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NOAM CHOMSKY

De la Redacción

La Jornada, p. 13

La raíz del “problema de las drogas” está en Estados Unidos, no en México, y las estrategias de ambos países no pueden resolver el problema, afirmó Noam Chomsky.

En entrevista con la revista cibernética estadunidense Guernica, afirmó: “El problema de las drogas está en Estados Unidos, no en México. Es un problema de demanda y tiene que ser abordado aquí, pero no se hace así. Se ha demostrado una y otra vez que la prevención y el tratamiento son mucho más efectivos en costos que la acción policiaca, operaciones fuera del país, control fronterizo y más. Pero el dinero va en otra dirección y nunca tiene impacto. Cuando los líderes aplican durante décadas políticas que no tienen consecuencias para el objetivo declarado y son muy costosas, uno debe preguntarse si están diciendo la verdad y si esas políticas son para otro objetivo, porque no reducen el uso de drogas”.

Chomsky se preguntó por qué se aplican estas políticas inefectivas y costosas a pesar de que se sabe que hay otras más eficaces y baratas. “Sólo hay dos respuestas posibles: o todos los líderes están colectivamente locos, lo cual podemos descartar, o simplemente persiguen otros objetivos. En el extranjero es una campaña de contrainsurgencia; en casa, una forma de deshacerse de una población superflua –hay una correlación muy cercana de raza y clase–, no perfecta, pero casi: de hecho, los hombres negros están siendo hechos a un lado. En Colombia lo llamarían limpieza social. Aquí simplemente los ponen en las cárceles.”

Afirmó que el incremento masivo de encarcelamientos, sobre todo de afroestadunidenses, y también de latinos, se debe a la llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos, pero tiene raíces en una larga historia de control y esclavización, tanto formal como mediante el sistema penal contra la población negra.

Subrayó que las consecuencias de estas políticas “son significativas para los centros del poder: emprender operaciones contrainsurgentes en Colombia y otras partes, y una limpieza social aquí, en la forma tradicional estadunidense. Todo esto está al descubierto”.

Los líderes saben cómo proceder

Chomsky consideró que otra parte del problema es el armamento. “¿Dónde consiguen sus armas los cárteles de la droga? Son otorgadas por Estados Unidos. Si corta el flujo de armas no acabaría con la violencia, pero tendría gran efecto. Si los cárteles en México desean rifles de asalto, los obtienen en Arizona.”

Interrogado sobre las opciones que tiene el gobierno de México para enfrentar la violencia y si sería justificable suspender garantías hasta restablecer el orden en zonas como Ciudad Juárez, Chomsky respondió: “Uno primero debe preguntar qué es lo que el gobierno de México intenta hacer, y eso es un poco opaco. Parece que en cierto grado apoya a uno de los cárteles contra los otros. Si eso es lo que intenta hacer, no hay ninguna justificación.

EUA

Georgina Saldierna

La Jornada, p. 17

La ayuda que ha proporcionado Estados Unidos a México se ha entregado de acuerdo con el deseo de las autoridades mexicanas, señaló ayer el subsecretario de Estado, William Burns, de visita en el Distrito Federal.

El segundo en la jerarquía del Departamento de Estado estadunidense, detrás de Hillary Clinton, resaltó que su gobierno es respetuoso de la soberanía de México y que el personal estadunidense que se encuentra en el país no realiza operaciones ni se entromete en actividades del orden público.

Las declaraciones del funcionario tienen lugar en medio del escándalo que generaron las revelaciones del New York Times en torno a que integrantes de las agencias Central de Inteligencia (CIA) y antidrogas (DEA), así como militares retirados y civiles del Pentágono, trabajan en territorio nacional, recaudando información y planeando operaciones contra el narco.

También se registran en la víspera de la comparecencia de los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Gobernación, Francisco Blake, así como el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, ante comisiones del Congreso para explicar los pormenores de los acuerdos que permiten el trabajo de ese personal extranjero en el país.

En una reunión con periodistas en la embajada estadunidense, William Burns resaltó que Washington ayuda al gobierno calderonista con equipo, información de inteligencia y capacitación para construir las habilidades de las agencias del orden. Pero lo que no hace es realizar operaciones ni entrometerse en actividades del orden público. Ésa es tarea de las autoridades mexicanas, insistió.

SEGOB

Alonso Urrutia

La Jornada, p. 12

La Secretaría de Gobernación convocó a representantes de organizaciones civiles para analizar la situación en materia de seguridad. La dependencia, en voz del titular, Francisco Blake, y del subsecretario Rubén Fernández pugnó porque se apruebe la ley de seguridad nacional que, dijo, tiene ya 30 meses en el Congreso, con el argumento de que acota el papel de la autoridad en casos de emergencia.

Blake subrayó la importancia de alcanzar acuerdos, aun cuando existan diferencias que en democracia pueden ser procesadas. Señaló que es necesario acelerar el paso en materia de seguridad para atender la incidencia delictiva que lacera a los ciudadanos, y mencionó que junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores se propuso reducir los índices delictivos.

Rubén Fernández explicó que “no es una ley de justicia militar, ni un código penal o de procedimientos penales”. Subrayó que las reformas tienen como propósito “poner límites a la autoridad”, pues se pretende que el procedimiento para adoptar decisiones en materia de seguridad nacional sea racional, no discrecional.

Indicó que el gobierno quiere un marco jurídico que regule perfectamente la visión que se tiene sobre el tema: “Las fuerzas armadas deberán estar combatiendo el crimen no por sí mismo, sino sólo en la medida en que la autroridad normal, las policías, puedan recuperar su capacidad de atención. Esté o no debilitado el crimen organizado, cuando la política normal recupere su capacidad, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles porque es un asunto que le toca a la autoridad civil remediar”.

MILENIO

La Secretaría de Gobernación alcanzó un acuerdo con la Cámara de Diputados para debatir en bloque la Ley de Seguridad Nacional.

Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la dependencia, explicó que con este acuerdo todos los involucrados (gobierno federal, legisladores de ambas cámaras y organizaciones de la sociedad civil) pondrán “sus cartas sobre la mesa” para destrabar la ley que ha estado dos años y medio en discusión.

Durante su participación en un encuentro con organizaciones civiles, empresarios y funcionarios de PGR y SSP, la cual estuvo encabezada por el titular de Gobernación, Francisco Blake, Fernández apuntó:

“Conseguimos, empujamos, negociamos con los legisladores un acuerdo político en la Cámara de Diputados, por virtud del cual la Cámara ya no estaría resolviendo este tema sola, sino que estaría trabajando en conferencia con los senadores, en reunión con nosotros y en conjunto con organizaciones sociales, para que de una vez, en una misma mesa, pongamos las cartas y podamos resolver juntos que no pasen otros 30 meses sin que el país cuente con una Ley de Seguridad Nacional”.

El país, agregó, debe contar con una legislación que acote eficazmente las atribuciones del Presidente de la República, que no obstaculice el ejercicio de seguridad nacional y que fortalezca el sistema de protección a los derechos humanos.

Fernández explicó los alcances de la Ley de Seguridad Nacional a representantes de Alto al Secuestro, Causa en Común, México SOS, Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial, entre otras.

“Conforme a algunas opiniones de algunos de nuestros interlocutores, pareciera que de lo que estamos hablando es de crear un marco jurídico para efectos de que el Ejército mexicano esté en las calles. Quiero decir con toda claridad que no, no se trata de eso.

CIUDADANISMO

MILENIO

Las activistas Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera coincidieron con el empresario Alejandro Martí en que las instituciones de seguridad necesitan un marco legal para combatir a las bandas del crimen organizado.

A diferencia del poeta Javier Sicilia, estas lideresas sociales y el empresario se manifestaron por que se apruebe, con cambios, la Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Congreso.

Entrevistadas por separado en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Isabel Miranda, dirigente de la organización Alto al Secuestro, indicó que los asesores de Sicilia tienen un enfoque diferente acerca de la seguridad interior y exterior, y señaló que “quieren meter en un mismo cajón diferentes cosas y no se puede”.

“Creo que para eso existen los códigos, para eso existe la Constitución y para eso existen las leyes. En este caso la Ley de Seguridad Nacional lo que está buscando es normar cómo va estar la función del Ejército, del Presidente, de las policías y qué competencias tienen cada uno de ellos.

