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MIERCOLES 23 DE MAYOÂ DE 2007
YUCATAN
•   PAN
Culpa Espino a Calderón de la caÃda en Yucatán
Envió operadores polÃticos que trabajaron al margen del blanquiazul; acusa también a Mouriño
CIRO PEREZ
LA JORNADA
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, acusó a la Presidencia de la República de ser corresponsable del triunfo priÃsta en las elecciones del pasado domingo en Yucatán, por enviar ‘’operadores polÃticos'’ que trabajaron al margen de la dirigencia blanquiazul.
Esta intervención del gobierno federal en una elección estatal, agregó, ‘’influye anÃmicamente en el panismo nacional'’, que enfrentará este año 14 procesos electorales.
En conferencia de prensa -convocada de última hora-, el dirigente panista empezó haciendo alusión, de manera velada, al hecho de que en la derrota de su candidato a la gubernatura yucateca, Xavier Abreu, ‘’hubo personas y situaciones'’ que contribuyeron a este desenlace, pero ante las insistentes preguntas respecto de su propia responsabilidad en los resultados del pasado domingo, Espino Barrientos no pudo contenerse más: ‘’Les voy a decir algo que les dará una buena nota para mañana. Ayer por la noche (domingo) hablé con Juan Camilo Mouriño (jefe de la Oficina de la Presidencia de la República) y le dije que yo quiero pedirle, con mucho respeto, que no envÃen desde Los Pinos operadores polÃticos que no se coordinen con la dirigencia del partido a las elecciones estatales, y no diré más'’, dijo Espino, al tiempo que se levantaba de su silla y salÃa de la sala de conferencias de la sede nacional del PAN, dando por concluido el encuentro con los periodistas.
-¿Eso quiere decir que habÃa operadores de Felipe Calderón en Yucatán? -se le preguntó mientras abandonaba el salón.
-¡Eres bueno para interpretar! -respondió seco el dirigente panista.
A lo largo de la conferencia de prensa, Manuel Espino aceptó nuevamente la derrota de su partido y pidió que en reciprocidad los priÃstas dejaran de ‘’regatearle'’ el triunfo a César Bojórquez, candidato blanquiazul a la alcaldÃa de Mérida.
•   SNTE
Culpa Gordillo, a los maestros
‘’Si los profesores no querÃan esa alianza pues me lo hubieran dicho claramente'’, lamenta
KARINA AVILES
LA JORNADA
Ixtapan de la Sal, Estado de Mexico, 22 de mayo. En reunión privada con un grupo de operadores, Elba Esther Gordillo admitió que los maestros de Yucatán, en los hechos, le dieron la espalda en las elecciones de aquella entidad, donde su partido, Nueva Alianza (Panal), y Acción Nacional (PAN) perdieron las elecciones. ‘’Hubo una simulación de los maestros'’, reclamó la dirigente.
La queja de la maestra, interpretada por los asistentes como que los profesores sólo apoyaron discursivamente esta alianza, se dio durante el cuarto Congreso Nacional de Educación, donde luego Gordillo afirmó que su acuerdo con el gobierno panista ‘’no tiene lÃmites'’, aunque insistió en que es sólo en el terreno educativo.
Sabedora de que no siempre puede cumplir con lo que ofrece al poder, entendieron algunos de los convocados a la reunión, la presidenta del SNTE señaló después, en conferencia de prensa, que tiene la esperanza de que en este sexenio ‘’ahora sÃ'’ se realizarán transformaciones en la educación: ‘’Si esta vez no lo hacemos, adiós a nuestra gran oportunidad'’.
El encuentro privado, en el hotel Rancho San Diego, se trató de mantener en secreto, pese a que ahà se encontraba el secretario general del Panal, Jorge Kahwagi, quien dijo que su presencia en el lugar obedecÃa a que le interesa mucho la educación. Sin embargo, Gordillo los citó para hablar de las elecciones del estado de Yucatán.
•   GOBIERNO
Perdió el PAN en Yucatán, no el presidente: RamÃrez Acuña
* Desmiente una elección de Estado o negociación del voto.
* “El pueblo se manifestó y eligió a sus gobernantes”.
* “Para México es mejor un triunfo de la democracia”.
MartÃn Román Ortiz
EL FINANCIERO
La derrota electoral del PAN en Yucatán es del partido y no del presidente Felipe Calderón, toda vez que dichos comicios constituyen un triunfo de la democracia mexicana, en donde la voluntad popular se manifestó y eligió a sus gobernantes, afirmó el secretario de Gobernación, Francisco RamÃrez Acuña.
El funcionario aseguró que México vive momentos democráticos importantes y negó que se haya tratado de “una elección de Estado o negociación”. Dijo además que se vivió una jornada electoral cerrada, ya que fueron los yucatecos quienes decidieron con su voto en las urnas y el sufragio será respetado.
“Creo que es mejor un triunfo de la democracia mexicana en donde la voluntad popular se manifiesta y esa voluntad elige gobernadora, diputados, diputadas y ayuntamientos de la manera más clara, más transparente y que se respeta por las diferentes fuerzas polÃticas y los propios candidatos.” Al ser cuestionado sobre cómo queda el PAN con la derrota en Yucatán, RamÃrez Acuña apuntó que la “democracia asà es y es como debemos transitar, ya que cuando alguien llega con el espÃritu de mantener siempre un espacio de poder, entonces ya no es democracia”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Diódoro Carrasco Altamirano, explicó que la reunión con el secretario del Gobernación obedece a la necesidad de comentar las observaciones y sugerencias que tienen los diputados que integran ese órgano legislativo, en materia de Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Recordó que es responsabilidad del jefe del Ejecutivo, durante los primeros meses de gobierno, elaborar el PND, con base en opiniones y sugerencias de los distintos sectores de la sociedad. “Como parte de ese compromiso, viene hoy el secretario de Gobernación para comentarnos los lineamientos manejados por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo.”
Carrasco Altamirano adelantó que en la reunión con RamÃrez Acuña no se discutirá el PND, porque “todavÃa no está terminado el documento, sólo se intercambiarán puntos de vista de lo que, a nuestro juicio, deberÃa contener este primer documento de lineamientos”, agregó.
CONFLICTO POST ELECTORAL
•   IFE
Unánime aprobación de sanciones a partidos por 99.2 millones de pesos
El IFE subió en 1.8 millones la multa a Por el Bien de Todos; no reportó espectaculares
Duarte retó al PAN a publicar el total de espots contratados y el precio de cada uno
ALONSO URRUTIA
LA JORNADA
Hacia la madrugada de este martes, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobaron por unanimidad multas por 99.2 millones de pesos a todos los partidos polÃticos.
Entre cuestionamientos al monitoreo, el consejero Andrés Albo justificó los procedimientos oficiosos, al asegurar que están ante “la posibilidad de confrontar facturas por el equivalente a 100 millones de pesos, que no tienen respaldo.”.
Las multas se incrementaron en 1.8 millones de pesos durante la sesión del Consejo General, que erróneamente no se habÃan sumado a la coalición Por el Bien de Todos, derivados de no haber reportado 3 mil espectaculares al IFE y que de manera equÃvoca se habÃa sancionado sólo con 200 mil pesos. De acuerdo con los dictámenes aprobados, de los 100 millones no respaldados plenamente con documentación, 30 millones corresponden a dicha coalición.
Culpan a partidos de spots ‘fantasma’
Critica Ugalde omisiones en informes de gastos. Acusan mala fe y revanchismo de IFE por decisión de abrir nueva investigación
Margarita Vega
REFORMA
El consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, responsabilizó a los partidos polÃticos de la decisión de postergar la investigación de más de la tercera parte de los spots transmitidos durante la campaña electoral.
Según Ugalde, si el IFE reservó 281 mil spots del dictamen de fiscalización, fue por las omisiones de los propios partidos en sus informes de ingresos y gastos de campaña, y no por errores de la autoridad electoral.
“No sabemos lo que pasó, no por omisiones en los procedimientos que seguimos, sino por la información que brindaron los partidos.
“La información que el reglamento exige fue incompleta, y cuando la autoridad no tiene suficiente información, no recibe facturas, no recibe hojas membretadas, el IFE no puede conocer el origen de los recursos”, dijo durante la sesión del Consejo General, en la que se aprobaron los dictámenes de fiscalización.
Durante el debate de consejeros y representantes partidistas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, estos últimos, con excepción de Convergencia, cuestionaron la decisión del IFE de comenzar una nueva investigación para conocer el origen de estos spots “fantasma”.
Insta a que el IFE presente denuncia penal
Pide Ricardo Monreal buscar dinero del narco en spots
Deben los consejeros actuales interponer la querella respectiva. Comenta sus sospechas sobre la procedencia de anuncios privados.
MILENIO
El vicecoordinador perredista en el Senado, Ricardo Monreal, pidió que el IFE haga una denuncia penal para que se investigue el origen de los más de 200 mil spots transmitidos en la campaña presidencial de 2006, mismos que suponen un costo cercano a los mil millones de pesos, y que permanecen sin justificar. Monreal señaló que puede presumirse su costeo con recursos ilegales, incluido el narcotráfico y lavado de dinero.
El legislador aseguró que el PRD ya aclaró todos sus gastos, no asà otros partidos como el PAN, que no pudieron acreditar el pago de los spots.
En conferencia, Monreal dijo que la denuncia del IFE acerca de la existencia de 280 mil promocionales no reportados en la pasada campaña presidencial, es una prueba más de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional la Ley de Radio y Televisión.
Denuncia Monreal narcocampañas
Claudia Guerrero
REFORMA
Ricardo Monreal, senador del PRD, demandó ayer al IFE interponer una denuncia penal por la presunta utilización de dinero del narcotráfico en las campañas electorales del 2006.
Señaló que la única forma de explicar las cantidades que se gastaron en spots televisivos el año pasado, es que el dinero fue producto de actividades ilÃcitas.
“Estos dineros que fueron a financiar las campañas polÃticas en un total de más de mil millones de pesos deben provenir de actividades ilegales, ilÃcitas, oscuras.
“La pasada elección estuvo plagada de irregularidades graves que alteraron los principios de equidad, se rebasaron los topes de campaña y hasta se pudo haber lavado dinero ilÃcito del narcotráfico”, señaló en rueda de prensa.
Utilizará el IFE ley Televisa contra partidos
Concesionarios deberán informar sobre la información negada
La llamada ley Televisa será utilizada por el IFE contra los partidos que se negaron a informar sobre los contratos que firmaron con las empresas de televisión y radio.
MILENIO
La llamada ley Televisa será utilizada por el IFE contra los partidos que se negaron a informar sobre los contratos que firmaron con las empresas de televisión y radio, pues la autoridad electoral aplicará un artÃculo que no forma parte del litigio en la Suprema Corte, el 79-A.
En las investigaciones que inició el IFE porque los partidos no reportaron 281 mil spots de radio y televisión se prevén más multas a partidos y el riesgo de que alguna de las campañas de 2006 quede en situación de haber rebasado el tope de campaña.
La Ley Federal de Radio y Televisión vigente que fue reformada el año pasado establece en su artÃculo 79 que en las elecciones federales, los concesionarios de radio y televisión “deberán informar al IFE sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos polÃticos o por los candidatos a cualquier puesto de elección, asà como los ingresos derivados de dicha contrataciónâ€?.
