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SINTESIS DE PRENSA
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007
LEY DE RADIO TV Y TELECOMUNICACIONES
Freno a monopolios en la nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones
Determinará reglas que darán equidad en el otorgamiento de concesiones: senadores
Necesario, marco jurídico que garantice acceso plural a los medios, opina Góngora
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
LA JORNADA
La nueva legislación federal en materia de radio, televisión y telecomunicaciones atacará de lleno los monopolios y oligopolios, al determinar reglas que permitan la equidad y competencia en el otorgamiento de concesiones para medios electrónicos y con ello el surgimiento de nuevas cadenas televisivas, advirtieron los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente.
En igual sentido, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel expresó a los legisladores que el nuevo marco jurídico en el que trabajan deberá garantizar el acceso plural y equitativo a la radio y la televisión, y para ese propósito se requerirá que el dinero, y en general los aspectos económicos, no sean el criterio fundamental para el otorgamiento de las concesiones.
Durante el foro Mejores prácticas legislativas para la radiodifusión en México, representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) resaltaron que los monopolios en medios de comunicación vulneran la libertad de expresión.
Los señalamientos de Góngora Pimentel y los enviados por organismos internacionales fueron plenamente compartidos por los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas las que, en sesión nocturna moderada por la periodista Carmen Aristegui, revelaron que en seis meses estará listo el proyecto para dar vida a la legislación que habrá de sustituir a la derogada ley Televisa, con base en los criterios que determinó la SCJN.
No se trata de que desaparezcan Televisa y TvAzteca, tienen derecho a existir, “pero necesitamos nuevas opciones que no pueden estar sujetas a lo que decidan y acepten esas dos televisorasâ€?, señaló el perredista Navarrete.
“¿La famosa tercera cadena de televisión?â€?, preguntó Aristegui, y la respuesta fue que incluso podría haber una cuarta televisora, además de modernizar las estaciones públicas como Canal 11 o Canal 22. ¿Por qué no emisoras culturales, de universidades, radios comunitarias?, ¿por qué no un florecimiento de opciones y de contenidos para que la diversidad de la sociedad mexicana se exprese?, abundó el legislador perredista.
El priísta Beltrones señaló que se abre nuevamente la ventana para democratizar los medios de comunicación electrónica, “abrir a más espacios también la difusión de la señal, ver la cobertura, la situación de los radiodifusores de amplitud modulada (AM), que han visto disminuir su patrimonioâ€?.
Acerca del riesgo de que haya una reacción de los concesionarios más virulenta que la expresada sobre la reforma electoral, el panista presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, señaló que “no se trata de un pleitoâ€?, sino de llevar a cabo cambios pendientes por décadas, que han generado enormes injusticias y concentraciones inconvenientes para el desarrollo del país y la democracia
Cuestionan especialistas influencia de monopolios
Daniel Pensamiento
REFORMA
(20 septiembre 2007).- Los monopolios en los medios electrónicos inhiben la libertad de expresión o generan esquemas de autocensura que se deben eliminar mediante la apertura de las concesiones del espectro electrónico, coincidieron ayer especialistas.
El Ministro de la Suprema Corte, David Góngora Pimentel, resaltó que la televisión es el medio masivo que tiene mayor influencia sobre los ciudadanos y, por ello, ocupa una posición especial en el proceso de información de la opinión pública.
“Pues no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas musicales, culturales, lúdicos u otros; elige qué se va a transmitir y cómo se va a transmitir.
“Lo que le da posibilidad de dirigir la atención del público en una determinada dirección, actuando no sólo como medio sino como un factor en el proceso de la comunicación, el cual impacta incluso de manera definitiva en la legitimación o deslegitimación de los poderes públicos”, dijo durante el foro “Mejores Prácticas Legislativas para la Radiodifusión en México” que se celebra en el Senado.
Tras indicar que la televisión afecta sustancialmente la vida diaria del individuo, el Ministro Góngora expuso el derecho de libertad de expresión requiere de pluralidad de medios de comunicación, así como de órganos reguladores independientes, tanto del poder político como del económico.
“Acceso equitativo a los medios de comunicación mediante la asignación de criterios tendientes a privilegiar el pluralismo y no aspectos meramente económicos”, sostuvo.
Pide Corral legislar con premura en materia de radio, tv y cinematografía
El duopolio puede reacomodarse e imponer intereses millonarios, alerta
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
LA JORNADA
Legislar “casi sin respirarâ€? en materia de radio, televisión y cinematografía, demandó a los integrantes del Congreso de la Unión el ex senador panista Javier Corral Jurado. Cualquier receso que se haga “puede dar pie a que el duopolio televisivo se reacomode y los intereses millonarios se vuelvan a imponerâ€?, alertó.
Al participar en la inauguración del foro Mejores prácticas legislativas para la radiodifusión en México, Corral Jurado aludió a “la gran lección de dignidadâ€? que dieron senadores y diputados al establecer en la reforma electoral un nuevo modelo de relación entre los medios electrónicos, los partidos políticos y las campañas.
El también presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) agregó que después de que se logró la liberación estructural del Estado, al eliminarle a la política “el yugo de la contratación de publicidad electoral, que deja atrás la dependencia existencial con los barones de la televisiónâ€?, es imprescindible que el Congreso siga con los cambios, “sin perder el ritmo, el momento, la fuerza de un consenso que ha devuelto a los ciudadanos la esperanza en el Poder Legislativoâ€?.
REFORMA ELECTORAL
Oaxaca, primero en avalar la reforma electoral; freno de priístas en Edomex
Silverio Cavazos ofrece el respaldo de la Conago para que salga adelante en el país
Pasará en las entidades gobernadas por el PRI
Claudia Herrera Beltrán
LA JORNADA
La reforma electoral cuenta con el respaldo mayoritario de los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los congresos locales, así que “por muchoâ€? se va a rebasar el número necesario para validarla, afirmó el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el colimense Silverio Cavazos.
Como se requiere el voto favorable de 17 congresos estatales, el mandatario señaló que la reforma puede salir adelante tan sólo con los 18 estados gobernados por el tricolor, con la salvedad de Coahuila, donde el gobernador Humberto Moreira ha manifestado su rechazo.
Cavazos se dijo sorprendido con la actitud de Moreira: “Yo soy muy amigo de él y me extraña esa situaciónâ€?. Y es que, a decir del gobernador colimense, la reforma busca ahorrarle millones de pesos a los mexicanos y asegurar un trato equitativo a los candidatos a puestos de elección popular.
A su salida de Palacio Nacional, donde asistió a la celebración del Día de Protección Civil, el mandatario estatal refirió que la mayoría de los integrantes de la Conago tiene la disposición de “fortalecerâ€? lo que ya decidió el Poder Legislativo federal.
‘‘Les vamos a ayudar con su monstruoâ€?: CIRT a legisladores
Siguen los periódicos, advierte Enrique Pereda
Víctor Cardoso
LA JORNADA
De la confrontación con el Poder Legislativo y los posicionamientos transmitidos por televisión en cadena nacional en contra de la reforma electoral, en lo que se refiere a la contratación de anuncios políticos en campañas electorales, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) cambió su estrategia hacia un conciliador apoyo a los legisladores para “tratar de que les salga esto que crearonâ€?.
Para el presidente de la agrupación, Enrique Pereda Gómez, hay que darle vuelta a la página y “tratar de hacer algo por este paísâ€?, por lo que ahora buscarán participar a nivel de la reglamentación de la reforma electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
No obstante el cambio de estrategia, el presidente de la CIRT mantiene su convencimiento de que los cambios en materia de tiempos y contratación de anuncios políticos en campañas electorales en radio y televisión representan un atentado a la libertad de expresión. Pero lo peor, afirma, es que “siguen ustedesâ€?, los periódicos, porque en general con los cambios se acota a los medios de comunicación.
–Los legisladores dijeron que son los medios electrónicos los que representan un poder fáctico.
–Los medios llenan espacios cuando los dejan y no están libres. Y sí hubo muchos espacios que se llenaron en los últimos seis años. El poder de los medios lo da el mismo gobierno.
–La crítica también se ha enfocado hacia la acumulación de riqueza y el poder económico que detentan los medios electrónicos.
–Las concesiones de radio y televisión son federales, pero también lo son las líneas aéreas, los ferrocarriles, y yo no veo que a una aerolínea le quiten diez asientos diarios; por ejemplo, la mina de Cananea, que también es una concesión federal, factura al día 3 millones de dólares y no le quitan 30 por ciento de esos ingresos.
REFORMA FISCAL
Rebelión de alcaldes; exigen a diputados modificar a fondo la reforma fiscal
Cambia la legislación o se interpondrá una controversia constitucional, advierten
“Basta de tratarnos como inimputablesâ€?; “ya nos chamaquearonâ€?, señalan ediles
Roberto Garduño y Enrique Méndez
LA JORNADA
La Asociación de Presidentes Municipales de México emplazó a la Cámara de Diputados a modificar de fondo el contenido de la reforma fiscal porque ésta perjudicaría las participaciones federales destinadas a estos órganos de gobierno, y advirtió que de no hacerlo los mil 600 alcaldes aglutinados en esa organización presentarán una controversia constitucional contra la decisión asumida en San Lázaro.
Más de 200 alcaldes de los principales partidos políticos se presentaron en el Palacio Legislativo con objeto de manifestar su rechazo total a la reforma fiscal. José Luis Durán Reveles, del PAN; José Luis Gutiérrez Cureño, del PRD, y Omar Fayad, del PRI, acusaron a los legisladores federales de haber aprobado una “reforma pactadaâ€?, que sólo beneficia a los gobernadores y ubica a los alcaldes como inimputables (a quienes no se les puede aplicar la ley)
“Ya nos chamaquearon. Si quieren, desaparezcan el nivel de gobierno municipal. Dan pena ajena, porque ustedes saben que los gobernadores no nos dan los recursos que nos tocan. Estamos en la misma tesitura de Haití, nos tratan con la punta del pie. Con esta última reforma volvemos a la colonia.â€?
José Luis Durán Reveles, alcalde de Naucalpan y quien encabeza la Asociación de Presidentes Municipales de México, ironizó con la defensa del federalismo a la que recurren los funcionarios de todo tipo.
