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MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
REFORMA ELECTORAL
Parón del Senado a chantajes de la radio y televisoras
Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma electoral
Arrogancia, prepotencia e injurias enmarcaron los reclamos de concesionarios de radio y televisión
La libertad de expresión, bandera de empresarios y conductores; al final reconocieron que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda política en medios electrónicos
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
LA JORNADA
Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión.
Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos.
Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI.
Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionarâ€?, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.
Unen spots a la TV
Prohibición de comprar propaganda afecta libertades… y sus finanzas. En debate inédito, empresarios de radio y TV reclaman a senadores efectos de la reforma. “Quieren ustedes tiempo doble A y triple A; esto nos lleva a 30 por ciento de la parte comercial de la que viven todas las estaciones de radio y televisión. ¡Es casi expropiatorio el 30 por ciento!” Rogerio Azcárraga Madero, vicepresidente de la CIRT. “La mayoría de ese dinero lo reciben las dos grandes cadenas de televisión. No es que queramos ahora cambiar el duopolio, eso será después, en la ley de radio y televisión, y ojalá lo logremos” Pablo Gómez, senador miembro de la Comisión
Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar
REFORMA
(12 septiembre 2007).- Los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión -y sus conductores de noticias- se unieron ayer en una causa común, haciendo a un lado la competencia… y todo transmitiéndose en vivo durante tres horas en red nacional.
Los concesionarios chocaron con los senadores por el proyecto de la reforma electoral, que prohíbe la contratación pagada de propaganda de partidos en los medios.
También reclamaron el uso de los tiempos de Estado en los medios electrónicos para las campañas.
En sus intervenciones, los miembros de la CIRT consideraron que los cambios legislativos atentan contra la libertad de expresión, son “expropiatorios” y son mecanismos de la era soviética.
El encuentro, que inició a las 14:00 horas, fue transmitido por canales de Televisa y TV Azteca.
Rogerio Azcárraga, vicepresidente de la CIRT y propietario de Grupo Radio Fórmula, acusó a los partidos de arruinar el rating, de tratar de expropiar los medios y hasta de llevar a la quiebra a 950 emisoras de radio de AM, ya que se cancelarán 30 por ciento de sus ingresos.
“Van a meter una cápsula de tres minutos, cada hora, de un partido, una cosa que no le interesa a nadie, como pasa con ‘La Hora Nacional’, que nadie escucha”, dijo, provocando una ovación de los concesionarios.
El vocero de TV Azteca, Luis Niño de Rivera, reprochó que los partidos pretendan que los medios subsidien el proceso electoral.
Se acabó la comercialización de la política: Pablo Gómez; protestas de concesionarios
Rivelino Rueda
EL FINANCIERO
Concesionarios de la radio y televisión pidieron tiempo, pero no lo obtuvieron, ni lograron que el Congreso diera marcha atrás a la reforma que impedirá a los partidos la contratación libre de los espots para las campañas.
En un inédito debate entre los integrantes de la CIRT y legisladores, los empresarios de los medios electrónicos reprocharon lo que consideraron intentos por imponer una ley mordaza; un retroceso a la libertad de expresión, dijo Enrique Pereda, de la CIRT.
“¡Pues ni modo, se acabó la comercialización de la política!”, dijo Pablo Gómez. Manlio Fabio Beltrones indicó que no hay ley mordaza sino el propósito de transparentar el manejo de los recursos en las campañas.
El panista Ricardo García Cervantes celebró que no habrá intromisión ilegal del dinero en las campañas.
“No queremos pasar factura a los mediosâ€?
Pablo Gómez, Joaquín López-Dóriga y Ricardo Monreal tuvieron destacadas participaciones durante la reunión que sostuvieron legisladores con representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Reproducimos las versiones estenográficas de sus intervenciones.
MILENIO
Celebro que se haya realizado esta reunión entre las Comisiones Unidas que tienen a su cargo el dictamen sobre la reforma electoral y los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, porque esto ha permitido que se conozcan los puntos de vista y que se trascienda el debate mucho más que los estrechos muros del Canal del Congreso y que pueda salir en los canales de la televisión.
Al escuchar los puntos de vista de los distintos integrantes de la Cámara de la Radio y la Televisión me doy cuenta que hay diferencias de puntos de vista, no sólo de matiz. Estimo o aprecio que los hay también de fondo.
Por eso, mis comentarios no irán dirigidos a todos por igual, sino a quienes han manifestado puntos de vista que observo que son diferentes.
Yo los exhorto a que asumamos la convención fundamental de la relación y de este debate. La convención fundamental es lo que dice la Constitución de México: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo.
“La reforma electoral aún es insuficienteâ€?
“Tenemos tiempo para seguir reflexionando en este proceso tan importanteâ€?: Ricardo Monreal Ã?vila.
MILENIO
Quisiera primeramente darles la bienvenida a la cámara, a sus representantes en los estados y aquí a nivel nacional.
Este ejercicio en el que estamos inmersos pretende modificar nueve artículos de la Constitución: el 6 o el sexto, el 41, el 94, el 85, el 116, el 122, el 134, y ha habido un ejercicio amplio de varias semanas, de varios meses de discusión y de deliberación y de diseño institucional.
La reforma constitucional, consideramos muchos, en materia político-electoral es indispensable porque actualiza instituciones, corrige inercias, llena vacíos legales no previstos en la Constitución, incluso esta reforma, a nuestro juicio, todavía es insuficiente e incompleta, pero sí es un avance fundamental en esta materia tan importante para regular.
Esta reforma pretende disminuir el tiempo de campaña, regular precampañas, regular financiamiento público y privado, establecer prohibiciones de la propaganda negativa política-electoral, suspender durante la campaña toda propaganda gubernamental en los tres órdenes de gobierno, liquidación de obligación de los partidos que pierdan registro legal para que los bienes y remanentes sean entregados a la Federación, fiscalización, supervisión con órganos autónomos y de gestión, para que las finanzas de los partidos no queden lejos de esta posibilidad.
Aprueban por unanimidad la reforma
Guadalupe Irízar y Claudia Guerrero
REFORMA
(12 septiembre 2007).- Por unanimidad las Comisiones Unidas del Senado de la República aprobaron anoche la prohibición de que los partidos políticos contraten tiempos de propaganda en radio y televisión en todo momento.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y la de Estudios Legislativos acordaron modificar 9 artículos constitucionales: el 6, el 41, el 99, el 85, el 108, el 116, el 122, el 134 y el 97.
Luego de una sesión en dos partes, que tuvo un lapso de audiencia pública de los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, los senadores hicieron algunas precisiones al texto original propuesto en la mañana y que provocaron el apoyo de todos los partidos.
En el Artículo 41 quedó precisado que “los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”.
“Ninguna otra persona, pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular.
“Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”, señala la redacción final aprobada.
En este último párrafo se modificó la expresión “difusión de mensaje” por “propaganda” como una manera de evitar interpretaciones diferentes que pudieran llevar a la que se vincularía con una restricción a la libertad de expresión a través de programas noticiosos o emisión de opiniones personales, como advirtieron los concesionarios en una de sus preocupaciones ante los legisladores
Aprueban en comisiones la salida de Luis Carlos Ugalde
Pese a presiones sale adelante la reforma electoral
Se incluye la prohibición del pago de propaganda en radio y tv
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
LA JORNADA
A pesar de las presiones de los empresarios de los medios electrónicos, en comisiones se aprobó anoche la reforma electoral que incluye la remoción inmediata del presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, y dos consejeros más, así como la salida de otros tres el próximo año y la permanencia de tres más hasta 2010.
El dictamen, que esta madrugada será presentado en primera lectura ante el pleno del Senado, incluye la prohibición del pago de propaganda electoral en medios electrónicos y las campañas sucias y denigrantes a través de las pantallas televisivas y las estaciones de radio.
La reforma que modifica siete artículos constitucionales se aprobó en lo general por unanimidad, aunque en lo particular los partidos Verde Ecologista y Convergencia se reservaron varios artículos, que tienen que ver con la distribución de los tiempos oficiales, ya que pretenden que el reparto sea equitativo y no con base en la fuerza real que representan.
La discusión se destrabó la madrugada de ayer, cuando los partidos acordaron la salida inmediata de Luis Carlos Ugalde y dos consejeros más.
Ugalde: viola la independencia del IFE la remoción anticipada de consejeros
Pasaremos de un ente sujeto al Ejecutivo a uno vulnerable ante los partidos, dice
Se anulará el principio de inamovilidad en aras de negociaciones políticas, advierte
Alonso Urrutia
LA JORNADA
La pretensión de la Cámara de Senadores de remover a seis consejeros electorales antes de que terminen su encargo, “sin causa legal, sienta un mal precedente para la independencia no sólo del Instituto Federal Electoral (IFE) sino de las instituciones del paísâ€?, afirmó el consejero presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde.
Agregó que “con esta propuesta habremos transitado de un IFE sujeto al Poder Ejecutivo a un IFE vulnerable frente a los partidos políticosâ€?.
En una nueva crítica a la reforma electoral, que coincidió con la comparecencia de representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ante comisiones del Senado, Ugalde insistió en que si hubo una violación a las leyes electorales o a la Constitución, lo procedente era instrumentar un juicio político. Sin este procedimiento, lo que en realidad se hará es una “vulneración al principio de inamovilidad en aras de negociaciones políticasâ€?.