•   AI
Al rendir protesta no contrajo ningún compromiso claro con los derechos humanos, dice
Cuestiona AI el controvertido proceso en que resultó electo Felipe Calderón
Preocupante, el nombramiento del secretario de Gobernación; persisten tortura e impunidad, señala
VICTOR BALLINAS
LA JORNADA
En su informe anual 2007, AmnistÃa Internacional (AI) resalta que Felipe Calderón fue elegido presidente en un controvertido proceso electoral, y la imparcialidad de las elecciones y el estrecho margen de la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) fueron cuestionados por el candidato que obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
El organismo internacional subraya que, al rendir protesta, Calderón no contrajo ningún compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos y, por el contrario, ‘’fue motivo de preocupación el nombramiento que hizo como secretario de Gobernación de Francisco RamÃrez Acuña, ex gobernador de Jalisco, que cuando tuvo ese cargo no impidió ni castigó las violaciones graves a easas garantÃas cometidas en aquella entidad'’. Los altermundistas torturados, detenidos ilegalmente e incomunicados, son un ejemplo de lo anterior.
AI destaca en su informe 2007 que, en el caso de México, Vicente Fox Quesada concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a combatir la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.
CAMARA DE DIPUTADOS
Acepta la IP 2% de IVA en medicinas: Estefan
* Farmacéuticos absorberÃan el gravamen.
* El sector privado tiene voluntad de concretar la reforma fiscal.
* Arguye que PRI y gobierno rechazarán el ofrecimiento.
YalÃn Cacho López
EL FINANCIERO
La industria farmacéutica y las tiendas departamentales ofrecieron a los legisladores absorber una tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de entre 1 y 2 por ciento, que no se trasladarÃa a sus clientes finales.
Esto, con el fin de que esa propuesta sea incluida en la reforma hacendaria que se pretende aprobar en el Congreso de la Unión.
Asà lo informó Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien comentó que esta proposición muestra la voluntad del sector privado por concretar la reforma fiscal.
Indicó que por lo pronto entre los legisladores del PRI no hay intención de aceptar esa propuesta ni de poner IVA a alimentos y medicinas, y estimó que el gobierno federal tampoco prevé esa posibilidad.
Sin embargo, aseguró que los legisladores analizarán la propuesta y dijo que aceptarla será decisión de cada una de las bancadas legislativas.
Estefan Chidiac advirtió que tanto el gobierno como los legisladores de los diversos partidos deberán presentar sus iniciativas de reforma fiscal cuanto antes para ser analizadas.
ECONOMIA
Consolidar la estabilidad económica, reto de México
* Hay condiciones para crecer al 5% anual: Ortiz.
* Posible, un ingreso per cápita de 20 mil dólares promedio en unos años.
* Señaló pendientes, como mejorar la educación y elevar competitividad.
Esther Herrera / Jonathán
EL FINANCIERO
MONTERREY, NL, 22 de mayo.- El gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz MartÃnez, señaló que uno de los retos del paÃs es consolidar la estabilidad económica, que no debe de quedar ahÃ, pues hay ejemplos en el mundo de cómo se revierte cuando no se aprovechan los ciclos y no se logra consolidar el proceso de crecimiento.
Durante su participación en el foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), urgió a definir el rumbo.
En México, anotó, hay condiciones favorables para crecer 5 por ciento y alcanzar un ingreso per cápita promedio de unos 20 mil dólares anuales en los próximos años.
Nuestro paÃs, indicó, ha llegado al punto de preguntarse cómo hacerle para que en 20 o 30 años la economÃa crezca entre 5 y 6 por ciento anual.
Si bien en México hay condiciones para crecer 5 por ciento anual, también hay rezagos que primero se tienen que resarcir, como mejorar la calidad de la educación y elevar la competitividad.
El banquero central expuso diferentes escenarios: si México crece 3 por ciento, el ingreso per cápita serÃa de nueve mil dólares nominales (actual) y para 2030, de 14 mil dólares.
México puede crecer a tasa de 5%: Ortiz
A pesar de la desaceleración de la economÃa de Estados Unidos, el paÃs crecerá este año 3.3%, sostiene Carstens
Juan Cedillo
El Universal
MONTERREY, NL.- “México tiene las condiciones para crecer a 5%, obviamente sà tenemos elementos suficientes”. El gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, aseguró hoy que el ingreso per cápita de los mexicanos podrÃa duplicarse en los próximos 23 años, para alcanzar los 28 mil dólares anuales en 2030.
Guillermo Ortiz, titular de Banxico, ofreció una conferencia a más de 400 ejecutivos que se reúnen en el Foro Empresarial IMEF 2007.
En conferencia, destacó que se ha podido consolidar “en buena medida la estabilidad”, aunque “nos hace falta avanzar sobre este tema”.
Ortiz señaló que actualmente los mexicanos tienen un ingreso per cápita de 9 mil dólares anuales.
Los rubros económicos del paÃs están cimentados, lo cual permitirá que en 2030 el paÃs ya esté creciendo a ritmos de 6% y como consecuencia se duplicará su ingreso per cápita.
“Probablemente nos hace falta mejorar la calidad de la educación; de todas maneras existen estos elementos para que México pueda crecer a 5 o 6% en los próximos años”, agregó.
Afirmó que los mayores beneficios de la estabilidad económica se reflejan en una tendencia a la baja en tasas de interés, un mayor ahorro financiero y más créditos para al consumo y en vivienda.
OPINION
Horizonte polÃtico
Panuchos en retirada
Por: José Antonio Crespo
EXCELSIOR
El triunfo priista en Yucatán genera varias reflexiones:
1) Esta es la tercera ocasión que, tras un primer gobierno blanquiazul, el PRI recupera la gubernatura. Ocurrió en Chihuahua, Nuevo León y, ahora, en Yucatán. También sucedió en Nayarit, pero ahà el gobernador de oposición no tenÃa una identidad polÃtica muy clara: ganó en coalición del PRD y el PAN, siendo él mismo ex priista.
2) Las explicaciones pueden variar. Viene en primer lugar un desempeño más bien pobre de Patricio Patrón en la entidad, lo cual parece más la regla que la excepción en el caso de los gobernadores panistas, que han resultado más bien ineficientes (y no muy honestos que digamos).
3) En la elección del año pasado, el PAN tuvo un triunfo espectacular en esa entidad: todos los distritos federales y una ventaja de 14 puntos porcentuales para Felipe Calderón (sobre Roberto Madrazo, que quedó en segundo sitio). Pero eso no significa que el resultado del domingo se pueda atribuir al desempeño (malo, bueno o regular) de Calderón, como tampoco me parecÃa precisa la tesis de que la derrota del PRD en Tabasco tuviera que ver con los plantones obradoristas en el DF.
4) En ambos casos, el resultado responde más bien a una dinámica local. En el de Yucatán, un factor determinante fue desde luego la ruptura sufrida por el panismo, con la salida de Ana Rosa Payán, mucho más popular que Xavier Abreu. Y no hablo de los votos que obtuvo Payán, que no dan para explicar la derrota panista, sino que un partido confrontado siempre arroja una mala imagen que le perjudica más allá de los votos concretos. Ese conflicto fue, a su vez, en buena parte reflejo de la rivalidad entre Calderón y Manuel Espino. Payán era la favorita del presidente del partido, en tanto que el de Calderón era Abreu —su coordinador estatal durante la campaña interna del PAN—. Payán, sintiéndose justificadamente defraudada por su partido, cobró venganza al postular su candidatura bajo otras siglas, sabiendo que no podÃa ganar (pues las franquicias siguen siendo decisivas, más allá de los candidatos). Por lo que, a la luz de los resultados, bien podrÃa formar junto con Elba Esther Gordillo y Cuauhtémoc Cárdenas el Club de los Corazones Vengativos.
5) Tampoco es prudente interpretar el triunfo del PRI como un claro indicio de su recuperación a nivel nacional. Eso dirán los priistas y hasta lo creerán. Pero recordemos que al PRI no le fue nada mal el sexenio pasado, en parte porque la mayorÃa de los estados es bipartidista, siendo el PRI uno de los dos contendientes. Cuando el electorado se decepciona del gobierno de alternancia, no le cuesta mucho trabajo regresar al tricolor (porque además no tiene opción). Cosa que, para infortunio de los priistas, no sucede a nivel nacional, donde existe un claro tripartidismo.
6) El retorno del PRI en esa entidad no deberÃa interpretarse como una regresión polÃtica, aunque muchos asà lo verán. La alternancia es un signo democrático de ida y vuelta. Pero tampoco es fácil decir que esta elección representa un avance democrático, y no por el partido que resultó ganador, sino por la forma en que se llevó a cabo todo el proceso.
7) ¿Cómo queda Calderón ante este desenlace? Pues gana y pierde por diversos lados, dependiendo del ángulo desde el cual se enfoque. Por un lado, pierde imagen frente al panismo, pues aunque se le quiera achacar la derrota a Espino (formalmente asà debiera ser), perdió el candidato respaldado por Felipe. Pero, por otro lado, más le convenÃa a Calderón un terreno allanado para la cooperación priista en el Congreso que, por más que se diga, sà se hubiera dificultado en alguna medida de haber habido un forzado triunfo panista en el estado peninsular. Y nada mejor para quien ganó la Presidencia en condiciones dudosas que demostrar su espÃritu democrático en la primera elección estatal celebrada bajo su administración, como también ocurrió con Carlos Salinas en Baja California, 1989. Por eso, ni tardo ni perezoso, Calderón capitalizó ya personalmente esta derrota de su partido.
8) Justamente eso dio pie a la tesis de la “concertacesiónâ€? entre Felipe y el PRI para que se diera este resultado. No serÃa la primera vez que ambos partidos pactan en ese sentido, pero no me parece que sea el caso ahora. La victoria del PRI, tan contundente como inobjetable, responde más bien a otras variables fuera del control de Calderón. Lo que no significa que la elección haya sido pulcra, pues varios gobernadores priistas se metieron hasta la cocina, asà como el gobierno estatal. Y, por otro lado, la campaña lodosa del PAN, a la cual ya se aficionó, fue contraproducente en esta ocasión, por fortuna. Ojalá siente un sano precedente, aunque lo dudo.
9) Al PAN le queda demostrar su civilidad frente a la derrota, al reconocer sin demasiado remilgo el triunfo priista, como para distinguirse del PRD el año pasado. Pero no es lo mismo mostrar esa madurez cuando se pierde por siete puntos que por cinco décimas. De haber sido el caso, se estarÃa reeditando la pelÃcula del año pasado, aunque con otros protagonistas. Nuestro sistema electoral, penosamente armado durante décadas, ha demostrado su eficacia al lidiar con resultados holgados (pues siete puntos de diferencia son hoy en dÃa un abismo), pero no con un margen estrecho entre primero y segundo lugares. Eventualidad que se hace cada vez más frecuente. La reforma electoral que está en ciernes debe tomar en cuenta eso para lograr mejores condiciones de competencia y explorar nuevas fórmulas con el fin de dirimir adecuadamente resultados estrechos, depurar satisfactoriamente las inevitables irregularidades e inconsistencias que arroja toda elección y lograr un consenso ciudadano en torno a un ganador indiscutible, nada de lo cual se consiguió el año pasado.
Indicador PolÃtico
* Yucatán, cochinero; anular elecciones.
* Encuestas reflejaron las irregularidades.
Carlos RamÃrez
EL FINANCIERO
Pese a la cortesÃa polÃtica de los candidatos del PAN y del PRI en Yucatán, el proceso electoral estuvo contaminado con irregularidades suficientes como para decretar la anulación de las elecciones.
Las autoridades electorales recibieron quejas sobre las anormalidades y presuntos delitos electorales como para dejarlos en la impunidad. La acusación del PRI de que el gobernador Patricio Patrón Laviada organizó una elección de Estado no fue retórica sino que tenÃa evidencias suficientes. Y la imputación del PAN de que hubo dinero oscuro en la campaña priista también se basó en hechos reales.
