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SINTESIS DE PRENSA
JUEVES 13 DE SEPTEIMBRE DE 2007
REFORMA FISCAL
Lista para pasar su prueba de fuego, la reforma tributaria
* Palomeó la Comisión de Hacienda el gravamen a combustibles.
* Gradualidad en tasa del IETU; empezará en 16.5% el año próximo.
* Prevén se cumpla la meta recaudatoria de 100 a 115 mil mdp.
Jeanette Leyva Reus / Martín Román Ortiz
EL FINANCIERO
La reforma hacendaria está lista para pasar la “prueba de fuego” ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá finalmente si se avalan los siete dictámenes aprobados en comisiones.
Aun con las modificaciones efectuadas a la iniciativa original del Ejecutivo, la reforma aprobada en comisiones por los legisladores podrá alcanzar la meta de recaudación prevista en alrededor de 100 a 115 mil millones de pesos.
Ayer, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados palomeó en lo general la aplicación de un impuesto federal de 5.5 por ciento o de 36 centavos por litro a la gasolina, el diesel y el gas automotor, cuyo cobro iniciaría en el primer día de 2008.
El dictamen aprobado prevé que, a partir de enero, cada 30 días y durante 18 meses se eleve paulatinamente el precio de los combustibles dos centavos. Con este gravamen se busca captar 22 mil 700 millones de pesos.
Hoy, discusión y aprobación de la reforma hacendaria en San Lázaro
* “Quedaron algunas dudas”: Ruth Zavaleta.
* El gobierno, obligado a reducir gradualmente 20% de gasto corriente.
* Compartirá PRI el costo político del gravamen a gasolinas.
Martín Román Ortiz / Jeanette Leyva Reus
EL FINANCIERO
La Cámara de Diputados iniciará hoy la tan esperada aprobación final de la denominada reforma hacendaria, tras someter al pleno de ese órgano legislativo los siete dictámenes que integran las modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo federal, a fin de incorporarlas al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
Esto, luego de que el pleno de San Lázaro dio entrada a las primeras cinco iniciativas, donde destaca la aplicación de un gravamen de 2 por ciento a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 25 mil pesos al mes, así como una tasa gradual de 16.5, 17 y 17.5 por ciento, a partir de 2008 y hasta 2010, en el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
La presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta Salgado, aclaró que ayer los dictámenes fueron aceptados en carácter de primera lectura y que hoy se someterán a segunda lectura, discusión y votación, en razón de que “quedaban algunas dudas”.
Los dictámenes, aprobados entre el martes y la madruga de ayer, incluyen cambios a diversas leyes en materia tributaria, a la Constitución en materia de gasto, al Código Fiscal de la Federación, a las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica de la Administración Pública Federal y de Coordinación Fiscal.
Dosifican el impacto de alza a la gasolina
Discuten hoy en la Cámara de Diputados impuesto adicional. Aprueban comisiones aumento de 36 centavos; proponen una aplicación a lo largo de 18 meses
Claudia Salazar y Armando Estrop
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron ayer aplicar la nueva tasa impositiva a la gasolina y el diesel en un periodo de 18 meses, a dos centavos por mes, con el fin de disminuir el impacto inflacionario.
El aumento de 36 centavos será captado por el Gobeierno federal, administrado por los estados y 100 por ciento participable.
Su vigencia será hasta el 1 de enero de 2012, fecha en que las entidades federativas deberán asumir su cobro, si así lo deciden.
Del total recaudado, se prevé que los estados obtengan cerca de 22 mil 700 millones de pesos adicionales.
El polémico dictamen será presentado hoy en primera lectura, para ser discutido en el pleno junto con el resto de los proyectos de la reforma fiscal.
Luego de las negociaciones entre los coordinadores del PAN, Héctor Larios, y del PRI, Emilio Gamboa, el martes por la noche se concretó la propuesta que sugiere un 5.5 por ciento de aumento, y que ayer fue votado en la comisión.
Va alza en gasolina; 2 centavos cada mes
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que aumenta 5.5% el precio de las gasolinas
Ricardo Gómez, Andrea Merlos y José Manuel Arteaga
El Universal
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que aumenta 5.5% el precio de las gasolinas.
Con el voto en contra de PRD, PT y Convergencia, los legisladores acordaron que el alza se distribuya a lo largo de 18 meses para aminorar el impacto inflacionario. Así, los combustibles se incrementarán dos centavos cada 30 días. El aumento es adicional al desliz que registran mensualmente las gasolinas.
De los ingresos que se obtengan, la mayor parte irá a los estados. Diputados de PAN y PRI confirmaron a este diario que el Distrito Federal quedó fuera de la distribución de recursos al considerar beneficiarios sólo a “estadosâ€? y no a las “entidadesâ€?.
El dictamen incluye también la eliminación del cobro de la tenencia vehicular en 2011.
El pleno de la Cámara de Diputados conoció ayer de primera lectura cinco de los siete dictámenes de la reforma fiscal aprobados el martes.
Fijan tasa de 16.5% al IETU
Armando Estrop y Claudia Salazar
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron la tasa del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que será gradual hasta 2010 con un porcentaje de 16.5 por ciento, 17 y 17.5 por ciento.
Así, se redujo la tasa inicial de 16.5 para 2008 y 19 por ciento para años posteriores.
En las modificaciones hechas a la propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón al Congreso, se exentó del gravamen a las asociaciones civiles, escuelas privadas y pequeños productores agropecuarios.
Además, se añadió la deducción completa de las inversiones realizadas en el último cuatrimestre de 2007, en un periodo de tres años.
Indican que las deducciones que se permitirán son gastos de operación, producción y comercialización, terrenos intangibles, contribuciones pagadas en México y aprovechamientos pagados por el concepto de dominio público.
También se deducirán prestaciones de un servicio público concesionado, siempre que sean deducibles del ISR e inventarios.
En el dictamen se aprobó que se pueda recuperar el Impuesto al Activo de los 10 ejercicios anteriores, siempre y cuando no excedan 10 por ciento del valor de este gravamen pagado en esos ejercicios.
Atenta la reforma fiscal contra el crecimiento: cúpula empresarial
* Sobrecarga impositiva frena la competitividad.
* Rompieron legisladores el acuerdo sobre IETU.
* Alza en alimentos, prevé Jaime Yesaki.
Ivette Saldaña
EL FINANCIERO
Los hombres de negocios del país aseguraron que los dictámenes de la reforma fiscal aprobados, además de ser “parches”, constituyen una sobrecarga impositiva para las unidades productivas y obstaculizan la competitividad nacional, el crecimiento económico y la generación de empleos.
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el fijar en 16.5 por ciento el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que subirá a 17.5 en 2010, se impone en circunstancias poco competitivas para el país, sobre todo considerando la incertidumbre del escenario económico mundial.
En representación de los 12 organismos que conforman la cúpula de cúpulas, aseveró que los cambios en materia fiscal en sí mismos no generarán crecimiento, pues lo que se requiere es concretar las demás reformas -energética, laboral y educativa- para detonar un mayor desarrollo y la actividad productiva.
Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), afirmó que los legisladores incumplieron el acuerdo de mantener en 16 por ciento el IETU, al hacer cambios de última hora para incrementarlo, lo que “atenta contra el avance económico, la competitividad y la creación de empleos, máxime ahora que se debilitan otras economías, situación que impactará la nuestra”.
En conferencia de prensa en la que estuvieron los presidentes de 11 de los 12 organismos que conforman el CCE -Concanaco, Canaco, Canacintra, Concamin, Comce, ANTAD, CNA, CMHN, AMB, AMIS, AMIB y Coparmex-, el presidente de ésta última (la Confederación Patronal de la República Mexicana), Ricardo González, señaló: “No es una reforma fiscal; es un parche que no resuelve los problemas de las finanzas públicas del país.”
Malestar empresarial por el IETU; se contraerá inversión en 2008, advierten
Los organismos que integran el CCE externan su rechazo a la reforma fiscal
Paredes Arroyo: el nuevo impuesto se convertirá en obstáculo para la competitividad
La ANTAD dice que los precios de todos los productos podrían incrementarse 5 o 6%
Eduardo Martínez y Miriam Posada
LA JORNADA
Los 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron ayer su inconformidad con las modificaciones hacendarias aprobadas por el Poder Legislativo, que fijan la tasa del impuesto empresarial a tasa única (IETU) en 16.5 por ciento para el siguiente año, mismo que aumentará paulatinamente hasta alcanzar 18 por ciento.
Armando Paredes Arroyo Loza, presidente del organismo, sostuvo que dichas modificaciones representan un obstáculo para la competitividad de los negocios, los cuales verán reducidas sus utilidades y las inversiones planeadas para el futuro.
“Este incremento significará no sólo una sobrecarga impositiva para las empresas que pagan responsablemente sus tributaciones, sino un obstáculo a la competitividad nacional, sobre todo si consideramos que las principales economías del mundo han disminuido la tasa de impuestos como medida para aumentar la recaudación y así fomentar el crecimiento y la generación de empleosâ€?, apuntó.
Por su parte, Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que hasta el momento las reformas no dejan satisfecho al sector privado; es más, dijo, “rompen un acuerdo previo con las autoridades que participaron en el diseño de los cambiosâ€?. Según dicho acuerdo, las transformaciones al sistema tributario no tocarían a aquellas personas que estaban al corriente del pago de sus obligaciones.
El representante del sindicato patronal añadió que al final ni la Secretaría de Hacienda ni los legisladores tomaron en cuenta que existen otros mecanismos para incrementar la recaudación, como aplicar de forma generalizada el impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, además de agilizar los procesos para el pago de otros gravámenes.
Busca PRD frenar gravamen
Daniel Pensamiento
REFORMA
(13 septiembre 2007).- La bancada del PRD tratará hoy de frenar el gravamen adicional a la gasolina y diesel, aprobado ayer por el PAN y PRI en la Comisión de Hacienda, y que será llevado al pleno de la Cámara de Diputados.
Javier González Garza, coordinador de la fracción perredista, dijo que el plan de acción contra el nuevo impuesto será acordado con la dirigencia de su partido.
“Nosotros estamos en contra del impuesto a la gasolina, nos parece un error, nos parece una injusticia, no tiene ningún sentido meterse con un impuesto a la gasolina.
“Afecta a la mayoría del pueblo mexicano. No está claro qué vamos hacer, lo vamos a discutir con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aquí en San Lázaro”, el legislador.
Al interior de la bancada hay diputados que proponen radicalizar las acciones de rechazo al gravamen durante la sesión de hoy.
El martes pasado,Andrés Manuel López Obrador sugirió a las bancadas del PRD, PT y Convergencia emprender acciones de resistencia, e incluso tomas la tribuna para evitar la aprobación del incremento al combustible.
Llega dividida bancada azul
Amagan con renuncias diputados veracruzanos opositores al aumento de precio al combustible
Víctor Hugo Michel, Armando Estrop y Claudia Salazar
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Pese a la resistencia de un sector interno -y amenazas de renuncias de legisladores de Veracruz-, la bancada del PAN aprobó ayer por la noche impulsar el gravamen en gasolina, luego de una votación dividida en reunión plenaria.
Tras más de cinco horas de encerrona, la coordinación de la fracción blanquiazul puso a consideración de más de 120 legisladores la propuesta.
Una veintena de legisladores mantuvo su rechazo a la medida, al considerar que tendrá costos electorales en sus distritos, y advirtieron que el PRI sacará la mejor parte sin pagar el costo político.
Diputados panistas de Veracruz, Baja California, parte de Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, la mitad de Nuevo León, Puebla y Sonora encabezaron la oposición a la iniciativa.
Durante el día, la iniciativa de gravar la gasolina se sometió cabildeos por parte del Gobierno federal, gobernadores y la coordinación de la bancada albiazul para evitar el riesgo de llegar con una votación dividida en el pleno.