El consejero presidente del IFE aseguró que esto es una mala señal para las futuras generaciones, pues implica que “las reglas en México siguen siendo sujetas a negociación. Esto no contribuye a la construcción de una cultura de la legalidad. Nos costó muchas décadas construir un IFE de los ciudadanos. Como titular de la institución fundamental del Estado mexicano, tengo profundo respeto por las decisiones del Poder Legislativo, pero es también mi obligación, por convicción democrática y mandato constitucional, cuidar de la independencia del IFE y advertir sobre los riesgos que la amenazanâ€?.
Ugalde exige remoción mediante juicio político
Sin causas legales, el relevo escalonado determinado por legisladores, define
El IFE, en riesgo de convertirse “en un órgano vulnerable ante los partidosâ€?.
MILENIO
Luego de que en el Senado se acordó la salida anticipada de los consejeros 30 días después de que se formalice la reforma electoral —previsiblemente a finales de este año—, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, estimó que la manera en que se pretende la remoción sienta un mal precedente, “pues si violamos alguna ley o la Constitución, lo que procedía era la promoción de un juicio político en nuestra contraâ€?.
La decisión, consideró el titular del instituto, carece de razones y causas legales, e insistió en que, de proceder, se dañará la independencia y autonomía del órgano, que “transitaría de un IFE sujeto al Poder del Ejecutivo a un IFE vulnerable frente a los partidos políticosâ€?.
Sin los demás consejeros, Ugalde se reunió con los medios para fijar su postura sobre los acuerdos en el Senado en torno al IFE.
Advirtió que la reforma electoral creará una amenaza latente a la actuación independiente de los consejeros, por estar sujetos a presiones políticas.
GUERRILLA
Se adjudica EPR los ataques a Pemex en Veracruz y Tlaxcala
El grupo asegura que colocó 12 cargas explosivas en igual número de ductos
Jorge Alejandro Medellín y Silvia Otero
El Universal
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó los ataques con explosivos en contra de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) perpetrados el pasado lunes en ductos de la paraestatal ubicados en los estados de Veracruz y Tlaxcala.
En un comunicado, el EPR señala que la acción es parte de una campaña nacional para que dos de sus integrantes —Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez— sean presentados con vida y puestos en libertad. Advierte que su “accionar político-militar no se detendrá hasta que sean presentados con vida y en libertad nuestros compañeros detenidos-desaparecidosâ€? por fuerzas federales desde el 25 de mayo pasado en la ciudad de Oaxaca.
El texto está firmado por la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario CG-EPR, y en él se detalla que fueron 12 las cargas explosivas colocadas por sus unidades militares “en igual número de ductos de Pemexâ€?.
Las instalaciones amenazadas están “en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz, y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa–Cadereyta (en La Antigua) no se activóâ€?.
Chrysler, VW y GM inician paros técnicos temporales
* Las automotrices detuvieron su actividad en Toluca, Puebla y Silao.
* Preocupa que se extienda corte de gas.
* Nissan cambió suministro a gas LP.
(José Antonio Durán -enviado / María Luisa González - Gabriela Chávez)
EL FINANCIERO
FRANCFORT, Alemania, 11 de septiembre.- De prolongarse la suspensión del suministro de gas natural en las plantas automotrices -ayer las instalaciones de Volkswagen en Puebla, de Chrysler en Toluca y de GM en Silao detuvieron actividades- podría verse afectada seriamente la producción, indicaron directivos del sector que se encuentran en el Auto Show de esta ciudad.
El gas natural que se utiliza en las calderas de las áreas de pinturas de las fábricas de vehículos automotores dejó de surtirse a consecuencia de las explosiones de los ductos de Petróleos Mexicanos en Veracruz el lunes.
La planta de Volkswagen en Puebla dejó de producir mil 780 unidades diarias, dijo Thomas Karig, vicepresidente de relaciones corporativas y estratégicas de VW de México.
La planta detuvo sus actividades de producción a partir del tercer turno de ayer. Representantes de la empresa y el sindicato acordaron realizar este paro hasta el próximo lunes 17 de septiembre o antes, si las condiciones se restablecen.
Más de 2,400 mdp perderá industria por ataque de EPR
El sector industrial cifró en más de 2 mil millones de pesos (unos 200 millones de dólares) las pérdidas que dejará la paralización de actividades como consecuencia de la escasez de combustible, tras los atentados del EPR a gasoductos
David Aguilar y Rebeca Jiménez
El Universal
El sector industrial cifró en más de 2 mil millones de pesos (unos 200 millones de dólares) las pérdidas que dejará la paralización de actividades como consecuencia de la escasez de combustible, tras los atentados del EPR a gasoductos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a empresas distribuidoras de gas natural que durante una semana no podrá abastecerlas del energético; lo que representará pérdidas por 33 millones de pesos diarios para la empresa petrolera.
La escasez de gas natural afecta a 375 grandes empresas de los estados de México, Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Distrito Federal; unos 10 mil trabajadores quedaron inactivos.
Ayer suspendieron labores la planta de Volkswagen, en Puebla; Chrysler, en Toluca; General Motors (GM), en Silao; Ford, en Cuautitlán; Honda, en El Salto, y alrededor de 100 fábricas de autopartes en diversos estados.
Pérdidas por 100 millones de dólares diarios: Canacintra
La explosiones en Pemex afectan a 2 mil 800 empresas
La Jornada de Oriente, Juan Carlos G. Partida, Mariana Chávez, Martín Diego Rodríguez, Silvia Chávez, corresponsales, y Miriam Posada, Eduardo Martínez, Antonio Castellanos, Roberto González y Juan Antonio Zúñiga, reporteros
LA JORNADA
La explosión premeditada en el sistema de distribución de gas natural de Petróleos Mexicanos (Pemex) paralizó este martes las actividades de al menos 2 mil 800 unidades industriales ubicadas en 10 entidades de las regiones centro, norte y occidente, en lo que constituye el acto de sabotaje económico más grande en la historia reciente del país.
Las pérdidas ascienden a 100 millones de dólares por día, según un cálculo preliminar de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que aglutina a las empresas del sector manufacturero. Los daños económicos a las plantas fabriles podrían elevarse así a 800 millones de dólares, unos 8 mil 800 millones de pesos, pues hasta el martes 18 de septiembre se normalizará el suministro de gas natural, según el organismo del sector privado.
Los sectores con mayores pérdidas, informó Canacintra, son el del vidrio, alimentos, automotor, metalmecánico y cemento. En tanto, el presidente del organismo, Miguel Marón Manzur, afirmó: “tenemos conocimiento de que Pemex hace todo su esfuerzo para restablecer el suministro de combustibles lo antes posible; sin embargo, los industriales pedimos que sea con mayor rapidez, pues las pérdidas son millonarias y los riesgos de que se prolongue esto más de una semana, como ha informado Pemex, son muy graves para la industria, pero también para millones de trabajadores que podrían perder su empleoâ€?.
El sistema de distribución de gas natural, seriamente dañado por explosiones: Pemex
La paraestatal afirma que sufrirá pérdidas diarias de al menos 3 millones de dólares
Roberto González Amador
Daños en las instalaciones de Pemex en Cumbres de Maltrata, Veracruz
LA JORNADA
El sistema de distribución de gas natural de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue dañado “seriamenteâ€? por la serie de atentados que sufrió la madrugada del lunes la red de ductos, especialmente en Veracruz, manifestó ayer Jesús Reyes Heroles, director general de la paraestatal. Estimó que la empresa sufrirá pérdidas diarias de al menos 3 millones de dólares por dejar de vender el energético, y anticipó que las operaciones se regularizarán hasta la siguiente semana.
“Fue un ataque contra una parte central del sistema de transporte de ductos de Pemexâ€?, indicó Reyes Heroles, al comentar sobre la explosión de seis artefactos en la red de distribución de la empresa. “La afectación, sobre todo en materia de gas natural, sí es francamente muy seria, que inevitable y desgraciadamente tendrá sus consecuencias; ya las está teniendoâ€?, añadió en declaraciones a Radio Centro.
Pemex informó en un comunicado que a las siete de la noche de ayer prevalecía el fuego en uno de los cuatro incendios que se desataron tras las explosiones del lunes pasado. Algunos de los puntos afectados habían sido resguardados por la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar investigaciones y tratar de hallar a los responsables, pero ya habían sido “liberadosâ€?, por lo que personal de Pemex inició allí las labores de rehabilitación de la red.
“Soy investigador, no vocero del eperrismoâ€?
Jorge Lofredo, un argentino estudioso de los grupos clandestinos, es indagado por la Interpol a petición de la PGR
TEXTOALEJANDRO JIMÉNEZ
El Universal
“¿Eres el vocero del EPR?â€?, le pregunta la reportera a bocajarro.
“¡No lo soy! ¡Soy un investigador obsesionado con el tema! Somos una biblioteca virtual y como tal el bibliotecario no tiene la culpa de lo que está escrito en el libroâ€?, responde categórico el argentino de 44 años de edad, Jorge Lofredo, cuya página de internet cedema.org (Centro de Estudios de los Movimientos Armados) reúne la mayor cantidad de comunicados de guerrillas vigentes de América Latina, sobre todo de México, especialmente del Ejército Popular Revolucionario (EPR), con el que mantiene contacto vía cibernética.
En el número que está por circular de la revista Gatopardo, la reportera mexicana Laura Castellanos viajó hasta Buenos Aires, Argentina, para entrevistar a este enigmático personaje, que ahora está siendo investigado por la Interpol, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, para conocer sus nexos con los grupos subversivos del país que el 5 y 10 de julio, y más recientemente el lunes pasado, hicieron detonar artefactos explosivos en ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con Castellanos, hasta 1999 Lofredo era un tímido contador del Banco Central, clasemediero, sin gran conocimiento político, que había cursado la educación básica en escuelas privadas de su país, hasta que comenzó a estudiar en las noches la carrera de Ciencia Política y comenzó a tener contacto con el tema guerrillero latinoamericano.
