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SINTESIS DE PRENSA
MIERCOLES 4 DE AGOSTO DE 2010
PENSIONES
SCJN
Oculta la Corte resolutivo sobre recorte a pensiones
Retira de su página web el engrose de la jurisprudencia 2a/J.85/2010
Versiones de que el texto podría ser modificado por el ministro Valls
Gustavo Castillo García
La Jornada, p. 2
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su página web el engrose que contiene todos los puntos y definiciones relacionadas con la jurisprudencia 2a/J.85/2010, vinculada con la reducción del monto de pensiones en el sistema de jubilación.
De manera inexplicable el máximo tribunal retiró el texto de la jurisprudencia que ha provocado controversia y críticas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La dirección de comunicación social de la Corte indicó que este miércoles se dará a conocer un pronunciamiento respecto de la resolución por la cual se disminuye de 25 a 10 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal el tope máximo para el pago de pensión a quienes se acojan a la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Según un comunicado de prensa de la Corte, con fecha 27 de julio, fue el 9 de junio cuando se aprobó la jurisprudencia; sin embargo, en la página web de la institución se menciona que el caso fue resuelto por el ministro Sergio Valls Hernández en 15 días naturales, ya que él recibió el caso el 11 de mayo y para el día 26 del mismo mes supuestamente el pleno de la segunda sala, integrada por cinco ministros, aprobó de manera unánime el dictamen y se estableció lo que se conoce como la jurisprudencia 85/2010.
Los datos que aún pueden consultarse en la página web de la Suprema Corte acerca de lo que inicialmente se conoció como expediente 143/2010, señalan: “con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo se denuncia ante la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por tribunales colegiados en materia del trabajo 12 y 13, del primer circuito”.
STPS
Jurisprudencia, “cosa juzgada”: Lozano
* “Los tribunales están obligados a acatar el criterio de la SCJN”.
* Hoy, el gobierno dará a conocer en definitiva su posición respecto al tema.
Zenyazen Flores / Isabel Becerril
EL FINANCIERO
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, aseguró que la jurisprudencia relativa al tope de pensiones “es cosa juzgada”, por lo que los tribunales están obligados a acatar el criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que especialistas advirtieron que se afectará a dos generaciones de jubilados.
Lozano confirmó que hoy el gobierno federal dará a conocer en definitiva, a través del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su posición respecto a cómo se aplicará el criterio jurisdiccional acerca de un millón 200 mil trabajadores del antiguo régimen que se verán afectados.
“Mañana mismo (hoy) tendremos una posición definitiva del gobierno sobre el particular, y en estos días hemos venido revisando el engrose de la jurisprudencia que ya está publicado.
“Esto es cosa juzgada porque cualquier jurisprudencia como tal obliga a los tribunales y juzgados de rango inferior a la aplicación de la misma”, sostuvo en entrevista al término de la entrega del Premio Nacional del Trabajo 2009 sexta edición que se efectuó en el Museo Tecnológico de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Consejo Técnico es un órgano tripartita en el que están representados el Ejecutivo federal y los sectores obrero y patronal.
Lozano Alarcón es representante del presidente Felipe Calderón, junto con los secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y de Hacienda, Ernesto Cordero.
El encargado de la política laboral del país adelantó que hoy la Dirección General del IMSS hará una presentación al consejo y con ello se determinará la posición del gobierno federal.
En tanto, Rodolfo González, consejero del sector obrero por la Confederación Regional Obrera de México (CROM), expresó su confianza en que pese a la jurisprudencia las pensiones estén garantizadas, ya que tanto patrones como sector obrero tendrán que seguir aportando sus cuotas.
Mientras que José Luis Carazo, representante de los trabajadores, pero por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), recibió instrucciones del dirigente de esa organización, Joaquín Gamboa Pascoe, para que durante la sesión del consejo se mantenga firme la postura de la central y se rechace la reducción a las pensiones.
IMEF
Si gana jurisprudencia, regresen cotizaciones: IMEF
Juan Carlos Miranda
La Jornada, p. 5
De aplicarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tema de las pensiones, el gobierno federal se vería obligado a devolver alrededor de 100 mil millones de pesos al millón 200 mil trabajadores que han cotizado más de 10 salarios mínimos, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Gustavo Rodarte, explicó que la medida desatará una oleada de demandas de los afectados para que se les devuelva lo que aportaron luego de exceder los 10 salarios mínimos.
Lo anterior “representaría un descalabro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene capacidad de sufragar y que la Secretaría de Hacienda tendría que subsanar”, indicó.
Enfatizó que el análisis efectuado por la Corte para determinar el tope de las pensiones fue erróneo, como señalaron abogados, académicos, organismos empresariales y técnicos, firmas prestigiadas y legisladores. Sin embargo, rechazó la versión de que el máximo tribunal habría tomado la resolución a petición de la Secretaría de Hacienda.
“Esto supondría que la Suprema Corte está subordinada a los intereses de otras dependencias, lo cual no consideramos posible.”
Destacó que de acuerdo con el artículo 12 transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, la jurisprudencia del 9 de junio pasado no tiene repercusión positiva en las finanzas del IMSS, dado que corresponde al gobierno federal el pago de las pensiones.
Manifestó que será el gobierno federal el que tendrá que definir si se acata la jurisprudencia de la Corte, porque el IMSS “no tiene facultad de decisión”.
MANCERA ERNST & YOUNG
* Afectará al menos a dos generaciones de jubilados: Bettinger.
Confusiones
ELFINANCIEOR
Herbert Bettinger Barrios, socio-director jurídico del despacho Mancera Ernst & Young, advirtió que el criterio de los ministros de la SCJN afectará al menos a dos generaciones de jubilados que cotizaron desde los años cuarenta.
También habrá un impacto para los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, que en sus negocios cuentan con un plan de pensiones y jubilaciones y que tendrían que aportar más recursos.
La jurisprudencia de la Corte -añadió- también tendrá un costo político para los partidos políticos porque el país estará regido en los próximos años por las decisiones de la gente de la tercera edad que se verá afectada por esta resolución de aplicar un tope de diez salarios mínimos, en lugar de 25 para jubilados.
En entrevista, sostuvo que la Corte entró a la discusión de las pensiones para evitar que en el futuro hubiera lagunas jurídicas a dos posibilidades de jubilación no muy claras, pero no evaluó el daño que se hará a 1.8 millones de trabajadores inscritos al IMSS y que cotizaron con la Ley de 1973.
Rechazó que el Cómite Técnico del Instituto pueda decidir si se aplica o no la jurisprudencia de la Corte: “No le quedará otro camino más que adoptar la resolución, quiera o no”.
A su vez, Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), señaló que no hay claridad en la resolución de la SJCN, lo que se ha prestado a muchas interpretaciones y confusiones, “por lo que esperamos que pronto se dé una aclaración de la Corte, pero lo más importante es que hubiera un anuncio o aclaración transparente por parte del IMSS”.
Por su parte, Carlos de la Fuente, socio director de la práctica de Seguridad Social de la firma Ernst & Young, sostuvo que el IMSS no está obligado a cumplir la jurisprudencia de la Corte, de acuerdo con la Ley de Amparo en su artículo 139, pero sí tiene que revisarla.
IMSS
Tiene el Seguro menos reservas
Se ‘come’ el Instituto su fondo laboral para cubrir el pago de las jubilaciones
Mónica Ramírez
REFORMA
(4 agosto 2010).- Con el fin de hacer frente a las obligaciones contractuales en el otorgamiento de las pensiones bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), el IMSS constituye reservas en un fondo laboral que desde su creación no se habían utilizado, sin embargo, se hizo disposición de estos recursos en 2009 y en este año también se usarán.
En junio pasado, el fondo laboral en la subcuenta 1, es decir, aquel que se utiliza para el pago de jubilaciones de los trabajadores del instituto registrados antes del 2004, tuvo un saldo de 40 mil 670 millones de pesos, una caída de 8.2 por ciento real a lo observado un año antes.
Respecto de lo registrado al cierre de 2009, los recursos bajaron 1.2 por ciento.
Según el Informe del IMSS al Ejecutivo 2009-2010, el año pasado se tomaron recursos de este fondo por un monto de 4 mil 408 millones de pesos con el fin de cubrir la nómina de jubilaciones y pensiones.
Para este 2010, según el presupuesto, se espera que de los 46 mil 45 millones de pesos previstos se haga uso de 14 mil 626 millones de pesos, tres veces más que en el año pasado.
Ramiro Tovar, especialista en regulaciones del ITAM, dijo que la razón de la baja en las reservas ha sido el déficit financiero del instituto por causa de un estancamiento en sus ingresos.
Enfatizó además que existe una aceleración de sus erogaciones por jubilaciones y pensiones por la diferencia de tratamiento respecto a sus propios jubilados y pensionados, además de que los gastos en su planta de confianza son excesivos.
“La baja de 8.2 por ciento es superior a cualquier rendimiento posible que el fondo pueda lograr sin incurrir en riesgo. Al ser mayores sus retiros está disminuyendo sin posible recapitalización a niveles que si pueden afectar. Con esto sólo se pospone la insolvencia unos años más, pues el fondo puede terminarse”, comentó.
Para Ana Cristina Laurell, especialista en seguridad social, el que los trabajadores del IMSS puedan jubilarse por años de servicio, da pie para que muchos se pensionen más jóvenes, lo que ya se ha anunciado en informes previos.
CT
Prepara el CT estrategia contra la jurisprudencia
Fabiola Martínez
La Jornada, p. 2
El Congreso del Trabajo (CT) prepara una estrategia para combatir el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la reducción del monto de las jubilaciones, y advirtió que tal decisión es “jurídicamente errónea y socialmente injusta”.
El tema se tratará hoy, durante la sesión del consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que el gobierno federal adoptará una posición al respecto.
Sin embargo, el representante del sector obrero ante ese consejo, José Luis Carazo, advirtió que “si no se resuelve por este lado (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) buscaremos respaldo para promover una reforma legislativa que permita que los trabajadores no pierdan beneficios”.
Carazo señaló que si no hay un acuerdo mediante una resolución de la Secretaría de Hacienda para detener la jurisprudencia de la Corte promoverán una reforma legislativa que evite que los trabajadores pierdan beneficios.
El secretario de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México precisó que en junio se pensionaron 4 mil 562 personas con jubilaciones equivalentes hasta 10 veces el salario mínimo y sólo 74 empleados se retiraron con una cantidad superior.
No obstante, sostuvo Carazo, más allá de la cantidad de afectados lo importante es evitar que en los hechos se vulneren los derechos que por ley tienen los trabajadores.
ABOGADOS
Preteden afrontar la crisis del IMSS con los recursos destinados a jubilaciones, sostienen abogados laboralistas
Alfredo Méndez
La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 4
Los trabajadores asegurados cuyos salarios mensuales oscilen entre 11 mil y 40 mil pesos pueden terminar pagando, junto con las empresas para las que laboran, el costo de una posible reducción en el cálculo para el pago de las pensiones, en caso de que así lo decida el consejo consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalaron abogados expertos en materia de seguridad social consultados por La Jornada.
El laboralista José Carlos García, del despacho de Consejeros y Auditores en Seguridad Social, señaló que la posible modificación en el cálculo de las pensiones a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una salida que pretende obtener recursos para afrontar la crisis financiera del IMSS, pero es “inconveniente, preocupante y francamente indignante”.
Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y especialista en derecho del trabajo, sostuvo que en el caso de las pensiones no se puede trastocar un derecho constitucional adquirido por los trabajadores. Agregó que la jurisprudencia de la Corte, que borra derechos en materia de pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan al IMSS, “es ilegal porque se sustentó en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social” que fue derogado en 1997.
Ricardo Martínez Rojas, doctor en derecho laboral y abogado experto en litigios contra el IMSS, apuntó que la jurisprudencia de la Corte es “absolutamente inequitativa”, porque “con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, en la rama de retiro, cesantía y vejez, se inicia con el pago de 15 veces el salario mínimo, hasta llegar a 25.
ESPECIALISTAS
En 1995, el gobierno aceptó cargar las pensiones al erario; hoy le pesa pagar
El Ejecutivo debe decidir si aplica el criterio de la Corte: Asa Cristina Laurell
Ángeles Cruz Martínez
La Jornada, p. 5
Desde 1995 se sabía que el costo de la transición entre la antigua Ley del Seguro Social y la que entró en vigor el 1º de julio de 1997 tendría un costo para el erario, equivalente a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) durante por lo menos 25 años. Este fue uno de los grandes temas del debate sobre la reforma a dicho ordenamiento, señaló Asa Cristina Laurell, investigadora de la seguridad social.
Sin embargo, comentó, “el gobierno federal no hizo caso y decidió cargar dicho costo al erario”, y es ahora, en el momento en que “seguramente aumentaron las solicitudes para el retiro de personas que cubren los requisitos de la ley de 1973, cuando al gobierno federal le pesa pagarles lo que les corresponde”.