“Entonces, lo único que tenemos que vigilar es que no se violen, efectivamente, los derechos humanos. Y como va esta ley, de verdad yo no veo que haya esa posibilidad, si nosotros delineamos perfectamente qué entendemos por seguridad interior”, explicó.

Miranda sostuvo que es necesaria una ley que regule en qué momento tendrán que intervenir las fuerzas armadas y que no se queden permanentemente en las calles.

Aseguró que cuando se hable de seguridad, las organizaciones sociales le entrarán “con todo”, pero en este momento se debe regular la competencia del Ejecutivo para hacer uso de las fuerzas armadas y especificar qué se entiende por seguridad interior.

CONAGO

MILENIO

Además de reducir la incidencia de delitos de alto impacto, los gobiernos federales, estatales y del DF acordaron, a través de un decálogo, combatir el lavado de dinero, el narcomenudeo y el tráfico de armas.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentó el documento en compañía de Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Morelos, Marco Antonio Adame.

Al tomar la palabra, Duarte, presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, mencionó que se promoverán iniciativas para tipificar en cada entidad las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al crimen organizado.

Además se incorporarán técnicas de investigación y habilitarán mecanismos para acceder a recursos económicos producto de los bienes incautados a los delincuentes.

Duarte comentó que, conforme a lo propuesto por la Procuraduría General de la República, en todas las entidades habrá unidades de inteligencia patrimonial y económica. Asimismo, se promoverán iniciativas de ley estatales en materia de extinción de dominio.

El gobernador de Chihuahua dijo también que se conformará una base nacional de datos de huella balística, en el que participarán las 32 procuradurías, y se instalará un sistema que permitirá la consulta de datos sobre la comercialización de armas.

LA JORNADA

Es sabido, en buena doctrina militar, que una nación no puede utilizar a su ejército en tareas de combate a la delincuencia sin condenarlo a la desmoralización y la destrucción. La persecución y el control de la criminalidad es tarea de otro órgano del Estado: la policía. Esa tarea y este cuerpo tienen sus propias reglas, sus modos de investigación, persecución y regulación del crimen, así como su ámbito específico de actividad y responsabilidad.

Haber encargado, por las razones que fuere, la persecución al narcotráfico como tarea primordial del Ejército Mexicano, y haber confundido y fundido su actividad con la que corresponde a los cuerpos policiales, es una descomunal irresponsabilidad –mido mis palabras– por parte del gobierno federal. Haber convertido la represión de una actividad criminal como el tráfico de drogas en una “guerra” –una guerra interna contra un enemigo impreciso, ubicuo y enmascarado que ha llevado a las corporaciones militares y policiales del Estado también a enmascararse– es una consecuencia natural de esa irresponsabilidad.

Resulta así que el Estado nacional mexicano está en guerra por decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. Está por lo tanto en una situación excepcional, la de un Estado que, en los hechos, actúa una y otra vez por encima y al margen de las normas constitucionales y legales que fijan y delimitan sus poderes y sus relaciones con la sociedad. La proyectada ley de seguridad nacional propone diluir y desvanecer aún más la existencia y la vigencia de dichas normas.

Es el reconocimiento suprajurídico de un ente, llamado El Narco, como un Estado paralelo con fuerza militar propia, con finanzas que operan dentro del circuito financiero legal y en sus márgenes, con capacidad y autoridad impositiva de hecho en regiones del territorio nacional, con un cuasi monopolio de la violencia ilegal, contraparte del monopolio de la violencia legítima que por definición corresponde al Estado nacional. Se trata de una imaginaria “construcción del enemigo” sobre duros hechos reales así interpretados, similar al Eje del Mal de Baby Bush, para justificar una política sin sustento y sin futuro.

Ese reconocimiento, sintetizado en la fórmula “guerra contra el narcotráfico”, nos coloca a todos dentro de una realidad brutal: la disputa entre organizaciones de múltiples actividades criminales, enfrentadas y enlazadas en una lucha violenta y sin límites, y empuja a las fuerzas armadas de la nación a involucrarse como parte de ese conflicto.

En esta “guerra” no se respetan normas jurídicas ni límites morales. El narco por naturaleza no lo hace, ya ni siquiera con los antiguos “códigos de honor” de las organizaciones mafiosas. El Ejército federal se ve arrastrado al mismo terreno y, quiéralo o no, termina moviéndose fuera de la ley en su propio país. No es la primera ni la segunda vez que esto sucede. Pero ahora se convierte en norma de conducta, en modo y en costumbre desesperada. Los responsables de este proceso en el gobierno federal están destruyendo la fuerza moral de ese Ejército, ya antes lesionada por su utilización en conflictos sociales y políticos interiores.

Organizaciones armadas que por largo tiempo se combaten entre sí terminan asemejándose en métodos y costumbres. Cualquier novela policial muestra esta relación simbiótica entre los cuerpos policiales y el mundo de la delincuencia al cual la policía tiene que combatir, conocer, contener y regular. No se puede involucrar a un Ejército y una Marina nacionales en ese juego imposible e interminable sin pagar las consecuencias como nación y como sociedad y sin acabar desmoralizando, a la corta o a la larga, a los cuadros militares de cualquier nivel. Esto lo sabe bien y se abstiene de hacerlo Estados Unidos, cuyos gobiernos y cuyo ejército miran con sorna cómo el vecino México se adentra en ese camino, y hasta le dan su buena ayudadita.

La situación se agrava cuando las fuerzas armadas se ven obligadas por el gobierno federal a aceptar la intervención, y en muchos casos la tutoría técnica, de las fuerzas armadas del poderoso país vecino, Estados Unidos. Desde los tiempos de Porfirio Díaz, México rechazó esa dependencia, se negó al establecimiento de bases militares y navales extranjeras incluso en tiempos de guerra mundial y no envió a sus oficiales a recibir instrucción en Estados Unidos.

Esa tradición se ha disuelto. Hoy actúa directamente en nuestro territorio, con la aquiescencia y el beneplácito del gobierno federal, personal militar, policial y de inteligencia de la nación vecina.

Desde siempre, la política nacional de Estados Unidos en esta cuestión ha sido tratar de tener al otro lado de la frontera un Ejército mexicano débil y subordinado. No le basta la inmensa desproporción entre ambas fuerzas. Quiere, aunque sus gobernantes no lo digan, un Ejército convertido en constabularia, en cuerpos de policía temidos y odiados por la población, como la Guardia Nacional de Anastasio Somoza en Nicaragua o el ejército del sargento Fulgencio Batista en Cuba.

Esa política ha pasado ya todos los límites. El Ejército federal de Porfirio Díaz, sin dejar de mantener sus intercambios con Estados Unidos (que no era la potencia actual), adquiría sus armas en la lejana Europa y allá iban sus oficiales. Hoy México depende de la potencia militar limítrofe, Estados Unidos. Pero sucede que la industria de este país también provee de armas al narcotráfico, y no sólo a través de la operación Rápido y furioso. Un mismo proveedor está surtiendo de material bélico a los bandos enfrentados en la llamada “guerra del narco”, un actividad comercial sin control tal como les conviene a la industria del narco y a sus diversos “intereses colaterales” en los mundos de las finanzas y de la política.

Por otra parte, por los canales intercomunicados del sistema financiero de Estados Unidos y de México circulan impunemente los miles de millones de dólares de esa industria que figura entre los primeros rubros de exportación de este México de hoy, mientras su Ejército está entrampado en una supuesta “guerra” sin sentido, sin enemigo ubicable y sin posibilidad alguna de éxito. Este es el estado de cosas que la estrategia del narco provoca y desea como cobertura de sus negocios y sus rentas a ambos lados de la frontera.

Desde el punto de vista militar y geopolítico, ¿qué mejor para Estados Unidos en tanto poder militar vecino –cuya zona declarada de seguridad se extiende desde Alaska hasta el canal de Panamá, incluido el entero Caribe– que un México débil politica, social y militarmente, donde las violencias paralelas del narco y el gobierno diseminen indefensión, resignación y miedo?

A ese país nos lleva, si no lo detenemos, el actual gobierno federal con sus otras múltiples “guerras” contra las organizaciones sociales y sus derechos y conquistas; contra las propiedades de la nación en el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo; contra el SME, las comunidades zapatistas, las organizaciones comunitarias de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, los mineros de Cananea, los pueblos de La Parota, y contra cuantos sectores organizados de la sociedad resisten el despojo territorial, salarial y social.

No es inevitable que así sea.