De manera especial estudió al EPR, conocido públicamente desde 1996, pues le parecía una guerrilla auténtica.
Vino a México a principios de siglo y se enamoró del país, de su exotismo, de sus avenidas como el Paseo de la Reforma y de su cultura, tan fuertemente simbolizada en una plaza como el Zócalo de la ciudad de México.
REFORMA FISCAL
Destraba el Congreso la reforma hacendaria
* Aprueba Comisión de Hacienda impuesto a gasolina y diesel.
* Incluye cambio fiscal a Pemex y gravamen a depósitos bancarios.
* Esperan legisladores ingresos extra por más de 115 mil mdp.
Jeanette Leyva / Martín R. Ortiz
EL FINANCIERO
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados destrabó la reforma fiscal al aprobar 5 de 7 dictámenes, incluido un nuevo régimen tributario de Pemex que le permitirá generar ahorros por 30 mil millones de pesos en 2008 y por 60 mil millones en los próximos 3 a 4 años.
El paquete de iniciativas aprobadas en una sesión maratónica que inició ayer al mediodía, contempla que el cambio de control accionario que pretenda realizar una empresa por medio de la Bolsa Mexicana de Valores estará sujeto al ISR, con lo que se busca evitar casos como los de Banamex.
Los diputados aprobaron en comisiones el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que gravará con una tasa de 2 por ciento los depósitos realizados en efectivo que excedan la cantidad de 25 mil pesos al mes.
También avalaron el IEPS a los juegos con apuestas y sorteos, que serán gravados con una tasa única de 20 por ciento.
La orden del día incluyó la discusión del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como lo relativo a federalismo fiscal, en donde se trataría la aplicación de un gravamen de 5.5 por ciento a la venta final de gasolina, diesel y gas para consumo automotor.
Determina comisión fijar el IETU en 16.5%
La Comisión de Hacienda aprobó esta madrugada el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el cual iniciará con una tasa de 16.5% y generará una recaudación de 100 mil millones de pesos. Al cierre de la edición, las bancadas del PAN y PRI acordaron reducir a 4.5% el impuesto a las gasolinas, el cual se establecería en un periodo gradual de 18 meses
Ricardo Gómez, Andrea Merlos y José Manuel Arteaga
El Universal
La Comisión de Hacienda aprobó esta madrugada el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el cual iniciará con una tasa de 16.5% y generará una recaudación de 100 mil millones de pesos. Al cierre de la edición, las bancadas del PAN y PRI acordaron reducir a 4.5% el impuesto a las gasolinas, el cual se establecería en un periodo gradual de 18 meses.
Horas antes la fracción del PRI en la Cámara de Diputados pidió a su coordinador Emilio Gamboa Patrón negociar con el PAN el porcentaje de incremento a la gasolina —tasado en 5.5%— a fin de que éste no impacte en las clases sociales más bajas.
En San Lázaro, en un estira y afloja de última hora en las negociaciones, la comisión de Hacienda aprobó anoche cinco dictámenes, en espera de que PAN y PRI llegaran a un acuerdo en torno al impuesto a la gasolina.
Esto en medio del rechazo al gravamen por parte del PRD, y la división en torno al tema de la bancada del PAN, cuyo dirigente, Manuel Espino, los visitó en San Lázaro y les otorgó un “voto de confianzaâ€?, para que cada quien sufragara libremente en esta reforma.
Negocian IETU y alza a gasolina
Discuten dictámenes en comisiones. Piden aumento mensual para aminorar inflación; espera bancada panista la opinión del Ejecutivo
Daniel Pensamiento, Armando Estrop y Claudia Salazar
REFORMA
(12 septiembre 2007).- Las fracciones del PAN y PRI negociaban anoche en la Comisión de Hacienda de la Cámara baja mantener el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) en 19 por ciento.
Sobre el gravamen a la gasolina, se negociaba una tasa de 2 centavos por mes durante 18 meses, para aminorar el impacto inflacionario.
El aumento total a la gasolina será de 36 centavos y se mantendría hasta 2011, junto con la vigencia del pago de la tenencia vehicular.
El cobro de ambos impuestos sería trasladado a los gobiernos estatales, si así lo deciden.
La posibilidad de mantener la tasa del IETU en 19 por ciento propició que representantes del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por Óscar Fitch, enlace del CCE, reclamaran a los diputados panistas Manuel Minjares y Raúl Alejandro Padilla.
Esa opción, según priistas consultados, garantiza los 22 mil millones de pesos que se dejarían de obtener si no se aprueba el gravamen de 5.5 por ciento a gasolina y diesel.
Aunque PAN y PRI pactaron bajar a 17 por ciento el IETU, para atender reclamos de los empresarios, el rechazo a la alza en la gasolina los obligó a aceptar 19 por ciento.
Avalan nuevo régimen fiscal para Pemex
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló un nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en el primer año de su operación proporcionará a la paraestatal 30 mil millones de pesos
Andrea Merlos, José Manuel Arteaga y Ricardo Gómez
El Universal
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló un nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en el primer año de su operación proporcionará a la paraestatal 30 mil millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, Francisco Labastida Ochoa, informó que para el tercero o cuarto año Pemex podrá disponer de ingresos adicionales del orden de 55 mil a 60 mil millones de pesos y se incremente la producción en más de 200 mil barriles diariamente.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, consideró que el nuevo sistema fiscal beneficiará a la empresa petrolera mexicana.
Los legisladores consideraron un periodo de transición de cinco años, durante el cual el gravamen especial que se le cobra a la paraestatal bajará del 78% actual a 71% al final del periodo.
El esquema aprobado por unanimidad considera la propuesta de la oposición para que todos los recursos que obtenga la paraestatal vayan a inversión.
Aprueban gravar depósitos
Se aplicará una tasa de 2% si se excede de 25 mil pesos al mes. Determinan diputados suprimir responsabilidad solidaria a contadores, abogados o asesores
José Eseverri
REFORMA
(12 septiembre 2007).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), llamado Impuesto a la Informalidad en la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
El impuesto se aplicará con una tasa del 2 por ciento a los depósitos cuyo monto acumulado mensual exceda los 25 mil pesos.
En lugar de recaudarse al momento de recibir el depósito, como proponía la iniciativa, el cobro se hará el último día del mes en que este se haya realizado.
Aunque en la exposición de motivos de la iniciativa se destacaba que el propósito del impuesto era combatir la evasión en la economía informal, a iniciativa de integrantes priistas de la Comisión se modificó el nombre del impuesto.
Sin embargo, para los depósitos unitarios que sobrepasen los 25 mil pesos, el impuesto se recaudará en el momento mismo en que se realice el depósito.
El dictamen adiciona el supuesto de que las adquisiciones de cheques de caja se considerarán como depósitos en efectivo.
POLITICA EXTERIOR
Calderón prefiere hacer balance de gira que de las explosiones
Presidencia advirtió que no iba a responder preguntas de la prensa nacional
El mandatario hizo un resumen de los acuerdos que tuvo durante su viaje. En India, el jefe del Ejecutivo federal resaltó los logros de su gobierno.
MILENIO
A unas horas de iniciarse el vuelo de 25 horas para regresar de su primera gira internacional por Asia, el presidente Felipe Calderón prefirió no hablar de los temas que ocupan la agenda nacional y sólo emitió un mensaje en el que expuso un balance de sus actividades por la región asiática.
Aunque la víspera condenó las explosiones en gaseoductos de Petróleos Mexicanos, se esperaba que en la conferencia de prensa, programada en la agenda presidencial desde el miércoles pasado, el mandatario abundara sobre los atentados que paralizaron mil empresas y ocho plantas de la Comisión Federal de Electricidad, así como de los mensajes que fueron encontrados.
No obstante, unas horas antes de la rueda de prensa que se ofrecería en Mumbay —donde un millón de personas hace de la calle su casa, a pesar de ser el centro económico más importante del país— se anunció en Bangalor que no respondería a cuestionamientos de la prensa que lo acompaña en su gira.
Pese a las diferencias, hay genuino interés en trabajar con Cuba y Venezuela: SRE
Admite la secretaría que actualmente se desarrolla un proceso de regeneración
Reconoce que con La Habana ya se elaboró una agenda de puntos a tratar
José Antonio Román
LA JORNADA
Pese a las diferencias de visión que puedan existir con los gobiernos de Venezuela y Cuba, México tiene “genuino interésâ€? por trabajar en las coincidencias, sobre todo ahora que hay un proceso de “acercamiento y regeneraciónâ€? de las relaciones diplomáticas con ambos países, aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Gerónimo Gutiérrez.
Indicó que los contactos y el avance para designar nuevos embajadores y restablecer las relaciones diplomáticas al nivel más alto “abren un horizonteâ€? en el que pueden empezar a desahogarse los temas bilaterales con cada uno de estos gobiernos.
Con Cuba, por ejemplo, ya está acordada una agenda inicial que incluye relaciones comerciales, migración y tráfico de personas; el adeudo de 554.9 millones de dólares del gobierno cubano a México, derechos humanos y cooperación bilateral. En tanto, con Venezuela la agenda está todavía por elaborarse, una vez que los embajadores lleguen en el transcurso de este mes a sus respectivos lugares.