Al final, la campaña para la gubernatura de Yucatán estuvo marcada por la guerra sucia entre los dos principales candidatos. Y fue lo suficientemente irregular como para impedir las condiciones que señala la Constitución para la realización de elecciones: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Por tanto, el proceso electoral debe ser anulado como ya ocurrió en Tabasco y Colima. El resultado final de un proceso plagado de irregularidades disminuye la legitimidad de la candidata priista Ivonne Ortega Pacheco. La percepción social sobre los resultados quedó en el espacio de una concertacesión polÃtica manejada desde Los Pinos y no resultado de un proceso electoral equitativo.
En este contexto, la candidata priista no ganó realmente las elecciones, aunque haya acumulado votos reconocidos en el conteo preliminar. Por tanto, el proceso electoral yucateco estuvo lejos de haber sido democrático. Fue una de las tantas elecciones del viejo régimen priista, con resultados negociados en lo oscurito, sólo que ahora operada por el gobierno panista.
Las irregularidades estuvieron a la vista: el gobernador Patrón Laviada metió no sólo las manos sino recursos públicos, al principio el gobierno federal envió a un ejército de delegados federales de corte panista para auxiliar al candidato Xavier Abreu, la candidata priista Ivonne Ortega Pacheco recibió fondos de gobernadores priistas, asimismo tuvo el apoyo de muchos mapaches tricolores, hay datos suficientes de que el secretario general priista, Jesús Murillo Karam, manejó en Yucatán.
En este sentido, los electores yucatecos carecieron de un ambiente democrático para ejercer el voto con libertad. Si partidos y grupos en pugna dejan el resultado como válido, entonces las elecciones estatales en el gobierno de Felipe Calderón serán ajenas a la democracia y se resolverán en negociaciones secretas que no tomen en cuenta a los electores.
Las encuestas de salida el dÃa de las elecciones apoyan la versión de que fueron unas votaciones plagadas de irregularidades. Los encuestadores se percataron de acarreos, compra de votos, intimidaciones, operaciones cochinita pibil, amenazas, regalos electorales. Y fueron mecanismos usados por los dos partidos, el PAN y el PRI.
La tendencia electoral apuntaba, la vÃspera de las elecciones, a una competencia muy pareja, con resultado de fotografÃa y una solución en los tribunales electorales. Pero el 4 de mayo el presidente Calderón aceptó ante los gobernadores priistas ceder la gubernatura de Yucatán al PRI, a cambio del apoyo priista a la reforma fiscal que viene. Por tanto, el candidato panista abandonó la campaña y el operador calderonista Juan Camilo Muriño regresó a sus lugares a los operadores federales.
Las encuestadoras quedaron atrapadas en estos arreglos porque sus investigaciones no pudieron incluir los pactos cupulares en la ciudad de México. A las ocho de la noche del domingo las encuestadoras declinaron dar a conocer resultados por lo apretado de los resultados a la salida de las urnas, pero horas después todas le dieron una ventaja de 6.8 puntos a la candidata del PRI. ¿De dónde salieron esas cifras? ¿Cómo fue que las encuestadoras pasaron de un resultado empatado a una ventaja de 6.8 puntos al PRI?
La empresa encuestadora que marcó lÃnea fue Arco, dirigida por Rafael Giménez. Organizó una encuesta robusta -hasta casi cuatro veces más de entrevistados que las demás- y sus resultados fueron gelatinosos. Pero la información soltada por Arco -que realiza encuestas para la presidencia de la República- tuvo dobles resultados: a México informó de una ventaja para el PRI, pero al lÃder panista Manuel Espino le dio datos de ventaja para el PAN. Las demás encuestadoras se paralizaron y prefirieron esperar cifras oficiales.
Las vacilaciones de las encuestadoras, la lentitud en el conteo preliminar y los resultados del conteo rápido dejaron la sensación de que las cifras de resultados atendÃan intenciones polÃticas y no el respeto al voto. Asimismo, la diferencia entre empresas encuestadoras también creó el ambiente de saldos maquillados: 4 por ciento y 7 por ciento a favor del PAN, a pesar de que las encuestas de salida debieran ser más o menos parejas porque entrevistan a electores.
Al final, el proceso electoral en Yucatán careció de certeza y fue producto de juegos de poder. Por tanto, las elecciones se deben anular o la priista Ivonne Ortega Pacheco carecerá de legitimidad y de credibilidad y ejercerá una gubernatura pactada en Los Pinos.
Fuenteovejuna
Mauricio Merino
EL UNIVERSAL
No hacÃan falta más argumentos para reconocer la necesidad de reformar el código electoral, pero ahora hay otro: resulta que nadie sabe cuánto costaron y quién pagó 281 mil spots difundidos durante las campañas electorales del año pasado. La consecuencia inmediata de ese hueco de información fidedigna es que el IFE ha decidido emprender una investigación oficiosa para tratar de dilucidar el origen de esos mensajes, aunque ya la propia autoridad hizo el recuento y tiene la evidencia en las manos.
Es el mundo al revés. Los partidos están obligados por ley a informar del origen de todos los recursos que hayan utilizado en campaña, y también del monto y el destino de todas sus erogaciones. Esos informes deben dar cuenta detallada, además, de cualquier modalidad de financiamiento obtenido (en dinero o en especie), asà como de su empleo y aplicación. En sana lógica, eso significa que si aparece alguna omisión o, como es el caso de los spots, una erogación evidente que no fue reportada fielmente, la autoridad debe sancionarlos de inmediato.
En estricto rigor jurÃdico, son los partidos quienes debieron explicar las razones por las que esos mensajes electrónicos no fueron revelados y no la autoridad quien debe salir a buscar explicaciones. Si en mi cuenta de banco aparecen 100 millones de pesos repentinamente y yo los gasto con felicidad, no se me ocurrirÃa pedirle a Hacienda que me exculpe de toda responsabilidad hasta que las autoridades no investiguen de dónde vino ese dinero. Es completamente absurdo.
Sin embargo, todo indica que la coalición formada por todos los partidos polÃticos ante el IFE ha logrado derrotar la lógica y ha conseguido ganar tiempo. Por su parte, la autoridad enfrentará esa investigación con medios débiles, pues la propia legislación de la materia le impide obligar a los particulares a informarle sobre sus relaciones polÃticas o comerciales con los partidos, y menos aún sobre las ilÃcitas.
Como bien se sabe, el IFE puede y debe vigilar y sancionar la conducta de los partidos y de sus militantes, pero no puede ni debe actuar sobre las demás personas. El poder concedido a las autoridades electorales está ceñido exclusivamente a los partidos polÃticos, y a nadie más. De modo que si les preguntan a las televisoras y no les contestan, ya no podrán hacer nada más que cerrar el caso y confiar en que el Tribunal Electoral, si asà lo decide a partir de la impugnación de algún partido, les otorgue los medios jurÃdicos para volver a actuar.
Tan evidentes son las limitaciones de las autoridades electorales en esa materia, que buena parte de esta nueva confusión se deriva del incumplimiento del convenio amistoso que habÃan suscrito las empresas televisoras con el IFE (a través de la cámara que las agrupa) para informarle de los contratos celebrados con los partidos.
Sin embargo, los empresarios no cumplieron su compromiso (y no están obligados a hacerlo), y los partidos han armado toda una estrategia para desconocer el dato. Pero unos y otros esperarán sentados a que las autoridades electorales investiguen y prueben lo que, en rigor, deberÃan haber informado ambos conforme al procedimiento previamente establecido.
Habrá que armarse de paciencia, pues la investigación oficiosa puede tomar mucho más tiempo que los tres meses prometidos por el IFE. De entrada, ya sabemos que los plazos formales que tenÃan los partidos para aclarar los errores y las omisiones en las que incurrieron fueron completamente insuficientes. Conforme a la ley, en ese lapso debieron precisar las razones por las que no incluyeron los 281 mil spots que nadie admite, mientras que la autoridad electoral tuvo 120 dÃas para revisar los datos presentados antes por los partidos y todos los medios para solicitarles la documentación que hiciera falta para probar su veracidad.
También tuvo a la vista los resultados del monitoreo que prueba la existencia de esos spots, de modo que contó con el tiempo necesario para cotejar los informes presentados con su propia evidencia. Pero al llegar al final de la ruta, se nos informa que hay que volver al principio (mientras el Tribunal Electoral no lo prohÃba). Asà pues, los partidos saldrán impunes (al menos respecto el origen y el monto de los famosos spots), los medios mantendrán el sigilo sobre sus clientes de lujo o, peor todavÃa, sobre las aportaciones que les hicieron por debajo de la mesa, y el proceso electoral de 2006 seguirá vivo.
Por otra parte, al concluir la investigación se abrirá otro capÃtulo, pues los partidos polÃticos podrán impugnar sus resultados ante el Tribunal Electoral quien, con las facultades judiciales que tiene en las manos, podrá ordenar la apertura de otros expedientes que se hayan mantenido cerrados a los ojos del IFE, para volver nuevamente a la indagación sobre el origen de las aportaciones. Y nadie puede saber, a ciencia cierta, cuántos meses tomará ese procedimiento. Buena noticia para los partidos, que asà habrán ganado más tiempo para inventar otra salida, o para producir un nuevo enredo.
Mientras tanto, seguiremos acumulando dudas sobre el proceso electoral del 2006. Si ya las tenÃamos en abundancia, ahora hay que sumar la incertidumbre sobre los gastos realizados por los partidos, sobre los apoyos que recibieron de las empresas y sobre el respeto a los topes de campaña. Tres datos que están perdidos entre las grabaciones de los spots, y cuyo destino no podremos saber sino hasta que la investigación oficiosa ordenada por las autoridades electorales no concluya de manera definitiva.
En cambio, ya sabemos que el régimen electoral mexicano está en crisis. Es probable que los estrategas de los partidos estén celebrando las decisiones tomadas por las autoridades, pues consiguieron eludir sanciones y responsabilidades públicas que les habrÃan hecho daño. Pero el costo sigue cargando a la cuenta de nuestras instituciones electorales, que a estas alturas ya han pagado toda clase de facturas. Y ahora tendrán que sufragar otra, porque nadie quiere confesar quién pagó las campañas espantosas del 2006.
Joseph Stiglitz / El nuevo modelo económico de China
REFORMA
El éxito de China desde que iniciara su transición a una economÃa de mercado se ha basado en estrategias y polÃticas flexibles: a medida que se soluciona cada conjunto de problemas, surgen otros nuevos para los que es necesario idear nuevas polÃticas y estrategias. Este proceso incluye una innovación social. China logró reconocer que no podÃa sencillamente transferir instituciones económicas que habÃan funcionado en otros paÃses; al menos, lo que habÃa funcionado en otras partes del planeta debÃa adaptarse a los problemas especÃficos que la nación enfrentaba.
Hoy China debate un “nuevo modelo económico”. Por supuesto, el modelo económico antiguo ha sido un éxito resonante, generando casi un 10 por ciento de crecimiento anual a lo largo de 30 años y sacando de la pobreza a cientos de millones de chinos.
Hace poco visité una remota aldea Dong en las montañas de Quizho, una de las provincias más pobres de China, a kilómetros del camino pavimentado más cercano; sin embargo, tenÃa electricidad, y con ella no sólo habÃa llegado la televisión, sino también la Internet. Si bien parte del aumento de los ingresos correspondÃa a remesas enviadas por miembros de la familia que habÃan migrado a ciudades de la costa, los campesinos también disfrutaban de una mejor situación, con nuevas cosechas y mejores semillas: el gobierno les vendÃa a crédito semillas de alta calidad con un Ãndice garantizado de germinación.
China sabe que debe cambiar para que su crecimiento sea sostenible. A medida que una proporción creciente de la población migra a centros urbanos, se hace necesario hacer que estas ciudades sean lugares habitables, lo que exigirá una cuidadosa planificación que incluya parques y sistemas de transporte público.