SHCP

Marcela Ojeda Castilla

EL FINANCIERO

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2012 estará supeditado a las nuevas circunstancias macroeconómicas, derivadas de la desaceleración económica global, anticipó el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Montaño.

“Las nuevas circunstancias macroeconómicas nos están haciendo revisar cómo es que las perspectivas pueden afectar el crecimiento de la economía y, por ello quizás, la dinámica de ingresos”, agregó Montaño Fernández, al señalar que para el próximo año no se prevé la fusión ni desaparición de dependencias.

No obstante, aseguró que la SHCP está preparando un PEF de 2012 “responsable; sin gastar más de lo que tenemos, y buscando que el gasto sea lo que se puede, no necesariamente todo lo que uno quisiera, pero simplemente llegando a los límites que los ingresos permitan”.

En conferencia de prensa sobre la evolución del gasto corriente, aclaró que éste no tiene como único destino el sueldo de los funcionarios, sino que incluye aspectos como el pago de pensiones, la compra de medicinas por parte del sector salud y el monto para programas sociales del gobierno federal.

“Si no hubiera gasto corriente, el Seguro Popular o el Programa Oportunidades no podrían funcionar (…) Estamos tratando de llegar a cuantos mexicanos podamos, y en ello también radica el esfuerzo por redirigir el gasto: menos para el gobierno y más para la gente”, afirmó Montaño Fernández.

PRI

Israel Dávila

La Jornada, p. 9

Toluca, Méx., 16 de agosto. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, afirmó que los señalamientos sobre el endeudamiento de los estados responde más a un fin político que a una cuestión de sanidad en las finanzas públicas, y aunque reconoció que su entidad está ubicada en el segundo lugar de pasivos. con 28 mil millones de pesos –sólo detrás del Distrito Federal–, esto tiene su origen en la desigualdad fiscal con la que era tratada la entidad antes de 2007.

Entrevistado tras encabezar la ceremonia del inicio formal del ciclo escolar 2011-2012 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Peña Nieto sostuvo que durante su administración la deuda pública estatal ha disminuido en términos reales en 25 por ciento, ya que una de las principales políticas de su gobierno fue no recurrir al endeudamiento para alentar el desarrollo.

No se puede medir con la misma vara a todas las entidades

Indicó que no puede medirse de la misma manera a todas las entidades federativas, porque en cada una hay distintas condiciones, necesidades y carencias, y el hecho de recurrir a la vía del endeudamiento ocurre cuando ya no existe otro mecanismo de apoyo que se pueda obtener para hacer frente a las necesidades.

“Los estados son evaluados por entidades financieras para conocer su condición crediticia, y las propias entidades bancarias asumen apoyos a los estados en razón de su capacidad de pago, de su condición financiera y de la valoración y ponderación financiera que tengan; me parece que sobre este tema se ha querido generar más bien una polémica de orden político que no tiene lugar”, dijo.

Luisa Severiano

Ciro Pérez Silva

La Jornada, p. 10

La dirigencia nacional del PRI y los gobernadores del tricolor pugnarán por blindar el Presupuesto de Egresos 2012 para evitar que se utilice con fines electorales, además de buscar una reunión con el presidente Felipe Calderón para plantear la necesidad urgente que tienen estados y municipios de contar con recursos suficientes para atender necesidades que van desde infraestructura, generación de empleos, protección de la sociedad ante la violencia generalizada en el país y en algunos casos hasta fondos para el pago de nómina.

Tras una reunión que se prolongó cinco horas, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, y la secretaria general de este partido, Cristina Díaz, destacaron que éstos son algunos acuerdos a los que llegaron los gobernadores ante la proximidad de las negociaciones del paquete económico del año próximo. La reunión con el Presidente de la República se planteará luego de que ambos dirigentes partidistas acudan a las plenarias de las bancadas de los senadores y diputados del PRI, a realizarse este fin de semana.

Interrogado sobre el tono de la condena de funcionarios del gobierno federal y del Partido Acción Nacional respecto de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, Humberto Moreira respondió que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana, y a chillidos de marrano, oídos de matancero”.

PRD

Ciro Pérez Silva

La Jornada, p. 9

Todas las acusaciones del PAN hacia el PRI respecto del excesivo endeudamiento de los estados que gobierna ese partido son tan ciertas como las imputaciones que le hace el tricolor al gobierno de Felipe Calderón, al afirmar que ha endeudado al país a niveles que ponen en riesgo la viabilidad de la nación, afirmó la dirigencia nacional del PRD.

En conferencia conjunta el presidente del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, y la secretaria general del mismo, Dolores Padierna Luna, condenaron que “al sacar sus trapitos al sol” panistas y priístas no buscan una solución, sino que pretenden utilizar temas como la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal “para chantajear y condicionar la aprobación de las reformas como la política, de seguridad o laboral”.

Zambrano cuestionó que los priístas pretendan obtener por medio de esa reforma mayores recursos para atender las demandas ciudadanas: “Seguramente los utilizarán para ganar elecciones con amplio margen, como en el estado de México o Coahuila, utilizando esquemas corporativos. Si en verdad hay voluntad del PRI para empezar una reforma hacendaria integral tendrían que estar dispuestos a obligar a los 420 grandes consorcios que evaden alrededor de 500 mil millones de pesos anualmente, que dejen de tributar como pequeños contribuyentes”, insistió.

PAN

Saúl Maldonado

La Jornada, p. 10

Durango, Dgo., 16 de agosto. A los priístas se les pasa la mano y hay estados que gobiernan, como el de Coahuila, donde la deuda pública rebasa los ingresos anuales y pasó de 380 millones de pesos a 32 mil millones porque se aplicaron políticas irresponsables, aunque las autoridades reconocen apenas 8 mil 200 millones y a falta de transparencia nadie sabe qué pasó con los otros 24 mil millones de pesos, expuso el líder nacional panista, Gustavo Madero Muñoz.

De visita en Durango para reunirse con militantes de Acción Nacional, el también senador con licencia dijo que en el gobierno federal se puede saber cuánto costaron las toallas de baño de la Presidencia de la república y los colchones de la embajada de México en Francia.

“¿Pero podemos conocer el costo de las toallas y colchones de (Humberto) Moreira Valdez?, ¿alguien lo sabe? Que nos lo diga. ¿O lo dejamos de tarea?”, preguntó.

Los “batos del PRI piden mucha lana para el clientelismo político y dejan la deuda para que la paguen las futuras generaciones, pero dan la vuelta cuando se trata de transparentar el uso de los recursos y hacen a los congresos locales aprobar sus cuentas mientras el problema financiero va en aumento”, criticó Madero.

Carole Simonnet

REFORMA

(17 agosto 2011).- Guillermo Anaya, nuevo coordinador de Sinergia 2012 del PAN, aseguró ayer que no permitirán que la negociación del paquete económico entre el PRI y el Gobierno federal interfiera en la estrategia del blanquiazul para ganar la Presidencia de la República el próximo año.

“No, no vamos a permitirlo. Como sucedió o no haya sucedido lo de la firma de aquella negociación (entre Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes y César Nava), esto para el 2012 queda descartado, totalmente”, afirmó en entrevista con REFORMA.

Anaya se refería al acuerdo firmado en octubre de 2009 en el que el entonces dirigente nacional, César Nava, accedió a no aliarse con el PRD en los comicios del Estado de México a cambio de que los priistas votaran el incremento en un punto porcentual de la tasa del IVA.

El funcionario panista insistió en que no cederán a las exigencias que puedan plantear los priistas con un enfoque electoral.

“Cada seis años se presenta esta problemática. Ahora con mayor ahínco lo está haciendo el PRI, tratando de amagar por un tema que le duele, que se está haciendo a la luz pública, el endeudamiento irresponsable, el manejo opaco de muchos gobiernos, uno de ellos Coahuila. Para empezar el presidente nacional del PRI (Humberto Moreira) sabe que cojean de ahí.

CAMARA DE DIPUTADOS

Claudia Salazar

REFORMA

(17 agosto 2011).- El PRI lanzó este mes una ofensiva legislativa para incrementar los recursos que los estados reciben por concepto de participaciones federales, pero en la Cámara de Diputados se encuentran congeladas 10 iniciativas de reformas que tienen el mismo propósito.

Las propuestas presentadas en la actual legislatura buscan modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y han sido impulsadas principalmente por legisladores priistas o por congresos locales donde el tricolor es mayoría.