En conferencia de prensa en la que expuso algunos de los principales resultados de la política exterior hacia América Latina y el Caribe a lo largo del primer año del gobierno calderonista, el subsecretario Gutiérrez Fernández aseguró que la diplomacia mexicana “ha retomado una vocaciónâ€? latinoamericana y caribeña, y trabaja para recuperar la interlocución y una mayor presencia en estas áreas geográficas estratégicas para México.
OPINION
CIRT: en defensa del dinero
LA JORNADA
Ayer, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), encabezados por las dos principales empresas televisivas del país, comparecieron ante las comisiones dictaminadoras del Senado que discuten la aprobación de la llamada reforma electoral. El encuentro, una culminación de la campaña de presiones, chantajes y mentiras emprendida por las propias televisoras para impedir que el Congreso apruebe la supresión de la libre contratación de publicidad electoral en los medios electrónicos, derivó en una manifestación inequívoca de insolencia, característica de los dueños del dinero y de sus empleados, en la que se denostó al Poder Legislativo y a sus integrantes, se impugnó la Constitución y se distorsionó la verdad en cadena nacional.
Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio.
Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos.
En esa historia vergonzosa y exasperante destacan episodios como el autismo cómplice de la televisión ante la represión del movimiento estudiantil de 1968 y ante la guerra sucia que siguió en los sexenios siguientes; la convalidación de Televisa al fraude electoral de 1988; las distorsiones de Tv Azteca con motivo del asesinato de Francisco Stanley, y el vergonzoso linchamiento mediático de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial del año pasado. A este respecto, en el proceso electoral de 2006 se puso de manifiesto un fenómeno alarmante e inaceptable: como lo admitió un legislador panista, uno de los componentes fundamentales del triunfo oficial de Felipe Calderón fue el poder del dinero, dinero que se empleó en la compra masiva de mensajes publicitarios que denigraban la imagen de su principal oponente. Se violentó, de esa manera, el principio básico de que la soberanía emana del pueblo en su conjunto, no de los potentados, y que los procesos electorales sirven para poner de manifiesto la voluntad ciudadana, no la de los grandes capitales.
En abril de 2006 los empresarios televisivos emplearon su colosal e ilegítimo poder fáctico para someter al Senado, el cual aprobó un engendro popularmente llamado ley Televisa, por medio del cual se regalaba a los grandes concesionarios una enorme tajada de frecuencias que son de propiedad pública. La legislación era tan impresentable que fue devuelta al Legislativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, los intereses mencionados pretendieron, una vez más, intimidar y chantajear a los senadores. Lograron, en cambio, poner en evidencia ante la opinión pública que tras sus alegatos no hay más que descarnados intereses comerciales, monetarios y de poder. Es posible que su arrogancia haya logrado otro efecto indeseado: el de fortalecer el acuerdo entre las bancadas legislativas para acabar con el injustificable gasto publicitario pagado por los contribuyentes y capitalizado por los accionistas de las grandes cadenas televisivas y radiales.
La estructura de la propiedad de los medios electrónicos –especialmente los televisivos– y las formas de concesión del espacio radioeléctrico en el país deben ser modificadas a fondo para suprimir el poder fáctico que ejercen los propietarios de las empresas mediáticas, ensanchar la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo, y para hacer posible la democratización efectiva del país. En lo inmediato, los senadores tienen ante sí la obligación moral y política de preservar la soberanía popular que representan de los embates de corporaciones insaciables, y de defender su propio trabajo de concertación legislativa que, en esta ocasión, es digno de reconocimiento.
José Woldenberg / Aciertos, desaciertos, dudas
José Woldenberg
REFORMA
(12 septiembre 2007).- El proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral contiene aciertos notables, algunos desaciertos, genera algunas dudas y existe una omisión que debería ser atendida.
Aciertos.
Para disminuir el gasto en las campañas y para reforzar la equidad en las mismas se opta por:
A) Prohibir la compra de publicidad en radio y televisión. Está documentado que lo fundamental del gasto va precisamente a las campañas de spots, lo cual no sólo encarece las contiendas sino que tiende a adelgazar y vulgarizar sus contenidos.
B) Incrementar de manera sustantiva el acceso de los partidos a la radio y la televisión a través del tiempo del Estado, única manera de que la prohibición de compra de publicidad no se convierta en una menor visibilidad de los partidos, sus plataformas y candidatos.
C) Reducir el tiempo de las campañas y fijar el tiempo en que han de celebrarse las precampañas.
D) Reducir considerablemente el financiamiento a los partidos en ese rubro (lo que no sucede de manera significativa en el financiamiento para gastos ordinarios).
E) La suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas.
Además resulta convincente:
F) La nueva fórmula para calcular el financiamiento público a los partidos, ligándola a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual en efecto deja de hacer depender el monto del número de partidos con registro.
G) Los nuevos límites a las aportaciones privadas para reducir su monto.
H) Mantener como fórmula del reparto del financiamiento público que 70 por ciento sea proporcional a los votos obtenidos en la última elección y 30 por ciento de manera igualitaria. Recordemos que en un proyecto previo se intentó que todo el financiamiento se repartiera de manera proporcional a los votos logrados, lo cual tendía a petrificar las desigualdades.
I) Establecer un financiamiento fijo para “actividades específicas” (aquellas que tienen que ver con las tareas de educación, capacitación, investigación, tareas editoriales, etc.), porque la normatividad anterior (un fondo revolvente) siempre generaba conflicto entre partidos y autoridad.
J) Establecer una fórmula para la liquidación de los bienes de los partidos que pierdan su registro y para que se entreguen al erario los bienes y recursos remanentes, todo ello con el objetivo de que los recursos públicos no terminan en manos privadas.
K) La renovación escalonada de los consejeros del Consejo General del IFE y de los magistrados del Tribunal, con lo cual se conjugará siempre experiencia y novedad.
L) La elevación a rango constitucional de la prohibición de que terceros puedan comprar publicidad durante las campañas electorales. Ello con el afán de no erosionar la equidad en las condiciones de la competencia.
M) La supresión de la facultad de la Corte para investigar respecto a posibles violaciones del voto popular, dado que para ello está el Tribunal Electoral.
N) La disposición que manda que no sólo la Sala Superior del Tribunal sino también las salas regionales funcionarán de manera permanente. De igual manera el establecimiento explícito de las causales que pueden llevar a la nulidad de una elección. Y la capacidad de atracción de la Sala Superior.
O) La capacidad de la Corte para decidir en definitiva sobre las contradicciones de tesis que puedan presentarse entre las Salas del Tribunal.
P) Los cambios al artículo 116 para que las legislaciones locales se encuentren en consonancia con las disposiciones federales.
Q) El mandato para que todas las elecciones que deben celebrarse en un mismo año se lleven a cabo el primer domingo de julio.
R) Que la propaganda de las entidades públicas deba ser institucional y que en ningún caso contenga “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Desaciertos.
S) El establecimiento de una contraloría interna al IFE nombrada desde la Cámara de Diputados. Ese gesto inamistoso olvida además que el IFE es auditado cada año por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, que rinde cuentas puntualmente.
T) Establecer que el IFE, a partir de eventuales convenios con los institutos electorales locales, podrá organizar los procesos en los estados. Al parecer se trata de la típica negociación que resulta peor que las posiciones extremas originales. El esquema actual (autoridades federales y locales separadas para organizar sus respectivas elecciones) o la pretensión de un Instituto Nacional de elecciones que organizara todas son dos modelos claros y funcionales. Pero de aprobarse la nueva disposición tendremos tensiones generadas desde la Constitución. Habrá quienes desde los institutos locales y desde el propio IFE pretendan que este último se haga cargo de las elecciones locales y habrá también en esas instituciones quienes pretendan lo contrario. Total un llamado desde la Constitución al conflicto permanente.
U) Se pretende llevar a la Constitución la prohibición de las campañas negativas. Se intenta con ello elevar el nivel del debate… pero será más que difícil para la autoridad establecer con claridad la línea que distingue la crítica válida de la “expresión denigrante”.
Dudas.
V) El derecho exclusivo de los partidos a postular candidatos a los cargos de elección popular asume la necesidad de fomentar un sistema de partidos políticos nacionales como base para la reproducción de la democracia y supone que los partidos -más allá de su denominación- son inescapables como redes organizativas, plataformas de lanzamiento electoral, referentes políticos ideológicos, etc. Si ello es así, en el COFIPE será necesario revisar las fórmulas para la construcción y registro de partidos de tal suerte que aquellos ciudadanos que no se identifiquen con las ofertas existentes tengan la posibilidad de forjar su propio partido.
W) Dice el proyecto que “Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y la ley”. Al parecer, esa redacción recoge el malestar (infundado) de los partidos que consideran excesiva la intervención del IFE y el Tribunal en su vida interna. Pues bien, a la hora de reglamentar esa norma será necesario recordar que los partidos son entidades de interés público y no organizaciones autárquicas y que las autoridades electorales por supuesto que sí pueden velar por los derechos de los militantes de los partidos. Pero en efecto, como lo dice el dictamen, no deberían poder hacerlo violentando la vida interna de los partidos, por lo que se establece como un requisito previo para la intervención de la autoridad que el demandante haya agotado las instancias internas de su partido. Ahora será imprescindible que éstas sean expeditas y funcionales.
X) Se faculta al IFE para ordenar la suspensión inmediata de las trasmisiones de radio y televisión que violen la ley. Y por supuesto parece adecuado porque si no existe la posibilidad de que la autoridad ponga un alto a una determinada infracción, toda la normatividad se reblandece. Pero es necesario corregir la redacción para no dar la impresión de que el IFE puede sacar del aire a toda la programación de determinado canal de radio o TV.