REFORMA ELECTORAL
Aprueban reforma electoral
El Senado aprobó anoche en lo general y en lo particular el dictamen que plantea un nuevo modelo electoral que, entre otras cosas, resuelve utilizar los tiempos oficiales para difundir mensajes de partidos en época de comicios, y por lo tanto se deje de pagar anuncios en radio y televisión
Arturo Zárate Vite
El Universal
El Senado aprobó anoche en lo general y en lo particular el dictamen que plantea un nuevo modelo electoral que, entre otras cosas, resuelve utilizar los tiempos oficiales para difundir mensajes de partidos en época de comicios, y por lo tanto se deje de pagar anuncios en radio y televisión.
La minuta, que considera modificaciones a nueve artículos de la Constitución, fue turnada a la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación.
Senadores aprobaron el dictamen con 111 votos en favor y 11 en contra.
Integrantes de PAN, PRI, PRD y PT coincidieron en que las modificaciones representarán un ahorro de más de 3 mil millones de pesos.
“Nunca más venderemos el alma al diablo con tal de conseguir recursos para financiar campañas, ni acudiremos a tocar puertas traseras de las empresas de los medios electrónicosâ€?, señalaron.
En la iniciativa fue eliminado el párrafo que frenaba las candidaturas independientes.
Nunca más el dinero y los espots decidirán sobre elecciones: SenadoPAN, PRI y PRD dan respuesta a las “amenazas, mentiras y ataquesâ€? de medios electrónicos
Podrán doblar a más de uno, pero nunca quebrar al Estado; estamos sólidamente unidos, dicen
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
LA JORNADA
El Senado de la República aprobó anoche la reforma electoral en una sesión en la que las tres principales fuerzas políticas del país respondieron a los concesionarios de la radio y la televisión que, a pesar de sus amenazas “públicas y privadasâ€?, de sus mentiras y ataques, la relación entre partidos y medios electrónicos se modificará de manera toral para que nunca más sean el dinero y los espots los que decidan sobre campañas y candidatos.
En adelante, serán las urnas y los votos los que decidan quién va a gobernar en el país; que sean “los votos, sólo los votos y no el dinero, lo que cuente y se cuenteâ€? coincidieron.
Desde la tribuna senatorial, los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Santiago Creel Miranda, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente, reivindicaron la representatividad y la facultad del Congreso de la Unión para reformar leyes, en clara respuesta a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), quienes todavía ayer usaron las pantallas y micrófonos de sus estaciones concesionadas para tratar de impedir que se aprobara esa reforma constitucional.
“Más Constitución y menos tvâ€?
Es el primer paso para reordenar a “los grupos de interésâ€? en el país, sostuvo el panista Creel Miranda, para quien se requiere “más Constitución y menos televisiónâ€?, mientras que Beltrones Rivera, del PRI, recordó “‘a quienes quieren hacer valer simplemente su fuerza o poder acumulado, (pero) que no se equivoquen, porque podrán doblar a más de un político, pero nunca quebrar al Estadoâ€?.
Por su parte, el coordinador perredista en Xicoténcatl, Carlos Navarrete, mandó también un mensaje a los poderosos empresarios de la televisión y la radiodifusión: “Los poderes fácticos nunca se imaginaron que al agredir como lo han hecho a la Cámara de Senadores iban a encontrar la solidez, el cierre de filas y la altura (de miras)â€? entre los legisladores.
La de ayer fue una sesión histórica, en la que la mayoría de los senadores se puso de pie para ovacionar a Creel, a Beltrones y a Navarrete e inclusive aplaudirles por varios minutos luego de sus respectivas intervenciones en tribuna, en las que reconocieron las culpas de los políticos por el enorme poder que se permitió concentrar a los medios electrónicos de comunicación, pero también la decisión de acabar con “la dictadura de los espots y el ratingâ€?.
Rebaten: el dinero es su inconformidad
Niegan que reforma afecte libertad de expresión. Admiten senadores que en el pasado todos tocaron la puerta trasera de la TV
Claudia Guerrero y Mayolo López
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en el Senado le respondieron ayer a las críticas de los industriales de la radio y la televisión.
El que vota manda, y no manda el que paga, les dijo desde la tribuna del senado el coordinador parlamentario del PAN Santiago Creel.
“Hay que decirlo con toda claridad: es el dinero con todas sus letras, la fuente de la inconformidad de los concesionarios de la radio y la televisión. Los intentos por disfrazar esta inconformidad, y por llamarla de otro modo, son inútiles. Así la engañen con la misma libertad de expresión”, argumentó el panista.
El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también les dijo que no hay nada en la reforma que atente contra la libertad de expresión.
Incluso denunció que los empresarios de los medios electrónicos mienten al denostar los logros de la misma.
“A quienes defiende sus legítimos intereses, nosotros les damos el más prístino de nuestro respeto. Pero a quienes quieren hacer valer simplemente su fuerza o poder acumulado, recordarles que no se equivoquen, porque sí, podrán doblar a más de un político, pero nunca quebrar al Estado”, expresó el priista.
Demanda CIRT referéndum
Ariadna García y Verónica Gascón
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Los industriales de la radio y la televisión, con el respaldo de organismos empresariales del País, demandaron un referéndum sobre la reforma electoral que prohíbe a los partidos contratar propaganda electoral en los medios electrónicos.
Horas antes de que se discutiera y aprobara en el Senado el dictamen de la reforma electoral, los empresarios se reunieron en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y en voz del periodista Sergio Sarmiento, pidieron “Un Referéndum por la Libertad”.
En el documento expusieron que la reforma es una agresión a los medios electrónicos y a quienes laboran en ellos, y afecta además los derechos fundamentales de la ciudadanía como el derecho de la libertad de expresión y la garantía de información.
También se pronunciaron contra relevo escalonado de consejeros en el IFE “Una reforma Constitucional regresiva y autoritaria como esta () no puede ser aprobada sin la participación de los ciudadanos. Exigimos un referéndum, una consulta popular para que los mexicanos expresen su opinión de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia”, dijo el periodista.
No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por la partidocracia: CIRT
Exigen concesionarios referendo acerca de la reforma electoral
Proponen que lo organice el IFE y ofrecen tiempos para convocar a los ciudadanos
Alonso Urrutia
LA JORNADA
Esta vez dejaron de lado los matices. En nombre de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Sergio Sarmiento fijó la postura de los concesionarios acerca de la reforma electoral: “exigimos un referendo, una consulta popular, para que los mexicanos se expresen de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos dirigentes de partidos políticosâ€?.
Asimismo, solícitos, los concesionarios ofrecieron los “tiempos necesariosâ€? en los medios de comunicación “para convocar la participación ciudadanaâ€?.
Ahí estaban los representantes de los poderes fácticos: Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Tv Azteca, y el resto de concesionarios que controlan el mercado radiofónico, para estrechar el cerco mediático sobre la Cámara de Senadores. Junto a ellos, los representantes de otras cúpulas empresariales cerraron filas en defensa de los intereses de los empresarios de la comunicación.
Presentes también, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez. Todos unidos en su afán de descarrilar la reforma electoral consensuada en el Senado e impedir la proscripción de la compra de publicidad electoral que tantos millones de pesos les arrebatará cada año electoral.
Se resigna Ugalde y prepara sus maletas
* Dejaré el IFE caminando, señala.
* “Un error”, la decisión del Congreso, afirma.
* El contralor será una pistola para consejeros, advierte.
Eduardo Ortega
EL FINANCIERO
“Como consejero presidente seré muy responsable en las últimas semanas para que el Instituto Federal Electoral (IFE) siga caminando”, dijo un resignado Luis Carlos Ugalde, quien ya prepara las maletas, luego de la aprobación del dictamen de la iniciativa en materia electoral que, mediante una reforma constitucional, lo deja fuera del IFE.
En entrevista radiofónica, el consejero presidente del IFE consideró que la decisión del Congreso de la Unión es un “error” que traerá “consecuencias negativas” a la democracia, porque violenta la autonomía de la autoridad electoral federal.
Más que la cabeza de los consejeros -dijo-, la creación de un nuevo contralor general del IFE, nombrado por la Cámara de Diputados, puede convertirse “en una pistola que amenace de manera constante y latente las decisiones del IFE”, ya que sería un instrumento de presión a la actuación independiente de los consejeros.
“No existe en México, ni en el mundo, ningún órgano autónomo cuyo contralor sea nombrado por un poder externo de carácter político. En la práctica, cuando los consejeros quieran actuar y sancionar a los partidos, siempre existirá la amenaza latente de que los entes regulados y sancionados, puedan, por la vía del contralor y de procedimientos administrativos, ejercer presión en contra de los consejeros.”
Paredes llama a radio y Tv a “no alentar falsos debatesâ€?
Por: Luciano Franco en Gómez Palacio | Nacional
LA CRONICA
La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, demandó en Durango a los concesionarios de la radio y la televisión en México “no alentar falsos debates” sobre la reforma electoral en marcha, aprobada este miércoles en el Senado de la República, ya que se trata, dijo, de “una expresión de la nueva realidad política” que vive el país.
Aseguró que “es saludable” que se expresen todos los actores involucrados en las diferentes iniciativas de ley, que manifiesten abiertamente sus posiciones, pero que se tenga la conciencia de que finalmente son decisiones que competen al Poder Legislativo.
A su arribo al auditorio Centenario, habilitado como sede del Congreso local, donde el gobernador Ismael Hernández Deras rindió su tercer informe de gobierno, la dirigente nacional del tricolor refrendó la determinación indeclinable de su partido a sus bancadas en el Congreso, tanto para la reforma electoral como para la fiscal, las cuales se encuentran en una fase definitiva en el Senado y la Cámara de Diputados.
Ex senador panista
Teme Corral presión a 29 gobernadores “en campañaâ€?
El ex senador panista resaltó que hay una gran capacidad de movilización ciudadana que estará dispuesta a apoyar la reforma en los Congresos locales.
MILENIO
El ex senador Javier Corral advirtió que la reforma electoral no estará concluida hasta que pase por los Congresos de los estados, donde al menos 29 gobernadores “que están en campañaâ€? serán presionados por la CIRT para no aprobarla.
“Es necesaria la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y ahí se van a ir las televisoras. Ya no lograron intimidar ni asustar a los legisladores federales, pero ahora van a presionar a los gobernadores sobre sus Congresosâ€?, dijo en el Senado.
GUERRILLA
Financiaron “atentadosâ€?: Marina
“Grupos que siempre están hostigando buscan la desestabilizaciónâ€?, asegura el secretario Francisco Saynez
Quieren mostrar que las cosas en el gobierno no están funcionando, afirma.
MILENIO
Los “atentadosâ€? en ductos de Pemex en Veracruz y Tlaxcala están financiados por alguien que quiere desestabilizar al país, aseguró el secretario de Marina, Francisco Saynez, quien no obstante se negó a hablar del EPR, que reivindicó los ataques.
El almirante consideró que se trata de “una campaña de algunos grupos o gentes que quieren mostrar que las cosas no funcionan, y que tal vez no están de acuerdo con la política del gobierno.
“Hay grupos financiados quién sabe por quién, que están dedicados a buscar cierta desestabilización, pero creo que no van a tener éxito; la mayoría de la gente quiere vivir en paz, tener tranquilidad y que el progreso sea para todos.
“Ustedes conocen que hay grupos radicales que se dedican todo el tiempo a estar hostigando, buscando que los éxitos que se tienen en el gobierno o en el Estado completo, no se lleve a caboâ€?, expuso el secretario, en un acto con los marinos que participarán en el desfile de la Independencia.
Señaló que esos grupos pudieron haber “compradoâ€? la conciencia de algún trabajador de Petróleos Mexicanos para obtener información sobre los puntos clave para colocar los artefactos explosivos.
ECONOMIA
Ortiz: México lleva mucho tiempo estancado con bajo crecimiento
Destaca que India avanzó gracias al énfasis en la educación superior y el conocimiento
Plantea impulsar el buen desempeño de los mercados pero no favorecer a grupos o empresas
Las reformas en el país asiático permitieron la movilidad social, afirma el gobernador Reddy
roberto gonzalez amador
LA JORNADA
El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, aseguró este miércoles que el país ha pasado “mucho tiempoâ€? estacionado en una etapa de bajo crecimiento económico, una condición que no permite reducir la pobreza.