Hasta el momento, la Comisión de Hacienda, presidida por el panista Mario Alberto Becerra, no ha atendido ninguna propuesta relativa a incrementar el porcentaje de recursos federales a las entidades.

En julio del año pasado, una de las propuestas la presentó Rubén Moreira, hermano del ahora dirigente del PRI, Humberto Moreira, a quien relevará en el Gobierno de Coahuila, uno de los estados que más rápido se ha endeudado.

El entonces aspirante a la candidatura, y ahora Gobernador electo, propuso aumentar la conformación del Fondo General de Participaciones de 20 a 30 por ciento de la Recaudación Federal Participable.

Desde el 1 de octubre de 2009 el priista Raúl Mejía González había propuesto elevar a 30 por ciento esa bolsa, en una iniciativa de reforma legal que pretendía que entrara en vigor para 2010.

También el congreso local de San Luis Potosí envió el 24 de noviembre de 2009 a la Cámara baja su propuesta para que la bolsa repartible llegara al 30 por ciento.

POLITICA FISCAL

Yolanda Morales / El Economista

Las entidades federativas enfrentan un entorno difícil y complicado ante el deterioro de las condiciones macroeconómicas transmitidas desde el exterior, coincidieron analistas de Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y Standard and Poor’s (S&P).

El retiro del cobro de la Tenencia que pretenden hacer algunas administraciones locales y el endeudamiento creciente que traen gobiernos de Veracruz, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León podrían generar una presión adicional a la incertidumbre por la generación de ingresos públicos, reconoció Humberto Panti, analista principal para Subnacionales en Fitch Ratings.

Aparte, el analista principal para el segmento en Moody’s, Adrián Garza, advirtió que los estados que presentan mayor endeudamiento tienen más presiones de liquidez y al estar analizando la extinción del impuesto de la Tenencia vehicular les dificultará más la capacidad de reacción de las autoridades locales, en caso de que se pudiera presentar un menor flujo de participaciones.

EL COLCHÓN FEDERAL

No obstante, el analista confía que aún con los embates de la crisis mundial, las arcas del gobierno federal tendrían la fortaleza incluso para fondear un apoyo económico adicional, como el otorgado en el 2010 para apuntalar las finanzas de los gobiernos subnacionales en caso de una emergencia.

Mientras, Daniela Brandazza, de Standard and Poor’s, refirió que en la agencia no esperan un crecimiento excepcionalmente alto para los ingresos públicos del país durante el año que corre y el siguiente, por lo que estiman que continuará moderándose la recaudación de impuestos. Esto limitará la flexibilidad de las haciendas locales y el flujo de las participaciones provenientes de la Federación hacia los gobiernos de las entidades.

La recomendación sería promover los cambios en la ley de coordinación fiscal, que otorguen mayores atribuciones e incentivos a las entidades para que eleven la captación de recursos mediante ingresos propios, de manera que puedan limitar la dependencia de los montos provenientes de la Federación, aseveró la especialista de Standard and Poor’s.

MORENA

José Antonio Román

La Jornada, p. 11

Andrés Manuel López Obrador propuso a dirigentes nacionales y representantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) que los candidatos a diputados federales y senadores que contiendan por la izquierda en las elecciones de 2012 surjan de encuestas que permitan postular a los mejor posicionados, y planteó que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que él encabeza, participe junto a los tres partidos en alianza con fuerzas progresistas.

La propuesta fue presentada anoche en reunión privada a la que asistieron Dolores Padierna, del PRD; Ricardo Cantú y Alberto Anaya, del PT; Luis Walton, de Movimiento Ciudadano; Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), y Ricardo Monreal, representante de López Obrador en la “construcción de los acuerdos”.

En la reunión, se informó, no se trató el tema de la elección del candidato presidencial de la izquierda para 2012.

“No se abordó, porque esto ya está hablado”, dijo Camacho Solís al término del encuentro, en referencia a la propuesta de realizar también una encuesta para elegir candidato entre López Obrador y Marcelo Ebrard.

En el documento que se entregó a los dirigentes partidistas, López Obrador ratifica su “mejor disposición de ir juntos en el proceso electoral de 2012″ y sostiene que es necesario conocer las condiciones en que participaría el Morena.

La Jornada, p. 18

El presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgó el decreto que elimina el llamado “veto de bolsillo” que permitía al titular del Poder Ejecutivo aplazar indefinidamente la publicación de una ley remitida por el Congreso.

Los Pinos dio a conocer ayer un boletín y el audio del mensaje dado por el mandatario al firmar el decreto de reforma de los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

El propio Calderón admitió que tradicionalmente el presidente de la República podía ignorar una ley emitida por el Congreso, y simplemente no promulgarla, no publicarla, y con ello evitar que entrara en vigencia.

Por ello celebró que se ponga fin a esta práctica que, explicó, “equivaldría a que el presidente de la República, cuando recibe una ley aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se la guardara en el bolsillo y evitara que entrara en vigor”.

Durante la firma del decreto señaló que “el Constituyente Permanente, integrado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las cámaras de las entidades federativas, ha decidido reformar esta figura constitucional”. La reforma aprobada por el Congreso modifica el plazo de 10 días “útiles” para emitir observaciones, y se impone ahora un periodo de 30 días naturales para que el Ejecutivo federal publique un proyecto remitido por el Legislativo, o bien para ejercer el veto.

Andrea Becerril

La Jornada, p. 18

La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Jacqueline Peschard, demandó al Congreso aprobar las reformas pendientes para poder avanzar en la segunda generación de la transparencia en México y lograr que las dependencias gubernamentales den un “salto cualitativo” , que implique no sólo el acceso a la información, sino también la rendición de cuentas.

Se refirió a la minuta pendiente en la Cámara de Diputados y a la reforma para dar autonomía constitucional al Ifai, a fin de que sea competente para vigilar no sólo a las dependencias de la administración pública federal, sino también a los órganos autónomos y al Poder Legislativo.

“Con estas reformas se busca simplemente hacer más público lo público y dar más certidumbre a las personas”, recalcó. Dijo también que la autonomía constitucional plena del Ifai sería “la llave maestra” para dar mayor solidez institucional a ese organismo, que hoy tutela dos derechos fundamentales, que en no pocas ocasiones entran en tensión.

Laura Carrillo

REFORMA

(17 agosto 2011).- En su estudio “Regulación y Competencia: indicadores de competencia para América del Norte”, el Instituto Mexicano para la competitividad (Imco) evalúa a México, Estados Unidos y Canadá, concluyendo que a 16 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el País se ha alejado de sus socios en dichas prácticas.

Con base en un índice, donde el valor máximo de 100 se asigna al mercado con las mejores condiciones para la competencia, México obtuvo sólo 18 puntos en el sector electricidad, contra 71 y 58 de Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

En gasolina, el País tuvo 39 puntos, contra 84 y 90 para sus socios, respectivamente.

“Las consecuencias de esta falta de competencia son, en algunos casos, directas para el consumidor, y en otros representan un gran costo para toda la sociedad”, señaló Jana Palacios, autora del estudio.

El índice a su vez se compone de cuatro grandes atributos: intervención del Estado; participación privada; participación extranjera, y estructura del mercado.

Además, se analizaron los sectores de: telefonía, azúcar y transporte de carga.

México reprobó en competencia en telefonía móvil con apenas 43 puntos; contra 77 de Estados Unidos y 44 de Canadá.

Isabel Becerril

EL FINANCIERO

El ambiente de incertidumbre que flota en el sector industrial sobre otra desaceleración económica mundial, ya arrojó sus primeros resultados: la posposición de planes de inversión y la cancelación de la adquisición de maquinaria para la modernización de las empresas.

Las firmas pequeñas han comenzado a palpar una disminución de pedidos y un aumento de inventarios.

Gilberto Ortiz, Juan Manuel Chaparro y Alfonso Sandoval Olvera, miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), coincidieron en que las empresas de menor tamaño ya trabajan a una capacidad instalada de 50 por ciento, y que de descender a 40 por ciento tendrán que realizar paros técnicos, como sucedió en 2009, para evitar no sólo su desaparición del mapa fabril, sino también la cancelación de puestos de trabajo.

En tanto, Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Canacintra, advirtió que el aparato fabril de menor tamaño se encuentra muy debilitado y, por tanto, muchos no resistirán una disminución del ritmo de crecimiento de la economía.