Y) Se crea un órgano técnico para la fiscalización de las finanzas de los partidos. Su titular será designado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del IFE a propuesta del consejero presidente. Se desea sacar esa importante facultad del circuito de los consejeros, pero dado que al final las eventuales sanciones serán aplicadas por el propio Consejo General, su impacto será atemperado (y qué bueno que así sea). Lo que resulta más que pertinente es que se establezca que dicho órgano “no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal”.
Omisión.
Z) Como sabemos, el IFE puede entrar en contradicción con algún poder o institución pública, por ello sería pertinente habilitarlo como uno de los sujetos que puede iniciar una controversia constitucional. Dado que la Corte decidió por 6 votos contra 5 que el IFE no tiene esa facultad, sería más que importante incluirlo en la Constitución.
Horizonte político
Lucha de titanes
Por: José Antonio Crespo
EXCELSIOR
La ciudadanía en general atestigua un duelo de dos poderes formidables: uno de corte fáctico —los consorcios mediáticos— y otro de índole formal —el Congreso—. Los primeros intentan echar abajo la parte de la reforma electoral que afecta directamente a sus intereses: la prohibición de que partidos y particulares compren espacio publicitario-electoral. El Congreso impulsa dicha reforma (aunque con fuertes divisiones internas). Una pugna de titanes: la mediocracia contra la partidocracia, en detrimento de la democracia (donde, en teoría, los intereses de los ciudadanos son más importantes que las ambiciones de los partidos y de los medios, respectivamente). Los medios cuentan con mayor credibilidad, de acuerdo con las encuestas que miden esa variable y, desde luego, con mayor capacidad de incidir sobre la opinión pública. En cambio, los legisladores y los partidos políticos ocupan los últimos lugares en ese rubro, aunque gozan de una auténtica representatividad política (mermada, distorsionada, incompleta, pero real). El Congreso es objeto de frecuentes ataques (muchas veces bien ganados). Mientras Andrés López Obrador lo llama “un peligro” (para México), otros lo consideran, por razones distintas, como una especie de “Hugo Chávez colectivo”, y muchos ciudadanos lo cuestionan por promover la partidocracia.
Los partidos proponen la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la difusión de la publicidad electoral, pero también introducen otros aspectos que incrementan su eventual influencia sobre las instituciones autónomas (como el IFE), protegen sus elevados ingresos públicos, preservan su impunidad y eluden la transparencia. Por su parte, los consorcios mediáticos niegan que su oposición a la reforma sea por dinero y enarbolan otros temas, como la salida o no de los consejeros electorales del IFE, el “atentado” a la libertad de expresión, el excesivo financiamiento partidista y hasta las candidaturas independientes. En particular, el asunto de los consejeros ha dividido a los ciudadanos informados, analistas, periodistas, académicos y escritores. En torno a ello se han formado dos grandes bloques: quienes sostienen que la remoción anticipada de los consejeros dejará afectada la autonomía e imparcialidad al IFE y quienes piensan que los actuales consejeros no estuvieron a la altura de la elección pasada y por ello debieran ser sustituidos. Se podría detectar que, con excepciones, quienes están en el primer bloque dieron por válido el triunfo de Felipe Calderón y sienten que remover a los consejeros sería reconocer, en cierta medida, que hubo “fraude electoral” (como lo sugirió Luis Carlos Ugalde) o al menos que “algo estuvo mal” con el IFE. Quienes se han pronunciado por la remoción de los consejeros, mayoritariamente forman parte de quienes han puesto en duda la claridad y contundencia del triunfo de Calderón y aceptan que se sustituya a los consejeros porque creen que en efecto algo funcionó mal en el IFE (no necesariamente que haya habido un fraude monumental).
Sin embargo es posible detectar, a lo largo de este debate, que tanto entre quienes defienden la preservación de los consejeros como entre quienes promueven su sustitución, hay varios puntos en los que coinciden en torno a la reforma. A) Hay amplio acuerdo en la utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la propaganda electoral. Incluso, muchos de quienes firmaron el desplegado en defensa de los consejeros del IFE se sintieron “usados” por los medios electrónicos para pegarle a la reforma electoral en general (aunque no se descarta que otros de los “abajofirmantes” hayan sido conscientes de que el desplegado le caería muy bien a los medios en los que colaboran). B) La utilización exclusiva de los tiempos oficiales para la publicidad electoral debiera traducirse en una reducción proporcional en el financiamiento público que recibirán en adelante los partidos, lo que no está del todo claro bajo la fórmula propuesta para ello, pues los partidos podrían recuperar lo perdido en relativamente poco tiempo. Y se ve como un exceso que dicha fórmula quede inserta en la Constitución (con lo que difícilmente podrá ser modificada o ajustada en el futuro).
C) Parece también haber coincidencia en que, más allá de la suerte de los consejeros electorales, si no cambia sustancialmente el procedimiento para su designación, poco se habrá ganado: que no se resolverá el problema de fondo. Por lo que consideran conveniente abrir el proceso a otros sectores sociales, que propongan candidatos a partir de un perfil legal más idóneo en el cumplimiento de sus funciones. Podría ser bueno que se incrementen los requisitos legales a favor de la ciudadanización y en detrimento de la partidización, para conferir a los consejeros mayores posibilidades de autonomía y reducir la discrecionalidad de los partidos en ese procedimiento. D) Finalmente, también parece haber un fuerte rechazo en ambos bloques ciudadanos con respecto a la contraloría interna del IFE que los partidos pretenden designar, pues también afectaría sensiblemente la autonomía de la institución.
Siendo así, esos ciudadanos, más allá de sus diferencias en torno a la remoción de los actuales consejeros del IFE, pueden unir sus voces y esfuerzos para exigir a los partidos que introduzcan algunas modificaciones al proyecto de reforma. A los partidos probablemente les vendría bien un amplio respaldo ciudadano, cediendo en esos puntos y quitando así municiones a los medios, que de otra forma tendrán posibilidad de volcar a la opinión pública en contra de la nueva legislación electoral, vendiéndola —no sin alguna razón— como una “contrarreforma”, una “reforma regresiva” o una de claro corte partidocrático.
Astillero
Julio Hernández López
Lágrimas electrónicas de cocodrilo
¡Oh, la libertad de expresión!
Asonada (casi) en cadena nacional
Fraude confirmado: Ugalde se va
LA JORNADA
Así como Luis Carlos Ugalde llegó a convertirse, en defensa de su cargo, en impensable gladiador tardíamente defensor de la democracia, los concesionarios de radio y televisión, con sus estrellas conductoras al frente, se revelaron ayer, durante largas horas difundidas por canales insignia, como apasionados y en ocasiones insurrectos paladines de la antes mencionada democracia (ajonjolí de todas las facturaciones), la libertad de expresión, los derechos cívicos, la voz del pueblo, los supremos anhelos nacionales… ¡Oh, cuántos muros de honor habrán de faltar para esculpir en letras de oro los nombres (y las razones sociales) de tan súbitos héroes movidos por el patriótico interés de que no les sean retirados los fondos publicitarios electorales ni les sean tocados sus tiempos privilegiados de programación a las desinteresadas empresas que ayer se sacrificaron transmitiendo sin comerciales el intento de golpe mediático al Congreso, el respingo de última hora, el elogio del chapoyismo y el rating como cimientos morales de una nueva sociedad (facturable)!
Fariseísmo en virtual cadena nacional para defender los intereses empresariales en peligro. Víctimas los verdugos, peticionarios de voz quienes se la niegan a las causas nacionales importantes y las deforman y agreden, demandantes de pluralidad quienes juegan a la diversidad mediante mesas endogámicas de opinión con participantes con cola de cochino, mártires de la democracia quienes se prestaron a las maniobras de instalación y consolidación del fraude electoral presidencial, reclamantes de que sean escuchadas todas las voces involucradas en un asunto quienes han silenciado las grandes protestas populares por temas como la Ley del ISSSTE, por dar un ejemplo. El Estado somos nosotros, quisieron decir los concesionarios que con su estriptís de ayer enseñaron las intimidades que les unen con la histérica derecha venezolana (hubo ayer quienes calificaron de “virtual expropiaciónâ€? la probable decisión unánime de los senadores en materia de tiempos oficiales para propaganda partidista). Día de hipocresías en pantalla, con segmentos de censores, chantajistas y corruptos disfrazados de luchadores sociales. ¡Oh, Patria mía!
El motín del Ejército del Rating y el Espot opacó la visita de López Obrador a San Lázaro, además de que un discurso sobrio y de propuestas no daría la misma nota que una gresca o algún incidente susceptible de ser manipulado para adjudicar violencia al ex candidato presidencial perredista. El tabasqueño insistió en su tesis de que con honestidad y austeridad puede evitarse el sacrificio económico del pueblo y llamó a los legisladores miembros del Frente Amplio Progresista a que practiquen la resistencia civil pacífica contra pretensiones de aprobar impuestos a la gasolina y el dísel (que a la hora de redactar esta columna parecían ir en vías de disminución respecto del proyecto original) y una propuesta fiscal calderónica que pretende congraciarse con los empresarios.
En el fragor de la revuelta de las cámaras y los micrófonos apenas se escuchó el crac que hizo el cuello del consejero presidente del IFE que sí había copelado (al 0.56 por ciento). Las bancadas legislativas involucradas en el caso acordaron la salida escalonada de los actuales miembros del Instituto del Fraude Electoral, con el profesor Elbo Esther Ugalde por delante. Nada garantiza que del venidero reparto partidista de cuotas en el IFE surja una composición confiable, pero por lo pronto es de justicia la destitución de los cómplices del 2 de julio de 2006, además de confirmar en los hechos la tesis sostenida por el propio Ugg Alde: su defenestración prueba el fraude electoral (se abre, desde luego, la temporada de caza de hueso súper bien pagado: intelectuales e intelectualas “independientesâ€?, críticos amoldables y asesores varios se montan la escopeta de la redituable ecuanimidad para aspirar a las quincenas venideras del IFE).