Al oficiar como anfitrión de una conferencia magistral de Yaga Venugopal Reddy, gobernador del Banco de la Reserva de India (central), Ortiz Martínez afirmó que uno de los factores que permiten el crecimiento de la economía es la existencia de mercados donde no se “beneficie a grupos o determinadas empresasâ€?.
En este sentido, dijo que el despegue económico de India ha estado relacionado con el abaratamiento en el costo de las telecomunicaciones, un sector que en el país es dominado por Teléfonos de México.
En varias ocasiones pasadas, el gobernador del banco central ha mencionado el alto costo de las telecomunicaciones como uno de los factores que impiden mayor crecimiento de la economía.
Ortiz Martínez se refirió este miércoles a la coyuntura económica relacionada con la crisis hipotecaria en Estados Unidos y sus posibles efectos sobre un país como México, que realiza 85 por ciento de su intercambio comercial con aquella nación.
“Es demasiado temprano para evaluar el impactoâ€? de la situación estadunidense, mencionó. “Los primeros efectos de esta contingencia de los créditos en Estados Unidos y en otras naciones desarrolladas hacia los mercados emergentes han sido limitadosâ€?, añadió.
Comentó que en los sistemas financieros de países en desarrollo no existen instrumentos como las hipotecas de alto riesgo, que son las que están provocando los problemas en Estados Unidos. “En ningún mercado emergente ha sido necesario que los bancos centrales provean de liquidez a sus sistemas para restablecer el orden, como han hecho los bancos centralesâ€? de Estados Unidos, Europa y Japón.
Crisis mundial, si EU cae en recesión: Ortiz
Por: Rocío Esquivel López | Negocios
LA CRONICA
El gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, auguró que si Estados Unidos entra en recesión habrá una severa crisis mundial que afectará a los países más dependientes de esa economía (entre ellos, México que depende en 90% de ese mercado).
En una reunión con el gobernador de la Reserva de India, Yaga Venugopal Reddy, Ortiz dijo que la crisis hipotecaria estadunidense sólo contaminará el crédito internacional, y que las economías emergentes (como las latinoamericanas) no han resultado afectadas, ya no invierten en los títulos o papeles hipotecarios afectados.
Sin embargo, insistió en que lo más crítico es que Estados Unidos entre en recesión, pues entonces sí se desataría un daño en todos los países, sobre todo los más dependientes de dicha economía.
Guillermo Ortiz manifestó que ese es un punto preocupante, es un tema que hay que tener en cuenta y estar preparados.
El gobernador del instituto central mexicano criticó el bajo crecimiento que ha alcanzado la economía del país pese al proceso de estabilización que tiene, mientras que India está logrando un Producto Interno Bruto para este año de 8 por ciento.
Y señaló que pese a los programas de asistencia social “el único secreto para sacar al mayor número de personas de la pobreza es a través del crecimientoâ€?, como lo han hecho India y China.
Ejemplos. Al poner de ejemplo a India como un país que a destacado por la preparación de recursos humanos de primer nivel y en la formación de capital humano, así como en el diseño y aplicación de importante reformas institucionales, el gobernador de Banxico dijo: “Estos son temas en los cuales México debe poner un interés muy especial durante los años por venirâ€?.
OPINION
Así Vamos… Presupuesto: avances y retrocesos
Juan Castaingts Teillery
EL FINANCIERO
En el presupuesto que está casi aprobado, hay avances, retrocesos y carencias. Los avances consisten en que, el ahora IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) va a evitar, en algo, la elusión fiscal y que, además, son adecuados los impuestos que gravan las transacciones de las acciones cuando las empresas cambien el grupo que las controla por medio de la Bolsa de Valores; recuérdese el escándalo de la venta de Banamex, que no pagó impuestos. Son retrocesos, la sustitución del nombre de la CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) por el de IETU, ya que de esta manera sería el antecedente para formar el impuesto sobre la renta de tasa única (el flat tax), lo cual sería una grave marcha atrás en materia fiscal. Son carencias, la mala proyección del crecimiento de la economía mexicana a 3.5 o 3.7 por ciento y la falta de muchas reestructuraciones que eran necesarias al sistema impositivo.
Es cierto, algo es algo, pero es un algo poco satisfactorio.
Comencemos por la tasa de crecimiento. Se proyecta crecer a 3.7 por ciento, ya que lo más probable es que el grueso del paquete fiscal de Hacienda sea aprobado. Creemos que se trata no sólo de una posición optimista, sino de una ilusión. El principal obstáculo, y que ya hemos analizado en muchos Así Vamos…, proviene de la crisis financiera de Estados Unidos. Es cada vez más evidente que en EU se va a producir, al menos, una ralentización de su economía, cuando no una caída de la misma, así lo indican el aumento en el desempleo en agosto; la caída en la confianza en los consumidores; la contracción del crédito bancario; el hecho de que las tasas de interés del mercado aumenten, a pesar de que algunas de las tasas de referencia de la Fed disminuyan; la propia caída bursátil, y el espíritu moroso de las expectativas.
Hacienda no puede tapar el Sol con un dedo y reconoce los problemas de la economía estadounidense: “En este sentido, debe mencionarse que para 2008 se anticipa un contexto internacional en el cual es probable que el crecimiento de la economía de Estados Unidos se vea afectado por una contracción del crédito que retrasaría la recuperación de la actividad y la inversión en el sector de construcción residencial. Lo anterior ha llevado a revisiones a la baja en el crecimiento esperado para 2008. Sin embargo, cabe notar que continúa anticipándose un repunte en el crecimiento del sector industrial de Estados Unidos, después del ajuste en los inventarios de las empresas observado a finales de 2006 y el primer trimestre de 2007. La composición del crecimiento en Estados Unidos será favorable para las exportaciones de manufacturas mexicanas.”
El problema lo reconoce Hacienda, pero no lo toma en cuenta o lo minimiza en cuanto a sus posibles repercusiones sobre la economía mexicana. Es evidente que, dado el crecimiento esperado de la economía de la Unión Americana, éste no “será favorable para las exportaciones de manufacturas mexicanas”. Además, dado el bajo crecimiento interno de los salarios en México, el mercado interno será flojo, hecho que será acentuado por la posible contracción del crédito en México, ya que comienza a haber problemas en el cobro de tarjetas y créditos hipotecarios. Creemos que si se lograra un crecimiento de 3 por ciento para 2008, nos iría bien.
El caso es que si falla la expectativa del crecimiento, entonces buena parte de los ingresos esperados por Hacienda se dejan de percibir y nos enfrentaremos a las ya conocidas contracciones posteriores del gasto, provenientes en mucho por las deficientes previsiones y por la insuficiente reforma fiscal.
La CETU, que hemos defendido en varios Así Vamos…, se transforma ahora en IETU. El cambio de nombre no es fortuito y es consecuencia de la demanda empresarial de eliminar el ISR (Impuesto sobre la Renta) para poner un impuesto a tasa única denominado generalmente (flat tax). En el flat tax, sea cual fuese la tasa de ganancia y el tamaño de las empresas, la tasa impositiva es la misma. Este hecho es injusto y favorable a los monopolios.
Es necesario un impuesto sobre la renta progresivo, y lo es por dos razones clave. Primero, es un acto de justicia social que el que más gana, más contribuya para la economía en la cual se generan sus ganancias; además, el impuesto juega un papel redistributivo del ingreso, hecho que en una economía tan desigual como la nuestra, es fundamental. Segundo, las empresas pequeñas que pagan menos tienen la oportunidad de competir con las grandes que pagan más; si ambas pagaran la misma tasa, la posibilidad de que la grande domine, aumenta considerablemente. El flat tax es impulsor de monopolios.
Coordenadas / Cómo pega el IETU según la empresa
Pegará el IETU, pero no será un golpe parejo. Vea si su empresa está dentro de las que van a padecer más
Enrique Quintana
REFORMA
(13 septiembre 2007).- Con el dictamen del IETU ya aprobado, las empresas empezarán de inmediato a hacer el análisis del impacto que tendrá sobre su pago de impuestos en el próximo año.
Aunque no es imposible que las reglas todavía tengan cambios, la realidad es que es muy poco probable que en el pleno de la Cámara de Diputados o en el Senado las disposiciones esenciales sean revisadas.
De acuerdo con las últimas estimaciones, la recaudación adicional derivada de este impuesto será del orden de los 80 mil millones de pesos en el 2008.
Las estimaciones señalan que la recaudación total por concepto del ISR empresarial (tanto de personas morales como físicas) ascendería a cerca de 230 mil millones de pesos, de modo que una adición de 80 mil millones implicaría que las empresas van a pagar alrededor de 33 por ciento más.
Pero, como ya le he comentado, habrá algunas que no van a pagar nada adicional y otras quizá pagarán muchas veces más.
Veamos cómo quedaron algunos de los temas polémicos y cuál será el impacto que tendrán.
Quizá el punto que más polémica causó fue el relativo al posible efecto negativo sobre el empleo por la no deducibilidad de las nóminas.
Al final de cuentas, la fórmula que se diseñó fue la creación de un crédito fiscal, equiparable al 17.5 por ciento del valor de las nóminas, que será aplicable contra el IETU que se determine.
La razón de aplicar este crédito es evitar que las empresas que emplean a personas con ingresos más bajos operen en desventaja respecto a las empresas que emplean a personas con ingresos más altos y por lo tanto con tasas del ISR mayores.
De hecho, el cálculo de la base para calcular este crédito será la base sobre la cual se calcula el ISPT de los asalariados tal y como se define en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. A esta cantidad se sumará el monto pagado al IMSS y a este total se le aplicará la tasa de 17.5 por ciento.
Sin embargo, si las empresas mantuvieran los actuales esquemas de previsión social, que incluyen la entrega de vales de despensa actualmente exentos y algunas otras prestaciones, entonces sí tendrían que pagar más.
Se calcula que aproximadamente uno de cada cuatro asalariados recibe algún tipo de prestación exenta, por lo que las empresas que los emplean tendrán la disyuntiva de mantener el esquema con un mayor costo fiscal o integrar la prestación dentro del salario con objeto de que pueda aplicársele el crédito fiscal de 17.5 por ciento.
Uno más de los factores que puede influir en la recaudación efectiva para el 2008 es el comportamiento de la inversión en estos meses. En la medida en que por única vez en el 2008 serían deducibles las inversiones tanto del año fiscal como de los cuatro últimos meses del año previo, las empresas que hagan inversiones importantes en activo fijo este mes y hasta antes de diciembre podrían acumular más deducibles que los que se realicen en el 2008 y bajar su carga del IETU.
Pero, más allá de variantes específicas, lo que sin duda vamos a ver en las empresas en el 2008 es una mayor carga administrativa y, por cierto, un mayor negocio para las firmas especializadas en contabilidad y en impuestos, ahora menos por asesoría en planeación fiscal, sino más bien por el diseño de los nuevos sistemas que tendrán que aplicarse el próximo año.
La contabilidad del IETU es diferente a la del ISR y las empresas deberán realizar las dos.
Otro de los sectores en los que habrá una mayor carga administrativa será en el de los bancos.
Las instituciones bancarias deberán ampliar su función de retenedores fiscales y modificar sus sistemas para detectar los depósitos en efectivo de los contribuyentes por arriba de 25 mil pesos mensuales.
¿Al diablo los partidos?
Jorge Chabat
EL UNIVERSAL
En las últimas semanas se ha desatado una intensa discusión en los medios acerca del papel de los partidos políticos en la democracia mexicana. El eje de esta discusión ha sido la reforma electoral que viene discutiéndose en el Congreso desde el inicio de este periodo de sesiones.
Una buena parte de la “comentocraciaâ€? se ha lanzado contra los partidos políticos. De hecho, el término favorito para descalificarlos es la “partidocraciaâ€?. Con motivo del cambio constitucional que implicaría reemplazar a algunos consejeros electorales, se ha desarrollado el argumento de que el Instituto Federal Electoral es de los ciudadanos (¿de veras?) y que la partidocracia quiere adueñarse del IFE para luego adueñarse del país. Pero la verdad es que los partidos políticos, representados en el Congreso, no se quieren apoderar del IFE. Ya son dueños del IFE.