Señaló que la pequeña empresa apenas está saliendo de la crisis económica que vivió el país en el periodo 2008-2009, y ya “está en puerta otra desaceleración, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, principal socio comercial de México, es decir que muchas empresas están imposibilitadas para mantenerse en pie”.

Yolanda Morales / El Economista

El deterioro de las condiciones internacionales sí podría motivar una contracción del consumo mexicano, reconoció la directora de cuenta de Nielsen México, Fabiola Portilla.

Tras advertir que en la empresa no cuentan aún con evidencias que muestren una reversa de la recuperación que sí ha traído el consumo desde diciembre del 2009, explico: “Si viene una nueva crisis y empieza a impactar en variables macroeconómicas como la oferta de empleo, inflación y crédito al consumo, evidentemente tendremos una contracción en los niveles de recuperación que ya se veían”.

Entrevistada por El Economista, la directiva observó que, según los datos obtenidos del propio consumidor mexicano, al cierre del semestre ya se veía una recuperación de patrones de consumo que se tenían previo a la crisis.

Es decir: el consumidor ya estaba más dispuesto a salir a invertir en otro tipo de productos adicionados con vitaminas, abrefácil e incluso marcas premium en tamaños diversos, comentó.

Sin embargo, una reversa en la recuperación de las variables macroeconómicas que han favorecido la confianza del consumidor sí podría impactar de nuevo en los patrones de comercialización y adquisición.

Reuters y Afp

La Jornada, p. 26

Nueva York, 16 de agosto. La agencia Fitch ratificó este martes la calificación crediticia AAA a Estados Unidos y dio un alivio a la mayor economía del mundo, después de que la más influyente de las agencias, Standard and Poor’s (S&P), le rebajó la nota, provocando caos en los mercados financieros.

Fitch consideró que Estados Unidos sigue siendo solvente y mantuvo en “estable” el panorama de la calificación, al contrario de la decisión de S&P, que el 5 de agosto S&P ubicó la nota en AA+ con panorama negativo.

Sin embargo, Fitch adelantó que revisará su decisión a fines de año y amenazó con cambiar a panorama negativo para esa fecha si los legisladores fracasan en implementar los ahorros por 2.1 billones de dólares que fueron acordados a comienzos de este mes o si la economía se deteriora de forma significativa.

“La medida de calificación con mucha probabilidad sería una revisión a negativo en el panorama de calificación, lo que indicaría una probabilidad mayor de 50 por ciento de una rebaja en un horizonte a dos años. Menos probable sería una rebaja en un escalón”, señaló el comunicado.

Fitch prevé que la relación deuda pública-PIB de Estados Unidos, que se acerca a 100 por ciento, se estabilice en 105 por ciento entre 2016 y 2020, y advirtió que este es el límite máximo que permitiría al país conservar esta nota.

La batalla política que precedió al acuerdo de la deuda en Washington –y que llevó al país al borde de la moratoria en el pago de deuda por primera vez en su historia– fue una de las principales razones por la cual S&P decidió rebajar la calificación de Estados Unidos a principios del mes.

Notimex y Afp

La Jornada, p. 26

Washington, 16 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer una iniciativa para crear empleos en las zonas rurales de Estados Unidos, en momentos en que casi 14 millones de estadunidenses están sin trabajo y 11 millones más han dejado de buscar.

El plan, basado en recomendaciones del Consejo Rural de la Casa Blanca, busca ayudar a los pequeños negocios rurales a tener acceso a capital, considera la expansión del entrenamiento laboral y mayor acceso de hospitales y clínicas rurales a la tecnología.

El mandatario también acusó al grupo radical derechista Tea Party, al cual pertenecen legisladores republicanos, de entorpecer la recuperación económica al ejercer presión sobre el Congreso para que no vote su proyecto, aún no presentado, para estimular la creación de empleos.

“Lo único que nos impide aprobar estas leyes es la negativa de una facción del Congreso de anteponer al país por sobre el partido”, sostuvo. “Y eso tiene que parar. Nuestra economía no puede permitírselo”, aseveró Obama al aludir al grupo de republicanos conservadores de la Cámara de Representantes que llevó al país al borde de la moratoria en la disputa sobre la elevación del techo de la deuda federal.

Obama ha prometido poner en marcha un nuevo plan de creación de empleos en septiembre, pero las perspectivas de que prospere son inciertas en la Cámara de Representantes.

Roberto González Amador

La Jornada, p. 28

La principal fuerza que ha impulsado el alza en el precio de los alimentos es la especulación en los mercados de derivados financieros. Para América Latina y el Caribe, el alza en el costo de estos productos ha acentuado los problemas sociales y generado una debilidad de largo plazo en las finanzas públicas de los países, aseguró el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). Incluso, el aumento en el flujo de divisas a la región derivada de la exportación de materias primas agrícolas no ha contribuido a proveer respuestas de fondo a los problemas de desigualdad y pobreza en la región, advirtió.

“Es importante despejar la ilusión de que el aumento en el precio de bienes agrícolas beneficia a los pequeños productores”, dice en una entrevista con La Jornada Daniel Munevar, coordinador del CADTM en América Latina.

El impacto del alza de los alimentos sobre los pueblos de la región se da en varios frentes, apunta. De entrada, en la entrevista cuestiona que el incremento del precio de los alimentos y de las materias primas obedezca a un mayor consumo en China, el país más poblado del planeta.

Cuando se mira en detalle la información, apunta, no existe mayor demanda de materias primas en China, no hay un crecimiento por encima del promedio ni se está creando, desde ese país, una presión real sobre los mercados.

“Lo que vemos es un fenómeno totalmente especulativo y el problema en América Latina, como región exportadora de materias primas, es que la mayoría de los gobiernos, si no es que todos, sin importar su orientación política, están implementando políticas públicas que toman los altos precios de materias primas como un elemento permanente, como un cambio estructural. Si creen que estos ingresos coyunturales serán de largo plazo es claro que están cometiendo un serio error estratégico de diseño y planteamiento de las políticas públicas”, sostiene.

Le Monde

En este diluvio de malas noticias económicas, el único pensamiento reconfortante es que las cosas podrían haber sido peores: el conjunto de las tres agencias clasificadoras habrían podido bajar la nota a los EE.UU., las Bolsas podrían haber caído más aún y los EE.UU. podrían haber caído en el default de su deuda.

La opinión general es que todavía existe, en este nuevo episodio de la Gran Recesión el elevado riesgo de que las cosas empeoren, sin que los gobiernos encuentren un instrumento eficaz. El primer punto es certero, pero el segundo no lo es.

Durante la crisis –y aún antes– los economistas keynesianos plantearon una coherente interpretación de los acontecimientos. Antes de la crisis, y en gran medida en los EE.UU., la economía mundial se hallaba sostenida por una burbuja. La explosión de la burbuja dejó un excedente de endeudamiento e inmobiliario. El consumo se mantendrá bajo y en ambos lados del Atlántico la austeridad garantiza que no será el Estado quién llene el vacío. No es sorprendente, por lo tanto, que en estas condiciones las empresas –aún las que tienen acceso a los capitales– se resistan a invertir.

Es cierto que quienes se preocuparon por la falta de instrumentos políticos, en parte tienen razón. La mala política monetaria que nos ha sumergido en el cenagal no está en condiciones de auxiliarnos. Pero si logramos calmar a los halcones de la inflación de la Reserva Federal, un tercer período de flexibilización cuantitativa sería todavía menos eficaz que el precedente. El que más contribuyó probablemente a generar burbujas en los mercados emergentes, sin relanzar sin embargo los préstamos ni las inversiones en los EE.UU.

El anuncio realizado por la Reserva Federal de que mantendría sus tasas testigo a un nivel cercano a cero durante los dos años próximos revela manifiestamente su desesperación ante las dificultades económicas. Por lo tanto aunque esa medida consiga poner límites, por lo menos temporalmente, a la caída de los precios de las acciones, no echará las bases de la recuperación: no son las elevadas tasas de interés las que impiden reflotar la economía.

Las grandes empresas regurgitan liquidez, pero los bancos no otorgan préstamos a las empresas medianas y pequeñas que en toda economía son fuente de creación de empleos. La FED y el Tesoro han fracasado lamentablemente en la revigorización de ese tipo de préstamos, que serían mucho más eficaces para reactivar la economía que el mantenimiento de bajas tasas de interés hasta 2015.