La reforma aprobada por el Congreso en 1995 estableció que los trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1º de julio de 1997 –cuando la ley entró en vigor y se formalizó la creación de las cuentas individuales para el retiro– tendrían la posibilidad de elegir, al momento de solicitar su pensión o jubilación, entre el sistema de la ley anterior o con sus ahorros acumulados en las administradoras de fondos para el retiro (afore).
El IMSS está obligado a presentar al solicitante los cálculos de ambos esquemas para que él opte por el que más le convenga.
Laurell es una de las principales estudiosas y críticas del proyecto de reforma legal que presentó el IMSS en 1995 y por el cual se creó el sistema de las afore.
JUVENTINO CASTRO Y CASTRO
El Congreso sí puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro
Una opción es reformar la Ley del IMSS; otra, recurir al amparo, sostiene
Roberto Garduño
La Jornada, p. 3
La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.
“Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.”
La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteración (en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpiría automáticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.
La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicción; es decir, la segunda sala conoció la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre sí, y la Corte simplemente seleccionó aquella que en su concepto se acercaba más a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.
Argumentó que las sentencias en amparo, según el artículo 107 de la Constitución, fracción II, “no tienen efectos de generalidad y sólo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia”.
Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito.
No obstante, Castro y Castro afirmó que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:
“Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No sé por qué no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le señala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podría cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero sólo en esos casos.”
CAMARA DE DIPUTADOS
Pedirá Congreso a Corte reconsiderar resolución lesiva para los trabajadores
Posponen discusión de punto de acuerdo para solicitar aclaración a ministros
Víctor Ballinas y Ciro Pérez Silva
La Jornada, p. 4
La tercera comisión de la Permanente acordó ayer dejar pendiente para otra sesión el punto de acuerdo propuesto por el PRD para hacer un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a que “a través de su consejo técnico, en el momento procesal que corresponda y con base en sus atribuciones, expida un acuerdo que defina el alcance real de la jurisprudencia 2a/J.85/2010 de la Corte, relativo a las pensiones”.
En tanto, la dirigencia nacional del PRI adelantó que la reducción de las pensiones será uno de los temas prioritarios que abordarán los legisladores federales en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Durante los trabajos en comisiones de la Permanente el diputado panista Mario Becerra dijo ante los legisladores que “la redacción de la jurisprudencia fue muy deficiente, (y) dio lugar a una serie de interpretaciones. La propia Corte, en un comunicado, también hizo una interpretación provocando más contradicciones y apenas ayer el ministro ponente, Sergio Valls, presentó el engrose”.
Aseguró que “seguramente” la Suprema Corte modificará en los próximos días la redacción de dicha jurisprudencia “para dejar con claridad absoluta cuál es su alcance”.
Entrevistado al concluir la reunión de la tercera comisión, Becerra sostuvo que “no va a haber ninguna reducción a las pensiones actuales y futuras. La Corte va a aclarar esto; si hubiera decidido recortarlas, que no es el caso, modificará su resolución, pero no habrá recortes”.
El diputado Mario di Costanzo afirmó que “está muy claro que la resolución no recorta las pensiones. Se respeta la ley y los que van a pensionarse a futuro tendrán como tope 25 salarios mínimos”.
CASO MEXICANA
GMEXICANA
Mexicana solicita entrar a concurso mercantil para negociar sus deudas
Los contratos de pilotos y sobrecargos son los que hacen inviable a la compañía, insisten ejecutivos
Irresponsable, que empresarios culpen sólo a trabajadores; demuestran falta de visión y plan de negocios, dicen expertos del Tec
“La situación de la aerolínea, un fracaso más de las privatizaciones”, afirman
Miriam Posada García
La Jornada, p. 25
Compañía Mexicana de Aviación solicitó a un juez de distrito de la ciudad de México entrar a concurso mercantil para negociar el pago de sus deudas y restructurar sus finanzas, en especial en el costo laboral pues, insistió, los contratos colectivos de trabajo de los pilotos y el de los sobrecargos son los que hacen inviable a la empresa.
El especialista jurídico financiero del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Héctor Moreno, dijo que por principio jurídico “nadie puede alegar en su favor su propia torpeza”, debido a que los empresarios que ahora dirigen Mexicana sabían el contenido de los contratos colectivos de trabajo, por lo que sólo están demostrando su falta de visión y plan de negocios. Su solicitud es “amenazante e irresponsable al responsabilizar sólo a los trabajadores”, afirmó.
Advirtió que los salarios de los trabajadores son un componente a revisar, pero el último que se debe tocar, y antes de hacer cualquier movimiento la empresa tiene que transparentar su situación financiera para conocer el verdadero origen de su crisis y si está relacionada con la salud de Click y Link.
Por separado, el director del Centro de Investigación de Negocios, también del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, dijo que la situación de Mexicana es un fracaso más de las privatizaciones en México, porque el gobierno se ha dedicado a beneficiar a grupos empresariales y no a propiciar desarrollo económico.
Aseguró que el Ejecutivo sabía que la venta de Mexicana había estado mal hecha y la entregó a empresarios que no garantizaban sus viabilidad. Consideró que los trabajadores tendrán que negociar con la empresa y no saldrán bien librados del todo, por lo que el gobierno debe asumir la responsabilidad de ser mediador en este problema y garantizar la seguridad de pilotos y sobrecargos.
Afirmó que la oferta de vender la empresa a los trabajadores por un peso sólo fue “mediática y desventajosa”, pues en realidad representaba un enorme endeudamiento para los trabajadores que no podrían conseguir recursos a corto plazo para hacer frente a los compromisos de la empresa.
Mexicana no llegará al 15 de septiembre, dice Manuel Borja
Desde el lunes solicitó concurso mercantil en un juzgado de la Ciudad de México
De no alcanzar un convenio con los pilotos, se corre el riesgo de que la empresa se declare en quiebra, ante lo cual desaparecerá como aerolínea del grupo, advierte el director general.
MILENIO
Compañía Mexicana de Aviación (CMA) no llegará a septiembre, esto debido a la fuerte crisis económica que enfrenta, por lo que de mantener las condiciones actuales y no llegar a un consenso real con los sindicatos, no podrá mantener sus operaciones de manera eficiente, aseguró Manuel Borja, director general de la aerolínea.
El 15 de septiembre es la fecha fijada para un eventual emplazamiento a huelga; pero “no hay gasolina…no llegamos”, advirtió el directivo.
La empresa, añadió, está dispuesta a buscar una cuarta vía de acuerdo, la cual contempla la incursión de los pilotos y sobrecargos como accionistas de la empresa sin descartar la reducción de plazas laborales y de percepciones salariales.
Sobre una posible intervención por parte del gobierno federal, dijo que esta acción sería una decisión propia del Ejecutivo e insistió en que esta opción no es la mejor, pues “no creemos en el rescate”.
Es por ello que considera una mejor elección la reestructura eficiente en el contrato colectivo de trabajo tanto de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), a fin de lograr la viabilidad de Mexicana.
La administración de Mexicana tiene planeada una reunión con los representantes del gremio sindical el próximo jueves, sin embargo, de no lograr un acuerdo en el menor tiempo se corre el riesgo de que la empresa se declare en quiebra, ante lo cual desaparecería como aerolínea del grupo.
“Mexicana se estaría quedando solamente con Link o Click (modelos de bajo costo), pues buscaríamos quedarnos sólo con modelos eficientes que puedan funcionar… y estaríamos peleando de nuevo en el mercado para atender mejor a los pasajeros”.
Reiteró que las condiciones actuales de la empresa se basan en los altos sueldos de sus empleados, de tal forma que más de 20 por ciento de los ingresos totales de CMA son destinados al pago de estos trabajadores, mientras que otras empresas apenas gastan 10 por ciento.
Afirmó que de haber logrado un contrato colectivo como el que ahora están negociando desde hace cuatro años, la empresa no habría registrado una utilidad operación negativa de casi 4 mil millones de pesos.
SCT
Nombraría la SCT conciliador
Reestructurarán costos. Advierten expertos que Mexicana es muestra de una mala administración
Lilián Cruz y con información de Karla Rodríguez
REFORMA
(4 agosto 2010).- Por tratarse de una empresa que presta un servicio público concesionado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) será la que designe al conciliador que encabezará el grupo de trabajo para la reestructuración de Mexicana de Aviación en el proceso de concurso mercantil.
Ayer Mexicana informó que el lunes solicitó al juez Felipe Consuelo Soto en México y al juez Stuart M. Bernstein en Nueva York, la solicitud de concurso mercantil para reestructurar.
El Juez mexicano cuenta con 10 días hábiles para solicitar a la empresa mayor información sobre la situación financiera. Una vez que cuente con ella tomará una semana más para decidir si acepta o rechaza la solicitud de Mexicana, explicó Griselda Nieblas, directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concurso Mercantil (IFECOM).
En caso de aceptar el concurso, la SCT designa al conciliador quien comenzará a recabar más información de la empresa y de todos sus acreedores.
Nieblas, dijo que mientras se acepta o rechaza la solicitud de concurso mercantil, los sindicatos pueden seguir negociando y suspender el concurso si hay acuerdo, ya que este recurso no implica una quiebra, necesariamente.
Explicó que cuando una empresa se acoge al capítulo 15 en EU, se debe a que en ese apartado se consideran a las empresas que operan internacionalmente y al solicitar el concurso se garantiza que los acreedores de los países en que opera no les quiten sus activos.
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey campus del Estado de México, consideró que la solicitud de Mexicana es una prueba más de las malas administraciones que padecen las aerolíneas en el País desde hace varios años.
“El caso es delicado. Es una muestra de un plan de negocios equivocado; de errores en los que sus administradores no midieron la competencia; se equivocaron en el análisis del entorno económico, no previeron y ahora lo cargan a los trabajadores.
SHCP
Rechazan un rescate del gobierno federal
Pide sindicato investigar las finanzas de la empresa
El problema de Mexicana no es sólo por los costos laborales: Lozano.
MILENNIO
El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Pérez Jácome, refrendó que de parte del gobierno federal no existe ningún plan de rescate para Compañía Mexicana de Aviación, porque se trata de un asunto que compete únicamente a la empresa y a los trabajadores sindicalizados.
En este sentido legisladores de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión se opusieron a un posible rescate de CMA por parte del gobierno federal.
El presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete, indicó que “México debe descartar un esquema de rescate tradicional en el que se utilizan fondos públicos para las empresas privadas como en otras ocasiones, pues eso ya quedó en el pasado”.
Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gustavo Madero, comentó que no es una situación en la que el gobierno deba participar directamente, ya que depende de la misma compañía, así como de todos aquellos actores involucrados como el sindicato.
STPS
Pide Lozano a directivos, sobrecargos y pilotos “ceder” para conservar la fuente laboral
Fabiola Martínez
La Jornada, p. 26
El secretario del Trabajo llamó a los directivos de Mexicana de Aviación y a los sobrecargos y pilotos de esta compañía a participar en un diálogo sin imposiciones en el que ambos “cedan” con el fin de preservar su fuente laboral y la viabilidad de esta empresa.
El funcionario ofreció la gestión de la dependencia a su cargo para conciliar entre ambas partes, aunque precisó que la responsabilidad de la situación de Mexicana de Aviación no corresponde por completo al costo laboral porque sus inversionistas debieron tomar en cuenta el costo del contrato colectivo.
Mientras los gremios de pilotos y sobrecargos se reunieron para definir una estrategia en la defensa de los empleos de miles de integrantes de este sector, el secretario Lozano dijo que ambas partes tienen un grado de responsabilidad y con ese ánimo se debe revisar la situación laboral y económica de la compañía.
En principio durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Trabajo 2009, el secretario Lozano destacó la valía del diálogo social y confió que éste prevalezca en Mexicana de Aviación, la cual atraviesa por una situación financiera muy frágil.
“Precisamente debe ser el diálogo y no la imposición lo que prevalezca al final de este difícil proceso de saneamiento y reestructuración. Ambas partes, los directivos y los trabajadores, deben identificar lo que pueden y deben legítimamente pedir pero también, responsablemente, ceder para preservar su fuente de trabajo y la empresa andando en operaciones”, expresó.
CAMARA DE DIPUTADOS
Diputados de PRI y PRD piden revisar operaciones financieras de Mexicana
Califican de ilegal el préstamo de Bancomext a la aerolínea; rechazo al rescate financiero
Sospecha de que se pretenden quedar sólo con Link y Click, las partes más productivas
Roberto Garduño, Víctor Ballinas y Alma Muñoz
La Jornada, p. 26
Diputados de PRI y PRD advirtieron que detrás de la intentona de limpiar la empresa Mexicana de Aviación (deshaciéndose de las prestaciones de sus trabajadores), posiblemente hay intereses de funcionarios públicos o sus familiares mediante esquema de operación financiera derivada llamada Put-Call. En tanto, senadores de PRI, PAN y PRD rechazaron que la solución al problema de la aerolínea sea su rescate el gobierno federal.