Igualmente interesante es el que China esté intentando distanciarse de la estrategia de crecimiento impulsado por exportaciones, emprendida a semejanza de otros paÃses del este asiático y que permitió la transferencia de tecnologÃa, ayudando a cerrar la brecha del conocimiento y mejorando aceleradamente la calidad de los bienes manufacturados. Esta estrategia significó para China producir sin preocuparse de desarrollar el mercado interno. Sin embargo, ya hay señales de un retroceso global. Incluso si los mercados no están completamente saturados en muchas áreas, será difÃcil mantener Ãndices de crecimiento de dos dÃgitos para las exportaciones.
De manera que algo tiene que cambiar. De hecho, para cumplir el reto de reestructurar su economÃa y hacerla menos dependiente de las exportaciones y de los bienes para cuya producción se hace uso intensivo de recursos naturales, China debe estimular el consumo. Mientras el resto del mundo se esfuerza en aumentar el ahorro, China, con una tasa de ahorro de más de 40 por ciento, se esfuerza en hacer que su gente consuma más.
Brindar mejores servicios sociales (salud pública, educación y programas de jubilación) reducirÃa la necesidad de ahorrar como “precaución”. También serÃa de ayuda un mayor acceso a servicios financieros para empresas medianas y pequeñas. Y los “impuestos verdes” -como los que se aplican sobre las emisiones de carbono- cambiarÃan los patrones de consumo, al tiempo que desincentivarÃan las exportaciones que hacen uso intensivo de recursos energéticos.
A medida que China se distancia del crecimiento impulsado por exportaciones, tendrá que buscar nuevas fuentes de dinamismo empresarial, lo que exige un compromiso con la creación de un sistema de innovación independiente. China ha invertido fuertemente en educación superior y tecnologÃa; ahora se está esforzando por crear instituciones de nivel mundial. No obstante, si desea un sistema de innovación dinámico, debe resistir la presión de los gobiernos occidentales para adoptar el tipo de leyes de propiedad intelectual poco equilibradas que le exigen. En lugar de ello, debe diseñar un régimen de propiedad intelectual “equilibrado”: puesto que el conocimiento mismo es el componente más importante de la producción de conocimiento, un régimen de propiedad intelectual mal diseñado puede entorpecer la innovación, como ha sido el caso de EU en algunos ámbitos.
La innovación tecnológica occidental se ha centrado muy poco en reducir el impacto medioambiental adverso del crecimiento, y demasiado en ahorrar mano de obra, algo que China tiene en abundancia. De modo que tiene sentido para China el concentrarse en el desarrollo cientÃfico de nuevas tecnologÃas que hagan uso de una menor cantidad de recursos. Pero es importante tener un sistema de innovación (lo que incluye un régimen de propiedad intelectual) que asegure que los avances en el conocimiento se utilicen de manera amplia y generalizada, lo cual puede exigir enfoques distintos a los regÃmenes de propiedad intelectual basados en la privatización y el monopolio del conocimiento, con los altos precios y los limitados beneficios que esto conlleva.
Demasiada gente piensa que la economÃa es un juego de suma cero, y que el éxito de China ocurre a expensas del resto del mundo. Sin embargo, en realidad la economÃa es un juego de suma positiva. Una China cada vez más próspera no sólo ha elevado las importaciones desde otros paÃses, sino que ha proporcionado bienes que han mantenido bajos los precios en Occidente, a pesar de la abrupta alza de los precios del petróleo en los últimos años. Esta presión descendente sobre los precios ha permitido a los bancos centrales occidentales seguir polÃticas monetarias expansivas, apuntalando un mayor nivel de empleo y crecimiento.
Todos, sin excepción, deberÃamos esperar que el nuevo modelo económico de China tenga éxito. Si lo hace, tendremos mucho que ganar.
EconomÃa Informal
Macario Schettino
Los pecados de la economÃa según el BM
EL UNIVERSAL
Como lo hemos repetido durante mucho tiempo, los grupos de poder de todo tipo que conforman monopolios rentistas constituyen la principal restricción a nuestro crecimiento y mayor bienestar
En estos dÃas el Banco Mundial (BM) hizo público el estudio Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social , en el cual señala 11 puntos que constituyen restricciones fundamentales a nuestro crecimiento.
Estos puntos son: 1) obstáculos para promover un entorno competitivo; 2) problemas en el marco impositivo y en su regulación; 3) alta corrupción; 4) limitaciones en la educación; 5) altos costos por la regulación; 6) deficiencias en el sector financiero por la existencia de monopolios; 7) rezagos en la inversión en tecnologÃa; 
altos costos en el transporte; 9) falta de continuidad en polÃticas macroeconómicas; 10) altos precios en combustibles y energÃa y 11) rigideces en el mercado laboral. En suma, estos elementos impiden que nuestra economÃa alcance mayores niveles competitivos, se modernice y contribuya de manera significativa a nuestro crecimiento y a un mayor bienestar para la sociedad.
Ninguno de estos problemas es nuevo y desde hace tiempo los hemos venido señalando académicos y analistas, e incluso las mismas autoridades. El BM sólo los sistematiza y les agrega su firma. En todo caso son nuestros 11 pecados capitales, aunque en realidad son 10 y uno de ellos serÃa el pecado original, ya que, mientras no lo resolvamos, difÃcilmente se solucionará el resto de ellos.
Todos sabemos que el mayor obstáculo para que nuestra economÃa logre alcanzar un nivel superior de desarrollo son los grupos de poder, públicos y privados, que se han conformado en grupos monopólicos rentistas y cuya principal actividad es la de redistribuirse el pastel más que crear nuevas oportunidades para hacerlo crecer. Aquà se incluyen empresas privadas y públicas; grupos polÃticos y sociales; sindicatos y otros más. Mientras no logremos modificar esta situación, difÃcilmente avanzaremos en la solución de los otros problemas.
Por ejemplo, todos conocemos el serio problema en la calidad de nuestra educación tal como lo han mostrado públicamente los resultados internacionales sobre la materia. Pero todos conocemos también que un obstáculo en la consecución de las polÃticas públicas adecuadas para resolver este problema ha sido, entre otros, el propio sindicato, como quedó claro en la reciente negociación salarial, o como lo demuestra el comportamiento radical de la Coordinadora en estados en los que tiene mayorÃa, pero cuyos resultados en valoraciones educativas los dejan mal parados.
Otro ejemplo es el referido a los altos costos en los energéticos, pero modificar esta situación requiere una actitud distinta de los que detentan el poder en estos monopolios públicos, asà como en los grupos polÃticos y sindicales que encuentran beneficios en sostener y apoyar estas ineficiencias. Lo mismo sucede con el punto referido al sector financiero. Es claro que una de las mayores preocupaciones ha sido el tema de las comisiones, que son los precios pagados por los servicios que ofrece este sector.
En un mercado oligopólico o monopólico, estos precios siempre reflejarán una redistribución de bienestar de los consumidores a los productores. Aquà hablamos de grupos de poder privados, como sucederÃa en los sectores de telecomunicaciones o de transportes. En todos los casos existe algún grado de corrupción, ineficiencias o marcos regulatorios y de supervisión poco adecuados, lo que incrementa los costos por este motivo. Lo más preocupante es que muchos de estos beneficios no son ilegales, sino que precisamente son obtenidos de acuerdo con el marco legal y de regulación vigente.
El problema es que modificar este entorno legal e institucional es una tarea titánica que se verá enfrentada precisamente a estos grupos y a sus voceros. Ejemplos recientes abundan en nuestro paÃs. Una breve lista de temas últimamente discutidos en los medios podrá refrescar la memoria de nuestro lector: ley Televisa; el tema de la intercomunicación y la interconexión; la Ley del ISSSTE; la posibilidad de ofrecer más dientes a nuestras autoridades regulatorias y supervisoras; la recepción a las opiniones sobre competencia en diversos sectores expresadas por la Comisión Federal de Competencia; la negociación salarial del magisterio; las comisiones por los servicios bancarios y financieros; la distribución de la gasolina en nuestro paÃs; la distribución de medicinas; la transparencia en el gasto de los estados; la defensa del esquema de tratamiento especial tributario a ciertos sectores productivos; el aeropuerto y Atenco, y muchos otros temas que por falta de espacio no menciono en este espacio.
Hablamos de estructuras de poder que se han venido conformando en el último siglo como consecuencia en muchos casos de prebendas, pagos y favores polÃticos, y que a pesar de los cambios democráticos que se han venido dando en nuestro paÃs, su existencia no se ha visto mermada en la mayorÃa de los casos y han sido muy efectivas para readaptarse a las nuevas condiciones. Este es el pecado original de nuestra economÃa y sólo mediante su solución podremos avanzar en resolver la mayorÃa de los otros problemas.
alejandro.villagomez@cide.edu
SINDICATO DE VW
Demandan a VW justo reparto de utilidades
* Entregarán trabajadores copia de impugnación al periodo fiscal 2006.
* Prevén insuficiente pago de la empresa.
* Realizarán plantón en oficinas del SAT.
Mariana Otero-Briz
EL FINANCIERO
Trabajadores del sindicato de Volkswagen de México realizarán hoy un plantón en las afueras del edificio central del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los agremiados protestarán contra el reparto de utilidades que la compañÃa automotriz planea darles, pues consideran que luego de las ganancias obtenidas por la armadora en 2006, éste es insuficiente.
Asimismo entregarán a funcionarios de la dependencia una impugnación del ejercicio fiscal 2006 de la empresa.
“Las declaraciones que ha hecho el presidente de la compañÃa y los directivos, es que ha sido un buen año, se ha aumentado la productividad y la cantidad de autos producidos, y esto no se ve reflejado en el reparto de utilidades”, señaló Miguel Ingel Galván, secretario de prensa y comunicación del sindicato.
Informó que también exigirán la respuesta de la impugnación que se presentó en 2005, pues funcionarios del SAT han alegado que debido al cambio de administración, no se le pudo dar seguimiento y, por lo tanto, no existe una resolución del caso.
Previo al plantón en la ciudad de México, los trabajadores llevarán a cabo una protesta en las oficinas de la dependencia en Cholula, Puebla, donde también impugnarán el ejercicio fiscal de la armadora.
Las protestas comenzarán a las ocho de la mañana en el estado de Puebla, por lo que estiman que el plantón en la capital del paÃs dará inicio alrededor de las 13:00 horas.
CONSAR
Emitirá la Consar regulación de cobro único en comisiones
YalÃn Cacho López
EL FINANCIERO
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) emitirá en breve la regulación secundaria que establecerá cómo es que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) deberán transitar hacia el cobro único de la comisión sobre saldo que aplicará a partir de 2008.
Según las disposiciones de la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), después de nueve meses de que entre en vigor, las Afore dejarán de recaudar la comisión sobre flujo que hoy aplican y sólo cobrarán una sobre saldo.
Lorenza MartÃnez, titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones de la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público, informó lo anterior y especificó que ayer se realizó una asamblea extraordinaria del órgano de gobierno de la Consar, en la que también se establecieron los mecanismos para crear el Ãndice de rendimiento neto (IRN) que se utilizará para comparar a las Afore.
Regularán la competencia
Aprueba Consar reglas para comisiones de Afore
La titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, Lorenza MartÃnez, dijo que dichas disposiciones se publicarán en los próximos dÃas a través de una nueva circular.
MILENIO
La junta de gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) aprobó ayer, en reunión extraordinaria, las reglas para la transición de comisiones que tendrán que hacer las Afore, a partir de las recientes reformas a la Ley del SAR, informó la SecretarÃa de Hacienda.
La titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, Lorenza MartÃnez, dijo que dichas disposiciones se publicarán en los próximos dÃas a través de una nueva circular.
La junta de gobierno también vio lo relacionado con la construcción del indicador de rendimiento neto, bajo el cual las administradoras habrán de competir para la asignación y traspasos de cuentas de los trabajadores.