Por lo tanto la verdadera solución, al menos en lo concerniente a países como los EE.UU., prestar a bajas tasas de interés es sencilla: utilizar el dinero para proceder a inversiones altamente rentables. Eso reactivaría el crecimiento y generaría ingresos fiscales, reduciendo de ese modo la relación entre la deuda y el producto bruto interno (PBI) y mejorando la sustentabilidad de la deuda.

Aun con las condiciones presupuestarias que conocemos, reorientar los gastos y los impuestos hacia el crecimiento –reduciendo las retenciones salariales y aumentándoles los impuestos a los ricos, pero bajándoles también los impuestos a las empresas que invierten y aumentándoselos a las que no lo hacen, permitiría mejorar la sustentabilidad de la deuda.

Las políticas actuales se resisten sin embargo a encarar esas soluciones. Los mercados saben que la ola de bajos impuestos y de fetichismo que circula actualmente por el Atlántico norte significa que no existe disponible ningún instrumento: la política monetaria no funcionará, la política presupuestaria está trabada, el crecimiento declinará y el mejoramiento de los déficit (resultado de la austeridad) será decepcionante.

Pero, como lo muestra la degradación anunciada por Standard and Poors (S&P), también los mercados tienen su agenda política. Ningún economista se contentaría con tomar en consideración solo la columna deudora del balance. Es sin embargo lo que ha hecho S&P. Más revelador es aún el hecho de que los EE.UU. regulan su deuda en dólares y que son ellos los que controlan la emisión de billetes. No hay por lo tanto ningún riesgo de default excepto en el tipo de pantomima política que nos acaba de brindar S&P.

Los mercados se equivocan a menudo, pero el balance de las agencias de calificación no inspiran confianza, en todo caso no se justifica ciertamente que se sustituya la opinión convergente de millones de personas por el criterio de un puñado de “tecnólogos” que trabajan para una firma cuya conducción y motivaciones son problemáticos. Los dirigentes europeos tienen razón cuando acaban de pedir que no hay que fiarse demasiado de las calificaciones de esas agencias.

Europa y Estados Unidos se hallan actualmente enfrentados a excepcionales dificultades políticas. Es difícil opinar sobre cual de las situaciones es peor: la parálisis estadounidense o la tambaleante estructura política europea. Los dirigentes europeos han tomado medidas decisivas pero los acontecimientos van más rápido aún que sus ratificaciones y su puesta en marcha.

En Europa la relación entre la deuda y el PBI es más baja que en los EE.UU.; si tuviera igualmente un adecuado presupuesto común, Europa estaría en mejores condiciones que los EE.UU.

El otro problema de Europa es que hay demasiada gente que piensa que la austeridad presupuestaria es la respuesta adecuada. Recordemos sin embargo que antes de la crisis España e Irlanda registraban excedentes y una débil relación entre deuda/PBI. Aumentar la austeridad no tendrá otro resultado que desacelerar el crecimiento de Europa y acrecentar los problemas presupuestarios.

Los responsables europeos no advirtieron sino ahora que Grecia y los demás países alcanzados por la crisis necesitaban crecer y que la austeridad no es el camino.

Todo lo anterior acrecienta la probabilidad de que el Atlántico norte sufra una recesión de doble vacío, pero tampoco hay nada mágico en el número cero. La tasa de crecimiento crítica es aquella a partir de la cual deja de ahondarse el déficit laboral. El problema es que la actual tasa de crecimiento de Europa y de los EE.UU. que está alrededor del 1% es menos de la mitad de lo que se necesitaría para lograrlo.

A comienzos de la recesión, escuchamos muchas amables palabras acerca de que habíamos aprendido lecciones de la Gran Depresión y del prolongado letargo japonés. Ahora sabemos que no habíamos aprendido nada. El plan de reactivación estadounidense es demasiado modesto, poco durable y mal concebido.

No se ha obligado a los bancos a volver a prestar. Nuestros dirigentes han intentado camuflar las debilidades de la economía, temiendo tal vez que hablando francamente se corría el riesgo de destruir totalmente una confianza ya demasiado frágil. Pero la partida ya está perdida.

Ahora la amplitud del problema ha salido a la luz y ha surgido una nueva certeza: la certeza de que cualesquiera que sean las medidas que se adopten, las cosas van a emporar. Un prolongado letargo parece ser de ahora en más el escenario más optimista.

CounterPunch

“Adolescentes nihilistas y salvajes” llamó el Daily Mail a los jóvenes de todos los ámbitos de la vida que corrían por las calles a la desesperada lanzando ladrillos, piedras y botellas a los policías, mientras saqueaban por aquí e incendiaban por allá, obligando a las autoridades a un alegre juego del escondite mientras corrían de un objetivo a otro con ayuda de Twitter.

La palabra “salvaje” atrajo inmediatamente mi atención. Me recordó el modo en que representaron a los comuneros de París, en 1871, como animales salvajes, hienas que merecían ser –y a menudo lo fueron– ejecutadas sumariamente en nombre de la santidad de la propiedad privada, la moral, la religión y la familia. Pero, además, la palabra me suscitó otra asociación: Tony Blair, atacando a los “medios de comunicación salvajes”, mientras se hallaba cómodamente alojado en el bolsillo izquierdo de Rupert Murdoch, para ser sustituido más tarde por éste, cuando se sacó de su bolsillo derecho a David Cameron.

Habrá, por supuesto, el debate, siempre histérico, entre los propensos a considerar los disturbios como una cuestión de pura, desenfrenada e inexcusable criminalidad, y aquellos deseosos de contextualizar los acontecimientos en un fondo de incorrecta actuación policial, racismo y continua persecución injustificada de los jóvenes y las minorías; desempleo masivo de los jóvenes; creciente marginación social y una política de austeridad ciega que nada tiene que ver con la economía y todo con la perpetuación y la consolidación de la riqueza y el poder personal. Algunos pueden llegar incluso a condenar el sinsentido y los rasgos alienantes de tantos empleos y tantas cosas de la vida cotidiana en medio de la inmensa potencialidad, aunque desigualmente distribuida, de florecimiento humano.

Si tenemos suerte, tendremos comisiones e informes que nos repetirán lo que se dijo en su día de Brixton y Toxteth, en los años de Thatcher. Y digo suerte porque los instintos salvajes del actual Primer Ministro parece más inclinados a activar los cañones de agua, llamar a la brigada de gases lacrimógenos y utilizar las balas de goma, mientras pontifica con afectación sobre la pérdida de la brújula moral, la decadencia de la civilidad y el triste deterioro de los valores familiares y la disciplina entre los jóvenes errantes.

Pero el problema es que vivimos en una sociedad en la que el capitalismo se ha vuelto desenfrenadamente salvaje. Políticos salvajes hacen trampas con sus gastos; banqueros salvajes saquean el erario público de todo lo que hay de valor; directores ejecutivos, operadores de fondos de inversión y genios del capital privado saquean al mundo de su riqueza; compañías telefónicas y de tarjetas de crédito que cargan misteriosas tasas en sus facturas en todo el mundo; tenderos que sangran a sus clientes; y, en un instante, los más cualificados timadores y estafadores juegan al trile en las más altas esferas del mundo empresarial y político.

Una economía política de desposesión de las masas y de prácticas predatorias que llegan al robo a la luz del día, sobre todo de los pobres y los vulnerables, los menos refinados y los que no gozan de protección legal, se ha convertido en el orden del día. ¿Alguien cree que es aún posible encontrar un capitalista honesto, un banquero honesto, un político honesto, un comerciante honesto o un comisario de policía honesto? Sí, los hay. Pero sólo como una minoría que todo el mundo considera estúpida. ¡Sé listo! ¡Obtén ganancias fáciles! ¡Estafa y roba! Las probabilidades de que te atrapen son escasas. Y en todo caso hay un montón de maneras de proteger la riqueza personal de los costos de las fechorías corporativas.

Lo que digo puede sonar chocante. Pero la mayoría de nosotros no lo ve porque no quiere. Ciertamente, ningún político se atreve a decirlo y la prensa sólo lo imprimiría para cubrir de oprobio al que lo dijera. Pero mi conjetura es que cada uno de los alborotadores callejeros sabe exactamente lo que quiero decir. Ellos sólo están haciendo lo que hacen los demás, aunque de una manera diferente, más ostensible y apreciable en la calle. El thatcherismo desencadenó los instintos salvajes del capitalismo (el “espíritu animal” del empresario, como coquetamente decían) y nada ha conseguido controlarlos desde entonces. Tierra quemada es ya, abiertamente, el lema de las clases dominantes en casi todas partes.