“Yo no conozco en México nadie que no defienda el federalismo: el presidente de la República, los gobernadores, los senadores, los diputados, todos se dicen federalistas. Qué pasa aquí: el ente mayor se queda con más, y el ente menor, con menos… hace un año venimos aquí a traer las mismas propuestas y no pasó nada. Yo no quiero venir el año próximo con las mismas propuestas. ¡Señores, fortalezcamos el municipio!â€?, señaló el edil panista.
Eleva Fitch Ratings calificación a la deuda soberana de México
* La rápida aprobación de reformas genera confianza, afirma.
* El plan impositivo, que aumentará el ingreso 2% del PIB, es correcto.
* Refuerza la visión de que el país busca una política fiscal estable.
EL FINANCIERO
Fitch Ratings mejoró su calificación para la deuda soberana de México, a BBB+ desde BBB, con perspectiva estable.
La calificadora resaltó que la medida se presenta luego de que la semana pasada el Congreso aprobó la reforma fiscal, para la cual Fitch anticipó una pronta promulgación por parte del presidente Felipe Calderón.
Añadió que el fortalecimiento del marco político, la persistente resistencia del país ante el actual entorno externo desfavorable y la prudente gestión de deuda pública, que ha profundizado a los mercados locales de capitales, fueron otros factores que contribuyeron a la mejora en la calificación.
“La reforma impositiva, que pudiera incrementar los ingresos no petroleros en 2 por ciento del PIB durante el sexenio, es un paso en la dirección correcta para tratar una de las principales debilidades crediticias de México relacionadas con su estrecha base de contribuyentes”, dijo Shelly Shetty, directora senior de Riesgos Soberanos de Fitch Ratings.
Después del anuncio, el riesgo país de México bajó de 109 a 103 puntos base, su mínimo desde el 23 de julio, según el Ã?ndice EMBI+ de JP Morgan.
Fitch espera que la reforma hacendaria incremente la flexibilidad del gobierno ante cambios en el precio del petróleo y otras presiones de gastos, permitiendo a las autoridades aumentar el ingreso en infraestructura, lo que pudiera afectar positivamente el crecimiento del país.
Premian los mercados la reforma hacendaria
Respaldan la reforma fiscal
Como respuesta a la aprobación de la reforma fiscal, el fortalecimiento del marco político y la resistencia a un ambiente internacional desfavorable, FitchRatings elevó ayer la calificación de calidad crediticia de México.
Clara Zepeda Hurtado / El Economista
La aprobación de la reforma fiscal fue bien recibida por los mercados financieros internacionales, quienes reconocieron su efecto positivo en la economía del país. Ayer, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de México, pues consideró que este cambio mejora su “flexibilidad fiscal”, al aumentar los ingresos tributarios no petroleros en 2.0% del PIB. La calificadora también destacó la consolidación del marco político y la resistencia al ambiente global desfavorable. La inclusión del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) fortalece las fuentes permanentes de ingresos públicos, destacó Shelly Shetty, directora de Riesgo Soberano.
El dólar, por abajo de 11 pesos; cotiza el spot en $10.9810
* Retrocede la BMV por toma de utilidades.
* Tercer récord consecutivo del crudo WTI en NY.
* Supera marca el petróleo mexicano; queda en 67.67 dpb.
Esteban Rojas H.
EL FINANCIERO
En respuesta a la decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación de la deuda de México, el peso se fortaleció y cotizó al cierre por debajo de 11 unidades por dólar spot por primera ocasión desde el 9 de agosto.
Así, en operaciones al mayoreo, el tipo de cambio spot cerró en 10.9810 unidades a la venta, con una avance para el peso de 5.4 centavos.
Por su parte, el principal indicador del mercado accionario presentó una toma de utilidades, al bajar 0.30 por ciento para cerrar en 30 mil 512.64 puntos, en una sesión volátil.
El Ã?ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) no logró sostener las ganancias al inicio de las operaciones, cuando llegó a subir 1.59 por ciento, apoyado todavía por los efectos del recorte de la tasa de interés en Estados Unidos y las cifras sobre inflación divulgadas el miércoles en ese país.
Tal retroceso se presenta después de una subida de 2.72 por ciento, su mayor alza diaria desde marzo, impulsada por la decisión de la Fed de recortar en medio punto la tasa de fondos federales a 4.75 por ciento.
SENADO DE LA REPUBLICA
Plantean en el Senado crear comisión especial para dialogar con el EPR
Se buscaría incorporar a la vida política democrática a los guerrilleros
El panista Ramírez Núñez considera necesario atender las “justas demandasâ€? del grupo
Gustavo Castillo García
LA JORNADA
La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República propondrá al pleno de este órgano legislativo que se apruebe la integración de una comisión que pueda “ser la llave para abrir la puerta a una mesa de diálogo, donde las justas demandasâ€? del Ejército Popular Revolucionario (EPR) puedan ser conocidas y atendidas, informó el panista Ulises Ramírez Núñez.
Lo anterior, durante la reunión de trabajo que se realizó con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, en la cual explicó que dicha propuesta ya ha sido puesta a consideración de senadores perredistas, priístas y panistas que integran la citada comisión, entre los que se encuentran René Arce, Federico Döring, Francisco Labastida y Ricardo Monreal.
Ramírez Núñez dijo que esta propuesta se va a poner a consideración de todo el Senado. La intención es que la comisión lleve a una mesa de diálogo en la cual las exigencias del EPR “puedan ser conocidas en el ámbito legislativo, y este poder sea el vehículo, la vía, para que ese grupo, pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdosâ€?.
Además, señaló que la propuesta es que el “Legislativo busque y dé respuesta a las demandas que han solicitado de manera contundente, y en forma específica se investigue el paradero de dos militantes del EPRâ€? desaparecidos.
GUERRILLA
Bátiz duda que el EPR sea autor de los ataques contra ductos de Pemex
El PRD externa su preocupación por la reaparición de prácticas de la guerra sucia
Alma E. Muñoz
LA JORNADA
El ex procurador capitalino Bernardo Bátiz dudó que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) sea autor de las explosiones contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. “Habría que ver a quién favorecenâ€? esos hechos; “yo marcaría una duda respetuosaâ€?, sostuvo.
–¿No se descartan autoatentados?
–Es lo que manifesté: queda esa sombra de duda. Estamos ante un gobierno que no ha dicho la verdad, que ha surgido de un gran fraude electoral, que dice una cosa y hace otra.
En entrevista, Bátiz externó su sorpresa porque el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “no dice nada o hace algoâ€? para dar con el paradero de los dos eperristas desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y así “detener o disminuir lo que está sucediendoâ€?.
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD dio a conocer ayer un resolutivo de apoyo a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, a quien la organización armada criticó.
Reiteró, además, su convicción de luchar por la transformación profunda del país, pero por “la vía pacíficaâ€?, y dejó en claro que “en la lucha política no todo está permitido. Por eso nos manifestamos contra la desaparición, la tortura y la muerte de luchadores sociales, aunque éstos hayan optado por la vía de las armasâ€?.
En un estado de derecho, subrayó, “deben ser los tribunales los que juzguen y salvaguarden los derechos humanos de absolutamente todos los que se encuentren en territorio nacionalâ€?. Por eso, añadió, “nos parece ominoso que en estos momentos críticos para la República estén reapareciendo prácticas de la guerra suciaâ€?, en referencia a la desaparición de los dos eperristas.
PRD cierra filas con Zavaleta ante “intimidaciónâ€? del EPR
La dirigencia nacional reivindica la transformación “por la vía pacíficaâ€?
Asegura que ahora preside San Lázaro debido a la fuerza electoral del partido.
MILENIO
En respuesta al Ejército Popular Revolucionario, el PRD cerró filas en respaldo a la diputada Ruth Zavaleta, quien, aseguró, mantiene un desempeño “con apego institucional y lealtad al partidoâ€?. Reafirmó además que la transformación profunda del país “se puede y debe dar por la vía pacíficaâ€? y a través de sus instituciones.
La dirigencia nacional perredista resolvió señalar que el cargo que ostenta Zavaleta como presidenta de la Cámara de Diputados “es producto de la fuerza electoral del partido, lo cual no implica reconocer la legitimidad de un gobierno que no puede tenerla, pues es producto del fraude electoralâ€?.
Ese partido determinó reafirmar su convicción por luchar a favor de la transformación profunda del país y por construir condiciones de justicia para el conjunto de la población, “lo cual implica aplicar un nuevo modelo económico; creemos firmemente que tal transformación se puede y debe dar por la vía pacíficaâ€?.
CORRUPCION
Entrada al conjunto habitacional donde se encuentran seis residencias de lujo, una de ellas adquirida en 2001 por Vicente Fox (Foto: Leo Morales/ EL UNIVERSAL)
Piden indagar a los Fox
Exigen senadores de Oposición investigar fortuna del ex Presidente. Demanda Beltrones que Función Pública coteje obras de su rancho con sus ingresos
Claudia Guerrero, Jorge Escalante y Claudia Salazar
REFORMA
(20 septiembre 2007).- Senadores y diputados demandaron ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la riqueza del ex Presidente Vicente Fox.
Además, en Guanajuato, el PRD pidió al Órgano de Fiscalización Superior auditar al gobierno del estado -en la administración de Juan Carlos Romero Hicks- y al ayuntamiento de San Francisco del Rincón, ante la sospecha de que financiaron de manera ilegal obras en el rancho del ex mandatario.
En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación, Manlio Fabio Beltrones, se pronunció por que se coteje la información del patrimonio de Fox con su última declaración ante la SFP.
“El ex Presidente le debe una explicación al pueblo de México sobre estas propiedades, modificadas con grandes cantidades de dinero, y que deberán coincidir con su declaración patrimonial”, dijo.
Carlos Navarrete, líder del PRD en el Senado, dijo que, después de ver la riqueza del ex Presidente, es injustificable que el Estado le siga entregando una pensión, que se le den vehículos y que se le paguen plazas a los miembros del Estado Mayor para que le cuiden su rancho.
Bienes de Fox crecieron al llegar a la Presidencia
Según sus declaraciones patrimoniales, disponibles en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el ex presidente reportó la adquisición y venta de terrenos o acciones, así como sus ingresos extraordinarios por actividades comerciales
Jorge Ramos
El Universal
A partir de su llegada a la Presidencia de la República, Vicente Fox elevó sus bienes.
Según sus declaraciones patrimoniales, disponibles en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el ex presidente reportó la adquisición y venta de terrenos o acciones, así como sus ingresos extraordinarios por actividades comerciales.