El licenciado Calderón, mientras tanto… mientras tanto… ¡ah, anda fuera del país!, haciendo… haciendo… haciéndose preparativos para el próximo Grititito (diminutivo por cortesía del Perro con Bermudas). Por lo pronto, sus edecanes militares se permitieron ayer una amable ampliación del cerco en el Zócalo con el que pretenden impedir que el próximo 15 una ceremonia cívica se convierta en rechazo y rechifla personalizada. Duelo de poderes entre una rueda de la fortuna, una lotería (en la que Isela Vega, Margarita Isabel y otros personajes han cantado las cartas) y una feria cultural que han visto achicado su espacio por el avance de vallas y botas.
Más datos para la programación de la magna telenovela nacional: el EPR dice desde fuentes imposibles de confirmar que sí es el responsable de los estallidos de ductos petroleros y tal versión es dada sin chistar como oficial, mientras representaciones empresariales aseguran que mil firmas están en problemas de abasto y eventual paro por las explosiones que tomaron en la India a Calderón promoviendo la estabilidad y la paz sociales de México que según eso invitan a la confiada inversión extranjera. Ah, y el licenciado Felipe sigue rebasándose a sí mismo por la izquierda, de tal manera que este jueves recibirá las cartas credenciales de los embajadores de Cuba y Venezuela aunque, en tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, habla en tono de mal agüero de que ambos países están trabajando unidos para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo (una traducción posible significaría que los gringos están por meter las manos en territorio mexicano por cuestiones “de seguridadâ€?).
Y, mientras los jubilados ferrocarrileros insisten en exigir que sea castigado el saqueador de fondos sindicales llamado Víctor Flores, presunto líder que en realidad ha sido un aprovechadísimo verdugo, ¡hasta mañana, en este país de telenovelas políticas!
Luis Linares Zapata
Las torpes embestidas mediáticas
LA JORNADA
Los medios electrónicos emprendieron una embestida contra el Congreso por demás torpe, aun si, a esta acción, se le enfoca desde el punto de vista de sus masivos intereses. Deseaban, y claro está, aún pretenden, conservar tanto los instrumentos para sus múltiples negociaciones políticas como el enorme caudal de recursos que llega a sus arcas.
La experiencia obliga a suponer que tales recursos los reciben por varios canales, documentados unos, semiocultos e indirectos otros. La contratación facturada de tiempos que hacen los partidos y sus candidatos, solapados o formales, que aspiran a conquistar puestos de elección, es la común y cuantiosa. Pero, otros adicionales, arriban como denso río informal que, sin embargo, aporta miles de millones de pesos anualmente. Dineros que algunos medios reciben a tras mano de empresas paralelas de “mercadología políticaâ€?
Pero los medios no fueron solos en la campaña emprendida en defensa de sus intereses, súbitamente colocados ante la posibilidad de ser afectados en los trabajos legislativos. Coordinaron su estrategia con un amplio grupo de críticos, articulistas, académicos e intelectuales de amplio conocimiento público. Como en toda aventura de este calado, hubo también uno que otro compañero de viaje que lo hizo motu proprio, por individuales creencias, pero que, al final, sirvieron a los mismos propósitos de los medios: mantener y acrecentar sus privilegios.
Durante la batalla mediática han salido a relucir cruciales conceptos y fenómenos de la vida colectiva de la nación: la democracia, la independencia del IFE, el papel de pulcros árbitros desempeñado por los consejeros durante la pasada campaña, el fraude de 2006, que, se afirmó con voz en cuello, nadie ha probado. Se blandieron además temas como las afectaciones al cuerpo social o a la ciudadanía por las vengativas remociones planeadas. Pero esto fue secundario, lo imperioso para los medios fue su propia conservación como actuante y efectivo poder fáctico.
La capacidad de los medios para modelar la conducta de las masas quedó situada en el centro, en el meollo de la puja. La partidocracia de un lado y, en el otro, la altanera mediocracia. El Congreso quedó a la mitad del territorio en disputa.
Pero esta vez les falló el cálculo, les salió contraproducente su embestida. Provocaron dos fenómenos simultáneos. Uno fue crucial, pues obligaron a los legisladores a cerrar filas, a defender lo poco que aún queda de soberanía popular, sustento legítimo del Congreso. Los coordinadores de las principales facciones tuvieron que empujar la pensada transformación electoral, a pesar de las enormes presiones y las debilidades partidarias, ambas situaciones bien conocidas por el grueso de la ciudadanía. El otro, que no secundario, porque enajenaron a una parte sustantiva de las muchas audiencias que componen el espectro de la opinión pública, quizá a la más consciente e informada de ellas. Tanto los directivos de los medios involucrados en este pleito, como sus incondicionales defensores, rebasaron, una vez más y con grados inadmisibles de soberbia, la línea de tolerancia de amplios sectores de la población.
Los ataques, aun los revestidos de defensas impersonales, institucionales, apegados a la libertad de expresión y otras linduras (siempre sacadas a relucir en ocasiones propicias) les han golpeado en las narices. Tendrán que recular. Por todos los rincones de México han brincado los reclamos y los deseos de ir hasta el final, de completar, de una buena vez, lo que se viene solicitando desde hace muchos años. De reparar el tejido de la relación entre pueblo y medios, entre derechos conculcados y el accionar político respetable que se busca.
La embestida pretendía también involucrar a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Hacerlo, una vez más, responsable de eso que se considera una venganza contra los consejeros. Querían motivar (con sus maniobras desde las pantallas y los micrófonos) al gran público cautivo para que repudiara el flagrante atropello contra la libertad de información fraguado por el que fue contendiente a la Presidencia y que, para muchos, millones, es el real triunfador de la contienda pasada. Se unieron para evitar que saliera como un vengador efectivo, para exhibir las mentiras de agravios inexistentes que propala por todos los confines de la patria. Lo que han logrado con la embestida de marras es un repudio a sus maniobras, a las patrañas que han esgrimido en la defensa a ultranza de sus enormes apañes y abusos. Las consignas que lanzan como tapaderas de sus pretensiones indebidas, guardadas con fingidos argumentos legalistas de apego a la democracia, han quedado al descubierto.
La ley Televisa aguarda a sólo un paso de ser retocada por el Congreso y afectar, ahora de manera un tanto más radical, sus intereses o, mejor dicho, la parte indebida de ellos. Lo saben ya y se aprestan a desactivar la furia acumulada por senadores, diputados, partidos completos, opositores intransigentes, audiencias encorajinadas por sus desplantes sin razón.
La interrelación comercial, de promoción individual, oportunidades de lucimiento, dependencia económica que los aguerridos defensores tienen con los dueños y estrategas de los medios es evidente, profunda, totalizadora en varios de los casos notorios. No se tuvo el menor prurito para lanzarse al ruedo de los desplegados, las descalificaciones y las argumentaciones retorcidas.
Esta semana quedará escrita parte de una historia que puede ser trascendente para la vida organizada del país, para la sanidad de la política, para las imágenes personales de ciertos legisladores que han aguantado las andanadas y hasta tienen arrestos para responder a los retos que les arriman sus críticos interesados.
Desenfocados
Por: Raúl Trejo Delarbre
LA CRONICA
Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.
La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.
La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.
Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanosâ€?, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.
Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes…â€? Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.
Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación, los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.
El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.
Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizandoâ€? a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.
El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.
Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.
Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
El gruyere federal
EL UNIVERSAL
Las recurrentes fallas en los sistemas de inteligencia del Estado mexicano se vuelven cada vez más graves, y obligan al presidente Calderón a un reajuste urgente que frene la debacle
¿Qué pasó, señores? Desde hace poco más de un mes, un agente encubierto en Oaxaca reportó al Cisen que el EPR preparaba un atentado, sin poder precisar si se trataba del secuestro de un alto funcionario o empresario, o si serían nuevos sabotajes. Igualmente, la oficina de la CIA en México comunicó al gobierno de Felipe Calderón por las mismas fechas que tenían información de que existía la posibilidad de un atentado contra un alto funcionario o contra un militar. Las alertas se prendieron. La información provenía de fuentes tan serias que para el viaje a Asia y Oceanía, el Presidente decidió dejar en casa, ante la inminencia de un ataque, a su superasesor Juan Camilo Mouriño.
De nada sirvió. La madrugada del 10 de septiembre, exactamente dos meses después de que el EPR saboteara ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, seis nuevas explosiones en tuberías de la empresa en Veracruz provocaron daños económicos en 12 estados y a 25% de la producción de gas, motivando que el mercado mundial tuviera un impacto al alza el mismo lunes. Cuando menos cuatro comandos del EPR colocaron las bombas, que tenían los mismos componentes de Semptex, Anfo y fertilizantes que emplearon en el Bajío. En cuatro gasoductos en Veracruz fueron colocados en las válvulas de seccionamiento, donde más se estresa el metal, igual a la que explotó en el ducto en Querétaro dejando hoyos similares de seis metros de profundidad.