Esta es la nueva normalidad en que vivimos. Esto es lo que la siguiente gran comisión de investigación debería abordar. Todos, no sólo los alborotadores, deben rendir cuentas. El capitalismo salvaje debe ser llevado a juicio por crímenes contra la Humanidad y crímenes contra la Naturaleza.

Lamentablemente, esto es lo que estos manifestantes insensatos no pueden ver ni exigir. Todo conspira para impedir también que nosotros lo veamos. Esta es la razón por la que el poder político se viste rápidamente con los ropajes de una moralidad superior y esgrime empalagosas razones para que nadie pueda ver lo descaradamente corrupto e irracional que es.

Sin embargo, hay destellos distintos de esperanza y luz en todo el mundo. Los movimientos de indignados  en España y Grecia, los impulsos revolucionarios en América Latina, los movimientos campesinos en Asia, están empezando a adivinar que tras la gran estafa un capitalismo depredador y salvaje mundial se ha desatado sobre el mundo. ¿Qué se necesita para que el resto de nosotros vea y actúe en consecuencia? ¿Cómo podemos empezar de nuevo? ¿Qué dirección debemos tomar? Las respuestas no son fáciles. Pero una cosa sabemos con certeza: sólo podremos llegar a las respuestas correctas haciendo las preguntas correctas.

Patricia Muñoz Ríos

La Jornada, p. 44

“Es risible” que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hable de fortalecer el mercado interno, si el gobierno de Felipe Calderón se ha dedicado a restringir los salarios reales de los trabajadores, lo cual reduce el poder adquisitivo, el consumo y, por tanto, la demanda de bienes y servicios, provocando que la población no tenga dinero y la producción esté deprimida.

Señaló lo anterior el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, vía electrónica desde Vancouver, en la reunión de delegados mineros especiales y de zona que tuvo lugar ayer en la sede del gremio nacional.

En el encuentro, los delegados determinaron mantener su política de negociaciones salariales para obtener incrementos dos o tres veces por arriba del promedio nacional, pues a pesar de la “perversa persecución política” a que ha estado sometido el gremio en los últimos cinco años, el promedio nacional de incrementos conseguido es de entre 12 y 14 por ciento global.

En tanto, Gómez Urrutia se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Hacienda respecto a que “hay que fortalecer el mercado interno”. Comentó que es risible que el funcionario hable así cuando este gobierno se ha dedicado a restringir los salarios reales de los trabajadores y golpear sus ingresos.

Dijo que el mercado interno se fortalece dando a la clase trabajadora mayores salarios, creando empleos bien remunerados, mejorando la productividad y fortaleciendo los pequeños y medianos negocios, los cuales generan mayor ocupación. “Si, por el contrario, este gobierno se distingue por no elevar salarios, por lanzar a la calle a miles de empleados, como es el caso de Luz y F5erza del Centro y de otros centros de trabajo, ¿cómo quiere este señor que se fortalezca el mercado?”, preguntó el dirigente.

Patricia Muñoz Ríos

La Jornada, p. 44

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversas organizaciones sociales y políticas llevarán a cabo el congreso fundacional de una nueva organización política, el 27 y 28 de agosto próximos.

El SME reiteró que los electricistas no se moverán del Zócalo hasta lograr un acuerdo que devuelva el empleo a los 16 mil trabajadores en resistencia. Asimismo, dijo que en el acto de “fundación” del organismo mencionado acordarán nombre, ideario, principios y documentos básicos del nuevo movimiento.

Asimismo, dijo estar convencido de que las reformas neoliberales “no se detendrán si no echamos del gobierno y el poder a los responsables de la catástrofe”, y considera que la mejor forma de hacerlo es teniendo su propia representación política.

Firman acuerdos

Grupo Financiero Banorte y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanzan con buen ritmo hacia la integración de sus respectivos negocios de administración de fondos para el retiro (Afores), pues el día de ayer suscribieron acuerdos tendientes a dicha fusión.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se informó sobre la celebración de un contrato mediante el cual el IMSS pudiera obtener un porcentaje de la tenencia accionaria de Afore Banorte mediante la adquisición de 49 por ciento de la parte de Assicurazioni Generali y 1 por ciento las acciones de Banorte.

Por parte de Banorte, el contrato establece que se buscará adquirir 50 por ciento de la Afore XXI, que corresponde a la participación accionaria de Prudential.

En caso de concretarse lo anterior, el IMSS y Banorte anticipan un convenio de asociación a través del cual se dan las bases para proceder a la fusión de las dos administradoras.

Por su parte, Banorte ha formulado una oferta de compra de la participación accionaria de Prudential en Afore XXI, la cual será determinada conforme al valor promedio de los activos totales netos administrados por las sociedades de inversión especializadas operadas por la administradora para el retiro del IMSS.

Estas operaciones, la compraventa de acciones y la fusión de las Afores deberán contar con el aval por parte de las autoridades correspondientes.

Romina Román Pineda | El Universal

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) emitirá nuevas disposiciones para mejorar la operación de las Afores.

En un documento, la dependencia explicó que la medida tendrá un beneficio directo en los trabajadores, ya que precisa conceptos, agiliza trámites y se profundiza en controles normativos.

En las reglas, que se ubican en su última etapa de revisión, se incluyen ajustes al procedimiento para obtener autorización para la organización y operación de Administradoras y Sociedades de Inversión, en el que se establecen las etapas y requisitos del proceso.

Se precisan mecanismos aplicables a los contralores normativos, así como los procesos por los cuales las Administradoras deberán recibir las solicitudes de los trabajadores que, en su caso, les remita la Consar o la Condusef.

Lo anterior, a fin de atender los trámites que se relacionen con las cuentas individuales de los trabajadores. En las reglas se puntualizan conceptos, mecanismos, procedimientos que los participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro deberán utilizar en relación con las cuentas individuales, así como la información que deberán dar a los trabajadores para la integración, actualización y registro de la información de las cuentas individuales en la Base de Datos Nacional SAR.

La disposiciones establecen medidas de carácter preventivo que permitan fortalecer la regulación en materia de traspasos, con el objeto de que las cuentas individuales se traspasen sólo con el consentimiento del trabajador.

El Universal

Recientemente, gran cantidad de pensionados han demandado del Infonavit la devolución de las cantidades aportadas por sus patrones a partir del cuarto bimestre de 1997, cantidades acumuladas en sus subcuentas de fondo para la vivienda.

A pesar de que dichas cantidades corresponden a los trabajadores, por tratarse de una prestación de naturaleza laboral, el Infonavit se ha negado a devolverlas. Esto, con fundamento en el artículo Octavo transitorio del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Infonavit, publicado el 6 de enero de 1997 en el Diario Oficial de la Federación.

Del análisis de dicho artículo, se desprende que todos los trabajadores que optaron por recibir su pensión de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho, además de dicha pensión, a recibir en una sola exhibición las aportaciones realizadas por los patrones a sus subcuentas de vivienda hasta antes del cuarto bimestre de 1997, más los rendimientos que éstas hubiesen generado a la fecha de la devolución. Sin embargo, todas las aportaciones cubiertas por los patrones a dichas subcuentas de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997, se destinarían para cubrir las pensiones otorgadas a los trabajadores bajo el régimen establecido por la llamada Ley de 1973.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) estima que actualmente existen más de cien mil juicios en trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los cuales se reclama la devolución de las cantidades aportadas a las subcuentas de vivienda.

Según datos emitidos por la Consar, existen más de 647 mil millones de pesos depositados por los patrones en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.

El pasado mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró la inconstitucionalidad del citado artículo. Si bien esta disposición legal fue aplicable al pie de la letra, en febrero de 2008, la SCJN estableció un procedimiento por medio del cual facultó a los pensionados a reclamar vía amparo indirecto, la inconstitucionalidad del artículo y como consecuencia, a obtener la devolución de las aportaciones realizadas por sus patrones del cuarto bimestre de 1997 en adelante, teniendo la limitante de contar únicamente con un plazo de quince días hábiles tras recibir la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de pensiones de 1973, para promover el juicio de garantías referido. Actualmente, el criterio aplicable, según lo estableció la SCJN, resuelve que el artículo transitorio referido transgrede lo dispuesto por la Constitución, en virtud de que la disposición pretende darle a las aportaciones realizadas al Infonavit, un fin diverso al que les dio origen y para el cual fueron instituidas, al considerar que si bien el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de una vivienda, así como el seguro de invalidez o vejez son garantías sociales, ambos tienen finalidades diferentes y las aportaciones patronales no deben confundirse entre sí, ni debe dárseles el mismo destino.