El rancho en San Cristóbal, que hoy está en el debate a partir de la exhibición de los lujos, en 1995 estaba valuado en un millón 300 mil pesos.
En 2001 Fox informó de la compra de una casa en una exclusiva zona de Cuajimalpa, en el DF, que mantuvo a lo largo de su gobierno.
En 2006 aparecieron tres nuevas propiedades, que no habían sido reportadas en años anteriores: la compra de un terreno, ocurrida en 2004, y un año después una casa a nombre de Marta Sahagún, así como una “huertaâ€? de ella.
DF
Suben al GDF precio del agua
Eleva Conagua tarifa 19%
Manuel Durán
REFORMA
(20 septiembre 2007).- El Gobierno federal aumentó al GDF en 19 por ciento la tarifa por el suministro de agua del Sistema Cutzamala, y en 14 por ciento el cobro por el derecho de sacar el líquido de los pozos en el Valle de México.
Así lo dio a conocer ayer el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien se declaró en desa-cuerdo con el aumento, y lo comparó con el alza en el precio de la gasolina, aprobada como parte de la reciente reforma fiscal federal.
“La Comisión Nacional del Agua envió un oficio para subirnos el precio del agua que llega a la ciudad. A ver si no dicen que estoy yo inventando, que por qué protesto.
“Según el documento que nos mandaron, es un incremento promedio de 18 por ciento; nos llega así, junto con el gasolinazo”, reclamó.
Ebrard calculó que el incremento representará una erogación mayor a la programada, de al menos 500 millones de pesos, en lo que resta del año.
PANORAMA INTERNACIONAL
Triunfo para Chávez si no se aprueban tratados comerciales con países de la región, señala
Estamos sentando la fundación de un hemisferio “más seguro y estableâ€?, dice ante empresarios
Bush ha negociado más acuerdos que todos los gobiernos anteriores de Estados Unidos, asegura
David Brooks (Corresponsal)
LA JORNADA
Nueva York, 19 de septiembre. Al declarar que 2007 es el “año de gran interacciónâ€? con América Latina, el subsecretario de Estado estadunidense John D. Negroponte afirmó que, con la excepción de Venezuela (y ni hablar de Cuba), existe un amplio consenso entre Washington y la región sobre la relación entre “desarrolloâ€? y “democraciaâ€?, que gira en torno al libre mercado, y agregó ahora al discurso oficial de su gobierno la “justicia socialâ€?.
Pero también advirtió que si no se logran aprobar aquí los acuerdos de libre comercio y apoyar así a regímenes que abogan por el libre mercado, sería “un triunfo para Hugo Chávez y una derrota para las fuerzas de la democracia en el hemisferioâ€?.
En un discurso pronunciado ante la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en las Américas, Negroponte afirmó: “Nuestras prioridades e intereses se alinean cercanamente con los de nuestros vecinos democráticos, y estamos sentando la fundación de un hemisferio occidental más seguro y estableâ€?.
Expuso que éste es un “consenso social, económico y político amplio sobre algunos principios fundamentales que definen esta regiónâ€?, y subrayó que “los líderes democráticos del hemisferio están de acuerdo sobre lo qué significa el éxito, al igual que la gente que los eligió: crecimiento amplio y sostenido encabezado por el mercadoâ€?.
OPINION
Soledad Loaeza
La izquierda contra el Estado
LA JORNADA
Teórica y prácticamente uno de los rasgos de identidad de la izquierda es su idea positiva del Estado, al cual las izquierdas modernas consideran un instrumento insustituible para cumplir su compromiso con la igualdad y la libertad. De ahí que el fortalecimiento presupuestal y político del Estado sea el objetivo en que convergen las diversas fuerzas políticas que se identifican con esta familia ideológica.
La izquierda mexicana ha decidido mantenerse en la excentricidad, y en las últimas semanas ha impulsado decisiones legislativas que debilitan al de por sí tan vapuleado Estado mexicano. La sustitución inmediata de los consejeros del IFE y el repudio al impuesto sobre las gasolinas son una prueba de que el PRD y sus aliados menores –el PRI incluido– mantienen una visión patrimonialista del Estado, y que no lo entienden como una instancia de gobierno que tiene que encontrar su lógica en la atención a los intereses y necesidades de una sociedad plural, sino que lo consideran una mina de poder y de influencia a la que pueden arrebatarle pedazos en beneficio propio. Esta posición además confirma nuevamente que, a ojos perredistas, los intereses y la potencial autonomía del Estado se subordinan a las pretensiones de su líder: Andrés Manuel López Obrador. En estos temas el triunfo de los partidos es la derrota del Estado.
Más allá de las cualidades o las limitaciones personales de los actuales consejeros del IFE, el respeto a las bases y reglas de funcionamiento de la institución era una condición necesaria para que todos los ciudadanos tuviéramos la certeza de que las elecciones se conducirían con eficacia e imparcialidad, de acuerdo con una lógica estatal que se impone a los intereses particulares que defienden los partidos. Incluso desde antes de que fuera plenamente autónomo, el IFE se convirtió en el vértice de la democratización mexicana y en un modelo que era apreciado internacionalmente. No era una agencia gubernamental, sino un instrumento del Estado, que se apoyaba en él, al mismo tiempo que lo fortalecía. De ahí su fuerza y la garantía de su continuidad.
Desde el principio el IFE fue carísimo, pero estuvimos dispuestos a pagar el precio que exigía construir la credibilidad electoral en un país donde el fraude del sufragio había sido un hábito sostenido en la rutina de comicios que se celebraban regularmente según los calendarios establecidos. Los millones de mexicanos que participaron en las primeras elecciones que organizó el IFE dieron un voto de confianza a la naciente institución, también a los partidos que se habían comprometido a respetar reglas de juego en cuyo diseño habían intervenido intensamente, y al potencial de evolución del Estado hacia la democracia. Pero la honorabilidad del IFE era frágil como la reputación de la esposa del César. Bastó que uno de los jugadores gritara “¡Trampa!â€?, sin más pruebas que la historia de fraude electoral que queríamos dejar atrás, para que más de uno diera rienda suelta a su imaginación y a sus prejuicios, reaparecieran las suspicacias y las historias fantásticas y surgieran feroces cuestionamientos a la democracia electoral. De golpe estábamos de regreso en el país de los caudillos que invitó Plutarco Elías Calles a superar en 1929.
También desde el principio los partidos intervinieron en la designación o elección de los consejeros. Incluso cada uno de los consejeros “ciudadanosâ€? nombrados en 1994, en mitad de una grave crisis, alcanzó esa posición con el respaldo de alguno de los partidos grandes, de la misma manera que otros se quedaron en el camino porque su candidatura fue vetada también por los partidos. De suerte que la integración del Consejo fue desde el origen resultado de una negociación interpartidista. Sin embargo, una vez que ocupaban sus plazas los consejeros podían arroparse en las mismas reglas del IFE para recuperar su independencia frente al partido que los había promovido. Ahora, en cambio, como los partidos se impusieron a las reglas de funcionamiento del instituto, no hay nada que pueda proteger a los futuros consejeros de las estrategias y los altibajos partidistas. Ya tumbaron a un grupo de consejeros y podrán tumbar a otro. El Estado ha perdido uno de sus instrumentos más confiables, y nuestras costumbres democráticas se han visto interrumpidas. Aparecerán otros hábitos, aunque no serán obligadamente democráticos.
Las reacciones negativas de los perredistas a cualquier propuesta fiscal es un enigma. Descartan impuestos a diestra y siniestra calificándolos sin más explicaciones de antipopulares o regresivos, aunque ello suponga mantener un Estado pobre y, por ende, débil. Al mismo tiempo adoptan decisiones que favorecen a los ricos: la gasolina barata es el sueño de las agencias de ventas de automóviles, de los constructores de alambicadas e ineficaces vialidades, de los propietarios de coches de lujo o de las madres de familia que se pasean por la ciudad en Hummers, como si estuvieran en Bagdad; o proponen la construcción de la Torre del Bicentenario que ofrecerá empleos temporales a muchos albañiles, pero oficinas y departamentos permanentes a unos cuantos muy ricos, así como contratos millonarios a constructores que, como Carlos Ahumada, seguramente también tienen ideas progresistas como las del PRD.
José Woldenberg / En defensa de los partidos
REFORMA
La reforma constitucional electoral, que sin duda afectó los intereses de los concesionarios de radio y televisión, desató no solamente una reacción de enojo sino un discurso crispado y cargado de antipartidismo. La reforma prohíbe la compra de espacios en radio y televisión, pero de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión como han insistido los voceros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. La reforma pretende poner un punto final a la transferencia de recursos -sobre todo públicos- hacia los medios para disminuir sensiblemente el costo de las elecciones, y lo que sí impide es la compra de publicidad por parte de terceros en un intento por preservar condiciones medianamente equitativas en la contienda. (Esto último ya estaba prohibido por el Cofipe pero ahora se lleva a la Constitución).
Del otro lado del espectro político, diversas voces y organizaciones no gubernamentales también han desatado un discurso contra la “partidocracia” a la que se acusa de no abrir espacios para la “auténtica” representación de los “ciudadanos”. Vivimos así, por partida doble y por motivos muy diversos, una andanada de críticas a los partidos. Ya sabemos el poco aprecio que generan entre los ciudadanos. Las últimas encuestas no sólo en México sino en América Latina los colocan en los últimos lugares de las preferencias… pero seguir alimentando un discurso “antipartidos” tiende a erosionar a uno de los pilares de la concepción democrática.
Como afirmaba Kelsen, no hay democracia sin partidos. Y dado que la democracia supone representación y elecciones detengámonos en cada una de esas caras. Supongamos que los 500 diputados y los 128 senadores hubiesen sido electos sin ninguna participación de los partidos (uno a uno) y que entre ellos no existiera liga alguna. Pues bien, aquellos que quisieran que sus propuestas e intereses prosperaran -que se convirtieran en mayoría- estarían obligados a construir lazos de unión con otros de sus compañeros. Ya sea por interés, por coincidencias en el diagnóstico de lo que sucede en el país y/o por intentar hacer avanzar propuestas similares, por afinidad ideológica, o por la simple y estratégica necesidad de ser más que el resto, se empezarían a formar partidos (grupos organizados de legisladores) que tendrían además como derivación virtuosa hacer gobernables a las Cámaras del Congreso.