Los diputados Rubén Moreira y Mauricio Toledo consideraron ilegal la intervención de Bancomext en el préstamo de recursos públicos a la empresa aérea, porque ésta no representa interés al comercio exterior del país. Advirtieron que propondrán a las instancias encargadas de revisar los Put-Call el análisis de los procedimientos financieros en la aerolínea con objeto de darlos a conocer ante la opinión pública.
Para el subsecretario de Egresos de la SHCP, Dionisio Pérez Jácome, hasta el momento no hay plan de rescate de Mexicana por el conflicto entre sindicato y empresa. “No hay ningún plan de rescate; es un tema entre la empresa y el sindicato que tendrá que resolverse por ambas partes.”
Salvamento empresarial
Mauricio Toledo (PRD) adujo que es “falso que no se haya rescatado a Mexicana, sabemos que se le han entregado créditos blandos por un monto superior al que sus accionistas pagaron por su desincorporación al IPAB; estos créditos blandos en cuanto tienen una tasa de interés inferior a la del mercado se entregaron de una forma indebida porque se encuentran dentro del objeto de Bancomext, porque la operación de Mexicana no beneficia el comercio exterior mexicano.”
STPS
Se daría nuevo empleo a integrantes del SME; nada de patrón sustituto: Lozano
Sí procede pago de fondo de ahorro a ex trabajadores, pero “a cuenta de liquidación eventual”
Fabiola Martínez
La Jornada, p. 13
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, minimizó las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país y, en cambio, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha operado la zona con “éxito, responsabilidad y profesionalismo”.
El funcionario reiteró que no procede la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) respecto de una contratación colectiva en CFE o el ingreso a esta empresa pública con base en la figura de patrón sustituto.
La próxima sesión de la mesa de diálogo entre el SME y el gobierno está programada para mañana por la tarde. En este encuentro, aseveró el secretario Lozano, hay absoluta coordinación entre los funcionarios federales.
“Aquí no es que cada quien esté yéndose por su lado o que a mí me estén presionando indebidamente. Vamos por la misma ruta del diálogo, pero siempre con apego a la legalidad”, indicó.
En la sesión entrante –precisó el funcionario– se analizará la propuesta del SME para “reinsertar a miles de trabajadores que no cobraron su liquidación, y de un esquema laboral que no implica contratación colectiva ni sustitución patronal. Son nuevos mecanismos de ver cómo pueden ellos volver a tener un empleo en el sector (…) todo lo estarán revisando las áreas correspondientes, no la Secretaría del Trabajo”.
Electricistas agreden camioneta de Lozano
El titular de la STPS pide respetar la tregua
Acabar con dobles discursos y sentarse a dialogar, demanda a líderes del sindicato.
MILENIO
Algunos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron a las afueras del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y atacaron el vehículo en el que se transportaba el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, quien acudió al lugar para encabezar la entrega del premio Nacional del Trabajo.
Los miembros del SME causaron daños a la camioneta del funcionario, quien se encontraba en su interior, mientras que impidieron la entrada de invitados y reporteros al lugar.
Según datos de la dependencia, alrededor de 100 seguidores de Martín Esparza, dirigente del SME, lanzaron piedras y objetos de metal, provocando afectaciones en los automóviles donde se transportaban Lozano y su personal de seguridad, además rodearon las unidad del funcionario para golpearla con las manos.
Previo a los hechos, Lozano dijo que el próximo jueves se reunirá con miembros de la corriente del SME que encabeza Esparza, en la Secretaría de Gobernación, para continuar con las pláticas sobre la forma en que se puede solucionar el conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Insistió en que la reinserción laboral de ex trabajadores de la paraestatal no implica la contratación colectiva ni el reconocimiento de la figura del patrón sustituto, “sino que son nuevos mecanismos de ver cómo pueden volver a tener un empleo en el sector”.
SME
Acusa el SME ‘golpe’ de IMSS
Afirman disidentes: huelga fue farsa. Descalifica Amezcua exámenes clínicos hechos en el Seguro a los ayunantes
Leslie Gómez
REFORMA
(4 agosto 2010).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de orquestar un golpe contra su movimiento, tras revelar los exámenes clínicos que realizaron a los huelguistas de hambre.
“Es la intención de bloquear la solución al conflicto. La huelga fue verdadera y los compañeros ahorita están analizando cómo y cuándo denunciarán al IMSS por el trato que recibieron”, indicó Fernando Amezcua, secretario del Exterior.
El dirigente de los ex electricistas sostuvo que el IMSS no puede desmentir, con exámenes realizados en un solo día, un ayuno que duró tres meses.
“Estuvieron unos días los compañeros (hospitalizados), pero la mayoría se salió en forma inmediata porque no fueron atendidos como debería de ser. Entonces, ¿qué exámenes les pudieron haber practicado para desmentir la huelga?”, indicó.
Ayer, REFORMA publicó que los exámenes clínicos realizados por el IMSS indican que ninguno de los huelguistas presentó síntomas mínimos de haber ayunado.
Amezcua dijo que la actitud del Seguro Social obedece a que el dirigente sindical (Valdemar Gutiérrez) de los trabajadores del IMSS es panista.
“Esa es la razón por la cual el sindicato no aceptaba que los atendiera el Seguro Social. El director es panista. El secretario general del sindicato del Seguro Social es panista y sirve a intereses diferentes a los de su organización. Nos llevamos este chasco. La intención del Gobierno es que no se lleve adelante la mesa de negociación y ahí está la muestra”, argumentó el dirigente del SME.
Quieren liquidados de LFC otro arreglo
Alma Hernández
REFORMA
(4 agosto 2010).- Un nuevo grupo de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, llamados Coalición Temporal del Sindicato Mexicano Electricistas (SME) busca negociar con el Gobierno federal nuevos beneficios, a pesar de que éstos ya recibieron su liquidación.
La finalidad es recuperar el patrimonio sindical al que ya habían renunciado, plazas y nuevas condiciones contractuales.
Este grupo está encabezado por el ex líder sindical, Jorge Sánchez, acompañado Antonio Durán, quienes están al frente de las negociaciones con el Ejecutivo.
Durante la Asamblea de este martes realizada en el Centro de Convenciones Tlatelolco, a la que REFORMA tuvo acceso, Víctor San Juan, uno de los representantes del grupo, informó que negocian con el Jurídico de la Presidencia la posibilidad de recontratar a más de 15 mil trabajadores, para lo que tendrán que presentar un proyecto con las especializaciones de los agremiados.
También negocian un nuevo esquema contractual en el que por cada peso directo al salario, las prestaciones no rebasarán 1.5 por ciento, contrario a 3.5 por ciento que tenía el contrato colectivo del SME.
Este nuevo grupo conformado por 10 mil 500 trabajadores no tiene integrantes del grupo de Alejandro Muñoz ni de Martin Esparza; se trata de ex trabajadores ya liquidados y jubilados, muchos de los cuales están inconformes con la liquidación que les fue otorgada.
SINDICATO MINERO
Alianza Napo-Esparza, un chantaje: disidentes
Líderes mineros llaman a no dar la toma de nota a Gómez Urrutia
Lamentan que se quiera sacar provecho del SME para presionar a las autoridades.
MILENIO
La Alianza Minera Nacional (AMN), grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, aseguró que la legislación laboral estaría sujeta a la presión política y al chantaje en caso de que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, otorgue tomas de nota “en paquete” al líder del gremio minero, Napoleón Gómez Urrutia, y al dirigente del SME, Martín Esparza.
En boletín de prensa, la agrupación aseguró que Esparza y Gómez Urrutia pretenden establecer una “alianza” para someter al funcionario para que acceda a sus exigencias, aunque éstas sean ilegales.
Héctor Jiménez Coronado, coordinador general de la AMN, hizo un llamado al secretario general del SME para que no se confabule con Gómez Urrutia, y recordó que éste tiene en su contra diversos procesos penales, lo que le impide regresar al país.
Además, afirmó que la situación política y legal en que se encuentran el SME y el Sindicato Minero son distintas, ya que mientras en el primero los trabajadores luchan porque se mantenga su fuente de trabajo, en el segundo Gómez Urrutia trata de imponerse como dirigente de manera ilegal y sin contar con el respaldo de las bases trabajadoras.
“De manera oportunista, Gómez Urrutia pretende aprovechar la lucha de los electricistas para obtener un provecho personal y que la Secretaría del Trabajo lo reconozca a la fuerza como secretario general del Sindicato Minero, a pesar de que violó los estatutos del sindicato, durante la convención en la cual se reeligió”, acusó.
Jiménez Coronado descartó que en los foros que ha organizado Gómez Urrutia en diversas entidades del país representen los intereses o puntos de vista de la totalidad de los trabajadores mineros.
FOVISSSTE
Descubre SFP fraude por $570 millones en Fovissste
En 10 meses de 2008 se entregaron 4 mil 500 créditos irregulares, denuncia
Una red de coyotaje abultaba los sueldos para incrementar los préstamos, explica. Los casos indebidos representan 0.3% de operaciones del fondo de vivienda: ISSSTE.
MILENIO
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un fraude por 570 millones de pesos en el otorgamiento de 4 mil 500 créditos en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, indicó que de acuerdo con una investigación realizada entre enero y octubre de 2008, hasta el momento existen mil 180 créditos irregulares, “pero creemos que desde 2005 se vienen desarrollando estas prácticas, lo que significaría que hay más de 4 mil 500 fraudes”.
Indicó que ya se han presentado 4 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra 117 involucrados: 26 empleados de 9 Sofoles, 8 empleados del Fovissste y otros 83 servidores públicos. Todos ellos pueden ser acreedores a una pena de prisión de hasta 12 años
Al respecto, en un comunicado el ISSSTE explicó que desde 2007 identificó 650 mil problemas ligados a prácticas de corrupción, como la denunciada por la SFP, por lo que modificó su esquema de contratación por uno automatizado, evaluable y auditable, que garantiza la invulnerabilidad de los crédtios.
Durante los tres años y medio recientes, el Fovissste “ha sufrido una significativa transformación que le ha llevado a otorgar en forma sana alrededor de 300 mil créditos (más que los otorgados durante sus primeros 25 años de vida) por valor de 122 mil millones de pesos, de los que las operaciones irregulares reportadas apenas significan 0.37 por ciento en número de créditos y 0.48 por ciento en valor”.
OPINION
Tintero económico | Alejandro Villagómez
Pensiones, SCJN y bienestar social
EL UNIVERSAL
Sin entrar a detalles técnico-jurídicos, la idea básica es que este órgano emitió una jurisprudencia en relación a una controversia sobre el pago de pensiones derivadas del programa del IMSS, existente hasta antes de la reforma de 1997 y en donde termina avalando un techo de 10 salarios mínimos para el pago de éstas en vez del techo de 25 salarios mínimos que se venía utilizando.
En consecuencia, y hasta donde entiendo, el IMSS está analizando esta resolución para determinar su respuesta.
Primero hay que precisar a quiénes afectaría esta disposición. Para simplificar podemos dividir a la población de afiliados en tres grupos. a) Los que ya reciben una pensión: de acuerdo a las declaraciones de la autoridad, considerando el principio de no retroactividad, tendríamos que este grupo NO será afectado y seguirá recibiendo su pensión como hasta ahora.
b) Los trabajadores que se empezaron a cotizar después del 1º de julio de 1997 en el nuevo esquema reformado. Ellos tampoco se verán afectados ya que el nuevo programa es de contribución definida con una cuenta individual capitalizable, por lo que su pensión dependerá del monto constitutivo acumulado en su cuenta. c) Los trabajadores que cotizaban al sistema antes de la reforma de 1997. Aquí es donde se centra el problema, aunque no para todos, lo cual explico a continuación.
Para aquellos trabajadores que ya cotizaban al momento de la reforma del ‘97, denominados trabajadores “en transición”, se les otorgó la posibilidad de que al momento del retiro pudieran optar por la mejor pensión entre la que se obtiene con el nuevo programa y la derivada de la ley anterior. Por razones obvias, la mayoría de los afiliados se han pensionado con la ley anterior ya que aún se requiere de varios años más para que los montos acumulados en las nuevas cuentas puedan generar pensiones “adecuadas”. Estas pensiones, en un esquema de beneficios definidos, se calculan en base al salario recibido durante los últimos cinco años de cotización antes de jubilarse. Pero hay que tener en cuenta que el trabajador promedio afiliado tiene un salario base de cotización de aproximadamente 3.5 salarios mínimos.