¿Qué pasó, señores? Tras las explosiones en Querétaro y Guanajuato, la responsabilidad recayó en el director del Cisen, Guillermo Valdés, quien llegó a ese cargo por insistencia de su viejo amigo, Felipe Calderón, con quien participó en su cuarto de guerra durante la campaña presidencial. Valdés, un politólogo, no tenía idea de lo que eran los servicios de inteligencia, y los sabotajes del EPR no necesariamente lo tomaron desprevenido, pues el Cisen había detectado una comunicación intensa de la guerrilla en los días previos. Lo que no supo fue cómo procesar la información, ni cómo enfatizar la gravedad de lo descubierto en las reuniones del gabinete de seguridad nacional, que se reúne los lunes en Los Pinos. Colocado públicamente en la picotilla, dentro del gobierno lo cobijaron.
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, de quien depende el Cisen, lo llamó para darle calor político. En una plática poco después de las explosiones en El Bajío, le reconoció que el Cisen había sufrido un abandono durante los últimos 10 años, y que había sido terminado de desmantelar en el sexenio pasado. Que no se preocupara, le subrayó, porque tenía instrucciones de darle recursos para mejorar la capacidad humana y tecnológica del maltratado Cisen. El respaldo a Valdés no resolvió nada.
Las explosiones en Veracruz volvieron a mostrar las deficiencias que enfrenta la inteligencia civil del Estado Mexicano. En el caso de los sabotajes, un argumento que manejan altos funcionarios mexicanos es que los más de 62 mil kilómetros de tuberías de Pemex por todo el país hacen humanamente imposible vigilarlas todas. Sin embargo, de ese total hay 4 mil que se consideran estratégicas, donde la vigilancia puede ser acotada y reforzada. No ha sido así, ni desde el 10 de julio pasado que se comprometieron a reforzarla, ni desde 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas mexicanas iniciaron el Plan Centinela a fin de evitar ataques en instalaciones estratégicas.
Actos terroristas o de movimientos armados no se frenan con poderío militar o policial. Lo que ayuda es un eficiente sistema de inteligencia que permita anticiparlos mediante la obtención de información. Ésta proviene de agentes encubiertos por un lado —como aquél que envió el reporte desde Oaxaca advirtiendo que venía un ataque del EPR—, o por lo que se puede lograr en los interrogatorios de detenidos. En el caso de las explosiones en Veracruz, asumiendo que el EPR fue el responsable de ellas, se pueden argumentar serias fallas en el procesamiento y prevención. Si se sabía que venía una acción militar del EPR, ¿cómo se pudo lograr con tanta limpieza? Sólo se puede explicar por las enormes deficiencias del aparato de seguridad mexicano.
El Cisen tiene desde 2000 una serie de plantillas que permiten decodificar los comunicados del EPR. Normalmente, cuando los comunicados son extensos, significa que incorporan una serie de mensajes que sólo pueden ser descifrados si se tiene la documentación adecuada. Aunque el EPR guardó silencio en las últimas semanas, hubo dos comunicados que debieron haber sido interpretados adecuadamente. Uno, de la comandancia general del EPR hace casi dos semanas erigiéndose como los únicos voceros oficiales, y el otro, una carta de Francisco Cerezo Quiroz y Emiliana Contreras, jefes del EPR, a sus hijos, hace unos 10 días. El Cisen, como a principios de julio, confirmó la inminencia del ataque, pero Valdés, como en ese entonces, no tuvo la energía dentro del gabinete de seguridad nacional para hacerse oír.
Por otra parte, tras las explosiones en El Bajío, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda de células del EPR que los llevaran a sus jefes o que aportaran más luz sobre los eventuales atentados. Pero semanas de intensa persecución arrojaron pocos éxitos. Una célula del EPR detenida en Morelos días después de las explosiones en El Bajío produjo información sobre secuestros, pero no mucho más. Tampoco se ha detenido a algún jefe guerrillero. ¿Qué pasó, señores? Valdés no ha rendido frutos, y es la segunda ocasión en dos meses que falla. Inteligencia militar, que por vías legales y presuntamente al margen de la ley, está persiguiendo al EPR, tampoco. Las áreas de inteligencia no están funcionando adecuadamente. El responsable de la coordinación de seguridad nacional es Ramírez Acuña, a quien le ha faltado carácter y mando para articular a los diferentes grupos que responden por ella. Por ejemplo, el que atiende instalaciones estratégicas, bajo la dirección del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha tenido reuniones durante los dos últimos meses sin que la Secretaría de la Defensa, responsable directo de la seguridad, haya enviado a representante alguno. Los militares no sólo sabotearon a García Luna, sino a Ramírez Acuña y al presidente Calderón.
Los resultados están a la vista. La desarticulación conlleva a la incapacidad, y la suma de ambas, a la vulnerabilidad del Estado mexicano a todo tipo de ataques y procesos de desestabilización. Es inadmisible, pero el presidente Calderón parece estar dispuesto a seguir tolerando estas fallas en su sistema de inteligencia. Un ajuste de funcionarios responsables es lo mínimo que podría exigírsele, pues el tema de los sabotajes no es un problema interno de su gobierno, sino uno mayor para el país, donde la responsabilidad principal sobre la seguridad, hay que recordárselo, es de él.
Plaza Pública / México frágil
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
Miguel Ã?ngel Granados Chapa
REFORMA
(12 septiembre 2007).- En un lapso tan breve como seis horas nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 30 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema nacional de emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como “acciones quirúrgicas de hostigamiento”, destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: “Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes”.
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes) y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
SINDICACTO MINERO
Grupo México desacata reinstalaciones en Sonora
Ignora el amparo concedido desde mayo a más de mil trabajadores, alega abogado sindical
El recurso revoca el laudo de la JFCA que canceló relaciones laborales: De Buen. La firma debe pagar salarios caídos en La Caridad y Mexicana de Cobre, exige el gremio.
MILENIO
E l abogado del sindicato minero, Carlos de Buen, exigió a Grupo México reinstalar a alrededor de mil trabajadores en las minas La Caridad y La Planta de Cal de Mexicana de Cobre, en Sonora, con el argumento de que desde el 24 de mayo de 2007 se concedió el amparo definitivo con el que se dejó sin efectos el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 12 de julio de 2006, con el que se daba por terminada las relaciones laborales.
“Toda vez que el amparo dejó sin efectos el laudo con el que la JFCA dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo, se dejaron también sin efectos los convenios que Mexicana de Cobre efectuara para obligar a los trabajadores a recibir la indemnización y su participación en las utilidadesâ€?, explicó.
En el amparo, detalló, también se ordena que se reponga el procedimiento y se emplace a juicio al sindicato minero.
Y mientras eso ocurre, expuso De Buen, “los más de mil trabajadores tendrán que ser reinstalados y la empresa deberá pagarles los salarios vencidos desde el 24 de marzo de 2006, pues es obvio que no existieron las causas de fuerza mayor que la empresa invocó —problemas económicos— para dar por terminadas las relacionesâ€?.
JUBILADOS FERROCARRILEROS
El líder del sindicato ferrocarrilero ha desviado $13 mil millones: jubilados
Este jueves realizarán una marcha hacia Los Pinos para denunciar el quebranto
Víctor Flores reta a los ex trabajadores: “que presenten demanda; mi conciencia, tranquilaâ€?
Patricia Muñoz Ríos
LA JORNADA
El líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores Morales, ha desviado cerca de 13 mil millones de pesos de un fideicomiso de pensiones, acusaron ayer jubilados de la organización, quienes llevarán a cabo una marcha este jueves hacia la residencia oficial de Los Pinos para denunciar al dirigente ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Sobre las acusaciones, Flores Morales demandó a los jubilados que presenten pruebas. Ellos aseguran tener cientos de copias de las denuncias penales y civiles que han interpuesto contra el líder.
Incluso, el dirigente ferrocarrilero apuntó que no ha saqueado el fideicomiso porque “éste lo maneja Nacional Financieraâ€?, no el sindicato, por lo cual no llega ni un peso a sus manos. Además, aseveró que tiene “la conciencia tranquilaâ€?.
La Comisión Colectiva de Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México ofreció ayer una conferencia de prensa, en la cual José Calixto Rodríguez denunció que hay un “boqueteâ€? por 13 mil millones de pesos en el fideicomiso, el cual garantiza pagos vitalicios para 48 mil ex empleados.
“Flores Morales y su grupo sólo dejaron 8 mil millones de pesos en el fondo, los cuales sólo van a alcanzar para pagar pensiones hasta el año 2010, no 2032, como se había estipuladoâ€?, aseguró Calixto Rodríguez en nombre de los ex trabajadores.
STPS
Prevén portal de empleo único
Fusionan lo que eran Chambanet y Chambatel, que dieron pobres resultados. Lo que se busca es ofrecer un servicio más eficiente y completo, explica la STPS
Arturo Rivero
REFORMA
(12 septiembre 2007).- Los servicios de vinculación laboral como el Sistema Nacional de Empleo (SNE) por Teléfono, antes Chambatel y el SNE por Internet, antes Chambanet no han dado los resultados esperados, por lo que hay la intención de fusionarlos en el gran Portal del Empleo que se lanzará en el corto plazo, adelantó Ã?lvaro Castro, subsecretario del Trabajo y Previsión Social.
“La idea es conjuntar estos dos servicios de vinculación laboral, coordinarlos mejor y lanzar el servicio de una manera más completa y eficiente.
“Estamos ya en fechas muy próximas para lanzar el Portal del Empleo donde se verán los cambios”, destacó en el marco del 60 Aniversario de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos.
Resaltó que este Portal del Empleo va a romper el círculo de la ineficiencia, ya que tendrá una cobertura a nivel nacional, donde cualquier persona, a la hora que así lo disponga va a poder acceder a fuentes de empleo de calidad y generadas en el mercado formal.