Supongamos, desde el otro mirador, que una persona quiere ocupar un cargo de elección popular (presidente municipal o de México, diputado local o federal). Para lograrlo se dotará de una propuesta y de un ideario, tejerá una red de relaciones que lo soporte, construirá una mínima organización que le sirva como plataforma de lanzamiento, se convertirá -a querer o no- en un referente del debate político, en suma, acabará construyendo un partido (puede ser un micropartido, un partido con fines personalistas, un partido coyuntural, pero no podrá escapar… aunque lo llame asociación, liga, club).
De tal forma que si no existieran los mal reputados partidos habría que crearlos simple y llanamente porque en una democracia representativa -no hay de otra- son imprescindibles como “articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad”, “desempeñan un papel fundamental en la función de la representación, la agregación y la canalización de los intereses de la ciudadanía” y a pesar de “la crisis de legitimidad por la que atraviesan”, son los que “hacen funcionar a un régimen democrático”. “Los partidos han llegado para quedarse y son parte integral de la democracia”. (Daniel Zovatto. Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, UNAM, IDEA, 2006). De tal suerte que si ello es así, lo más importante es generar una regulación eficiente para su construcción y reconocimiento que establezca sus derechos y obligaciones.
La legislación mexicana fomenta y apuesta a la construcción de grandes partidos políticos nacionales: establece las condiciones para su registro, los dota de un buen número de derechos y prerrogativas y también de obligaciones, les confiere la exclusividad en la postulación de candidatos…
Pero una cosa es afirmar que los partidos son inescapables, necesarios, en democracia, y otra muy distinta que los partidos realmente existentes lo sean. Y en esa dimensión tenemos pulsiones diferentes y contradictorias de ese magma amorfo y veleidoso al que llamamos opinión pública. Veamos.
A) A pesar de que en cada nueva elección se registran nuevos partidos, los tres grandes (PRI, PAN y PRD) concentran, sin demasiadas variaciones, más del 90 por ciento de los votos. Ello, dirían algunos, es prueba de que la mayoría de los ciudadanos se identifica con ellos.
B) Por otro lado y en sentido contrario, sólo el 20 por ciento, en la encuesta de la CEPAL, confía en los partidos, y de manera rutinaria los medios, los comentaristas, los académicos, emiten calificaciones negativas sobre su desempeño. Ello sería prueba, dirán otros, de su deterioro, falta de representatividad, desgaste.
¿Qué hacer entonces? Construir una puerta de entrada eficiente para que aquellas corrientes político-ideológicas o ciudadanos que no se identifiquen con los partidos actuales puedan conformar sus propias organizaciones y contender electoralmente. En esa dirección, la segunda fase de la reforma electoral debería revisar las condiciones -que diseña el Cofipe- para el registro de partidos, para que aquellos insatisfechos con lo que tenemos, puedan edificar sus propias opciones.
Día con día
Héctor Aguilar Camín
¿Semiparlamentarios?
MILENIO
Con la reforma electoral, los estrategas del Congreso probaron la eficacia de su moneda de cambio: darán al Ejecutivo las reformas que éste necesita a cambio de una “reforma del Estadoâ€? cuyo fondo es cambiar la naturaleza del régimen político, pasar de un régimen presidencial a uno semiparlamentario.
Si interpreto bien el proyecto, del que escribí hace un tiempo en este espacio (MILENIO, 15/2/07) y sobre el que conversé entonces con el mayor de sus diseñadores, el senador Manlio Fabio Beltrones, la pieza clave del cambio de régimen sería la figura de un Jefe de Gabinete, una especie de Primer Ministro al que nombra el Presidente pero debe aprobar la mayoría del Congreso.
La aprobación del Jefe de Gabinete en el Congreso vendría pegada a la discusión y aprobación del proyecto de gobierno del Presidente electo. Sería, por ello, una solución de entrada a la debilidad mayor del presidencialismo mexicano: la dificultad de lograr en el Congreso las mayorías necesarias para gobernar.
Como primer acto de gobierno, el Presidente tendría que
negociar con el Congreso el nombramiento de este personaje, cuyas facultades serían casi las de un Primer Ministro.
El Presidente cedería parte de sus facultades como Jefe de Gobierno. La diaria negociación de la vida política quedaría en manos de su Jefe de Gabinete y del Congreso. A cambio, el Presidente podría sentarse en la silla de Jefe de Estado con una mayoría ganada en el Congreso para sus proyectos.
Habría una especie de “gobierno compartidoâ€? (la expresión es del senador Beltrones), en el que el Presidente perdería poderes pero vería fortalecida la gobernabilidad durante su mandato.
Naturalmente hay caminos más cortos para fortalecer la capacidad gubernativa del Presidente mexicano. Por ejemplo, darle la facultad de enviar cada año al Congreso dos o tres iniciativas de obligatoria resolución. Las famosas “leyes guillotinaâ€? o de afirmativa ficta: en caso de que el Congreso no reúna votos suficientes para cambiar la ley, la ley es aprobada tal como la remitió el Ejecutivo.
Pero eso sería fortalecer al Presidente, no acotarlo, y la mecánica fundamental de la reforma democrática de México ha sido acotar el presidencialismo, no fortalecerlo.
Entramos al parecer en un nuevo ciclo de acotamiento del Poder Ejecutivo, al punto de quererlo llevar a un régimen semiparlamentario.
La novedad del cuadro es que los estrategas del Senado parecen haber encontrado un Presidente dispuesto a negociar incluso eso.
John M. Ackerman / Medios y transparencia
REFORMA
(20 septiembre 2007).- Lo que realmente preocupa a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no es tanto el dinero que dejarán de percibir con la reforma electoral y aún menos el supuesto ataque a la libertad de expresión, sino el hecho que ahora los medios electrónicos tendrán que rendir cuentas a las autoridades electorales. Con la eliminación de los secretos bancario, fiscal y fiduciario y el robustecimiento de las facultades del IFE para sancionar personas físicas y morales así como para ordenar el retiro de propaganda, se ha logrado dar un paso firme en contra de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Los medios no se comportan como simples espectadores en las campañas electorales, sino que inciden de manera determinante en los resultados. No es ningún secreto que las televisoras elevan sus precios durante la etapa electoral y cobran tarifas diferenciadas dependiendo de su cercanía o lejanía con los candidatos. Obsequian espacios a los que comparten su punto de vista y cobran tarifas usureras a los adversarios.
El manejo discrecional de las tarifas en el pasado proceso electoral federal seguramente fue mucho más generalizado de lo que imaginamos. Por ello no es raro que la CIRT se haya negado rotundamente a proporcionar al IFE toda la información con respecto a los 281 mil spots “huérfanos”. Paradójicamente, el 19 de enero de 2006 la CIRT firmó con bombo y platillo un convenio de colaboración con el IFE que obligaba a los integrantes de la cámara a entregar información detallada sobre la contratación de propaganda política. El convenio indicaba que los integrantes de la CIRT tendrían que proporcionar copias de todas las facturas expedidas a cada partido político, así como hojas membreteadas que especificaran spot por spot el costo, horario, duración y contratante de cada uno de los anuncios. Televisa firmó su propio convenio con las mismas características el 3 de octubre de 2005.
Estos convenios fueron inútiles. Televisa y los integrantes de la CIRT se limitaron a informar a la autoridad electoral de manera general sobre el número total de spots transmitidos y el costo total de los mismos. No proporcionaron información específica sobre precios, horarios o contratantes de los anuncios. Así consta en los cuadros-resumen que proporcionó el titular de la Unidad de Enlace del IFE, Gregorio Castillo, en su respuesta a una reciente solicitud de acceso a la información (oficio USID/UE/03978/07). De la misma forma en que el Tribunal Electoral ha pedido que los ciudadanos nos conformemos con la información contenida en las actas de la elección presidencial al negar el acceso a la materia prima contenida en las boletas electorales, los medios de comunicación también esconden la información detallada sobre precios y contratantes de cada uno de los anuncios políticos, esperando que nos demos por bien servidos con su escueta información.
Las autoridades electorales señalan que los “procesos oficiosos” van por buen camino, que los medios han estado proporcionando la información solicitada. Pero ante la aparente alianza entre los actuales consejeros electorales y los principales medios comerciales surge la duda de si el IFE actual cuenta con la suficiente independencia y calidad moral para obligar a la CIRT a proporcionar toda la información necesaria.
Tanto la CIRT como el consejero presidente han criticado la reforma electoral porque no transparenta el gasto de los partidos políticos. Tienen razón. Como “entidades de interés público” y organizaciones que se financian principalmente del erario público, los partidos deberían estar obligados a rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Desafortunadamente, ni la reciente reforma al artículo 6o. constitucional en materia de transparencia ni la actual reforma electoral incluyeron a los partidos políticos como sujetos obligados.
Pero los medios sólo ven la paja en el ojo ajeno. Si realmente estuvieran comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, ellos empezarían por proporcionar hoy mismo, tanto al IFE como al público en general, las copias de todas las facturas de compra de propaganda política así como la información desglosada para cada spot contratado durante el año 2006. Habría que incluir también la información sobre los anuncios contratados por el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones que a juicio del mismo Tribunal Electoral incidieron de manera directa en las campañas políticas. Asimismo, el IFE debería reproducir y proporcionar copias públicas de toda la información con la que cuenta hasta la fecha con respecto a la contratación de propaganda política durante las últimas elecciones presidenciales. Es hora de que los medios, al igual que los partidos, empiecen a rendir cuentas.
Agenda del debate
José Carreño Carlón
El ‘nuevo ’ realineamiento del sistema mediático al político
‘Liberadores’ y ‘opresores’, en un proceso cíclico de reacomodo de intereses entre poderes reales
La ruta ha ido del control del gobierno, al de los consorcios, al de los líderes partidistas
EL UNIVERSAL
A confesión de parte, no parece necesario discutir el propósito del sistema político de realinear, someter, desarmar o acotar al sistema mediático, a través de una parte de la reforma constitucional en materia electoral.
Lo interesante de la confesión de los actores del sistema político es que justifican los propósitos de lo que hicieron al mismo tiempo que pretenden ignorar o francamente negar que lo hicieron. Por ejemplo, a esta negación suelen agregar que actuaron para someter el poder de los medios a la rectoría (“férreaâ€?, dijo uno de ellos) del Estado, porque ningún poder debe escapar a tal directiva. Había que desarmar al poder mediático, afirmó otro, porque tenía apuntadas sus armas a la sien de la “clase políticaâ€?. Era preciso poner a los medios en su lugar, “de donde nunca debieron haber salidoâ€?, explicó uno más en una justificación tanto o más reveladora de lo que se dispone a hacer esa “claseâ€? con el sistema mediático.