La SCJN, consideró que salvo que exista consentimiento expreso del propio trabajador, dichos recursos no deben destinarse al pago de pensiones.

Hoy en día, el pensionado se encuentra facultado para solicitar al Infonavit la devolución de todas las aportaciones patronales realizadas a partir del cuarto bimestre de 1997 y en el momento en que el Infonavit, de manera formal, le informe cuál fue el destino de las mismas, podrá interponer la demanda de amparo indirecto. Una vez obtenido el amparo y protección de la justicia de la unión, podrá solicitar la devolución de las cantidades citadas.

Derivado de lo antes expuesto, el Infonavit se encuentra obligado a devolver las cantidades aportadas a las subcuentas de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 a todos los trabajadores que las reclamen, siempre y cuando les sea otorgado el amparo y protección de la justicia federal, resolviendo de esta manera la problemática de aquellos que no reclamaron de manera oportuna la devolución de las aportaciones a su subcuenta de vivienda y que por lo tanto no las obtuvieron. Únicamente podrán reclamar la devolución de las aportaciones hechas a las subcuentas de vivienda los trabajadores que no hayan usado su crédito Infonavit, o que una vez liquidado éste, hayan acumulado recursos de nueva cuenta.

También es de hacerse notar que desde el 2009, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley del Infonavit, mediante la cual se pretende modificar el multicitado artículo octavo transitorio, para que se devuelva a los trabajadores los recursos comentados, sin que estos deban interponer acción legal alguna. Dicha propuesta aún se encuentra en discusión.

*Presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social

La Jornada, p. 28

Miembros de la industria radiodifusora acusaron al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dioniso Pérez-Jácome, de pretender adelantar el apagón analógico a pesar de que el decreto presidencial se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de que con la medida alrededor de 10 millones de mexicanos no podrían recibir la señal de televisión digital. Señalaron que el apagón se realizaría al modificar la política de televisión digital terrestre (TDT), lo que deja entrever una nueva confrontación con el Poder Legislativo y el Judicial. Destacaron que la estrategia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) será que el apagón se produzca cuando 90 por ciento de la población reciba señal de televisión digital. “El 10 por ciento de la población con menos recursos corre el riesgo de no poder recibir las señales de televisión abierta, gratuita”, debido a que no contarán con los televisores o los decodificadores necesarios para tener el servicio”, afirmaron, por lo que reconvinieron a la dependencia a evaluar su decisión.

Carla Martínez

REFORMA

(17 agosto 2011).- Los usuarios de telefonía son los más afectados al no contar con un Convenio Marco de Interconexión, que estipule los parámetros básicos para que los operadores ofrezcan el servicio de telefonía en cualquier zona del País, y que los suscriptores hagan o reciban llamadas sin importar con qué empresa tengan contratado el servicio, aseguran analistas.

“Los más afectados de las fallas en los convenios son los usuarios y los competidores, porque no hay suficientes elementos para garantizarle a los usuarios cierto tiempo de respuesta en sus conexiones telefónicas, por lo que los operadores tienen que retrasar sus servicios o se ven degradados por la falta de esta regulación”, explicó, Ermilo Vázquez, director de Regulación e Interconexión de Axtel.

Mencionó que por ello es necesario contar con lineamientos mínimos y básicos de referencia ya que, en caso contrario, el único beneficiado es Telmex, quien decide las condiciones con las que dará el servicio al resto de los operadores con lo que puede verse afectado el servicio al cliente.

“El hecho de que la Cofetel trabaje en un Convenio Marco de Interconexión y que con este se pretenda dar cumplimiento a reglas y normativas de la convergencia no significa que por que los acepte Telmex el problema está resuelto”, comentó.

El Convenio busca reducir los problemas que se generan por desacuerdos de interconexión entre las redes del operador mayoritario y el resto de las telefónicas por lo que debe ser generado por la autoridad de cada país.

Adrián Arias

EL FINANCIERO

Telcel anunció que trabaja en la modernización de su red, a fin de lanzar servicios de cuarta generación -basados en la tecnología LTE- en 2012, y este año ampliará la cobertura de sus servicios móviles de tercera generación en el país.

Su director de servicios de valor agregado, Marco Quatorze, comentó que este año la empresa mantendrá las inversiones de alrededor de mil millones de dólares para hacer un uso más eficiente de su espectro y lanzar de manera comercial los servicios de cuarta generación (4G) en 2012.

Expuso que actualmente 99 por ciento de la población cuenta con cobertura GSM, es decir de segunda generación (2G), que incluye el servicio de llamadas y mensajes.

Detalló que los servicios de 3G, basados en la tecnología HSPA, actualmente llegan a 82 por ciento de la población, por lo que Telcel llevará esta cobertura a 90 por ciento de los habitantes del país a finales de 2011.

Telcel está desplegando una tecnología más avanzada dentro del segmento 3G, denominada HSPA+, que llegará a 27 por ciento de la población a finales del presente año, estimó.

Quatorze explicó que la tecnología HSPA+ ofrece velocidades de hasta 15 megabites por segundo, mientras que la tecnología LTE permite hasta 100.

Julián SánchezEnviado | El Universal

SAN JUAN SABINAS.— El secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que el juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación podría definir al terminar el mes de agosto la quiebra de la aerolínea si los grupos de inversionistas interesados no aportan los 250 millones de dólares que se requieren para el inicio de la reestructura de la aerolínea.

En entrevista, el funcionario reiteró que hasta ahora ni Avanza Capital, Altus Prost u otro grupo a transferido los recursos que se requieren, por lo que consideró fundamental una definición a este respecto.

El titular del Trabajo resaltó que lo último que el gobierno federal quiere es la quiebra de Mexicana de Aviación, pero insistió que no se tiene contemplado dar dinero del erario o aplicar la requisa, ya que esta no opera.

Lozano, quien realiza una gira de trabajo por Coahuila para evaluar las acciones realizadas luego de la explosión de una mina en mayo pasado, rechazó que haya existido un rescate por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón a una empresa del sector automotriz, de cementos o de bienes raíces, como lo ha señalado la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.

Subrayó que se hacen los esfuerzos necesarios para facilitar las cosas para el rescate de Mexicana de Aviación, en el marco de lo cual rechazó que se hayan puesto más requisitos. De hecho, dijo que se reunió con los dirigentes de los sindicatos y con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , pero no se reveló ningún caso específico de “trabas” por parte del gobierno.

Por separado, los sindicatos de Pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra llamaron a los inversionistas a que aceleren los trámites financieros para que cualquiera de ellos deposite los recursos y se inicie lo antes posible la reestructura de la aerolínea mexicana.

MILENIO

El próximo viernes 19 de agosto los sindicatos de Mexicana de Aviación, los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, y del Trabajo, Javier Lozano, se reunirán con el administrador y conciliador, Gerardo Badín, y el juez encargado del concurso mercantil de la aerolínea, con objetivo de evaluar el estado que guardan las negociaciones para que la empresa regrese a operar.

En entrevista durante una gira por Coahuila, Javier Lozano dio a conocer que en el encuentro también participarán los inversionistas interesados en adquirir la empresa, que el próximo 28 de agosto cumplirá un año de haber suspendido su operación.

El funcionario federal, previó que el juez décimo primero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo, definirá el rumbo del proceso mercantil antes de que finalice agosto, ya sea en el sentido de que algún grupo de inversionistas pueda participar en su reestructura o que declare la quiebra.

Reiteró que hasta el momento ningún grupo ha demostrado contar con el capital fresco que se requiere para que Mexicana regrese, es decir, 250 millones de dólares, por lo que la quiebra no está descartada.

No obstante, enfatizó en que el gobierno federal ha flexibilizado los requerimientos a los inversionistas, por lo que en caso de que en un grupo exhiba los recursos en el último momento, Mexicana podría salvarse.

Por su parte, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), emitió un comunicado en el que informa que la reunión se realizará a las 19 horas, y aunque no precisó el lugar, se estima que sea llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo ubicadas en Reforma, en la Ciudad de México.