Con los cambios en donde desaparecerá la comisión de flujo o aportaciones, se tendrá sólo un comparativo de comisiones sobre saldo. La Consar, advirtió, a ninguna administradora le convendrá aumentar sus comisiones sobre saldo para seguir obteniendo las ganancias que tenÃan antes de la reforma a la Ley del SAR.
SNTE
“No estamos en el medioevo”, justifica la lideresa del magisterio
Elba negociará con Calderón “sin cinturón de castidad”
La maestra urge al gobierno a sacar la reforma integral de la educación, si no, “¡adiós!” Propone abrir planteles básicos al financiamiento privado.
MILENIO
La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, adelantó que no habrá lÃmites para pactar con el gobierno de Felipe Calderón la polÃtica educativa y, de entrada, propuso como parte de una reforma integral al sector la participación de la iniciativa privada en el nivel básico.
“No creo que estemos en el medioevo. Para ser fiel y leal a lo que creo, no tengo por qué ponerme cinturón de castidad�, expuso Gordillo en conferencia de prensa, durante el cuarto Congreso Nacional de Educación y el segundo Encuentro de Padres de Familia y Maestros que se lleva a cabo en esta localidad mexiquense. Y advirtió que la reforma integral debe darse este sexenio. “Si esta vez no lo hacemos, ¡adiós!�
Gordillo negó cometer “delito ideológico o moral� por negociar con partidos, como el PAN, luego de discutir en reunión privada con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE la propuesta de reforma integral que presentará la próxima semana a Calderón.
CAMPO
En manos de narcos, 30% de la tierra cultivable
* Rebasa la cifra a la superficie sembrada de maÃz.
* Empobrecimiento del campo, causa de la “reconversión”.
* Propone el TSA impulsar proyectos productivos.
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO
El empobrecimiento del campo mexicano y la falta de programas adecuados para los productores ha causado que al menos 30 por ciento de la tierra cultivable esté en manos de narcotraficantes, reconoció el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo GarcÃa Villalobos.
La superficie cultivable es de 30 millones 201 mil 600 hectáreas, por lo que el 30 por ciento son poco más de nueve millones.
Esta última cifra es similar a la superficie sembrada de maÃz, que va de 8.3 a 8.6 millones de hectáreas.
Entrevistado en el marco de la firma del convenio de colaboración institucional entre ese Tribunal y la ProcuradurÃa Agraria, señaló que muchas veces los campesinos más pobres reciben de los narcotraficantes semillas y les garantizan el pago haya o no producción, lo que aceptan, pues generalmente se encuentran en pobreza absoluta.
Este tipo de prácticas se dan básicamente en los estados del sur de la República, especÃficamente en las zonas serranas, debido a que esos lugares se cobijan con el bosque, son más difÃciles los accesos y menos posibles los controles.
El magistrado calificó de preocupante que los campesinos sean utilizados por los productores de estupefacientes, que ya no sólo se les alquila la tierra, sino además se les hace el trabajo hasta la cosecha.
Lo anterior ha causado que en estados como Oaxaca las cárceles estén llenas de indÃgenas que en realidad no saben que cometieron un delito.
Afinan propuesta para una nueva Ley Agraria
(Héctor A. Chávez Maya)
EL FINANCIERO
El procurador Agrario, Rocendo González Patiño, se pronunció por que a la dependencia se le amplÃen las facultades para atender de mejor manera a los campesinos.
Actualmente, explicó, la ley la obliga a atender al pequeño propietario, pero no tiene facultades para litigar en tribunales civiles; tiene la obligación de defender al jornalero, pero no puede trabajar en materia laboral, reduciéndose de manera significativa su labor de defensa de los trabajadores rurales.
“Solamente nuestra esfera es materia agraria, y ante eso nos vemos limitados para darle una atención completa”, apuntó en entrevista con EL FINANCIERO.
Para el efecto, indicó, hay una propuesta de nueva Ley Agraria, que se discutirá en breve en la Cámara de Diputados.
La ampliación de facultades deberá venir acompañada de un incremento al presupuesto de la dependencia, toda vez que para el presente año sólo asciende a 677 millones de pesos, insuficientes para atender los conflictos agrarios.
Se requiere más dinero para asegurar la operatividad en los más de 32 mil núcleos agrarios en el paÃs, tomando en cuenta que además de ser defensores, son gestores y promotores del desarrollo en el campo mexicano.
Piden más recursos para zonas rurales
* Necesario, promover empresas para indÃgenas.
(Héctor A. Chávez Maya)
EL FINANCIERO
El presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y EconomÃa Social (Unimoss), Javier López MacÃas, demandó del gobierno federal la reorientación de presupuestos y programas que ejercen las secretarÃas de Agricultura y de Desarrollo Social.
Lo anterior, afirmó, porque no apoyan directamente a cuatro millones de familias que trabajan para subsistir, pues a pesar de que son dueños de una cantidad enorme de bienes, éstos “son capital muerto en sus manos”.
Criticó la dispersión de los recursos, ya que los más de 170 programas de apoyo al campo -cada uno con sus reglas de operación, nomenclaturas propias, sistemas y tiempos en las ventanillas- no ayudan a que el sector tenga acceso de manera oportuna y eficiente a la ayuda gubernamental.
Ante esa problemática es oportuno pensar que el sector merece una focalización en la atención que se puede dar en la SecretarÃa de la Reforma Agraria, a la que se deberÃan asignar programas y presupuesto que operan la Sagarpa y la Sedesol.
López MacÃas consideró que la SecretarÃa de Agricultura está más adentrada en el apoyo de productores que de una o de otra manera ya están organizados, cuentan con sistemas de abasto o de comercialización.
Renegociación del ANC esconde necesidades del campo: Barzón
* Sagarpa, oficialÃa de partes de transnacionales.
* Grave, una fractura del movimiento por cuotas.
* Urge una auténtica voluntad del gobierno.
Héctor A. Chávez Maya
EL FINANCIERO
La supuesta renegociación y actualización del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), anunciada la semana pasada por la Sagarpa y organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Congreso Agrario Permanente (CAP), constituyen una estrategia para esconder las verdaderas necesidades del sector, aseguró Alfonso RamÃrez Cuéllar, dirigente de El Barzón.
En conferencia de prensa señaló que serÃa muy grave que a partir de una supuesta actualización del ANC, varias agrupaciones rurales entraran nuevamente en negociaciones de cuotas de recursos y a cambio se fracture la unidad del movimiento campesino, dejando de lado las demandas estratégicas.
Criticó el voto de confianza que esas organizaciones le dieron a los funcionarios, cuando deberÃa buscar revertir la polÃtica de imposición aplicada por el gobierno desde el sexenio pasado.
Acusó a la SecretarÃa de Agricultura, GanaderÃa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de haberse convertido en una oficialÃa de partes de las grandes empresas transnacionales y como una oficina de gestorÃa de los grupos económicamente más poderosos.
OPINION
Ley del ISSSTE: protestas y amparos
Por: Leonel Cota Montaño
EXCELSIOR
Para Calderón, lo importante es no dar marcha atrás en la que para él representa la madre de todas las reformas estructurales, de cuya aplicación depende que sobrevengan cambios esenciales
Aprobada a finales de marzo pasado por legisladores del PRI y del PAN, la controvertida reforma legal representa para millones de personas una importante pérdida de derechos que se traduce en pensiones de menor cuantÃa, incremento a la edad de jubilación y al número de años de cotización, asà como cuotas cuyo monto se eleva a casi el doble del actual.
Espejo de la fracasada Ley del IMSS, la nueva legislación ha sido repudiada por los trabajadores del Estado, al darse cuenta de que, lejos de proteger sus intereses, amenaza con despojarlos de conquistas laborales históricas y reducir sus expectativas de un retiro digno.
En un caso que, para las instituciones encargadas de impartir justicia es inédito, los trabajadores no sólo se inconformaron masivamente en las calles de ciudades de todo el paÃs, sino eligieron también la vÃa jurÃdica, para hacer respetar sus derechos y contener el frenesà calderonista por imponer reformas “estructuralesâ€? al vapor.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, suman 167 mil 327 las personas que recurrieron al juicio de amparo, para impugnar la ley referida.
Debemos valorar en su justa dimensión el significado profundo de este hecho, que no tiene precedente desde la creación del juicio de amparo como recurso accesible a los ciudadanos para obtener protección ante los abusos de autoridad.
Un mensaje clarÃsimo de esta multitudinaria inconformidad, dirigido a los legisladores y a los funcionarios del gobierno federal responsables de la imposición, es que los trabajadores no están dispuestos a que su bienestar futuro, y el de sus familiares, sea sacrificado en aras de la urgencia gubernamental de allegarse recursos y de pagar facturas polÃticas.
Pero ni Miguel �ngel Yunes ni Felipe Calderón han acusado recibo. Y si entendieron el mensaje, es evidente que no están dispuestos a actuar en consecuencia.
Felipe, ahora encarrerado y seguro de contar con los votos del PRI en el Congreso, tras la tersa entrega del poder en Yucatán, insta a realizar ya “reformas profundas, porque el tiempo se acabó�.
Previamente lanzó un improvisado plan de diez puntos para superar en un plazo utópico (90 dÃas) el añejo rezago en la prestación de servicios del ISSSTE. A sabiendas de la imposibilidad práctica de dar cabal cumplimiento a ese plan, se apresuró a presentarlo, para ganar tiempo y justificar mediáticamente la aplicación de las reformas, ante el alud de amparos.
Según Calderón, lo importante es no dar marcha atrás en la que para él representa la madre de todas las reformas estructurales, de cuya aplicación depende que sobrevengan cambios esenciales en las legislaciones fiscal, laboral y energética.
También considera obligado cumplir sus compromisos de campaña con la profesora Gordillo, a quien, por medio del PensionISSSTE, le entregará el control mancomunado de los 58 mil millones de pesos del SAR-ISSSTE. Se calcula que estos recursos sumarán 160 mil millones en el plazo de tres años de gracia concedido a los lÃderes del SNTE y la FSTSE, antes de que esos fondos puedan ser administrados por cualquier Afore privada.
En las comisiones que cobrará el PensionISSSTE por el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores radica el negocio para las cúpulas sindicales beneficiarias de la ley. Esta concesión temporal es una más de las costosas facturas que la profesora Gordillo ha cobrado a Felipe Calderón por los servicios electorales prestados. Pero son los contribuyentes quienes la pagan.
No parece haber mucho espacio para el optimismo en este asunto. Persiste, sin embargo, la esperanza de que el máximo tribunal del paÃs reconozca que las reformas a la Ley del ISSSTE constituyen un retroceso y resuelva que, al ver reducidas sus expectativas de bienestar, los trabajadores tienen razón al denunciar que la ley reformada viola sus derechos fundamentales.
MESA DE NEGOCIOS
* Fin al paraÃso perverso y legaloide en las Afore.
Herminio Rebollo Pinal
EL FINANCIERO
A unas horas de entrar en vigor las reformas a la Ley del SAR, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (se espera no pase de esta semana), los fondos para el retiro viven una especie de luces y sombras en su balance; hay más preguntas que respuestas respecto a la situación real de uno de los modelos financieros más nobles que existen.
Las administradoras tienen razón en que la autoridad no los consultó para el cambio de reglas del juego que está por publicarse y que eso no se vale. Es cierto también que el nuevo modelo constituye un vuelco de 180 grados en la fórmula para hacer negocio y que esto pondrá en riesgo la viabilidad de al menos seis de las 20 Afore que existen en el paÃs.
Parece fundada igualmente la queja de que nueve meses para la transición de sistema es muy poco contra los cinco años que solicitaban. Y como corolario, es una realidad que el nuevo esquema fractura e incluso enfrenta a las administradoras en su organización cúpula representativa, la Amafore.