Porque, por una parte, llevar a los medios al lugar del que salieron significaría simplemente devolverlos a los esquemas históricos de subordinación o colusión, bajo la rectoría del poder político dominante. En este caso lo más llamativo sería la referencia a que nunca debieron haber salido de esa férula del grupo gobernante, como lo hicieron en el sexenio anterior, en que la rectoría de las relaciones de los medios y la política se dejó pasar a manos de los consorcios mediáticos privados.
Y, por otra parte, porque afirmar que se ha desarmado a los medios de la pistola con que apuntaban la sien de los políticos sólo permite ver regresar el arma del control de los medios al arsenal del sistema político, que naturalmente empieza a ser acusado de apuntar sus nuevos y viejos dispositivos contra los medios y contra todo lo que se mueva o pueda moverse contra esa “clase políticaâ€?.
No es que no haya elementos de convicción en las posiciones del Congreso y del sistema político. O en las de su contraparte del sistema mediático. El problema es que por esa vía difícilmente se podrá arribar a un reordenamiento duradero de la relación de política y medios al servicio de la elevación de la calidad de la democracia mexicana y en beneficio de las audiencias, los electores y los consumidores.
Lo que cambia y lo que permanece
Por esta vía, lo más previsible es la perpetuación del ciclo en que políticos y medios se van turnando el papel de “liberadoresâ€? y “opresoresâ€?, unos respecto de los otros, con el agravante de que tras cada cambio de rol terminan reacomodando sus intereses a su satisfacción.
De esta manera, a la crítica que a lo largo del siglo pasado acompañó al poder político por el control que ejerció de la agenda del debate a través de sus vínculos de colusión con los medios, siguió en los primeros años de este siglo el discurso jactancioso de unos medios liberados y liberadores de esos controles. Sólo que en menos de un lustro la crítica transitó al hecho de que los medios se habían ido al otro extremo y habían pasado a representar el papel de opresores de los poderes políticos, en un juego en que, con independencia de uno u otro rol, ambos aparecieron siempre obteniendo los mayores beneficios recíprocos de su vinculación.
Ahora mismo, tras sus respectivas estrategias que oscurecieron el debate con la estridencia del triunfalismo “liberadorâ€? de un polo y el catastrofismo que desde el otro polo vislumbraba sólo un panorama de opresión antidemocrática, la agenda empieza a registrar signos de moderación y complacencia en ambos polos, que anuncian un nuevo reciclamiento de intereses.
Pero en paralelo la agenda también continúa recogiendo las críticas a los niveles altamente insatisfactorios en la calidad de la esfera pública por la falta de rigor de los productos informativos a su alcance y el deterioro de los términos en que políticos y medios presentan el debate público.
En estas condiciones, ¿cuál es el cambio real que parece abrir la reforma constitucional en curso?
De la ruta que fue de diversas formas de subordinación de los medios al gobierno, al movimiento de regreso que revirtió la situación al grado de exhibir el sexenio pasado diversas formas de subordinación de gobernantes y políticos a los medios, la reforma parece trazar un nuevo camino en sentido inverso, otra vez hacia el control político de los medios.
El cambio radicaría en el portador de los controles por parte del sistema político. Ya no sería sólo el Poder Ejecutivo. Esta vez estaría en manos, en buena parte, de los líderes partidistas determinantes en el Congreso. Ello, mientras no se disipen las probabilidades de que las modificaciones impuestas en la composición y a la contraloría del IFE pondrán a la autoridad electoral bajo el control de esos líderes. Porque se ha previsto que ese “nuevoâ€? IFE controlado por los líderes de los grandes partidos en el Congreso será a su vez la máxima autoridad reguladora de algunos contenidos mediáticos clave en materia política, a través de procedimientos expeditos que incluyen la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios.
En la era del control partidista
Ya se dejan sentir los efectos de este traslado del control político de los medios a los líderes partidistas, con la inmediatez de sus ambiciones y proyectos y los de sus equipos y aliados.
Por ejemplo, la decisión de elevar a preceptos constitucionales rígidos y duraderos una serie de contenidos normativos en sí mismos discutibles en el campo de la comunicación política —pero en todo caso de naturaleza reglamentaria— no parece tener más propósito que poner las reformas a salvo de impugnaciones y controversias jurisdiccionales para así asegurar su aplicación como elementos de la lucha política sexenal ya en curso dentro y fuera de los partidos.
En este punto se inscribiría el tema de la agenda de la semana relativo a la fase del proceso de reforma de la Constitución que involucra a los poderes locales. No sólo no se advierte que llevar al texto constitucional preceptos de índole reglamentaria endurece el centralismo político. Mucho menos se asumen los efectos de incorporar a la Constitución federal prescripciones en las que podrían surgir en algunos estados diferencias serias, atendibles, respetables de perspectiva en el siempre delicado tema de las libertades y sus limitaciones en la comunicación pública.
Independientemente de las alianzas de los poderes locales con uno u otro polo de poder nacional o de las pocas o nulas posibilidades de que sus resistencias detengan un proceso de reformas políticamente ganador, el endurecimiento llega al extremo de proponer que lo aprobado en el centro debe ser avalado sin más trámite, debate, aclaración, negociación o dilación, por las legislaturas de los estados. Porque lo otro es hacerle el juego al “enemigoâ€?: los consorcios de los medios.
Orlando Delgado Selley
Greenspan y la economía
LA JORNADA
En un texto que ha causado conmoción en Estados Unidos, Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de ese país, repite las visiones apocalípticas que grupos empresariales y el PAN difundieron durante la campaña electoral de 2006. Su planteo es que en México, a pesar del exitoso logro económico desde la crisis de 1994, estuvo a punto de llegar al gobierno un “populista agitadorâ€?. Su opinión política no resulta sorprendente, llama la atención que sostenga que en los últimos 12 años ha habido éxito económico. Para cualquier analista el éxito existe cuando el ritmo de crecimiento de la economía, y particularmente del producto por habitante, crece rápida y sostenidamente, ganando posiciones en la competencia internacional y en la diplomacia mundial.
Ello, por supuesto, no ha ocurrido. En realidad, la economía ha tenido un desempeño decepcionante, lo que ha llevado a que México sea actualmente la quinceava economía del mundo cuando hace ocho años llegó a ser la octava. En América Latina dejamos de ser la primera desplazados por la brasilera. Pero, más relevante es que somos el país con el mayor número de migrantes en el mundo: 500 mil mexicanos en promedio han emigrado anualmente en los últimos 10 años, motivados por la imposibilidad de obtener un empleo que les permita mantener dignamente a sus familias. Tenemos una economía en la que 80 por ciento de los hogares recibe ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y en la que 50 por ciento vive en condiciones de pobreza.
Otros indicadores relevantes también dan cuenta de la precariedad nacional. Los resultados en los exámenes para conocer los niveles de aprovechamiento de estudiantes de secundaria son alarmantes, pese a que se ha mantenido el gasto en educación en proporciones del producto que resultan razonables. La distribución del ingreso que se registra en las encuestas de ingreso-gasto es una de las más concentradas del mundo, pero la concentración del ingreso y del poder es mucho mayor. Ello se ilustra con el rápido avance del patrimonio de los grandes ricos mexicanos que registra Forbes. El increíble control monopólico de los principales mercados, que sorprende al propio Banco Mundial, evidencia la falta de competitividad de la economía.
Hay otro dato que importa. En los pasados cuatro años la economía mundial ha experimentado un crecimiento relativamente alto, impulsado básicamente por el impresionante crecimiento de China e India. Todos los países han crecido, pero lo han hecho más los que se beneficiaron del incremento de precios en el petróleo y en los minerales. En América Latina, Venezuela y Chile lograron importantes incrementos de su producto, en tanto México no fue capaz de aprovechar los enormes excedentes petroleros. A Greenspan le importa la estabilidad económica, eso que ellos llaman los equilibrios fundamentales: inflación, tipo de cambio, déficit en la cuenta corriente y, por supuesto, el resultado de las finanzas públicas. Esa estabilidad existe y es importante, pero importa más el empleo y las condiciones de vida de la gente.
De modo que no hay éxito, sino, más bien, un desempeño mediocre. La razón fundamental está en el Estado. Durante 60 años, con grandes ineficiencias y corrupción, el Estado condujo a la economía con base en un proyecto nacional que se propuso crear una industria que abasteciera los requerimientos del mercado interno y una producción agropecuaria autosuficiente. Ese proyecto demandaba que la inversión pública sirviera para crear espacios rentables para la inversión privada. El Estado desarrollista entró en crisis junto con la concepción económica que le daba sustento. Fue sustituida por una visión liberal que preconizaba la reducción del Estado para permitir que el mercado funcionase como mecanismo asignador de recursos.
El programa liberal ha producido una economía más desigual, con un dinamismo marcadamente insuficiente para satisfacer las necesidades de empleo de la población, lo que ha conducido a que 20 por ciento de la fuerza de trabajo mexicana haya emigrado y que mucha más lo intente, pese a las crecientes dificultades para lograrlo. Sin un Estado capaz de actuar para evitar monopolios, para redistribuir el ingreso generando mercado interno, abriendo ámbitos rentables en las zonas de mayor retraso, el resultado seguirá siendo el mismo: éxito económico para unos cuantos y condiciones cada vez más difíciles para la mayoría. Más y mejor Estado es lo que hace falta.
Bjorn Lomborg y Philip Musgrove /
Por un acceso universal a la atención de salud
Colaborador Invitado. El mayor reto en materia de salud para AL y el Caribe no es una enfermedad o condición, y no se solucionará destinando dinero a una conducta de riesgo específica
REFORMA
(20 septiembre 2007).- El mayor desafío es que la gente no siempre recibe la atención de salud que necesita.
Muchas personas viven lejos de un proveedor de servicios de salud, y la distancia cuesta tiempo y dinero. Más aún, las barreras culturales reducen el bienestar de quienes no hablan el idioma predominante, especialmente las comunidades indígenas. En otros casos, la gente no se da cuenta que necesita atención de salud, o no sigue las instrucciones de los médicos cuando las reciben. Las creencias equivocadas son otro problema: por ejemplo, coloquialmente se dice que la diabetes es sinónimo de “azúcar” y los diabéticos creen erróneamente que limitar el consumo de azúcar es lo único que tienen que hacer.