Puesto de otra forma. Si graficamos a los más de 14 millones de trabajadores afiliados y activos en el sistema de acuerdo a su salario base de cotización, tendríamos una figura en forma de campana que crece aceleradamente antes de llegar a entre tres y cuatro salarios mínimos, cuando alcanza su máximo, y luego decrece relativamente rápido, de tal forma que el lado derecho de esta campana se acerca al piso generando una “cola” casi plana hasta llegar a los 25 salarios mínimos (es una campana recargada al lado izquierdo de la gráfica). Sólo aquellos trabajadores que cotizaron por arriba de los 10 salarios mínimos serían afectados con la disposición de la SCJN y que se estiman son poco más de medio millón. También parece existir un efecto indirecto sobre algunos patrones cuyas empresas mantienen programas “privados” que consisten en complementar la pensión del IMSS para alcanzar un monto mayor.
El techo de 10 salarios mínimos significa una erogación mayor para estos patrones si quieren respetar estos programas.
Pero independientemente de que el monto de trabajadores afectados es menor, creo que la pregunta es de otro carácter. No soy abogado y no puedo dar una opinión calificada sobre la decisión de la SCJN y puedo suponer que jurídicamente es correcta. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, también parece ser positivo porque significaría una menor erogación de recursos públicos. Pero desde mi perspectiva, creo que sería un error que el Instituto acepte la jurisprudencia de la SCJN desde un punto de vista de bienestar social.
No tengo que explicar mucho para recordar que en México, la pobreza es uno de los problemas más graves. Si bien esta disposición no afecta a esta enorme población, que ni siquiera tiene derecho a estos beneficios, también hay que recordar que nuestro país es uno de los que presenta una de las peores distribuciones del ingreso. Esto se refleja, en parte, en una amplia porción de población en posición vulnerable. Es por eso que la crisis reciente ha adicionado más de 5 millones a nuestra población en pobreza y que antes estaban ligeramente arriba del piso “oficial” en su definición de pobreza. Pero los niveles de ingreso de la mayoría de los “no pobres” tampoco son altos. Es sólo hasta el último decil en donde se dispara la distribución y aún en ese segmento es altamente desigual. El techo de 10 salarios mínimos provocará que esos 500 mil trabajadores afectados se ubiquen en un escalón menor en la distribución del ingreso cuando se jubilen. Provocará que estos trabajadores “ricos” de entre los “menos pobres” del país sean ahora no tan “ricos”!!!!
Esto no es correcto en términos de política social, si entendemos a ésta no sólo como la atención de los pobres, sino como el evitar también que se deteriore el nivel de bienestar de otros segmentos de la población no tan favorecidos, al menos desde mi punto de vista. Es cierto que existe un serio problema fiscal de largo plazo, pero la solución está en otra parte, y ya hemos escrito mucho sobre ese tema en otras ocasiones.
Rogelio Ramírez de la O
Recorte de pensiones, una señal más
EL UNIVERSAL
Pintados en la pared están los elementos de una incipiente crisis fiscal que nadie reconoce en el sector público, en donde se insiste que tenemos una economía sana y blindada y que somos uno de los pocos países que después de la crisis de 2009 tienen finanzas públicas sanas.
Pero no sería lógico que una economía casi sin crecimiento durante 30 años, al tiempo que su burocracia se multiplicó y las demandas sociales por servicios básicos crecieron, no llegara a un punto de rompimiento.
El hilo se revienta por lo más delgado: por un lado, la fuente principal de ingresos del gobierno, y por el otro, sus obligaciones ciudadanas. La primera, la renta petrolera, está cayendo porque la producción de crudo cae. El derecho de hidrocarburos cayó entre 2008 y 2009 en 417 mil millones de pesos, la mayor parte por menores precios. Pero desde 2004 la producción perdió alrdedor de 800 mil barriles, o el 23%.
La producción sólo puede ir hacia abajo con el agotamiento físico de campos viejos, sin que se hayan descubierto campos nuevos.
En cuanto a las obligaciones con los ciudadanos, en la práctica se han ido incumpliendo progresivamente. De ahí las decenas de miles de estudiantes rechazados cada año en universidades públicas y el deterioro en los servicios de salud y seguridad. El caso más reciente es la jurisprudencia de la Suprema Corte que reduce las pensiones de trabajadores asegurados en el IMSS. Si bien sólo se reducen las de más de 10 salarios mínimos y no son la mayoría, golpea a un sector social con aspiraciones, pero con recursos cada vez más modestos, y es sólo el comienzo.
La pérdida de credibilidad sobre la independencia de la Corte de los deseos del Ejecutivo hace que esta jurisprudencia sea vista como parte de otros eventos que apuntan a la misma conclusión: el Estado no podrá cumplir con todos sus compromisos internos. Abundando, y en la misma semana de este evento, el IMSS mostró que debe haber un aumento de cuotas para trabajadores asegurados o de lo contrario habría una implosión en sus finanzas.
En otro evento, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados actualiza el dato de que en 2010 se dejan de pagar 545 mil millones de pesos de impuestos por exenciones y tratamientos especiales. Lo anterior, después del debate abierto que en 2009 sostuvieron el gobierno y los organismos empresariales sobre el esquema de consolidación fiscal, que aparentemente permitió a las grandes empresas dejar de pagar 300 mil millones de pesos a lo largo de varios años.
Todas estas advertencias han surgido, no en forma coordinada, sino una a una y relacionadas a problemas que el gobierno ha ido enfrentando, agudizados por la gran crisis de 2009. El costo macroeconómico de esta crisis fue tan alto que su secuela durará años.
Lo que sigue es una lucha entre sectores por defender su parte del ingreso nacional en un clima cada vez más desordenado y políticamente incierto. En algunos casos, los sectores percibirán que el Estado les arrebata ingreso que creían tener (como las pensiones) y en otros como una lucha de contrarios por un ingreso (la consolidación fiscal).
En un clima así, el Estado no logrará mucho, ni eliminando las exenciones fiscales. Primero, porque la economía no crece. Y segundo, porque la confianza mutua indispensable entre Estado y ciudadanos está rota. Hasta ahora sólo hemos visto la disputa entre grandes empresas por un pastel que no creció como les habían prometido los gobiernos del PAN. En la nueva etapa, la disputa incluirá a sectores más amplios que simplemente estarán defendiendo su parte ya muy reducida del pastel.
JAQUE MATE / IMSS enfermo
Sergio Sarmiento
REFORMA
Un paciente llega al departamento de oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien su condición es grave, se le da cita en tres meses. Los propios médicos saben que se le puede estar condenando a muerte, pero no tienen opción: hay una lista de espera de 720… A menos que tenga uno influencias: un pariente de un ex director general de la institución es admitido de inmediato y se le acondiciona un cuarto privado en el quinto piso.
Quienquiera que haya sido atendido en el Seguro Social sabe que éste cuenta con los mejores médicos, pero con instalaciones y personal presionados al límite. La escasez de recursos ha puesto al borde de la muerte a una institución que hasta hace poco era un orgullo para nuestro país.
Mucha gente se preocupa del problema de las pensiones de los derechohabientes del IMSS, que podrían toparse en 10 salarios mínimos, o 17 mil pesos mensuales, contra los actuales 25 salarios o 43 mil pesos. Pero como éste es un problema de la llamada generación de transición, de quienes entraron a trabajar antes del 97, el costo recae sobre el gobierno federal, que ha asumido la responsabilidad, y no sobre el IMSS.
Al Seguro Social lo están ahogando las pensiones de sus propios trabajadores y un déficit de su seguro de enfermedad y maternidad que se eleva a 3.9 billones de pesos o 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En 2008 el entonces director Juan Molinar Horcasitas logró una callada pero crucial negociación con el sindicato que paró la bola de nieve. Los nuevos trabajadores del IMSS entran ya con un sistema de cuentas individualizadas que permite acumular recursos para su futura pensión. Los 170 mil ya jubilados, sin embargo, representan un peso enorme para la institución. Y la lista crece cada día. En 2009 fueron 22 mil los nuevos jubilados. En el 2010 serán unos 18 mil. El pasivo, de 1.2 billones de pesos, equivale a casi 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
Algunos de los cinco seguros del sistema del IMSS están financieramente sanos. Los de invalidez y vida, riesgos de trabajo, y guarderías y prestaciones sociales acumulan un superávit de 1.3 billones de pesos u 11 por ciento del PIB. Sin embargo, esto es apenas una tercera parte del déficit del seguro de enfermedad y maternidad. Además, y con razón, se ha prohibido el subsidio cruzado de unos seguros a otros, práctica que habría terminado por hundir todos los recursos del IMSS en el pozo sin fondo del seguro médico.
El problema fundamental del seguro de enfermedad y maternidad es muy sencillo: nunca se han cobrado las cuotas suficientes para cubrir los gastos cuando éstos ocurren. Los políticos prefirieron cobrar poco, y extender los servicios a un número cada vez mayor de beneficiarios, pensando que podrían saquear por tiempo indefinido el fondo de pensiones. Una vez que se crearon las Afores para evitar la quiebra de las pensiones, sin embargo, dejó de haber dinero para subsidiar los gastos médicos. Peor aún, con el envejecimiento gradual de la población y la creciente prevalencia de las enfermedades degenerativas, más costosas que las infecciosas que antes mataban a los mexicanos, el sistema se ha quedado sin dinero.
No podemos cerrar los ojos a la realidad. El seguro de enfermedad y maternidad necesita una cirugía mayor. O se suben las cuotas del IMSS, lo cual podría provocar una verdadera rebelión en un país que paga ya tarifas elevadas para recibir un pésimo servicio, o se busca un sistema más sensato y sostenible en el largo plazo. Yo me inclino por esta última opción.
Fracaso del Seguro Popular y un nuevo paso en la reforma privatizadora
Asa Cristina Laurell
LA JORNADA
Recientemente apareció un artículo de Laskin en la revista Journal Health Politics, Policy and Law (35: 3, 2010) que argumenta que el Seguro Popular (SP) está fracasando debido a que las familias afiliadas y de los estados se niegan a pagar lo que les corresponde por ley, mientras la federación está cumpliendo con sus pagos. Señala además que en la realidad muchos afiliados no tienen acceso a los servicios prometidos por el SP.
Ambos problemas han sido señalados reiteradamente en México por la Auditoría Superior de la Federación, en las evaluaciones del programa y por varios articulistas, incluyéndome. Sin embargo, es falsa la afirmación de Laskin de que el gobierno federal cumple. En un cálculo hipotético suma los fondos transferidos a los estados por el SP y los fondos federales regulares de salud para los estados. Es una falacia porque los fondos regulares corresponden a toda la población sin seguridad social y a las actividades de salud pública realizadas por los estados.
El informe del SP de 2007, incluido en sus referencias, reporta que el presupuesto federal transferido a los estados fue de 18.9 mil millones de pesos, mientras Laskin lo estima en 51.1 mil millones, o en 32.2 mil millones de pesos más; monto mucho mayor que el que los estados eludieron, que según su cálculo sería de 1.157 a 9.22 mil millones de pesos. O sea el principal desfinanciamiento del SP es federal y no estatal.
Laskin hace además una crítica valiosa a la manera en que Julio Frenk logró la aprobación del SP en 2003 dependiendo casi exclusivamente del apoyo de Vicente Fox. Luego chantajeó a los gobernadores obligándolos a afiliar familias al SP para conseguir recursos frescos para salud. Señala que esto llevó a un manejo poco transparente y manipulador del programa. Es decir, Frenk generó un fuerte incentivo de afiliar el máximo de familias para completar los insuficientes recursos de salud, aunque no se tuvieran los recursos físicos y humanos para prestar los servicios.
Alega también que el SP falló por la resistencia de los sindicatos del IMSS y de la Secretaría de Salud (Ssa) a competir por la atención de los pacientes con el sector privado. Igualmente le parece una derrota institucional que el nuevo personal se haya negado a trabajar por contrato sin las prestaciones de ley. Reconoce que falta infraestructura médica y personal, pero invoca que en un sistema de aseguramiento no le toca al asegurador, en este caso el SP, garantizarlos.
La declaratoria de muerte prematura del SP con argumentos ideológicos neoliberales no llamaría la atención si no fuera por la defensa falaz de la Ssa federal y la última cascada de declaraciones de voceros de esa dependencia y del SP, así como de Peña Nieto. Sospechosamente todos coinciden en que urge una nueva reforma a los sistemas de salud y seguridad social que introduzca la competencia en la prestación de servicios y en la administración de los seguros médicos.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, lanzó la propuesta de un nuevo impuesto o un incremento del IVA en 1-2 por ciento, para pagar la atención médica de la población a cambio de eliminar las cuotas patronales y obreras de seguridad social (La Jornada 14/7). Luego Peña Nieto opinó (El Universal 26/7) que el sistema de salud está caduco y debe constituirse una seguridad social competitiva. Finalmente el director de afiliación y cobranza del SP (La Jornada, 1/8) recomendó tomar este esquema como ejemplo para separar la administración del financiamiento de la prestación de los servicios en todo el sistema de salud.