Son ellos (o dos de ellos, el PRI y el PAN) los que nombraron a los actuales consejeros que ahora quieren remover. Pero este poder de los partidos no deriva de una actitud de agandalle, sino de la propia Constitución que les otorga esa facultad. Son los partidos, representados en el Congreso, los que hacen las leyes y las quitan. Eso pasa en todos los países democráticos. La base de este poder proviene, en principio, del voto popular. Esto es, se supone que los diputados y senadores representan a los ciudadanos. Por ello, contraponer un “IFE ciudadanoâ€? al poder de la partidocracia es un contrasentido. Se supone que el Congreso representa a los ciudadanos.
Ahora bien, es cierto que en muchos países los partidos y los congresos no siempre representan los intereses ciudadanos. De hecho, por diversos motivos, las clases políticas en general no siempre son fieles representantes de la población. Ello ha ocurrido en varios países latinoamericanos, en los cuales el sistema de partidos ha entrado en crisis. Y es en estos países en los que la “partidocraciaâ€? es el blanco principal de los políticos que están fuera del sistema. El discurso antipartidos es el de Hugo Chávez y el de Fujimori. Por ejemplo, Hugo Chávez, en una carta dirigida a la Corte Suprema en 1999, señaló que había que “rescatar el estado de derecho de manos de la criminal partidocracia para estructurarlo en la nación como ordenador esencial de las institucionesâ€?.
Ese es el discurso de los regímenes totalitarios: los partidos políticos dividen a la sociedad. Y esa es también la práctica de los totalitarismos: desparecer los partidos políticos, como lo hicieron Hitler y Stalin. Como lo hizo Fidel Castro en Cuba. Y ese es también el discurso de la izquierda radical. Andrés Manuel López Obrador mandó al diablo a las instituciones del “gobierno ilegítimoâ€?. Y, por cierto, AMLO también declaró al Congreso mexicano un peligro para el país, porque no aprobaba las leyes que a él le gustaban.
¿Vamos ahora a mandar al diablo al Congreso y a los partidos, porque quieren aprobar leyes que no nos gustan? ¿Queremos abolir la “partidocraciaâ€?, como en Cuba, como en la Unión Soviética estalinista o como en la Alemania de Hitler? Es obvio que eso no resuelve nada. Entonces ¿a qué lleva destruir a la “partidocraciaâ€?? Al surgimiento de líderes “ciudadanosâ€? que no tienen partido y que llegan al poder sin partido y que gobiernan sin controles. A líderes carismáticos que hablan con el pueblo sin intermediarios, esto es, sin partidos.
No obstante lo anterior, es obvio que los partidos políticos mexicanos son todavía profundamente irresponsables. Sin embargo, estas conductas derivan del esquema de incentivos. El sistema político propicia que los partidos busquen su propio beneficio sin que ello tenga un costo electoral, dado que no hay reelección inmediata en el Congreso. Ese es el origen de la conducta gandallesca de los partidos: no les cuesta. Para resolver ello, de nada sirve apelar al patriotismo de la clase política ni desgarrarse las vestiduras trinando contra la “partidocraciaâ€?.
El nudo gordiano que hay que romper es la imposibilidad de la reelección inmediata de los legisladores. Ahí es donde hay que enfocar las baterías. No hay que acabar con los partidos políticos, pues ello sólo abre la puerta a los caudillos y dictadores. Lo que hay que hacer es volver responsables a los partidos representados en el Congreso. Y para ello la llave es la posibilidad de reelegir o no reelegir a los legisladores: de castigarlos o premiarlos. Así pues, no hay que mandar al diablo los partidos, hay que mandar al diablo la no reelección.
Partidocracia vs Mediocracia
Más allá de los motivos incluidos en la reforma electoral sobre la función de los medios en las campañas -y su traducción concreta en la zona donde, según Maquiavelo, más agravia al adversario: el dinero-, en el fondo el encontronazo entre legisladores y concesionarios coloca en la interminable agen
Otto Granados*
EL ECONOMISTA
Más allá de los motivos incluidos en la reforma electoral sobre la función de los medios en las campañas -y su traducción concreta en la zona donde, según Maquiavelo, más agravia al adversario: el dinero-, en el fondo el encontronazo entre legisladores y concesionarios coloca en la interminable agenda de la transición, así sea de manera áspera y primitiva, la pregunta de si los medios de comunicación que México tiene son los que corresponden a un país que necesita con urgencia elevar la calidad de su democracia y contar con una ciudadanía de alta intensidad. Vayamos por partes.
La nueva regulación sobre medios y elecciones incluye, entre otras cosas, una cláusula que impide a los partidos la propaganda que “denigre” a sus contendientes y otra que reduce sustancialmente los ingresos de los medios electrónicos en períodos electorales. Con ello, la partidocracia ha tomado una decisión, ciertamente controvertida, para blindar a sus posibles candidatos para las siguientes presidenciales, al prohibir las campañas negativas, y para cobrarle a lo que Raúl Trejo llama la “inmoderada, prepotente e impune mediocracia”, encarnada en algunos de los asistentes a la sesión senatorial del martes pasado, los agravios larvados durante mucho tiempo. Ahora bien ¿es explicable, fuera del terreno electoral, la sensación de incomodidad o de franca irritación en algunas porciones de la sociedad con los medios? Tal vez.
Es un lugar común decir que la libertad de expresión es un principio fundamental de toda democracia. Pero en toda democracia los medios e individuos que la ejercen, como cualquier otra institución o ciudadano, suelen estar sujetos al imperio de la ley. La frontera entre ambos principios -libertad de expresión y cumplimiento de la ley- debe ser resuelta entonces, única y exclusivamente, por los tribunales.
Pero esto, que ocurre muy a menudo en las democracias consolidadas, en México no sucede, o sucede rara vez, porque el funcionamiento de los medios se mantiene bajo una legislación arcaica que impide la transparencia respecto de la forma en que éstos operan, y nulifica, en la práctica, los derechos de los ciudadanos que consumen la producción mediática, los derechos profesionales de los comunicadores (¿cuántos fueron al Senado por obligación?) para preservar su independencia, y los derechos de los actores públicos en su relación con los medios. Quizá por esta razón, aunque también por la cultura de la colusión, una proporción de los medios mexicanos actúa con grados indeseables de impunidad y opacidad.
Establecer limitaciones para criticar severamente a los candidatos es una decisión por completo reprobable de la partidocracia, pero también lo es la contumacia con que, sin recato profesional alguno, algunos medios y periodistas (ejemplos hubo en la reunión con senadores) calumnian, difaman, injurian, manipulan, mienten o distorsionan paladinamente las cosas, a sabiendas de que el ciudadano -sea personaje público o simplemente un particular- no tiene de hecho medios de defensa justos, efectivos y oportunos que no solo estimulen a los medios a corroborar previamente lo que publican sino que, cuando así lo decida un juez, reparen los daños que provocan.
La moraleja es simple: mientras no se produzca en México un marco moderno, profesional y éticamente mucho mejor, que norme las relaciones entre los medios y la sociedad política, entonces el lenguaje común seguirá siendo el de los agravios y las venganzas recíprocas entre la partidocracia y la mediocracia.
Agenda del debate
José Carreño Carlón
Sistema mediático y sistema político: ¿guerra o reacomodo?
Del péndulo de sumisiones de uno a otro, a la oportunidad de un reordenamiento histórico
La clave: Estado regulador, no revanchista, y medios que den cuenta del ejercicio de su poder
EL UNIVERSAL
El sistema político cerró filas frente al sistema mediático. La madrugada de ayer el pleno del Senado de la República dio entrada y aprobó en primera lectura el dictamen de reforma constitucional en materia electoral y se esperaba su aprobación ayer mismo en segunda lectura.
Antes, había logrado poner a la cabeza de la agenda pública su acusación al sistema mediático de enmascarar —con su defensa de la inamovilidad de los consejeros y la autonomía del IFE— el propósito de obstaculizar una reforma electoral tendiente a acabar con las cuantiosas transferencias de recursos de los contribuyentes a los medios por la vía de la inversión publicitaria de los partidos en mensajes radiotelevisados pagados.
A su vez, el sistema mediático también cerró filas en una operación de control de daños tardía y sin estrategia clara. Dejó de lado la defensa de la inamovilidad de los consejeros electorales, una vez que los partidos acordaron unánimemente su relevo escalonado, y saltó a la defensa de la libertad de expresión —ante algún artículo ciertamente discutible de la reforma— y de allí a la defensa del mercado de audiencias frente a otro artículo que impondrá contenidos gratuitos y obligatorios de los partidos a lo largo de todo el día durante las campañas electorales.
Entre los saldos reveladores del encuentro televisado anteayer entre ambos sistemas insólitamente confrontados frente al público, destaca el que ni las audiencias escucharon alguna referencia a sus derechos por los voceros de los medios, ni los electores constitucionalmente representados por los legisladores pudieron oír de ellos algo sobre los beneficios de esta escaramuza a favor de los votantes.
La pregunta es si este panorama se agota en una guerra total entre ambos sistemas o más simplemente se trata de un calculado escalamiento para forzar acuerdos hacia un nuevo reacomodo pragmático de intereses de negocios y proyectos políticos.
Lo deseable sería que este episodio condujera a la elaboración de respuestas duraderas a las expectativas de contar en México con un cuerpo normativo moderno y democrático, capaz, a la vez, de garantizar las libertades informativas y de opinión, precisar los derechos y las obligaciones del sistema mediático y definir los campos de acción del sistema político en la comunicación pública del país.
El principio del fin
Por: Raúl Trejo Delarbre | Opinión
LA CRONICA
Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.
Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresiónâ€?. El presidente de la Concamin denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este paísâ€?. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vistaâ€?. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.
Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticosâ€?.
Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.
Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora sólo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.
La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamenteâ€?, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoralâ€?.
Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.
El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.
Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidosâ€? de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.
Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la leyâ€?. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.
El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnicoâ€? para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.
En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros tres cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.
Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.
Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poderâ€?.
El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.
Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros siete minutos diarios.
Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.
La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.
Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisiónâ€?. Quizá.
Asonada empresarial contra el Senado
LA JORNADA
Como si no hubiera sido bastante y excesivo el rosario de chantajes y distorsiones exhibidos el martes en cadena nacional, los propietarios de los grandes consorcios de medios electrónicos abusaron ayer nuevamente de las concesiones del espectro radioeléctrico que detentan y exigieron, una vez más en transmisión encadenada, que el Senado de la República no aprobara el proyecto de reforma electoral al que llegó por consenso. Los concesionarios televisivos y radiales, respaldados en esta ocasión por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), esgrimieron la libertad de expresión para realizar una defensa altisonante y mentirosa de sus negocios; una vez más, los representantes históricos de la censura, la desinformación y la exclusión se ostentaron como demócratas y pluralistas.
Para ponderar el grado de incongruencia del discurso empresarial, basta con recuperar las palabras del titular del CCE, Armando Paredes Arroyo, quien llamó a defender “avances que tanto costó construir como la libertad de expresiónâ€?, declaración que sería risible si no fuera grotesca, habida cuenta de que los avances a los que hace referencia se han conseguido a contrapelo de intereses políticos, económicos y corporativos como los que representa el CCE. En ese sentido, también es deplorable que Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Concamin, afirme que el Poder Legislativo “está tomando al país en rehénâ€?, toda vez que son los concesionarios televisivos y parte de los radiales quienes, por décadas, han mantenido secuestrada a la libre expresión y han cancelado sistemáticamente el derecho a la información de los ciudadanos.
Pero, más allá de los argumentos falaces que presentaron, los dueños del dinero dieron ayer un paso más en su afán por subvertir el orden institucional del país: reiteraron su rechazo a la remoción de Luis Carlos Ugalde y el resto de los consejeros electorales, condición fundamental para la limpia del Instituto Federal Electoral (IFE), y llamaron a poner en manos de ese organismo desprestigiado e insostenible la realización de un “referéndum por la libertadâ€?, con el argumento inverosímil de poner al tanto a la sociedad de las modificaciones constitucionales que contempla la reforma electoral en ciernes, pero con la intención de fondo de echar abajo cambios legales que les significan la pérdida del jugosísimo negocio de la propaganda electoral.
