretender “relegislar” sobre el tema, deberán considerar que todos los integrantes del Congreso de la Unión “se encuentran constreñidos a no aplicar en lo futuro el último párrafo del artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones en perjuicio de los quejosos” (sic).
El presidente Felipe Calderón tiene hoy restituida su facultad constitucional para designar a los comisionados que sustituyan a Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, y puedo decirles que es mentira lo que escribió un mensajero de las empresas de medios, en el sentido de que Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy renunciarán en bloque.