O sea, todos proponen desaparecer IMSS e ISSSTE para integrar un sistema único de financiamiento de la salud. Es muy importante subrayar que no se trataría de un sistema público y único, anhelado por muchos, sino de un nuevo mecanismo de hacerse de recursos monetarios para financiar o subsidiar los servicios de salud que serían prestados por proveedores públicos autónomos o privados. Esta propuesta no se aleja de las reformas “estructurales” en salud, sino es un paso adelante en el camino intentado por los gobiernos de derecha desde la reforma del IMSS en 1995.
Esta propuesta tiene muchas semejanzas con la tristemente célebre Ley 100 de Colombia que instauró un sistema público-privado, hoy en quiebra y en plena crisis, que se pretende resolver disminuyendo drásticamente los servicios médicos garantizados (La Jornada, 4/3). Añade además un elemento de la reforma chilena pinochetista al liberar a los patrones de toda responsabilidad de seguridad social. Estamos ante una ofensiva general contra la salud y la seguridad social, en la cual se inscribe también la disminución de las pensiones del IMSS, aprobada por la Suprema Corte.
México SA
Mexicana: mentiras públicas, acciones privadas
Oneroso circuito estatización-reprivatización
IMSS debe regresar $100 mil millones
Carlos Fernández-Vega
LA JORNADA
Manuel Borja Chico, director general de Mexicana de Aviación, aseguraba en su conferencia de prensa del pasado 2 de agosto que “antes de solicitar el concurso mercantil agotaremos otras posibilidades de negociación con nuestros acreedores”, pero tan honesto fue su compromiso que mientras eso afirmaba ante los medios de comunicación, los sigilosos abogados de la aerolínea presentaban tal solicitud ante un juzgado de distrito del Distrito Federal, y menos de 24 horas después hacían lo propio en una corte de Nueva York, con lo que el representante de Gastón Azcárraga Andrade y socios descaradamente mintió y, de paso, violó el acuerdo de los accionistas de tal consorcio (tomada en asamblea del 30 de julio), de que seguirían la referida ruta sólo después del 9 de agosto, y agotadas las posibilidades llegar a un acuerdo con la parte sindical.
Todo indica que en esta ocasión el chantaje lanzado en conferencia de prensa por Borja Chico, con instrucciones precisas de Azcárraga Andrade (la “inminente quiebra” de la aerolínea), no tuvo el efecto deseado, no pegó –cuando menos de inmediato– en el sensible corazón de los siempre dispuestos funcionarios “rescatistas” (con dineros de la nación, desde luego), y de plano las cabezas visibles del corporativo se vieron en la penosa necesidad de adelantar los tiempos marcados por los accionistas de Mexicana de Aviación para el concurso mercantil, toda vez que el supuesto “exhorto” a los trabajadores y a su sindicato no era precisamente para negociar, sino para que acataran la instrucción, que aceptaran calladamente el brutal recorte salarial que les tenían preparado.
Eso sí, la solicitud de concurso mercantil no incluye al corporativo en su conjunto, sino que se limita a una sola empresa, Mexicana de Aviación, y deja fuera de la “emergencia” a las muy productivas aerolíneas de bajo costo Clik y Link, de su propiedad, en espera de que el erario sea puesto a su servicio una vez más, posibilidad que no se ha cancelado. El error de Azcárraga Andrade y de su vocero Borja Chico fue anunciar públicamente lo que es costumbre negociar en lo oscurito para que los dineros de la nación fluyan generosamente a favor de causas privadas, mientras el gobierno federal inventa un pretexto para justificar el “rescate”, como se ha hecho en innumerables ocasiones y sectores reprivatizados en los casi 30 años de neoliberalismo a la mexicana.
Pero a fin de cuentas lo de Mexicana de Aviación no es nada nuevo, mucho menos la quiebra de una empresa perteneciente al oneroso circuito privatización-estatización-reprivatización-restatización (etcétera, etcétera). De hecho, ha sido la norma desde prácticamente su fundación 89 años atrás (primero extranjera, después de capital foráneo y nacional, más adelante sólo nacional, con participación minoritaria del gobierno, sólo de éste, “rescate”, “saneamiento”, reprivatización, de nueva cuenta en manos del gobierno, para regresarlo a manos privadas y de estas a las gubernamentales, y lo que se acumule). ¿Cuánto le ha costado a la nación este ignominioso cuan improductivo circuito, porque los perdedores nunca han sido los empresarios?
Mientras se hace el cálculo, va un poco de historia sobre la reciente reprivatización de Mexicana de Aviación, la misma que en 1994 logró reestatizar Gastón Azcárraga Tamayo, padre de Gastón Azcárraga Andrade, desde diciembre de 2005 accionista mayoritario de la aerolínea que hoy solicita el concurso mercantil. La más reciente privatización de la aerolínea favoreció ampliamente al presidente del Grupo Posadas –Azcárraga Andrade–, quien no sólo la obtuvo a precio de regalo, sino que minutos después de firmar el contrato de traspaso revendió a otros “hombres de negocio” una buena rebanada del pastel accionario de la aerolínea, cuyo “rescate” (Fobaproa de por medio) costó, cuesta, al erario miles de millones de pesos.
En los primeros nueve meses como propietario de Mexicana de Aviación, Azcárraga Andrade y socios habían despedido a mil 800 trabajadores –de confianza y sindicalizados–, vendido la llamada torre insignia de la aerolínea (en la calle de Xola, por alrededor de 80 millones de dólares) y recortado 25 por ciento el salario del personal que libró la reducción de plantilla, al tiempo que exigía al gobierno federal que le “regresara” una cantidad “por ajustes” en el precio de venta. El 20 de diciembre de 2005 se oficializó que Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, fue el ganador de la “puja” por la citada empresa: 94.5 por ciento de las acciones pasaron a ser propiedad del corporativo hotelero, mediante el supuesto pago de 165.5 millones de dólares.
Cintra (el ente concentrador de las aerolíneas “rescatadas”) y el IPAB (el “rescatador”, heredero del Fobaproa) reconocieron a Posadas como ganador, y ese 20 de diciembre firmaron el contrato de compra-venta de las acciones, cuyo precio en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó alrededor de 40 por ciento en unos cuantos días, obviamente previos a tal firma. Tras adquirir 94.5 por ciento de los títulos, el citado grupo –propietario, en singular– revendió parte de las acciones a siete inversionistas que no participaron en la licitación, cuyas empresas fueron constituidas pocos días antes del anuncio oficial del ganador y que hoy son los propietarios, en plural. Una de ellas, Administradora Profesional de Hoteles, constituida 12 días antes de conocerse, públicamente, el nombre del nuevo dueño de Mexicana de Aviación.
Minutos después de firmar el contrato de compra-venta, Azcárraga Andrade repartió el pastel de Mexicana de Aviación: Grupo Posadas, 29.6 por ciento de las acciones; Administradora Profesional de Hoteles, 20.08; Administradora Corporativa Empresarial, de Angel Losada Moreno (Grupo Gigante), 20.08; Gastón Azcárraga Andrade, 2.86; Juan Gallardo Thurlow (Grupo Embotelladoras Unidas), 10.44; Ixe Banco (del que es accionista Isaac Saba, del Grupo Xtra, único “contrincante” en la citada “puja”), 2.46 por ciento y “otros accionistas”, 9.49 por ciento. Y ahora van por el concurso mercantil.
¿Para qué “dialoga” Esparza?
El asalto a la razón
Carlos Marín
MILENIO
Martín Esparza no acudió ayer a la Procuraduría General de Justicia del DF para responder por el medio centenar de seguidores que a patadas y rocazos abolló la camioneta sin blindaje en que tuvo que ser puesto a salvo el secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, al término de una premiación.
Si se presentó en la Fiscalía de Asuntos Especiales fue para seguir capoteando la denuncia en su contra por falsificación de un poder notarial que le permitiría disponer de 21 millones de pesos de cuotas sindicales.
La agresión de ayer se dio mientras Gobernación mantiene una tercera mesa “de diálogo” que, si bien ya sirvió para terminar con el ayuno en el Zócalo, ha sido inútil frente a los bloqueos de calles y parece alentar la realización de más actos de vandalismo.
Tanto avión se le ha dado a Esparza que la tercera etapa de liquidación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza fue prácticamente desactivada.
Para el dirigente, no hay más camino que el del chantaje y las presiones intimidatorias.
SEGURIDAD PUBLICA
GOBIERNO
“Habrá violencia durante un buen rato”: Calderón
Expertos cuestionan la ausencia de una estrategia previa a la lucha contra el hampa
“En el ámbito de la información, la guerra está perdida”, señala Héctor Aguilar Camín.
MILENIO
Es previsible que la violencia permanezca un buen rato entre nosotros”, aseguró el presidente Felipe Calderón durante su participación en el foro Diálogo por la Seguridad, y añadió que en tres años de su gobierno ha llegado a la conclusión de que ninguna autoridad puede abatirla sola.
En una jornada en la que expertos cuestionaron la falta de un análisis previo de la estrategia anticrimen, la incapacidad de comunicar logros y el incremento de la violencia, el mandatario lanzó una advertencia: el tiempo se agota y “luego podemos arrepentirnos” de no haber combatido al hampa.
El Presidente habló también de la “falta de incentivos” de los gobernadores para involucrarse en esa labor y recordó que cuando se retiran las fuerzasfFederales de los estados “no hay nadie que las sustituya” y las ciudades vuelven a quedar “inermes”.
Calderón preguntó al consultor Eduardo Guerrero sobre qué país ha logrado el “milagro” de aplicar una estrategia anticrimen sin exacerbar la violencia. Sin embargo, el especialista respondió que capturar a un capo (Ignacio Nacho Coronel) era como tirar una bola en una mesa de billar, por lo que deben calcularse sus efectos. El mandatario sólo respondió que este juego se trata de meter todas las bolas en la buchaca.
Una interrogante que quedó en el aire sobre la muerte de Nacho Coronel fue la siguiente: ¿qué es más importante: controlar la oferta de metanfetaminas o no desatar una ola de violencia, que ahora pueda contaminar a Guadalajara?
En una sesión en la que cambió la pluma y el papel por una computadora para tomar apuntes y se animó a dialogar de manera directa con los demás panelistas, el titular del Ejecutivo escuchó a Miguel Molina, asesor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, señalar los riesgos de poner en marcha una estrategia cuando no hay capacidad para enfrentar todos los problemas al mismo tiempo.
El presidente Calderón tuvo precisó también que su administración enfrenta una “lucha” y no una “guerra” contra el crimen organizado, y aceptó similitudes con Colombia, país que pasó 25 años en la lucha contra los cárteles.
Admite Calderón debate sobre legalizar drogas; él, “en desacuerdo”
El titular del Ejecutivo admite que la comunicación “no ha sido lo fuerte” de su gobierno
Reprochan expertos la falta de información oficial y el elevado número de muertos en la lucha anticrimen
Claudia Herrera Beltrán
La Jornada, p. 7
Ante las severas críticas que recibió su estrategia contra la inseguridad, el presidente Felipe Calderón admitió ayer que hay deficiencias en la política de comunicación, ya que “no ha sido lo fuerte” de su gobierno, y abrió la puerta a un debate sobre la despenalización del uso de las drogas, sin expresar una opinión a favor o en contra, pero puso énfasis en los inconvenientes de esta alternativa.
Nueve horas después, la Presidencia de la República aclaró en un comunicado que “aun estando en contra de la legalización de las drogas, el presidente Calderón no se opone al debate en torno a ese tema”.
En la segunda sesión del llamado Diálogo por la Seguridad, participaron 23 expertos en seguridad pública y la mayoría reprochó al Ejecutivo la falta de información de parte del gobierno; asimismo, algunos demandaron que la lucha contra la delincuencia se haga sin causar un alto número de muertes.
Calderón, quien ha insistido en que esa lucha tendría costos en vidas humanas, les preguntó: “¿Qué países han hecho ese milagro?”, y él mismo respondió que nadie ha podido minimizar la violencia y maximizar la eficacia contra el crimen.
“Ni en el Chicago de los 40, ni en el Boston de los 70, ni en el Miami de los 80, ni en el Nuevo Orleáns de los 90, se puede”, aseveró el jefe del Ejecutivo en dos momentos en que interrumpió la intervención de Eduardo Guerrero, experto de Latia Consultores, para pedirle que explicara dónde se había logrado. En Rusia, Italia y Estados Unidos, le respondió el especialista.
Aunque un día antes dirigentes de México Unido contra la Delincuencia y de Causa en Común propusieron analizar la legalización de algunas drogas, como la mariguana, después de que California votará una iniciativa en ese sentido en noviembre próximo, fue ayer cuando el Presidente se pronunció sobre el tema.