El financiamiento es otra gran barrera. En México, antes de las últimas reformas, de 2 a 4 millones de hogares gastaban 30 por ciento o más de sus ingresos disponibles o cayeron debajo de la línea de la pobreza debido a gastos originados por enfermedades catastróficas. Otros simplemente se las arreglan sin los servicios de salud que necesitan.
Un estudio mexicano señala que en el sistema de salud privado, los pacientes pobres (particularmente las mujeres indígenas) reciben peor atención que los adinerados, aunque hay poca diferencia en las instituciones públicas. Sin embargo, a veces se logra lo inverso, como muestra otro estudio en Paraguay. La mejor -y más costosa- solución a estos retos es proporcionar una cobertura de salud universal.
Los servicios subsidiados deberían ser prestados por proveedores cualificados, independientemente de su carácter de privados o públicos, con o sin fines de lucro. Esto significa rechazar la idea de ampliar sólo la red de centros públicos. Las razones son prácticas, no ideológicas: a menudo hay proveedores privados en lugares que carecen de centros públicos.
Chile, México y Colombia han aplicado cada uno un enfoque distinto al respecto. Chile exige que todos quienes ganen un sueldo contribuyan con un 7 por ciento de su paga al Fondo Nacional de Salud o a un seguro privado. Quienes ganan menos tienden a registrarse en el sistema público, que también recibe financiamiento de los ingresos públicos, de modo que los pobres están completamente subsidiados. Cuando el Ministerio de Salud garantiza la prestación de una intervención médica, los proveedores privados deben hacer lo mismo.
México ha escogido un seguro centrado en los hogares que no están cubiertos por ningún plan de seguridad social y son demasiado pobres como para pagar un seguro privado. La participación es voluntaria y se está ampliando gradualmente; los más pobres, que reciben un subsidio completo, tienen preferencia y deben participar en actividades de promoción de la salud. Los hogares con más ingresos contribuyen con hasta un 5 por ciento de sus ingresos disponibles.
En lugar de un plan de seguro específico, Colombia creó condiciones para que una nueva clase de aseguradoras compitan por los clientes y un nuevo mecanismo para financiarlas. Aunque la resistencia política y las limitaciones financieras han reducido el ritmo de expansión, se trata probablemente del plan de cobertura universal de mayor alcance, ya que crea condiciones de competencia entre todos los tipos de aseguradoras y proveedores de servicios de salud.
Estas experiencias demuestran que existen diferentes caminos para un seguro universal, y que un intento serio de sumar a quienes no tienen seguro puede tener efectos notables. El plan mexicano inscribió a 1.7 millones de familias en su segundo año, mientras que el colombiano registró a más de 13 millones de personas en su primera década.
Otra solución es mejorar la calidad de la atención de salud. Los estudios muestran que en donde los servicios son de baja calidad, es muy eficaz en función de los costos el capacitar a los proveedores acerca de protocolos básicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes, lo que salva vidas infantiles por apenas unos 14 dólares.
La tercera opción es una campaña de información pública de las enfermedades, los síntomas y los factores de riesgo. Sin embargo, si bien tiene sentido una campaña costosa para combatir una enfermedad peligrosa y transmisible como es el VIH/SIDA, queda menos claro que este método funcione bien cuando se trata de proporcionar información general de salud a la población.
Aún así, dar un acceso universal a servicios de salud haría que la gente consultara a sus doctores acerca de sus síntomas y, por ende, reforzaría cualquier campaña de educación. El efecto sería aún mayor si se mejorara la capacitación, lo que aumentaría la calidad de los servicios.
El efecto del acceso universal sobre el modo como se pagan los servicios de salud es quizás mayor que su efecto en la salud misma: la reforma colombiana ha reducido la proporción de ingresos que los hogares deben destinar a este fin. El gasto en efectivo en atención de salud hoy es un cuarto del nivel de hace diez años, y la reforma ha eliminado al menos parcialmente la vieja distinción entre los ricos con seguro y los pobres sin seguro de salud.
Incluso sin un análisis detallado de costos y beneficios, es evidente que la cobertura universal es vital. Haber nacido pobre o en un pueblo remoto no debería condenar a nadie a la miseria de vivir sin una atención de salud decente.
Bjorn Lomborg es el organizador del Consenso de Copenhague, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Copenhague y editor del nuevo libro How to spend $50 billion to make the world a better place. Philip Musgrove es editor suplente de Health Affairs y profesor adjunto de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Copyright: Project Syndicate, 2007. www.project-syndicate.org Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
PRECIOS
Antes de que entre en vigor el impuesto a la gasolina ya aumentaron alimentos, luz y otros
Significa 7.5 veces el aumento a los salarios
Desde diciembre la gasolina subió 3.5%
Roberto González Amador
LA JORNADA
En apenas nueve meses y medio de la actual administración federal, el precio promedio de los productos que integran la canasta básica de consumo registró un incremento de 34.17 por ciento, 7.5 veces el aumento a los salarios concedido a los trabajadores en enero de 2007, según reportes oficiales.
Se trata de un alza de precios, que comenzó con la tortilla al comienzo del año, continuó esta semana con el alza al pan blanco, y que tenderá a mantenerse en cuanto comience el ajuste al costo final de la gasolina, que ya fue autorizado en el Congreso y cobrará vigencia en cuanto sea publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación.
Desde diciembre de 2006, el precio de los 43 productos que integran la canasta básica de consumo ha subido en proporciones que superan con creces al repunte de la inflación general, que oficialmente es de 4.2 por ciento anual, con excepción del de la cebolla, que ha disminuido.
Esto ha ocurrido en un entorno en que el costo de la gasolina se ha elevado, de diciembre de 2006 a la fecha, en un promedio de 3.5 por ciento para ambos tipos de combustibles que ofrece Petróleos Mexicanos: Magna y Premium, según datos de la propia empresa.
Organizaciones de consumidores y representantes de la oposición política al gobierno denunciaron en la última semana que el incremento al precio de la gasolina desataría una escalada de precios, como tradicionalmente ocurre en el país cuando se mueve la cotización del energético.
La legislación aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional establece que, en cuanto entre en vigor el nuevo impuesto, el precio se elevará dos centavos por mes durante un año y medio. Es decir, 36 centavos desde el valor actual. El Banco de México estimó que la aplicación gradual del impuesto al consumo de gasolina tendrá un impacto mínimo en el Indice Nacional de Precios al Consumidor, indicador que mide el comportamiento de la inflación.
Hará gobierno pacto con los panaderos
Impulsará un programa similar al de la tortilla
La Secretaría de Economía aumentará los cupos de importación de trigo.
MILENIO
Ante el “descontrolâ€? en los precios del pan por el encarecimiento del trigo y las materias primas, el gobierno federal se sentará con los productores para negociar un precio del alimento, tal y como se hizo con la tortilla a principios de año, informó el subsecretario para la Pequeña Empresa, Heriberto Félix Guerra.
El martes MILENIO adelantó que ante la crisis alcista en los precios internacionales del trigo, el precio del bolillo pasará de 1.20 a 1.50 pesos en todo el país; asimismo, el pan dulce sufrirá un aumento de 17%, según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora.
Para enfrentar el problema el gobierno federal autorizará un cupo extraordinario para importar trigo, que podría ser de un millón de toneladas, a fin de revertir el alza de 30 centavos por pieza de pan, dijo el director general de Industrias Básicas de la dependencia, José Guadalupe Sáenz Solís, en el marco de la inauguración del Latin American Food Show, en Cancún.
El movimiento obrero anuncia movilizaciones
Mariana Otero-Briz
EL FINANCIERO
El movimiento obrero del país fustigó el alza al bolillo y advirtió que de seguir la escalada de precios en los productos de la canasta básica, saldrán a las calles para protestar.
Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo (CT), anunció que esta central hace un análisis para presentar su posición y demandas al gobierno federal.
Las propuestas serán en el sentido de establecer un control del precio del producto, como el que se fijó con el pacto de la tortilla, o inclusive un aumento salarial de emergencia.
“Nos preocupa mucho, porque el bolillo es fundamental para la dieta de los mexicanos, pero es necesario encontrar una salida viable e inteligente al alza en el trigo.”
Por su parte, Patricio Flores Sandoval, secretario de comunicación social de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que esta organización está a la espera de las acciones que emprenda el gobierno federal para solucionar esta nueva problemática.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) advirtió que seguirán los incrementos a los productos básicos, pues los campesinos no están en condiciones de hacer frente al alza que se está dando en los insumos agropecuarios en todo el mundo.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, señaló que otro de los factores que inducirán el aumento en los precios será el nuevo impuesto a la gasolina.
Escalada de precios en la canasta básica
* Demandan organizaciones campesinas intervención del gobierno.
* Reprueba la CNC el incremento al pan.
* Pide Unimos aplicación eficaz del presupuesto.
Héctor A. Chávez Maya
EL FINAN CIERO
La Confederación Nacional Campesina (CNC) reprobó el aumento al pan y advirtió que con el pretexto del incremento a los combustibles que se autorizó en la reforma fiscal, podría darse una escalada de precios de los productos de la canasta básica, en detrimento de la economía familiar.
En entrevista luego de una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, el secretario de desarrollo municipal del Comité Nacional de la CNC, Gerardo Sánchez García, adelantó que en los próximos días tendrán encuentros con el mismo funcionario y sus homólogos de Economía, Eduardo Sojo, y de Agricultura, Alberto Cárdenas, a fin de concretar una estrategia para disminuir los impactos de esas alzas.
Indicó que Lozano se comprometió a emprender acciones preventivas y, en la medida de sus posibilidades, insistir para que evitar lo que pasa con el aumento al precio del pan.
Explicó que el bolillo aumentó porque se disparó el precio internacional del trigo y, so pretexto del alza a las gasolinas, hay quienes pretenden incrementar todo.
CONFLICTO MINERO
Viudas de mineros inician plantón frente a la STPS
Exigen que se rescaten los cadáveres en Pasta de Conchos
Patricia Muñoz ríos
LA JORNADA
A 19 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el conflicto minero no se ha resuelto y, al contrario, parece agravarse cada vez más. Las viudas de los mineros se instalaron en plantón permanente frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Periférico Sur y decidieron no levantarlo hasta que el titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, entregue el dictamen sobre la situación del yacimiento y se reanude el rescate de los cuerpos.