Y es que ni el cambio de nombre ni tampoco de imagen ni la modernización tecnológica han logrado salvar a estos dos mecanismos de vinculación, ya que sus índices de colocación en el periodo enero-julio del 2007 son de 4.3 y 9.3 por ciento respectivamente, el mismo que un año antes.
Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revelan que el Sistema Nacional de Empleo por Teléfono canalizó a 105 mil candidatos a una vacante, colocando apenas a 7 mil sin tener la certeza de haberse quedado con el puesto.
OPINION
Empresa
Alberto Barranco
Reversión de cuotas
EL UNIVERSAL
Aunque en el papel los 20 mil millones de pesos que le entregará el gobierno al IMSS en una partida especial representan la mayor erogación en materia de seguridad social, en la práctica apenas se plantean como un paliativo
Algo así como dar un calmante a un enfermo que reclama cirugía mayor, en un escenario en que las necesidades de corto plazo son cinco veces mayores.
El problema para el organismo, además, es que se está estrechando la presión patronal para institucionalizar mecanismos de subrogación de servicios y reversión de cuotas que actualmente se plantean como casos especiales ya para emergencias o frente a escenarios ancestrales.
La excepción que confirma la regla, pues. La exigencia, incluida una reforma al artículo 89 en sus fracciones II y III de la Ley del Seguro Social, está plasmada en la Agenda de Competitividad que plantea las prioridades del sector empresarial para este 2007.
El documento consensuado con los siete organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, fue entregado hace unas semanas al presidente Felipe Calderón.
La exposición de motivos habla de establecer mecanismos que permitan otorgar a las personas la posibilidad de elegir al prestador de servicios de su preferencia, lo que implicaría celebrar convenios con instituciones privadas prestadoras de servicios de salud y la reversión de cuotas hacia los patrones que así lo decidan, por tener establecidos servicios mecánicos y hospitalarios.
La alternativa, en este último caso, priva ya para algunos de los grupos empresariales de Monterrey como Vitro, Femsa y Alfa, en la lógica de que ofrecían el servicio antes de que se instalara como obligatoria la inscripción de los trabajadores a la seguridad social.
Estamos hablando, pues, de la fase previa a la instalación, en 1943, del IMSS.
De acuerdo a la ley, en el otro ángulo, se permite la subrogación de servicios en casos especiales como la urgencia de atención médica a un accidentado, en un escenario en que los segundos cuentan, o que sea imposible físicamente para el IMSS atender una cirugía.
De acuerdo al texto que plantea lo mismo propuestas al Ejecutivo que al Legislativo, “el sector privado, en especial el asegurador, puede participar activamente en la prestación de servicios de salud y seguridad social, promoviendo avances que favorezcan la equidad, disponibilidad, calidad, costo accesible y protección financieraâ€?.
La alternativa habla, incluso, de integrar “con visión estratégicaâ€?, los sistemas de salud y seguridad social existentes, optimizando las capacidades instaladas y procurando economías de escala, con un modelo mixto en el cual el sector privado aporte soluciones complementariasâ€?.
Más aún, se identifican como prioridad de acción conjunta la atención a problemas como la obesidad, la desnutrición y el alcoholismo y otras adicciones, atacando causas y efectos.
Según la óptica de la cúpula de cúpulas que encabeza Armando Paredes, la subrogación de servicios y la reversión de cuotas se inscriben en la tendencia mundial de solucionar, con un enfoque integral, los problemas la salud.
Lo curioso del caso es que los patrones bajan la mira hacia el Seguro Popular, en un escenario en que se plantea explorar la universalización y unificación de catálogos de coberturas, “evolucionando hacia una portabilidad real en los servicios de salud en que el sector privado, y especialmente el asegurador, puedan contribuir con su experiencia probada en la materiaâ€?.
De hecho, la propuesta habla de permitir la viabilidad de esquemas de protección que ya se encuentran en marcha, como las instituciones de seguros especializados en salud, cuyo arranque llegó en 1999.
El problema, dice el documento, es que éstos no se han desarrollado integralmente debido a los excesos de regulación que inhiben su viabilidad económica y operativa.
Como lee usted, el negocio estaba en quiebra cuando la pusieron tienda de enfrente.
SINDICALISMO
Crisis de credibilidad en sindicatos mexicanos
* La mayoría son un negocio para los líderes: Alcalde.
Diana Briseño / Finsat
EL FINANCIERO
Sólo entre 10 y 12 por ciento de los sindicatos que existen en México ejercen sus funciones de manera transparente y democrática, comentó en entrevista Arturo Alcalde Justiniani, abogado sindical especialista en la materia.
Durante el Congreso Laboral Latinoamericano 2007, el experto señaló que cerca de 14 por ciento de la población económicamente activa, aproximadamente 42 millones de mexicanos, se encuentra incluida en alguna agrupación sindical. De estos, más de un millón están inscritos en sindicatos burocráticos.
Sostuvo que el número de sindicalizados va en descenso, y recordó que durante los años ochenta aproximadamente 20 por ciento de la población económicamente activa pertenecía a un sindicato.
Comentó que estos grupos, que “deberían proteger a los que menos tienen”, se encuentran en el tercer lugar de una encuesta sobre falta de credibilidad entre la población, después de los partidos políticos y la policía.
Destacó que esto se debe a que los sindicatos son “un vulgar negocio” para sus líderes, en muchas ocasiones impuestos por el patrón, y a que se han convertido en un instrumento de control para sus miembros.
Entre las causas de que el problema sindical se haya agudizado, puntualizó el aumento en el outsourcing o subcontrataciones, por medio de las cuales las empresas no se hacen responsables de sus trabajadores.
AEROMEXICO
Azcárraga se reunió con ASPA
(Margarita Solis Peña)
EL FINANCIERO
El empresario Gastón Azcárraga se reunió el lunes con Dennis Lazarus, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) para informarle su intención de comprar Aeroméxico.
Leonardo Sánchez, vocero de ASPA, dijo que Lazarus trató de conocer las condiciones que pedía el también presidente y accionista de Mexicana de Aviación, pero no tuvo respuesta. “La reunión sólo fue informativa. Gastón dijo: me interesa ir por Aeroméxico y lo estamos evaluando”, explicó.
Así, en esa reunión, al mediodía, Azcárraga no dio más detalles de esa intención de compra, ni ofreció ni pidió nada a los pilotos.
ASPA espera que a más tardar el jueves se conozcan las contraofertas por Aeroméxico de José Luis Barraza y Azcárraga, ya que el 18 de septiembre se cumple el vencimiento de la oferta de Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul.
Las acciones de Aeroméxico registraron una caída de 0.62 por ciento respecto al viernes pasado, ya que en la jornada del lunes no tuvieron movimiento. La cotización cerró en 1.60 pesos por acción.
BANDA ANCHA
Urge una política de banda ancha: expertos
Se podría ofrecer un estímulo fiscal que permita a las empresas realizar inversiones necesarias, sostienen
Angelina Mejía Guerrero
El Universal
Es necesario que el gobierno federal aplique una política pública para impulsar la adopción de la banda ancha en el país, demandaron especialistas del sector de telecomunicaciones.
En estos lineamientos deben establecerse incentivos a los operadores para llegar a zonas rurales o alejadas, como por ejemplo, estímulos fiscales, dijo Enrique Melrose, ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
“Es necesaria una política pública, una estrategia nacional para incrementar la cobertura de la banda ancha y mejorar los accesos, por lo que habría que ofrecer un estímulo fiscal que permita a las empresas realizar inversiones necesariasâ€?, sostuvo.
De lo que se trata, dijo, es de que existan más competidores en el mercado de la provisión de banda ancha con el fin de mejorar las condiciones para la población y con precios más bajos.
Melrose detalló que estos estímulos fiscales se deberían otorgar a las empresas que conecten con mayor ancho de banda a escuelas y hospitales, por ejemplo.
El gobierno federal fijó la meta de llegar a 2012 con una penetración de accesos de banda ancha de 20 por cada 100 habitantes; sin embargo, hasta la fecha no ha informado cómo se pretende llegar a este objetivo y sólo ha señalado que el total de la inversión estaría a cargo de la iniciativa privada.
Actualmente el nivel de penetración de los servicios de banda ancha es de cuatro por cada 100 habitantes, por lo que México se coloca como segundo país con la penetración más baja entre las naciones que conforman la OCDE, y el primer lugar con los precios más altos en el servicio.
TELEFONIA MOVIL
Llega el 4° rival en celulares
Comercializan tiempo aire que les sobra a las grandes compañías. La experiencia en EU revela que revendedoras ayudaron a bajar tarifas hasta en 50 por ciento
Verónica Gascón y Lilia Chacón
REFORMA
(12 septiembre 2007).- Con la entrada de las comercializadoras de telefonía celular se abre la puerta a otros jugadores en telefonía móvil que prometen modalidades de servicios y tarifas distintas a las que hoy ofrecen Telcel, Movistar y Iusacell.
En México aún no se tiene estimado el impacto en los precios hacia el usuario, sin embargo, en Estados Unidos la presencia de las revendedoras ha generado a los clientes ahorros de hasta 50 por ciento, según la consultora J.D. Power and Associates.
Las comercializadoras comprarán minutos (tiempo aire) a las concesionarias y formarán paquetes para ofrecerlos al público, como si fueran otra empresa celular.
La diferencia es que podrán darlos a menor precio porque no invertirán en infraestructura.
Ellas podrían vender los equipos directamente al público o sólo los chips con tiempo aire para que los clientes se lo pongan al equipo que ya tienen.
Los esquemas pueden ser con tarjeta prepagada y se armarán paquetes de pospago con cobros distintos a la facturación por minuto.