Fue a raíz de que el escritor Héctor Aguilar Camín propuso debatirlo y planteó “por qué razón un ramo de yerba de mariguana, al final no más valiosa que un ramo de verdolagas, puede costar en California 300 dólares”, y señaló que se debe a que está prohibido su cultivo y hay un consenso punitivo. Criticó a Estados Unidos, porque quieren droga y mano de obra de México, pero las tienen prohibidas.
A diferencia de otras ocasiones en que el mandatario federal se ha manifestado en contra de la legalización, esta vez expuso: “Es un debate medular que pienso que, en primer lugar, debe darse habiendo una pluralidad democrática, y qué bueno que la tengamos. Deben analizarse siempre los convenientes y los inconvenientes a profundidad”.
Desde la perspectiva del michoacano, el principal inconveniente es dejar en riesgo a varias generaciones de jóvenes y adolescentes por el aumento enorme del consumo a causa de la disminución del precio y la idea de que su uso es aceptable, socialmente bueno y hasta medicinal.
EUA
EU se opone a legalizar drogas
Crecería su disponibilidad y alentaría su uso, argumentan
J. Jaime Hernández/ Corresponsal | El Universal
WASHINGTON.— Cuando el pasado mayo el presidente Barack Obama anunció su nueva estrategia antidrogas para romper con el “círculo vicioso de la dependencia y la delincuencia”, su discurso fue un reconocimiento implícito del fracaso de la guerra que durante 40 años ha librado Estados Unidos dentro y fuera de su territorio.
“No podemos seguir con la misma estrategia y esperar mejores resultados”, fue el mea culpa de un gobierno que quedó reflejado en el mensaje central de la nueva estrategia antinarcóticos que hoy apuesta por la prevención y la reinserción social.
Sin embargo, en su nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, la administración Obama dejó algo en muy en claro: “Esta administración se opone firmemente contra la legalización de la mariguana o cualquier otra droga ilícita porque hacerlo sólo aumentaría su disponibilidad, alentaría su uso y exacerbaría el problema de la dependencia y sus efectos negativos que conlleva”.
En medio de un intenso debate, los responsables en la lucha antinarcóticos en Estados Unidos se oponen frontalmente a la legalización de las drogas. Desde la Oficina de la Casa Blanca para la Fiscalización y la Lucha contra las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), el encargado principal, Gil Kerlikowske, no ha dudado en presentar la legalización de las drogas como una puerta falsa para solucionar el problema: “La legalización de las drogas ha sido presentada por algunos como una especie de cura para terminar con la violencia en México, para resolver los problemas presupuestarios y para solucionar problemas de salud.
“Pero legalizar las drogas o regularlas no es una panacea y el pueblo estadounidense debería ser escéptico frente a quienes proponen la legalización como la mejor forma para resolver todos estos problemas…”, aseguró Kerlikowske en octubre pasado, cuando la reformulación de la estrategia antinarcóticos se encontraba apenas en fase de estudio.
CAMARA DE SENADORES
Senado debatirá sobre mariguana
El legislador del PRI Rogelio Rueda, presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, dijo que lo menos que se puede hacer es “entrar a esta revisión” y debatirla con mucha seriedad
Ricardo Gómez y Elena Michel | El Universal
Senadores de los principales fuerzas políticas dieron la bienvenida al debate sobre la legalización de las drogas abierto por el presidente Felipe Calderón; sin embargo, advirtieron que una política de este talante debe ser consensuada con otros países de la región.
El legislador del PRI Rogelio Rueda, presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, dijo que lo menos que se puede hacer es “entrar a esta revisión” y debatirla con mucha seriedad. Recordó que la legalización de algunas drogas es una realidad en países como Estados Unidos, y no se puede pretender que existe un mundo aquí y otro distinto del otro lado de la frontera.
Pidió considerar que es un problema no sólo de México sino compartido, o sólo de Estados Unidos; el debate permitirá saber si el país está listo para la legalización de las drogas.
También hubo voces del PRI que rechazaron la propuesta. El diputado David Penchyna descartó que ésa sea la solución.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, dijo que cualquier debate es bueno, pero advirtió que no servirá de nada si no se pacta algo similar con otros países.
Dijo que es positivo que se discuta el tema en el marco del llamado que hizo el presidente Felipe Calderón y aseguró que su partido, el PAN, siempre ha estado dispuesto a debatir.
El que se vaya a llevar a cabo el debate no quiere decir que la droga se va a legalizar.
El senador René Arce, del PRD y quien ya presentó una iniciativa para legalizar las drogas —que se encuentra congelada—, dio la bienvenida al debate y coincidió en que debe acompañarse con un esfuerzo conjunto con otros países.
ESTADO DE MEXICO
La opción, cultura preventiva: Peña
Enrique Peña Nieto se pronunció en contra de la legalización de las drogas
Rebeca Jiménez/ Corresponsal | El Universal
HUIXQUILUCAN, Méx.— Es falaz pensar que la legalización de las drogas evitará el clima de violencia en el país, afirmó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Yo no estoy a favor (de la legalización de las drogas), creo que hay que trabajar en la prevención, hay que evitar que nuestros jóvenes lleguen a consumir drogas, hay que evitar todo este patrón de delincuencia que se ha venido generando, que no sólo se puede evitar con la persecución de la seguridad pública. Parece que hay que trabajar mucho más en la prevención”, dijo el mexiquense.
“Hay que evitar, hay que tener una cultura preventiva con la población para que conozcan de los riesgos, los daños de las lesiones que produce el consumo de drogas y se evite, hay que impulsar realmente una educación en las escuelas públicas y privadas en todo el sistema educativo, que nos permita realmente prevenir el consumo de drogas. Estoy muy lejos de pensar que el consumo de drogas sea solución para evitar lo que estamos viviendo el día de hoy en el país”, aseveró.
Sobre este tema, se buscó la opinión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; sin embargo, no realizó ningún pronunciamiento.
En 2008, Ebrard dejó claro que no apoyaría la iniciativa para legalizar la mariguana que presentaron entonces diputados locales del PRD.
Señaló que cuando se le pidiera su opinión al respecto sería en contra, ante la posibilidad de que aumente el consumo del enervante en el país.
EXPERTOS
Expertos aplauden apertura
Advierten que despenalizar los estupefacientes implica riesgos
Silvia Otero y María de la Luz González | El Universal
Especialistas en el tema de los estupefacientes y el narcotráfico coinciden en la necesidad de impulsar en el país un debate en torno a la legalización de algunas drogas.
Aunque los expertos coinciden en la oportunidad del debate, algunos de ellos comentan que podría representar una opción para terminar con la violencia generada por las organizaciones criminales del narcotráfico, mientras que otros se aseguran que esta medida poco podría ayudar y que, por el contario, podría convertirse en un problema social y de salud pública.
Samuel González, ex titular de Delincuencia Organizada de la PGR, coincidió con el presidente Felipe Calderón en que es el momento de debatir sobre el tema de despenalización de las drogas, cuando más de 16 estados de la Unión Americana están impulsando medidas para legalizar la mariguana para usos médicos.
El también ex asesor regional del programa global contra el crimen organizado de la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, destacó, sin embargo, que desde su punto de vista el tema central no es legalizar drogas, sino como ocurre en Estados Unidos, regular el mercado de algunas de ellas —como la mariguana— con fines específicos y para comunidades concretas como la médica.
Jorge Chabat, experto en temas internacionales y de narcotráfico, afirmó que la disposición del Presidente al debate es saludable y consistente con un Estado que busca ser democrático.
Sin embargo, consideró que una eventual legalización de las drogas plantea problemas estructurales para reflejarse en políticas públicas, el más importante de ellos es la relación de poder con la comunidad internacional y, concretamente, con Estados Unidos que, por su lado, enfrenta el debate sobre la legalización de la mariguana en California.
Chabat comentó que “es evidente que ningún país del mundo puede legalizar las drogas por sí solo, pero la discusión genera caminos que llevarán a políticas públicas, y definitivamente lo que pase en California tendrá impacto en México y otros países”.
Precisó que una decisión de esta naturaleza tendría efectos en la reducción de la violencia, al quitar a los grupos del crimen parte de las ganancias.
“Lo que se está poniendo en la balanza es un costo contra otro. ¿Qué es más costoso, mantener la prohibición, con los niveles actuales de violencia, o legalizar, con un probable incremento en el consumo en el corto plazo?, y todo parecería indicar que lo menos malo es legalizar”, afirmó.
CISEN
Reconoce el Cisen 28 mil ejecutados; PGR, 3,200 menos
El 16 de julio pasado el procurador Arturo Chávez reveló una cifra de 24 mil 800 víctimas
Guillermo Valdés, jefe de la inteligencia nacional, señaló que en la presente administración se han contabilizado 963 enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos narcotraficantes, es decir, uno al día.
MILENIO
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón se han contabilizado más de 28 mil asesinatos vinculados a bandas del crimen organizado, sostuvo el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés.
Apenas el 16 de julio pasado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, dio a conocer que la cifra de víctimas en la narcolucha ascendía a 24 mil 800.
Lo anterior significa que en poco más de dos semanas el gobierno federal contabilizó 3 mil 200 asesinatos vinculados con la violencia de los cárteles.
“Hay que aceptar el que la violencia sigue creciendo”, aseguró el director del Cisen ante el presidente Calderón, académicos, periodistas y expertos en seguridad reunidos en la segunda jornada del foro Diálogo por la Seguridad realizado en el Campo Marte.
Aceptó que la lucha entre el Estado y las organizaciones criminales generó una contrarreacción hacia la autoridad, lo que se demuestra con los 963 enfrentamientos entre fuerzas federales y bandas criminales, es decir, un promedio de uno al día.
Valdés aseguró, sin embargo, que hay cinco logros “incontrovertibles” en la estrategia contra el crimen organizado que emprende la administración federal desde diciembre de 2006.
De acuerdo con el director del órgano de inteligencia del Estado, las bandas criminales tienen ahora menos espacios de impunidad, además de que enfrentan división y debilitamiento interno.
En tanto, añadió el funcionario, el gobierno federal cuenta con mejores instrumentos para combatirlas. En tanto, comienzan a atenderse las causas sociales del problema y el nivel de cooperación de Estados Unidos no tiene precedentes.
El director del Cisen refirió que desde el sexenio anterior había una percepción generalizada de inseguridad (“no es monopolio de los años recientes”), así como una presencia nacional de grupos delictivos estructurados con amplia capacidad de corrupción y violencia, instituciones débiles y consumo de drogas creciente.
DURANGO
Señalan a Gobernador y la PGR hace mutis
Reitera ex candidato que el Mandatario de Durango protege a ‘El Chapo’
Érika Hernández y Rolando Herrera
REFORMA
(4 agosto 2010).- La Procuraduría General de la República (PGR) ha ignorado los señalamientos de que, en Durango, Joaquín “El Chapo” Guzmán goza de la protección de las autoridades locales, encabezadas por el Gobernador, Ismael Hernández Deras, para vivir y llevar a cabo sus actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos.
A pesar de los distintos indicios que han sido públicos, la PGR informó ayer que no se investiga al Mandatario ni a funcionarios locales.
El ex candidato de la alianza opositora en Durango, José Rosas Aispuro, indicó ayer en entrevista telefónica con REFORMA que existen hechos concretos y diversos señalamientos ciudadanos sobre la complicidad de Hernández Deras para que el narcotráfico tenga mayor presencia en el Estado.
“¿Quién gobierna Durango? La complicidad o la incapacidad, y las dos cosas son muy graves si ha sido incapaz de investigar un solo asunto.
“Si fuese un caso aislado, diríamos: ‘Pues, las circunstancias se dieron de esa manera’; pero son muchos hechos que se han dado en este Gobierno. Dejamos de ser el cuarto Estado más seguro para convertirnos en la nueva plaza del narco”, añadió.
Puso como ejemplo el caso del penal de Gómez Palacio, donde la directora, Margarita Rojas, permitía a los reos salir para realizar ejecuciones.
“Por ello, yo he señalado que el Gobernador vendió la plaza (la entidad) al narcotráfico porque es un hecho que la gente lo dice en todos lados (…) Son más que evidentes los lazos del Gobernador con el crimen organizado. La PGR debe actuar”, expresó.
PRD
El PRD, aún sin método para elegir candidato
En el Consejo Nacional se determinará el procedimiento, señala Ortega
Respalda acciones de Ebrard y AMLO para afianzar candidaturas a la Presidencia. Denuncia que el PRI busca arrebatar los triunfos en Tlaxcala y Quintana Roo.
MILENIO
El PRD determinará en su momento si el método de elección de su candidato a la Presidencia de la República será la encuesta o una consulta abierta a la ciudadanía, estableció Jesús Ortega.