Lo que sucede es que, en el otro extremo, también es verdad que en los últimos años se dio paso a un sistema perverso en el que “en nombre de los trabajadores” se alentó el surgimiento de administradoras diseñadas para ganar el premio mayor de la loterÃa, pero sin comprar billete.
De qué otra manera puede calificarse el hecho de que al poco de nacer, sin necesidad de promotores y con la facilidad de realizar combinaciones, por más amañadas que pudieran ser, para aparecer en la tabla con el cobro más bajo de comisiones, las administradoras cuenten con 50 mil, 80 mil o más de cien mil afiliados.
Y todo legal. La ley obliga hoy a la Consar a asignar a los trabajadores que no elijan Afore a aquellas administradoras con las comisiones más bajas. Y que los trabajadores permanezcan ahà hasta decidir la intermediaria de su preferencia.
La clave de todo es que aproximadamente siete de cada diez trabajadores no eligen Afore, por lo que son graciosa y obligatoriamente asignados a su Afore provisional. Este modelo provoca que hoy existan administradoras en las que el 90 por ciento de sus afiliados provienen de esa mecánica.
Y si usted piensa que tras el obsequio las afortunadas Afore se desviven por atender y apapachar a los clientes que les cayeron del cielo para retenerlos y formalizar el negocio, se equivoca. Hay datos de una Afore a la que regalaron 180 mil trabajadores y que un año después habÃa certificado apenas 90. Leyó bien. Menos de cien.
Ésta es la explicación a muchas de las cosas que se incluyeron en la ley que está por publicarse. Asà como las formas, seguramente no ortodoxas, para echar a andar el nuevo modelo.
Sin embargo, el cobro por saldo, la aparición del Ã?ndice de Rendimiento Neto (IRN), el mayor número de Siefore, el lÃmite a los traspasos, etcétera, constituye un avance para terminar con los paraÃsos.
Es claro de que no todas las Afore viven de estos regalos y que la mayorÃa podrán cambiar, sin problema, el esquema para hacer negocios. Empero, ese sistema ideal en el que viven muchas de las administradoras, al que fueron invitados generosamente para hacer negocio, todavÃa subsistirá por los nueve meses de la transición.
Y eso si es realmente inexplicable e injusto.
Tiempo de Negocios / Advierte STPS a mineros sobre ilegalidad de la cláusula de exclusión a detractores de Napito
Más temprano que tarde la SecretarÃa del Trabajo salió al paso en el tema de la aplicación de cláusulas de exclusión
DarÃo Celis Estrada
REFORMA
Esto viene a cuento por la pretensión de Napoleón Gómez Urrutia y demás dirigentes del Sindicato Minero de aplicárselas a los disidentes capitaneados por ElÃas Morales, en detrimento de algunas compañÃas.
Nos referimos a grupos como Minero México de Germán Larrea, AHMSA de Alonso Ancira, Villacero de Julio Villarreal y Mittal Steel de Lakshmi Mittal. Tan sólo en este último expulsaron a 150 obreros.
Hay un precedente relevante en la materia, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echa luz al tema a través de los artÃculos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo.
Ahà se determina que en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos-ley que donde se obligue al patrón, sin responsabilidad, a remover de su trabajo a una persona que le indique el sindicato implican una transgresión.
A juicio de la corte ese artÃculo sólo autoriza que puede privarse a una persona de su trabajo lÃcito por resolución judicial, cuando se afecten los derechos de tercero, o por resolución gubernativa.
Introducir en las convenciones colectivas la cláusula de exclusión por separación, como actualmente lo permite la ley secundaria, resulta censurable conforme el principio de supremacÃa constitucional, según la STPS.
En esa tesitura, los pupilos de Javier Lozano han manifestado al sindicato y a sus compañÃas afiliadas el riesgo legal en el que incurrÃan si actúan discrecionalmente contra quienes no comulgan con los principios del gremio.
Migración y globalización
Eugenio Anguiano
EL UNIVERSAL
Con motivo del anuncio conjunto que hicieran la semana pasada en Washington, D.C., los senadores veteranos Edward Kennedy, demócrata, y el republicano John McCain de que en Estados Unidos se habÃa negociado un proyecto de ley de inmigración que, aunque imperfecto, permitirá que unos 12 millones de inmigrantes, de los cuales alrededor de 56% son mexicanos, “salgan de la sombra”, se recrudecieron argumentos confrontados y heridas causadas por un fenómeno social que vincula a México y a su poderoso vecino del norte de manera real, y que va más allá de cualquier acuerdo formal de asociación comercial o económica.
Se trata del creciente flujo de compatriotas y personas de otras nacionalidades de América Latina y otros hemisferios que cotidianamente intentan cruzar de manera ilegal la porosa frontera mexicano-estadounidense de unos 3 mil kilómetros de extensión, ante el agresivo proteccionismo migratorio de un gobierno que, también cotidianamente, hace actos de fe a favor del libre comercio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes paÃses del mundo.
Históricamente, el lema del liberalismo ha sido “dejar hacer, dejar pasar”, referido a los factores de la producción clásicos -trabajo y capital, porque el otro factor por excelencia, la tierra, es inamovible-, pero los seguidores del neoliberalismo del siglo XXI no lo respetan en cuanto al libre movimiento de la mano de obra. En la era de oro del capitalismo decimonónico (circa 1850-1914) -que en muchos aspectos superó a la actual en lo concerniente a globalización, con excepción del número de paÃses y la población del mundo, que ahora son mayores, y la tecnologÃa, más sofisticada- se produjeron grandes oleadas migratorias desde el viejo continente y Asia oriental a EU, Canadá, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y otras nuevas tierras, en busca de mejores oportunidades de vida.
Esa motivación, que se inscribe dentro de la más pura lógica de la racionalidad económica liberal, en la actualidad es rechazada implÃcita o explÃcitamente por los gobiernos de los paÃses a la vanguardia del capitalismo, los que sin embargo proclaman a la globalización de los mercados como el modus operandi al que bien harÃa toda la humanidad en adherirse. Los lÃderes de las economÃas avanzadas propugnan porque la integración de los mercados de capital y el derecho de los dueños del dinero a adquirir propiedad privada en “paÃses emergentes” sean reconocidos y aceptados como filosofÃa de vida y praxis polÃtica; por lo mismo, se dice también, los gobiernos de economÃas emergentes que se atrevan a obstruir la libre entrada de capital y la sacrosanta propiedad privada estarÃan cometiendo un grave error.
Pero cuando se trata de personas dispuestas a saltar muros, a sufrir humillaciones sin fin y arriesgar la vida con tal de ganar salarios que son dos, cuatro, 10 o hasta más veces los que devengan en sus paÃses de origen, los polÃticos, dirigentes y buena parte de la opinión pública de esos paÃses ricos y “liberales” de nombre se olvidan del postulado de la racionalidad económica, y colocan todo tipo de barreras para evitar que esos buscadores de empleo accedan a sus mercados nacionales de trabajo.
Aun asÃ, lo peor de ese doble estándar es que quienes vivimos en los paÃses expulsores de mano de obra no acabamos de aprender la lección, por lo que nos resulta más fácil apelar a los vecinos ricos para que sean congruentes entre lo que pregonan y lo que practican. Después de haber leÃdo los señalamientos de los feroces adversarios de la regularización o legalización de los millones de trabajadores extranjeros indocumentados que viven en EU, ya deberÃamos habernos dado cuenta cabal de que una máxima de la globalización es que todas las economÃas son globales, pero las polÃticas son locales.
Los polÃticos estadounidenses progresistas o menos conservadores no se atreven a defender la lógica de la globalidad económica de los trabajadores que entran a su paÃs -no obstante los beneficios que ellos aportan-, porque perderÃan el apoyo de sus votantes. Los argumentos más descarnados de la derecha, de que los inmigrantes ilegales o indocumentados son una amenaza para su seguridad nacional, no son un enfermizo resultado del 11/9 de 2001, sino un reflejo profundo del chovinismo de que muchos otros hacemos gala también, como nuestras autoridades al lidiar con los indocumentados que entran a México procedentes de Centro, Sudamérica y Asia.
Falta por ver si la iniciativa de ley logra pasar la oposición de los sectores duros del Congreso de EU, pero es tiempo de que en México sociedad y gobierno asumamos la responsabilidad de construir un proyecto nacional de crecimiento a la vez que generador de empleo, a fin de ir gradualmente suprimiendo el estigma del subdesarrollo, y de ser los principales exportadores mundiales de trabajadores indocumentados.
LEY DE RADIO Y TV
Ministro Sergio Aguirre
Ni la IP ni senadores presionarán a la Corte
En un año nadie ha trabajado una solución a la ley Televisa, dice
MILENIO
La Suprema Corte de Justicia no se dejará amedrentar por las presiones o amenazas de algún grupo o partido polÃtico, y por ende resolverá conforme a derecho la acción de inconstitucionalidad relacionada con las leyes federales de Telecomunicación y de Radio y Televisión.
En tono de advertencia, el ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano fijó la postura del alto tribunal, al señalar que aquellos que amenazan, presionan o amedrentan a la Corte no saben de qué están hechos los ministros.
“Por cumplir con nuestras encomiendas no pagamos costo polÃtico alguno, estamos prestos a desahogarlas y sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción e imparcialmente, sin estridencias, tal y como está prevista en la Constitución, sin preocupaciones de otras polÃticas. De eso estamos hechosâ€?.
Al dar lectura al proyecto de resolución sobre dichas leyes, el ministro fue claro al indicar que no se podrá quedar bien con ninguna de las partes y señaló, además, que en aproximadamente un año no se ha reflexionado una solución legislativa entorno a este tema, lo anterior en clara referencia a quienes aseguran que si la Corte no reconoce la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión, el Senado tendrá que poner remedio.
El Legislativo no garantizó el acceso de pueblos indÃgenas a los medios, plantea
La Corte resolverá sin ideologización el caso de la ley Televisa: Aguirre Anguiano
JESUS ARANDA
LA JORNADA
“La realidad es que no saben de lo que estamos hechos”, advirtió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al presentar ayer, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su “documento de trabajo” que servirá de base en la “resolución final” sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la ley Televisa. Esto en respuesta, sin mencionar nombres, a aquellos que han cuestionado el papel del máximo tribunal en la revisión de este asunto.
Para los presentes en el salón de sesiones, el ministro se referÃa, con su conocido sarcasmo, a la intención de senadores de “poner remedio” a la legislación impugnada, si la Corte no lo hace, y puntualizó: “Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa, sin que, desde luego, nada lo impidiera”.
Se comentó en la sede del máximo tribunal que otro destinatario del mensaje era el PRD, cuando mencionó “que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no resuelve la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas provocará que el partido polÃtico que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres propios de la reforma del Estado”.
ConfÃa en la independencia de la Corte para declarar la inconstitucionalidad
Televisoras se aprovecharon del “momento electoral”: Corral
Riesgo de que se complique la entrega de nuevas concesiones: Cofetel.
MILENIO
El ex senador panista Javier Corral Jurado sostuvo que Televisa y Televisión Azteca aprovecharon el “momento electoral� de 2006 para obtener privilegios en las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, hoy sujetas a una acción de inconstitucionalidad.
Aseguró que dichos consorcios, los cuales concentran 82 por ciento de las frecuencias de televisión abierta en el paÃs, impusieron los cambios al artÃculo 28 de la referida ley, para lograr la perpetuidad automática de sus concesiones, asà como la autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicación a través de sus mismas bandas.
Durante el encuentro que ayer sostuvo con la Comisión de Radio, Televisión y CinematografÃa de la Cámara de Diputados, Corral apostó a la independencia e imparcialidad de la Suprema Corte para rechazar las presiones y declarar la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa.