La exigencia de esa consulta pública sin sustento legal alguno es, en los hechos, la convocatoria a una asonada contra la soberanía del Poder Legislativo. Para colmo, la campaña empresarial de desprestigio, presión y desconocimiento de las facultades y atribuciones del Senado se lleva cabo mediante el empleo indebido y faccioso de la banda de radiofrecuencias que, cabe recordarlo, es un bien del dominio público. Es intolerable que los concesionarios utilicen una extensión del territorio nacional como lo es el espacio radioeléctrico para llamar a la alteración del orden institucional y a pasar por encima de las vías estipuladas en la legislación mexicana para impugnar los actos de la autoridad.
Cuando en diciembre de 2002 los propietarios de Tv Azteca se apoderaron por la fuerza, al margen de las disposiciones judiciales, y con el auxilio de pistoleros a sueldo, de un transmisor del Canal 40 ubicado en el cerro del Chiquihuite, el gobierno de Vicente Fox no sólo toleró tal situación de facto, sino que además eludió toda responsabilidad de su parte para resolverla. Cabe esperar que la actual administración no retome ahora aquel célebre y exasperante “¿Y yo, por qué?â€? pronunciado por el ex mandatario cuando se le preguntó si intervendría para corregir la arbitrariedad.
En otros términos, resulta inadmisible el silencio y la inacción del Ejecutivo federal frente a las intentonas empresariales contra el Senado de la República. En la circunstancia actual cabe esperar que los tres poderes de la Unión defiendan la legalidad y el orden institucional. Es el momento adecuado para demostrar de manera fehaciente que la institucionalidad política no ha sido comprada, ni sometida, ni secuestrada, por el poder del dinero.
Luis Hernández Navarro
La mediocracia también llora
LA JORNADA
La industria del entretenimiento montó este martes uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléctricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron, el pasado 11 de septiembre, un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expresión, amenazados, según ellos, por la reforma electoral promovida por el Poder Legislativo.
El enfrentamiento entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado anuncia un nuevo capítulo de la teleguerra sucia. Las lágrimas de cocodrilo que la mediocracia ha derramado lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en medios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y televisión, es el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional es, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70 por ciento de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión va más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia es, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos.
El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, uno de los conductores televisivos advirtió a los senadores que los políticos profesionales están más desacreditados que sus empresas. La aseveración es cierta. La clase política no disfruta de buena reputación. Junto con la policía, se encuentra en uno de los niveles más bajos de estima ciudadana. Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.
Esta crisis de representación ha propiciado que los medios de comunicación electrónicos asuman un liderazgo efectivo. Con frecuencia han sustituido a los partidos. Una muestra de ella se vivió con la convocatoria a la movilización ciudadana contra la inseguridad pública el 27 de junio de 2004. Pero más allá de situaciones excepcionales, este papel se corrobora, día a día, cuando los conductores de radio y televisión excomulgan, pontifican o exaltan de acuerdo a la conveniencia del momento. No sólo informan sino que, indistintamente, editorializan, enjuician y condenan. Se comportan, en los hechos, como un nuevo Ministerio Público, como un vehículo de justicia popular instantánea capaz de canalizar la indignación de la audiencia ante los funcionarios públicos.
Hasta ahora, el enorme poderío mediático y cultural de las televisoras y radiodifusoras en México parecía no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa en la marco de la contienda electoral de 2006 fue el rubí en la corona de esta fuerza. Una fuerza que se presenta en sociedad como la reserva moral de la nación, como un poder al que partidos y políticos deben rendir pleitesía.
Más allá de sus evidentes limitaciones y del fortalecimiento a la partidocracia, la reforma electoral aprobada por el Senado pone un coto real a un poder fáctico sin contrapesos. De allí la virulencia con la que los empresarios de la industria del entretenimiento han enfrentado la situación adversa.
La respuesta de la mediocracia ante la reforma electoral parece sacada de una telenovela. Sueña con hacer de la realidad una calca del mundo virtual. Para defender sus intereses específicos, sus ganancias y poder, se disfraza de representación genuina de la ciudadanía, usurpa la voz pública, alerta contra la estatización y habla en nombre de la libertad de expresión. Con el pretexto de defender una reforma electoral de más largo aliento –indudablemente necesaria– apuesta a preservar sus privilegios.
Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la “Libertadâ€?. Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tanta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora.
De reformas electoral y de medios, la ley del péndulo
Por: Jorge Ã?lvarez Hoth
EXCELSIOR
La abierta confrontación, difundida masivamente, entre los representantes de los tres principales partidos y los empresarios de la radio y la televisión fue un espectáculo nunca antes visto en este país.
Ver a los aliados enfrentados y a los adversarios aliados parece ser un capítulo digno de una novela de ciencia ficción o de una parodia del mundo al revés.
En realidad es un termómetro de la enorme lista de cuentas pendientes que se generó en el pasado proceso electoral para Presidente de la República, que se vio aparejado por la aprobación fast track de la así llamada Ley Televisa.
A lo largo de ese capítulo de nuestra historia contemporánea, la clase política de todos los partidos, incluido el presidente Calderón, vivieron el reality show del poder de los medios electrónicos y su influencia en el resultado de las elecciones.
No cabe duda que el haber logrado lo impensable: poner de acuerdo a los tres principales partidos en un tema tan sensible, no es fruto de la casualidad, sino de la falta de visión al momento de patear el avispero por algunos actores que, aunque influyentes, no representan a la mayoría de la industria de la radio y la televisión. Por ello no debe satanizarse a todos por unos cuantos.
Ciertamente, los responsables de esta reacción pendular no son todos los integrantes de la radio y la televisión ni la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión (CIRT) en su conjunto, como parece por la reacción solidaria que presenciamos ayer. Por ello no deben permitirse acciones pendulares de revancha de nadie.
Los legisladores, senadores y diputados, deberán ser muy cuidadosos en no caer en excesos que limiten la libertad de expresión de los medios masivos de comunicación, so pena de retrasar avances logrados en la democracia.
No debe haber una vinculación de la reforma electoral con la reforma de la ley de medios, que en realidad es de las leyes de radio y televisión y la de telecomunicaciones, según parece desprenderse de las declaraciones vertidas ayer por algunos senadores, que se vieron cómodos en su terreno masivamente difundido por la CIRT, ante un grupo unido, pero variado de comunicadores, dueños, ejecutivos, etcétera, de la radio y la televisión, que echaron montón, pero deben coordinar bien las líneas discursivas en lo futuro, con el fin de incrementar su efectividad.
Lo dicho, en política, la forma es fondo y todo lo que va regresa.
Gente, detrás del dinero
Maurticio Flores
Y cuando Felipe regresó, la “partidocracíaâ€? estaba ahí
MILENIO
Durante la ausencia de Felipe Calderón una serie de sucesos encadenados amagan con generar una crisis política que, pese a todos los esfuerzos de Agustín Carstens en la SHCP y Guillermo Ortiz en Banxico, puede torpedear la delicada estabilidad macroeconómica. Desde los bombazos contra Pemex, pasando por la presencia de Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro, una reforma electoral “a modoâ€? a cambio de una manoseadísma reforma fiscal, hasta el surgimiento de una “patidocraciaâ€? como gran elector y custodio de la libertad de expresión, es el panorama que Juan Camilo Mouriño y Francisco Ramírez le presentarán a su regreso.
Además, topará con la confrontación de fracciones dominantes del PAN, PRD y PRI no sólo contra la “malévola telecraciaâ€?, sino contra el sector empresarial en pleno, el cual se unió a la CIRT, que preside Enrique Pereda, para convocar al Referéndum para la Libertad, consulta ciudadana en torno a la reforma electoral.
El CCE de Armando Paredes; la Concamin, que preside Ismael Plascencia; Jaime Yesaky, del CNA; Ricardo González, de Coparmex; Marco Ramírez por los casabolseros y Claudio X. González, del CMHN, tienen motivos de enojo con los diputados que les cambiaron los términos negociados de la reforma fiscal. Y por ello hicieron frente común con industriales de los medios como Jaime Azcárraga, Francisco Aguirre, Francisco Ibarra, Mauricio Gamboa, Olegario Vázquez Aldir, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, entre otros.
INDICADOR POLITICO
* Reforma electoral autoritaria.
* El Congreso, un poder fáctico.
Carlos Ramírez
EL FINANCIERO
El debate sobre la reforma electoral derivó en una discusión sobre el rumbo de la transición a la democracia. Lamentablemente, los partidos y el Congreso decidieron estacionarla en una miscelánea electoral que los convirtió en un poder fáctico por encima de la sociedad y de los ciudadanos y regresó al país a la estructura electoral priista de 1988.
Al sacar la reforma del contexto de la reforma del Estado, las modificaciones electorales estuvieron marcadas por intereses parciales de sus diseñadores. Es decir, partidos y políticos hicieron una reforma para sí mismos, no para la democracia. Lo grave es que la reforma aprobada no transitará al país a la democracia sino que restaurará el viejo modelo priista de instituciones subordinadas y no autónomas.
El último tropiezo de la reforma electoral reveló el tamaño de las limitaciones restauradas. El disenso con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión comenzó como un debate de legisladores con concesionarios y terminó en una discusión de legisladores con medios de comunicación social. La diferencia no es artificial: el desmoronamiento de las instituciones del viejo régimen priista convirtió a los medios electrónicos en el espacio de crítica a esas estructuras antidemocráticas.
Con todas sus limitaciones, los medios de comunicación -electrónicos y escritos- han hecho más por la democracia que los políticos. Asumidos como negocios de entretenimiento, la crítica en la televisión y la radio -unida a la de la prensa escrita- demolió al presidencialismo como el Muro de Berlín del autoritarismo y al PRI como la estatua de Lenin del viejo régimen priista. Sólo que el Congreso renace de las cenizas del presidencialismo autoritario para convertirse en un poder fáctico igualmente autoritario, impositivo, es decir, rebasando sus funciones legales reconocidas por las leyes y el Estado.
El problema de la reforma electoral ha sido su parcialidad. No reforma el Estado sino que satisface las exigencias de los partidos para regresar a elecciones sin control legal. El próximo consejero presidente del IFE, por ejemplo, saldrá del entorno de los partidos y del Congreso y a ellos obedecerá. Por tanto, el IFE ya no será ciudadano sino partidista. De haber sido audaces y democráticos, los legisladores debieron de haber optado por una verdadera ciudadanización del Instituto con tres decisiones verdaderamente democratizadoras:
1) Que los consejeros fueran designados por los ministros de la Corte, como propuso la investigadora María Amparo Casar, asesora por cierto de la comisión de reforma del Estado.
2) Que los consejeros, al salir del ámbito de la Corte, tuvieran una especialidad en derecho, ya que los procesos electorales tienen que ver fundamentalmente con las leyes.
3) Y que los partidos se salieran del IFE porque su presencia -aun sin voto- solamente envenena las sesiones. Y apostándole a la democracia, entonces el IFE debiera ser un organismo electoral sin consejeros y sí con directores organizadores de elecciones. La despolitización y despartidización del IFE sería la verdadera ciudadanización del Instituto.
Los legisladores, sin embargo, hicieron una reforma a la medida de sus necesidades, no en tono con un proceso de democratización. La intolerancia y cerrazón del Legislativo se percibió en su desdén hacia la cámara de radio y televisión. El trato legislativo de concesionarios a los miembros de esa cámara empresarial fue desdeñoso de una realidad inocultable: la radio y la televisión se han convertido en espacios privilegiados para la crítica política. Todos los analistas de medios escritos han encontrado espacio en los medios electrónicos. Por tanto, el debate no fue con concesionarios sino con medios de comunicación social.
Lo grave de la reforma electoral es su disociación de la realidad democrática. Los partidos contrarreformaron las leyes electorales para regresar a los vicios del pasado. De ahí que el mamotreto aprobado en el Congreso vaya paradójicamente contra la democratización de la República porque se negoció por unas elites, se impuso a ciudadanos y empresas y desdeñó a la sociedad.