“Vamos a elegir en el Consejo Nacional el procedimiento para elegir a nuestro candidato, no sabemos cuál es todavía, no sabemos si será encuesta o consulta, pero lo que sí sabemos es que hay un acuerdo entre PRD, PT y Convergencia de que el candidato será el mejor posicionado y encontraremos el método”.
Respaldó las acciones que realizan tanto Marcelo Ebrard como Andrés Manuel López Obrador para apuntalar sus precandidaturas, pero dejó en claro que el PRD no cometerá ninguna ilegalidad y esperará a que inicien los tiempos electorales para iniciar su precampaña.
Sostuvo que será el Consejo Nacional del PRD el que determine cuál será el mejor método para designar a su candidato presidencial y después, junto con el PT y Convergencia, en el contexto del Diálogo por la Reconstrucción de México medirán a todos los aspirantes para que el mejor posicionado sea quien encabece
la coalición de izquierda.
El jefe de gobierno se ha manifestado por una encuesta para medir al mejor posicionado, en tanto que López Obrador lo ha hecho por que sea el procedimiento más adecuado y convenido por todas las partes.
Ortega consideró que Ebrard y López Obrador, así como cualquier otro ciudadano, “están en su derecho de ser aspirante ya lo han manifestado Marcelo, Andrés, Carlos Navarrete y Alejandro Encinas, tienen su derecho a manifestar su interés, hasta ahí, porque hay que esperar los tiempos legales para hacer campañas”.
Igualmente defendió que Manuel Camacho tenga simpatía por la postulación del jefe de gobierno y forme parte del equipo político que construye su precandidatura.
CAMARA DE SENADORES
Ofrece el Senado sacar cambios estructurales
El sistema político no procesa los acuerdos a la profundidad que se requiere: Gustavo Madero
Legisladores de los tres partidos expresan ante inversionistas la disposición del Congreso a discutir y trabajar en las reformas que el país requiere en materia política, económica y de seguridad.
MILENIO
Ante inversionistas nacionales y extranjeros, los tres principales partidos representados en el Senado asumieron el reto lanzado por el presidente Felipe Calderón y organizaciones ciudadanas de trabajar en las reformas estructurales que el país necesita en materia política, económica y de seguridad.
Al participar en la conferencia anual del Mercado Accionario de México organizada por J. P. Morgan, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Enrique Madero, sostuvo que la reforma política es la madre de todas las reformas, porque es la que permitirá analizar todas y cada una de las asignaturas pendientes acumuladas.
Es la reforma de reformas, remarcó, porque hoy “el sistema político en México no está teniendo la capacidad de procesar los acuerdos a la velocidad y profundidad que se requiere, por ello necesitamos aplicarnos a fondo, para modernizarlo pues en la actualidad es disfuncional”.
Aceptó que México vive una “transición inacabada”, con problemas de crecimiento y adaptación, cuyos males son remotos, no de hace 10 años, y precisamente el problema se encuentra en el sistema político, de ahí que depende de los políticos solucionar y definir al México moderno.
Madero se congratuló del llamado presidencial a todas las fuerzas políticas del país y sectores de la sociedad para acordar una política de Estado contra la delincuencia organizada, reto que, dijo, “estoy seguro lo vamos a lograr”.
De esta política, resaltó, se podrá sacar adelante un nuevo modelo policiaco porque hoy existen más de 2 mil cuerpos de seguridad pública diseminados y 20 por ciento de los municipios no cuentan con policías.
MERCOSUR
Sudamérica, “ejemplo de cómo se puede vivir en paz”: Lula
Al participar en la 39 cumbre del Mercosur reitera su defensa a un diálogo con Irán
Ratifica el rechazo a la iniciativa de EU sobre el Alca “por carecer de políticas de desarrollo”
Cristina Fernández destaca el comportamiento del bloque frente a la crisis económica mundial
Stella Calloni
La Jornada, p. 21
Buenos Aires, 3 de agosto. “América del Sur y el Mercosur (Mercado Común del Sur) son un ejemplo de cómo el mundo puede vivir en paz, sin armas nucleares, sin guerra, de una manera mucho más armónica”, dijo este martes el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al llamar a sus colegas del bloque a “construir la paz” en la región.
Al participar en la 39 cumbre presidencial del Mercosur y países asociados, Lula reiteró su defensa a un diálogo con Irán y el rechazo a las sanciones contra la república islámica, durante un discurso en el cual reveló detalles de paz con Teherán y su decepción ante la conducta de los poderosos.
Al preguntarse si las potencias quieren la paz, dijo que los integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “son justamente los países que más armas venden en el mundo, los que tienen arsenales nucleares y los que tienen que conversar” con Irán, nación asediada por su programa nuclear.
Ratificó el rechazo regional a la iniciativa estadunidense para construir el Área de Libre Comercio para las Américas (Alca) que, subrayó, “no tiene la menor intención de que los países más pobres reciban ayuda para crecer”.
Ha sido “la mejor reunión”: presidente brasileño
Para Lula, la cumbre del Mercosur, que culminó hoy en la nororiental ciudad argentina de San Juan, es “la mejor reunión” desde hace mucho tiempo. Destacó el extraordinario crecimiento del organismo y su ejemplo de “cómo el mundo puede vivir en paz, sin armas nucleares y sin guerras”.
En la cumbre participaron los mandatarios de los otros países miembros del Mercosur: Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; José Mujica, de Uruguay, y Fernando Lugo, de Paraguay. Además de Evo Morales, de Bolivia, y Sebastián Piñera, de Chile, que asitieron en calidad de asociados, mientras Venezuela, que está en trámite para incorporarse como país miembro, estuvo representada por su canciller Nicolás Maduro.
Cumbre del Mercosur rechaza el bloqueo de EU a Cuba y repudia ley racista de Arizona
Los presidentes de América del Sur condenan el ataque israelí a la flotilla de la libertad
Aprueban los países miembros y asociados un código aduanero para el Mercado Común del Sur
Stella Calloni
La Jornada, p. 22
Buenos Aires, 3 de agosto. Con un rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y a la racista ley SB 1070 de Arizona, la condena al ataque israelí a la flotilla de la libertad y un llamado a democratizar la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó hoy la 39 cumbre presidencial del Mercado Común del Sur (Mercosur) y sus asociados, encuentro en el cual se aprobó un código aduanero.
En la reunión celebrada en la ciudad de San Juan, a más de mil kilómetros al noreste de esta capital, los gobernantes del mecanismo regional y sus asociados destacaron el compromiso con la profundización de la dimensión política y social de la integración, con los valores democráticos y el estado de derecho.
Además, ratificaron que América del Sur es una zona de paz y cooperación y que son condiciones esenciales “el apego a los principios de soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la resolución de las controversias exclusivamente por medios pacíficos” y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Participaron los jefes de Estado de los socios fundadores y miembros del Mercosur: Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil; Fernando Lugo, de Paraguay, y José Mujica, de Uruguay.
EUA IRAN
Washington sanciona 21 empresas iraníes; las acusa de ser “fachadas”
Rechaza Obama debatir “cara a cara” con Ahmadinejad
Con ellas la república islámica busca eludir sanciones de la ONU, dice
Reuters, Dpa, Afp y Xinhua
La Jornada, p. 23
Teherán, 3 de agosto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 21 empresas basadas en Europa y Japón a las que acusó de ser “fachadas” del gobierno de Irán, con lo cual, dijo, ese país buscan eludir las sanciones impuestas por su controvertido programa nuclear.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el 9 de junio pasado una resolución que reforzó las sanciones internacionales contra Teherán, ante la sospecha de que busca dotarse del arma atómica bajo la fachada de un programa nuclear civil.
La república islámica rechaza las acusaciones y asegura que su programa tiene fines pacíficos.
La imposición de nuevas acciones contra Irán fue rápidamente seguida por sanciones unilaterales severas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, descarrilando un acuerdo logrado por Brasil y Turquía con la nación asiática para el canje de uranio iraní por combustible nuclear enriquecido a 20 por ciento en territorio turco.
Tras las sanciones impuestas por Washington, las empresas y ciudadanos estadunidenses tienen ahora prohibido hacer negocios con el gobierno de Irán.
“Al aumentar su aislamiento de los sistemas financiero y comercial internacional, el gobierno de Irán proseguirá sus esfuerzos para eludir las sanciones”, afirmó el subsecretario del Tesoro, Stuart Levey, al precisar que las sanciones se ubican en los rubros de minería y sector bancario, así como compañías de seguros.
Explicó que la república islámica intenta “utilizar en el mundo entidades propiedad del gobierno, que no son fácilmente identificables como iraníes, para facilitar transacciones en apoyo a sus actividades ilícitas”.
ISRAEL-LIBANO
Chocan de nuevo Israel y Líbano
Deja enfrentamiento al menos cuatro muertos. Difieren versiones sobre el incidente; amenaza Hezbolá con respuesta a ataques
REFORMA
(4 agosto 2010).- ADAYSEH, Líbano.- Soldados de Israel y Líbano intercambiaron disparos ayer en un inusual enfrentamiento en la frontera que se saldó con la muerte de dos militares y un periodista libaneses, así como de un oficial israelí, en el episodio de violencia más grave desde la guerra de 2006.
El movimiento político chiita Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán y Siria y mantuvo un conflicto bélico con Israel hace cuatro años, no participó en el incidente, pero su líder, el clérigo radical Hassan Nasrallah, dijo que el grupo responderá ante futuros ataques israelíes contra Líbano.
En un mensaje de video, Nasrallah también acusó a Israel de asesinar al ex Primer Ministro libanés Rafik Hariri en 2005, crimen del que el grupo chiita es el principal sospechoso.
Tanto el Ejército libanés como el israelí entregaron diferentes versiones de los eventos que desencadenaron el enfrentamiento, mientras que la fuerza de paz de la ONU instalada en la zona señaló que aún debía investigar el incidente.
Las Fuerzas Armadas libanesas dijeron que una patrulla israelí había cruzado la división fronteriza entre ambos países, conocida como Línea Azul, pese a que las fuerzas de la ONU le ordenaron detenerse.
“Entonces, una columna libanesa los repelió utilizando lanzagranadas. Luego se dio un enfrentamiento, en el que las fuerzas enemigas utilizaron metralletas y fuego de tanques contra puestos del Ejército y casas de civiles”, indicó Líbano.
La Línea Azul, establecida tras la retirada israelí de territorio libanés en 2000 luego de 22 años de ocupación, no es aceptada oficialmente, pero, en la práctica, es respetada por ambos países.
EUA
La Casa Blanca busca el apoyo de los sindicatos para concretar varios TLC
Elizabeth Williamson y Melanie Trottman
REFORMA
(4 agosto 2010).- El gobierno de Estados Unidos ha prometido a los sindicatos laborales de su país que promoverá una serie de protecciones para trabajadores en los nuevos tratados comerciales en un intento por ganar su respaldo para un pacto de libre comercio revisado con Corea del Sur.
El presidente Barack Obama busca presentar una nueva versión del tratado comercial en la cumbre del Grupo de los 20 principales países industrializados y emergentes que se llevará a cabo en Seúl en noviembre y lo ha puesto en el centro de su esfuerzo para impulsar las exportaciones y el crecimiento del mercado laboral de EE.UU. Sin embargo, ha encontrado resistencia de sindicatos y otros grupos que creen que este y otros tratados de libre comercio no hacen lo suficiente para proteger los derechos de los trabajadores en los países socios o en los mercados abiertos internacionales.
Colombia y Panamá también firmaron tratados de libre comercio con EE.UU. que esperan la aprobación del Congreso estadounidense.
El asunto es particularmente sensible ahora que los demócratas tratan de conservar el respaldo de los sindicatos en la antesala de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.
En una medida relacionada, el Departamento de Trabajo y la oficina del Representante Comercial de EE.UU. señalaron el viernes que considerarían presentar una queja de derechos laborales contra Guatemala bajo los actuales tratados comerciales con ese país. Funcionarios del gobierno de EE.UU. dicen que el esfuerzo tiene como objeto reafirmar a los sindicatos que las negociaciones sobre el tratado de libre comercio con Corea del Sur reflejarán las inquietudes del sector laboral.
El representante de comercio de EE.UU., Ron Kirk, sostuvo durante una reunión de trabajadores metalúrgicos en el estado de Pensilvania que su oficina estaba expandiendo las exigencias laborales.
“Mientras que los negociadores de la oficina del Representante Comercial de EE.UU. buscan resoluciones a través del diálogo, nuestra Oficina de Asesoría Legal a menudo sienta las bases para actuar”.