Ante ataques, exige a Tv Azteca derecho de réplica
Corral: la ley Televisa, “momento crepuscular”
ROBERTO GARDUÑO , JESUS ARANDA
LA JORNADA
El debate en torno a los medios de comunicación es el asunto más relevante y complejo de las asignaturas legislativas pendientes en México, porque las empresas, principalmente las electrónicas, no sólo están dominando e influyendo decisivamente en la esfera de lo polÃtico, de lo electoral y de lo estatal, “sino porque también están imponiendo, por medio de la lógica mercantilista, un momento crepuscular en materia de lenguaje, tradición, cultura e identidad”, argumentó Javier Corral, uno de los artÃfices de la controversia constitucional contra la llamada ley Televisa.
El ex senador respondió a los ataques de los que ha sido vÃctima en los espacios informativos de Televisión Azteca, al retar públicamente a esa empresa, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, a que le otorgue el derecho de réplica para responder a la postura cuasimaximalista de dicha firma.
“No es reprobable que el señor Salinas Pliego ni el señor Emilio Azcárraga defiendan sus intereses; lo que es reprobable es que los defiendan con base en mentiras. No tengo ningún inconveniente en ir a aclarar y puntualizar todas las cosas, lo harÃa con muchÃsimo gusto. Además, me han hecho tan famoso después de años de no salir en televisión, y lo que quiero es que Salinas Pliego cumpla el derecho de réplica que está establecido en el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión”, declaró.
ArtÃculo 28 de la ley de medios causa ruido en Suprema Corte
* Cuestionan ministros posibilidad de que se den nuevos servicios.
* Explican expertos alcances del proceso de digitalización.
* Difieren algunas respuestas sobre uso total del espectro.
Lizbeth Pasillas
EL FINANCIERO
La posibilidad de que las empresas de radiodifusión puedan o no proporcionar nuevos servicios de telecomunicaciones con la liberación del espectro, resultado del proceso de digitalización, fue una de las inquietudes más reiteradas que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuestionaron a los peritos de la UNAM y el IPN.
Los ministros, en el segundo dÃa de reuniones con los académicos, quienes les resolverÃan dudas de carácter técnico sobre las implicaciones de las reformas a las leyes federales de radio y televisión, preguntaron una y otra vez si el proceso de digitalización y la consecuente liberación del espectro -los concesionarios tienen 6 megahertz asignados- permitirá que esas empresas que hoy ya cuentan con una concesión de radio o televisión ofrezcan servicios como Internet.
ImplÃcitamente, lo que se estaba preguntando era el fondo del artÃculo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión -impugnada junto con otros artÃculos en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por exlegisladores-, el cual señala que un radiodifusor podrá dar servicios de telecomunicaciones con el espectro liberado mediante el proceso de digitalización con sólo pedirlo a la SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes, para lo cual podrá -ése es el término contenido en el artÃculo- pagar por ello.
COFETEL
Plantea la Cofetel plan para licitar frecuencias
Además, anunció que es posible atender la solicitud del gobierno del DF para que cuente con un permiso de televisión, con lo que se le podrÃa asignar el canal 21, que es digital
Angelina MejÃa Guerrero y Alberto Cuenca
El Universal
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) diseña un programa de licitaciones para radio y televisión, en el que se integrarÃan por lo menos 30 áreas básicas de servicio, además de que se subastarán dos o más canales y frecuencias en cada una de esas áreas, informó el presidente del órgano regulador, Héctor Osuna.
Además, anunció que es posible atender la solicitud del gobierno del DF para que cuente con un permiso de televisión, con lo que se le podrÃa asignar el canal 21, que es digital.
Las áreas básicas de servicio consideradas por Cofetel son grupos de poblaciones que pueden integrar a distintos municipios o estados, pero que, en la práctica, comparten intereses, como por ejemplo la zona metropolitana de la ciudad de México, la de Guadalajara o Monterrey.
Se explicó que la idea de la Cofetel es generar coberturas locales ampliadas o microrregionales para que los ganadores de estas concesiones puedan unirse e, incluso, formar cadenas de radiodifusión.
OPINION
Ley Televisa, encrucijada de la SCJN
LA JORNADA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el lunes el debate sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión, mejor conocida como ley Televisa. En el transcurso de este proceso, el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación tendrá en sus manos nada menos que el futuro de una norma aprobada en el contexto de un agudo proceso de perversión de las instituciones por parte de poderes fácticos claramente identificados: el duopolio televisivo y los grandes consorcios radiales, que contaron con la complicidad inescrupulosa del grupo en el poder: la Presidencia de la República y las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), empecinadas en cerrar, al precio que fuera, el paso a un proyecto polÃtico y económico alternativo y con orientación social.
El carácter inmoral de esta ley es tan evidente que incluso algunos personeros de los intereses empresariales que la redactaron asà lo han reconocido, por más que en su momento no hicieron nada para impedir su aprobación: antes bien, la hicieron posible.
Es preciso recordar que la legislación referida es, en primer lugar, discriminatoria y excluyente, pues tiene una clara dedicatoria para las dos principales empresas televisivas del paÃs (Televisa y Tv Azteca) y para las empresas radiofónicas más poderosas, y tiende a impedir al resto de la sociedad el acceso al espectro radioeléctrico de la nación. Entre los excluidos están las cadenas radiales medianas y pequeñas, los medios electrónicos educativos y culturales (los canales 11 y 22, por ejemplo), las radios universitarias, educativas (Radio UNAM y Radio Educación, entre las principales) y estatales, como el propio Instituto Mexicano de la Radio (Imer), asà como estaciones comunitarias, radios cooperativas y otros. Es decir, esta ley impide, en los hechos, que la gran mayorÃa de la sociedad acceda a un espacio en la banda de frecuencias y otorga esa facultad exclusivamente a quienes tengan concesiones previas y un enorme poderÃo financiero. Pero la norma es impresentable por otra razón: por medio de ella se pretende regalar a particulares un bien público, una extensión del territorio nacional, como lo es el espectro de señales electromagnéticas. Es, pues, una lgislación que podrÃa llegar a ser válida en lo formal, pero que en sus términos actuales resulta profundamente inmoral y contraria a los intereses nacionales.
Más allá de las crÃticas que la ley Televisa merece en lo que respecta a su contenido, debe señalarse también la forma sumamente desaseada en que fue aprobada por el Legislativo: por un lado, se maniobró para sorprender a la Cámara de Diputados a fin de que en San Lázaro fuera aceptada sin traspiés, en lo que constituyó uno de los episodios más vergonzosos de la historia legislativa del paÃs; por el otro, cuando el engendro legal llegó a la Cámara de Senadores, los intereses polÃtico-empresariales ejercieron sobre los integrantes de ese cuerpo legislativo presiones y chantajes de toda clase, si no es que compra de voluntades o intercambio de favores por manos alzadas. De esa manera se pervirtió al Senado hasta el punto en que éste dejó de ser representante de la sociedad y devino gestor de los corporativos televisivos y radiofónicos.
El hecho de que integrantes de las tres principales fuerzas polÃticas del paÃs persistan en señalar la perversidad innata de esta ley da cuenta de que la discusión acerca de su legitimidad no es necesariamente un debate “partidizado”. Lo que está en juego, en cambio, es la preminencia de una camarilla polÃtico-empresarial corrupta y monopólica por sobre los intereses de la nación y la consagración legal de poderes económicos fácticos por encima de las instituciones formales.
La Suprema Corte está ante la disyuntiva de redimirse como institución ante una historia de fallos atroces y favorables a los intereses del gran capital y al grupo en el poder; el más reciente de ellos, vale la pena recordarlo, fue la negativa a ejercer su facultad de juzgar asuntos electorales durante el conflicto poselectoral de 2006. Ayer, el ministro Salvador Aguirre Anguiano exaltó la imparcialidad del organismo del que forma parte y declaró que él y sus colegas magistrados no obedecen a ningún tipo de presión polÃtica ni ideologÃa partidista. El fallo en torno a la ley Televisa indicará, en verdad, “de qué están hechos” los máximos jueces del paÃs, y si reivindican al tribunal como un órgano que vela por los intereses nacionales o si, por el contrario, ratifican el alineamiento del Poder Judicial con un grupo gobernante que cada vez responde más a la definición de oligarquÃa. Se verá, en suma, hasta qué grado el poder del dinero privado es capaz de doblegar a las instituciones del poder público.
El Estado y la televisión
Diego Valadés
EL UNIVERSAL
Cuando fueron aprobadas las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, muchos opinamos que el poder polÃtico se habÃa doblegado ante el poder privado. Este fenómeno implica que un grupo de particulares tome decisiones de gobierno en función de su riqueza y de su posición estratégica, sin responsabilidad ante el Congreso ni ante la sociedad.
Los efectos de esas reformas son múltiples. La premura con que se adoptaron en ambas cámaras, y la actitud complaciente del entonces presidente, que contra la razón y el derecho no formuló observaciones alegando desconocer el expediente, hicieron ver a muchos legisladores, dirigentes polÃticos y funcionarios como gestores de intereses privados.
Lo que decida la Corte sobre esta materia se reflejará en la tendencia para asimilar el poder polÃtico al poder mediático. De confirmarse esa orientación, asistiremos a un giro en el funcionamiento de las instituciones. Hace apenas unas semanas una parte del Estado todavÃa pudo resistir el embate de la Iglesia; la pregunta es si también podrá hacerlo ante la televisión. Lo contrastante es que la Iglesia no depende del Estado, pero la televisión sÃ.
La transferencia del poder a las televisoras privadas obedece a un proceso de alto costo para la nación. La acción mediática para desprestigiar a la polÃtica culminó con la erosión de las instituciones, porque la sociedad acabó creyendo que toda la corrupción nacional comienza y termina en el Estado. La privatización de los medios de comunicación fue un primer objetivo de esa estrategia: resultaba imperioso dejar al poder público a merced del poder privado. Más adelante se tomaron otras medidas, como la supresión del tiempo oficial en los medios electrónicos concesionados.
No se debe incurrir en la ingenuidad de pensar que la televisión es sólo de los concesionarios. En las decisiones de los grandes corporativos mediáticos también intervienen algunas decenas (no pasan de eso) de grandes anunciantes, que participan en la definición de las polÃticas mediáticas. Por eso, entregar la conducción polÃtica del paÃs a las televisoras tiene múltiples implicaciones para las instituciones públicas.
Conforme a las disposiciones constitucionales, los órganos del poder se controlan de manera recÃproca, para evitar desbordamientos. En la base está el poder ciudadano y, según la misma estructura constitucional, entre el pueblo y los órganos constituidos se sitúan los partidos polÃticos, como vectores que trasladan los mensajes de abajo hacia arriba, y viceversa.
En la práctica, sin embrago, estamos presenciando un cambio muy pronunciado en las relaciones de poder, porque la influencia de los medios electrónicos en la opinión pública es superior a la ejercida por las instituciones públicas y por sus titulares, y para que los mensajes de los gobernantes lleguen a los gobernados, deben pasar por el filtro de los concesionarios de medios electrónicos. La imagen pública de los partidos y de sus candidatos también queda sujeta a la valoración de los medios.
En estas circunstancias, los grandes electores de nuestro sistema son los concesionarios y los principales anunciantes. Estamos pasando de un sistema de partido hegemónico a otro de dominación empresarial en el que los medios son el instrumento. Los griegos tenÃan un nombre para este fenómeno: plutocracia.