La transición española a la democracia tuvo un principio fundamental: regresarle -escribió el filósofo Julián Marías- España a los españoles por medio de procesos electorales democráticos y ciudadanizados. La reforma electoral mexicana, en cambio, escritura la política a los partidos y a las bancadas legislativas y excluye a los ciudadanos y a la sociedad. Por tanto, nada tiene que ver con la democracia y sí mucho que se relaciona con la instauración de un poder político dictatorial fáctico conocido como partidocracia.
Si se revisan los documentos de la comisión de reforma del Estado, el objetivo era otro: avanzar en la democracia. La reforma electoral aprobada restauró el sistema electoral priista. Y el IFE quedó reducido a una copia de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett y Arturo Núñez de 1988, con la conformación de una dictadura de partidos.
Razones
La fiesta legislativa la paga el Presidente
Por: Jorge Fernández Menéndez
EXCELSIOR
La mejor demostración del interés de los legisladores sobre las posiciones de los comunicadores con respecto a la reforma electoral la tuvimos el martes: luego de cuatro horas de un debate que terminó siendo muy ríspido, con un grupo de senadores francamente alejados de la realidad (¿cuánto hace que no están en la calle; que no hablan con la gente; que no entienden el grado de desprestigio que, por esa soberbia, tiene el Poder Legislativo?; ¿cuánto hace que la mayoría de ellos saltan de curul en curul, siempre como plurinominales, o sea, puestos por sus partidos, no por el electorado?). Los senadores se tomaron un respiro de una hora para comer un poco de sushi en sus oficinas y pasaron a votar, sin tocarle una coma, el predictamen que ya tenían preparado. El debate con comunicadores duró más de cuatro horas, la votación se realizó en tres minutos y, al momento de escribir estas líneas, se llevaba al pleno del Senado para sacarla lo más rápidamente: no había posibilidad ni siquiera de tomarse unos días para analizar el dictamen con mayor detenimiento, como incluso algunos de los senadores lo propusieron. Era el mejor ejemplo de legislación al vapor.
No fue una estrategia torpe. Al contrario, mientras todos los comunicadores estábamos, estamos, ocupados en las posibles restricciones a la libertad de expresión (y también a los serios daños que la iniciativa ocasionará a la mayoría de las empresas de comunicaciones en el país), los legisladores aprobaron el derrocamiento del IFE, la destitución de sus consejeros, el establecimiento de un contralor que atará aún más a los consejeros a los caprichos partidarios, se distribuyeron entre los tres grandes partidos los tiempos de radio y televisión y el dinero para las campañas. Eso, en el Senado, porque al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados, sin que nadie se enterara, se aprobaba prácticamente toda la reforma fiscal, desde el nuevo impuesto empresarial a tasa única, que quedó en 16.5% en el primer año, hasta el nuevo régimen fiscal de Pemex; desde el impuesto a las gasolinas, que aparentemente quedó en 5.5%, hasta el de 2% a depósitos en efectivo, llamado en contra de la informalidad, cuyo límite subiría a 25 mil pesos mensuales. Todo rápido, sin debates mayores, mientras se trasmitía en cadena nacional una suerte de monólogo compartido, de diálogo de sordos, de cuatro horas.
Una de las preguntas que debemos hacernos es el porqué de tanta prisa. Algunos de quienes han participado en estas negociaciones nos dicen que la misma es necesaria porque, si no, se revientan, desde afuera, los acuerdos, como ha pasado en otras oportunidades. Puede ser, pero lo que no parece coherente es el engaño. Por ejemplo, con respecto a la reforma electoral, apenas el viernes 31 de agosto platiqué en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Jesús Murillo Karam y Arturo Núñez, del PRI y el PRD, respectivamente, y al martes siguiente con el diputado Diódoro Carrasco, del PAN. Todos ellos participaron en la negociación de la reforma electoral. En ninguna de esas entrevistas, cuando se les preguntó cómo iban a manejar el tema de los medios en las campañas dijeron lo que apenas unos días después terminó plasmado en el predictamen. Tampoco lo incluyó el documento que distribuyó Manlio Fabio Beltrones el mismo viernes 31 con los acuerdos de la reforma electoral que esa misma tarde había presentado. El predictamen que a estas horas está a punto de ser aprobado en el Senado se dio a conocer con apenas unas horas de antelación a los grupos parlamentarios que tenían orden de votarlo sin discutirlo. Y así lo hicieron, por lo menos en primera instancia.
Insistimos, ¿cuál es la prisa? Quizá, como era el compromiso desde el martes de la semana pasada, cuando el tema se atoró con el debate sobre la destitución de los consejeros, sacar todas las reformas de una vez, en una sola jornada. Y, sólo como especulación, quizás hacerlo antes de que regresara el presidente Calderón de su gira. Y éste les dio todo el tiempo del mundo para ello, porque tomó la ruta larga para regresar de la India, un viaje de 25 horas, con varias escalas, con el fin de arribar en la tarde de ayer a México, cuando todo, por lo menos en las cámaras de origen, estuviera aprobado.
La duda es qué gana el presidente Calderón con todo esto. Sí, es verdad, se rompió una parálisis legislativa de una década, pero, por lo que se ve, los costos los pagarán la sociedad y el Presidente, en ese orden, sin que se perciban los beneficios: la reforma electoral violenta la autonomía de los órganos electorales, un gran triunfo del PRD, y genera un abierto enfrentamiento con la mayoría de los medios, que originará, si nadie detiene esa suma de abusos, un distanciamiento de los medios con el Ejecutivo, al mismo tiempo que la legitimidad de la elección de 2006, por el espíritu de la reforma, queda cuestionada; la reforma fiscal, sin duda, tiene elementos útiles, pero ya López Obrador se encargó de señalar que el costo del aumento a las gasolinas lo pagará el Presidente, aunque los mayores beneficiarios sean los gobiernos del DF y los estatales, que se quedarán con esos recursos; la reforma al régimen de Pemex es una reivindicación priista que está atada a la fiscal, pero que no resuelve los problemas de la paraestatal. Cuando terminen de sacar el balance, después de todo este proceso, se comprobará que quien va a pagar los costos será el presidente Calderón, que no recibe, en contrapartida, ni un gesto de generosidad política de sus adversarios. Vamos, ni siquiera una condena formal a los ataques terroristas de este lunes, cuyos costos económicos mínimos han sido estimados en dos mil 500 millones de pesos. ¿Hasta dónde querrá seguir pagando los costos de la fiesta legislativa el presidente Calderón?
Octavio Rodríguez Araujo
Devuélvanlos, y ya
LA JORNADA
Hace cosa de un mes el gobierno de la República fue advertido por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que los sabotajes a instalaciones estratégicas continuarían si no son presentados con vida y liberados los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los órganos de inteligencia del gobierno federal, por lo visto, desestimaron esta advertencia y, peor aún, no tienen idea del significado del EPR ni de su potencial estratégico.
En la madrugada del 10 de septiembre fueron destruidos varios puntos de los ductos de Petróleos Mexicanos, ahora en Tlaxcala y en Veracruz, afectando a cientos de empresas (y sus trabajadores) en alrededor de diez estados. En tanto, el gobierno no ha dicho nada útil y atendible sobre los dirigentes reclamados por el EPR, supuestamente en manos militares que operaban en Oaxaca (donde fueron detenidos en calidad de civiles). Tampoco ha insinuado algún tipo de negociación con el grupo guerrillero sabiendo que es humanamente imposible vigilar más de 50 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos en la república, por lo tanto, prevenir otros daños similares que pueda ocasionar esta u otra organización armada y clandestina.
Hasta ahora los sabotajes emprendidos por el EPR han respetado vidas humanas, diferenciándose de este modo de las organizaciones terroristas que han actuado y actúan en otros países. No sabemos qué pueda ocurrir en el futuro, pero sí que mientras el grupo guerrillero no había sido tocado no hubo acciones que afectaran la economía del país y que pusieran en evidencia la ineficacia del gobierno en este rubro. Ahora sí, y ésta es un arma de dos filos.
De un lado las acciones del EPR han demostrado ser efectivas, precisas y coordinadas en su lucha por recuperar a sus efectivos de mando, desaparecidos hasta el presente. Del otro lado, empero, si bien demuestran que el gobierno no ha sido capaz de evitar las acciones guerrilleras, también están propiciando la intromisión de especialistas extranjeros (de Estados Unidos), oficiales o mercenarios en un proyecto tipo Plan Colombia como bien ha denunciado Carlos Fazio en su artículo del 10 de septiembre, precisamente el día de los sabotajes eperristas, pero antes de que éstos fueran conocidos (pues obviamente el artículo de Carlos fue redactado, cuando más tarde, el domingo en la mañana).
Uno de los datos reveladores que da Fazio en su artículo es que el viernes 8 de septiembre de 2007 el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional denunció que la empresa Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Estados Unidos, “está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderónâ€? (¿En Veracruz? Curioso.).
De llevarse a cabo este proyecto, que claramente contaría con la simpatía de Calderón para suplir la incapacidad de su gabinete en materia de inteligencia policiaca y militar (Cisen, AFI, PFP, etcétera), nuestra categoría de nación soberana (formalmente) se vería degradada al nivel de esos países que vemos en las películas donde un comando de Rambos cambia el rumbo de la historia y salva al país para entregarlo al mundo de la democracia, la libertad y el cristianismo según es entendido por Estados Unidos.
No pienso que la estrategia del EPR sea correcta, por más que entienda que quiera presionar por recuperar a sus camaradas. Al afectar a las empresas lo hace también a los trabajadores y a sus familiares (creo que ya lo he mencionado), lesiona también la economía sin ningún beneficio para un proyecto, digamos, socialista (si acaso estuviera en la agenda nacional para el futuro inmediato) y, por si fuera poco, da argumentos al gobierno (por si hicieran falta) para que endurezca todavía más sus políticas de persecución de narcos, terroristas y dirigentes sociales (de una vez y en un solo paquete).
Hay indicios de retorno a los tiempos de la guerra sucia, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos y cuando las desapariciones forzosas eran comunes. No sorprendería a nadie que resurgiera la Brigada Blanca, de López Portillo, con éste u otro nombre, ni tampoco que de un día a otro nos enteráramos de que en México, y no en Ã?frica, también tenemos perros de la guerra pagados por la CIA y el Pentágono con el dinero lavado del narcotráfico. ¿Tom Cruise salvándonos del comunismo en una versión IV de Misión Imposible? Toco madera, aunque no soy supersticioso.
Finalmente, la bola ya no está en la cancha del EPR, sino en la del gobierno. Fácil. Si tiene a los dirigentes de este grupo guerrillero, que se los devuelva, de todos modos no ha podido combatirlo ni, por lo visto, sabe dónde está ni cómo atacarlo, a pesar de que el grupo armado tiene, como EPR, más de 10 años de vida. Si le creemos a sus comunicados, las acciones de sabotaje serán suspendidas a partir de la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿No es mejor para el país devolver a dos guerrilleros que revivir la vieja guerra sucia?
Si, por otro lado, le creemos a Calderón que su guerra es en contra del narcotráfico, que no la distraiga con la desaparición o el cautiverio de dos guerrilleros que no estaban actuando como tales, sino como civiles en contra de quien sí debería estar en la cárcel: Ulises Ruiz, sátrapa de Oaxaca para mayores señas.
UNT
UNT: la reforma fiscal no resuelve problemas de fondo
* No amplía la base gravable: A. Rodríguez.
* “Insuficiente”, un crecimiento de 3.5%.
* Requiere el país más de 300 mil mdp adicionales.
Mariana Otero-Briz
EL FIONANCIERO
La estimación de crecimiento de 3.5 por ciento presentada en el Proyecto Económico 2008 es inalcanzable e insuficiente para atender las necesidades de la población mexicana, afirmó Agustín Rodríguez Fuentes, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Para crecer entre 3.0 y 4.0 por ciento es necesario aumentar el presupuesto en 300 mil o 400 mil millones de pesos, pero el “miniproyecto” económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo prevé un incremento de cien mil millones de pesos.
El también secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) apuntó que el impacto de la reforma a la Ley del ISSSTE en las finanzas públicas, se debe a que el gobierno federal no calculó el grado de movilidad que propiciaron las modificaciones.