OPINION
Centralidad política de AMLO
Luis Linares Zapata
LA JORNADA
El acto de masas del domingo 25 de julio en el Zócalo irrumpió en el panorama nacional como un fogonazo político de gran alcance. Sus emanaciones, aun a la distancia, todavía se huelen, giran, se depuran y evolucionan entre los habitantes del país. Sin duda, llegaron hasta las oficinas, los medios y el análisis de los centros de poder mundial, y éstos comenzaron a girar sus anteojos con nuevo cristal. No fue una concentración como otras tantas de similar factura. Fue la intensa calidad de los pronunciamientos la que multiplicó los ecos de esa reunión de alebrestados ciudadanos. La cadena de repercusiones siguió de inmediato y trastocó la, hasta ese día, tendencia al bipartidismo conducido desde arriba. La opción que dejó asentada en muchas de las mentes, deseosas de emprender una aventura de cambio con talla histórica, sacudió, hasta los cimientos, el entramado vigente de la derecha. Fue, ciertamente, la presentación, con todo el rigor de un acontecimiento significativo para el futuro nacional, de un movimiento que aspira a la transformación de este México injusto y apaleado.
La clase política de elite, acostumbrada a lidiar con ella misma, con sus asociados, apoyadores laterales y para sus propios intereses, resintió el golpe. Fue seco, directo al corto alcance de sus ambiciones de sobrevivencia en las alturas decisorias. Descobijó la irrealidad de sus trajines y acuerdos cupulares carentes de dignidad o trascendencia. Todavía rumiando los pocos alcances y significados de las pasadas elecciones, despertó, de pronto y sin defensas, a tareas y significados que la rebasan. Sus oficiantes de primer nivel se entumieron al sentir el ventarrón del cambio que les estropea sus planes de continuidad sin sobresaltos.
Ni siquiera los recientes golpes al crimen organizado pudieron paliar la indefensión del oficialismo, de sus burocracias partidarias y de sus aturdidos estrategas ante la andanada que todavía reverbera en el Zócalo capitalino. Las voces que allí se elevaron vienen de abajo, de lejos, con alegría y hasta desparpajo para dar cuenta de su inevitable presencia. Muchos de ellos, hombres y mujeres de variada condición, se han acunado en parajes que poco cuentan para los mandones y sus servidores. Vinieron, con harto gozo, coraje y preocupación, a develar su nueva condición de ciudadanos combativos. Saben, ahora, que cuentan porque forman el movimiento reivindicador como no hay otro en la República. El espíritu de cuerpo se hizo densidad política y las propuestas apuntaron hacia un destino al alcance de un tirón adicional de concertación, trabajo organizativo y voluntad para salir adelante.
La canalla reaccionó de inmediato al sentir de sus titiriteros. Pero su incapacidad de auscultar, de examinar, de interpretar el presente, menos aún de apuntar hacia el mañana, les ganó la partida. Empezaron por negar cuantos efectos hubiera podido concitar la reunión masiva. Recayeron, una vez más, en los cálculos de siempre, ¿Cuánto costó el acarreo? ¿Quién lo financió? Y han reditado suposiciones de subordinación abyecta, de tontería colectiva de los militantes que actúan sin criterio propio. La obcecación de su líder, AMLO, volvió a la palestra y la crítica convenenciera incidió, de nueva cuenta, en sus ninguneos acostumbrados. Lo daban por marginal y derrotado, rumiando rencores, sin haber sanado de los propios, enormes errores cometidos a partir de 2006. Ese ritornelo, esa manera cerrada, oblicua, tramposa de análisis, es causal sustantiva del estupor que desató el anuncio de su aspiración presidencial.
El pronunciamiento de López Obrador fue pausado, se acompasó con cientos de miles de voces que acudieron al llamado, con clara conciencia del destino que aguarda para después. AMLO, ahora convertido en prospecto que aspira a la Presidencia en 2012, fue medular en los intentos de la media adversa por desviar la atención de la gente, por oscurecer la realidad, esa que se palpa sin siquiera concitarla. En sus desaforados alegatos de catalogar sus andanzas, dichos y posturas como rampantes mentiras y traiciones cotidianas, ofenden hasta al más sencillo de los que, con su humanidad a cuestas, se plantaron ante la actualidad para reclamar su personal sitio. Y sin duda afectarán, para mal de sus propósitos, la sensibilidad de esos otros muchos seres de bien que desean un mejor futuro para sus hijos. Millones de mexicanos que ya no encuentran cabida en este panorama sombrío, decadente, retrógrado, disolvente de la energía social, en que los han sumido una caterva de ambiciosos sin límites, ayunos de visiones inspiradoras o compasión.
Ahora ahí lo tienen, para que aprendan a respetar a los que se preocupan, de verdad, de los anhelos populares, de esos incontables mexicanos que han sido sacados de las estadísticas del triunfo por no alcanzar el éxito y la buena vida. Y ahí andará de aquí hasta la cita de 2012. No descansará en su peregrinar ni cambiará el núcleo de su discurso, siempre atento a los sentires de la gente. Con otros muchos, López Obrador irá y vendrá por la República con una fe inquebrantable en la bondad de la gente, en su toma de conciencia para buscar lo básico: una vida digna, sencilla, satisfactoria y productiva. Por eso había urgencia de introducir algunas modalidades discursivas no oídas con anterioridad, menos aún pronunciadas por políticos de arcaica cepa. Esa parte del sustrato anímico del pueblo que solicita, pide, con la urgencia debida, hablar y que le hablen del amor al prójimo y otros valores de raigambre familiar, inexplicablemente abandonados por la izquierda.
Es por narrativas como la descrita arriba que hubo saltos y berrinches, inesperados unos, retorcidos otros, pero siempre apuntando, con dolo, a la línea de flotación del perfil de López Obrador: su desprecio institucional, la no sujeción a las reglas escritas o acordadas en el rejuego sucesorio. Desempolvaron la estúpida sentencia que afirma, de manera torpe, que las plazas llenas no ganan elecciones. El susto fue mayor: se les plantó enfrente como sólido opositor. Había urgencia de meterlo al carril de las seguridades conocidas para sus anhelos de continuidad. Para detener su movimiento desataron una tormenta de gritos, a cuan más destemplados. La agenda del poder establecido entró en una esfera de riesgo. Ahora quieren calmar a sus grupos, ya desde antes desbocados. A éstos hay que decirles que no habrá división de la izquierda. Esos que ahora usurpan la dirigencia de tal contingente ideológico no han inspirado ruta alguna para aliviar el penar popular. Las alianzas que procrearon de muy poco, o nada, sirvieron para cimentar un asalto al afán transformador. El PRI o el PAN, la derecha partidista, no serán derrotados por alianzas y con candidatos sacados de alguna chistera partidaria. El triunfo en 2012 vendrá de abajo, de esa rebelión en curso que se va acomodando, donde AMLO tiene lugar privilegiado por la confianza que en sus intenciones, capacidades y entrega le reconocen.
Sergio Aguayo Quezada / Chatarrerías
REFORMA
(4 agosto 2010).- En cualquier momento las secretarías de Educación Pública (SEP) y Salud (SS) fijarán su posición sobre el tipo de alimentos que comerá la niñez el próximo año lectivo. La palabra final vendrá de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). ¿Privará el interés general o triunfarán las empresas que venden comida chatarra?
En el 2006 salió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) prendió la luz de alarma: el país enfrenta una epidemia nacional de sobrepeso y obesidad porque 70% de la población adulta lo padece. La inquietud se extiende y se forja el consenso entre sociedades médicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación nacionales y extranjeros. Sale más y más información científicamente validada y así sabemos que las enfermedades desencadenadas por la epidemia tienen costos directos e indirectos de 80 mil millones de pesos por año. La Academia Nacional de Medicina de México sintetiza el estado de ánimo al asegurar que “el costo de no hacer nada es sumamente elevado”.
Se coincide en que la mejor estrategia es prevenir, y ese razonamiento pone la atención en las escuelas mexicanas donde se prepara para la obesidad a nuestros chiquillos y chiquillas: 26% de los niños tiene sobrepeso. Los secretarios de Educación Pública y Salud, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova, reaccionan positivamente y sacan los “Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar”. El documento, difundido el 26 de mayo pasado, recibe un amplio respaldo.
Como el gobierno federal tiene sobrepeso, la norma burocrática dicta que los “Lineamientos” sean enviados a la Cofemer, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, que hace una consulta pública que hasta hoy ha recibido 860 comentarios; 687 de la sociedad, 163 de la industria y 10 de agencias de gobierno. El 22 de julio emite un dictamen preliminar que refleja con fidelidad los puntos de vista de las empresas interesadas en el asunto: Coca-Cola, PepsiCo, Sabritas, Grupo Jumex, Grupo Bimbo, etcétera.
La parcialidad es comprensible porque entre los invitados permanentes de la Cofemer está la cúpula empresarial en pleno. En esa institución no hay nadie representando los intereses de los consumidores, de la sociedad y ni siquiera tienen al académico que generalmente ponen de florero en ese tipo de organismos públicos. El doctor Salvador Villalpando del INSP ilustra la parcialidad al señalar que la Cofemer “no les pide a las industrias probar lo que dicen, como sí lo hace” con quienes critican la comida chatarra.
Se desencadena un debate en el cual las empresas argumentan que eliminar la venta de esos productos impactará en toda la cadena productiva y se perderán empleos; que afecta la certidumbre tan indispensable para los inversionistas; que se arriesga la salud de los niños porque no hay higiene ni agua limpia en muchas escuelas mientras que las papitas y pastelitos sí están bien empacados; y que se alienta la informalidad porque se multiplicarán los puestos con jícamas, mangos y piñas espolvoreadas con chile piquín. Para ellos los “Lineamientos” de la SEP y la SS son “incongruentes, inexactos e improcedentes”.
Entre las frases acuñadas por la industria de alimentos chatarra estarían que “los seres humanos nacen con una preferencia innata por lo dulce” y que los “refrescos son saludables, legales, inocuos y compatibles con una dieta saludable”. Proponen reducir el tamaño de las porciones y prolongar el tiempo de aplicación de la norma; les falta decir (no lo hicieron) que los obesos pueden comprar esos productos mágicos para adelgazar que anuncia la televisión. En otras palabras rechazan la regulación por un motivo que explica, en entrevista telefónica, el doctor Simón Barquera del INSP: las ventas en las escuelas representan unos 40 mil millones de pesos al año.
El debate replica lo escuchado en otros países. Como la evidencia científica es tan sólida, en las democracias donde el gobierno sí funciona ya prohíben ese tipo de alimentos en las escuelas. Nosotros estamos a la espera del veredicto de los doctores de la SEP y la SS, que será corregido o ratificado por el maestro Alfonso Carballo Pérez, el titular de la Cofemer.
El gobierno federal ya entregó la educación a Elba Esther Gordillo y su grupo, y la alimentación de los niños ya está en manos de las empresas que producen alimentos chatarra. En la decisión que viene, ¿pensarán en la salud pública y la epidemia de sobrepeso?, o, por el contrario, ¿aceptarán tácitamente que son un gobierno chatarra?
COFETEL
Luz verde a controversia por designación de De Swaan
Víctor Ballinas y Miriam Posada
La Jornada, p. 27
La tercera comisión de la Permanente aprobó ayer el punto de acuerdo propuesto por PRI, PRD, PVEM y PT para presentar una controversia constitucional en contra de los actos del Ejecutivo federal por los que aceptó la renuncia de Héctor Osuna como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la designación de Mony de Swaan como comisionado, sin que éste “tenga la experiencia ni los conocimientos para ocupar el cargo”.
En la reunión de trabajo, la tercera comisión señala que tal nombramiento contraviene lo estipulado en los artículos 9C y 9D de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Este punto será discutido y votado en la sesión de este miércoles.
También, con el voto en contra del PAN que argumentó “no tenemos facultades para citar a los integrantes de un órgano descentralizado” PRI, PRD, PT y PVEM aprobaron el dictamen para citar a comparecer a los cinco comisionados de la Cofetel para que expliquen “la interpretación que hicieron de la ley para elegir a Mony de Swaan como presidente de dicho órgano”.
El senador panista y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, dijo: “es un despropósito, la controversia constitucional no es procedente más que por actos del propio Legislativo que se contraponen al Ejecutivo. No hay facultades”.
CAMARA DE DIPUTADOS
Quieren reducir brecha digital
(Adrián Arias)
EL FINANCIERO
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión firmó un punto de acuerdo en el cual solicita al Ejecutivo federal que establezca una instancia encargada de diseñar y ejecutar un programa de desarrollo de políticas enfocadas a reducir la brecha digital que hay en el país.
El documento señala que el presidente Felipe Calderón debe entregar un informe en donde explique los motivos por los cuales no existe una política efectiva que garantice el uso de las Tecnologías de Información a todos los ciudadanos.
También deberá detallar las razones por las que México bajó 11 posiciones en el estudio “Network Readiness Index 2009-2010″, elaborado por el Foro Económico Mundial, en materia de gobierno electrónico, en donde actualmente el país ocupa el sitio 78 de entre 133 países.