De igual manera, como cada día 19 del mes, los familiares de los mineros llevaron a cabo una misa a las afueras de las instalaciones de Grupo México en Polanco, la cual fue oficiada por el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, quien hizo un llamado a las autoridades federales para que ordenen el reinicio de los trabajos de rescate y denunció que lo que pasó en Pasta de Conchos “es un crimenâ€? pero no es un hecho aislado, ya que en todas las minas del corporativo hay condiciones laborales inhumanas y está en riesgo la vida de los trabajadores.
El plantón frente a la STPS se decidió luego de que una comisión de familiares de los fallecidos acudió el martes pasado a la secretaría para solicitar una audiencia con el titular de la dependencia, Javier Lozano, ya que éste había quedado de entregar el dictamen sobre la situación del yacimiento el 19 de septiembre. Sin embargo, según aseguraron, no se les permitió llevar a cabo la reunión y en cambio se movió la fecha para el 5 de octubre.
SME
Más de un millón de usuarios quedarán sin energía ante un evento grave: SME
El gobierno sabotea a LFC y la asfixia financieramente para privatizarla, dicen
El colapso es mucho más probable de lo que se cree, advierten dirigentes sindicales
Carolina Gómez Mena
LA JORNADA
Debido a las “restricciones presupuestalesâ€? que se han impuesto a Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la actualidad la paraestatal no está en condiciones de responder con prontitud ni eficiencia ante una contingencia, al grado que serían 22 las zonas del centro del país –más de un millón de usuarios– las que podrían quedar en la oscuridad si sobreviene algún evento climático de gran magnitud, se genera una demanda eléctrica elevada, o se presentan sismos como los de hace 22 años, advirtió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En conferencia de prensa, Martín Esparza Flores y Fernando Amezcua, secretario general y titular de la cartera del exterior del gremio, respectivamente, aseguraron que el colapso energético es mucho más probable de lo que se cree, y destacaron que si hasta ahora no ha ocurrido, es sólo gracias al ingenio y dedicación de los trabajadores de LFC, pero destacaron que la asfixia económica de la paraestatal es tal que hace imposible continuar haciendo milagros.
Indicaron que si ocurrieran sismos como los de 1985, la capacidad para retornar el fluido eléctrico a la población estaría muy lejana a lo que ocurrió ese 19 de septiembre, cuando fueron afectados “un millón 200 mil usuarios, de los 3 millones 220 mil con que contaba LFCâ€?.
Amezcua narró que hubo daños en mil 300 transformadores de distribución, cinco líneas de transmisión, ocho subestaciones y en 600 postes. No obstante “en dos horas quedó reestablecido en sistema de potencia y en cuatro horas y media el sistema de distribuciónâ€?. Ahora el panorama sería mucho más oscuro.
SME: “al borde del colapsoâ€?, el sistema de suministro eléctrico
Los ataques a ductos de Pemex paralizaron nueve plantas de generación, denuncia
Afirma que no hay unidades de respaldo para crear energía en caso de contingencias. El sindicato señala que hay 22 zonas “críticasâ€? por falta de equipo e inversión.
MILENIO
El Sindicato Mexicano de Electricistas se encuentra en alerta ya que en cualquier momento podría colapsarse el sistema de suministro eléctrico en el centro del país, debido a la falta de presupuesto para sustituir equipo obsoleto y a que no se cuenta con plantas de respaldo de generación de energía que respondan tanto a contingencia naturales como a ataques terroristas.
Martín Esparza, líder de los electricistas, explicó que los recientes ataques a los ductos de Pemex en Veracruz mantienen prácticamente paralizadas a nueve plantas de generación, así como a varias termoeléctricas del Valle de México y de Tula, que dependen del gas para generar energía.
Lluvia torrenciales, inundaciones, la caída de un árbol o más ataques terroristas pueden provocar un colapso en el voltaje, al grado de afectar a más de 25 millones de habitantes del Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Michoacán y parte de Tlaxcala, dijo el líder sindica
ASPA
Ramírez Stabros: el mejor postor para comprar Aeroméxico podría ser Ye Gon
Exigen legisladores de PRI y PAN criterios de seguridad para la venta de la línea
Instan a la SCT a no limitarse a una simple subasta de los activos del IPAB
Roberto Garduño, Enrique Méndez, Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz
LA JORNADA
Los grupos del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fijar criterios de seguridad nacional, y no sólo de carácter financiero, para la venta de Aerovías de México (Aeroméxico) para evitar que la operación se defina sólo porque una empresa o un banco sean quienes ofrezcan el mejor monto económico.
El presidente de la Comisión de Transportes, Jesús Ramírez Stabros, dijo que en ese caso “el mejor postor podría ser el chino (Zhenli) Ye Gon. Puede ser el que ofrezca más dinero, pero no necesariamente el mejor en términos de transporte público federal y de política aeronáuticaâ€?.
En conferencia de prensa conjunta con el diputado panista Francisco García Dávila, integrante de la misma comisión, el legislador del PRI consideró que el riesgo de considerar exclusivamente un punto de vista económico podría acarrear dos riesgos: que la aerolínea sea entregada a empresarios o instituciones financieras que no sepan conducirla y la lleven a la quiebra, lo cual implicaría la pérdida de la empresa de aviación más importante del país; y, en un caso extremo, que los particulares a quienes se les asigne la empresa puedan revenderla y ésta “caiga en manos de prestanombres o de terroristas, por ejemploâ€?.
Planteó que la venta de Aeroméxico no debe limitarse a una simple subasta de activos del IPAB, porque en todo caso la deuda pública de la empresa representa menos de .02 por ciento de la cartera en manos de esa institución.
Aeroméxico, agregó, es la aerolínea más importante del país, con 31 por ciento del mercado de las líneas en el país, “nuestra única cara a Europaâ€?, con 6 mil 400 empleados, que a su vez constituyen 30 por ciento de personal en aviación nacional, “y hablamos entonces de un problema vinculado con la seguridad nacionalâ€?.
STPS
Buscan disminuir costos laborales
Debe haber remuneración justa. Recurren empresas a la contratación por honorarios o comisiones
Arturo Rivero
REFORMA
(20 septiembre 2007).- Los esquemas de contratación como el de honorarios, comisionistas, cooperativas y por tiempo determinado, son las vías más recurrentes por las que las empresas buscan reducir sus costos laborales, coincidieron autoridades de la Secretaría del Trabajo y analistas de recursos humanos y laborales.
Es incorrecto que las empresas busquen crear una figura de “outsourcing” en su propia empresa, los derechos de los trabajadores deben ser respetados, dijo un funcionario de la Secretaría del Trabajo.
Agregó que la dependencia buscará erradicar estas practicas con la ley en la mano.
Enrique Aguilar, presidente del Congreso del Trabajo, criticó la pasividad del Gobierno para frenar la contratación de personal por honorarios y por comisión, dos instrumentos que violentan los derechos fundamentales de los trabajadores.
Mónica Flores, directora general de Manpower México, dijo que en el País cada vez hay una tendencia más creciente a ofertar empleos por honorarios o por comisión, y la calidad del empleo empeora.
Aseguró que la eventualidad de un empleo no es negativa siempre y cuando esté acompañada de una remuneración justa y con las prestaciones de ley: aguinaldo, vacaciones y acceso a la seguridad social.
“Es conveniente darle paso al empleo eventual y quitarle el estigma que pesa sobre él, es preferible este tipo de trabajos que se dan dentro de la formalidad que el de honorarios o comisionista”, explicó.
Liliana Espinosa, reclutadora de recursos humanos de Vedior México, dijo que con estos mecanismos las empresas logran reducciones hasta en 50 por ciento en sus gastos de nómina.
UNAM
Pese al ambiente agitado, el proceso iniciará oficialmente al expedirse la convocatoria
De los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, 13 llegaron al cargo durante la gestión de De la Fuente
Rosa Elvira Vargas y Emir Olivares
LA JORNADA
La comunidad universitaria sigue con atención los trabajos de la Junta de Gobierno en el proceso para elegir al nuevo rector que sucederá a Juan Ramón de la Fuente Foto: Cristina Rodríguez
Como ocurre desde 1945, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dejará en manos de los 15 integrantes de su Junta de Gobierno la decisión sobre quién será el rector para el periodo 2007-2011. De ese grupo de notables, salvo dos, el resto llegaron a ese cargo durante la gestión de Juan Ramón de la Fuente.
Aunque el proceso ocupa ya la atención de la comunidad, oficialmente empezará cuando la junta expida la convocatoria, lo que se prevé ocurrirá entre el 6 y el 10 de octubre.
Como institución celosa de su autonomía, la UNAM nunca ha modificado su esquema para nombrar rector a pesar de las voces internas y externas que reclaman mayor apertura, participación y opinión en el procedimiento de selección. Ésta vez no será la excepción. Ocho integrantes de la Junta de Gobierno nunca han participado en una decisión de este tipo.
A partir de la emisión de la convocatoria, el panorama sucesorio será más diáfano, pues los postulantes al cargo y sus proyectos saldrán a la luz.
La junta abrirá un espacio para escuchar la opinión de los sectores universitarios sobre cuál de los candidatos tiene el perfil idóneo para desempeñar el cargo.
Pero al final y como siempre, será en cónclave y sin testigos como los integrantes de ese órgano designarán al nuevo titular de la principal universidad del país.
OPINION
Incremento de precios y salarios
Enrique del Val Blanco
EL UNIVERSAL
Los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas fiscal y electoral han dejado contentos a muchos, sobre todo porque se han dado en un clima de paz e incluso de respeto casi entre todos los participantes. Pero es necesario reconocer que no todo va a ser miel sobre hojuelas, pues hay costos que tendrán que pagarse; y uno de ellos, desde luego, es el caso de los aumentos acordados para los precios de las gasolinas y el diesel.
De estos aumentos, por cierto, con sorpresa muchos nos hemos enterado que empezarán a tener efecto a partir del próximo 1 de octubre, con el claro objetivo de que su impacto en el nivel de la inflación sea menor para 2008 y así poder presumir, una vez más, que estará lográndose la mítica cifra de 3%, que es la que está en los proyectos del Ejecutivo para el próximo año. Incluso algunos aliados ocasionales del gobierno, como el Centro de Estudios del Sector Privado, han manifestado que estos aumentos no generarán una espiral inflacionaria, al igual que varios de los diputados que, con la mayor parsimonia y sobre todo desconocimiento, han declarado que no tiene por qué haber alzas, ya que se trata de sólo dos centavos por mes.