En 1988, España dio un gran paso para emancipar la polÃtica del dinero. Una ley, de un solo artÃculo, estableció: “No podrán contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de concesión”. Con algunas variantes, la misma medida se aplica en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En este punto no es posible eludir decisiones que protejan la esfera de lo público. Durante la vigencia del actual código electoral se han destinado más de 30 mil millones de pesos a los partidos; tres cuartas partes han estado destinados a los medios electrónicos, en especial a la televisión. Esto es lo que, en términos coloquiales, se llama un “negocio redondo”. Consiste en desprestigiar a los partidos para forzarlos a gastar más en recuperar su imagen.
En un paÃs con tal cantidad de carencias sociales, ¿es razonable que destinemos recursos públicos al mayor enriquecimiento de las televisoras?
Falsedades a favor de la ley Televisa
Clara Luz Ã?lvarez
EL FINANCIERO
Una verdad a medias equivale a mentir. Peor aún cuando esas falsedades pretenden confundir tanto a los que tienen que resolver sobre la inconstitucionalidad de la ley Televisa como al público.
Los medios de comunicación masiva debieran estar comprometidos con la verdad y, sin embargo, muchos de ellos en estos últimos dÃas han mostrado cómo la distorsión de la realidad y de la información es su forma de actuar.
Primero. La TV digital requiere de 6 MHz. Verdad a medias. La TV con tecnologÃa analógica requerÃa de 6 MHz para evitar interferencias. La TV digital requiere sólo de 1.5 MHz en definición estándar, hasta 4.5 MHz en intermedia y hasta 6 MHz en alta definición. Conforme al Acuerdo de TV Digital (2004) los concesionarios recibieron el “canal espejo” de 6 MHz para TV digital sin que estén obligados a prestar de manera permanente alta definición, por lo que seguramente prestarán TV estándar y ocuparán el resto del bien propiedad de los mexicanos para prestar servicios lucrativos en su propio beneficio. De cualquier manera, el ver una imagen un poco más nÃtida ¿es razón para limitar la posibilidad de nuevos medios de comunicación que puedan contribuir a la libertad de expresión?
Segundo. La convergencia será imposible sin la ley Televisa. Falso. La situación de la convergencia es la misma con o sin la ley Televisa. La diferencia es que ésta, en su artÃculo 28 establece un trato discriminatorio y preferencial para los actuales concusionarios de TV en perjuicio (1) de las televisoras sin fines de lucro que no tienen ese beneficio (2) del erario federal porque los concesionarios de TV no pagaron contraprestación alguna por sus concesiones, y (3) de los concesionarios de telecomunicaciones que sà pagaron por sus concesiones.
Tercero. No es factible que una misma frecuencia se utilice por varios prestadores de servicios. Falso. Independientemente de la tecnologÃa digital, en México existen bandas de frecuencias que prestan diversos servicios, como la banda en la que operan los sistemas de radiodifusión de los canales 4 y 5, que es la misma en la que opera SOS Telecomunicaciones, SA de CV, para prestar radiotelefonÃa y transmisión de datos por medio de su concesión de telecomunicaciones. De ahà lo grave de la ley Televisa, porque si -como es el caso de muchas frecuencias- la frecuencia está atribuida para radiodifusión, servicio fijo y servicio móvil, con el artÃculo 28 se establece un pase automático de los actuales concusionarios de TV quienes pueden perfectamente instalar una red distinta de la radiodifusión para prestar otros servicios de telecomunicaciones, como celular y banda ancha, en vez de que sea el Estado mexicano quien decida qué hacer con ese bien de dominio público (por ejemplo, un nuevo canal de TV para una universidad).
Cuarto. La subasta pública es un mecanismo para otorgar frecuencias para TV en paÃses como Alemania, EU y Reino Unido. Verdad a medias. Es verdad que se ocupa la subasta, pero en esos paÃses existe un régimen positivo para los llamados medios públicos o sin fines de lucro. En México sucede todo lo contrario, además de que a los medios públicos ni siquiera se les concede la oportunidad de allegarse de recursos para su subsistencia, mucho menos para su digitalización.
Quinto. Si se declara inconstitucional el artÃculo 28 “la radio, concesionada y permisionada, quedarÃan impedidas para digitalizarse y ofrecer servicios adicionales”. (CIRT). Falso. La ley Televisa en ningún momento está permitiendo la digitalización, ni se pronuncia por la transición hacia la tecnologÃa digital. La digitalización de la radio es una decisión de la autoridad reguladora que debe tomar en cuenta a la sociedad civil, la industria y la realidad del paÃs.
Estamos en la cuenta regresiva. DirÃa Gandhi: “Hay una ley divina en virtud de la cual quien sirve a la verdad nunca será derrotado. A veces parece que las personas entregadas a la causa de la verdad han fracasado, pero se trata de una apariencia efÃmera”.
Jorge G. Castañeda
Simulaciones
REFORMA
En un mundo imperfecto, pero mejor que éste, muchas cosas serÃan posibles. Por ejemplo: que las instituciones funcionen. Una ley de radio y telecomunicación aprobada al vapor, bajo presión y en la coyuntura menos apta para un buen trabajo legislativo que se pudiera imaginar, hubiera sido impugnada por algunos legisladores imbuidos de ciertos principios, y su impugnación hubiera prosperado. Prosperando dicha impugnación, el Poder Legislativo se abocarÃa a reformar dicha ley y a transformarla en un instrumento legal que fomentara la competencia, la calidad radiotelevisiva y la modernización tecnológica.
Asimismo, una autoridad electoral bien construida, dotada de las facultades y los recursos necesarios para su desempeño, hubiera detectado oportunamente una serie de anomalÃas y violaciones tanto a la letra como al espÃritu de la ley electoral, y hubiera evitado que se produjeran desviaciones de la norma jurÃdica electoral que pusieran en entredicho la legitimidad de los comicios.
Y por último, unos medios de comunicación sujetos a la férula de la competencia y la regulación de ninguna manera hubieran antepuesto consideraciones personales o empresariales a los valores que les impone usar una concesión pública.
Todo eso en un mundo, si no ideal, insisto, mejor que éste, y no debemos perder por completo la esperanza. Tal vez la Suprema Corte efectivamente echará para atrás la Ley Televisa por anticonstitucional; tal vez el IFE sà nos informará sobre el origen de los recursos que financiaron los 281 mil spots no atribuibles durante la campaña; y posiblemente la tercera cadena será una realidad dentro de poco tiempo en México. Pero lo más probable es que esto no suceda y que en realidad suceda casi lo contrario: si no es lo más probable, es por lo menos igualmente posible.
Si dos ministros de la Suprema Corte no van a participar y se trata de un tema de inconstitucionalidad, basta con que dos de los nueve ministros restantes no impugnen la Ley Televisa para que sobreviva. De ser asÃ, podremos preguntarnos si la publicación del proyecto de resolución del ministro Aguirre Anguiano y su acceso público vÃa internet -un acto sin precedente- no fue parte de una gran simulación: desatar un debate, en apariencia democrático y libre, que desembocara después en el mantenimiento del statu quo. Todo ello a sabiendas de que no estaban los votos.
En segundo lugar, no es imposible que después de haber reservado 281 mil spots no atribuibles -la tercera parte de la publicidad electoral del año pasado- el IFE efectivamente nos informe quién pagó y castigue a los culpables. Pero da la impresión que será más bien lo contrario.
Existen varias explicaciones posibles del spotgate. Una de ellas, la más verosÃmil pero la menos comentada, es que esos spots no los pagó nadie. No los pagó nadie porque de haberlos pagado alguien, cualquiera de los tres partidos o los tres, hubieran rebasado los topes de gastos de campaña, a pesar de las tarifas ridÃculamente bajas que las televisoras y radiodifusoras cobraron. La otra posibilidad es que esos spots encierren un sesgo claramente favorable a uno de los tres candidatos y en realidad no fueron pagados por alguien pero fueron cedidos gratuitamente por la radio-televisión al candidato de su preferencia. En ese caso también se violó la normatividad electoral. La tercera es que si alguien pagó esos spots las televisoras y radiodifusoras deben declarar esos ingresos al fisco y a sus accionistas, sobre todo a los minoritarios. Si no los declararon, violaron las disposiciones fiscales y la normatividad de protección de accionistas minoritarios, en particular para las empresas listadas en Nueva York. Si los declararon, entonces debe haber por otro lado egresos de personas fÃsicas o morales que correspondan a esos ingresos de las estaciones de radio y televisión, que también son rastreables.
Pero por desgracia todo indica que, existiendo un caminito para saber por qué la Ley Televisa habrá sido objeto de un gran debate simulado y otro para resolver el enigma de los 281 mil spots, ni la Suprema Corte, ni el IFE, ni el gobierno federal parecen estar dispuestos a recorrerlo.
Lo que sà vemos y oÃmos es que, por ejemplo, la llamada telefónica del presidente Calderón a Adal Ramones para felicitarlo hace unas noches, muestra el “otro camino” en esta materia. Camino que, por cierto, ya se ha recorrido y no hace mucho tiempo.
Gente detrás del dinero
Mauricio Merino
Ley Televisa: técnicos tunden a rudos
MILENIO
A Manuel Bartlett y a Javier Corral no les gustó lo que dijeron los técnicos del IPN y la UNAM sobre el espectro radioeléctrico a la Suprema Corte de Justicia, pues echaron por tierra uno de los mitos fundadores de los antÃpodas a la Ley de Telecomunicaciones y de Radio y Tv, aquél que dice que pueden convivir en “condominioâ€? varios operadores de servicios adicionales en una misma frecuencia.
Los ex senadores que promovieron el acto de inconstitucionalidad acusan que a través de la ley Televisa, tanto los de Emilio Azcárraga y como los de Ricardo Salinas monopolizarán el radioespectro a través de los llamados servicios adicionales con sólo solicitarlos por escrito al gobierno, bloqueando la entrada de nuevas empresas y despojando al Estado de su facultad de administrar las frecuencias.
Pero los del IPN (Hidelberto Jardón, Celestino Antonioli, Rodolfo Rosas) y de la UNAM (VÃctor GarcÃa, Fabián Romo Esaú Vivas) dejaron claro que el especto es un bien finito, subutilizado a 0.14 por ciento, y que las frecuencias para Tv no son divisibles bajo el estándard de alta definición, lo que no permite licitar servicios adicionales —voz, datos— que en el futuro con tecnologÃa digital puedan hacer sobre las frecuencias de 6 mhtz que tengan concesionadas.
Napito paga
Que Napoleón Gómez UrrutÃa ya pagó más de 5 millones de dólares por la evasión fiscal que la SHCP acusó a su esposa Oralia Casso, por el manejo a través de cuando menos 19 cuentas bancarias de los 55 millones de dólares pertenecientes a trabajadores mineros. ¡Que vivan los héroes del proletariado!
AEROPURTOS
Habrá nuevo aeropuerto
Fijarán su ubicación a finales de año. Resuelven construir terminal aérea alterna al AICM; buscan solución a largo plazo
Lilián Cruz
REFORMA
El Gobierno federal ya tomó la decisión: habrá un nuevo aeropuerto aunque la única duda es en dónde será construido.
Manuel RodrÃguez, subsecretario de Transportes de la SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó ayer que a finales de este año se terminarán los estudios de prefactibilidad para la construcción de la nueva terminal aérea.
El funcionario aseguró que con el estudio se podrá tomar la decisión del lugar ideal para la nueva terminal, ante la grave saturación que registra el actual aeropuerto capitalino y ante el crecimiento de la industria aérea con niveles superiores al 10 por ciento.
En conferencia de prensa, el subsecretario dijo que este crecimiento es resultado de la autorización de nuevas lÃneas aéreas y de la separación de Mexicana y Aeroméxico, que hoy en dÃa incrementa la competencia.
“El PaÃs requiere de una solución de largo plazo, en la que estamos trabajando y para lo que estamos llevando a cabo estudios, mismos que esperamos terminar hacia finales del año.