“Se ha generado una desbandada de los trabajadores que tienen la oportunidad de jubilarse con 15 años laborales o 55 de edad, o quienes tienen las posibilidades en los términos de ley también se retiran porque no quieren arriesgar el patrimonio que construyeron.”
A la asamblea de la UNT asistieron dos de sus tres presidentes colegiados, Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez, quienes coincidieron en que los cambios en materia electoral tienen aspectos positivos, aunque hace falta tocar varios temas fundamentales para que se pueda calificar como una reforma por el bien de la democracia.
Para Hernández Juárez, una de las cuestiones más positivas en esa materia es que se evitará que el dinero sea determinante en el curso de los procesos electorales.
SINDICATO MINERO
Grupo México: el amparo no significa reinstalación
La empresa da su versión del veredicto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
El abogado de Napo asegura que se ha incumplido con la resolución judicial.
MILENIO
Grupo México rechazó que el amparo concedido al sindicato minero el 24 de mayo los obligue a reinstalar a más de mil trabajadores en las minas La Caridad y la planta de cal de Mexicana de Cobre, en Sonora.
Según la empresa, el amparo se refiere exclusivamente a “reponer el procedimiento para revisar nuevamente los elementos que dieron efecto a la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Arbitrajeâ€?, que dio por concluida la relación laboral.
Por tanto, explicó Grupo México, “no se trata de ningún amparo que obligue a reinstalar a los trabajadoresâ€? y menos a “pagarles los salarios vencidos desde el 24 de marzo de 2006, debido a que sólo es para una nueva revisión de un hecho consumadoâ€?.
La empresa —encargada de 11 minas— precisó que “el documento expresa que el amparo se concede sólo para el derecho de que se tenga un nuevo juicio en el que se puedan escuchar los argumentos que el sindicato tenga que manifestarâ€?.
STPS
Empleo, arma contra la pobreza: STPS
EL FINANCIERO
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se reunió ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para intercambiar puntos de vista sobre el combate a la pobreza a través del empleo y la productividad laboral para un desarrollo económico sustentable.
Durante su visita a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, con motivo de la 15 Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT) de la OEA, el funcionario federal también abordó temas como la migración y su impacto en el empleo, informó la STPS en un comunicado.
Lozano Alarcón resaltó los esfuerzos de la OEA para servir como vínculo entre los ministros y secretarios del Trabajo, miembros de la organización, para impulsar una cooperación que genere economías competitivas creadoras de empleo digno y bien remunerado.
CONVERGENCIA
Tv satelital apuesta al ‘triple play’
La competencia por este segmento se intensificará, consideran analistas
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Ahora las empresas de televisión satelital también le apuestan a los servicios triple play (provisión de video, voz y datos en un solo paquete), por lo que la competencia en este segmento se intensificará, señalaron analistas.
La tecnología satelital es muy costosa como para dar servicios de telefonía o internet, por lo que los operadores de DTH están haciendo alianzas con operadores de redes fijas para ofrecer servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo con Carlos Blanco, analista de la consultora Signals Telecom Consulting, se espera que en México también se presente esta oferta triple play con tecnología satelital.
Agregó que, precisamente por el alto costo que implica para estos proveedores ofrecer voz y datos, sólo se han registrado unos pocos casos a nivel mundial en los cuales se intentó dar servicios combinados de DTH e internet bidireccional sobre un mismo equipo receptor: Hughes en Estados Unidos e Hispasat en España.
Por esto, los operadores de DTH con oferta triple play tienen tecnología híbrida, es decir, que los servicios de voz y datos corren por redes separadas y no sobre una única red, como es el caso de la IPTV (televisión sobre protocolo de internet). “Tal es el caso de Telefónica en Brasil, Chile, Colombia y Perú, donde el servicio de video se entrega vía satélite y la telefonía y la banda ancha a través del acceso de abonado tradicionalâ€?, destacó.
Cofetel especificará operaciones de cable
Realizará la versión final y la enviará a la Cofemer dentro de 10 días hábiles
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Los concesionarios de telecomunicaciones no lograron ponerse de acuerdo en la mayoría de las especificaciones operativas con las que se pondrá en marcha la portabilidad numérica, por lo que será la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la que resuelva sobre estos puntos.
De acuerdo con lo previsto en las reglas de portabilidad, el órgano regulador tendrá que realizar la versión final de dichas especificaciones operativas y enviarlas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en los 10 días hábiles siguientes.
Uno de los puntos más álgidos entre los miembros del Comité de Operadores era el procedimiento para evitar que los clientes que porten su número no se vayan sin liquidar su deuda con su proveedor telefónico. Trascendió que fue Telmex el que propuso un mayor número de condiciones para asegurar que los suscriptores que se cambien de operador no dejen cuentas pendientes.
En este mecanismo no hubo consenso, pues mientras unos proponían que se estableciera como requisito presentar la última factura del servicio pagado para que un cliente pueda portar su número, otros operadores, sobre todo los de la industria del cable, se opusieron a esta medida.
El argumento de los cableros es que la portabilidad no debe pensarse como un mecanismo de cobro o de solución a la morosidad de los usuarios.
AEROMEXICO
Banamex lanza sus dados por Aeroméxico
* Hacen equipo Aramburuzabala, Canales Clariond y Diez Morodo, entre otros.
* Ofrecen 151 mdd y capital fresco por 240 mdd.
* Solicitan autorización para la oferta pública a la CFC y la CNBV.
Margarita Solis Peña
EL FINANCIERO
Junto con un grupo de 14 empresarios mexicanos dedicados a diferentes sectores en el país, Grupo Financiero Banamex ofreció pagar 151 millones de dólares por el capital de Consorcio Aeroméxico (CAM) e invertir 240 millones de dólares de capital fresco para su crecimiento.
Así, la oferta de compra pública conjunta suma 391 millones de dólares, ubicándose por arriba de la que a su vez hicieron Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul hace unos días.
La oferta de Banamex y el grupo de empresarios mexicanos busca comprar desde el 51.1 por ciento y hasta el 100 por ciento de las acciones de CAM.
El grupo de inversionistas que participa en esta oferta se conforma de las familias Aramburuzabala (Grupo Modelo) y Canales Clariond (exIMSA), José Luis Barraza González (ex presidente del CCE), Juan Francisco Beckman Vidal (Grupo Cuervo), Henry Bremond Pellat (Liverpool), Antonio Cosío Pando (Las Brisas), Valentín Diez Morodo (Modelo), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Eugenio Garza Herrera (Xignus), Ricardo Martín Bringas (Soriana), Francisco Medina Chávez (Fami), Tomás Milmo Santos (Axtel), Maximino Salazar Nava (Desarrollo Ganadero) y Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala).
Ayer, Barraza, quien sería el presidente del consejo de administración de la empresa, le entregó personalmente a Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, la notificación para realizar la contraoferta por Aeroméxico. Asimismo se hizo llegar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la solicitud para realizar la oferta pública de acciones por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Cuestionan que Banamex logre comprar el 49% de Aeroméxico
* El banco podría tener el 25%, afirma Gregorio Canales (SE).
* Constituirán una sociedad relacionada.
* Ley de Inversión Extranjera, bajo lupa.
Margarita Solis / Ivette Saldaña
EL FINANCIERO
Grupo Financiero Banamex quiere comprar el 49 por ciento de las acciones de Consorcio Aeroméxico (CAM), y el grupo de 14 empresarios mexicanos detentaría el 51 por ciento, con lo cual este último tendría, además, capacidad de voto.
Para lograrlo, ambas partes echarán mano de un vehículo legal denominado sociedad relacionada, con lo cual sortearán la restricción que tiene una empresa de otro país -en este caso Citigroup- en la Ley de Inversión Extranjera para adquirir sólo hasta el 25 por ciento de una aerolínea en el país.
De acuerdo con Gregorio Canales, director general de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, por esta restricción Banamex sólo podría lograr tener el 25 por ciento del Consorcio Aeroméxico. Sin embargo, esa parece no ser la percepción de los nuevos ofertantes por CAM, que están ciertos de que Banamex puede comprar hasta el 49 por ciento. Aparentemente hay una diferencia de interpretación en lo expresado en la Ley de Inversión Extranjera.
En esa ley, en su artículo séptimo, se señala que en el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado, la inversión extranjera podrá participar sólo hasta en un 25 por ciento del capital de una empresa.
La Chequera
* “Chequerotas” van por Aeroméxico: ¿revirará Saba?.
Alicia Salgado
EL FINANCIERO
No puede criticarse la oferta no solicitada por Moisés y Alberto Saba por menos de cien millones que realizaran el 18 de agosto por el Consorcio Aeroméxico, que preside Andrés Conesa, puesto que propició la operación de venta más transparente que efectuará el gobierno de una empresa con participación mayoritariamente estatal.
Les comenté que ayer por la tarde el grupo de empresarios encabezados por José Luis Barraza, expresidente del CCE, presentaría -por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Guillermo Prieto Treviño- su oferta de compra por el 100 por ciento de las acciones a un precio que superó mi expectativa, pero en línea con la del mercado que es el que valida una postura o no.
El prospecto registrado ante la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, establece que el grupo de inversionistas liderado por Barraza González, quien a su vez actuaría como presidente del Consejo de Administración del consorcio, si lo aprueban los accionistas en asamblea, se realiza por el 100 por ciento de las acciones a un precio de 1.6842, por arriba de 1.59 pesos en que cerraron las acciones del consorcio el miércoles.
Esto implica un pago de 151 millones de dólares, pero lleva consigo una propuesta para inyectar capital fresco inmediato de 240 millones de dólares. Sumen y el total de la propuesta es de 400 millones de dólares, con una señal muy clara: la compra es para largo plazo.
En realidad la oferta no supera en 51 por ciento la propuesta de Saba, la cuadruplica aunque no lleve con él a José Luis Flores y júrenlo que éstos tienen la intención de traerse un operador de “grandes vuelos” si se acepta su propuesta.
Tomen nota de las chequeras que ha reunido Barraza: María Asunción Aramburuzabala, vicepresidenta del Grupo Modelo; Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y también uno de los principales accionistas de Modelo; Juan Francisco Beckman Vidal, presidente de Casa Cuervo; Henry Bremond Pellat, socio de Liverpool; la familia Canales Clariond, que está muy líquida tras la venta de IMSA; Antonio Cosío Pando -cabeza del Grupo Hotelero Las Brisas, cuyo último proyecto es el campo de golf de El Médano,en Los Cabos-; Agustín Franco Macías, líder del grupo Infra; Eugenio Garza Herrera de Xignus; Ricardo Martín Bringas, representando al grupo que mantiene a Soriana pisando los talones de Wal-Mart; Francisco Medina Chávez del Grupo Automotriz Fame; Tomás Milmo Santos, presidente de Axtel; Maximino Salazar Nava del gigantesco grupo norteño Desarrollo Ganadero, y Eduardo Tricio Haro de Grupo Lala.
A estos empresarios se suma, con una posición minoritaria, Grupo Financiero Banamex, que dirige Manuel Medina Mora por medio de una sociedad relacionada, pero no crean que será el 25 por ciento al que limita la Ley de la Inversión Externa, sino mucho menos.
Muchos de ellos participaron como accionistas de Banamex hace tiempo, pero la mitad son accionistas de Telmex y de Grupo Carso, que encabeza Carlos Slim Helú, y en general aunque tienen un giro de negocio que los identifica, son cabezas de familias mexicanas que tienen muy diversificadas sus inversiones.
No están ni Alfredo Harp ni Roberto Hernández en la lista, pero probablemente sí puedan comprar Aeroméxico, porque a estos empresarios no les interesa para nada el desliste, así que la recomendación es “retener” e incluir.
Volviendo al inicio de esta columna. La propuesta de Saba se realizó el 18 de agosto y con esta nueva proposición se esperaría que el Consejo de Administración se reúna con su asesor Morgan Stanley a más tardar el lunes o martes de la semana que entra. Obvio es que la oferta es mayor y por ello la aceptarán.