Resulta lamentable que un asunto tan importante se maneje con declaraciones tan absurdas y ridículas, sin tomar en cuenta que estamos frente a un problema que se puede tornar más grave para la economía mexicana y no por este aumento aislado, sino porque un aumento de las gasolinas trae aparejado alzas en otros precios de bienes y servicios. Peor aún cuando en varios productos los precios están elevándose de manera desproporcionada debido a diversas causas, muchas de ellas reales.
Así, esta semana nos hemos enterado que el precio del bolillo pasará de 1.20 a 1.50 pesos la pieza en los próximos días, como resultado del aumento de los precios internacionales del cereal, sin que hasta la fecha ninguna dependencia gubernamental haya dicho algo sobre este anuncio que hizo la cámara del ramo. La razón del incremento es muy clara: los precios internacionales del trigo y de algunos otros productos, como la soya, el maíz y la cebada, siguen subiendo en los mercados internacionales. Tan es así que el trigo se ha convertido en uno de los productos más rentables en los mercados internacionales debido a su gran demanda.
Esta subida tan espectacular del trigo está haciendo que otros productos también aumenten de precio, especialmente ahora que varios de ellos se pueden convertir en biocombustibles, provocando que también la rama dedicada al ganado tenga que aumentar los precios de sus productos, debido al impacto que tiene el aumento de precio de los piensos.
Además, se está demostrando en el mundo que la cifra global de inflación está ocultando el problema, cada vez más real, de que la canasta básica de productos para fijar el índice está mal estructurada. Así, tenemos como ejemplos que en China el precio de los alimentos crece tres veces más que el índice general de precios y en Italia ha habido grandes movimientos de protesta por el aumento del precio de las pastas que comen la mayoría de los italianos, incluso llegando a propuestas de dejar de comer pasta un día como manifestación de inconformidad por el incremento de su precio, el cual para el gobierno es ínfimo en el índice general, pero para los bolsillos de la gente sí es muy importante.
Algo parecido está ocurriendo en nuestro país; el gobierno y el Banco de México tienen o por lo menos deberían tener claras las repercusiones respecto de los incrementos en los precios de los alimentos que, ahora aunados al alza en las gasolinas, se reflejarán en mayores precios para el transporte e infinidad de productos.
Ya vimos qué ocurrió a inicios de este año con el aumento del precio de la tortilla, derivado de los altos precios internacionales del maíz. Y se está acercando la fecha de revisión de los compromisos en este producto, que aunque se estabilizó en muchos lados aumentó su precio desproporcionadamente en relación con los ingresos de quienes lo consumen.
El gobierno debe tener muy claro que existen precios que son muy riesgosos respecto de sus movimientos al alza, y la tortilla y ahora las gasolinas lo son, independientemente de lo que digan las cifras macroeconómicas y el índice general de precios, ya que la gente tiene que desembolsar más, o mejor dicho reducir su consumo de otras cosas para hacerle frente a estos aumentos. Los técnicos gubernamentales deben recordar que los 50 millones de pobres no son sólo una cifra estadística; son personas de carne y hueso que la están pasando muy mal y ahora con la escalada de precios que viene estarán peor.
Por otro lado, un aspecto importante serán las negociaciones salariales que están en puerta y que fijarán el rumbo para 2008. Nadie en su sano juicio debe pretender que éstas deban estar a un máximo de 3%, como el gobierno ilusamente cree que será la inflación para el año que viene. No tienen que ser los trabajadores, con la venta de su esfuerzo, quienes paguen los mayores costos de las alzas de precios sin que se les reconozca en el salario.
Tan es así que el arreglo del conflicto laboral entre los sobrecargos de Mexicana de Aviación y sus patrones ha sido pactar un incremento directo al salario por arriba de 5%, dadas las condiciones actuales y futuras del país. Esta cifra deberá ser la base para las negociaciones de fijación de incrementos salariales a partir de ahora, incluyendo por supuesto la del salario mínimo para 2008.
No se les vaya a ocurrir fijar cifras más bajas, con el pretexto de que pudiera provocar un incremento mayor a la inflación. El gobierno ya ha dado la pauta, y no deben ser los trabajadores, sobre todo los más pobres, quienes paguen al final la reforma fiscal tan cacareada.
AMERICA MOVIL
América Móvil será sancionada en Perú
Deficiencias en el servicio durante el terremoto, la causa
América Móvil será sancionada en PerúAmérica Móvil será sancionada en Perú
El Universal
LIMA.— América Móvil, propiedad de Carlos Slim y cuyo nombre comercial en Perú es Claro, será sancionada por deficiencias en el servicio, tras el terremoto del 15 de agosto, uniéndose así a la española Telefónica y a la estadounidense Nextel, informaron hoy medios locales.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó el lunes de las sanciones a Telefónica y Nextel, pero la noche del martes el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel) confirmó que Claro también registró deficiencias.
El informe de Ospitel sobre lo ocurrido tras el sismo señaló que “existen elementos de juicio suficientes que permiten apreciar incumplimientos a la obligación de continuidad, que constituye una condición esencial de los contratos de concesiónâ€? entre las empresas de telefonía y el Estado.
El titular del Osiptel, Guillermo Thornberry, dijo a la agencia oficial Andina que las firmas ya fueron notificadas de la sanción y ahora tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos, que serán evaluados por la dirección general del ente regulador.
CONVERGENCIA
Prevén retraso en la entrada de la portabilidad
Se originaría por falta de eficiencia administrativa y problemas técnicos
El Universal
La falta de eficiencia administrativa y problemas de aspecto técnico podrían retrasar hasta la segunda mitad del próximo año la entrada de la portabilidad numérica, esquema en la cual los usuarios podrán mantener su número telefónico, independientemente del operador telefónico que contraten, reconocieron analistas de telecomunicaciones.
Entrevistados por separado en el marco de la presentación del libro La regulación de las telecomunicaciones, el consultor Federico González Luna, coautor del documento, así como Ernesto Piedras, presidente de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), coincidieron en que es indispensable que Teléfonos de México (Telmex) acate todas las condiciones de portabilidad, interconexión e interoperatividad, con el fin de que su título de concesión sea modificado y pueda lograrse la convergencia.
“No basta con sólo celebrar convenios de interconexión, sino que la regulación que se emita sea acatada por Telmex y por todas las partes involucradas. Si Telmex no acata la parte de portabilidad e interconexión, se vuelve violatoria esta regulaciónâ€?, expresó González Luna.
En tanto, Piedras expresó que como autoridad el gobierno federal ha fallado en la aplicación efectiva de la ley y ha ignorado a la industria en los temas de la portabilidad e interconexión. En ese sentido, comentó que es necesario aplicar una labor pública en la que, por un lado, siente las bases de la operación de la industria, la estructura de la regulación, y por la otra aplique políticas dirigidas a aquellos puntos donde el mercado muestra incapacidad para alcanzar.
AEROMEXICO
Librará Aeroméxico pago del ISR por las modificaciones fiscales
* Acotado, nuevo gravamen a operaciones bursátiles.
* El impuesto aplica sólo para personas físicas.
* Venta accionaria del IPAB SHCP y Nafin, sin problema.
Margarita Solis / Jeanette Leyva
EL FINANCIERO
La venta de Consorcio Aeroméxico no generará pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) aun si entraran en vigor este año las modificaciones fiscales propuestas en la reforma hacendaria sobre la enajenación de acciones a través del mercado de valores.
Lo anterior se debe a una sola razón: el gobierno federal tiene el control de las acciones del consorcio.
Carlos Cárdenas, presidente del Comité de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, explicó que el pago del ISR en operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sólo se aplicaría a persona físicas que vendan más del 10 por ciento de las acciones representativas del capital social de la empresa. Así fue aprobado por el Congreso de la Unión.
“Si hubiera algún inversionista con el régimen de persona física que vendiera más del 10 por ciento de sus acciones, sí quedaría gravado con la reforma”, señaló.
Cubículo Estratyégico
Carlos Mota
¿Quién debe quedarse con Aeroméxico?
MILENIO
La reacción de Alberto y Moisés Saba para adquirir Aeroméxico, frente a la oferta presentada por Banamex, es absolutamente lógica. Los Saba quieren quedarse con la compañía, y la quieren en serio, por lo que su oferta inicial de 100 millones de dólares será reformulada para superar los 151 millones que ofreció José Luis Barraza junto al banco estadunidense.
La respuesta corta a la pregunta sobre quién debe quedarse con Aeroméxico es sencilla: aquel que pague más. En un mercado abierto el precio es la única consideración relevante, la única válida para tomar la decisión. Pero, ¿quién pagará más, los Saba o el banco?
Desde mi punto de vista, existe una probabilidad más alta de que Alberto y Moisés Saba terminen como los dueños de Aeroméxico, por la sencilla razón de que pueden reaccionar más velozmente a los ajustes de precio que se requieren en la batalla para adquirirla.
Esa velocidad no será fácil imitarla por parte de Barraza y Banamex, que tienen un grupo de accionistas pulverizado, con quienes habría que negociar y lograr un consenso para solicitar un aumento en la oferta en caso ser necesario. Porque una cosa es que María Asunción Aramburuzabala, de Grupo Modelo, o Eduardo Tricio, de Lala, hayan decidido cooperar con aproximadamente 10 millones de dólares cada uno, y otra que Barraza tenga que llamarles de nueva cuenta para decirles que deben cooperar otra vez, por ejemplo, para duplicar su oferta.
Otra consideración importante es que para los empresarios del establishment esta no es una transacción de control. Están pulverizados en su participación, y el verdadero control lo tendrán los estadunidenses representados por Barraza y Banamex. Ello implica que su pequeña inversión —para algunos son verdaderos peanuts—, no sea sino un puntito de diversificación adicional en su portafolio, y no un negocio central en el que quieran dedicar mucha energía.
Ambos factores pueden actuar a favor de la nueva oferta de los Saba, quienes sí están cien por ciento concentrados en la adquisición, y han sido más explícitos en presentar algunas ideas para renovar a la alicaída empresa.
¿Cooperarán los empresarios amigos de Barraza para revertir la segunda oferta que presentará Saba?