Si hay un revire de Saba, tendría que hacerlo pronto y no es descartable si realmente demuestra su interés de largo plazo en la aerolínea y ello podría resultar en la primera puja mediante la bolsa de una empresa con mayoría accionaria del Estado. Él está líquido, líquido.
Por lo pronto, se los dejo a su entero juicio: cierto es que Grupo Posadas, que preside Gastón Azcárraga Tamayo, señaló que no había realizado ninguna acción para adquirir Aeroméxico, pero recuerden que Posadas detenta sólo 11.4 por ciento de Mexicana de Aviación, el resto es propiedad de inversionistas individuales que son mayoritarios.
Dicen que algunos de esos accionistas se acercaron a la Comisión Federal de Competencia Económica, que dirige Eduardo Pérez Motta, en un intento poco racional. O sea, puro cuento, más cuando en año y medio no le han inyectado los 200 millones de dólares a Mexicana para mejorar su condición financiera.
Por eso se cruzan apuestas: fecha de cierre de la operación para el 30 de septiembre.
CORPORATIVO
* Segunda oferta por Aeroméxico rebasa propuesta de familia Saba.
Rogelio Varela
EL FINANCIERO
Ayer se hizo pública una segunda oferta no solicitada por el control de Consorcio Aeroméxico que implica un pago en efectivo de 151 millones de dólares, además de una inyección inmediata de capital por otros 240 millones de dólares.
Se trata de una oferta que supera con mucho la realizada por Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul, quienes ofrecieron casi cien millones de dólares y que francamente había generado poco optimismo en el mercado que reconoce el valor de Aeroméxico y sus empresas filiales, no obstante que el negocio de la aviación comercial ha tenido que bajar sustancialmente sus márgenes ante la creciente competencia.
En la segunda oferta, que es encabezada por José Luis Barraza González, está un grupo de empresarios de la talla de María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo), Juan Francisco Beckman Vidal (Grupo Cuervo) y Henry Bremond Pellat (Liverpool).
Anote además a la familia Canales Clariond, que se acaba de desprender de Grupo IMSA; Antonio Cosío Pando, quien se vincula al negocio turístico; Valentín Diez Morodo, que por años también fue pieza clave en la expansión internacional de Grupo Modelo, y Agustín Franco Macías, que está en el negocio químico.
En la lista figuran además Francisco Medina Chávez, Eugenio Garza Herrera, Maximino Salazar Nava, Ricardo Martín Bringas (Organización Soriana), Tomás Milmo Santos (Axtel) y Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala).
Al cobijo de esos líderes de empresa está, como se había filtrado en días pasados, el Grupo Financiero Banamex, que tendría una posición minoritaria en Aeroméxico, pero dada su visibilidad en el ámbito de los negocios, significa tener un gran socio.
La intención es que en la oferta que habrá de hacerse efectiva en bolsa hacia los primeros días de octubre, una vez que tenga el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz y por la Comisión Federal de Competencia, de Eduardo Pérez Motta, asistan los tenedores al menos del 50.1 por ciento del capital.
Como recordará, sólo en manos del gobierno está el 62 por ciento del capital de Aeroméxico.
Esto es relevante, en la medida en que no dude que algunos de los actuales accionistas de la empresa que comanda Andrés Conesa Labastida al conocer la inyección de capital que recibirá Aeroméxico podrían decidir mantener su participación en espera de una mejor valuación.
El precio ofrecido por acciones es de 1.6842 pesos por acción (es decir, 7.27 por ciento superior al valor promedio de mercado de los últimos siete días), pero habrá que recordar que ese papel había rebasado cotizaciones de dos pesos ante los rumores sobre la proximidad de una oferta no solicitada.
Y es que la intención de este segundo grupo es sanear a la empresa con una visión de largo plazo, donde Aeroméxico cuenta con una marca reconocida, una extensa red de operaciones nacional e internacional, personal profesional, adecuada infraestructura, además de posiciones preferentes en varios aeropuertos clave.
Otro elemento que gravita de forma importante es que en días pasados sostuvieron reuniones con los diferentes sindicatos de Aeroméxico para buscar esquemas de productividad que puedan dar viabilidad a la empresa, evitando una confrontación donde nadie ganaría.
La idea del grupo que lidera Barraza González es cuajar un modelo a partir de buscar nuevas oportunidades de negocio, elevar la productividad y abatir costos competitivos.
Concretamente se ha manifestado que una de las primeras estrategias será abrir nuevas rutas en los ámbitos nacional e internacional y aumentar las frecuencias en las ya existentes, así como ampliar y homogeneizar la flota de aviones, donde la apuesta ha sido por los Boeing 777 y próximamente el Boeing 787 Dreamliner.
Queda claro que el gobierno federal, entiéndase la Secretaría de Hacienda, de Agustín Carstens; Nacional Financiera, de Mario Laborín Gómez, y el IPAB, que tiene como secretaria ejecutiva a María Teresa Fernández, analizarán con lupa esta nueva oferta, por el hecho de que existe todavía la alternativa de realizar una colocación de las acciones que se había pensado para octubre o noviembre.
Finalmente Banamex presenta OPA por Aeroméxico
El precio es todavía mayor si se considera que el grupo se compromete a una inyección de capital fresco de 240 millones de dólares y desde luego también a asumir la totalidad de los pasivos de este aerolínea, con la meta no sólo de rescatarla, sino de consolidarla como la mejor de México en cuanto a
Maricarmen Cortés
EL ECONOMISTA
Como auténticamente más vale tarde que nunca, finalmente ayer Banamex Citibank y un grupo de 15 prominentes empresarios mexicanos presentaron ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la solicitud para la compra de Aeroméxico, por un monto de 151 millones de dólares, que es 10% superior al valor de mercado de Aeroméxico y lo más interesante: 50% superior a la oferta que presentó Moisés Saba.
El precio es todavía mayor si se considera que el grupo se compromete a una inyección de capital fresco de 240 millones de dólares y desde luego también a asumir la totalidad de los pasivos de este aerolínea, con la meta no sólo de rescatarla, sino de consolidarla como la mejor de México en cuanto a su servicio.
En total, porque aquí sí hay que sumar la oferta con la capitalización, el precio será de 391 millones de dólares, que triplica la oferta de Saba, que es ridículamente baja porque no supera los 100 millones de dólares.
Definitivamente ni Roberto Hernández ni Alfredo Harp Helú, los exdueños de Banamex, ni mucho menos Manuel Medina Mora, el mandamás del banco, participarán en forma individual en esta oferta, que desde luego será colocada por la casa de bolsa Acciones y Valores (Accival), que dirige Adolfo Herrera.
Lo interesante, desde luego, es que el grupo de 15 empresarios mexicanos tendrán control de Aeroméxico en más de 50%, mientras que Banamex a través de una empresa relacionada, adquirirá el 49% restante.
El grupo está encabezado por el expresidente del Consejo Coordinador empresarial (CCE), José Luis “El chacho” Barraza, quien será el Presidente de Administración de Aeroméxico y aún no determina quien será el Director General.
Los nuevos dueños de Aeroméxico -porque no hay ninguna duda de que esta oferta es mejor y más sólida que la de Saba? serán: María Asunción Aramburuzabala, considerada como la empresaria más rica de México; Juan Ignacio Beckman, de Cuervo; Henry Bremont, de Liverpool; la familia de fernando y Marcelo Canales, de IMSA; Antonio Cosío Pando, de Las Brisas; Valentín Diez Morodo, presidente del COMCE; Agustín Franco, de Infra; Ricardo Martin Bringas, de Soriana; Tomás Milmo, de Axtel; Eduardo Tricio, de leche Lala; Francisco Medina, de Fame Automotriz de Morelia, y Eugenio Garza Herrera, de Xignux y Maximino Salazar Nava.
Todos los empresarios participan a título individual, no a través de sus empresas y ninguno tiene un conflicto de interés porque no son socios ni de aerolíneas ni de aeropuertos.
Habrá que ver, desde luego, la respuesta de Moisés Saba porque podría incrementar su oferta, pero será difícil que pueda competir con la de Banamex.
Gastón Azcárraga no podrá comprar Aeroméxico.
Aunque Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, sí se entrevistó con Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), son nulas las posibilidades de que autorizara la compra de Aeroméxico.
Es cierto también que la CFC no puede a priori descartar ni a Posadas, el también dueño de Mexicana de Aviación, ni a ninguna otra empresa porque se tiene que realizar una análisis a fondo de la situación actual del mercado de la aviación en México, que efectivamente ha cambiado por el inicio de operaciones de las Aerolíneas de Bajo Costo.
En el caso de Posadas, la CFC analizará opciones como venta de activos, slots en los aeropuertos en los que operan Mexicana y Aeroméxico y cierre de rutas en las que ambas aerolíneas tienen una participación predominante de mercado.
La CFC tampoco puede impedir que Posadas u otra empresa presente una oferta pública para adquirir Aeroméxico, pero definitivamente con la nueva Ley de Competencia se requiere hoy forzosamente la autorización de la CFC para poder comprar Aeroméxico, que por cierto ya tiene Moisés Saba, no sólo porque no participa en el mercado de aviación en México, sino porque ninguno de sus socios participa ni en aerolíeneas ni en aeropuertos.
Curiosamente Gastón Azcárraga tiene el problema no sólo de que pese a las ABC Aeroméxico y Mexicana se mantienen como las aerolíneas más grandes del país, sino porque entre sus socios está Fernando Chico Pardo, presidente de Aeropuertos del Sureste y a quien la CFC ya le negó en forma definitiva la posibilidad de abrir una ABC en México.
Así, lo más seguro es que Gastón Azcárraga no tenga más remedio que conformarse con quedarse con Mexicana porque la CFC no aprobará finalmente la compra de Aeroméxico. Por lo que respecta al gobierno tampoco tendría lógica permitirle comprar Aeroméxico porque la administración de Mexicana deja mucho que desear.
Cubículo estratégico
Carlos Mota
Mexicana en el fango
MILENIO
Enorme cantidad de correos recibí por la problemática que vive Mexicana en su operación más significativa, la del servicio al cliente. La aerolínea está instalada ya en el fango de los peores estándares de servicio.
Dice el abogado Héctor Antonio Rosario Muñoz, socio de Frecuenta y cliente de la tarjeta Santander Mexicana: “A la fecha tengo las millas suficientes para realizar un viaje redondo a EU. He pretendido realizar en dos ocasiones la reservación correspondiente con la redención de las millas. Como bien lo refieres en tu publicación, la atención que se me brinda es pésima. No existen disponibles lugares para realizar el viaje, no obstante que se tramita con tres o cuatro meses de anticipaciónâ€?. Afirma que ya piensa “en la posibilidad de cancelar mi tarjeta de crédito como protesta por el pésimo servicio que se nos otorga a los clientes frecuentesâ€?. Hágalo, cancélela.
El notario Antonio Limón sufrió en retraso llegando de Sudamérica: “Le pregunté al operador la causa y me contestó que estaban maniobrando con una silla de ruedas eléctrica. (…) Después de esperar más de 30 minutos y ver que no conseguían el objetivo, le reclamé amablemente a la sobrecargo que habíamos 50 pasajeros con conexiones, que nos llevaran a la sala y que otra unidad hiciera los malabares con la silla. La contestación de esta mujer fue grosera y sólo atinó a decirme que diera gracias a Dios de que yo estaba completoâ€?.
Continúa: “Me causó molestia y le contesté que, por supuesto, no criticaba al pasajero (discapacitado), sino a la aerolínea por no tener ni la capacidad ni la infraestructura para lidiar con una silla de ruedas motorizada y que por esa ineptitud la mayoría perderíamos nuestros vuelos de conexión.â€?
César Fernando Padilla dice que el problema de Mexicana está originado por “quien la manejaâ€? (Grupo Posadas). Y remata: “La están mandando al fondo de la ruinaâ€?.
Cierto es que Gastón Azcárraga y Manuel Borja Chico están en su derecho (si la Cofeco no se los impide) de entrar a la puja para adquirir Aeroméxico, pero las primeras impresiones que ambos han dejado en el público no nos permiten pensar que tendremos una empresa de clase mundial si triunfan en su propósito.